LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2024, Volumen V, Número 4 p 3718.
Castellanos Idíaquez, puede interpretarse como una respuesta autoritaria a la crisis, permitiéndole
reestructurar el Consejo Universitario y destituir al secretario general (Verdugo, 2000).
El castellanato y la modernización contradictoria (1973-1982)
El período de 1973 a 1982 ilustra las tensiones inherentes a la modernización de las universidades
públicas mexicanas. Bajo el rectorado de Alfonso Castellanos Idíaquez, conocido como el
"castellanato", la institución experimentó una paradójica combinación de avances institucionales y
gobierno autoritario. La Ley Orgánica No. 103 de 1973 reformó la estructura de gobierno, estableciendo
un Consejo Universitario con representación diversa. Sin embargo, Castellanos manipuló este órgano
para consolidar su poder, evidenciando la falta de democratización en la toma de decisiones (Ley
Orgánica No. 103, Art. 9). Durante este lapso, la UNISON creció significativamente. La matrícula
aumentó de 8,372 alumnos en 1977-1978 a 12,367 en 1981-1982 (UNISON, 1983). Se implementó el
modelo departamental en 1978 y se crearon nuevos programas. No obstante, estas reformas se
llevaron a cabo verticalmente, sin participación de la comunidad universitaria. La insatisfacción con la
gestión de Castellanos llevó a la formación de sindicatos como el STEUS y el STAUS en 1976. En
respuesta, Castellanos apoyó la creación del SIESTSUS, un sindicato afín, para debilitar la oposición
interna (Sortillón, 1998). El conflicto entre Castellanos y el gobernador Alejandro Carrillo Marcor en
1977 subrayó las tensiones entre autonomía universitaria y poder político estatal. Castellanos desafió
al gobernador, defendiendo la independencia del Consejo Universitario en la elección del rector
(Moncada, 1997). El estilo autocrático de Castellanos afectó negativamente la imagen de la UNISON
en los ochenta, facilitando la expansión de instituciones privadas en la región, como la Universidad del
Noroeste y el ITESM (Rodríguez, 1999). Este período destaca la necesidad de equilibrar la
modernización institucional con una gobernanza inclusiva y democrática para lograr un desarrollo
universitario sostenible y legítimo.
Crisis y reforma institucional (1982-1991)
Este periodo constituye una fase crucial en la evolución de la gobernanza universitaria, caracterizada
por una profunda crisis de gobernabilidad y legitimidad que desembocó en una controvertida reforma
institucional. La renuncia de Alfonso Castellanos en 1982 “desencadenó una fase de inestabilidad entre
diversas facciones internas disputando el poder” (Informante 1, comunicación personal, enero 2022).
La elección de Manuel Rivera Zamudio como rector generó esperanzas iniciales de una transición
democrática, pero pronto reveló las limitaciones estructurales del modelo de gobernanza. Su gestión
se desarrolló en un ambiente de constante confrontación, evidenciando las deficiencias heredadas del
periodo anterior y la necesidad de una reforma integral. Las pugnas internas, que iban más allá de lo
académico o administrativo, reflejaban luchas profundas por el control institucional. Esta situación
puso de manifiesto que el mero cambio de liderazgo era insuficiente para resolver los problemas
estructurales, haciendo evidente la urgencia de una reforma del sistema de gobierno universitario,
aunque su implementación seguiría siendo objeto de intenso debate y conflicto en los años siguientes.
La gestión de Rivera Zamudio (1982-1987) se caracterizó por un crecimiento institucional significativo
pero desordenado, que reveló las debilidades estructurales de la universidad y su modelo de
gobernanza. El aumento del 63.7% en la matrícula estudiantil, que pasó de 14,095 alumnos en 1982-
1983 a 23,083 en 1986-1987 (UNISON, 1987), fue acompañado por un crecimiento del 29% en la planta
académica, de 932 a 1,203 profesores (UNISON, 1987). La falta de una dirección clara en este
crecimiento generó múltiples desafíos. La infraestructura y los recursos universitarios se vieron
presionados, mientras que la contratación docente, realizada de manera caótica y sin criterios
académicos sólidos, comprometió la calidad educativa (Rodríguez, 1999). Se evidenció la urgencia de
una reforma integral que abordara tanto la calidad institucional como su modelo de gobernanza,
trascendiendo la mera expansión cuantitativa. La intensa actividad sindical caracterizó estos años, con
al menos 18 huelgas entre 1980 y 1987 Estas paralizaciones, motivadas principalmente por demandas