LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 989.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1127
Procedibilidad de la garantía jurisdiccional de habeas
corpus frente a la crisis carcelaria en Ecuador, año 2022
Appropriateness of the judicial guarantee of habeas corpus in the face
of the prison crisis in Ecuador, year 2022
Jorge Fernando Pacheco León
fpachecol77@est.ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca
Cuenca – Ecuador
Artículo recibido: 31 de agosto de 2023. Aceptado para publicación: 16 de septiembre de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La realidad pragmática del sistema penitenciario ecuatoriano ha dado lugar a que los índices
delincuenciales se desborden a niveles casi insostenibles, en virtud de la falta de control efectivo
por parte del Estado, generando la conformación de bandas delincuenciales, llegando a tener
estructuras mejor equipadas y organizadas que las mismas instituciones de control como la
Policía, incluso estas mafias han influenciado con su poder a los mismos integrantes policiales
quienes se convierten en piezas claves para desactivar cualquier acción anti delincuencial. Cabe
aclarar que este tipo de delincuencia organizada posee una estructura interna de funciones
específicas, por lo que se puede pensar que existe una diferencia entre la violencia por la lucha
por el poder en las cárceles, así como por la muerte violenta en estos espacios.
Palabras clave: garantías, penitenciario, habeas corpus, protección, crisis
Abstract
The pragmatic reality of the Ecuadorian prison system has led to crime rates overflowing to
almost unsustainable levels, due to the lack of effective control by the State, generating the
formation of criminal gangs, leading to better equipped and organized structures. . that the same
control institutions as the Police, even these mafias have influenced with their power the same
police members who become key pieces to deactivate any anti-criminal action. It should be
noted that this type of organized crime has an internal structure of specific functions, so it can
be thought that there is a difference between violence due to the struggle for power in prisons,
as well as violent death in these spaces.
Keywords: guarantees, penitentiary, habeas corpus, protection, crisis
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 990.
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
Como citar: Pacheco León, J. F. (2023). Procedibilidad de la garantía jurisdiccional de habas
corpus frente a la crisis carcelaria en Ecuador, año 2023. LATAM Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades 4(3), 989–1015. https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1127
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 991.
INTRODUCCIÓN
El sistema penitenciario ecuatoriano alberga un alto índice de personas privadas de libertad (en
adelante PPL), actualmente supera los 35.000 reclusos a pesar de estar diseñado sólo para
28.500 De esta aproximación, se evidencia, asimismo la falta de suministros básicos1, puesto
que en las nóminas de asignación presupuestaria, llevadas a cabo anualmente, se establecen
recursos para la cantidad permitida de reclusos acorde a la infraestructura y espacio de las
cárceles existentes en el país, pero no se considera el aumento progresivo, hacinamiento, de los
PPL, causando así deficiencia en el presupuesto otorgado para los centros penitenciarios
(Andrade & Jarrín, 2022, pág. 192).
Los acontecimientos que se han venido desarrollando desde hace una década han confirmado
que se han creado y desarrollado mafias reales dentro de ciertas prisiones para desafiar el
control del sistema penitenciario con el fin de ganar dinero a través de las armas, celulares,
alcohol, drogas, chantajes y acceso al contrabando.
Con base en lo anterior, se juzga que las cárceles ecuatorianas adolecen de diversas
problemáticas que inciden directamente en la situación de las personas privadas de libertad
(PPL). La población carcelaria, se divide en cuatro grupos: personas con sentencia, reclusos
procesados y con prisión preventiva, detenidos por contravenciones y detenidos por boleta de
apremio personal (González, 2021).
La política carcelaria y penitenciaria del Ecuador en la actualidad atraviesa momentos difíciles
reflejados en hacinamiento carcelario, falta de seguridad interna en los recintos, infraestructura,
desarrollo, planes y políticas de rehabilitación inadecuados. Además, la presencia de afectación
a la integridad física de las personas privadas de libertad por conflicto de pandillas, tráfico de
drogas, asesinato, suicidio, hacinamiento, violación, intentos de fuga provocando así heridos e
incluso la muerte de algunos. A este punto resulta importante realizar una examinación de la
realidad del sistema de prisiones ecuatorianas.
Planteamiento del problema
Los centros de privación de libertad se consideran espacios destinados al cumplimiento de la
pena impuesta en sentencia y por ende las autoridades públicas competentes deciden sobre
sus asuntos, sin contravenir el ordenamiento jurídico (Bernal & Forero, 2016), para ello cada uno
de estos centros se requieren políticas públicas para materializar esta finalidad. Los centros de
rehabilitación tienen una estructura física con diferentes niveles de aislamiento según el nivel
de peligrosidad, unos más abiertos que otros, con mayor o menor beneficio según la situación.
Asimismo, los delitos de esta naturaleza a escala internacional son un problema que requiere la
cooperación de los países del mundo, y por ello se han introducido instituciones jurídicas en sus
leyes internas para combatir estos actos delictivos. Numerosos incidentes violentos
relacionados con el crimen transnacional se informan en los noticieros mundiales. Debido a que
el crimen organizado crece día a día, este patrón destaca la necesidad de que los gobiernos de
todo el mundo coordinen sus esfuerzos para combatir este problema.
En el contexto de las organizaciones delictivas, como las guerrillas en conjunto con el
narcotráfico, poseen una estructura donde existen múltiples niveles jerárquicos, que emplean
cohesión interna para generar estrechos lazos de pertenencia territoriales, logrando amenazar
y hacer uso de la fuerza, como uno de tantos métodos coercitivos puestos en práctica en los
centros de privación de libertad (Manrique, 2022)
1 en los baños, como también la reducción de alimentos, medicinas, etc.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 992.
La crisis carcelaria presentada en el período 2019-20122 en Ecuador, que ha dejado más de
360 personas privadas de libertad muertas, ante la ausencia de actuaciones de las instituciones
competentes en materia criminal, además de la fragilidad del sistema de derechos humanos
que propugna el Estado para este grupo de persona, existiendo masas en el sector penitenciario
que generan hacinamiento, en virtud que no logran administrar de manera sostenible los centros
penitenciarios prisión (Andrade & Jarrín, 2022, pág. 196).
En Ecuador ha habido un aumento tanto de la delincuencia como del narcotráfico, lo que ha
llevado a un incremento de 40.000 presos en las cárceles del país. Las luchas de poder sobre
quién será el máximo cabecilla de la organización y los conflictos territoriales entre bandas
rivales han llevado a la incautación de tráfico de sustancias controladas; Como resultado, se
incautan 47 toneladas de droga en 2019 y 48 toneladas en 2020 (Luna, 2019).
El encarcelamiento masivo se ha incrementado recientemente, y el alto nivel de hacinamiento y
las crisis carcelarias en el sistema penitenciario ecuatoriano, demuestran que el Estado es
incapaz de garantizar el derecho a la integridad física de quienes se encuentran privados de su
libertad. como manda la ley.
Los casos de amotinamientos y graves conmociones al interior de los centros de privación de
libertad obedecen a la existencia de organizaciones delincuenciales que operan
coordinadamente en los distintos centros de rehabilitación social del país.
Además, ha habido un aumento reciente en el crimen organizado en varias regiones de la
nación. Este delito tiene una amplia gama de acceso a bienes y servicios ilegales, lo que ha
llevado a importantes escaladas de violencia que exigen una atención especial del Estado a
través de mecanismos extraordinarios. Estas importantes escaladas están estrechamente
vinculadas al tráfico de drogas ilegales, así como a los esquemas de extorsión en curso que
sustentan la economía criminal y la criminología. Los esfuerzos recientes del Estado para
combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico, incautar una cantidad récord de drogas
en puertos y en el mar, así como desmantelar varias bandas criminales que cooperaron para
lograrlo, están directamente relacionados con el aumento de la delincuencia.
Además, el aumento de asesinatos al interior de los centros, habrían sido provocados por otros
reos, ante el incumplimiento de pago de extorsiones, o a su colaboración en dar información a
las autoridades; hechos que sirven de antecedente para considerar las posibles causas de la
crisis carcelaria a la sobrepoblación, hacinamiento y violencia.
El conflicto entre las organizaciones criminales, por conseguir la administración pragmática
penitenciaria ecuatoriana, ha dado lugar a conflictos en los últimos años, por ejemplo, el 12 de
mayo en la provincia de Azuay, muchos reos pelearon por la libertad y se hirieron entre sí, con
armas y agresiones físicas, la policía que intentaba dispersar provocó la muerte de un recluso
en el centro de privación de libertad El Turi (Mendieta & Serrano, 2023).
Formulación del problema
¿La Administración de justicia, los usuarios y profesionales del derecho, aplicaron
correctamente la Garantía Jurisdiccional de Hábeas Corpus ante los escenarios de crisis
carcelaria en Ecuador?
Objetivo general
Análisis de la práctica jurisdiccional respecto a la garantía de Hábeas Corpus para personas con
penas de privación de la libertad, de acuerdo con la procedibilidad para concederla ante el
escenario de crisis carcelaria en Ecuador.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 993.
Objetivos específicos
Exponer los parámetros que emplean los órganos jurisdiccionales, que inciden para conceder
una acción de Hábeas Corpus para personas con penas de privación de la libertad, ante
escenarios de crisis carcelaria.
Demostrar la finalidad jurídica-doctrinaria para conceder en sentencia la garantía jurisdiccional
de hábeas corpus, en el ámbito de aplicación de los PPL con riesgos contra su integridad física.
Determinar las consecuencias jurídicas de la sentencia N° 24202-2022-000175 a favor del ex
vicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel.
Hipótesis
Para salvaguardar la integridad física de los PPL, en un panorama de crisis carcelaria es
necesario que la Administración de justicia, los usuarios y profesionales del derecho, apliquen
correctamente la Garantía Jurisdiccional de Hábeas Corpus
METODOLOGÍA
Tipo de investigación
Descriptiva
Se empleó el tipo de investigación descriptiva, con una postura y el análisis de la información
recabada para exponer los aspectos conceptuales y jurídicos sobre los principales aspectos y
características acorde a la temática abordadas en el presente trabajo, lo cual permite la
comprensión y elaboración del argumento sobre las diversas situaciones expuestas sobre las
personas privadas de libertad.
Asimismo, se escogió este tipo de investigación para emplear un estudio orientado
fundamentalmente a la descripción de fenómenos sociales en una circunstancia temporal y
espacial determinada, como la penitenciaría del litoral en el año 2021.
Por ende, se recopiló información que aportó una perspectiva material del argumento en el cual
se acrecientan diferentes circunstancias mediante el análisis de juristas expertos en la materia,
que exponen en sus obras literarias todas las teorías para demostrar el ámbito correcto de la
institución jurídica del enriquecimiento privado no justificado.
Explicativa
En otro aspecto, con la recolección de datos en fuentes bibliográficas se podrá obtener una
fuente de información, como la doctrina y artículos académicos, que se eligieron para tener una
comprensión amplia y equilibrada para explicar el tema de este trabajo.
Métodos de investigación
Para el desarrollo de un trabajo investigativo de esta naturaleza, se requirió definir el tipo de
enfoque con el que se elaboró. Dentro de la metodología se empleó un enfoque mixto, que
representó un tipo de investigación que permitió utilizar una fuente de datos bibliográficos y
numéricos para demostrar el argumento de esta tesis.
Por otra parte, en lo concerniente a la naturaleza propositiva de la investigación, se debe tener
en cuenta que la misma acarrea o implica la capacidad de la investigadora para proponer una o
varias alternativas que viabilicen el mejoramiento integral, no solo de los mecanismos que
facilitan la posibilidad de tutelar los derechos de las personas privadas de libertad, sino también
de delimitar el campo de actuación de las instituciones públicas competentes en las materias,
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 994.
con la finalidad siempre de garantizar el cumplimiento efectivo del buen vivir y su connotación
legal para poder materializarse en los centros penitenciarios.
También se ha estructurado el esquema de contenido en base a la interpretación de la
problemática, su comprensión práctica y jurídica, así como la explicación clara del problema
jurídico analizado. Para el efecto mencionado, se infiere como un ámbito de carácter legal, penal
y social, lo cual a su vez es interpretado con la finalidad de contradecir el alcance actual de las
políticas públicas penitenciarias, evidenciando un orden cualitativo en la estructura del
ordenamiento jurídico para la materialización que debería existir respecto al goce del buen vivir
dentro de los centros de privación de libertad.
DESARROLLO
Situación de las cárceles en América Latina
En naciones sudamericanas, donde el sistema judicial es incapaz de garantizar la protección de
los reclusos, la inestabilidad en su integridad física es un problema grave. El número de
personas encarceladas en las diversas naciones que conforman América Latina ha ido en
aumento durante varias décadas.
En este sentido según Madragón et. al (2020), en un estudio etnográfico de las cárceles de
américa latina “ha mostrado que se encuentran características similares, no solamente de
tendencias de incremento poblacional, sino de organización y culturas delictivas en las cárceles
de países como Perú, Colombia, Chile y Ecuador”. Investigaciones recientes han destacado
problemas de seguridad en las prisiones que afectan a todos los países de la región, como la
presencia de un “mercado negro” donde se comercian sustancias estupefacientes e incluso
alimentos y artículos de saneamiento (Dammert & Zúñiga, 2017).
Cuando se presenta hacinamiento, esto se mide por la población en el espacio físico, que
representa el número de cárceles de cada país. Las tasas de encarcelamiento, junto con las
tasas de centros de privación de libertad, son uno de los indicadores más importantes para la
comparación entre los sistemas penales de los Estados.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 995.
Figura 1
Nivel de ocupación de cárceles en América Latina 2019
Fuente: (Nuñovero, 2019).
Estas cifras son congruentes con el presupuesto que asigna el Estado respecto en
infraestructura del sistema carcelario, que algunas naciones latinoamericanas han avanzado
recientemente. En la Figura 1, Chile y México son naciones que destinan parte de los ingresos
estatales para crear prisiones de máxima seguridad, además de alianzas con el sector privado,
teniendo los porcentajes de ocupación más bajos de la región.
La capacidad de estos lugares es, sin embargo, superada en más de 20% en casi todos los
países de la región, y en la mitad de ellos duplican las tasas. Las naciones con las tasas más
altas de densidad de población carcelaria son El Salvador, Guatemala, Bolivia y Perú.
La realidad del Sistema de Cárceles en Ecuador
De conformidad con datos estadísticos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), existen en el país alrededor
de 36 Centros de Privación de Libertad, que albergan cerca de 32.000 personas privadas de
libertad, aunque la cabida es solo para 27.000 (Suárez, 2022 , p. 47)
En Ecuador el sistema carcelario está conformado por 65 centros de privación de libertad; la
sobrepoblación en estos lugares se aproxima a unos 39.000 individuos, aunque la capacidad
individual es solo para 30.000 personas. De acuerdo con las cifras oficiales un 50% de los
privados de libertad no tiene sentencia condenatoria (Arrias & Herráez, 2020, p. 18).
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 996.
Tabla 1
Sistema carcelario en Ecuador
FECHA DE
REPORTE
PPL
SENTENCIADOS
(a)
PPL
PROCESADOS
(b)
PPL POR
DELITOS
(c)=a+b
PPL
CONTRAVENTORES
(d)
PPL
APREMIO
(e)
TOTAL
PPL
(f)=c+d+
e
PPL
HOMBRES
PPL
MUJERES
CAPACIDAD
INSTALADA
EFECTIVA
(g)
%
HACINAMIENTO
*
(i)=((f/g)-1)*100
Enero 19.825 10.739 30.563 333 319 31.216 29.373 1.843 27.781 12.36 %
Febrero 21.374 9.363 30.737 362 460 31.559 29.708 1.851 27.781 13.6 %
Marzo 20.977 9.602 30.579 339 426 31.344 29.533 1.812 27.781 12.83 %
Abril 20.584 9.996 30.579 338 366 31.284 29.471 1.813 27.781 12.61 %
Mayo 20.395 10.270 30.665 370 407 31.442 29.617 1.825 27.781 13.18 %
PROMEDIO
ANUAL
20.689 9.926 30.615 344 396 31.355 29.527 1.828 27.781 12.86 %
Fuente: (Arrias & Herráez, 2020).
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 997.
De todas formas, el hacinamiento en las cárceles requeriría el aumento de custodios en el
interior. Existen 1.500 personal público en esa área en Ecuador, se requiere de otros 3.000, según
lo que comentan especialistas como Závala Egas. En varias de las centrales penitenciarías se
tiene un custodio por 100 personas privadas de libertad.
Hasta el año 2019 se registró por primera ocasión un hecho en Ecuador, en Guayaquil, donde
existieron muertes masivas en el sector penitenciario, más de 400 personas murieron en un
violento enfrentamiento entre pandillas en la prisión que conmocionó a la palestra pública, local
y extranjera, debido a su brutalidad, ocasionado lesiones y asesinatos. Un escenario, aún más
extremo, se presentó en septiembre de 2021, cuando 120 personas fueron asesinadas en la
prisión de Litoral. Conforme a fuentes periodísticas, alrededor de 320 reos murieron en estos
enfrentamientos en diferentes cárceles del país; incrementando la tasa de muerte en las
cárceles de 83 por cada 10.000 reclusos a 10.000 de la población, el año más violento en la
historia de Ecuador (El Universo, 2021). Ha habido un crecimiento implacable en el nivel de
violencia dentro de las prisiones, varias organizaciones de derechos humanos han tomado nota
de esto y están instando incidir en las correcciones estatales para detener estas masacres, así
como la implementación de una serie de recomendaciones para implementar políticas públicas
progresivamente.
Aunque la mayoría de los párrafos precedentes fomentan la comprensión del problema, se
evidencia que existen múltiples causas del problema, dentro de un aspecto central en la
estructura carcelaria interna, alejada del Estado, que está generando nuevas actividades
delictivas. Si bien, cabe señalar que la relación entre espacio carcelario, violencia y delincuencia
es una triada que ha sido abordado por diversos juristas, sociólogos, psicólogos, criminalista y
afines, que afirman implementar proyectos estatales para la construcción en el panorama
penitenciario en Ecuador, para disminuir el impacto y propagación de las asociaciones
delincuenciales, que incrementa sus actuaciones de violencia en el ecosistema de los centros
de rehabilitación social.
Estructura carcelaria e intimidación
“La violencia carcelaria en Ecuador ha estado presente en la historia del sistema penitenciario
ecuatoriano producto de la larga impronta de violencias estructurales, institucionales y ha
tenido un alto nivel de relación con el mundo externo” (Kaleidos, 2021). No obstante, es
importante analizar el esquema de organización social carcelaria y su estrecha simbiosis y
relación con el submundo criminal desde una perspectiva histórica.
La violencia carcelaria como regulación informal ha sido parte de la historia del Ecuador. En la
época de los 60, empezaron las prácticas de exterminio social en el litoral ecuatoriano como
resultado de cuatrerismo y piratería, a menudo con consentimiento estatal.
El Estado usó la denominada “Ley de fuga” para controlar la delincuencia y esto afectó la
situación en las cárceles. En la época de los 80 y 90, el narcotráfico se convirtió en una prioridad
en la política criminal, lo que llevó al surgimiento de formas de autogobierno carcelario
gobernadas por mafias y complejas lógicas de corrupción debido a la sobrepoblación, el
hacinamiento y la limitada gestión estatal.
Asimismo, las protestas penitenciarias, insurrecciones, el ajuste de cuentas dieron como
resultado un importante número de asesinatos al interior de los centros penitenciarios
imponiéndose como una forma instrumental de regulación informal de la vida carcelaria. Al ser
un actor marginal en la geopolítica de drogas, la presencia de grandes narcotraficantes no fue
una característica importante del mundo carcelario, pero sí de un gran número de mandos
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 998.
intermedios y traficantes de poca monta que inflaron la población penitenciaria (Núñez, 2018,
p. 24)
El gobierno central, en la competencia de la institución pública penitenciaria, permitía la
autorregulación de prácticas criminales como el tráfico de drogas, la corrupción y la extorsión
con la aprobación del estado.
Las grandes cárceles en Ecuador han sido por excelencia los espacios de autorregulación y
reproducción de criminalidad compleja. Por ejemplo, desde los años 90, la Penitenciaría del
Litoral (inaugurada en 1958) y donde se ha concentrado la mayor cantidad de asesinatos y
masacres desde 2019, ha sido denunciado reiteradamente como un lugar peligroso dominado
por mafias armadas carcelarias con amplia influencia al interior y exterior del mundo carcelario.
Como se puede ver en la siguiente imagen, la presencia de mafias en el interior de este centro
penitenciario ya fue anunciada en 2008. Para 2013, antes de la inauguración de los nuevos
centros, la denuncia se repetía y la ocurrencia de asesinatos eran frecuentes, aunque nunca en
las dimensiones actuales.
La peligrosidad criminal empezó a cambiar a medida que el narcotráfico se volvió más común
en los años 2000. En la década pasada, el enfoque más estricto sobre drogas y el Plan Colombia
resultaron en el arresto de varios narcotraficantes peligrosos de varios países, incluyendo los
operadores de carteles como Bacrims, Los Rastrojos y FARC, que funcionaban en la frontera
con Ecuador (Plan V, 2021).
En esta década, aumentó la presencia de narcotraficantes de México y otros países. En los años
2000, los delincuentes conocidos como "los choneros" se convirtieron en un grupo armado que
brindaba servicios al narcotráfico internacional (InSight Crime, 2019).
A pesar de enfrentarse a disputas con bandas rivales, este grupo mantuvo un estricto control
como gobierno informal dentro de la cárcel junto con pandillas como los "ñetas". Se cree que el
gobierno de los ‘choneros’ logró mantener cierta calma en los centros penitenciarios y en las
calles de Ecuador en los primeros años de la década de 2010 (Rosero, 2020).
La gobernanza carcelaria ha cambiado significativamente debido a los cambios políticos e
institucionales del gobierno ecuatoriano a partir de 2018. Desde 2010, la mayoría de las muertes
ocurrieron en los últimos cuatro años. Se han atribuido varias razones que incluyen factores
estructurales, institucionales, operativos y criminales. En 2020, José Luis Zambrano, el líder
principal de "los choneros" fue liberado y posteriormente asesinado, lo cual es un hecho
relevante. El año 2021 fue el más violento en la historia penitenciaria del Ecuador debido a una
serie de venganzas y ajusticiamientos.
Existe el aumento de organizaciones criminales en el sector penitenciario que luchan por el
control de “los choneros”. En Guayaquil se presentan dos centros de rehabilitación social (la
Cárcel Regional y la Penitenciaría del Litoral) con una población de alrededor de 15 000
reclusos. En la actualidad, grupos criminales diferentes manejan cada uno de los 12 pabellones
de la Penitenciaría del Litoral, mientras que los 'choneros' tienen el control total de la prisión
regional adyacente (El Universo, 2021).
Dentro de estos grupos existe una figura de autogobierno, ya que promueve la colaboración y la
unión entre individuos vulnerables y desfavorecidos en ese sector; se condenan sus prácticas
corruptas que fomentan violencia y crimen en las cárceles. El aumento de la violencia en
prácticas mafiosas de autogobierno en Ecuador ha generado una crisis de seguridad a nivel
regional e internacional, por mencionar los eventos del año 2021 que presentan un desafío
complejo y difícil de prevenir su resultado.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 999.
Crimen organizado
Según Pires et al (2016), el criminólogo estadounidense Edwin Sutherland afirmó que el delito
implica la adquisición de valores y habilidades delictivas a través del aprendizaje. Tener sujetos
hábiles en el crimen organizado es una ventaja clave para ello, en conjunto con el cliché de que
la prisión es una escuela de delincuencia se cumple rigurosamente debido al aumento del tráfico
de drogas. Hace más de una década hemos observado en Ecuador un cambio hacia actividades
criminales, especialmente en el tráfico internacional de drogas, que se originó y ha sido liderado
desde las cárceles. Sujetos de diferentes nacionalidades han sido detenidos por delitos de
drogas, lo que sugiere la existencia de redes criminales internacionales en Ecuador. Estas redes
trabajan en colaboración con las redes locales y buscan controlar el suministro de drogas a
varios destinos del mundo. Su objetivo es ofrecer una amplia gama de drogas a precios
competitivos para garantizar el acceso de los clientes.
Esta racionalidad ha dado lugar a una nueva dinastía del crimen, dedicada al transporte
marítimo de cocaína a diferentes centros de consumo en el país. Las cárceles son lugares donde
la innovación criminal se transmite eficazmente, a pesar de ser incomprendida por muchos
(Plan V, 2021). Ecuador pasó de tener redes para el narcotráfico a tener una red local dinámica
que gestiona la recolección, distribución y venta de drogas a nivel mundial con
autonomía. Consecuentemente se genera una organización criminal que ha surgido en el país,
sin antecedentes y con amplitud alcance regional e internacional.
El sistema penitenciario ha cometido el error de encarcelar un gran número de personas por
delitos menores relacionados con la pragmática criminal y la política criminal. Cerca del 60% de
la población carcelaria está encarcelada por delitos relacionados con propiedad y drogas, a
menudo pertenecientes a grupos marginados. La economía ilegal controlada por las grandes
bandas dentro de cárceles y pabellones es significativa, según las estimaciones. Un pabellón de
la Penitenciaría del Litoral puede generar entre 10 000 y 20 000 dólares cada día, según reportes
periodísticos. El negocio en prisión abarca la venta de drogas, armas, celulares, servicios de
celda, cama, comida y más (El Universo, 2021). Solo la Penitenciaría podría generar más de 30
millones de dólares al año con la economía ilícita, sin incluir negocios ilegales externos. Las
megabandas controlan todo con alta corrupción estatal.
Esta población presenta entradas y salidas recurrentes a los centros de privación de libertad, lo
que indica un ciclo de carrera criminal, siendo problema de índole social, no institucional. Las
actividades ilegales, como el narcotráfico, brindan oportunidades de sustento a los presos y a
sus familias, siempre y cuando sean leales e ingresen a la organización criminal. Más del 60 %
de los presos están relacionados con diez organizaciones criminales dentro de las prisiones.
Conforme expresa el medio digital “Código Vidrio” (2021), los miembros de los 'choneros'
ascienden a más de 12,000. El crimen organizado se protege y fortalece principalmente a través
de su conexión social, de esta manera se explica la presencia de la narcocultura en el
pensamiento de diversos grupos de la sociedad.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1000.
Tabla 2
Agrupación y número de miembros aproximados
Fuente: (Potón, 2022).
La relación entre estas bandas delincuenciales y el mundo exterior ha sido elevada debido a su
historial criminal. Contemporáneamente, los principales delitos en el país han sido planeados
desde las prisiones. El esquema antiguo está siendo utilizado para resolver conflictos, disputas
sociales y criminales, a través de la “mediación” en las cárceles. Es posible que los responsables
o intermediarios de algunos crímenes hayan sido asesinados en las masacres, aumentando la
impunidad.
El sistema penitenciario contrataba sicarios en Colombia durante la época más violenta del
narcotráfico. Las muertes en Guayaquil y sus alrededores se deben a las actividades delictivas
fomentadas desde las prisiones. La violencia en prisión causó el 35 % de los homicidios en
Guayaquil y el 80 % de las muertes en otras ciudades de Ecuador, incluyendo los cantones de
Azuay (Potón, 2022).
No se puede analizar el poder de los líderes de prisión sin considerar la exposición mediática en
medios de comunicación y redes sociales. Los líderes de las cárceles parecen haber entendido
mejor la situación que el Estado, lo cual ha convertido la guerra entre bandas en algo más que
una lucha por drogas, armas y poder, ya que también se trata de una disputa en términos de
comunicación y cultura. Tal vez la razón de esta violencia se deba a la lucha por la comunicación
con otras bandas y con el Estado. Su propósito integral es infundir miedo, desmoralización y
respeto. La maldad seduce y se asocia a una personalidad criminal cruel y seductora. La
infraestructura carcelaria actual también es un lugar donde se reproducen expresiones
culturales violentas de manera peligrosa y compleja a nivel social y regional (Plan V, 2021).
La criminalidad organizada hace referencia a un grupo que delinque con fines lucrativos o para
terceros. Esta es una estructura jerárquica con divisiones de roles y funciones, donde los
miembros permanecen mientras esté estructurada. La organización tiene una vocación de
permanencia en el tiempo y se renueva mediante la sustitución de sus líderes para mantener su
existencia indefinida.
En tanto, la criminalidad organizada domina el poder económico y político mediante el uso de la
violencia y la corrupción en niveles gubernamentales altos, medios y bajos, incluyendo los
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1001.
Centros de rehabilitación social del país. El crimen organizado es global, con presencia en
diferentes ubicaciones geográficas y estructuras, y abarca sectores políticos y sociales, así
como bienes y servicios legales e ilegales.
Los grupos de poder estructurados buscan el blanqueamiento de capitales o lavado de activos
para controlar ciertos sectores económicos legales. El objetivo es reinvertir el dinero ilegal y
hacer que parezca legítimo al introducirlo en el sistema financiero. Es común que los negocios
legítimos se utilicen para blanquear dinero sucio.
El narcotráfico es una actividad ilícita lucrativa que se dedica al comercio clandestino de drogas
prohibidas, controlada por clanes, mafias o cárteles. Esta actividad delictiva abarca la siembra,
cosecha, producción, distribución, comercialización y venta de drogas (Nuñovero, 2019). Es un
negocio multimillonario y la principal fuente de ingresos de las actividades ilícitas, debido al
consumo de drogas en todo el mundo. El poderío social y financiero del narcotráfico genera
enfrentamientos entre cárteles por el control de territorios para el tráfico y microtráfico de estas
sustancias.
La estructura de la delincuencia organizada debe considerarse como una "empresa criminal"
que produce una serie de áreas criminales o especializadas que tienen dificultades para ser
desmanteladas debido a la falta de tipos criminales específicos para llegar a grandes
comandantes, especialmente cuando hay expertos en áreas en áreas tales como la ley, las
finanzas y la administración que actúan como consultores y buscan países que faciliten sus
operaciones ilícitas a través de empresas que realizan actividades legales.
La delincuencia organizada se puede identificar desde el punto de vista político-criminal como
una actividad ilícita relacionada con el crimen, la corrupción y el poder político. Esto incluye a
los empleados públicos que se benefician ilegalmente de su posición, como los agentes de
seguridad penitenciaria. Los Centros de Privación de Libertad están controlados por la
criminalidad, debido a la alta inseguridad y falta de liderazgo por parte de las autoridades. Por
lo tanto, los servicios de inteligencia policial deberían coordinar la información sobre estos
grupos cuando representan una amenaza para el Estado, para que las autoridades
gubernamentales puedan tomar la mejor decisión.
La expansión del narcotráfico
Ecuador se ha convertido en un territorio importante para el almacenamiento y exportación de
cocaína a mercados internacionales, debido a la nueva geopolítica de la droga. Ecuador es uno
de los principales representantes del agresivo proceso de expansión criminal regional. En 2021,
se registró una cantidad sin precedentes de más de 200 toneladas de droga incautadas (Potón,
2022). El negocio de la cocaína es el principal impulsor financiero para la expansión de la
delincuencia organizada. La ubicación estratégica del Ecuador y los servicios logísticos
disponibles son ventajas para la actividad ilegal, en lugar de ser beneficios para una economía
abierta.
De ser un actor marginal en la industria del narcotráfico internacional, se ha dado paso a la
proliferación de poderosas estructuras criminales como lo fue el caso “Gerald” (ecuatoriano
extraditado a EE. UU.) que lideró una estructura criminal especializada en el acopio y transporte
de drogas con cierto nivel de autonomía frente a carteles extranjeros. Su legado, sin lugar a
duda, dejó una importante huella en la identidad del narcotráfico ecuatoriano que ha sido
replicado por otros grupos (Zepeda, 2017, p. 154).
Los informes de inteligencia sugieren que las cárceles ecuatorianas están siendo utilizadas para
planificar y dirigir el tráfico internacional de drogas y otras actividades delictivas. Esto se
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1002.
atribuye en parte a la naturaleza lucrativa del negocio y puede explicar los violentos conflictos
entre bandas criminales. Se cree que hay alrededor de diez peligrosas bandas con gran cantidad
de miembros en las cárceles de Ecuador, a pesar de la mutación constante, según fuentes
periodísticas (Plan V, 2021). El narcotráfico financia el crimen complejo y ha llevado a la
proliferación de bandas peligrosas en Ecuador que operan desde las cárceles.
Estas disputas no solo han ocurrido en prisiones. Ecuador ha experimentado un aumento
delictivo en las calles desde 2019. A pesar del notable descenso en los homicidios durante la
última década, reduciendo su tasa de 18 a 5,7 por cada cien mil habitantes entre 2009 y 2017
(Santillán, 2022), ha habido un aumento en la población en el área. Sin embargo, desde 2019 ha
habido un aumento significativo en este indicador y en diciembre de 2021, la tasa superó
nuevamente los 14 homicidios por cada cien mil (2400 en total).
Guayaquil es la ciudad que ha contribuido más en el repunte de homicidios a nivel nacional
debido a la crisis de violencia. La tasa de homicidios aumentó de 5,8 por cada cien mil en 2018
a más de 24. 43% de las muertes fueron causadas por el tráfico interno de drogas y el 70% por
el uso de armas de fuego (Potón, 2022). La disponibilidad de recursos ilícitos del narcotráfico
para el narcotráfico a grande y pequeña escala es un factor de riesgo que alimenta diferentes
delitos que se manejan desde las cárceles. La reubicación de este sistema criminal a la ciudad
más insegura del país es una opción persuasiva en la política. Este tipo de economía nutre y
propaga una variedad de acciones criminales complejas en el ecosistema carcelario.
Organizaciones delictivas y cárceles
La lucha entre grupos delictivos por el control de las cárceles en Ecuador ha causado
enfrentamientos. Ejemplos incluyen:
La pelea entre el grupo liderado por Carlos Jesús Cedeño Vera, conocido como el Quesero, y los
Choneros dirigidos en ese momento por Jorge Bismark Vélez España, alias Teniente España,
quien murió en el tiroteo. Ahora Jorge Luis Zambrano, también conocido como Rasquiñas o JL,
lidera este grupo (Santillán, 2022, p. 480).
En Esmeraldas “se encontraba otro grupo criminal estructurado denominado Los Templarios,
liderados por César Vernaza Quiñónez, alias el Empresario, entrando en disputa con la banda
liderada por Cristóbal Matamba, alias Fofo” (Ortiz, 2023, p. 72). Concluyendo en la provincia de
Pichincha “la organización criminal liderada por Fabricio Colón Pico mantuvo disputas con la
banda dirigida por Luz María Endara, alias mamá lucha, enfrentamiento que se daban por el
microtráfico en la ciudad de Quito” (Ortiz, 2023, p. 73).
El centro de rehabilitación La Roca en Guayaquil, construido en 2012 y operativo en 2013, tenía
la intención gubernamental de alojar a los líderes de grupos criminales en un solo lugar. Sin
embargo, esto resultó en alianzas entre ellos que llevaron a una guerra por el control del
microtráfico dentro y fuera de la cárcel. Hay organizaciones delictivas que utilizan simbología,
como el reptil que representa a alias Caimán en "Los Lagartos", la bandera de Cuba que
representa a alias cubano y la gorra en la parte superior de una imagen de la Tierra que
representa a alias gorra y su poderío en el narco y microtráfico (Manrique, 2022). Las
organizaciones delictivas utilizan símbolos para señalar sus zonas de venta de drogas y para
identificar a los líderes en los centros de rehabilitación.
La venta de drogas es un negocio rentable que lleva a las organizaciones criminales a pelear
por el control del territorio sin importar las consecuencias legales para los culpables de “delitos
por la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización” (COIP, 2014).
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1003.
Los Choneros son responsables de las muertes, enfrentamientos y secuestros en febrero 2021
en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas No.8 por el control del tráfico de drogas
y la introducción de objetos prohibidos en la etapa de máxima seguridad, con el fin de atacar a
William Poveda Salazar, también conocido como Cubano, un preso.
Armados con dos pistolas, destinadas a ser utilizadas contra el líder de una pandilla rival, fueron
introducidos de contrabando en la prisión. Sin embargo, la policía incautó las armas que
activaron a tres grupos criminales: Los Lagartos, Los Lobos y Los Choneros. El 23 de febrero de
2021, alrededor de las 6:00 horas, en el pabellón de mediana seguridad, fueron asesinados ocho
presos choneros. Posteriormente a las 8:00 am, en represalia por la muerte de sus socios de
confianza, el líder de los Choneros ordenó la ejecución de 12 reclusos afines a Lobos en el
pabellón de máxima seguridad. Las víctimas fueron colgadas hasta morir (Vera, 2022).
En el mismo día a las 09h00, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, una banda rival
ordenó asesinar a 8 PPL afiliados a los lobos, quienes tenían vínculos con otra banda rival. En
respuesta, el líder de Los Lobos ordenó matar a 56 personas privadas de la libertad, causando
la muerte de 33 PPL, con 18 siendo decapitados. Después, 15 de los 56 PPL destinados a la
muerte fueron llevados al CPL Regional de Guayaquil (Vera, 2022).
El principal problema en los centros penitenciarios, como lo demuestran los antecedentes, es la
lucha de poder entre los grupos del crimen organizado. Esto causa desorden interno y conduce
a actos violentos como peleas, disturbios, asesinatos y más. Los grupos involucrados, como
Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chone Killer, entre otros, planean constantemente nuevos
enfrentamientos con el apoyo de personal externo y agentes de seguridad que no temen, se
equivocan, coaccionan, amenazan o intimidan. Estos agentes facilitan el ingreso de armas al
interior del penal para lograr el liderazgo y eliminar a sus rivales, provocando temor entre la
población carcelaria.
Incidencia en delitos de lesahuminadad contra los PPL en los centros carcelarios
La conexión entre las violentas luchas carcelarias por el poder y las muertes de "sicarios" en
barrios de microtráfico se debe a su afiliación con el crimen organizado, mientras que la
remoción de líderes y vendedores por parte de otros grupos libera áreas capturadas.
El artículo 369 del COIP describe el delito de delincuencia organizada tipificando que:
La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más
personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando
o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de
cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años,
que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material,
será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años. (COIP, 2014, Art. 369).
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su
artículo 2, literal a) considera como grupo delictivo organizado al:
Grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer delitos graves o tipificados con arreglo a la
presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u
otro beneficio de orden material (ONU, 2004, Art. 2).
Los grupos de criminalidad organizada tienen una estructura jerárquica con jefes, subjefes,
directores, ejecutivos y mandos medios, ordenados en una cadena ascendente y descendente.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1004.
Además, cuentan con un organigrama logístico y finanzas organizadas, lo que los convierte en
empresas criminales con objetivos claros.
El propósito del crimen organizado es maximizar las ganancias económicas, políticas,
culturales, étnicas o religiosas a través de la participación de células de poder. Siempre hay un
líder en la cima que tiene control sobre estas células y sus actividades.
Se puede identificar los siguientes elementos según la definición de la Convención de las
Naciones Unidas y lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal:
● La presencia de varias personas en la organización que trabajan juntas y
coordinadamente para alcanzar un objetivo compartido, es lo que se entiende por
pluralidad asociativa.
● La estructura jerarquizada con normas y códigos permite establecer el mando en el
grupo. Según el artículo 369 del COIP, se encuentra también la planificación para la
logística y financiamiento en actividades delictivas en la empresa criminal.
● Existencia de una jerarquía con normas y códigos de conducta para establecer el mando
en un grupo estructurado, junto con planificación logística y financiamiento para
actividades delictivas según el artículo 369 del COIP.
● Asignación coordinada de funciones entre niveles jerárquicos de una organización;
● La autoconservación de sus miembros es prioritaria para la organización.
● Fines que han sido establecidos por el grupo organizado y tienen un objetivo
predeterminado dentro de la organización criminal, ya sea económico, político, social,
étnico, cultural o cualquier otro.
● Los miembros están obligados a obedecer las órdenes superiores y mantener la unidad
del grupo, ya que si no lo hacen, pueden ser perjudicados a ellos o a sus seres queridos,
o incluso pueden realizar actos violentos contra ellos para garantizar su lealtad.
● La obligación de guardar secretos y ser fieles entre sí implica no colaborar con las
autoridades de investigación o judiciales.
● Delitos cometidos en su ubicación o internacionalmente, especialmente cuando se
colabora con redes delictivas para lavar dinero o realizar asesinatos.
● Uso de la fuerza y el miedo para conseguir lealtad absoluta por parte de los integrantes
de la organización o de aquellos bajo su autoridad, o en caso contrario, hacia las
personas, grupos o comunidades que tienen bajo su control.
● Uso de Redes Criminales como empresas legales para limpiar y mezclar dinero sucio en
la economía del país donde se encuentran los activos.
● El cibercrimen utiliza tecnología para sortear barreras y representa un gran desafío para
las autoridades comunitarias, siendo clave en la criminalidad organizada (Roxin, 2013).
Una organización criminal busca beneficios ilegales y maximización de poder mediante la
violencia, la extorsión, la intimidación y la colaboración con otros grupos delictivos, como el
tráfico de drogas, armas y personas, la explotación laboral y sexual, la protección rentada, el
chantaje y otros objetivos ilícitos en un territorio determinado.
Causas de la crisis carcelaria
La crisis institucional en las cárceles de Ecuador lleva a discutir sobre los límites y efectividad
de la rehabilitación social. La cárcel no ha resocializado a los delincuentes en la historia, pero
es necesario discutir y clarificar esta afirmación en el contexto actual, ya que las soluciones
propuestas no cuestionan la institución penitenciaria. El sistema penitenciario no tiene
soluciones adecuadas para abordar la sobrepoblación, hacinamiento, violencia, motines
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1005.
carcelarios ni los paros de funcionarios. En América Latina, el Estado ha manejado
ineficazmente la crisis de prisiones al construir más centros de reclusión y privatizar el sistema
de rehabilitación social.
La seguridad en las cárceles es un gran desafío para el Estado de Ecuador. Ecuador registró 13
asesinatos por cada 100.000 prisioneros en 2021, debido a la sobrepoblación, la ausencia de
instalaciones y personal adecuados, restricciones presupuestarias y el retraso en los procesos
judiciales (Ortiz, 2023).
Tres factores describen la circunstancia de los presos en Ecuador: la corrupción de las cárceles,
la necesidad financiera del preso de su familia y la violación reiterada de los derechos humanos
de los encarcelados.
La corrupción en la institución penitenciaria de Ecuador se basa en una relación personal entre
los funcionarios y los internos, en un ambiente de sobrepoblación y hacinamiento. El aumento
de presos en los últimos quince años dificulta el control en las cárceles, obligando a la autoridad
a negociar con los internos para solucionar conflictos y garantizar seguridad. La gestión de la
institución carcelaria se basa en prácticas informales reconocidas por la autoridad y los
reclusos, en vez de un sistema normativo de recompensas y castigos.
La violencia en las cárceles de Ecuador se debe al modelo carcelario que enfatiza el encierro
como castigo por los delitos, lo que ha llevado al encarcelamiento excesivo de jóvenes y
personas pobres debido a la sociedad y el sistema judicial. La situación muestra que la clase
gobernante promueve el aislamiento, pero ignora la situación en las prisiones y no proporciona
los recursos necesarios para mejorar las condiciones. Las cárceles de Ecuador funcionan como
depósitos para recluir y neutralizar a los sentenciados, buscando retribuir a la sociedad por el
daño causado y prevenir futuros crímenes.
La protección de las cárceles en Ecuador es un gran desafío para el gobierno, quien ha cambiado
su política mediante la aprobación de una reforma legal que ha aumentado la cantidad de delitos
sancionables con encarcelamiento y ha relajado los requisitos para la prisión preventiva. Esto
ha llevado a varios enfrentamientos dentro de las cárceles, donde algunos reclusos han sido
golpeados e incluso asesinados sin tener mayos responsabilidad en dichos conflictos. Los
gobiernos han enfrentado masacres en los últimos años y ahora se culpan directamente a las
bandas, en lugar de reconocer la falta de control, las condiciones humanas y la responsabilidad
del estado sobre la situación, “43 presos fallecieron en un motín, más de 100 huyeron y un
familiar de uno de ellos recibió una llamada avisando sobre la situación. Todo ocurrió en una
cárcel durante un enfrentamiento entre pandillas rivales” (Ortiz, 2023).
Según la autora Pérez:
Las prisiones ecuatorianas albergan alrededor de 35.000 reos, con un 15% de sobrepoblación,
¿a qué llegamos con esto? que el problema radica en la sobrepoblación de presos que existe a
nivel nacional en las cárceles en donde claramente se puede ver la inconsistencia de la
administración al igual que la del gobierno. El ministro del interior Patricio Carrillo señala que la
mayoría de los reos o casi por no decirlo de otra forma el 100% dice que en informes a simple
vista se pudo ver que fueron quitadas la vida con arma blanca y no con arma de fuego, estos
actos de violencia se suscitaron en las celdas y pabellones correspondientes. En promedio un
recluso es asesinado cada día en las cárceles ecuatorianas, en el 2021 se registró el acto más
violento del sistema carcelario en el país, 300 privados de libertad perdieron la vida. La
seguridad en las cárceles es uno de los principales retos del estado ha tenido la peor cifra de
violencia causada por la crisis carcelaria en los últimos 10 años, inferior a la tasa promedia en
América Latina de 17 casos, pero muy por encima del promedio mundial de 5,8 según cifras
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1006.
oficiales. El presidente en ese entonces Guillermo Lasso dijo no tener control de este grave
problema que enfrenta el sistema carcelario (Pérez, 2022, p. 99).
Problemas jurídicos de aplicación del Habeas Corpus en el Ecuador
Es importante mencionar la sentencia No. 752-20-EP/21 donde se analizaron los derechos a la
integridad personal y salud de una persona privada de libertad y al debido proceso no es el
mismo caso que ocurre con el exvicepresidente Jorge Glas, debido a que, los factores en este
precedente jurisprudencial, se fundamentan en que el derecho a la salud del PPL fue violentado
en el año 2020, cuando la crisis sanitaria por Covid-19 se encontraba en etapa más crítica y
donde evidentemente, si no se tomaban las medidas esenciales para salvaguardar la vida de los
PPL, se vulneran totalmente uno de los derechos fundamentales del hombre como es el de la
salud.
Dentro de esta causa el accionante alegó que pese a que el hábeas corpus planteado fue por
los derechos a la salud e integridad física y todos los derechos conexos, la Sala Provincial hizo
una valoración más por la mención del Convenio 169 de la OIT y no por la tutela de los Derechos
Constitucionales, es lamentable que estén considerando que solo las personas privadas de la
libertad por su edad o factores de enfermedades catastróficas puedan ser beneficiarias a estos
regímenes penitenciarios y los que no están contemplados en este grupo no se aplica y pues
que ellos se infecten y no ha pasado nada.
La decisión de la Corte Constitucional fue aceptar la acción de hábeas corpus y declaró que aun
cuando el accionante ya no padeciera de COVID-19, los actos y omisiones del CRS Ambato y de
los jueces que conocieron la demanda de origen vulneraron el derecho al debido proceso en la
garantía de motivación, a la integridad física y salud de Ángel Serafin Maliza Malisa. Por lo tanto,
dejó sin efecto las sentencias dictadas el 01 de mayo por la Unidad de Garantías Penales y de
02 de junio de 2020, por la Sala Provincial.
En comparación con el caso de Jorge Glas, difiere de ciertos aspectos, puesto a que, Jorge Glas
nunca fue privado del ejercicio del derecho a la salud, puesto a que, el SNAI siempre realizó las
gestiones necesarias para que Glas recibiera las medicinas a tiempo y el control mensual
médico respectivo para precautelar el derecho a su vida y salud.
De igual forma, es cierto que la defensa de Glas alegaba de que, Jorge Glas es una persona con
enfermedades catastróficas, que inmediatamente debía de proceder la liberación del
exvicepresidente para precautelar el derecho a su vida, el SNAI presentó todas las pruebas
necesarias para corroborar que el derecho de Glas no estaba siendo vulnerado.
El precedente jurisprudencial en donde sí se aceptó el Habeas Corpus, fue emitido debido a que,
en dicho caso si estaban siendo vulnerados varios derechos fundamentales que nunca fueron
cumplidos por el Centro de privación de la libertad de Ambato y más bien hicieron caso omiso a
su obligación de protección a la vida de las personas privadas de la libertad.
Aplicación del habeas corpus en los centros de Rehabilitación social del Ecuador
Análisis de crisis carcelaria en el Centro de Rehabilitación de Latacunga el año 2022
Esto incluye una serie de cuestiones que es necesario considerar cuando se habla de los centros
de rehabilitación social en nuestro país, comenzando por su papel en el cumplimiento de las
penas de las personas que han sido privadas de su libertad y sus derechos han sido vulnerados.
Si bien existen estatutos estatales y varios mecanismos procesales para tratar a los reclusos
de manera responsable, existen muchos más poderes que están principalmente más allá de la
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1007.
autoridad estatal. El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una profunda crisis
institucional que está redefiniendo los alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social.
Históricamente, las cárceles no han sido utilizadas para reubicar a los delincuentes, pero en el
contexto actual esta afirmación merece discusión y aclaración, sobre todo porque las
soluciones y recomendaciones para solucionar los problemas no cuestionan ni critican la
existencia de las instituciones penitenciarias (Núñez, 2006). Los diversos problemas que se
presentan en los centros de rehabilitación de Ecuador están relacionados con las sistemáticas
violaciones de derechos en las cárceles, producto de las precarias condiciones de vida en que
viven las personas privadas de su libertad. Cómo se gestionan estos centros y se toman malas
decisiones a lo largo de los años es responsabilidad del gobierno y es el factor determinante en
su dirección. La política criminal de Ecuador se caracteriza por el castigo.
Hubo una masacre en las prisiones de nuestra nación en relación con una serie de disturbios
que estallaron en varias prisiones de nuestra nación el martes 23 de febrero de 2021, matando
a 79 personas. La masacre comenzó en el Centro de Detención de Varones No. 1 de Guayaquil
(Cárcel de la Riviera) y se extendió al Centro No. 1 del estado de Guaya. 4; Reportan disturbios
en el Primer Centro de Detención de Azuaya. 1 (Cárcel de Torre), en las afueras de la ciudad de
Cuenca; y el Centro Regional de Detención de Rataconga en el municipio de Cotopaxirataconga
(El Comercio, 2021).
Este hecho de los Choneros hará que las pandillas Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers y Los
Tiguerones (que antes formaban la infraestructura de Los Choneros) entren en guerra contra
sus antiguos líderes. Muchas personas que fueron privadas de su libertad como resultado de
los disturbios resultaron heridas y otras fallecieron (Ekwafi, 2021).
El Servicio Nacional de Enfermería Integrativa (SNAI) ha informado a la ciudadanía ecuatoriana
de 75 muertos y decenas de heridos. Los hechos han sido citados por medios nacionales e
internacionales como los peores motines carcelarios en la historia del país, con personas
asesinadas en tres cárceles estatales diferentes al mismo tiempo, lo que llevó a un análisis
político interno para descubrir cómo hacerlo. Ecuador cuenta con un sistema penitenciario y de
rehabilitación.
Vulneración de derechos a los privados de la Libertad en el Ecuador y el hábeas corpus
Con la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, Ecuador hace un cambio
de paradigma al consagrar el Estado ecuatoriano como un “Estado Constitucional de derechos”
con lo cual, se da supremacía a los derechos de las personas sobre la norma y el Estado mismo.
Y es con base en esa primicia, que toda la normativa generada luego, establece las garantías
para hacer respetar los derechos.
En este contexto, las personas privadas de libertad, a través de la Constitución, se constituyen
en un colectivo de atención prioritaria por su condición de doble vulnerabilidad, lo que evidencia
que ha existido la voluntad política de crear un ambiente normativo protector de sus derechos,
al acoger en la legislación ecuatoriana las reglas mínimas que garantizan una vida digna, con
las limitaciones que el paso por un centro penitenciario con lleva. En apego a los derechos
fundamentales de las personas privadas de libertad, en este artículo se hace una reflexión que
contrasta el estudio doctrinario, normativo y la situación real de las personas privadas de la
libertad en Ecuador.
Las personas privadas de libertad, en su paso por un centro penitenciario, se tornan vulnerables
frente a la autoridad penitenciaria, quien ejerce poder y tiende a cometer arbitrariedades y
abusos. Generalmente, esta situación desequilibrada entre los unos y los otros se da en un
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1008.
ambiente de corrupción del sistema penitenciario, donde los internos dependen de la economía
de sus familiares para sobrevivir en prisión. La condición de vulnerabilidad provoca la violación
de los derechos fundamentales en la población reclusa.
Es evidente el control y autoridad sobre las personas que cumplen una condena, debido a que
la Administración penitenciaria pasa a ser la responsable de su vigilancia y resguardo, lo cual
genera alta vulnerabilidad para ellas, y los derechos pueden ser violentados o limitados. La
constante en el comportamiento penitenciario ha tenido una serie de eventos negativos
transformados en una costumbre: el hacinamiento, las condiciones de insalubridad, la
corrupción, la baja remuneración de los funcionarios penitenciarios, las mafias a lo interno de
los centros y todo aquello, que ha provocado una ausencia en el mejoramiento de la
infraestructura carcelaria. Además, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas y
degradantes son una de las principales amenazas para los internos, conductas que vulneran su
integridad personal.
En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1984), la
definió como: tortura es todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una
personan penas o sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica (Convención Interamericana contra
la Tortura y otros Tratos Inhumanos o Degradantes, 1984, Art. 2).
En el caso ecuatoriano, ante estos abusos y arbitrariedades, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en la Serie Justicia y Derechos Humanos que aborda el tema de la “Ejecución penal y
derechos humanos, una mirada crítica a la privación de la libertad” ha establecido condiciones
básicas, que permiten garantizar el derecho a la integridad personal de los internos, como son:
● Contar con una celda que posea la superficie necesaria, en relación con las personas
que habiten en ella, que posea ventilación e iluminación adecuadas. Se prohíbe el
hacinamiento.
● Acceder a servicios sanitarios higiénicos suficientes y de manera que se Proteja su
intimidad y privacidad. Acceso a duchas a una temperatura adaptada al clima.
● Prohibición del aislamiento como sanción disciplinaria preventiva para identificar
señales de maltrato. (Silva, 2018, p. 35-36).
De aquí la importancia de la positivización de estos derechos, pues a través de ellos se limita el
abuso del Estado y de la Administración penitenciaria. En este sentido, surge la creación de
normas internacionales e internas en cada país que buscan regular el uso del poder y equilibrar
la relación entre internos y la administración de justicia. Con la promulgación de la Constitución
de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, se ha considerado a las personas privadas
de libertad entre los grupos de atención prioritaria, consagrando especialmente el respeto a su
dignidad. Sin embargo, los estudios doctrinarios, la voluntad política y legislativa resultan
infructíferos cuando se observa que la realidad carcelaria, sobre todo en Ecuador, no ha
cambiado, pues la violencia física y psicológica, a lo interno de los centros penitenciarios, es
constante, la sobrepoblación, el hacinamiento, la violación sistemática de los derechos
humanos, la drogadicción, la desigualdad social, etc., son algunos de los problemas más
acentuados. La rehabilitación social, la reinserción y reeducación de las personas privadas de
libertad pierden sentido y son ineficaces en un entorno real que no ha cambiado.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1009.
DISCUSIÓN
En las cárceles de Ecuador, tres cosas ocurren: violación sistemática de los derechos humanos
de los presos, explotación del sistema carcelario y dependencia económica de los internos de
sus familias para sobrevivir en aislamiento.
En los últimos 15 años, el aumento de presos con poder dentro de los centros ha complicado el
control del manejo y ha obligado a las autoridades a negociar con ellos para solucionar
problemas y mantener el orden. La comunicación entre la autoridad competente y los presos se
lleva a cabo de manera informal y registrada, en lugar de usar sanciones y compensaciones
preestablecidas en las normas, para gestionar la relación en el ámbito carcelario.
Cabe aclarar la expresión “sapeo” que denomina el engaño o infamia entre imputados, se
profundizó a las conexiones entre el hacinamiento y el personal de las penitenciarías. La
trascendencia de esta praxis al panorama de la autoridad ocupa a que el mandato en la cárcel
es vinculante de un intercambio de beneficios gestionado por los empleados. En consecuencia,
un “un/a sopo/a” es arriesgado para los internos y las autoridades encargadas. En este
escenario, la persona que ingresa a una prisión debería obtener recursos para alcanzar a vivir.
En su mayoría, quien ayuda a un preso es la familia de este. Las tarifas mayormente son la
adquisición de una celda y el consumo de alimentos.
El sistema penitenciario en Ecuador es el ejemplo del fracaso gubernamental e institucional
contra la desigualdad y la violencia. Hasta ahora, se han observado en las cárceles evidencias
de muertes violentas, tráfico de drogas y la creación de nuevos carteles debido a una mala
administración y manejo.
Durante el período 2019-2021 estos hechos se han suscitado de una manera continua, ya sea
por la rebelión de los PPL hacia el gobierno o por los conflictos entre bandas delictivas para ver
quien lidera en la cárcel. El autor Arrias & Herráez nos dice que:
En el Ecuador hay 38 mil personas en las cárceles. El sistema que los acoge “se ha venido
deteriorando por años”, dice Daniela Oña, experta en derechos humanos y personas privadas de
libertad. Oña dice que la crisis carcelaria en Ecuador empezó alrededor del 2017 y se intensificó
en 2018 cuando Ecuador alcanzó un índice de hacinamiento del 36%, el más alto en los últimos
4 años. Según la Policía Nacional, en 2018 hubo 15 muertes violentas dentro de los centros de
rehabilitación social del país. En 2019, la cifra aumentó a 32 y en 2020, a 51. En 2019, la crisis
fue tan grave que el presidente Lenin Moreno decretó un estado de excepción en las cárceles
que se extendió por 90 días. A pesar de la medida, mientras el estado estaba vigente, 14
personas privadas de la libertad fallecieron en enfrentamientos entre bandas (Arrias & Herráez,
2020, p. 19).
En los últimos 15 meses, las cárceles del país latinoamericano han sufrido más de 300 muertes
como resultado de los amotinamientos más grandes ocurridos desde 2021, incluyendo un
ataque coordinado en tres prisiones que dejó 78 víctimas. Lasso atribuye los peores incidentes
al crimen organizado en el territorio nacional y su presencia permisiva en gobiernos anteriores,
durante su mandato.
Los presos con multas de tránsito o pensiones alimenticias son los más afectados, según
múltiples testimonios. Los levantamientos han resultado en el limitado acceso de los familiares
a información sobre sus seres queridos detenidos en centros de privación de la libertad. Las
redes sociales son el único medio para que la gente se entere de las circunstancias de vida y
seguridad de las PPL después de los motines y otros eventos violentos, lo cual ha sido criticado
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1010.
en varias ocasiones. El Estado no cumple su función de garantizar derechos y tiene poca
capacidad para resolver los problemas de violencia estructural. El autor Suárez expresa:
A lo largo de 2021, Ecuador vivió la peor crisis carcelaria de su historia. Durante los meses de
febrero, julio, septiembre y noviembre, se produjeron cuatro matanzas en diferentes recintos
carcelarios del país que terminaron con la vida de unos 250 presos, cometidas con una
brutalidad nunca vista. En febrero murieron 47 personas en motines simultáneos en tres
diferentes cárceles (ubicadas en las ciudades de Latacunga, Guayaquil y Cuenca). En julio, la
violencia interna cobró la vida de unas 27 personas en la penitenciaría de Guayaquil, lugar donde
también ocurrieron las matanzas de septiembre y noviembre, en las que murieron 112 y 62
personas privadas de la libertad respectivamente. Si el sistema carcelario del Ecuador fuera una
ciudad, sería, después de Guayaquil, la segunda urbe más violenta del país (Suárez, 2022, p 56).
Los Lagartos son una de las organizaciones criminales más representativas en Ecuador,
fundada por tres hermanos: Klever Isidro Poveda Salazar (alias metralla), Walter Humberto
Poveda Salazar (alias Caimán) y William Humberto Poveda Salazar (alias el Cubano). Estos
hombres comenzaron como traficantes de drogas en el sector sur de Guayaquil, pero después
perdieron sus vidas en enfrentamientos con otras bandas criminales. Tras la muerte de alias
metralla, Giovanni Francisco Mantilla Cevallos (alias gorra), junto con sus hermanos Ricardo
Iván Mantilla (alias Ricky) y Carlos Cristian Mantilla Cevallos (alias el Cholo), se unieron a la
organización delictiva.
Esta banda criminal controla el sur de Guayaquil y el tráfico de drogas en El Oro, Azuay, Guayas
y Los Ríos y parcialmente Santo Domingo. Las organizaciones delictivas compiten por controlar
la venta de drogas debido a su alta rentabilidad, ignorando las sanciones que se imponen a
quienes cometen delitos relacionados con la producción o tráfico de sustancias prohibidas.
Los Choneros son responsables de las muertes y enfrentamientos armados en febrero del 2021
en la prisión Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas No. 8. El objetivo era controlar el
tráfico de drogas y el ingreso de objetos prohibidos, y también secuestraron a varios policías
del GIR, UMO y UCP, CRSR-Z8 para perjudicar a William Poveda Salazar, apodado Cubano, que
estaba detenido allí. Se introdujeron dos armas en la prisión con la intención de usarlas para
apuntar a un líder de un grupo rival. La policía decomisó las armas, lo que provocó la muerte de
8 presos alineados con el grupo Choneros alrededor de las 6:00 am del 23 de febrero de 2021
en el pabellón de mediana seguridad de las organizaciones criminales conocidas como Los
Lagartos, Los Lobos y Los Choneros. El líder del grupo Choneros tomó represalias ordenando la
muerte de 12 presos alineados con Los Lobos en el pabellón de máxima seguridad alrededor de
las 8:00 am usando la horca como método de ejecución.
El principal problema en las cárceles, como lo demuestran los hechos pasados, es la lucha de
poder entre los grupos del crimen organizado, como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones,
Chone Killer y otros. Esto conduce a perturbaciones internas como peleas, disturbios,
asesinatos y otros actos violentos. Estos grupos planean constantemente nuevos
enfrentamientos y cuentan con el apoyo de personal externo y obedientes agentes de seguridad
penitenciaria que les brindan logística para sus armas y objetivos. Buscan lograr el liderazgo
exterminando a sus rivales e infundiendo miedo a la población carcelaria, particularmente en el
Distrito Penitenciario de la ciudad de Guayaquil y otros penales del Ecuador.
Propuesta
Que se creen políticas públicas que implementen “unidades técnicas especializadas para los
centros penitenciarios, donde se encarguen de las condiciones para la protección de la
integridad física y psíquica, congruente con el acceso a los derechos fundamentales de las PPL
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1011.
que no pertenecen a organizaciones delictivas. Estas unidades, distribuidas en cada región de
Ecuador, generarán planes y acciones que permitan cumplir la condena, en los centros
carcelarios en Ecuador, y al acceso a los derechos del buen vivir para proteger el bien jurídico
de la vida de los reos.
Principalmente preverán el hacinamiento carcelario, ordenando crear centros penitenciarios con
mayor capacidad física para el confinamiento de los ppl, y que, progresivamente existan
diferentes centros de rehabilitación en cada cantón, para prevenir el hacinamiento en los
regímenes penitenciarios durante el cumplimiento de la pena, considerando que la finalidad de
la reclusión y prisión es garantista, dentro del modelo penal ecuatoriano.
Justificación de la propuesta
Quedado claramente demostrado, a largo de esta investigación, que las autoridades de los
centros penitenciarios no se apegan a los protocolos establecidos, que son: rehabilitación y
reinserción del infractor a la sociedad, y como consecuencia es que la persona que ha sido
privada de su libertad no cumple con su pena de manera justa.
Para todos los que cumplen su condena, el diagnóstico de su situación sobre su retorno a la
plena inclusión social como personas desfavorecidas es crucial. Este proceso comienza tan
pronto como el infractor es presentado después de cometer un delito, pero antes de recibir una
sentencia en firme.
El Estado debe responsabilizarse y trabajar de la mano con los directores de cada centro de
rehabilitación social, para determinar los factores que se deben tomar en cuenta para la
aplicación de una política pública penal, que asegure el pleno acceso al buen vivir de los ppl.
Cuando la persona cumple su condena y se reincorpora a la sociedad, el Estado debe trabajar
con ella para asegurar que sea rehabilitada adecuadamente. Sin embargo, cómo podía verse en
toda la investigación, la realidad es que en estos centros no hay suficientes programas para
lograr este objetivo, y como hay mucha sobrepoblación, es limitante el enfoque en estos
derechos.
Objetivos
Permitir el goce efectivo del buen vivir que debe garantizar el Estado a los ciudadanos privados
de libertad, con la implementación de una política pública penitenciaria.
Lograr prevenir el mal uso de las herramientas del sistema carcelario, por parte de las
organizaciones delictivas, que permiten la afectación a los derechos del buen vivir de los ppl.
Contribuciones de la propuesta.
Que los ciudadanos privados de libertad gocen el acceso al buen vivir por medio de planes
públicos para cumplir la rehabilitación social.
Que se cumpla la finalidad social de la pena privativa de libertad, al permitir su cumplimiento en
instalaciones idóneas que fomenten la futura reinserción en la sociedad.
Que se minimice el índice de muerte de los ppl en razón del entorno en donde cumplen su
condena.
Elementos relevantes de la propuesta
Antecedentes históricos.
Estadísticas de fuentes oficiales.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1012.
Estudio íntegro de la naturaleza jurídica de la normativa penitenciaria.
CONCLUSIONES
La política carcelaria y penitenciaria del Ecuador en la actualidad atraviesa momentos difíciles
reflejados en hacinamiento carcelario, falta de seguridad interna en los recintos, falta de
infraestructura, falta de desarrollo, planes y políticas de rehabilitación inadecuados, no sólo esto
sino también se evidencian Lesiones por conflicto de pandillas, tráfico de drogas, asesinato,
suicidio, hacinamiento, violación, intentos de fuga provocando así heridos e incluso la muerte
de algunos. A este punto resulta importante realizar una examinación de la realidad del sistema
de prisiones ecuatorianas.
Dentro del devenir diario que suscitan los individuos privados de la libertad se subrayan 3
peculiaridades de carácter negativo que son actualmente las principales cuestiones por los que
transita este colectivo: el avanzado estado de corrupción por el que cruza el sistema carcelario,
la constante vulneración a sus derechos humanos a través de la falta de recursos destinados a
la alimentación y salud, por mencionar usuales, así como la dependencia de los reos de sus
familiares ante la falta de estos recursos y por ende, para su supervivencia en el encierro.
En cuanto a la primera cuestión referente al elevado nivel de corrupción en el régimen
penitenciario se constata por la súbita ampliación sistemática en la población penitenciaria.
Ante las cifras estadísticas reunidas por el SNAI en el 2021, en una década el colectivo carcelario
se cuadruplicó promediando 40.000 reos entre 2019 y 2021, ante esta realidad la infraestructura
carcelaria empezó a evidenciar altibajos, bajo este primer criterio es que se funda parte de la
justificación del alto porcentaje de criminalidad complejo exteriorizado a través de mafias y
corrupción internamente.
En este punto es vital referirnos a la baja presupuestaria que se suscitó desde el 2017 en cuanto
a los centros carcelarios, esto ha impedido la consecución de los fines postulados por el
Sistema de Rehabilitación Social en cuanto a la asignación individualizada de los recursos para
los privados de su libertad.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1013.
REFERENCIAS
Andrade, M., & Jarrín, A. (2022). Castigo y exclusión en Ecuador desde la teoría criminológica
crítica. Revista de derecho, 181-201.
Arenas, L., & Cerezo, A. I. (2016). Realidad penitenciaria en Colombia: la necesidad de una nueva
política criminal. biblat.
Bermeo, P. (2019). La arbitrariedad normativa y práctica. UASB.
BERNAL, C., & FORERO, A. (2016). Introducción. Políticas criminales y modelos penitenciarios:
en búsqueda de una caracterización en La Cárcel Dispa. Crítica Penal y Poder, 17-32.
CELS. (2016). CELS. Obtenido de https://www.cels.org.ar/web/
Chévez, A., & Chonillo, C. (2022). Posibles causas de la crisis carcelaria en Guayaquil de
noviembre de 2021. UG.
CIDH. (2004). Caso 'Instituto de Recaudación del Menor' Vs Paraguay. Sentencia.
CIDH. (2008). Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas. OEA.
CIDH. (2022). Personas privadas de libertad en Ecuador. OEA.
Coyle, A. (2015). La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos.
International Centre for Prison Studies.
Directorio ILANUD. (2020). EL SISTEMA PENITENCIARIO ANTE LA ENCRUCIJADA PRODUCTO DE
LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19. ILANUD.
Fierro, M. (2015). Historia de las Prisiones y Sistemas Penitenciarios.
García, J. (2017). Manual teórico-práctico en materia constitucional, penal y civil: el recurso
extraordinario de revisión: La responsabilidad extracontractual del Estado por mal servicio
público en general y en lo judicial (contemplado en la CRE, LOGJCC, COFJ, COA, y CC). Andina
Ediciones.
González, C. (2021). Gerencialismo y sistema de justicia criminal. RIUMA.
Houtart, F. (2014). EL CONCEPTO DE SUMAK KAWSAY (BUEN VIVIR) Y SU CORRESPONDENCIA
CON EL BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD. UNAM.
INPE. (2018). Plataforma digital única del Estado Peruano. Obtenido de
https://www.gob.pe/inpe
Iturralde, C. (2022). Importancia de la participación en el diseño de políticas públicas de
rehabilitación social en Ecuador. Revista Economía y Política, 26-44.
Kant, I. (1785). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Espasa.
Lasluisa, D. (2021). POLÍTICA PÚBLICA PENITENCIARIA Y LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR.
UTA.
Lindblom, C. (1991). El proceso de elaboración de políticas públicas. INAP.
Luna, R. (2019). Desistimiento delincuencial y respuestas penales para consumidores de
drogas. UPF.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1014.
Mayer, N. (2020). Estrategias de gobierno carcelario en instituciones penitenciarias. SEDICI.
Medina, A. (2017). Los principios limitativos del ius puniendi y las alternativas a las penas
privativas de libertad. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 87-116.
Meneses, J., & Rodríguez, D. (2011). El cuestionario y la entrevista. UOC.
Mondragón, S., Guzmán, A., & Pérez, A. (2020). Regulación del tratamiento penitenciario y
carcelario en el marco de los derechos humanos. Revista Virtual Universidad Católica del Norte,
166-187.
Moreno, A. (2019). El delito como castigo: las cárceles colombianas. URVIO, 134-149.
NAVARRO, C. (2018). EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. RJUAM, 231-255.
OMS. (2019). PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN PRISIONES Y OTROS
LUGARES DE DETENCIÓN. OPS.
ONU. (1976). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ONU.
Palacios, G. (2016). Los derechos humanos como límites al sistema carcelario en Colombia.
Derecho y Realidad, 245-271.
Paredes, J., & Fasanando, E. (2021). La relación del requerimiento de beneficios penitenciarios
y la eficacia del informe del Órgano Técnico de Tratamiento de los internos del Establecimiento
Penitenciario de Tarapoto, 2018. USM.
PAVARINI, M. (2019). Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad en Ciudadanías
y Violencias. FLACSO.
Pedraza, R. (2015). Resocialización y dignidad humana en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano. Hipótesis Libre, 11-14.
Pino, E., & León, T. (2021). Crisis en las cárceles de Ecuador. (W. Ec, Entrevistador)
Plan V. (2021). Crisis carcelaria en Ecuador: ¿hay influencia de cárteles mexicanos? Plan V.
Ramírez, F. (2020). ANÁLISIS POLÍTICO CRIMINAL DEL DELITO DE PORTE Y TENENCIA DE
MUNICIONES (ART.9 INC. 2º DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS). UC.
Rojas, B., & Relica, J. (2022). Derecho Penal como instrumento para consolidar una Política
Criminal Racional. RECIMUNDO, 224-232.
Santa, F. (2016). REGÍMENES PENITENCIARIOS. Dialnet, 197-204.
SNAI. (2021). Estadísticas penitenciarias 2013-2020.
Sozzo, M. (2018). Populismo punitivo, proyecto normalizador y “prisión-depósito” en Argentina.
Revista Pensamiento Penal, 9-28.
Torres, A. (2019). Introducción al Derecho Teoría General del Derecho. Instituto pacífico.
Valls, R. (2015). El concepto de dignidad humana. Revista de Bioética y Derecho, 278-285.
Villanueva, M. (2017). Cuestionario y manual para la elaboración de proyectos de investigación
científica basados en compilaciones académicas: jurídicas, económicas y administrativas.
Compás.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2023, Volumen IV, Número 3 p 1015.
Potón, D. (2022). Las nuevas cárceles en Ecuador: un ecosistema para la reproducción del
crimen complejo. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 173-199.
Zepeda, B. (2017). El sistema fronterizo global en América Latina: un estado del arte. FLACSO.
Santillán, A. (2022). Drogas, tráfico y crimen organizado como detonante de actos violentos en
las cárceles del Ecuador. Universidad y Sociedad, 478-486.
Ortiz, W. (2023). EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO COMO BARRERA Y GARANTE DE
LA CORRUPCIÓN EN SUS CENTROS CARCELARIOS. Revista Metropolitana de Ciencias
Aplicadas, 68-76.
Vera, L. (2022). La responsabilidad del Estado ecuatoriano en las masacres carcelarias de 2021.
Universidad de los hemisferios.
Manrique, S. (2022). Control interno y la gestión pública, en el área de logística en la Oficina de
Infraestructura Penitenciaria. UCV.
Mendieta, M., & Serrano, M. (2023). El hábeas corpus como una alternativa jurídica a la crisis de
hacinamiento carcelario en el Ecuador. UA.
Dammert, L., & Zúñiga, L. (2017). Seguridad y Violencia: desafíos para la ciudadanía. Flacso.
Nuñovero, L. (2019). CÁRCELES EN AMÉRICA LATINA 2000-2018 TENDENCIAS Y DESAFÍOS.
PUCP.
Arrias, J., & Herráez, R. (2020). Interpretación del sistema carcelario ecuatoriano. Revista
Universidad y Sociedad, 16-20.
Suárez, J. (2022). Influencia del modelo de gestión administrativa en el hacinamiento en el
centro de privación de libertad de personas con conflicto con la ley penal No. 1 de varones de
Guayaquil. ULVR.
El Universo. (2021). El universo.
Kaleidos. (2021). Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador. UDLA.
Núñez, N. (2018). Incumplimiento del principio de rehabilitación social y su incidencia en las
personas privadas de la libertad ¿De victimarios a víctimas?. UASB.
InSight Crime. (2019). Ecuador: autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Rosero, J. (2020). Consumo de sustancias psicoactivas en cárceles en el Ecuador: entre factores
condicionantes y vulnerabilidad. UISEK.
Pires, A., Debuyst, C., & Digneffe, F. (2016). Elementos para una relectura de la teoría del delito
de Edwin Sutherland. Delito y Sociedad.
Asamblea Nacional. (2014). COIP. Registro oficial.
Pérez, C. (2022). Sobrepoblación y buena conducta: tensiones vinculadas al derecho a la
educación en las cárceles de Buenos Aires. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad,
93-110.
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .