LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 1078.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1285
Las acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad
Afirmative actions in favor of the persons with disabilities
Johan Leonardo Medina Constante
jmedina17@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-5363-4247
Estudiante de la Universidad Indoamérica
Ambato – Ecuador
Ana Cristina Pachano Zurita
anapachano@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-0677-7593
Docente de la Universidad Indoamérica
Ambato – Ecuador
Artículo recibido: 11 de octubre de 2023. Aceptado para publicación: 26 de octubre de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Las acciones afirmativas aplicadas a las personas con discapacidad, encuentran su relevancia en el
ámbito de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo general es analizar cómo estas
medidas buscan corregir desigualdades y promover la igualdad de oportunidades para este grupo de
la población históricamente marginado. Para alcanzar dicho objetivo, se ha aplicado un enfoque
metodológico cualitativo que incluye métodos como analíticos – sintéticos, históricos – lógicos. El
problema abordado se centra en la discriminación y desigualdad estructural que enfrentan las
personas con discapacidad en la sociedad. A través de esta investigación, se destaca la importancia
de promover la inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida social, respaldando la necesidad de adoptar acciones afirmativas como respuesta
a estas desigualdades y en cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.
Palabras clave: acciones afirmativas, igualdad de oportunidades, derechos humanos,
inclusión, personas con discapacidad
Abstract
Affirmative actions applied to people with disabilities, addressing their relevance in the field of human
and constitutional rights. The general objective is to analyze how these measures seek to correct
inequalities and promote equal opportunities for this historically marginalized population group. To
achieve this objective, a qualitative methodological approach has been applied that includes methods
such as analytical - synthetic, historical - logical. The problem addressed focuses on the discrimination
and structural inequality faced by people with disabilities in society. Through this research, the
importance of promoting the inclusion and full participation of people with disabilities in all areas of
social life is highlighted, supporting the need to adopt affirmative actions in response to these
inequalities and in compliance with the principles of equality and non-discrimination.
Keywords: affirmative actions, equal opportunities, human rights, inclusion, people with
disabilities
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 1079.
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Como citar: Medina Constante, J. L. & Pachano Zurita, A. C. Las acciones afirmativas hacia las
personas con discapacidad. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(4),
1078–1090. https://doi.org/10.56712/latam.v4i4.1285
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 1080.
INTRODUCCIÓN
Las personas con discapacidad han sido históricamente relegadas y excluidas de diversos aspectos
de la vida en sociedad, enfrentando barreras y desafíos que obstaculizan su plena participación y
ejercicio de sus derechos fundamentales. En respuesta a esta realidad, las acciones afirmativas han
surgido como un enfoque prometedor para abordar y superar las desigualdades sistemáticas que
afectan a este colectivo. Estas medidas buscan promover la inclusión y la equidad, garantizando
oportunidades igualitarias para las personas con discapacidad.
Es importante comprender el concepto de acciones afirmativas en el contexto de los derechos
humanos y constitucionales, Estas políticas y medidas se fundamentan en el principio de igualdad
sustantiva y tienen como finalidad corregir las desventajas y desigualdades estructurales que afectan
a determinados grupos sociales, en este caso, los personas con necesidades especiales. Mediante las
acciones afirmativas, se busca asegurar una redistribución de aquellos medios u oportunidades que
permitan superar las barreras y desafíos a los que se enfrentan, para así lograr una sociedad más
inclusiva y equitativa.
A nivel internacional, existe un marco normativo sólido que respalda y promueve las acciones
afirmativas hacia las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, precedida en reunión por las Naciones Unidas, establece el deber de los Estados de
implementar acciones efectivas con el fin de garantizar la plena participación de las personas
garantizando la equidad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Esta Convención reconoce
la diversidad y la no discriminación como principios fundamentales, impulsando la adopción de
acciones afirmativas como herramientas para alcanzar una sociedad inclusiva y respetuosa de los
derechos humanos.
En el ámbito nacional, cada país tiene la responsabilidad de implementar acciones afirmativas que
tengan como fin ajustarse a los requerimientos y realidades de las personas con discapacidad en su
contexto específico. Estas medidas pueden abarcar diversos aspectos, como el acceso a la educación
inclusiva, la promoción de empleo con apoyo, la adaptación de entornos laborales y públicos, así como
la participación política y social de las personas con discapacidad.
Es importante reconocer que las acciones afirmativas no implican privilegios injustificados, sino que
buscan nivelar las desigualdades existentes y garantizar la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad. Estas medidas son fundamentales para derribar barreras y prejuicios,
promoviendo una sociedad justa y respetuosa de los derechos de todas las personas.
DESARROLLO
RELEVANCIA EN DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES
Las acciones afirmativas son políticas y medidas adoptadas por los Estados con el objetivo de corregir
las desigualdades históricas y estructurales que han afectado a ciertos grupos en la sociedad,
otorgándoles oportunidades y garantizando su plena participación en diferentes ámbitos (Gómez, A.,
2020). Estas medidas se fundamentan en el principio de igualdad sustantiva, el cual reconoce que la
igualdad formal no es suficiente para asegurar una verdadera igualdad de oportunidades.
La igualdad sustantiva, también conocida como igualdad material o igualdad de resultados, implica
abordar las desventajas y desigualdades sociales que enfrentan ciertos grupos debido a su raza,
género, origen étnico, discapacidad u otras características protegidas (Zambrano, R., 2018). Su
finalidad es nivelar el campo de juego y asegurar que todas las personas gocen de igualdad en
posibilidades para su completo desarrollo en la sociedad.
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En el contexto de los derechos humanos y constitucionales, las acciones afirmativas adquieren una
importancia significativa al promover y proteger los derechos fundamentales de las personas,
asegurando su participación plena y efectiva en la vida social, económica y política (Hernández, C.,
2019). Estas medidas buscan superar las barreras estructurales y los patrones discriminatorios
arraigados en la sociedad, permitiendo la inclusión de grupos históricamente marginados.
La relevancia de las acciones afirmativas en el ámbito de los derechos humanos se deriva de su
capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos de todas
las personas, independientemente de su origen o condición (Cruz, J., 2021). Estas medidas contribuyen
a la construcción de sociedades más justas e igualitarias, promoviendo la diversidad, el respeto a la
dignidad humana y la no discriminación.
Además, las acciones afirmativas encuentran respaldo en los principios constitucionales de
numerosos países. Muchas constituciones establecen el deber de los Estados de adoptar medidas
especiales para promover la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos (Ríos, L., 2017). Estas
medidas buscan remediar las desigualdades históricas y estructurales, fomentando la inclusión y la
participación activa de grupos que han sido tradicionalmente excluidos o discriminados.
Es importante destacar que las acciones afirmativas no implican una discriminación inversa o
privilegios injustificados. Su finalidad es restablecer el equilibrio y garantizar que aquellos grupos que
han enfrentado desventajas sistemáticas tengan oportunidades equitativas para ejercer sus derechos
(Sánchez, M., 2020). Estas medidas son temporales y están diseñadas para abordar desigualdades
específicas, basándose en criterios racionales y proporcionales.
DESAFÍOS EN INCLUSIÓN Y EQUIDAD
La manera en que las personas manejan la conceptualización de las personas con discapacidad ha
evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de un enfoque médico-rehabilitador a uno más inclusivo y
basado en los derechos humanos. En términos generales, se considera que las personas con
discapacidad son aquellas que tienen limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que
pueden afectar su participación plena y efectiva en la sociedad (Rodríguez, L., 2018). No obstante, es
importante destacar que la discapacidad no es una condición estática, sino que puede variar en
intensidad y manifestación en cada individuo.
La orientación médico-rehabilitador concebía a las personas con discapacidad como sujetos que
necesitaban ser "curados" o "rehabilitados" para adaptarse a las normas establecidas por la sociedad.
Esta perspectiva enfatiza las limitaciones y deficiencias de las personas con discapacidad, sin tener
en cuenta sus capacidades y potencialidades (González, M., 2019). Sin embargo, este paradigma ha
sido superado por una orientación más inclusiva y basada en los derechos humanos.
Desde el punto de vista de los derechos humanos se considera que las personas con discapacidad son
titulares de derechos y sujetos de plena dignidad, y que la sociedad tiene la responsabilidad de eliminar
las barreras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los aspectos de la vida (Pérez, J.,
2017). Esta perspectiva se encuentra respaldada por la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006, la misma que establece que la
población con diversidad de capacidades tiene los mismos derechos que las demás personas y deben
gozarlos sin discriminación alguna.
Sin embargo, aun con el progreso en términos de reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad, aún existen numerosos desafíos en cuanto a su inclusión y equidad. Uno de los
principales desafíos es el acceso a la educación inclusiva y de calidad (López, R., 2021). A menudo, las
personas con discapacidad enfrentan obstáculos que dificultan su acceso a la educación, como la falta
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de recursos y apoyos adecuados, la falta de capacitación docente en inclusión, y los prejuicios y
estereotipos negativos.
Otro desafío importante se relaciona con el empleo y la participación en el mercado laboral (Fernández,
C., 2019). Las personas con discapacidad enfrentan altas tasas de desempleo y subempleo, así como
discriminación en el ámbito laboral. Las restricciones físicas, comunicacionales y actitudinales
dificultan su plena participación en el mundo laboral, limitando sus oportunidades de desarrollo
personal y económico.
La accesibilidad también es un desafío relevante para las personas con discapacidad (García, A., 2020).
La falta de entornos y servicios accesibles impide su participación en la vida comunitaria, limitando su
autonomía y su capacidad para ejercer plenamente sus derechos. Es fundamental garantizar entornos
accesibles, tanto físicos como digitales, que permitan a las personas con discapacidad moverse,
comunicarse y acceder a la información de manera autónoma y segura.
La discriminación y el estigma son otros desafíos significativos que enfrentan las personas con
discapacidad en términos de inclusión y equidad (Vargas, P., 2018). A menudo, son objeto de prejuicios
y estereotipos negativos que los excluyen de la sociedad y limitan su participación plena. La carencia
de conocimiento y sensibilización sobre las capacidades y derechos de las personas con discapacidad
perpetúa la discriminación y dificulta su pleno ejercicio de derechos.
CONCEPTUALIZACIÓN DOCTRINARIA
Las medidas proactivas hacia las personas con discapacidad se fundamentan en principios éticos,
jurídicos y sociales que buscan corregir desigualdades históricas y promover la igualdad de
oportunidades. Estas acciones son una respuesta necesaria para garantizar la inclusión plena y
efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. En este apartado, se
examinarán los fundamentos y la justificación desde una perspectiva doctrinaria.
Uno de los fundamentos principales de las Medidas de discriminación positiva hacia las personas con
discapacidad se encuentra en el principio de igualdad de oportunidades. Según Sen (2009), la igualdad
de oportunidades implica que todas las personas, independientemente de su condición o discapacidad,
deben tener las mismas posibilidades de desarrollo y participación en la sociedad. Las Políticas de
igualdad buscan nivelar el terreno de juego, compensando las desigualdades estructurales y
promoviendo una igualdad real y efectiva de oportunidades (Rodríguez, 2018).
La justificación de las medidas de inclusión también se sustenta en el principio de equidad. La equidad
implica reconocer las diferencias y particularidades de cada individuo, brindando los apoyos
necesarios para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación
(González, 2019). De acuerdo con Rawls (1971), la justicia distributiva requiere que se realicen ajustes
en favor de los grupos históricamente desfavorecidos, como las personas con discapacidad, para
garantizar una distribución más equitativa de los recursos y oportunidades.
Además, la justificación de las acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad se encuentra
en el marco de los derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas para eliminar
las limitaciones y garantizar la igualdad de oportunidades (Naciones Unidas, 2006). Esto implica que
las acciones afirmativas son un instrumento legítimo para asegurar la plena participación de las
personas con discapacidad en la sociedad, en línea con los principios de no discriminación e igualdad
(Pérez, 2017).
Desde la perspectiva de la teoría de la justicia, las acciones afirmativas pueden ser justificadas por el
principio de compensación. Autores como Dworkin (2000) argumentan que las personas con
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discapacidad han sufrido históricamente desventajas y desigualdades, por lo que es legítimo
implementar medidas de compensación para corregir estas injusticias y promover la igualdad de
oportunidades. Las acciones afirmativas permiten superar las dificultades y obstáculos que limitan la
participación de las personas con discapacidad, creando condiciones más justas y equitativas
(González, 2019).
En la doctrina jurídica, se destaca la importancia como una medida para promover la igualdad
sustantiva. Autores como Fraser (1997) y Young (1990) señalan que la igualdad formal no es suficiente
para garantizar la justicia social, ya que existen estructuras y prácticas discriminatorias que perpetúan
las desigualdades. Las acciones afirmativas buscan abordar estas desigualdades estructurales y
promover una igualdad sustantiva que permita a las personas con discapacidad acceder a las mismas
oportunidades y recursos que el resto de la sociedad (Rodríguez, 2018).
DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD ESTRUCTURAL HACIA PERSONAS DISCAPACITADAS
Discriminación hacia las personas con discapacidad
El trato desigual hacia las personas con necesidades especiales es un fenómeno preocupante que
limita su plena participación en la sociedad. Pineda (2014) sostiene que esta discriminación se basa
en estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad, que generan actitudes negativas hacia las
personas con discapacidad y restringen sus oportunidades de desarrollo y participación. Por ejemplo,
se puede observar discriminación en el ámbito laboral, donde las personas con discapacidad enfrentan
obstáculos para acceder a empleos dignos y justos.
En relación con la discriminación, es importante destacar la distinción entre la discriminación directa e
indirecta. La discriminación directa abarca dichos escenarios o circunstancias cuando un individuo es
tratado de forma desfavorable debido a su discapacidad, sin una justificación objetiva y razonable. Por
otro lado, la discriminación indirecta ocurre cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutral pone a las personas con discapacidad en desventaja en comparación con quienes no tienen
discapacidad. Estos conceptos son abordados por Rodríguez (2018) y se fundamentan en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
La estigmatización y la invisibilidad social también contribuyen a la discriminación hacia las personas
con discapacidad. López (2017) señala que las personas con discapacidad suelen ser percibidas como
"diferentes" o "anormales", lo que conlleva a su exclusión y marginación. Esta estigmatización implica
la atribución de características negativas y la negación de la proporcionalidad de derechos y
oportunidades a las personas con discapacidad. Es fundamental combatir estos estereotipos y
promover una cultura de inclusión y respeto.
Desigualdad estructural y exclusión social
La disparidad sistémica es un factor determinante en la limitación de oportunidades para las personas
con discapacidad. Fraser (1997) se refiere a los impedimentos y obstáculos sistémicos presentes en
la sociedad que dificultan la participación plena de las personas con discapacidad. Estas limitaciones
pueden ser físicas, como la falta de accesibilidad o sociales, tales como la falta de inclusión en políticas
y programas.
La exclusión social es una consecuencia directa de la desigualdad estructural que enfrentan las
personas con discapacidad, Sen (2009) argumenta que la exclusión social implica la privación de
derechos y oportunidades básicas, así como la negación de la participación plena y efectiva en la
sociedad. Las personas con discapacidad pueden experimentar exclusión en áreas como la educación,
el empleo, la participación política y el acceso a servicios de salud adecuados. Esta exclusión genera
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una brecha significativa en términos de la equidad de posibilidades y limita el completo desarrollo de
las personas con discapacidad.
Para abordar la discriminación y la desigualdad estructural, es fundamental contar con normativa
internacional y nacional que proteja y promueva los derechos de las personas con discapacidad. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, adoptada
en 2006, es un hito importante en este sentido, pues reconoce la igualdad de derechos y la necesidad
de eliminar todas las formas de discriminación y barreras que afectan a las personas con discapacidad.
En el ámbito nacional, es necesario contar con leyes y políticas inclusivas que puedan garantizar que
las personas con discapacidad tengan igualdad de posibilidades y puedan participar plenamente en
todos los ámbitos de la vida social.
PRINCIPIOS RECTORES CONCERNIENTES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Principio de igualdad y no discriminación
El principio de igualdad y no discriminación es uno de los grandes soportes del derecho internacional
en materia de derechos humanos. Autores como Sen (2009) sostienen que la igualdad implica tratar a
las personas de manera equitativa y sin discriminación, reconociendo y respetando su dignidad
inherente. En este sentido, las acciones afirmativas se presentan como una medida necesaria para
contrarrestar las desigualdades y discriminaciones existentes.
La jurisprudencia internacional ha reconocido la importancia de las acciones afirmativas en la
promoción de la igualdad sustantiva. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha afirmado que las medidas de discriminación positiva son
esenciales para abordar las desigualdades históricas y estructurales que enfrentan ciertos grupos,
incluidas las personas con discapacidad (González, 2019).
Principio de equidad y justicia distributiva
El principio de equidad y justicia distributiva también respalda la necesidad de adoptar acciones
afirmativas. Autores como Rawls (1971) argumentan que la justicia distributiva implica garantizar un
reparto equitativo de los recursos y oportunidades en la sociedad, teniendo en cuenta las
desigualdades existentes. Las acciones afirmativas se enmarcan dentro de este principio, ya que
buscan corregir desigualdades históricas y estructurales, garantizando que todas las personas tengan
igualdad de oportunidades.
En el contexto de las personas con discapacidad, la equidad y la justicia distributiva implican reconocer
que estas personas han enfrentado barreras y obstáculos que les han impedido acceder plenamente a
sus derechos y participar en igualdad de condiciones en la sociedad. Por lo tanto, las acciones
afirmativas se justifican como una forma de garantizar una distribución más equitativa de los recursos
y oportunidades, y así promover la inclusión y la igualdad de resultados.
Principio de proporcionalidad y necesidad
El principio de proporcionalidad y necesidad es otro elemento clave en el razonamiento jurídico para
respaldar las acciones afirmativas. Este principio implica que las medidas adoptadas deben ser
proporcionales al objetivo perseguido y necesarias para lograrlo. Autores como Dworkin (1985)
argumentan que las acciones afirmativas son proporcionales y necesarias para corregir las
desigualdades existentes y garantizar la igualdad de oportunidades.
La jurisprudencia ha respaldado este principio al establecer que las acciones afirmativas deben ser
adoptadas de manera temporal y evaluarse regularmente para asegurar que se mantengan justificadas
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y proporcionales a la finalidad perseguida (Cruz, 2016). Esto implica que las acciones afirmativas
deben ser diseñadas de manera que no perpetúen la discriminación inversa o creen nuevas
desigualdades, sino que busquen realmente promover la igualdad sustantiva y superar las barreras
existentes.
MARCO LEGAL
La promoción de acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad ha sido reconocida y
respaldada por diversos instrumentos jurídicos a nivel internacional y nacional. Estas normativas
buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con
discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica y política. Se realizará una revisión de
la normativa relevante en este ámbito, tanto a nivel internacional como nacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo segundo señala:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
La C.R.E en su artículo 11 numeral 2 manifiesta:
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie
podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones
socioeconómica condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad,
diferencia física. El estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.
El Artículo 47 y 61 de la C.R.E, en concordancia con el articulado 64 de la LOSEP, estipula que, El Estado
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad para su incorporación
en las entidades públicas, lo que también es señalado por el Art. 71 Ley Orgánica de Servicio Público.
La Ley Orgánica de Educación Superior en Su artículo 71 señala que:
El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de
Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del
sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política,
condición socioeconómica o discapacidad.
La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 74, señala "Las instituciones de educación
superior instrumentará de manera obligatoria políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de
educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados”.
Artículo 77, manifiesta:
Las IES deberán establecer programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas,
que apoyen al menos al 10% de sus estudiantes, señalando como beneficiarios a quienes no cuenten
con los recursos económicos suficientes, estudiantes con alto promedio y distinción académica,
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, siempre que
acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución y los discapacitados.(Ley
Orgánica de Educación Superior, 2010)
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En el artículo 91 en su parte pertinente señala que:
Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la docencia y la investigación
en las instituciones del Sistema de Educación Superior, no se establecerán limitaciones que impliquen
discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, orientación
sexual. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010)
La Convención Americana de Derechos Humanos en el cual, el Ecuador es miembro estable que:
Art 1. Obligación de respetar los derechos humanos. Indica que los Estados Partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El Artículo 24 menciona que: “Igualdad ante la Ley, indica que todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”
La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en su artículo 5 establece: “Las instituciones Públicas
promoverán las Políticas de Acción Afirmativa”
En su Art 64 determina: “Por cada 25 personas, una debe ser contratada con discapacidad”
La Ley Orgánica de Discapacidad en el artículo 4 establece que:
La Acción Afirmativa serán todas aquellas medidas necesarias, proporcional y de aplicación obligatoria
cuando se manifiesta la condición de desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en
que goce y ejerza sus derechos, tendrán enfoque de género, generacional e intercultural
En el código de trabajo se establecen medidas regulatorias para aquellas personas que poseen algún
tipo de discapacidad.
Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: numeral 33. El empleador
público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a
contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren
apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose
los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año, En el segundo año,
la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3%
hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese
el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. numeral 35. Las empresas e instituciones,
públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las
adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de
Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos,
declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. (Nacional, 2005)
LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES (LOD)
Autores como Cevallos (2015) destacan que la LOD ha tenido un impacto significativo en la inclusión
social y laboral los personas con discapacidad en Ecuador. Se han implementado políticas de empleo
inclusivas y se ha promovido la accesibilidad en diferentes ámbitos, como el transporte, la educación
y los espacios públicos.
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Sin embargo, aún persisten desafíos en la plena implementación de la LOD, como la necesidad de
fortalecer los mecanismos de supervisión y control, garantizar la accesibilidad universal y promover la
sensibilización y la eliminación de estereotipos y barreras.
LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La Ley de Igualdad de Oportunidades, aprobada en Ecuador en 2008, busca terminar con la
discriminación e impulsar la igualdad de oportunidades para cualquier individuo sin importar su
condición, incluyendo aquellas con discapacidad. Esta ley establece medidas para garantizar la
igualdad de trato en la forma de aprovechar estos servicios, la educación, el empleo y la participación
política y pública.
Autores como Torres (2012) resaltan que esta ley ha sido fundamental en la lucha para la salvaguarda
de los derechos de las personas con discapacidad en el país. Ha promovido la inclusión educativa, la
accesibilidad en los espacios públicos, la eliminación de barreras arquitectónicas y la promoción de
una cultura de respeto y valoración de la diversidad.
MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Programa Joaquín Gallegos Lara
El Programa Joaquín Gallegos Lara, implementado en Ecuador, es un ejemplo de una iniciativa exitosa
que promueve la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Este programa
busca brindar apoyo y oportunidades a través de la educación inclusiva, el acceso a la tecnología y la
capacitación laboral.
Autores como Sandoval (2017) destacan que el Programa Joaquín Gallegos Lara ha logrado un gran
progreso en la inclusión educativa de las personas con discapacidad, así como en su preparación para
el mundo laboral. Se han establecido convenios con instituciones educativas y se ha promovido la
adaptación de entornos y materiales para garantizar la participación plena de los estudiantes con
discapacidad.
No obstante, se reconoce la importancia de fortalecer la sostenibilidad y la continuidad de este
programa, así como de mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados, incluyendo
instituciones educativas, empleadores y organizaciones de la sociedad civil.
Programa "Manuela Espejo"
Autores como Suárez (2016) destacan que el Programa "Manuela Espejo" ha tenido un impacto
significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad en Ecuador. Ha contribuido a la
detección temprana de discapacidades, la provisión de tratamientos y terapias necesarias, y la
promoción de la inclusión social y laboral.
Este programa ha sido reconocido internacionalmente como un modelo exitoso de atención integral a
las personas con discapacidad y ha sido replicado en otros países de la región.
Programa "Ecuador sin Barreras"
El Programa "Ecuador sin Barreras" es una iniciativa implementada por el Gobierno ecuatoriano con el
objetivo de promover la accesibilidad universal y eliminar las barreras físicas, comunicativas y sociales
que afectan a las personas con discapacidad. Este programa ha trabajado en la adaptación de
infraestructuras y espacios públicos para garantizar la accesibilidad, así como en la promoción de una
cultura inclusiva en la sociedad.
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Autores como López (2019) resaltan que el Programa "Ecuador sin Barreras" ha tenido un impacto
significativo en la vida de las personas con discapacidad, brindándoles la oportunidad de tener acceso
a diferentes servicios y ser partícipes activos en la sociedad. Se han realizado adaptaciones en edificios
públicos, transporte, espacios recreativos y se han promovido campañas de sensibilización para
fomentar una convivencia respetuosa e inclusiva.
Programa de empleo inclusivo
En Ecuador, se han implementado programas de empleo inclusivo que buscan facilitar la inserción
laboral de las personas con discapacidad. Estos programas incluyen incentivos para las empresas que
contratan a personas con discapacidad, capacitación y formación laboral adaptada a sus necesidades,
así como el establecimiento de cuotas de empleo para garantizar su participación en el mercado
laboral.
Autores como Vélez (2020) destacan que estos programas han tenido un impacto significativo en la
inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país. Han permitido superar barreras y
estereotipos, promoviendo la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos laborales
de las personas con discapacidad.
Creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) es una entidad creada en Ecuador
con el objetivo de promover la equidad de oportunidades y la no discriminación de personas con
discapacidad. El CONADIS trabaja en la formulación de políticas públicas, la coordinación
interinstitucional, la capacitación y sensibilización, y el apoyo de la participación activa de las personas
con discapacidad en la toma de decisiones.
Autores como Zambrano (2019) destacan la importancia del CONADIS como un organismo rector en
el fomento y amparo de las personas con discapacidad en Ecuador. A través de su labor, se han
implementado diversas acciones afirmativas, como la promoción de la accesibilidad en diferentes
ámbitos, la sensibilización de la sociedad y la promoción de la inclusión laboral y educativa.
Acceso a la justicia y Participación política de las personas con discapacidad
En Ecuador, se han implementado formas para asegurar la disposición a la justicia de las personas con
discapacidad. Se han establecido mecanismos de apoyo y acompañamiento durante los procesos
judiciales, así como la adaptación de los espacios y procedimientos judiciales para garantizar los
medios mediante los cuales puedan ejercer sus derechos civiles y políticos de manera plena y efectiva.
Autores como Acosta (2017) resaltan que estas medidas han contribuido a superar las barreras que
dificultaban el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Han promovido la igualdad
procesal y han asegurado que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos
y defender sus intereses en el ámbito judicial.
Accesibilidad al transporte, vivienda y educación inclusiva
En Ecuador, se han implementado acciones afirmativas para garantizar la accesibilidad en el transporte
público y facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. Se han establecido normativas que
exigen la adaptación de los medios de transporte, la construcción de infraestructuras accesibles, la
capacitación de conductores y personal de atención al público, y la promoción de campañas de
sensibilización sobre el derecho de las personas con discapacidad a la movilidad.
Autores como Andrade (2019) resaltan que estas acciones afirmativas han mejorado
significativamente la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Ecuador.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 1089.
Han permitido que las personas con discapacidad tengan la capacidad de desplazarse de manera
autónoma y participar plenamente en la vida social, económica y cultural del país.
Se están llevando a cabo políticas y programas para promover el acceso a viviendas inclusivas para
las personas con discapacidad. Estas iniciativas incluyen la construcción de viviendas adaptadas, la
asignación de subsidios o beneficios económicos para la adquisición de viviendas accesibles, y la
promoción de diseños universales que permitan la autonomía y la comodidad de las personas con
discapacidad.
Autores como Rodríguez (2015) resaltan que estas acciones afirmativas han mejorado
significativamente las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Ecuador. Han
garantizado su derecho a vivir de forma independiente y en equidad de oportunidades con el resto de
la sociedad.
Se han puesto en práctica programas de educación inclusiva que garantizan el acceso y la inclusión de
las personas con discapacidad en todos los ámbitos educativos. Estos programas incluyen la
adaptación de las instalaciones educativas, la capacitación de docentes en educación inclusiva, la
provisión de recursos y apoyos educativos especializados, y la promoción de un entorno escolar
inclusivo y respetuoso.
Autores como Torres (2018) destacan que estos programas han logrado incrementar la matriculación
y la permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo ecuatoriano. Han
contribuido a romper las barreras que dificultan el acceso a la educación y han fomentado la igualdad
de oportunidades en el ámbito educativo.
CONCLUSIÓN
Las acciones afirmativas se presentan como un conjunto de políticas fundamentales que buscan
corregir desigualdades históricas y promover la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad. Su relevancia radica en su capacidad para eliminar barreras y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos humanos y constitucionales de este grupo.
Las políticas públicas analizadas en Ecuador ejemplifican cómo la implementación efectiva de
acciones afirmativas puede tener un impacto significativo en la vida de las personas con discapacidad.
Estos ejemplos demuestran que es posible superar barreras y generar oportunidades para la inclusión.
Las acciones afirmativas también se adaptan para abordar nuevos desafíos emergentes que puedan
afectar a las personas con discapacidad, como los cambios tecnológicos, las dinámicas laborales
cambiantes y las transformaciones sociales. Esto demuestra su capacidad de evolución y adaptación
para mantener la promoción de la igualdad de oportunidades como un objetivo continuo.
Las acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad son una herramienta primordial para
promover la equidad de oportunidades, eliminar la segregación en todos los matices de la vida. Estas
medidas están respaldadas por la normativa internacional y nacional. Si bien se han logrado avances
significativos, es necesario seguir trabajando en la implementación efectiva de las acciones
afirmativas y en la eliminación de las barreras que aún persisten. Solo a través de un esfuerzo conjunto
y una voluntad política firme podremos construir una sociedad inclusiva, donde todas las personas,
independientemente de su condición de discapacidad, puedan disfrutar plenamente de sus derechos y
contribuir al desarrollo de sus comunidades.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2023, Volumen IV, Número 4 p 1090.
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