LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 1580.
El problema a analizar es la precarización de los nombramientos provisionales en base a la estabilidad
y la desvinculación laboral contemplada en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Servicio
Público, su Reglamento General, la doctrina, las sentencias sobre acciones de protección relacionadas
con la desvinculación de servidores públicos con nombramiento provisional, y artículos científicos
pertinentes sobre el tema para proporcionar respuestas a la pregunta planteada en este artículo.
Se plantea soluciones que buscan mejorar la gestión pública mediante la toma de decisiones
adecuadas por parte de la autoridad en la administración de recursos humanos, observando en todo
nivel los derechos consagrados en la Constitución a favor de los servidores públicos que presten sus
servicios bajo la modalidad de nombramientos provisionales, con el objetivo de prevenir la inestabilidad
y la precarización del trabajo.
La segunda generación de principios del derecho del trabajo nos indica que, una vez reconocido
plenamente que el Derecho del Trabajo forma parte del sistema de Derechos Humanos, y que este
reconocimiento se encuentra en la Constitución de cada país y en instrumentos internacionales
(especialmente aquellos sobre derechos económicos, sociales y culturales, anteriormente
denominados de segunda generación, así como en los convenios internacionales de trabajo), se puede
hablar con propiedad de un bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales.
Así, el sistema de Derechos Humanos Laborales y sus instituciones presenta un segundo conjunto de
principios del Derecho del Trabajo. Dentro de estos principios de segunda generación, en un sistema
abierto a progresos, se incluyen tanto los principios comunes al sistema general de los
La terminación unilateral de funciones de servidores públicos con nombramiento provisional afecta
derechos fundamentales del servidor, activando la acción de protección como una garantía
jurisdiccional que debe ser resuelta por un juez constitucional. En la mayoría de los casos, estos fallan
a favor del accionante, al identificar indiscutiblemente la vulneración de derechos esenciales, como el
derecho al trabajo, la estabilidad y la seguridad jurídica.
CONCLUSIONES
La presente investigación destaca la necesidad urgente de implementar reformas y establecer una
regulación más estricta para abordar la precarización laboral que afecta a los servidores públicos con
nombramientos provisionales. Los hallazgos subrayan que la falta de estabilidad y seguridad jurídica
inherente a estos nombramientos contribuye a una situación laboral precaria, caracterizada por la
incertidumbre y la ausencia de garantías adecuadas.
Los nombramientos provisionales, por su naturaleza temporal y flexible, no proporcionan una base
sólida de estabilidad laboral. Esta inestabilidad afecta profundamente el bienestar económico y
profesional de los servidores públicos, quienes viven con la constante preocupación sobre la duración
de sus empleos y la protección de sus derechos laborales. La inseguridad permanente puede disminuir
la moral, la productividad y el compromiso de los empleados, lo que resulta en un entorno laboral
menos eficiente y más estresante.
Los procedimientos relacionados con los nombramientos provisionales a menudo carecen de una
documentación adecuada y las normas jurídicas aplicadas no siempre se ajustan a las circunstancias
específicas de cada caso. La falta de argumentación lógica en las decisiones sobre estos
nombramientos genera resoluciones arbitrarias y una deficiencia en la motivación adecuada. Esta falta
de claridad y consistencia en la aplicación de normas afecta negativamente el debido proceso y la
seguridad jurídica, provocando incertidumbre y desconfianza entre los servidores públicos.
Se han identificado problemas recurrentes como la falta de notificación adecuada y el incumplimiento
de los procedimientos establecidos. Estos problemas no solo afectan el debido proceso, sino que