LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2024, Volumen V, Número 4 p 4316.
Es de destacar que en los últimos años dentro de los criterios que se exponen para identificar una
Práctica como Buena se expone la participación intersectorial y el compromiso político, además de la
participación comunitaria.
La participación comunitaria, definida en la conferencia de Alma-Ata en 1978 como el proceso en virtud
del cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a salud y bienestar propios
y los de la colectividad, y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y
comunitario, es un determinante clave en la eficiencia de una Buena Práctica sanitaria. Lo cual obedece
a que la comunidad no es solo el lugar donde el individuo establece su residencia, está constituida,
además, por las personas que conviven en ese lugar y las relaciones que se establecen entre ellas, es
el entorno social más concreto de existencia, actividad y desarrollo del hombre. Por todo lo anterior, se
considera el escenario más apropiado para darle solución integral a las situaciones que afectan a la
población (Romero, O., et al., 2023).
La participación intersectorial es definida como la intervención coordinada de instituciones
representativas de más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a abordar los
problemas vinculados con la salud, bienestar y calidad de vida (Rondón, E., Quiñones, D., 2022). La
Carta de Ottawa de 1986, la Declaración de Adelaida de 2010, la Conferencia Mundial sobre
Determinantes Sociales de la Salud (Río de Janeiro, Brasil) de 2011, la Conferencia Mundial de
Promoción de Salud de 2013 (Helsinki, Finlandia), la Estrategia para el acceso universal a la salud y la
cobertura universal de salud de la Organización Panamericana de la Salud de 2014, la Conferencia
Internacional de Salud en Todas las Políticas (Adelaida II) de 2017, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible definidos en la Agenda 2030, así como la OPS en su Política para recuperar el progreso
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con equidad por medio de medidas que aborden
los determinantes sociales de la salud y el trabajo intersectorial (2022), reafirman su importancia para
alcanzar logros en la salud pública. Más recientemente en el marco de la I Reunión Regional de
Intersectorialidad para Avanzar en la Equidad en Salud, organizada por la OPS y la OMS, y celebrada
del 21 al 23 de noviembre en la ciudad de La Habana (Cuba), se declara este principio como “pilar
central” en la misión de abordar los desafíos persistentes en la reducción de las inequidades en salud
(Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2023).
El compromiso político es indispensable para alcanzar una sanidad óptima. Se refleja en proteger,
planificar y gestionar la salud de la ciudadanía para responder con la mayor calidad, efectividad,
eficiencia y equidad a las necesidades detectadas. Fue proclamado como factor clave por la OMS en
la promoción de salud en la carta de Otawa (López, LA., 2017).
La solidez ética es otro de los criterios de BP que se enuncia en la actualidad. En toda práctica médica
surgen dilemas bioéticos (Hernández, A., et al., 2023). Su evaluación y correcto tratamiento son
imprescindibles en el actuar de la entidad promotora para evitar acciones médicas incorrectas y/o
violación de derechos individuales. En otro sentido, el cumplimiento de los principios bioéticos
fundamentales (beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía, justicia) es vital (Garrafa, V., et
al., 2023).
Al abordar la solidez ética de las BP, por ejemplo, en relación al cáncer, se discute en la comunidad
científica internacional sobre el principio bioético de justicia, el criterio de la necesidad entendida como
gravedad. Es decir, a más gravedad del paciente, más prioridad de atención médica. La dualidad de
pensamiento en cuanto a esta cuestión se refleja en el hecho de que se podrían gastar más recursos y
tener menor efectividad al priorizar a las personas con una etapa avanzada de la enfermedad, en
contraposición a utilizar esos mismos recursos en el beneficio de otros pacientes con mayor eficacia
de la práctica. Sin embargo, en el ámbito de las BP en la promoción y la prevención del cáncer todo
gasto de recursos se justifica, al ser menos costosa con respecto al costo del tratamiento de la
enfermedad una vez establecida (Puyol, A., 2010). En la literatura consultada se resaltan, además,