LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 445.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1087

Discurso, política y práctica de la conservación en México
Discourse, policy and practice of conservation in Mexico

Atzimba Pérez Juárez

atzimba.perez@umich.com
https://orcid.org/0009-0002-4217-9910

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia – México

Josefina Cendejas Guízar

josecend@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9606-2606

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia – México

Aradit Castellanos Vera

arcasv70@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8516-065X

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Morelia – México

Artículo recibido: 24 de agosto de 2023. Aceptado para publicación: 09 de septiembre de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen
Las Áreas Protegidas constituyen una de las estrategias adoptadas a nivel global ante la pérdida
de biodiversidad derivada de la actividad antropogénica. En ese contexto, el discurso y la
práctica de conservación se han transformado desde su origen a la fecha actual, producto de la
influencia de tendencias y concepciones ambientales internacionales, así como por aspectos
culturales y socioeconómicos locales. Buscando aportar elementos para la comprensión de la
conservación en México se analiza el papel que juegan los discursos en la formación de
políticas, las acciones de conservación y cómo el ejercicio del poder sirve para legitimar e
institucionalizar la gestión ambiental. Se parte de la comprensión de la conservación como un
discurso específico, pero no único, para entender las relaciones del ser humano con la
naturaleza. Y concluye analizando como estos cambios de discurso han tenido profundos
impactos sobre la conservación, la gestión de los recursos naturales y las estrategias de
subsistencia de las poblaciones locales.

Palabras clave: ecología política, conservación, discurso, política, áreas protegidas

Abstract
Protected Areas constitute one of the strategies adopted at a global level in the face of the loss
of biodiversity derived from anthropogenic activity. In this context, the discourse and practice of
conservation have been transformed from its origin to the present date, product of the influence
of international environmental tendencies and conceptions, as well as local cultural and
socioeconomic aspects. Seeking to contribute elements for the understanding of conservation
in Mexico, the role played by discourses in the formation of policies, conservation actions and
how the exercise of power serves to legitimize and institutionalize environmental management

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is analyzed. It starts from the understanding of conservation as a specific, but not unique,
discourse to understand the relationships of the human being with nature. And it concludes by
analyzing how these changes in discourse have had profound impacts on conservation, the
management of natural resources and the subsistence strategies of local populations.

Keywords: political ecology, conservation, discourse, politics, protected áreas

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Como citar:
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(3), 445–462.
https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1087

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INTRODUCCIÓN

Desde el discurso hegemónico ambiental emerge la narrativa de la crisis ambiental asociada a
la sociedad industrial, la cual ha dado lugar a problemáticas globales como la pérdida de
biodiversidad, el cambio climático, la contaminación, etc. Ante tal complejidad y la necesidad de
respuesta mediante estrategias y políticas ambientales, la conservación de la biodiversidad
pasó a tener mayor peso en la agenda política, de este modo los estados nacionales han
conformado instituciones, convenios y regulaciones de carácter global. En este contexto una de
las soluciones adoptadas bajo esta narrativa son las Áreas Protegidas (AP) que constituyen la
estrategia más utilizada a nivel global para proteger la biodiversidad. En este contexto, el
discurso y las prácticas de la conservación moderna se han transformado desde su origen y es
posible distinguir varias etapas donde la conservación difiere en sus objetos de atención, en su
justificación y en sus estrategias de acción (Durand, 2017).

Una de las disciplinas que se ha encargado de estudiar y analizar el discurso de conservación
es la ecología política, que estudia las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en contextos
de poder. Desde esta perspectiva en este estudio se incluye una consideración de los discursos
y prácticas a través de los cuales la naturaleza es históricamente producida y conocida
(Escobar, 1996). Sobre la base de estas ideas teóricas, se ha destacado la existencia de tres
discursos de conservación que han dominado el diseño de las políticas y la práctica de
conservación de las AP: El primero, la conservación de la “fortaleza”, que signa los orígenes de
la estrategia y que dominó el discurso de conservación hasta la década de los ochenta, derivado
de políticas coloniales. El segundo, la conservación "comunitaria", apareció a raíz del
surgimiento del concepto de "desarrollo sostenible" y se basa en el supuesto de que es posible
conciliar la conservación con el desarrollo. El último se conoce como “regreso a las barreras”,
observable desde finales de los años noventa, en un contexto de acelerada globalización
ambiental (Adams y Hulme, 2001; Escobar, 1996; Hutton et al., 2005; Pochet, 2014).

La adopción de estos discursos ha dado lugar al diseño de políticas restrictivas y reduccionistas
que en la práctica ha generado cambios sociales, económicos y políticos; lo cual ha tenido
implicaciones materiales y simbólicas para los actores locales, que en algunos casos han dado
lugar a conflictos y que la práctica de conservación no sea siempre efectiva. Al respecto,
algunos autores argumentan que los conflictos por los recursos no son solo conflictos por el
control de los recursos materiales, sino también luchas ideológicas manifestadas a través de
discursos los cuales pueden afectar los resultados de las políticas y las prácticas de
conservación (Adger et al., 2001; Benjaminsen y Svarstad, 2010; Hajer y Versteeg, 2005).

En este marco, el presente ensayo analiza el papel que juegan los discursos de conservación en
la formación y legitimación de las acciones políticas y cómo el ejercicio del poder sirve para
institucionalizar un modelo de gestión ambiental específico. El ensayo consta de cinco ejes
temáticos. El primero denominado Discurso, Política y Práctica, aborda qué es el discurso y
cómo opera. En el segundo, se explican los elementos teóricos que permiten analizar los
discursos, las políticas y las prácticas de conservación desde la perspectiva de la Ecología
Política. El tercero, Discursos y Políticas de Conservación Ambiental, en el cual se abordan las
características de los discursos de conservación, así como las políticas y las prácticas,
asociadas a su producción en México. El cuarto, La Conservación y Control Social, aborda la
forma en que el discurso y la práctica de conservación han sido usados por diferentes actores
para ejercer un control sobre los recursos naturales y sobre las personas. El quinto, denominado
Efectos Socioambientales de la Conservación Ambiental, aborda los costos y beneficios
asociados de la conservación. Al final se resumen los hallazgos y se formulan conclusiones.

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DESARROLLO

Discurso, política y práctica

Un discurso puede ser definido como una manera de percibir, entender y explicar un tema en
particular, que es compartido por más de una persona; el cual se basa en supuestos,
afirmaciones y argumentos. Asimismo, permite a las personas construir significados y
relaciones para dar sentido a su entorno social y físico (Benjaminsen y Svarstad, 2010;
Jørgensen y Phillips, 2006). Un discurso se produce a través de declaraciones escritas y
verbales, que pueden ser reproducidas a escala local, nacional y global. Por un lado, la
producción del discurso crea marcos para la interpretación, manejo de temas específicos; así
como para las decisiones políticas. Por otro lado, en la producción del discurso, hay actores
que contribuyen de manera particularmente activa a su diseño y como resultado, practican el
poder discursivo para imponer su forma de interpretar o manejar algún tema. Es así como se
producen los discursos de conservación y se llevan a cabo las prácticas de conservación.

En este orden de ideas, Durand (2017) refiere que la conservación que conocemos y a la que hoy
hacemos referencia, es producto de la sociedad moderna, y deriva de la distinción entre
sociedad y naturaleza que se instaló en el imaginario occidental desde el siglo XVII (p.35). Con
ello surgió la idea de una naturaleza prístina y salvaje, previa a lo humano, la cual debía ser
alejada de la influencia humana para ser conservada. Esta forma de concebir la naturaleza ha
sido una idea poderosa, ya que no solo dio origen a las primeras estrategias de conservación,
sino que moldeó las políticas y prácticas de conservación durante los siguientes cien años.

Sin embargo, la idea de preservar determinados espacios para conservar sus recursos naturales
tiene un recorrido muy particular, que va desde la inspiración en la contemplación de una
naturaleza prístina hasta espacios de ocupación y desarrollo de actividades productivas
sustentables. Tales transformaciones en la producción de los discursos de conservación
hegemónicos, han tenido un impacto en los territorios y en las poblaciones locales, asociado a
los cambios socioambientales, derivado de las políticas de conservación implementadas.

En conclusión, mientras un discurso es algo que se dice y escribe, entendemos las prácticas
como las acciones que se llevan a cabo. Es decir, en el caso del discurso de conservación, éste
se produce a través de políticas, programas, leyes, normas, instituciones; mientras que las
prácticas de conservación son aquellas acciones que se llevan a cabo bajo la coherencia y
articulación discursiva, por ejemplo, las formas específicas en que se establecen y gestionan
las áreas protegidas, se corresponden con la noción de la conservación con un enfoque
participativo y que a la vez irrumpe en una conservación de regreso a las barreras que privatiza
y mercantiliza la naturaleza.

Por tanto, para analizar el discurso, las políticas y las prácticas de conservación en México,
adoptamos una noción de discurso con base a Foucault (1979;1988, como se citó en
Benjaminsen y Svarstad, 2010), como un sistema de representación, de significado compartido
de los fenómenos, que va más allá de los textos o la discusión para abarcar tanto las acciones
como las prácticas. Así, desde un abordaje genealógico, pretendemos analizar cómo se ha
producido y reproducido el discurso de conservación en México y cómo se ha usado para
legitimar e institucionalizar cierto conocimiento acerca de la conservación y gestión ambiental,
a través del uso del poder.

Perspectiva de la Ecología Política

Una forma de entender la naturaleza y sus procesos de degradación no es considerándolos
como objetos y hechos dados, sino como producto de una construcción histórica, mediada por
el lenguaje, el conocimiento y el ejercicio del poder (Rodriguez, 2013).

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En este sentido, la ecología política incorpora el análisis del discurso para comprender las
formas de pensar sobre la naturaleza, partiendo de que los discursos son capaces de producir
y reproducir relaciones de poder desequilibradas y reconociendo que las luchas en torno al uso
de los recursos no son sólo materiales, sino que se producen también en relación con los
significados (Durand et al., 2011).

Con base en estos supuestos teóricos, se ha elaborado un marco histórico de análisis que
describe los cambios en la conservación de las AP, identificando tres discursos que han sido
“hegemónicos” en su instrumentación. El primero de estos discursos se denomina el “enfoque
de la fortaleza”, el segundo “conservación comunitaria”, el tercero, “regreso a las barreras”.
Estos discursos pueden ser vistos como parcialmente “líderes” en diferentes periodos, pero
también superpuestos en el tiempo y el espacio, ya que han dominado el pensamiento y la
práctica de las AP, manifestándose en variados arreglos institucionales en múltiples niveles de
gobernanza (Adger et al., 2001; Hutton et al., 2005; Pochet, 2014).

Discursos y política de conservación ambiental

Conservación de la fortaleza

El discurso de conservación que dominó el pensamiento del siglo XX se basaba en la idea
estadounidense del parque nacional como un área prístina y la noción británica de una reserva
natural gestionada intensivamente, como la principal alternativa para salvar porciones de
naturaleza de los efectos destructivos del desarrollo industrial (Diegues, 2000; Hutton et al.,
2005). Se basó en modelos científicos y en concepciones mecanicistas impregnadas de ideas
colonialistas en donde las poblaciones locales y sus formas de uso se consideran elementos
perturbadores de la naturaleza, mientras que las ideas occidentales de la naturaleza y las
actividades llevadas a cabo por los científicos y funcionarios no son cuestionadas, al contrario,
se consideran benéficas. Prevaleciendo una actitud paternalista hacia la naturaleza y las
poblaciones. Bajo una visión dualista, es decir, una clara separación entre sociedad y naturaleza
se crearon las primeras AP, la cual presentó el problema de desconocer los procesos sociales,
económicos y políticos que derivan en conflictos por el uso y apropiación del territorio (Ferrero,
2018).

En México, esta narrativa fue muy influyente y existe una larga historia de creación de reservas
naturales y parques nacionales, siendo la principal estrategia de política que utilizó el Estado
para conservar la naturaleza. Es así como a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la
deforestación y sus terribles impactos económicos y de salud pública eran hechos aceptados
por las élites científicas nacionales e internacionales. La causa de ello fue asociada al proceso
de industrialización de esa época. Otro de los factores que más afectaban la conservación de
los bosques de acuerdo con los científicos mexicanos era la propiedad comunal y las prácticas
de los pueblos indígenas (Urquiza, 2019). Tal situación fue motivo de preocupación y llevó al
gobierno mexicano a ejercer acciones para el cuidado de los bosques. Las soluciones
propuestas se orientaron hacia la creación de AP, y el objetivo de protección impulsado por el
Estado y los científicos era el establecimiento de reservas (a finales del siglo XIX) y parques
(1917 a 1970). Esta estrategia iba de la mano con políticas autoritarias y restrictivas hacia la
población local, como la ley forestal de 1894 que entre otras cosas facultaba al estado para
establecer reservas forestales y expedir los reglamentos para la explotación de los bosques
(Secretaría de Fomento, 1913) y bajo la cual se establece (1898) la primera AP con decreto
presidencial y el primer precedente para un sistema de reservas forestales en México (De la
Maza, 1999).

Sin embargo, es hasta el siglo XX, que la gestión pública del medio ambiente y los recursos
naturales toma impulso en México, con la adopción de la Constitución Política de 1917, que

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sentó las bases para el desarrollo de las AP, al establecer que la nación puede en todo momento
“imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público y, asimismo,
regular en razón del beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de apropiación, entre otras cosas para cuidar su conservación” (SEMARNAT, 2004,
p.88).

Pero no es sino hasta 1930-1940 que la conservación de los recursos naturales se convirtió en
una prioridad nacional. En esos años se creó el mayor número de AP bajo la categoría de parque
nacional (40 parques nacionales), muchos de los cuales se establecieron en sitios que
contenían valiosos recursos naturales, particularmente recursos forestales, con la idea no solo
de protegerlos sino de utilizarlos de manera sostenible (García-Frapolli et al., 2009). Durante
este periodo, la promoción de políticas de conservación autoritarias y excluyentes claramente
limitó el acceso y los derechos de los pueblos indígenas a los recursos (Durand, 2017; Ferrero,
2014). Tal situación tuvo consecuencias materiales y simbólicas para los pueblos indígenas,
ya que sus derechos sobre la tierra fueron ignorados (Durand, 2017; Urquiza, 2019; West et al.,
2006). Así pues, la creación de AP contribuyó a reforzar el control sobre los espacios y las
personas.

Podemos referir entonces que es posible identificar varios elementos que caracterizan un
discurso de fortaleza. Por un lado, un enfoque en lo natural o prístino, en el cual el bosque está
a expensas de las actividades humanas y donde el hombre es percibido como el único
responsable de la destrucción de la naturaleza; por otro lado, la promoción de políticas
restrictivas y áreas protegidas estrictas (establecimiento de las primeras reservas y la
expansión de los parques nacionales), donde claramente se limitó el acceso y los derechos de
los pueblos indígenas a los recursos y al uso del territorio; por último, un lugar central otorgado
al Estado, el cual tiene las atribuciones con base en la ley para establecer las reglas sobre quién
puede usar la naturaleza y dónde, cuándo y cómo pueden hacerlo (Adams y Hutton, 2007).

Conservación Comunitaria

La necesidad de un enfoque “comunitario” de las AP se articuló en sucesivos Congresos
Mundiales sobre Parques Nacionales y Áreas Protegidas, particularmente en el tercero (1962) y
el cuarto (1992) y durante el programa El Hombre y la Biosfera (1971) (MAB, Man and the
Biosphere). En contraste con la narrativa dominante en ese momento, el discurso de
conservación comunitaria reconoció tanto las implicaciones morales de los costos de
conservación asumidos por la población local, como el problema de la hostilidad de la población
local desplazada o desfavorecida por las organizaciones conservacionistas que practicaban la
política de conservación basada en el discurso de la fortaleza (Adams y Hulme, 2001).

A raíz de ello se produjo un cambio sustancial, ya que se reconoció el factor humano en el
interior de las AP y la participación local como un elemento clave para consolidar la
conservación y el desarrollo local, dando lugar a la conservación basada en la comunidad
(community based conservation) (Durand, 2017). Este discurso se convirtió en un enfoque
influyente en la conservación y gestión de la biodiversidad en decenas de países en la década
de los 90s (Ferrero, 2018) y sus premisas básicas son que la conservación puede lograrse si las
comunidades locales participan en la gestión de los recursos y que todos los actores pueden
llegar a beneficiarse de la conservación. La idea de un enfoque más participativo era conseguir
que el manejo de los recursos y las AP fuera más democrático y sostenible que la gestión hecha
por las burocracias estatales centralizadas o por agencias no gubernamentales o
internacionales (Dressler et al., 2010; Lele et al., 2010).

En el caso de México, a mediados de la década de 1970 el enfoque para la conservación de la
biodiversidad entró en una nueva fase en respuesta a los desarrollos internacionales en las

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políticas de conservación (Urquiza, 2019). La noción de involucrar a la comunidad científica y
a la población local como actores clave en la operación de los programas de gestión de la
conservación, se incluyó después de que se comprendió que el enfoque de parque nacional
carecía de información científica sólida, no protegía eficazmente la diversidad biológica y
excluía a la población local del proceso de conservación (Simonian, 1995). De ahí que para
alcanzar este equilibrio se considera un elemento a la participación de las comunidades locales
tanto en la conservación como en la gestión de los recursos. En este sentido, se puede referir
que la política de conservación en México pasó de una orientación proteccionista que puede ser
resumida en la intención de cuidar el ambiente, a una “orientación del desarrollo sustentable”
donde las metas ambientales se vinculan con las del desarrollo humano (Durand, 2017;
Provencio, 2004).

Así, la década de 1970 en materia ambiental fue importante porque se tomaron acciones
concretas respecto a la conservación ambiental. Por ejemplo, se implementó el modelo de
Reservas de la Biosfera y se adoptaron distintos tipos de categorías de conservación (zona de
refugio de ballenas, zona de protección forestal y de la fauna silvestre, parques nacionales, entre
otras) (Urquiza, 2019). A principios de los 80 la preocupación por la crisis ambiental crece
considerablemente, especialmente debido al aumento en la contaminación de la Ciudad de
México. A causa de esto surgen grupos ecologistas y organizaciones no gubernamentales a
nivel nacional y al mismo tiempo se crean organizaciones civiles y académicas con el objetivo
de vincular la investigación a la búsqueda de soluciones a tales problemas (Carabias et al.,
2008)

Posteriormente, a finales de los 80 y a principios de los 90, tuvieron lugar dos eventos a nivel
internacional que ejercieron influencia en la política de conservación en México. El primero, fue
el surgimiento del concepto del desarrollo sustentable (WCED, 1987). Al respecto Durand (2017)
refiere que sin duda uno de los efectos más importantes en México fue la adopción del mismo
como eje rector tanto del trabajo académico como del diseño de políticas públicas ambientales.
Por un lado, hubo una serie de reestructuraciones del aparato administrativo. Por otro lado, la
expedición de una gran cantidad de leyes de carácter ambiental como la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1988); a través de la cual por primera vez se
busca una regulación integral del ambiente, la participación local y la idea de que es posible
conciliar la conservación con el desarrollo (SEMARNAT, 2004).

En consecuencia, de acuerdo con Durand (2017) la difusión de la narrativa del desarrollo
sustentable provocó la emergencia de una segunda generación de ONG, y la creación de
alianzas entre ONG con integrantes del ámbito universitario y del gobierno; lo que produjo la
profesionalización del sector ambiental, que tenía el interés de desarrollar un estilo de gestión
eficiente, científico, transparente en términos financieros y con personal profesionalmente
capacitado.

Por otro lado, la celebración en 1992 de la Cumbre de la Tierra dio pie a la adopción de una serie
de compromisos en tormo al medio ambiente y la adhesión a importantes convenios
internacionales como, por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992), en el
cual México se compromete entre otras cosas a “ la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven … y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, …, así como
mediante una financiación apropiada” (p. 5).

A la par se adoptaron otros instrumentos multilaterales como la Convención Marco de la
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 21 (SEMARNAT, 2004).
Consecuentemente, desde mediados de la década de 1990, tras la participación de México en la

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Cumbre de la Tierra y la firma de Tratado de Libre Comercio (TLC) el país, comenzó a tener
acceso a recursos financieros para la conservación por parte de diferentes instituciones y
organizaciones internacionales, tras pactar acuerdos para trabajar en proyectos en los cuales
se integraba la conservación y el desarrollo sustentable (Durand, 2017). Para estas iniciativas
el desarrollo sustentable resultaba una idea atractiva, dado su énfasis en la justicia, el
empoderamiento y la participación como alicientes para lograr la conservación (Agrawal y
Gibson, 1999).

Asimismo, en 1995 se crean los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), los
cuales buscan “integrar los aspectos ambientales, productivos y sociales con la finalidad de
elevar la producción y productividad; realizando acciones de conservación y restauración del
medio ambiente, impulsando alternativas de desarrollo comunitario para reducir la pobreza y
marginación de las comunidades rurales e indígenas presentes en las Áreas Naturales
Protegidas, sus zonas de influencia y en otras regiones prioritarias para la conservación”
(Carton de Grammont, 2012; SEMARNAT, 1999, p.1).

En resumen, podemos referir que desde finales de la década de 1970 el discurso de la
conservación de fortaleza fue superado gradualmente por un discurso centrado en el papel de
la participación local en la conservación, conocido como conservación comunitaria. A partir de
ahí, el objeto de interés que articuló el discurso y las políticas durante ese periodo fue la
preocupación por conciliar la conservación y el desarrollo sustentable. Este periodo fue
importante porque se tomaron acciones más decididas en materia de conservación, como la
creación y establecimiento de proyectos de conservación en los cuales se vinculaba el
desarrollo local, a través de procesos participativos y un rol activo de las poblaciones y
comunidades locales; un ejemplo de ello es la implantación del modelo de reservas de la
biosfera y la creación de los programas de subsidios. Este cambio de discurso se dio en gran
medida por el surgimiento de los grupos conservacionistas y las críticas a la conservación de
fortaleza por los impactos sociales que esta generó en las poblaciones locales y como resultado
de la influencia de la agenda ambiental internacional. Tal situación favoreció el fortalecimiento
de las alianzas entre las agencias de conservación y las poblaciones locales. Además de la
entrada de ONG y agencias internacionales y el acceso a financiamiento para desarrollar
proyectos que vinculaban la conservación y el desarrollo sustentable.

Si bien el discurso de la conservación comunitaria parte de una preocupación por conservar la
biodiversidad, este también promueve la integración de los intereses de la población local como
medio para lograr la conservación. Por lo tanto, involucra aspectos de distribución de beneficios,
compensación y participación local, y pretende generar asociaciones beneficiosas para todos
(Benjaminsen y Svarstad, 2010, p. 390). Sin embargo, los resultados sociales y ambientales
diversos obtenidos de los proyectos de conservación comunitaria hicieron surgir la necesidad
de retomar los esquemas estrictos y centralizados de conservación (Durand, 2014). Dados los
intereses hegemónicos del poder central, los proyectos de conservación comunitaria no
permitieron una verdadera reconfiguración del poder a favor de la población local, ya que los
cambios sustantivos en los derechos de acceso y el papel de las comunidades en la gobernanza
de las AP a menudo no se llevaron a cabo, y el control sobre cuestiones clave permanecía en
manos de las agencias estatales. Adicionalmente, la multiplicación de ONG contribuyó a la
creciente complejidad de la situación, donde las fronteras entre los actores de la conservación
se volvieron cada vez más difusas y donde las AP son gobernadas de acuerdo con las
necesidades y agendas trasnacionales de actores e instituciones, en lugar de responder a las
necesidades locales de desarrollo (Ferrero, 2018).

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La conservación de regreso a las barreras

Mientras que a nivel global se buscaba consolidar los enfoques de la conservación basados en
la participación de la población local, impulsado tanto por la IUCN y otros actores, la
conservación de la fortaleza comenzó a ganar nuevamente terreno entre los biólogos de la
conservación (Hutton et al., 2005). Así, el discurso de regreso a las barreras surge en una era
de globalización ambiental como resultado de una crisis ambiental y la emergencia de
problemáticas complejas como la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Se
caracterizó por volver a los enfoques excluyentes y autoritarios de conservación que ponen
especial énfasis en el conocimiento científico global (Pochet, 2014) y la implementación de
políticas de conservación basadas en la privatización y mercantilización de la naturaleza, decir,
busca conciliar la supuesta eficiencia de mercado con los objetivos de conservación, lo cual
implica la presencia de actores que se mueven bajo una racionalidad económica (Ferrero, 2018),
donde la naturaleza sólo puede ser preservada si se asigna un valor económico a sus
componentes y su conservación reditúa lucros concretos a los dueños de los recursos. Así pues,
este enfoque, no solo se presenta como una respuesta frente a la crisis ambiental, sino también
como una nueva oportunidad para la expansión del capital (Büscher et al., 2012; Durand, 2014).

El discurso de regreso a las barreras en México surge a partir de la segunda mitad de la década
de 1990, en un proceso de globalización ambiental (la crisis de la biodiversidad y el cambio
climático) y la consolidación de la inserción al modelo económico neoliberal. A nivel nacional,
la crisis de la biodiversidad se presenta como una preocupación seria y se enfatiza que los
esfuerzos de conservación no han sido suficientes, dadas las tasas de extinción de especies y
destrucción de hábitats, derivados de los impactos de las actividades productivas humanas.
Así, el objeto que articuló tanto el discurso como las acciones es ahora la biodiversidad,
concepto que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992,
adquiere una centralidad discursiva en la preocupación e interés científico y político en el mundo
entero (Nuñéz et al., 2003).

A causa del cambio en la agenda ambiental internacional y la consolidación del modelo
económico neoliberal en México, tuvieron lugar importantes cambios en la legislación y por lo
tanto en las prácticas de conservación. Uno de estos cambios fue la reforma del artículo 27 de
la Constitución, esto permitió implementar estrategias de conservación que incorporaban
herramientas de mercado, basadas en incentivos directos por conservar, dando lugar a
esquemas híbridos como: áreas protegidas privadas, pago por servicios ambientales,
ecoturismo, el aprovechamiento comercial de la vida silvestre, las empresas forestales, entre
otros; donde actores públicos y privados colaboran en la conservación de la biodiversidad
(Durand, 2017).

También tuvo lugar la reforma de la LGEEPA de 1988, como resultado de los compromisos
asumidos por nuestro país en los tratados y convenciones en la materia y en concordancia con
el discurso de regreso a las barreras. Algunos de estos cambios fueron: la incorporación de
conceptos fundamentales como los de biodiversidad y sustentabilidad con el objeto de
aplicarlos a las distintas acciones reguladas por esta ley. Asimismo, se puede observar en esta
ley una persistencia en un enfoque participativo, ya que establece la participación de las
comunidades locales en la formulación y la implementación de la política ambiental para
conservar la biodiversidad así como sus derechos para su aprovechamiento sustentable
(LGEEPA, 1999, art. 15). Con base en estos cambios legislativos se llevaron a cabo varias
acciones, entre las que podemos destacar la expansión del número de AP, específicamente de
Reservas de la Biosfera. Asimismo, se crearon programas que tenían el objetivo de incentivar
la conservación y el desarrollo local a través de pagos directos e incentivos.

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En México, la inserción al modelo económico neoliberal se tradujo en el surgimiento de nuevas
redes de actores (instituciones gubernamentales, organismos internacionales de
financiamiento, empresas privadas y ONG). Como resultado de ello, durante este periodo
México recibió importantes donaciones de agencias internacionales y aportaciones del
gobierno federal para financiar el funcionamiento de un grupo selecto de AP. Además, tuvo
lugar la construcción de alianzas entre ONG y corporaciones privadas que aportaron fondos
para implementar proyectos de conservación. Este surgimiento de redes de actores alineados
bajo los mismos principios ideológicos facilitó y promovió procesos de privatización de bienes
de propiedad social, la mercantilización de bienes y servicios que no estaban integrados al
mercado y la adaptación de políticas públicas para facilitar la privatización y la ampliación de
los mercados (Castree, 2008; Durand, 2014; West et al., 2006).

Este entorno neoliberal orientó la gestión de las AP en México hacia la construcción de arreglos
público-privados para su financiamiento y operación, promoviendo además la
descentralización y la participación de la población local y de organizaciones privadas en la
gestión de estos espacios, de manera que las AP son hoy espacios donde los intereses públicos,
sociales y privados convergen, a menudo de forma conflictiva (Gonzalez-Montagut, 2003). Este
contexto dio lugar a un resurgimiento del movimiento ambientalista mexicano y la formación de
importantes movimientos sociales de diversa índole, derivados de los despojos de territorios y
recursos de comunidades, pueblos y ciudadanos por parte de la expansión de la inversión
privada (Durand, 2017).

Sin embargo, tras más de 20 años de esfuerzos globales importantes en el tema de la
conservación de la biodiversidad, los retos han resultado mayores. En respuesta se han
establecido acuerdos y protocolos multilaterales de gran relevancia para detener y revertir la
pérdida de las biodiversidades, un ejemplo es la Convención sobre Diversidad Biológica ha
tenido varias sesiones a través de la llamada Conferencia de las Partes (COP) en las cuales se
han adoptado convenios y protocolos. A esto se suman los objetivos de la Agenda 2030 para el
desarrollo después de 2015 (conocida también como Objetivos de Desarrollo Sustentable), a los
que se comprometieron todas las naciones que forman parte de la ONU, está enfocada en la
construcción de un mundo sostenible en el que se valoren de igual manera la inclusión social,
el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. En respuesta en 2010 al CDB, México
publica su primera Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad (año 2000) y otros instrumentos
para “Conservar, restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y los servicios que
provee en el corto, mediano y largo plazo” alineados al Plan Estratégico del CBD, las metas Aichi
y a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).

Lo que muestra el análisis del discurso es el mantenimiento del enfoque participativo y la
emergencia de una conservación denominada regreso a las barreras que busca conciliar la
conservación con la eficiencia de mercado y generar beneficios para los actores que participan
en la conservación a través de prácticas que implican tanto el uso sustentable como el no uso
de la biodiversidad y sus elementos. Además, nos muestra que a partir de las últimas tres
décadas los actores involucrados en el discurso son los mismo que en el discurso de la
fortaleza, sin embargo, la brecha entre los actores nacionales y trasnacionales está aumentando
dado que los actores privilegiados son aquellos con conexiones a escala global. Este modelo de
conservación es atractivo para los diferentes actores que participan en la conservación ya que
promete generar beneficios económicos a través de estrategias como la creación de nuevas
mercancía o incentivos económicos, asimismo como empresarios de su capital bajo esquemas
sustentables (pagos por servicios ambientales, ecoturismo, producción de alimentos orgánicos,
entre otro tipo de certificación) y la participación democrática y sobre todo la solución ante los
problemas complejos que enfrenta la biodiversidad.

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Conservación y control social

Las AP son espacios que, por sus características ecológicas y culturales, están amparados por
decretos oficiales y políticas ambientales, ya sea para conservar, proteger o restaurar sus
ecosistemas. El decretar un AP, constituye una estrategia espacial empleada por el Estado que
a través de la territorialización busca afectar e influir, el control de los recursos y las personas,
mediante el control de un área geográfica. En este sentido, Helster y Merçon (2020, p. 182)
refieren que la territorialización es el proceso de construcción, apropiación, uso y representación
social del espacio en que se manifiestan las relaciones de poder y control. Es así como un AP
desde esta mirada, es una delimitación y definición legal de un espacio, el cual está construido
por una diversidad de acciones y representaciones de diferentes actores con intereses disimiles.
Por tanto, la participación de estos actores representa un elemento central que define el
carácter, la legitimidad y la efectividad de esta acción legal.

Sin duda, las políticas de conservación implican nuevos usos e impiden otros. Esto se traduce
en nuevos gestores y, por supuesto, en nuevos destinatarios. Es decir, se establecen
prescripciones y prohibiciones que definen nuevas prácticas, legitimando un modelo de
protección, donde la participación representa un régimen de civilidad que tiene por objetivo
contener y domesticar el desacuerdo, y por otro lado es una forma de control y disciplinamiento
de la acción política de las poblaciones es más simbólica que real (Quintero et al., 2008;
Santamarina y Bodí, 2013); (Brosius y Russell, 2003). El tipo de participación más común en el
diseño, la delimitación y la definición de las reglas de una AP en México es una “participación
simbólica” en donde las personas implicadas son informadas o consultadas, pero no cuentan
con el poder de influir realmente en las decisiones, convirtiéndose en un instrumento para
legitimar relaciones de poder (Hensler y Merçon, 2020, p.183), siendo esta una forma de excluir
mediante la inclusión (Durand et al., 2014). Otro aspecto clave está relacionado con las
asimetrías de poder presentes en la práctica de conservación, que les permite a unos actores
imponer sus intereses o su forma de entender y hacer conservación sobre otros actores. Para
rectificar este desequilibrio obvio, entonces, se requiere un cambio de enfoque para reconocer
el hecho de que los diferentes actores tienen diferentes realidades y jerarquías de poder
internas, pero no obstante merecen un papel en el proceso de toma de decisiones para
determinar qué conservar, dónde conservarlo y cómo conservarlo.

En resumen, los discursos y práctica de conservación ambiental han operado como
mecanismos de control social. Dado que, en la mayoría de los casos, las AP son resultado de
la imposición de políticas ambientales gubernamentales, que buscan conservar y hacer un
manejo sustentable de la biodiversidad y sus elementos, esto crea relaciones desiguales de
poder, que, en el ámbito material, redundan en luchas concretas y en el enfrentamiento de
estrategias para mantener el control de los recursos naturales (Durand et. al, 2011; p. 288). Tal
situación tiene lugar porque los habitantes tienen sus propias concepciones de la naturaleza,
que pueden no coincidir con los modelos de las áreas protegidas (Quintana, 2022).

En efecto, la implementación de un AP es un acontecimiento que reconfigura los usos y
actividades, a través de la aplicación efectiva de las políticas de conservación, manipulando y
controlando la relación de las personas con su entorno, esto modifica la manera en que los
habitantes perciben su entorno, sus relaciones sociales y su identidad cultural. Asimismo,
afecta los valores y las percepciones ambientales de las personas, modificándolas y/o
cambiando sus ideas y prácticas, las que forman una nueva identidad. En consecuencia, los
actores o bien se subordinan y someten o se adaptan ante las normas y las leyes que promueven
ciertos comportamientos ambientales, es decir, se disciplinan a un entorno ambiental con
nuevas reglas, las cuales se interiorizan como suyas logrando un autogobierno, dando lugar a
la construcción de sujetos ambientales (Agrawal, 2005). Esto es común en la mayoría de los

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países en desarrollo, donde las instituciones estatales, suelen imponer su marco cultural
dominante y sus propias instituciones y prácticas de gestión de los recursos (Toledo, 2013).

Efectos socioambientales de la conservación ambiental

La conservación de la biodiversidad a través de AP con sus implicaciones territoriales e
institucionales genera cambios socio territoriales que a través de la restricción de acceso
reconfiguran los usos y las actividades, lo cual tiene un impacto directo en el ámbito social,
económico y político, ya que a su vez se ejerce un control de las relaciones del ser humano con
su entorno. En consecuencia, la conservación de la biodiversidad tiene efectos materiales y
simbólicos para las poblaciones locales, que se traducen en costos y beneficios, los cuales
regularmente no son distribuidos equitativamente a nivel local. Esta situación genera la
presencia de procesos de exclusión, desplazamiento y conflictos entre los diferentes actores
por el control de los recursos o bien por los beneficios que se derivan de la conservación.

Los mayores efectos sociales se relacionan con el desplazamiento, que entendido en un
contexto más amplio incluye la pérdida de los derechos a la residencia, uso de la tierra y los
recursos; la exclusión de los derechos de uso en el futuro, lo cual tiene un impacto directo en
los medios de vida de las personas ya que no pueden realizar actividades productivas o
extractivas; además genera cambios en las relaciones sociales locales, exponiéndolas a una
amplia gama de riesgos de empobrecimiento. Además, conlleva la pérdida de valores de uso no
consuntivo, por ejemplo, el acceso a los lugares de valor religioso y cultural (Mcneely, 1993).
Todo lo anterior implica costos de las AP para las economías locales o nacionales, que pueden
ser considerables (Cernea, 2005).

Por otro lado, la creación de AP genera diversos beneficios a través del aprovechamiento y
manejo de los recursos y otros derivados de la conservación (como los fondos de desarrollo, o
la participación en las ganancias de empresas turísticas, pagos por servicios ambientales); pero
ambos tienden a reproducir las desigualdades económicas existentes dentro de las
comunidades locales y la sociedad en general (Adams y Hutton, 2007). En este sentido, se aplica
una cruda lógica distributiva a estos beneficios, ya que, si bien en teoría están disponibles para
la población local, en la práctica se los apropian principalmente actores relativamente
poderosos. Asimismo, los beneficios derivados de la conservación están sujetos a reglas de
elegibilidad por parte de los funcionarios que son los encargados de asignarlos (p. ej.,
membresía formal de una comunidad seleccionada en las proximidades inmediatas del borde
del AP, género, entre otras) y el cumplimiento de una variedad de regulaciones. En tales arreglos,
hay un amplio espacio para la captura de ingresos por parte de la élite.

CONCLUSIONES

La conservación de la naturaleza que conocemos en la actualidad ha sido resultado de la
sociedad moderna capitalista, que ha operado bajo una lógica colonizadora conservacionista
de la naturaleza prístina que tiene su origen en estructuras eurocéntricas y antropocentristas
que se reflejan en el discurso y al momento de establecer las políticas de conservación.

La transformación del discurso y la práctica de conservación en México ha sido el resultado de
los costos sociales y económicos derivados de la conservación, los cuales se han caracterizado
por la persistencia de dos elementos, el interés económico y el lugar asignado a las poblaciones
locales, el cual sigue siendo no completamente inclusivo y democrático, aunque se han
implementado políticas con un enfoque basado en la comunidad.

Así, la conservación ambiental ha sido empleada como un instrumento de control social, a
través del cual el Estado ejerce un control sobre los recursos naturales y sobre el actuar de las
personas a través de la territorialización. Esto tiene repercusiones en los sistemas locales de

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sustento, producción y organización sociopolítica, ya que han respondido históricamente a
demandas de actores dominantes e intereses globales, los cuales se han ido transformando a
través del tiempo en función de la forma en que se concibe la relación ser humano-naturaleza,
por las aspiraciones de la humanidad, el desarrollo y el aumento de conocimiento en materia
ambiental.

Además, la diversidad de actores (Estado, investigadores, ONG, población local, etc.) y el poder
diferenciado entre unos y otros, genera una distribución desigual de los costos y beneficios de
la conservación, ya que por lo regular los actores con mayor poder como son el Estado,
investigadores o las ONG, están en condiciones de imponer sus intereses, su forma de entender
y hacer la conservación sobre los actores locales. Por tanto, en la actualidad, el tema de la
conservación es visto como una fuente redituable de capital, a través de actividades
sustentables, lo cual ha permitido la acumulación de capital por parte de las élites locales o
empresas y/o organizaciones trasnacionales.

En consecuencia, la conservación de la biodiversidad genera invariablemente dinámicas
sociales complejas que dan lugar a la presencia de procesos de desplazamiento o exclusión, o
incluso la presencia de conflictos socioambientales, que surgen como una manifestación de
resistencia por parte de aquellos actores a los cuales se les ha marginado del acceso a los
beneficios o de la distribución equitativa de los recursos.

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