LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 608.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1243
Análisis jurídico de la tenencia y porte de armas de uso
civil en el Ecuador y la protección del derecho
constitucional a la seguridad ciudadana
Legal analysis of the possession and carrying of civilian weapons in
Ecuador and the protection of the constitutional right to citizen
security
José Vásquez
jose.vasquez@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-5436-9871
Universidad Católica de Cuenca
Cuenca – Ecuador
Artículo recibido: 28 de septiembre de 2023. Aceptado para publicación: 13 de octubre de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
América Latina es considerada como una de las regiones más violentas a nivel mundial, sumado
a que se encuentra marcada por problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la
inseguridad; en este caso Ecuador no se encuentra alejado de esta realidad, ya que en los últimos
años se ha visto marcado por un grave incremento en la inseguridad, razón por la cual, el gobierno
ecuatoriano ha optado por decretar la autorización para la tenencia y porte de armas previo
cumplimiento de ciertos requisitos de ley. Esta medida ha generado varios planteamientos sobre
su efectividad en la disminución de la inseguridad y aporte en la protección del derecho a la
seguridad ciudadana. Por estas situaciones, la presente investigación tiene por objetivo analizar
el impacto jurídico de la tenencia y porte de armas de uso civil en el Ecuador para la protección
del derecho constitucional a la seguridad ciudadana. Se aplicó un estudio con alcance descriptivo
de tipo no experimental a través de la búsqueda, análisis e interpretación de literatura relacionado
con la temática estudiada publicada en las diferentes fuentes de información. En el contexto
ecuatoriano, se deberán aplicar medidas alternativas y estrictas para la regulación, control y
supervisión para la tenencia y porte de armas, así como también se deberán observar los factores
sociales que agudizan la proliferación de la criminalidad y que constituyen una barrera para la
protección del derecho a vivir libres de violencia.
Palabras clave: inseguridad, seguridad ciudadana, tenencia de armas, porte de armas,
políticas públicas
Abstract
Latin America is considered one of the most violent regions in the world, in addition to being
marked by social problems such as poverty, inequality and insecurity; in this case Ecuador is not
far from this reality, since in recent years it has been marked by a serious increase in insecurity,
which is why the Ecuadorian government has chosen to decree authorization for the possession
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and carrying of weapons subject to compliance with certain legal requirements. This measure
has generated several approaches on its effectiveness in reducing insecurity and contributing to
the protection of the right to citizen security. Due to these situations, the present research aims
to analyze the legal impact of the possession and carrying of civilian weapons in Ecuador for the
protection of the constitutional right to citizen security. A study with a descriptive scope of a non-
experimental type was applied through the search, analysis and interpretation of literature related
to the studied topic published in the different information sources. In the Ecuadorian context,
alternative and strict measures should be applied for the regulation, control and supervision of
the possession and carrying of weapons, as well as the social factors that exacerbate the
proliferation of crime and that constitute a barrier to the protection of the right to live free of
violence.
Keywords: insecurity, citizen security, gun ownership, carrying of weapons, public policies
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Como citar: Vásquez, J. (2023). Análisis jurídico de la tenencia y porte de armas de uso civil en
el Ecuador y la protección del derecho constitucional a la seguridad ciudadana. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(4), 608–620.
https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1243
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INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que
todas las personas como miembros de la sociedad tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
social, con el apoyo local y la colaboración internacional, a fin de salvaguardar los derechos
económicos, sociales y culturales (Naciones Unidas, 2015); sobre estos términos, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2009) coincide en que las bases de las atribuciones y
obligaciones de tiene cada Estado en referencia a la garantía y protección de derechos humanos se
encuentran insertas en un plexo normativo, las cuales tienen por objeto prevenir y controlar que no
sean transgredidas por conductas delictivas o violentas (p. 7).
Pese a la existencia de normas jurídicas internacionales que salvaguardan los derechos humanos, se
ha observado que la región latinoamericana está marcada por alarmantes problemas sociales como la
pobreza, la desigualdad y la inseguridad, lo cual deviene en el incremento abismal de los índices
criminales o delictivos en comparación con otras regiones del mundo, aspectos que se presentan por
las débiles políticas públicas de seguridad ciudadana y principalmente asociado a un tema cultural, es
por ello que, será fundamental generar postulados jurídicos positivos que orienten a una convivencia
sana; sin embargo, en la actualidad lo que se puede percibir es que a pesar de que se han aunado
esfuerzos para cambiar la realidad mediante la compilación de preceptos jurídicos, aún se evidencia
un aumento acelerado en las tasas de criminalidad (García Perilla & Devia Garzón, 2018).
En los últimos años en el Ecuador se ha presenciado un gran incremento en la pobreza, la desigualdad
y el desempleo, lo cual ha desencadenado en una creciente transgresión a la seguridad de los
ciudadanos; esta aseveración se realiza con base en un análisis correlacional en donde se identificó
que existe una relación directa y firme entre la pobreza y la criminalidad, dicho en otras palabras, entre
más aumenta la pobreza más aumentarán los crímenes. Para garantizar los derechos humanos, se han
emitido distintas políticas públicas que tratan de aplacar la coyuntura que está atravesando el país, sin
embargo, no se ha logrado una efectividad en su cumplimiento, observando una vulgarización y
deterioro de la seguridad ciudadana, lo cual altera la legitimidad del poder político por parte de la
población (Ortega & Pino, 2021).
Una de las medidas urgentes que el gobierno ecuatoriano ha implementado para enfrentar la grave
inseguridad que se vive en el Ecuador, es la autorización de la tenencia y porte de armas de uso civil
para defensa personal previo el cumplimiento de los requisitos de ley, lo cual ha generado grandes
debates por las implicaciones jurídicas y sociales de esta decisión, dejando una gran interrogante
acerca de su eficacia en la disminución de la inseguridad, o en su defecto, propiciar mayores problemas
sociales, inobservancias en las garantías de los derechos humanos, complejidad en los procesos
judiciales y hacinamientos (Presidencia de la República del Ecuador, 2023). Se enfatiza que, la
delincuencia y la posesión ilegal de armas constituyen problemas inminentes a nivel internacional,
regional y local, generado por una serie de factores que agravan este escenario, sobre todo, por la falta
de un adecuado control que frene la facilidad con que las personas civiles tienen acceso a las armas
de fuego a través de varios medios ilegales.
Bajo estos preceptos resulta importante decir que, la inseguridad en el país se ha tornado incontrolable
a nivel nacional por diversos factores internos y externos ocasionando que los derechos a la vida y a
la seguridad ciudadana se vean amenazados, es por ello que, a partir de este escenario, la problemática
de la presente investigación se enfoca en: ¿En qué medida la tenencia y porte de armas de uso civil en
el Ecuador garantiza el derecho constitucional a la seguridad ciudadana?, por consiguiente, este
estudio tiene como objetivo analizar el impacto jurídico de la tenencia y porte de armas de uso civil en
el Ecuador para la protección del derecho constitucional a la seguridad ciudadana, con la aplicación de
una investigación bibliográfica, a fin de proponer medidas que garanticen el derecho de los ciudadanos
a vivir libres de violencia.
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METODOLOGÍA
La presente investigación, tuvo un enfoque cualitativo, mediante el reconocimiento de distintas
situaciones para la obtención de evidencias de las posibles perspectivas de las variables analizadas,
con el fin de que el investigador sea capaz de conocer y analizar las situaciones críticamente, mediante
el uso de herramientas, métodos y técnicas para conseguir los objetivos planteados. Es fundamental
que, para el desarrollo de una investigación cualitativa, se valore su escenario lo cual permitirá obtener
mayor riqueza y variedad en los datos obtenidos (Piza Burgos et al., 2019). También cabe señalar que,
la presente investigación tuvo un alcance descriptivo, por cuanto se buscó precisar las características
importantes de los fenómenos que se someten al respectivo análisis, a través de la medición y
recopilación de la información que aporte en la descripción de las tendencias de las variables
(Hernández Sampieri et al., 2014).
Se aplicó la investigación bibliográfica mediante la compilación de literatura clave relacionada con la
doctrina de los preceptos constitucionales fundamentales que hacen alusión al amparo, respeto y
aseguramiento de los derechos humanos de los ciudadanos a la seguridad ciudadana y acerca de la
tenencia y porte de armas de fuego de uso civil en el Ecuador. Para la recopilación de la información
relevante se efectuó siguiendo el siguiente proceso: búsqueda de información, recopilación de la
bibliografía, determinación de fuentes útiles, análisis y selección de la bibliografía y análisis de artículos
que contienen las palabras clave buscadas. Además, para la revisión de la literatura clave se aplicaron
los siguientes criterios: a) artículos, documentos, libros, papers publicados entre el año 2019 a 2023;
b) documentos emitidos en años anteriores al 2019 que aporten con información y normativa al tema
de estudio; c) artículos publicados en revistas científicas acreditadas que incluyan argumentos
jurídicos y sociales.
Para la búsqueda de la literatura, se aplicó una revisión bibliográfica, método que permitió buscar,
identificar y examinar de forma crítica el material publicado en las diferentes fuentes de información
relacionado con las variables estudiadas; para empezar, se realizó la búsqueda de documentos
académicos-científicos en fuentes diversas como Google Académico, Dialnet, Redalyc y Scopus,
mediante el uso de palabras clave o descriptores a fin de facilitar la búsqueda y depuración de la base
de datos de cada fuente.
Durante el proceso de revisión, se encontró información variada y extensa, sin embargo, es importante
destacar que, no todos los documentos incluían datos que agreguen valor a este estudio; Así, de una
colección inicial de 80 documentos, se evaluaron y seleccionaron 45 artículos, teniendo en cuenta
criterios como año y tipo de publicación, contexto discutido, tema estudiado, metodología utilizada y
resultados obtenidos.
A continuación, se llevó a cabo un nuevo perfeccionamiento de los documentos, centrándose en las
investigaciones realizadas por profesionales del derecho sobre los temas en cuestión, lo que llevó a la
selección de 20 investigaciones relevantes. Finalmente, se examinaron documentos que contienen
descriptores de búsqueda relacionados con la tenencia y portación de armas, la seguridad ciudadana
y los derechos constitucionales, culminando con la identificación de 15 artículos que contienen
información relevante y argumentos jurídicos sobre la tenencia y portación de armas con fines civiles.
Durante la indagación en los buscadores, se encontró una gran cantidad de información por lo que se
optó por el uso de palabras clave o descriptores a fin de realizar una adecuada depuración de los
documentos encontrados, así mismo, un aspecto que sobresalió durante el proceso de investigación
fue el acceso que se tuvo a la información, ya que en ciertos casos se presentaron restricciones a la
información o se requería un pago previo. A fin de cumplir con el objetivo planteado, para el análisis de
los documentos se consideró el aporte para este estudio, enfoque jurídico, autores, actualización de
los datos, autenticidad, idioma y accesibilidad, sumado a que, como estrategia se aplicó la búsqueda
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de la bibliografía incluida en la parte final de los artículos identificados, permitiendo ampliar los
recursos de información manejados.
Se debe destacar que, se eliminaron aquellas publicaciones que no estaban relacionadas con las
variables estudiadas, textos sin autores, estudios con acceso restringido, artículos duplicados, en sí,
investigaciones que no agregan valor al objeto de estudio; así como también, se aplicó un proceso de
revisión bibliográfica de forma sistemática, consiguiendo la presentación de información válida sobre
la temática planteada.
RESULTADOS
Luego de la búsqueda, selección y revisión de la bibliografía consultada durante la presente
investigación, relacionada con la tenencia y porte de armas de uso civil en el Ecuador para la protección
del derecho constitucional a la seguridad ciudadana, se obtuvo información clave sobre las variables
estudiadas que aportan de forma significativa a su objetivo, sobre esa base, a continuación, se resumen
los principales resultados incluidos en la bibliografía analizada y que aportan al conocimiento de la
temática planteada.
Ordenamiento jurídico sobre la tenencia y porte de armas de uso civil
Desde los años 80 en la legislación ecuatoriana está admitido el porte de armas en Ecuador, siendo
suspendido en el año 2009, no así la tenencia de armas previo el cumplimiento de los requisitos legales
(BBC News Mundo, 2023), para empezar el análisis es determinando, diferenciar los términos de
tenencia de armas y porte de armas de uso civil.
En el campo jurídico, la tenencia hace referencia a la posesión sin título o documento de un
determinado bien, estableciendo que para que sea legal debe estar autorizado por el órgano
correspondiente, en este sentido, para la tenencia de armas de fuego le compete entregar el respectivo
documento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador; por el contrario, el
término porte está relacionado con la acción de trasladar o transportar algún objeto. Bajo estos
preceptos, la diferencia entre la tenencia y porte de un arma radica en la posesión del dueño legítimo
en un determinado lugar (domicilio o trabajo), la cual puede ser transportada con el respectivo permiso
(López Monserrate & Villacreses García, 2017).
Con base en la legislación ecuatoriana, las armas de fuego de uso civil son aquellas que pueden tener
o portar los ciudadanos con autorización de la autoridad competente utilizadas para defensa personal,
uso deportivo, colección y seguridad privada. En la clasificación de las armas de fuego de defensa
persona se incluyen: pistolas hasta el calibre 9mm, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas
del calibre 10 al 410 o sus equivalentes y, otras armas autorizadas por el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas (Consejo Supremo de Gobierno del Ecuador, 1980).
En el Ecuador se han emitido instrumentos jurídicos referente a la regularización de la tenencia y porte
de armas de uso civil, así como también la tipificación de los delitos que se puedan incurrir en esta
materia. Por un lado, en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, define a la tenencia como
el derecho a la propiedad legal de un arma en un determinado espacio, previa autorización del
organismo pertinente, caso contrario, la persona que tenga un arma de manera ilegal será sancionada
con pena privativa de libertad de seis meses a un año; en cambio, el porte de armas consiste en llevar
consigo el arma de forma permanente con la correspondiente autorización, en el caso de
incumplimiento la persona será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Asimismo, en el mismo cuerpo legal en los casos de fabrican, adquisición, comercialización o
transporte de armas de fuego, sus piezas, municiones, explosivos o accesorios sin el respectivo
permiso, se sancionará con pena privativa de libertad de tres a cinco años (Código Orgánico Integral
Penal, COIP, 2014).
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También, en esta materia se encuentra la Ley de fabricación, importación, exportación,
comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios y su Reglamento, que
regula los procesos de producción, comercialización, tenencia y porte de armas de conformidad con
las necesidades de las personas naturales o jurídicas, en paralelo, determina las entidades
competentes para la regulación de este marco normativo, particularmente, en el caso de armas de uso
civil, se podrán adquirir previa la autorización del Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto, de
acuerdo con el informe del Jefe del IV Departamento de esta institución (Consejo Supremo de Gobierno
del Ecuador, 1980).
El Ministerio de Defensa Nacional “MDN” y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, definieron
los requerimientos para la obtención del permiso para la tenencia y porte de armas, los cuales son
adaptados de acuerdo con las necesidades y demandas (Misión Permanente de Ecuador ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 2015), entre los principales requisitos se encuentran:
Documento de evaluación psicológica emitido por el Ministerio de Salud; Certificado de competencia
en el manejo y uso de armas expedido por el “MDN”; Falta de condenas firmes por la comisión de un
delito; No hay incidentes pasados de violencia contra mujeres o familiares., entre otros (Presidencia de
la República del Ecuador, 2023), los permisos otorgados tendrán una validez de dos años por el porte
de armas y cinco años en el caso de tenencia de armas de fuego.
Derecho constitucional a la seguridad ciudadana
Dentro del derecho internacional existen diversos cuerpos legales que determinan los derechos
humanos que protegen a los seres humanos, las relaciones que tienen entre sí, con el Estado y
viceversa, y en el caso de inobservancia se podría establecer responsabilidades por la acción u omisión,
es por ello que, los derechos humanos se caracterizan por ser innatos, universales, absolutos,
inalienables, imprescriptibles, indivisibles, progresivos, exigibles e inviolables; asimismo, uno de los
tipos de derechos humanos se encuentran los derechos civiles y políticos, los cuales se enfocan en la
protección de la libertad, seguridad e integridad física del ser humano, incluido el derecho a un juicio
justo (Ministerio del Interior & Dirección de Protección de Derechos, 2012).
En el derecho ecuatoriano inicialmente se encuentra la Constitución de la República del Ecuador
emitida en el 2008, que instaura a la construcción de un estado que respeta, en todos sus aspectos, el
valor de las personas y de la sociedad en general; puntualmente en lo que se refiere a seguridad, en
este cuerpo normativo se decreta que se buscará garantizar el derecho a la integridad personal y una
vida libre de violencia, así como también se protegerá la seguridad humana mediante la generación de
políticas públicas y acciones integradas, a fin de que se promueva una convivencia pacífica, cultura de
paz y prevenir cualquier forma de violencia que den origen a la vulneración de los derechos y la
tipificación de algún delito (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).
Agregando a lo anterior, de acuerdo con Pazmay Pazmay (2021), el Estado deberá garantizar un
ambiente de paz, libertad y seguridad de las personas, a través de creación o modificación del marco
normativo, lineamientos o estrategias que protejan la seguridad ciudadana y puedan dotarse de
preceptos jurídicos para enfrentarse a las amenazas existentes (p. 34). Para la protección del derecho
a vivir libre de violencia, los organismos que deberán involucrarse activamente son: el Ministerio de
Defensa, la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de cada localidad, empero, el ciudadano también deberá participar exigiendo la
garantía de sus derechos en materia una seguridad ciudadana (p. 34).
La seguridad de la ciudadanía está desagregada del sistema punitivo, por cuanto encontramos un
incremento de los problemas de inseguridad en el país, pues existen delitos de mayor implicación
social que no son sancionados por el sistema judicial como corresponde, añadiendo un factor al
problema de inseguridad, es por ello que Pontón & Santillán (2008) manifiestan que estas dificultades
son de carácter estructural, que conminan una reestructuración total de las instituciones que
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constituyen el sector de la justicia, con la implicación de una participación proactiva que permita
cambiar la óptica policial de la seguridad ciudadana, sustentado en la transformación de las políticas
de intervención como en la opinión de la colectividad (p. 24).
Por lo antes planteado, se sostiene que la seguridad ciudadana es un tema complejo que va mucho
más allá de la lucha contra los delitos y la inobservancia del derecho a vivir libre de violencia, este
aspecto ocasiona que este factor deba ser analizado a través de dos aristas como es la delincuencia
real y la percepción de las personas sobre seguridad. Es por ello que, se deberán evaluar las políticas
públicas aplicadas a fin de hacer posible que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos,
específicamente para que puedan desenvolverse en un ambiente de paz (Sánchez-Vélez et al., 2020).
Es necesario aclarar que, la seguridad ciudadana abarca mucho más que la seguridad pública
encargada de la prevención de los delitos, las cuales son parte de la seguridad integral la cual considera
elementos de riesgo más amplios para un pueblo, tales como, delincuencia, desastres naturales,
violencia intrafamiliar, etc., es por ello que, en el gráfico 1 se presente la articulación de los diferentes
ámbitos de la seguridad integral.
Figura 1
Articulación de la seguridad integral
Nota: El gráfico resume la articulación de los diferentes espectros que atañan a la seguridad integral.
Fuente: Tomado de la publicación realizada por la Misión Permanente de Ecuador ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra (2015), p. 4.
Bajo este contexto, se observa que como eje principal se encuentra la seguridad integral y de ello se
desprenden la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos, razón por la cual, el Estado
debería constituirse como el instrumento que busque garantizar la justicia y la seguridad. No obstante,
en la actualidad se ha perdido la confianza en la gobernanza pública por los graves problemas de
inseguridad que se han presentado en el país, esta situación se puede observar claramente en las
escasas denuncias de las víctimas de inseguridad. El Estado debe tener presente que una de sus
competencias se enfoca en la defensa nacional, protección interna y el orden público, a fin de prevenir
cualquier forma de violencia, y por ende el logro de la protección de los derechos humanos universales
(Consejo Nacional de Planificación, 2021).
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Tenencia y porte de armas de fuego de uso civil en América Latina
América Latina, una región que se encuentra marcada por problemas sociales como la pobreza, la
desigualdad y la inseguridad, la mirada hacia la tenencia y porte de armas de uso civil resultaría una
amenaza al derecho fundamental a vivir en paz, razón por la cual, Sanjurjo-García (2021), hace un
repaso de los escenarios que se presentan en esta región con la tenencia y porte de armas de fuego,
las mismas que se resumen en la tabla 1.
Tabla 1
Medidas adoptadas por los países de América Latina para la posesión de armas de fuego
País
Derecho a
poseer armas
de fuego
Licencias de usuario y registros
Justificación de la
posesión
Estados
Unidos *
Sí En ciertos Estados; porte oculto permitido
en la mayoría de los estados
No
Argentina No Sí (5 años de validez); porte permiso
especial
No
Bolivia No Sí (3 años de validez); porte de un arma
para defensa personal
Sí
Brasil No Sí (3 años de validez); porte prohibido Sí
Chile No Sí (5 años de validez); porte oculto con
permiso especial (no suele otorgarse)
Sí
Colombia No Sí (10 años de validez); porte hasta 2
armas con permiso especial
Sí
Costa Rica No Sí; porte oculto requiere permiso especial
(1 año de validez)
No
Cuba No Sí (10 años de validez); porte requiere
autorización
Sí
Ecuador No Sí (5 años de validez); porte con
autorización (2 años). Decretado el 1 de
abril de 2023.
Sí
El Salvador No Sí (5 años de validez); porte requiere
permiso especial
No
Guatemala Sí, limitado por
las leyes
Sí (2 años de validez); porte oculto hasta
3 armas con permiso especial
No
Haití Sí, limitado por
las leyes
Sí; porte requiere permiso especial (1 año
de validez)
Sin especificación
Honduras Sí, limitado por
las leyes
Sí (4 años de validez); porte oculto es un
derecho constitucional, pero requiere un
permiso especial
No
Jamaica No Sí (4-5 años de validez); porte requiere
permiso especial
Sí
México Sí, limitado por
las leyes
Sí; porte requiere permiso especial Sin especificación
Panamá No Sí (10 años de validez); porte oculto de
hasta 2 armas mediante licencia especial
Sí
Paraguay No Sí (3 años de validez); porte oculto de
hasta 2 armas mediante licencia especial
Sí
Perú No Sí (3 años de validez); porte oculto
permitido.
Sí
República
Dominicana
Sí, limitado por
las leyes
Sí (1 año de validez); porte oculto de
hasta 2 armas mediante licencia especial
Sí
Uruguay No Sí (3 años de validez); porte oculto de un
arma con permiso especial
Sí
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Venezuela No Sí (3 años de validez); porte requiere
permiso especial.
Sí
Nota: * Estados Unidos no forma parte de la región latinoamericana, no obstante, es incluido como un
punto de comparación.
Fuente: Tomado de la publicación de Sanjurjo-García (2021).
Como se observa, los países latinoamericanos en cuanto a la tenencia y porte de armas de fuego
demuestran una similitud en las políticas para la entrega de las autorizaciones y el control respectivo,
observando que se mantienen sistemas con procesos largos, costosos y burocráticos para el acceso
legal a las armas de fuego, esta situación obedece a que la región atraviesa por una crisis en la
seguridad pública, constituyéndose en un riesgo relevante en la protección del derecho a la seguridad
ciudadana, por lo que, para responder a esta necesidad se opta por la adquisición de un arma de fuego
(Sanjurjo-García, 2021); a pesar de las medidas estrictas, se ha observado un mayor índice de
homicidios violentos, femicidios y extorsión, producto del tráfico ilícito de armas de fuego. En fin, no
existen evidencias de que el aumento del número de armas ayude a reducir la violencia, sino en su lugar
ha representado un incremento de delitos, por lo tanto, se deberán aunar esfuerzos de las autoridades,
organizaciones y sociedad civil en general (Urrutia, 2022).
Tenencia y porte de armas de uso civil en el Ecuador
Actualmente, la realidad del Ecuador referente a la tenencia y porte de armas de uso civil en el Ecuador
es preocupante, ya que se ha presentado un aumento importante en los índices de criminalidad,
ocasionando que la población tenga una sensación de inseguridad, aspecto que fue determinante para
que el gobierno decrete la autorización para la tenencia y porte de armas de fuego de uso civil con la
debida autorización, sin embargo, existen varios factores que no han sido considerados para esta
decisión, tales como, la facilidad para obtener armas de fuego de forma ilegal, falta de control de la
tenencia y porte de armas y factores sociales del país, originando que se prolifere la violencia en la
población (Calvopiña-Llambo et al., 2023).
Esta medida ha generado un sinnúmero de deliberaciones por parte de la sociedad en general sobre el
impacto que podría tener en la realidad que está viviendo en el Ecuador, no obstante, para los
profesionales del derecho consideran que, la ciudadanía debe comprender que, el uso de las armas de
fuego para legítima defensa origina procesos legales hasta que se establezca exima la
responsabilidad; por ordenamiento jurídico, la persona que dispara un arma será detenido en
flagrancia, para el correspondiente proceso de indagación, de ello se desprende, que disponer de la
autorización para la tenencia y porte de armas, no libera a la persona que sea procesado o a su vez
terminar dentro de una investigación penal (Diario el Mercurio, 2023). Frente a estas situaciones, los
jueces deberán analizar cada caso, realizar una interpretación global y determinar si efectivamente se
cumplieron los criterios de la legítima defensa; a esto se añade, que otra de las consecuencias
negativas que podría generar la tenencia y porte de armas de uso civil es que, por la crisis que sufre el
sistema penitenciario, ocasione un incremento en los índices de hacinamiento en las cárceles
ecuatorianas (Ramírez, 2023).
Para varios expertos penalistas, establecen que el porte de armas no es una solución para la
inseguridad que se está presentando en el Ecuador teniendo como posible consecuencia el incremento
de los indicadores de violencia, así como también, señalan que el Estado es el encargado de garantizar
el derecho a la seguridad, a través de sus autoridades. Por tal razón, será indispensable que la entrega
de los permisos para la tenencia y porte de armas se efectúe cuidadosamente a fin de asegurar que
las instituciones no sean focos de actos de corrupción y que se otorguen autorizaciones a personas
sin criterio ni responsabilidad (Diario el Mercurio, 2023).
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Partiendo de esta situación, se deberán aplicar lineamientos que permitan regular y supervisar la
tenencia y porte de armas de fuego, a fin de evitar que esta política constituya una potencial amenaza
a la seguridad ciudadana, por lo que, para apoyar la materialización de la tenencia y porte armas de
fuego de uso civil se deberán desarrollar procedimientos claros y estrictos que garanticen su adecuado
funcionamiento, tal como se describe en la tabla 2.
Tabla 2
Procedimientos de control para la tenencia y porte de armas
Proceso Descripción
Verificar los antecedentes de los
solicitantes
Garantizar que las personas que deseen poseer armas
de fuego de uso civil no tengan antecedentes penales o
de violencia, a fin de prevenir que se entreguen armas a
personas que no correspondan.
Capacitación Obligación a recibir capacitaciones previo a la
obtención de las licencias, que permita concientizar
sobre el manejo adecuado de las armas de fuego y
reducir el riesgo de usos indebidos.
Limitación en los tipos de armas Prohibir cierto tipo de armas de fuego a las personas en
el contexto civil.
Supervisión periódica Aplicar revisiones periódicas a las empresas
autorizadas para la venta y transferencia de armas de
fuego, para minimizar el riesgo del tráfico ilegal.
Sanciones estrictas por el manejo ilegal Multas, sanciones estrictas y encarcelamiento por la
tenencia, porte, venta y transferencia ilegal de armas de
fuego.
Cumplimiento de la ley relacionada Las instituciones competentes deben contar con los
recursos y formación necesaria enfocado en el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sobre las
armas de fuego.
Control de los proveedores de seguridad
privada
Controlar que los proveedores de seguridad estén
sujetos a los mismos estándares del resto de
entidades.
Normativa clara Regularizar aspectos como, el porte de armas en
espacios públicos, cantidad de armas por persona y por
familia y un manejo jurídico más diligente en los casos
relacionados con el uso de armas de fuego en legítima
defensa.
Informes de delitos relacionados Ayudar a identificar información que apoye en el
desarrollo de políticas efectivas sobre el uso de armas
en el Ecuador.
Nota: Adaptado de Arias-Ulloa & Paredes-Fuertes (2023).
Para la emisión de la licencia de la tenencia y porte de armas se deberá aplicar procesos de selección
y emisión de licencias a través de la presentación estricta de los requisitos de ley, por lo que, el Estado
deberá aplicar un control efectivo y eficaz de las armas en circulación, a fin de evitar que surjan nuevos
problemas sociales por la implementación de esta medida (Arias-Ulloa & Paredes-Fuertes, 2023). De
acuerdo con lo enfatizado por Ramírez (2023), la autorización de la tenencia y porte de armas de uso
civil no soluciona la inseguridad que se está presentando en el país, pues no existe evidencia
contundente que demuestre este planteamiento, por lo contrario, podría provocar un aumento de la
delincuencia, violencia y crímenes.
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 618.
DISCUSIÓN
En el Ecuador existen problemas sociales complejos que necesitan de la aplicación de medidas
efectivas y eficaces, uno de ellos, es la crisis de seguridad que se ha venido presentando con mayor
fuerza en los últimos años, generando un incremento en la criminalidad, por esta razón, el gobierno
ecuatoriano ha decretado que se autorice la tenencia y porte de armas de fuego de uso civil previa la
presentación de varios requisitos de ley para la obtención del permiso correspondiente, a fin de
asegurar que el acceso sea específicamente para personas que se encuentren preparadas.
Este decreto ha generado varios debates sobre su efectividad en la disminución de la inseguridad, pues,
existen algunos criterios que consideran que podría ser una medida que aporte en la seguridad
ciudadana, sin embargo, para otros profesionales del derecho, consideran que es una decisión
acelerada por los factores sociales, como la pobreza, debilidades en el sistema de justicia, corrupción,
desigualdad, entre otros, por lo que sería probable que en lugar de ayudar a garantizar el derecho a vivir
libres de violencia, podría incrementar los niveles de inseguridad y transgresión de otros derechos
fundamentales. Además, es importante enfatizar que el uso de las armas de fuego para la legítima
defensa conduce a procesos legales hasta que se cumpla el proceso de investigación, en otras
palabras, la licencia para la tenencia y porte de armas no exime de que la persona sea procesada o que
se inicie una investigación penal.
Con base en las políticas que rigen a nivel de los países latinoamericanos, se observa que existe una
similitud en las acciones y restricciones interpuestas para el control de la tenencia y porte de armas de
fuego, en su mayoría se plantean restricciones y sistemas estrictos para el acceso a las armas de
fuego, aspectos que se producen por la crisis de seguridad pública que enfrenta la región, no obstante,
no hay evidencia de que las políticas públicas permitan prevenir las muertes, por lo que se deberán
generar nuevas investigaciones para determinar mayores resultados sobre esta temática.
Para la tenencia y porte de armas de fuego se deberá aplicar un proceso estricto que regule, controle
y supervise su manejo, a fin de que sea visualizado como una herramienta para promover la seguridad
social, a través de la aplicación de leyes que garanticen el derecho a vivir libres de violencia que
devuelvan la confianza en los ciudadanos.
Considerando los factores sociales, económicos y culturales que se presentan en el entorno
ecuatoriano, sería fundamental que se efectúe un análisis más profundo sobre las medidas que se
deben aplicar para enfrentar la crisis de seguridad en el país, es por ello que, en el presente análisis se
plantean las siguientes alternativas: a) derogación del Decreto Ejecutivo No. 707, que autoriza el porte
de armas de fuego de uso civil previo el cumplimiento de los requisitos de ley; b) emisión de normativa
más estricta sobre la tenencia y porte de armas de fuego; c) mejoramiento de los sistemas de
supervisión y control de las armas de fuego; y, d) formación y capacitación sobre este tema a los
profesionales del sistema de justicia.
Es importante enfatizar que, las medidas señaladas en el párrafo anterior son un complemento para el
cambio integral que se busca en el país, por cuanto, se deberán afrontar exhaustivamente los
problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la corrupción, causantes de la
crisis general que sufre nuestra nación.
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 619.
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