LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 1751.
INTRODUCCIÓN
La movilidad humana es una realidad que en la actualidad enfrenta la población a nivel mundial, debido
a conflictos políticos, sociales, biológicos entre otros, las personas se ven obligadas a buscar otros
países diferentes al de origen, en los que puedan establecerse o transitar. En América Latina y el Caribe
para la mitad del 2023 alrededor de un tercio de la población mundial en situación de movilidad
presentó solicitudes de asilo en los diferentes países de la región (Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2024b).
Ecuador es un país de tránsito o destino del flujo migratorio actual, dando acogida principalmente a
refugiados de Colombia, que huyen del conflicto armado y la violencia, sin embargo, en los últimos
años no sólo población de países vecinos ha llegado al país. En Venezuela debido a la situación política
y económica que atraviesa, aumentó el número de personas que salen de su territorio y parte de su
población ingresa al Ecuador en condición de movilidad (ACNUR, 2024a). El porcentaje de refugiados
y migrantes en Ecuador asciende al 3%, encabezando esta cifra se encuentra la población venezolana,
seguido de los colombianos, las dos nacionalidades son las principales que acoge el país (ACNUR,
2024a). La condición de movilidad humana comprende a diferentes grupos como los emigrantes,
inmigrantes, personas en tránsito, entre otros (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017, Art. 1). Ya
sea bajo alguna u otra de estas etiquetas el primer obstáculo que enfrentan al llegar al país es el
proceso de regularización, es un reto significativo que implica múltiples fases, desde el registro hasta
la regularización, aquí es donde muchos desisten de llevar a cabo la gestión, debido a la deficiente
gestión y burocracia del sistema, razón por la cual la regularización migratoria aún representa un
desafío (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2024). Estas personas gozan de derechos y obligaciones,
sin embargo, para Coloma Gaibor (2024), el estado reiteradamente no cumple con sus
responsabilidades hacia estos grupos, por consiguiente, la responsabilidad recae sobre
organizaciones como las ONG.
Las organizaciones sin fines de lucro (ONG) surgieron a partir de 1980, cumpliendo el papel de
enfrentar el subdesarrollo y financiadas para este fin por países desarrollados y los sectores más
pudientes de la sociedad (Gortaire-Morejón et al., 2021). En Ecuador las ONG se afianzaron tras la
dolarización, supliendo al estado en la labor social, debido a las consecuencias que trajo consigo este
suceso para los grupos más pobres del país, sobre todo en las zonas rurales y los pueblos indígenas
(Gortaire-Morejón et al., 2021). Estas organizaciones permanecen bajo la regulación del estado y se
constituyen de manera legítima, por esta condición su papel está sujeto a los cambios políticos y
económicos del país, desempeñándose en la actualidad como parte de los servicios sociales en
beneficio de diversos grupos que requieren atención o se encuentran en vulnerabilidad, uno de ellos la
población en situación de movilidad.
Si bien el Ecuador se percibe desde la población migrante como un país para mejores oportunidades y
mejor calidad de vida, lo cierto es que desde 2015 la compleja situación política, ha disminuido el
empleo en el Ecuador, dejando a gran parte de los ecuatorianos sin un empleo y ni siquiera subempleo
acorde a su profesión para llevar una vida digna (Martínez Ruque et al., 2020). Las precarias
condiciones que lleva atravesando el país, es la realidad a la que se enfrentan los migrantes, sin acceso
a trabajos adecuados, muchos migrantes optan por el trabajo informal con salarios inferiores a lo
establecido por la ley, todo para tener una fuente de ingresos que les permita sobrevivir (Martínez
Ruque et al., 2020). Sin embargo, incluso el trabajo informal muchas veces no permite cubrir
necesidades como el acceso a vivienda, documentación, asilo, seguridad alimentaria, medios de vida,
servicios de salud y educación (ACNUR, 2022a, 2023). Surgen de esta manera graves problemas como
la explotación, siendo los empleadores quienes lucran con la vulnerabilidad de las personas para
obtener mano de obra a muy bajo costo, lo que significa un riesgo al igual que la violencia de género,
la discriminación, y la xenofobia a la que se exponen las personas en movilidad.