LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 237.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2604
Perfil personal y actitud hacia la corrupción en habitantes de
una localidad del norte argentino
Personality traits and attitude toward corruption among government
northern argentinian citizens
Lucas Stegagnini
lucasstegagnini@uncaus.edu.ar
Universidad Nacional del Chaco Austral
Sáenz Peña, Chaco - Argentina
Claudia Salmón
claudiasalmon@uncaus.edu.ar
Universidad Nacional del Chaco Austral
Sáenz Peña, Chaco – Argentina
Mariel Bravo
marielbravo@uncaus.edu.ar
Universidad Nacional del Chaco Austral
Sáenz Peña, Chaco – Argentina
Carina Fernández
carinafernandez@uncaus.edu.ar
Universidad Nacional del Chaco Austral
Sáenz Peña, Chaco – Argentina
Artículo recibido: 23 de agosto de 2024. Aceptado para publicación: 06 de septiembre de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Se evaluó la actitud hacia la corrupción de habitantes de entre 18 y 60 años de una localidad argentina
con alta repercusión de prácticas corruptas en su ámbito gubernamental, mediante encuesta aplicada
durante un periodo electoral. Se evidenció una actitud desfavorable hacia la denuncia de hechos de
corrupción, principalmente debido a una baja percepción de auto responsabilidad, la percepción de
instituciones ineficientes y la falta de pensamiento crítico para evaluar la veracidad de noticias.
Palabras clave: confianza institucional, whistleblowing, efecto algoritmo, escándalos de
corrupción, doomscrolling
Abstract
A survey applied during an electoral period evaluated the attitude towards corruption of inhabitants
between 18 and 60 years of age in an Argentine town with a high impact of corrupt practices in its
government sphere. An unfavorable attitude towards reporting acts of corruption was evident, mainly
due to a low perception of self-responsibility, the perception of inefficient institutions, and the lack of
critical thinking to evaluate the integrity of news.
Keywords: institutional trust, whistleblowing, algorithm effect, corruption scandals,
doomscrolling
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 238.
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Cómo citar: Stegagnini, L., Salmón, C., Bravo, M., & Fernández, C. (2024). Perfil personal y actitud
hacia la corrupción en habitantes de una localidad del norte argentino. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 237 – 254.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2604
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 239.
INTRODUCCIÓN
Según los reportes internacionales, la corrupción pública es una amenaza frecuente que implica el
abuso de poder por parte de funcionarios del gobierno y empleados del sector público para beneficio
personal o de terceros. Por ello, en los últimos años, gobiernos, activistas y organizaciones de la
sociedad civil han invertido mucho en involucrar a los ciudadanos en la lucha para erradicarla. Además
de realizar campañas de información y sensibilización, se han establecido mecanismos de
responsabilidad social, se han creado instrumentos y oportunidades de denuncia de irregularidades y
hasta se ha proporcionado asistencia jurídica a los denunciantes. Sin embargo, la voluntad de
involucrarse y actuar contra la corrupción es, en última instancia, una decisión personal evidenciada
en gran medida por la actitud de cada ciudadano hacia la corrupción y todo lo referido a ella (Florez y
col., 2019)
La actitud se refiere a las percepciones, creencias y evaluaciones que las personas tienen sobre la
corrupción en el ámbito gubernamental o del sector público (Machado y col., 2021; Stiberman, 2018).
Puede manifestarse de diversas maneras, como la tolerancia hacia la corrupción, la indignación frente
a los actos corruptos y la confianza en las instituciones para combatir la corrupción, entre otros
aspectos. Su comprensión es clave para evaluar la efectividad de las estrategias y políticas
anticorrupción existentes en un país o región, a la vez que permite identificar aspectos ligados a
fomentar la disposición de las personas para denunciar actos específicos de corrupción (Florez y col.,
2019; Tu y col., 2020; Zhang y col., 2019).
En particular, la actitud de las personas hacia la denuncia (AHD) de hechos de corrupción puede verse
influenciada por factores como la educación y la concienciación sobre las causas y consecuencias de
la corrupción, la confianza en las instituciones encargadas de combatirla y la solidez del marco legal
referido a la prevención y punición disponible en cada país o región (Chaparro y col., 2021; Morayta &
Pruel, 2022). También puede verse influenciado por el contexto socioeconómico, ya que las
desigualdades socioeconómicas y la exclusión social pueden ser altamente desalentadoras,
generándose un círculo vicioso en el que la percepción de que el acceso al poder y a los recursos en
favor de unos pocos alimenta la creencia de que nada se puede hacer y, por ende, conduce a la inacción
(Enrique y col., 2016; Tu y col., 2020).
Parte de esto se evidencia en las redes sociales, donde las expresiones de ira, indignación y
resentimiento toman la forma de denuncia y/o catarsis ante un sistema que se percibe injusto y en el
que cada uno tiene razones para sentirse abandonado, amenazado, y para sospechar que el otro –
cualquier otro– recibe ventajas indebidas (Dubet, 2020; Juares & Zjlistra, 2024). La expresión de las
emociones en redes sociales puede generar una sensación de conformidad en las personas y, como
resultado, llevarlas a sentir que han hecho su parte al compartir su opinión o queja, sin necesidad de
tomar medidas adicionales. Si bien este fenómeno de "efecto espectador" o "efecto difusión de la
responsabilidad" es un paso importante para generar conciencia sobre un tema, es crucial que las
expresiones se traduzcan en acciones concretas y significativas, como denuncias formales y
participación en iniciativas de cambio.
En este sentido, las investigaciones realizadas en Latinoamérica en general y en Argentina en particular
se centran en aspectos jurídicos, principalmente con encuestas enfocadas en la participación
ciudadana formal. En cambio, son pocos los estudios que exploran los factores sociales que podrían
influir en la predisposición a denunciar y que podrían proporcionar una visión complementaria a los
análisis más tradicionales y legales (Agerberg & Se, 2019; Machado y col., 2021). Por ello, en este
estudio se evaluó la relación entre las características individuales y la actitud hacia la denuncia de
hechos de corrupción de habitantes de una localidad argentina de bajo desarrollo industrial, social y
económico y con alta repercusión de prácticas corruptas en el ámbito gubernamental, esperando
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contribuir a un mayor entendimiento de las dinámicas sociales y/o culturales que subyacen a la
corrupción y a los esfuerzos por combatirla.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio descriptivo-analítico basado en una encuesta de preguntas abiertas, para capturar
las voces y experiencias de los participantes de manera profunda y detallada (Vaughn & Turner, 2016).
Mediante un muestreo no probabilístico, la muestra se construyó a partir de la identificación de
usuarios de redes sociales (Facebook e Instagram) que manifestaron su indignación con casos de
corrupción publicados en periódicos digitales de la provincia. Estuvo conformada por 65 unidades de
análisis (36 hombres y 29 mujeres). El plazo considerado para la identificación de los comentarios fue
de febrero a septiembre de 2023, coincidente con el periodo de elecciones nacionales y provinciales,
momento en el que se da mayor visibilidad a las denuncias de corrupción, generalmente con la
intención de atacar al adversario (Juarez & Zjlistra, 2024; Zumárraga-Espinosa y col., 2020).
El contacto y la invitación para participar de la encuesta fue por la misma red social en que se
identificaron las unidades de análisis. Se establecieron como criterios de inclusión la residencia en la
provincia por un periodo no menor a los cinco años y la mayoría de edad (18 años), cuestiones que se
especificaron en el texto de invitación. La encuesta finaliza 15 días después de lanzada, luego de tres
días consecutivos sin verificar la recepción de nuevas respuestas. En dicho periodo, 173 personas
accedieron al enlace de la encuesta, de las cuales sólo 65 cumplieron con lo establecido en los criterios
de inclusión. La edad de los encuestados estuvo en el rango de los 18 a los 60 años, siendo 46 años la
edad más frecuente.
La encuesta permitió evaluar la influencia de las características individuales de los participantes (CIP),
la AHD y la relación entre ambas. Dado que la mayoría de las encuestas de opinión pública se basan
en respuestas a preguntas cerradas que reflejan la perspectiva del investigador, en esta indagación se
prioriza la perspectiva de los encuestados, por lo que se incluyeron únicamente preguntas abiertas.
Las CIP y la AHD se determinaron mediante la operacionalización de las variables mostradas en la
Tabla 1, a partir de la cual se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas para priorizar la perspectiva
de los encuestados por sobre la de los investigadores. La validez de contenido fue garantizada
mediante la evaluación de un experto en evaluación de cuestionarios y dos expertos en la temática de
interés.
Tabla 1
Matriz de operacionalización de la variable en estudio
Variable
Dimensión
Indicadores
Preguntas
Factores
objetivos
Caracterización
Nivel socioeconómico
¿Cuál es tu edad?
¿Con cuál género te
identificas?
¿Cuál es tu máximo nivel de
estudios?
¿Cuál es tu ocupación
actual?
¿Trabajas en el ámbito
público o privado?
¿Cuál es tu rol en tu lugar de
trabajo?
¿Cuál es tu nivel de ingreso
mensual?
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Características
individuales de los
participantes CIP
Nivel de conocimientos
sobre herramientas de
prevención y punición de la
corrupción pública
¿Cómo defines la corrupción
pública?
¿Quiénes son los
responsables de prevenir?
¿Quiénes son los
responsables de penar?
¿Qué herramientas existen en
el país para prevenir la
corrupción pública?
¿Qué herramientas existen
para penar?
¿Qué lugares reciben
denuncias de hechos de
corrupción?
¿Sabes cómo encontrar esos
lugares en caso de
necesitarlos?
Factores
subjetivos
Confianza institucional
Percepción de eficiencia en
la lucha anticorrupción
¿En qué instituciones
públicas crees que hay
corrupción? ¿Por qué?
¿Crees que los responsables
tienen intención de prevenir
la corrupción?
¿Consideras que los
responsables tienen la
intención de ser justos al
momento de penar hechos
de corrupción?
¿Crees que es eficiente la
lucha contra la corrupción
pública? ¿Por qué?
¿Qué más se puede hacer
para erradicar la corrupción?
Hábitos
informativos
¿Cómo te enteras de las
causas de corrupción?
Cuando te enteras de una
causa ¿consultas más de una
fuente para comparar puntos
de vista?
¿Cómo te aseguras de que es
cierto lo que dice la noticia?
¿Acostumbras a investigar
qué pasó con los casos de
corrupción después de la
denuncia?
¿Cuántas veces consultaste
el estado de causas
renombradas?
¿Dónde consultaste?
Actitud hacia la
denuncia AHD
Fáctica
Potencial
¿Alguna vez denunciaste un
hecho de corrupción? ¿Por
qué?
¿Denunciarías un hecho de
corrupción? ¿Por qué?
Fuente: elaboración propia.
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El uso de preguntas abiertas requirió de un proceso inicial de codificación para identificar categorías
de respuestas. Dichas categorías permitieron establecer niveles de medición para asignar valor a las
dimensiones consideradas como CIP. La única excepción fue el nivel socioeconómico (NSE), que se
clasificó en bajo, medio o alto en función del nivel de estudios y el ingreso mensual, ambos de
categorías preestablecidas.
Respecto del nivel de conocimientos (NC), éste se clasificó en bajo, medio o alto según la combinación
resultante del análisis de las respuestas: bajo (sabe del concepto, algo de punición y nada de
prevención), medio (sabe del concepto, sabe de punición y sabe algo de prevención) y alto (sabe del
concepto, sabe de punición y sabe bastante sobre prevención).
En cuanto a los factores subjetivos, las respuestas a las preguntas 15, 16 y 17 se emplearon para
evaluar la confianza en las instituciones (CI), la que se consideró baja, media o alta en función de la
cantidad de instituciones mencionadas y de la percepción sobre la intención de actuar de los
organismos responsables de prevenir y penar. De modo similar, las respuestas a la pregunta 18
permitieron medir el grado de eficiencia percibida en la lucha contra la corrupción (GEf), mientras que
las respuestas a la pregunta 19 permitieron conocer el grado de esperanza en cuanto a la posibilidad
de erradicar la corrupción (GEs). De la combinación de valores de GEf y GEs se obtuvo el valor de la
percepción de eficiencia en la lucha anticorrupción (PEL), que se clasificó en baja (GEf bajo y Ges bajo),
media (las restantes combinaciones de valores de GEf y GEs) o alta (GEf alto y GEs alto).
Respecto a los hábitos informativos (HI) (respuestas a preguntas 20 a 25), éstos se consideraron
inadecuados, algo adecuados o muy adecuados según la variedad y confiabilidad de fuentes de
información mencionadas y el grado de seguimiento de la evolución de las denuncias. Al igual que con
PEL, el menor valor de la escala se codificó con el número 1; el medio, con 2 y el alto, con 3.
Las respuestas a las preguntas 26 y 27 (actitud fáctica y potencial hacia la denuncia de hechos de
corrupción, respectivamente) permitieron clasificar la actitud hacia la denuncia (AHD) en muy
desfavorable (ni denunció ni denunciaría), favorable (no denunció, pero denunciaría) o muy favorable
(denunció y denunciaría). El análisis descriptivo se realizó mediante el recuento de frecuencias y
porcentajes, mientras que la asociación y correlación entre las CPI y la AHD se evaluó con la prueba de
Chi cuadrado (χ²) y el coeficiente rho de Spearman (ρ) respectivamente. En todos los casos, el nivel de
significancia α fue de 0,005. Los datos se procesaron con el software IBM SPSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las características objetivas de los participantes
Según la ocupación mencionada por los encuestados, el 45,3% eran empleados del sector público, de
los cuales 3 ocupaban cargos jerárquicos (dos jueces y un directivo universitario). También
participaron trabajadores del sector privado (18,7%), de los cuales cuatro eran dueños de sus
emprendimientos. Además, participaron estudiantes y desocupados en una proporción del 31,3% y
4,7% respectivamente.
El nivel de estudios preponderante fue el secundario completo (45,3%), seguido por el universitario
(40,6%). El 7,8% de los encuestados señaló el secundario incompleto como su máximo nivel de
formación, a la vez que un único participante indicó haber completado estudios de posgrado. Junto
con el nivel de ingresos mensuales, el nivel de estudios permitió establecer el NSE de los participantes,
que resultó “medio alto” para el 39,1% de los participantes, “bajo” para el 34,4% y “medio” para el resto.
Otra dimensión objetiva evaluada fue el nivel de conocimientos (NC), con lo que se obtuvo un panorama
detallado de lo que los encuestados creían saber sobre la corrupción y aspectos relacionados con el
combate de dicho flagelo. En cuanto al concepto de corrupción pública, la mayoría lo definió utilizando
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términos específicos relacionados principalmente con el abuso de poder (Figura 1), lo que dejó en claro
que los participantes estaban, cuanto menos, familiarizados con el concepto.
Figura 1
Términos asociados por los participantes para definir el concepto de corrupción pública
Fuente: elaboración propia.
Resultó llamativo que en algunos casos se utilizaron términos como “las multas” o “el adoctrinamiento”
para definir la corrupción pública. Esto se interpretó como una coexistencia de criterios, según la cual
no todos los actos definidos por las leyes como corruptos son percibidos como tales por la gente
común y, por el contrario, cuestiones no corruptas desde lo jurídico se consideran de ese modo por la
sociedad (Stiberman, 2018). Más allá de definiciones correctas o incorrectas, las menciones de los
entrevistados evidenciaron significados que involucran relaciones de poder o autoridad y un
intercambio económico o de privilegios y que, por ende, con efectos perjudiciales para algún segmento
de la comunidad.
El uso de terminología mayormente pertinente y específica para definir la corrupción pública presagió
un NC alto respecto de la prevención y punición de la corrupción pública. En efecto, las respuestas
fueron mayormente correctas, principalmente las referidas a la punición, ya que “las leyes” y “la justicia”
fueron categorías fácilmente identificadas por su contundencia entre las respuestas. Dado que el
factor común entre los participantes fue su intervención en redes sociales y considerando que el
sistema educativo formal de Argentina no incluye la temática de la corrupción propiamente dicha, el
conocimiento de la terminología se atribuyó a la constante cobertura mediática de casos de corrupción,
potenciada por el uso de dichas redes. Sumado a ello, el periodo eleccionario resultó un escenario ideal
para la figura del “escándalo de corrupción”, muchas veces orientado más al ataque a adversarios
políticos que a la búsqueda de transparencia en el sistema (Raitzin, 2020; Stegagnini y col., 2022), lo
que dispara en el ciudadano común la acción de expresar su indignación frente a la sensación de un
flagelo aparentemente imposible de erradicar.
En diversos estudios se ha reportado que cuando aumenta el número de noticias sobre corrupción
política, también aumenta el porcentaje de ciudadanos que considera que la corrupción es
generalizada (Juares & Zjlistra, 2024; Machado y col., 2021; Palau & Davesa, 2013). Esto no sería un
problema si no fuera porque desencadena sensaciones que conducen a una sociedad aletargada, que
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asume que la corrupción es inherente a cualquier actividad en el ámbito público, tal como menciona
(Navarro, 2018) en su análisis del caso Oderbretch. A la vez, esto conduce a un círculo vicioso en el
que todos se indignan y sienten que nada sirve para erradicar la corrupción y, por lo tanto, nadie se
involucra totalmente en la lucha por erradicarla (Avilés Casas, 2017).
Esta falta de compromiso individual fue el aspecto que más destacó al evaluar los conocimientos sobre
formas y herramientas para prevenir la corrupción, donde se observó mayor heterogeneidad en las
respuestas. Aunque en forma disgregada, los encuestados reconocieron el rol de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, de la sociedad y de la ética de cada funcionario en relación con la prevención de
la corrupción. Sólo uno de los participantes (trabajador del poder judicial de la Nación) manifestó una
visión integral del rol de dichos factores, por lo que prácticamente la totalidad de las respuestas se
consideraron parcialmente correctas.
Tal como se esperaba, todos mencionaron el rol del del estado (30% del total de menciones) y la justicia
(30% del total de menciones) en la prevención de hechos de corrupción, la mayoría de las veces de
manera escueta y otras evidenciando un profundo descontento, como se muestra en la Tabla 2. La
situación fue diferente respecto del poder legislativo como responsable de prevenir la corrupción, cuya
mención se registró sólo en el 13,8% de las menciones, lo que sugiere que, al menos en parte, los
encuestados perciben al poder legislativo como menos involucrado o eficaz en la prevención de la
corrupción en comparación con el poder ejecutivo y judicial.
Tabla 2
Respuestas representativas de las categorías identificadas en torno a la responsabilidad de prevenir la
corrupción pública
Respuestas referidas al rol
Del Estado
Respuesta escueta: “El estado”.
Respuesta elaborada: “Debiera ser el Estado, pero seguro hay un vacío legal
que hace que cualquiera de los poderes permita a diestra y siniestra
generar corrupción en la cara de todos”.
De la Justicia
“La justicia”.
“El Poder Judicial”.
Del Poder
Legislativo
“Diputados y senadores”.
“Legisladores”.
De la ética de
cada funcionario
“Poder Judicial. Luego la ética de cada funcionario”.
De la sociedad
“La sociedad en su conjunto”.
(“Todos son responsables. Autoridades correspondientes, funcionarios y
empleados. También ciudadanos comunes.”
Fuente: elaboración propia.
Menor aún fueron los porcentajes de menciones referidas a la ética de cada funcionario y la sociedad
como herramientas anticorrupción, registradas en proporciones de apenas el 4,6% y 2,7%,
respectivamente. A la luz de las respuestas, los encuestados parecían responsabilizar a instituciones
y autoridades como responsables de la prevención de la corrupción, sin considerar (o, al menos,
mencionar) su propia responsabilidad y la de sus pares. Esta falta de reconocimiento del rol de la ética
individual y la responsabilidad colectiva de la sociedad subraya una perspectiva reducida y deficiente
sobre cómo se puede combatir la corrupción, lo que adquiere relevancia al diseñar estrategias
anticorrupción que puedan involucrar de manera más efectiva a los ciudadanos y convencerlos para
que participen en la lucha contra el flagelo mediante alguno de los mecanismos legales o canales
disponibles para tal fin (Florez y col., 2019).
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Considerando que la muestra se conformó a partir de los comentarios de indignación y reclamo de
justicia realizados en publicaciones de hechos de corrupción, el punto más interesante en el análisis
de la dimensión cognitiva correspondió a lo referido con los lugares donde podían denunciarse estos
hechos. Sólo 29 participantes supieron mencionar al menos un sitio habilitado para recibir denuncias
de este tipo, entre los cuales la Oficina Anticorrupción fue la más frecuente, con escasas menciones
de sitios a nivel provincial relacionados, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que, si
bien no es un sitio de denuncias, es un área relacionada con la temática. De los restantes, 21
manifestaron de manera explícita no saber la respuesta, y 15 continuaron completando el cuestionario
sin responder a esta pregunta en particular. En la misma línea, los 29 que supieron mencionar sitios
para recibir denuncias señalaron la búsqueda en Internet como la forma de encontrar dichos sitios.
Las respuestas referidas a la dimensión cognitiva permitieron establecer el NC de los participantes.
Como se detalló en la sección de Metodología, el valor de NC se definió según la combinación del
resultado de las respuestas, y se clasificó en bajo (sabe del concepto, sabe algo de punición y nada de
prevención), medio (sabe del concepto, sabe de punición y sabe algo de prevención) y alto (sabe del
concepto, sabe de punición y sabe bastante sobre prevención). En función de ello, el NC de los
participantes resultó mayormente “medio” (51,6%) y “bajo” (32,8%), a la vez que sólo el 15,6% tuvo un
NC alto, entre los que se incluyeron las dos autoridades del poder judicial que participaron del estudio.
En síntesis, el análisis de las CPI de índole objetiva reveló patrones distintivos entre los participantes,
destacándose la falta de percepción de responsabilidad individual y una marcada dependencia hacia
las instituciones y actores externos en la prevención de la corrupción. En este sentido, el presente
estudio aporta una perspectiva única al demostrar que, incluso entre los empleados públicos y aquellos
con conocimiento sobre corrupción, la autopercepción como actores clave en la lucha contra la
corrupción es mínima, lo que representa un factor crítico que contribuye a la inacción y a la preferencia
por la indignación pasiva en plataformas como las redes sociales.
Las características subjetivas de los participantes
La percepción de eficiencia en la lucha anticorrupción (PEL) se definió a partir de cuán eficiente los
encuestados consideraban el combate contra la corrupción (GEf) y cuán esperanzados estaban en ese
sentido (GEs), como se muestra en el esquema de la Figura 2.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 246.
Figura 2
Niveles de percepción de eficiencia en la lucha contra la corrupción pública
Fuente: elaboración propia.
Respecto de GEf, la mayoría consideró que la lucha era ineficiente, lo que atribuyeron principalmente a
la falta de intención de actuar por parte de los responsables. Independientemente de la ocupación del
encuestado, fue recurrente el uso de expresiones como “No, porque el sistema judicial está corrompido
por la fuerzas económicas y políticas” y “No. Por conveniencia, por conveniencia, por dinero, y algunas
otras dádivas”. Por otra parte, quienes consideraron una eficiencia media no se explaya en sus
respuestas y respondieron simplemente “a veces”, lo que dificulta la interpretación y representó una
línea muy fina de separación con los pocos que consideraron un alto grado de eficiencia, quienes
utilizaron expresiones como “Sí, pero no los dejan”. De este modo, subyace entre los encuestados la
percepción de un sistema ineficiente para erradicar la corrupción, en coincidencia con otros estudios
realizados en Argentina y en América Latina (Fernanda & Blandón, 2008; Mamani y col., 2021; Morayta
& Pruel, 2022).
Contrario a lo esperado, la mayoría de los participantes resultaron medianamente esperanzados en
cuanto a la posibilidad de erradicar la corrupción. Esto resultó llamativo ya que la muestra se conformó
a partir de comentarios de indignación y desesperanza (por ejemplo, “es una joda nuestra justicia.
¡¡Estos y muchos se cansaron de robar y ni cerca estamos que paguen con prisión y embargo por sus
delitos”, “cuando todos se creen dueños de todo … y nadie es dueño de nada!! Así estamos!!! Impunidad
total!!”, “Los corruptos ganándole siempre a la justicia”, entre otros similares). Sin embargo, esta
aparente contradicción se explica al considerar que “aplicación de leyes vigentes” fue la categoría
sobresaliente en las respuestas a la pregunta “¿qué más se puede hacer para erradicar la corrupción?”,
lo que sugiere que la esperanza residía en la aplicación de leyes ya existentes y no en la falta de
mecanismos para combatir el flagelo.
Esta idea se vio reforzada al evaluar la confianza en las instituciones CI, que resultó principalmente
baja (50% de los casos) y media (48,4% de los casos), dado el alto número de instituciones señaladas
como contaminadas de corrupción. La mayoría de los participantes consideró que la corrupción estaba
presente en todas las instituciones públicas, aunque fueron pocos los que especificaron nombres.
Entre quienes lo hicieron, predominó la mención de aquellas asociadas a lo estatal (el gobierno, la
municipalidad, la justicia, la policía), aunque también se mencionó el sector educativo (la junta de
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clasificación, la universidad, los directivos) y, en menor medida, el sector privado (los comerciantes, las
grandes empresas).
Estos resultados son coincidentes con la tendencia reportada desde hace años en Argentina, donde,
en general, la CI es baja, especialmente al evaluar las instituciones centrales republicanas, a la vez que
fluctúa con los cambios políticos y económicos que atraviesa el país (Beramendi y col., 2016). Sin
embargo, no pudo verificarse en este estudio una mayor desconfianza entre los jóvenes, a diferencia
de otras investigaciones en las que se concluyó que los jóvenes de entre 19 y 40 años, a pesar de la
sensación de una corrupción instalada en todos los ámbitos de la sociedad, asocian las imágenes de
corrupción principalmente con las instituciones estatales y el sistema político (Aires & Estévez, 2016;
Morayta & Pruel, 2022).
Otras dos componentes de la CI fueron las referidas a la medida en que los encuestados percibían la
intención de prevenir y penar hechos de corrupción por parte de los responsables. En este sentido, la
mayoría respondió de manera negativa a ambas cuestiones, argumentando que la corrupción se había
instalado en todos los puntos, incluidos aquellos encargados de controlar, prevenir y penar. Se
obtuvieron respuestas homogéneas en el sentido, aunque heterogéneas en cuanto al tono. Si bien el
sentido fue siempre el de una percepción negativa, hubo respuestas simples como “No” y
“Definitivamente no” y otras más elaboradas, como “No. Por tres cuestiones que se puedan dar: miedo,
comodidad o falta de interés”, “No. Por dinero, eso es lo que los motiva a estar en el Poder”, “No. Los
que deberían controlar, son tan corruptos como ellos”, o “Los mismos políticos obligan a que no se
cumplan las leyes y porque la corrupción trasciende a la política llegando a los sectores que deben
sancionar la corrupción”.
Los hábitos informativos
Entendidos como los patrones y comportamientos que las personas adoptan en relación con la
búsqueda, consumo y procesamiento de información, los hábitos informativos (HI) de los encuestados
resultaron inadecuados casi en la totalidad de los casos (92,2 %). Esto se debió principalmente al
escaso uso de fuentes confiables de información, donde el consumo de noticias de diarios digitales
locales presentes en redes sociales fue la más frecuentemente mencionada.
El alto consumo de diarios digitales va de la mano de la inmediatez que rige sus criterios de
noticiabilidad y que los conduce a un “sensacionalismo argumentativo” que busca atraer la atención
de los lectores (Koziner y col., 2019). A esto se suma la facilidad para consumir contenido en redes
sociales debido a la comodidad y sencillez que supone el efecto scroll (desplazamiento continuo de la
pantalla), lo que culmina en el fenómeno de informarse “involuntariamente” en sitios donde la
información lineal, descontextualizada y sesgada suele ser la norma (Fernández-García, 2017; Parreira
do Prado, 2021).
En concordancia con esto, las categorías de respuesta permitieron identificar dos mecanismos de
acceso a la información. Algunos “escuchaban” de un caso y luego recurrían a las fuentes para
interiorizarse sobre el tema, mientras que a la mayoría (70%) “les llegaba la noticia” cuando usaban sus
redes sociales. En ambos casos, el factor común fue la falta de acciones para verificar la credibilidad
de la información o de la propia fuente, ya que la mayoría respondió que no tenía el hábito de consultar
más de una fuente para comparar puntos de vista ni tampoco se registraron menciones de
mecanismos para descartar una fake-new. Sólo siete participantes manifestaron recurrir a más de una
fuente de información para evitar sesgos del medio informante, tal vez conscientes del efecto
“algoritmo”, basado en la gratificación inmediata de dar “me gusta”, “compartir”, “seguir”, “comentar”,
que lleva a cada persona a mantenerse en su pequeña esfera de realidad, con sus propios valores,
temas relevantes y lenguaje (Saenz, 2021).
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Respecto de la evolución de las denuncias, únicamente dos participantes afirmaron realizar algún tipo
de seguimiento, aunque esto era propio de sus funciones en su ámbito de desempeño. Con el resto de
los encuestados sucedió algo similar a lo observado al indagar sobre el conocimiento de medios para
realizar denuncias. Esto es, considerando que la muestra se conformó a partir de los comentarios de
indignación y reclamo de justicia realizados en publicaciones de hechos de corrupción, resultó
llamativo que nadie mencione los sitios disponibles para conocer el estado de una causa, como las
páginas oficiales de Acceso a la Información Pública o el Observatorio de causas de corrupción.
No se busca aquí cuestionar el uso de las redes sociales, sino más bien reflexionar sobre
consecuencias sociales que muchas veces se consideran inexistentes. Por ello, la falta de
cuestionamiento de la información (o su fuente) resultó preocupante en el contexto de este estudio, ya
que una persona que no se auto percibe como herramienta de prevención de la corrupción y que siente
que la corrupción ha contaminado el sistema (incluidos los responsables de penar y prevenir el flagelo)
difícilmente decida involucrarse en cuestiones profundas como la denuncia de hechos de corrupción.
La actitud hacia la denuncia AHD
La disposición de los participantes para denunciar actos de corrupción que presenciaron o de los que
tenían conocimiento se midió a través de la dimensión fáctica, es decir, se les preguntó si alguna vez
denunciaron algún hecho de corrupción. También se indagó por la dimensión potencial de la actitud,
para lo que se les preguntó si denunciarían hechos en el futuro. Las combinaciones de respuestas
permitieron definir la AHD de los participantes, según lo cual la actitud hacia la denuncia fue
predominantemente desfavorable, con un 62% de los encuestados mostrando una actitud nada
favorable y un 32,7% mostrando una actitud algo favorable. Solo dos participantes afirmaron haber
denunciado y su intención de denunciar en el futuro.
En el plano de lo fáctico, los motivos asociados a la falta de denuncia giraron en torno a tres categorías:
la sensación de impotencia, el temor a represalias y la falta de pruebas. Algunos ejemplos del contenido
de las que emergieron estas categorías se muestran en el esquema de la Figura 3.
Figura 3
Ejemplos de razones expuestas para no haber denunciado hechos de corrupción
Fuente: elaboración propia.
Por un lado, algunos entrevistados afirmaron que no valía la pena denunciar ya que sus denuncias no
serían atendidas adecuadamente o no tendrían un impacto real. Esto se atribuyó a las menciones
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anteriores referidas a la falta de intención de los responsables de prevenir y penar hechos de
corrupción. En el contexto del estudio, la falta de intención de los participantes para denunciar resultó
preocupante ya que se sabe que la creencia de que el sistema político propicia el comportamiento
oportunista y el incumplimiento de las reglas es un factor clave para normalizar la tolerancia a la
corrupción (González Ramírez & Monsiváis-Carrillo, 2022). De hecho, la idea de “denunciar no sirve para
nada” subyacente entre las respuestas expuso la forma en que la percepción de un sistema corrupto
condiciona al ciudadano para una acción de control individual y/o colectivo, ya que el accionar depende
de la medida en que el sujeto perciba un contexto institucional positivo (Beramendi y col., 2016;
Chaparro y col., 2021).
Por otro lado, algunos ciudadanos mencionaron que denunciar les jugaría en contra, ya sea por la falta
de protección a testigos o por posibles represalias. Aunque sólo en algunos casos, esto evidenció que
los individuos analizan la relación costo-beneficio y desisten de denunciar tras percibir que el costo
sería mayor, algo propio del proceso de comprometerse con la lucha anticorrupción (Adelopo & Rufai,
2020; Vera, 2020). Dado que la percepción de costos y beneficios puede cambiar con el tiempo, es
importante comprender el contexto en el que la gente empieza a considerar que un mecanismo
anticorrupción es demasiado costoso – o ineficaz – según su evaluación. En este contexto, la figura
del whistleblowing es una herramienta crucial para fomentar la participación cívica, ya que los
denunciantes suelen ser los que conocen realmente los detalles del hecho, por lo que podrían contribuir
con evidencia valiosa que de otra manera podría nunca ser conocida (Galeano, 2019; Wortman & Rivero,
2021).
Las razones expuestas para no denunciar un hecho de corrupción en el futuro fueron en el mismo
sentido que las mostradas en la Figura 3. Si bien una cantidad considerable de encuestados aseguró
que denunciará un hecho de corrupción, ninguno se explaya en la respuesta para explicar las razones
por las que lo haría. La excepción se dio en los dos casos que indicaron haber denunciado y que
denunciarán, argumentando en ambos casos qué era lo que correspondía hacer.
Resultó preocupante la combinación de apatía y temor registrada en las menciones, ya que en diversos
estudios se muestra cómo esta combinación disuade de participar activamente en la denuncia de la
corrupción, perpetuando así un ciclo de impunidad y desconfianza (Ferreirós, 2021; Garrido Juncal,
2019; Guerrero Orozco, 2018). La consecuencia directa de esta inacción es un debilitamiento del tejido
social y una perpetuación de la corrupción, ya que la falta de participación cívica y la percepción de
riesgos personales desincentivan la lucha contra la corrupción desde la base ciudadana. Este ambiente
de desconfianza y miedo no solo socava la legitimidad de las instituciones, sino que también impide el
desarrollo de una sociedad más justa y transparente, donde la corrupción pueda ser efectivamente
combatida.
La relación entre las CPI y la AHD
El análisis individual de las CPI permitió establecer relaciones parciales con respecto a la AHD. Sin
embargo, al evaluar la significancia de dichas relaciones, se observó que el NC fue la única
característica objetiva de los participantes que tuvo una relación significativa con la ADH (χ² = 10,176).
Esto sugiere que, independientemente del tipo de ocupación o del NSE, una mayor comprensión y
conocimiento sobre la prevención de la corrupción genera una mayor disposición a denunciar este tipo
de hechos. A la vez, esto resalta la importancia de la educación y la información como herramientas
para fomentar una participación activa, aunque sin desatender la necesidad de transgredir la educación
cívica hacia un enfoque más relevante, crítico y comprometido con la lucha contra la corrupción
(Agerberg & Se, 2019; Clay & Rubin, 2020).
Por lo mismo, es fundamental que la ciudadanía esté informada sobre la existencia y los beneficios del
whistleblowing para que se sienta segura y motivada a actuar. La falta de conocimiento sobre esta
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figura y los mecanismos de protección asociados contribuye a la inacción y perpetúa un ciclo de
impunidad y desconfianza, por lo que informar y educar a la población sobre el whistleblowing y
garantizar su implementación efectiva puede reducir significativamente el miedo a represalias y
aumentar la disposición de los ciudadanos a denunciar actos de corrupción.
Por otra parte, la ADH también mostró relación con las características subjetivas, aunque la
significancia sólo se dio con la PEL (χ² = 32,121) y los HI (χ² = 65,636), lo que subraya que la percepción
de acciones efectivas contra la corrupción puede incentivar a los ciudadanos a denunciar, a la vez que
refuerza la necesidad de que las instituciones no solo sean eficientes en la lucha contra la corrupción,
sino que también comuniquen claramente sus logros y procesos para ganar la confianza de la
ciudadanía (Ferreirós, 2021; Tu y col., 2020).
Con respecto a los HI, la alta asociación con la AHD fue la única consistente con el coeficiente de
Spearman, el que detectó una correlación significativa entre ambas variables (ρ = 0,242; p < 0,05),
sugiriendo que hábitos informativos adecuados se asocian con una mayor disposición a denunciar, lo
que destaca la importancia de fomentar el acceso a información veraz y la educación mediática para
que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas, confíen en sus instituciones y estén más
dispuestos a participar activamente en la lucha contra la corrupción (Fernández-García, 2017; Saenz,
2021).
Si bien el análisis individual sugirió una alta influencia de la CI, la falta de significancia para su
asociación con la AHD pudo deberse a que la percepción de ineficacia de las instituciones es un factor
mucho más complejo, influenciado por múltiples variables contextuales y personales.
CONCLUSIÓN
Los hallazgos de este estudio evidencian una actitud desfavorable hacia la denuncia de hechos de
corrupción, principalmente debido a la necesidad de un cambio cultural en la percepción de
responsabilidad hacia la corrupción, lo que puede lograrse mediante campañas de sensibilización y
educación cívica que no solo informen sobre la corrupción, sino que también promuevan un sentido de
responsabilidad personal entre los ciudadanos. A la par, concientizar sobre los hábitos informativos es
fundamental para fomentar un pensamiento crítico al evaluar noticias y asegurar su veracidad, con
ciudadanos que no solo verifiquen la información que reciben, sino que también se interesen
activamente en el seguimiento de las denuncias de corrupción, lo que contribuiría a evitar caer en el
engaño del oportunismo político y a construir una sociedad más informada y comprometida. De este
modo, los aportes de este estudio sirven de insumo para entidades encargadas del diseño e
implementación de este tipo de campañas, entre las que se incluyen los organismos públicos, las
instituciones educativas, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los
líderes comunitarios y activistas.
No obstante, deben considerarse las limitaciones de este estudio, principalmente en relación con el
tamaño de la muestra, lo que limita la generalización de los resultados, por lo que en futuros estudios
deben considerarse la ampliación de dicho tamaño y la inclusión de métodos estadísticos más
complejos, como la regresión ordinal, para validar y extender estos hallazgos. En el mismo sentido,
resultan beneficiosas las nuevas investigaciones que permitan examinar en profundidad cómo
diferentes contextos socioculturales afectan estas percepciones y comportamientos, permitiendo
diseñar estrategias más efectivas y contextualizadas para combatir la corrupción tanto en forma
colectiva como individual.
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AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Nacional del Chaco Austral, que financió el proyecto institucional en el que se enmarcó
este estudio.
