LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2120.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2765
Análisis jurídico de las garantías procesales y ejecución
coactiva en la protección del debido proceso en el sistema
legal ecuatoriano
Legal analysis of procedural guarantees and coercive execution in the
protection of due process in the ecuadorian legal system
Diego Vinicio Valdivieso Sánchez
diguivini@hotmail.es
https://orcid.org/0009-0004-6139-9657
Investigador independiente
Loja –Ecuador
Artículo recibido: 24 de septiembre de 2024. Aceptado para publicación: 08 de octubre de 2024
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El análisis jurídico de las garantías procesales y la ejecución coactiva en la protección del debido
proceso en el sistema legal ecuatoriano revela problemáticas significativas. Este estudio se enfoca
en identificar vulneraciones a la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el
procedimiento coactivo regulado por el Código Orgánico Administrativo (COA) de Ecuador. El COA
permite al Estado hacer efectivas las obligaciones pecuniarias de los ciudadanos, pero debe hacerlo
respetando principios legales fundamentales. Una preocupación central es la falta de notificación
adecuada, esencial para que las partes involucradas puedan defender sus derechos. Esta deficiencia
puede llevar a situaciones de indefensión.
Palabras clave: garantías procesales, debido proceso, seguridad jurídica, ejecución coactiva,
notificación
Abstract
The legal analysis of procedural guarantees and coercive enforcement in the protection of due process
in the Ecuadorian legal system reveals significant problems. This study focuses on identifying
violations of legal security, effective judicial protection and due process in the coercive procedure
regulated by the Organic Administrative Code (COA) of Ecuador. The COA allows the State to enforce
the pecuniary obligations of citizens, but it must do so while respecting fundamental legal principles.
A central concern is the lack of adequate notification, essential for the parties involved to be able to
defend their rights. This deficiency can lead to situations of defenselessness.
Keywords: procedural guarantees, due process, legal certainty, coercive execution, notification
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2121.
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Cómo citar: Valdivieso Sánchez, D. V. (2024). Análisis jurídico de las garantías procesales y ejecución
coactiva en la protección del debido proceso en el sistema legal ecuatoriano. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 2120 – 2132.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2765
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2122.
INTRODUCCIÓN
El análisis jurídico de las garantías procesales y la ejecución coactiva en la protección del debido
proceso en el sistema legal ecuatoriano presenta una problemática que requiere una evaluación crítica
y reflexiva. Es fundamental identificar y analizar posibles vulneraciones a la seguridad jurídica, la tutela
judicial efectiva y el debido proceso en el contexto del procedimiento coactivo, regulado por el Código
Orgánico Administrativo (COA) ecuatoriano.
El COA establece el procedimiento coactivo como una herramienta del Estado para exigir el
cumplimiento de obligaciones pecuniarias de los ciudadanos. Sin embargo, este procedimiento debe
respetar los principios legales fundamentales, tales como la seguridad jurídica, la tutela judicial
efectiva y el debido proceso. Una preocupación central es la falta de notificación adecuada, ya que es
esencial para que las partes involucradas estén informadas sobre los procedimientos en su contra y
puedan defender sus derechos. La deficiencia en la notificación puede llevar a situaciones de
indefensión y vulnerar el debido proceso.
Para abordar estas problemáticas, es necesario fortalecer las garantías procesales, promover la
igualdad entre las partes, revisar las medidas cautelares, mejorar la comunicación y notificación, y
revisar la normativa tributaria. Estas acciones pueden garantizar el respeto a los derechos de los
contribuyentes y mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario en Ecuador.
METODOLOGÍA
Diseño del Estudio Científico: Este estudio se diseñó como una investigación cualitativa, con un
enfoque descriptivo y analítico, centrado en la identificación y análisis de las vulneraciones a la
seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el procedimiento coactivo regulado
por el Código Orgánico Administrativo (COA) de Ecuador.
Técnicas e Instrumentos Utilizados
Para la recolección de datos se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos:
Revisión Documental: Se analizaron normas jurídicas, doctrinas, y jurisprudencia relacionada con las
garantías procesales y la ejecución coactiva. Este análisis se centró en documentos oficiales como el
Código Orgánico Administrativo, la Constitución de la República del Ecuador, reglamentos, y sentencias
judiciales relevantes.
Entrevistas Semiestructuradas: Se realizaron entrevistas con expertos en derecho administrativo y
procesal, así como con funcionarios judiciales y administrativos involucrados en la ejecución coactiva.
Las entrevistas se diseñaron para explorar en profundidad las percepciones y experiencias de los
participantes respecto a las garantías procesales.
Definiciones Conceptuales y Operacionales de las Variables Analizadas.
Seguridad Jurídica: Se refiere a la garantía de estabilidad y previsibilidad del ordenamiento jurídico,
permitiendo a los ciudadanos conocer las normas que regulan su conducta y las consecuencias
jurídicas de sus actos.
Tutela Judicial Efectiva: Incluye el derecho de toda persona a acceder a la justicia, obtener una
resolución fundada en derecho, y la posibilidad de hacer cumplir dicha resolución.
Debido Proceso: Conjunto de garantías procesales que aseguran a las partes un juicio justo y
equitativo, incluyendo el derecho a ser oído, a presentar pruebas, y a recibir una notificación adecuada.
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DESARROLLO
Derecho administrativo
El Derecho Administrativo es una rama del derecho público que engloba el conjunto de normas,
principios y procedimientos que regulan la organización, funcionamiento y actuación de la
Administración Pública, así como las relaciones jurídicas entre esta y los particulares. Se encarga de
disciplinar el ejercicio de la potestad pública, asegurando la legalidad, eficiencia, y equidad en la gestión
de los asuntos de interés general.
Para el tratadista Zanobini: “(…) el Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que
tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones
públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos. (Zanobini, 1954, pág.
13).
En este sentido Zanobini, destaca la naturaleza pública de esta rama del derecho, enfocándose en la
regulación de la actividad de las administraciones públicas y las relaciones jurídicas que estas
mantienen con otros sujetos, como los ciudadanos, las empresas o incluso otras entidades
gubernamentales, así también resalta la importancia de la organización, los medios y las formas de la
actividad administrativa, lo cual refleja la variedad de aspectos que aborda el Derecho Administrativo,
desde la estructura de la Administración Pública hasta los procedimientos y recursos que garantizan
la legalidad y eficiencia en su actuación.
Así también alude que, el Derecho Administrativo no solo se limita a regular las acciones de las
administraciones públicas, sino que también se preocupa por las relaciones jurídicas que surgen como
consecuencia de estas acciones. Esto implica que el Derecho Administrativo no solo se ocupa de las
normas y procedimientos internos de la Administración, sino también de los derechos y obligaciones
de los ciudadanos y otras entidades frente al Estado.
Por su parte el profesor Andrés Serra, sostiene que "El derecho administrativo es una rama del derecho
interno que determina la organización y funcionamiento de la Administración Pública, tanto
centralizada como paraestatal". (1997, pág. 16). En este sentido el derecho administrativo desempeña
un papel fundamental en garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad en la actuación de las
autoridades gubernamentales. Al establecer normativas claras y procedimientos específicos,
contribuye a proteger los derechos de los ciudadanos y a mantener el equilibrio entre el poder del
Estado y los intereses de la sociedad, de igual manera el derecho administrativo proporciona un marco
legal para resolver conflictos y disputas que puedan surgir en el ámbito de la Administración Pública,
promoviendo la justicia y el Estado de derecho. Su aplicación adecuada ayuda a prevenir abusos de
poder y promueve una gestión pública más transparente y responsable.
La Constitución es simiente del derecho administrativo. En el caso del Ecuador, la Constitución de la
República, en el Título IV.- Participación y Organización del Poder; Capítulo Séptimo. - Administración
pública; artículo 225, manda que el sector público comprende:
● Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y de Control Social.
● Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
● Los órganos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado.
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● Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR, 2008, pág. 79).
La Constitución establece qué entidades forman parte del sector público, mientras que las leyes se
encargan de elaborar las regulaciones necesarias para el funcionamiento de estas instituciones. Estas
regulaciones pueden ser de dos tipos: orgánicas u ordinarias.
La Constitución se centra en reconocer la diversidad y la integralidad del sector público como pilar
fundamental en el funcionamiento del Estado. Los cuatro puntos mencionados resaltan la inclusión de
una amplia gama de organismos y entidades, desde los vinculados a las funciones ejecutiva, legislativa,
judicial, electoral, hasta aquellos pertenecientes al régimen autónomo descentralizado. Esta diversidad
refleja la complejidad y la amplitud de las responsabilidades estatales, que van desde la administración
de justicia hasta la prestación de servicios públicos esenciales. Sostiene que la inclusión de estas
diversas entidades y funciones en el sector público es esencial para garantizar un Estado efectivo y
equitativo.
La presencia de organismos y dependencias encargados de diferentes aspectos del gobierno y la
administración pública permite una distribución equilibrada del poder, fomentando así la rendición de
cuentas, la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, se reconoce
que la descentralización del poder estatal, como se refleja en la inclusión de entidades autónomas
descentralizadas, promueve la eficiencia y la adaptabilidad a las necesidades locales. Esto implica una
gestión más cercana a la ciudadanía, que puede responder de manera más ágil y eficaz a las demandas
y particularidades de cada región o comunidad.
Derecho al debido proceso en materia administrativa
El derecho al debido proceso en materia administrativa garantiza que las personas sean tratadas de
manera justa y equitativa por parte de la Administración Pública. Esto implica que las personas tienen
derecho a ser notificadas adecuadamente, a ser escuchadas y a presentar sus argumentos antes de
que se tome una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses. También incluye el derecho a
contar con asistencia legal, a obtener una explicación clara de las decisiones administrativas y a
impugnarlas mediante recursos o medios de impugnación adecuados, es decir el derecho al debido
proceso en materia administrativa busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y el respeto a los
derechos fundamentales de las personas en todas las actuaciones y decisiones de la Administración
Pública.
En sentido amplio, el debido proceso es el conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales
y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administrativa que se
refiera a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino también para que se constituya en
garantía del orden, de la justicia, de la seguridad en cuanto no se lesionan de manera indebida la
seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático (Bernal Vallejo &
Hernández Rodríguez, 2001, pág. 22).
En este sentido, la doctrina define el debido proceso como el conjunto de garantías destinadas a
proteger a los ciudadanos que se encuentran sujetos a cualquier proceso legal. Estas garantías
aseguran que a lo largo del proceso se respete la justicia, la libertad y la seguridad jurídica del individuo,
así como la fundamentación de las decisiones judiciales de acuerdo con la ley. Desde esta perspectiva,
el debido proceso se considera el principio fundamental del cual derivan todos los demás principios
del derecho procesal penal, incluido el principio del juez natural que suele acompañarlo.
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Así mismo la importancia fundamental del debido proceso como un pilar central en la protección de
los derechos individuales y en el mantenimiento del orden y la justicia en un Estado democrático. El
derecho al debido proceso no se limita simplemente a una serie de procedimientos legales y
administrativos, sino que abarca un conjunto más amplio de garantías destinadas a salvaguardar la
libertad individual y a garantizar la integridad del sistema legal y judicial. Esto implica que cualquier ley,
sentencia o resolución administrativa que afecte los derechos de una persona debe cumplir con los
procedimientos establecidos y respetar los principios fundamentales de justicia y seguridad jurídica.
El debido proceso no solo protege los derechos individuales, sino que también contribuye a mantener
el orden y la seguridad en la sociedad. Al asegurar que las decisiones y acciones de las autoridades
estén sujetas a un escrutinio legal y procesal adecuado, se evita la arbitrariedad y se fortalece el Estado
de derecho.
El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece un principio fundamental: el
debido proceso debe ser respetado en todos los procedimientos que impliquen la determinación de
derechos y obligaciones. Esto implica que las autoridades estatales, en sus acciones normativas y
administrativas, están obligadas a garantizar el pleno respeto a las normas y garantías del debido
proceso, incluso cuando estas acciones generen obligaciones para los ciudadanos ecuatorianos.
Este principio no solo protege los derechos individuales de los ciudadanos, sino que también promueve
la transparencia, la equidad y la justicia en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos. Se busca
proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para comprender y aplicar
adecuadamente estas normas, con el fin de evitar cualquier forma de abuso o arbitrariedad por parte
de aquellos que ostentan el poder en la sociedad ecuatoriana. Esto es especialmente relevante en un
contexto donde las relaciones de poder pueden generar desequilibrios y situaciones de vulnerabilidad
para los ciudadanos. Al fortalecer el conocimiento y la aplicación de las normas del debido proceso, se
contribuye a la construcción de un Estado de derecho sólido y garantista, donde se protejan los
derechos y libertades fundamentales de todos los habitantes del Ecuador.
La Corte Constitucional, durante el período de Transición, abordó el tema del debido proceso en el caso
N.- 0261-09-EP, sentencia N.- 035-10-sep-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 294, de 6
de octubre de 2010. En este fallo, se define el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 76
de la Constitución de la República, como el derecho que tiene toda persona o sujeto implicado en un
litigio, a solicitar en el seno del órgano judicial el respeto a un conjunto de principios procesales
fundamentales (y en casos excepcionales, sustantivos), necesarios para garantizar que un caso sea
tratado y resuelto con auténtica justicia. Además, se señala que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile (párrafos 117 a 120), amplía la noción de debido
proceso más allá de las instancias judiciales, considerándolo un principio transversal en todos los
procedimientos que culminen en una decisión.
Según lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la
determinación de derechos y obligaciones de las personas en ámbitos como lo penal, civil, laboral,
fiscal u otros, deben observarse las debidas garantías que aseguren el derecho al debido proceso. El
incumplimiento de alguna de estas garantías representa una violación de dicha disposición
convencional.
La importancia de aplicar las garantías establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, incluso cuando una autoridad pública tome decisiones que afecten
derechos fundamentales. Si bien estas autoridades no son equiparables a órganos judiciales, aun así,
están obligadas a respetar ciertas garantías para evitar decisiones arbitrarias. Esto resalta la necesidad
de que las autoridades públicas actúen de manera justa y transparente, incluso fuera del ámbito
estrictamente judicial, para proteger los derechos de los individuos y evitar abusos de poder. En
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resumen, este criterio personal subraya la importancia de mantener altos estándares de justicia y
respeto a los derechos humanos en todas las esferas del gobierno y la administración pública.
Garantías del debido proceso
Las garantías del debido proceso son disposiciones legales y principios diseñados para asegurar que
los procedimientos legales, ya sean judiciales, administrativos o legislativos, se lleven a cabo de
manera justa y equitativa. Estas garantías incluyen el derecho a ser notificado, el derecho a un juicio
imparcial, el derecho a la asistencia legal, entre otros. En conjunto, estas garantías buscan proteger los
derechos fundamentales de las personas y garantizar el respeto al principio de la legalidad en todos
los ámbitos del sistema judicial y administrativo.
Para autores ecuatorianos como el Dr, Luis Cueva, nos dice que el Debido proceso es un derecho
constitucional, por tanto, es de rango superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en
consecuencia, nada ni nadie puede sustraerse de él. Todos los actos y procedimientos de los
funcionarios de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentan contra el
estado de derecho. (Cueva, 2009, pág. 69)
La importancia y la naturaleza fundamental del debido proceso como un derecho constitucional que
ocupa una posición superior en el ordenamiento jurídico de un país. Se destaca que el debido proceso
impregna todo el sistema legal y que ninguna persona ni entidad está exenta de cumplir con sus
principios y garantías. Esto significa que todos los actos y procedimientos llevados a cabo por los
funcionarios de los órganos de poder público deben estar en conformidad con el debido proceso. De
lo contrario, cualquier acción que se aparte de este principio podría ser considerada como una
amenaza al estado de derecho, que es el principio fundamental que establece que el gobierno debe
estar sujeto a la ley y que todos los ciudadanos tienen derecho a un tratamiento justo y equitativo bajo
la ley. En resumen, el texto destaca que el debido proceso es una piedra angular en la protección de los
derechos individuales y en el mantenimiento del orden legal y democrático en un país.
Las garantías constitucionales del debido proceso son efectivos mecanismos de protección al
ciudadano (servidor público) que se enfrenta al ejercicio de las potestades sancionadoras, en un
procedimiento administrativo disciplinario. El objetivo del presente trabajo es analizar críticamente las
garantías del debido proceso en los distintos regímenes jurídicos de procedimientos disciplinarios
que se aplican para los servidores públicos, en relación al ejercicio de sus funciones (Alvarado
Verdezoto & Gavilánez Puente, 2022, pág. 58).
Las garantías constitucionales del debido proceso como herramientas vitales para proteger a los
ciudadanos, especialmente a los servidores públicos, cuando se enfrentan a procedimientos
administrativos disciplinarios que implican el ejercicio de potestades sancionadoras. Cuando un
servidor público se encuentra involucrado en un procedimiento disciplinario, ya sea por presuntas
faltas o incumplimientos en el ejercicio de sus funciones, las garantías del debido proceso constituyen
un conjunto de mecanismos diseñados para asegurar que dicho procedimiento se lleve a cabo de
manera justa, imparcial y conforme a la le, su objetivo principal es realizar un análisis crítico de estas
garantías del debido proceso en los diferentes regímenes jurídicos que regulan los procedimientos
disciplinarios para los servidores públicos. Esto implica examinar detenidamente cómo se aplican
estas garantías en la práctica, qué derechos y protecciones ofrecen a los servidores públicos y cómo
pueden influir en el resultado final del proceso disciplinario.
La legislación nacional pretendió unificar la normativa sobre procedimientos de la administración
pública a través del Código Orgánico Administrativo, pero esta unificación solo se quedó en
intenciones. En particular, en lo que respecta a los procedimientos para el ejercicio de potestades
sancionadoras, existe una diversidad de cuerpos normativos que regulan su desarrollo. Esta
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fragmentación normativa puede generar complejidad y falta de coherencia en la aplicación de los
procedimientos sancionadores. Por lo tanto, es necesario revisar y simplificar la legislación para
garantizar una regulación más uniforme y coherente, respetando siempre los derechos y principios
fundamentales de los ciudadanos y los servidores públicos.
Proceso coactivo
Un proceso coactivo se refiere a un procedimiento legal o administrativo en el cual una autoridad
pública tiene el poder de aplicar medidas coercitivas o sanciones contra un individuo o entidad que ha
incumplido con ciertas obligaciones legales o administrativas. Este tipo de proceso se caracteriza por
el uso de la fuerza o la imposición de medidas punitivas para garantizar el cumplimiento de la ley o el
pago de deudas u obligaciones pendientes. El proceso coactivo puede involucrar acciones como
embargos, multas, confiscaciones, desalojos forzados u otras medidas similares, dependiendo de la
naturaleza y gravedad del incumplimiento. Es importante destacar que estas medidas coercitivas
generalmente se aplican después de haber agotado otras vías para resolver la situación de manera
voluntaria o mediante acuerdos extrajudiciales.
El procedimiento coactivo se refiere a la aplicación de la potestad administrativa respecto de una
obligación que los ciudadanos o extranjeros contraen por varias circunstancias en un estado
determinado; respecto del procedimiento administrativo, varios cuerpos legales han determinado su
estructura y aplicación procesal (Serrano Chica, 2018, pág. 107).
En este sentido el procedimiento coactivo y el procedimiento administrativo. En primer lugar, el
procedimiento coactivo implica la aplicación de la potestad administrativa para hacer cumplir una
obligación contraída por ciudadanos o extranjeros en un estado específico. Este tipo de procedimiento
se activa cuando una persona no cumple voluntariamente con una obligación legal o administrativa, y
la autoridad administrativa interviene para asegurar su cumplimiento, la relación al procedimiento
administrativo, varios cuerpos legales han determinado su estructura y aplicación procesal. Esto
sugiere que existen leyes y regulaciones que establecen cómo se lleva a cabo el procedimiento
administrativo, incluyendo los pasos a seguir, los plazos, los derechos de las partes involucradas y los
recursos disponibles.
En materia de derecho público , la finalidad del proceso coactivo, se sustenta en el interés, para
perseguir el cobro de los créditos emergentes de obligaciones fiscales incumplidas y proveer al Estado
y demás entes públicos de los recursos necesarios para atender sus necesidades y cumplir así con sus
fines específicos, los cuales están vinculados con la actividad social , por ello, el acreedor público, ante
la negativa del deudor, debe iniciar la ejecución forzada haciendo uso de la jurisdicción y competencia
señalada en la ley, para conseguir que la obligación sea satisfecha con la oportunidad debida. Esta
potestad administrativa y el fin que a través de ella se persigue, hacen que el procedimiento para el
cobro sea sumamente abreviado e implique la injerencia en el patrimonio del deudor para materializar
con el producto de la venta de sus bienes, el pago de la deuda (Patiño Ledesma, 2013, pág. 225).
El propósito del proceso coactivo en el ámbito del derecho público, que consiste en perseguir el cobro
de créditos relacionados con obligaciones fiscales incumplidas. Su objetivo principal es proporcionar
al Estado y otras entidades públicas los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades
hacia la sociedad. Cuando un deudor se niega a cumplir con sus obligaciones fiscales, el Estado puede
recurrir a medidas coercitivas, incluida la ejecución forzada, para asegurar el pago de la deuda. Este
proceso implica una intervención en el patrimonio del deudor para garantizar que la obligación sea
satisfecha. Es crucial que, a pesar de esta intervención, se respeten los derechos fundamentales del
deudor y que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa, dentro de los límites establecidos
por la ley. En resumen, el proceso coactivo en el ámbito del derecho público tiene como objetivo
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principal garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y asegurar el adecuado
funcionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.
El sistema judicial, se caracteriza por que la Administración debe acudir a los órganos del poder judicial
para obtener el cobro de lo adeudado y no pagado voluntariamente, cuando la deuda sea vencida,
líquida y exigible, elaborando la propia administración el título ejecutivo que sirve de base para solicitar
la ejecución al órgano judicial. El sistema administrativo prescinde de los órganos judiciales en el
procedimiento ejecutivo, que compete a los propios órganos administrativos (Pérez Royo, 1998, pág.
245).
Este sentido es la distinción fundamental entre el sistema judicial y el sistema administrativo en
relación con el cobro de deudas. En el sistema judicial, la Administración recurre a los órganos del
poder judicial para obtener el cobro de deudas que no han sido pagadas voluntariamente por los
deudores. Para ello, la deuda debe cumplir con ciertos requisitos, como ser vencida, líquida y exigible.
La Administración elabora su propio título ejecutivo, que sirve como base para solicitar la ejecución al
órgano judicial correspondiente.
Por otro lado, en el sistema administrativo, los órganos judiciales no intervienen en el procedimiento
ejecutivo. En su lugar, son los propios órganos administrativos los que tienen competencia para llevar
a cabo este procedimiento. Esto implica que la Administración puede tomar medidas coercitivas para
el cobro de deudas sin necesidad de acudir a los tribunales judiciales.
Medidas cautelares en el procedimiento administrativo
Las medidas cautelares en el procedimiento administrativo son herramientas utilizadas por la
administración pública para garantizar la eficacia y el cumplimiento de sus decisiones o resoluciones
durante el transcurso del procedimiento. Estas medidas se implementan con el propósito de evitar
posibles perjuicios irreparables o difíciles de remediar mientras se lleva a cabo el procedimiento
administrativo en curso. El objetivo principal de las medidas cautelares es proteger los intereses de las
partes involucradas en el procedimiento, ya sea la administración pública o los particulares afectados
por sus decisiones. Estas medidas pueden incluir la suspensión temporal de una actividad, la
prohibición de realizar ciertos actos, la retención de bienes o documentos relevantes, entre otras. Es
importante destacar que las medidas cautelares deben ser proporcionales y justificadas, y deben estar
basadas en criterios objetivos que demuestren la necesidad de su adopción. Además, deben ser
revisables y revocables en caso de que cambien las circunstancias que motivaron su adopción.
La tutela cautelar tiene el propósito que una vez emitida la decisión final, esta podrá ser ejecutada
eficaz e integralmente, de manera que los derechos se puedan hacer efectivos, teniendo como única
finalidad resguardar la efectividad y ejecución de la sentencia que se va a dictar mientras dura el
proceso de la causa, también se podría definir a la tutela cautelar como una herramienta jurídica con
el fin de preservar la verdad de las decisiones judiciales, frente al peligro que puede implicar la
vulneración de algún derecho en litigio o la demora del proceso. (Herrera Ordoñez, 2021, pág. 6).
Bajo esta premisa, la tutela cautelar como un mecanismo esencial para garantizar la efectividad y
ejecución de las decisiones judiciales. Desde mi perspectiva, este enfoque refleja la preocupación por
proteger los derechos de las partes involucradas en un proceso legal y asegurar que las decisiones
judiciales sean cumplidas de manera integral. La tutela cautelar se presenta como una herramienta
jurídica fundamental para preservar la verdad y la justicia en el proceso judicial, especialmente cuando
existe un riesgo de vulneración de derechos o demoras injustificadas en el procedimiento. Su propósito
principal es asegurar que, una vez que se emita la decisión final, esta pueda ser ejecutada de manera
eficaz y completa, permitiendo que los derechos en disputa se hagan efectivos.
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Este enfoque destaca la importancia de la tutela cautelar como un elemento vital para garantizar la
equidad y la integridad del sistema judicial, ya que ayuda a prevenir posibles daños irreparables durante
el curso del proceso legal y asegura que las decisiones judiciales sean respetadas y cumplidas en su
totalidad. En resumen, la tutela cautelar representa un aspecto crucial para proteger la justicia y los
derechos fundamentales en el ámbito legal.
Artículo 189.- Medidas cautelares. El órgano competente, cuando la ley lo permita, de oficio o a petición
de la persona interesada, podrá ordenar medidas cautelares, pudiéndose adoptar las siguientes: 1.
Secuestro, 2. Retención, 3. Prohibición de enajenar, 4. Clausura de establecimientos. 5. Suspensión de
la actividad, 6. Retiro de productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de personas, 8.
Limitaciones o restricciones de acceso. 9. Otras previstas en la ley (Código Orgánico Administrativo
(COA), 2017, pág. 46).
Este artículo nos proporciona información sobre las medidas cautelares en el ámbito administrativo.
Además, destaca la importancia de las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo
66 de la Constitución de la República del Ecuador. Estas medidas, al estar establecidas en la norma
suprema, requieren autorización judicial, por lo que solo pueden ser otorgadas por una autoridad
competente. Esta autoridad debe emitir la orden correspondiente en un plazo máximo de 48 horas,
incluyendo un análisis de la legalidad de la acción respectiva.
Para solicitar estas medidas cautelares, es necesario que existan elementos de juicio convincentes. El
órgano administrativo puede adoptar estas medidas de manera voluntaria o a solicitud de la parte
interesada. A continuación, realizaremos un breve análisis de las diversas formas en que el Código
Orgánico Administrativo establece la realización de las medidas cautelares.
Importancia de la notificación en el procedimiento administrativo
La notificación desempeña un papel crucial en el procedimiento administrativo debido a su importancia
para garantizar la legalidad, transparencia y protección de los derechos de todas las partes
involucradas. Es a través de la notificación que se informa a los interesados sobre los actos,
resoluciones o decisiones administrativas que les conciernen, permitiéndoles ejercer sus derechos de
defensa, impugnación y participación en el procedimiento. La notificación adecuada es un requisito
fundamental para que un acto administrativo sea válido y tenga efectos jurídicos. Su importancia
radica en que garantiza que las partes conozcan de manera oportuna y precisa las decisiones
administrativas que les afectan, brindándoles la oportunidad de presentar alegaciones, aportar
pruebas, impugnar la decisión o ejercer cualquier otro derecho que les asista en el marco del
procedimiento.
Además, la notificación adecuada contribuye a asegurar la seguridad jurídica y la igualdad de armas
entre las partes, evitando posibles arbitrariedades o violaciones de derechos fundamentales.
Asimismo, promueve la eficacia y eficiencia del procedimiento administrativo al evitar dilaciones
innecesarias o malentendidos que puedan obstaculizar su desarrollo adecuado.
Es importante concentrarse en el primero de todos los pasos procesales porque, sin él, el resto de la
gestión legal en los tribunales carece de sentido. El debido proceso es el conjunto de normas que deben
seguirse en la tramitación de un asunto judicial para garantizar la eficacia y la igualdad de condiciones
de los litigantes. La notificación por parte del tribunal donde se revisa el caso por cualquier motivo
legal, es crucial e inevitable. Esta medida debe tomarse y es apropiada en todas las acciones legales
en las que interviene un tribunal o un juez (Lalama, 2023, pág. 20).
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Lalama destaca la importancia primordial del debido proceso en el ámbito judicial, resaltando que
constituye el primer paso esencial para garantizar la efectividad y la equidad en cualquier
procedimiento legal. Desde mi perspectiva, este enfoque subraya la necesidad de seguir un conjunto
de normas y procedimientos establecidos para asegurar que todos los litigantes sean tratados de
manera justa y en igualdad de condiciones ante la ley, pues la notificación por parte del tribunal se
presenta como un elemento crucial e inevitable en cualquier acción legal que involucre la intervención
de un tribunal o un juez. Esta medida garantiza que todas las partes involucradas en el proceso tengan
conocimiento oportuno y adecuado de los actos, resoluciones o decisiones judiciales que les
conciernen, permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos de defensa y participación en el
procedimiento.
Por su parte el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que el
derecho al debido proceso es esencial dentro de las garantías fundamentales. De acuerdo con esta
disposición, todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a garantizar el
cumplimiento de las normas destinadas a proteger los derechos de los ciudadanos sometidos a
procesos legales. Además, la constitución establece la presunción de inocencia y el principio de tratar
a las personas como inocentes hasta que una sentencia formal y vinculante demuestre lo contrario.
Este principio asegura el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, independientemente de la
etapa del procedimiento en la que se encuentren, tal como se detalla en el numeral 7, literal a).
La debida notificación garantiza la igualdad procesal, pues las partes conocen adecuadamente el
avance del proceso, la práctica de las pruebas y las decisiones que va adoptando el juzgador desde el
inicio de la causa hasta su culminación, a través de la expedición de la correspondiente sentencia, para
que, posteriormente, las partes, en igualdad de condiciones, puedan acceder a los recursos que prevea
el ordenamiento jurídico (Corte Constitucional del Ecuador, 2021, pág. 24).
La debida notificación en el proceso legal para asegurar la igualdad entre las partes involucradas,
enfatiza cómo la notificación adecuada permite que todas las partes estén debidamente informadas
sobre el desarrollo del proceso, incluyendo la presentación de pruebas y las decisiones tomadas por el
juez desde el inicio del caso hasta su conclusión con la emisión de una sentencia. Esto garantiza que
todas las partes estén en igualdad de condiciones y puedan ejercer plenamente sus derechos legales,
incluyendo el acceso a los recursos contemplados en la legislación pertinente, este enfoque resalta la
importancia de la transparencia y la equidad en el sistema judicial, asegurando que ninguna parte sea
sorprendida por decisiones o acciones tomadas durante el proceso. Además, subraya cómo la
notificación adecuada promueve la confianza en el sistema legal al permitir que todas las partes
participen de manera informada y justa en el proceso legal. En resumen, este texto destaca la
relevancia de la debida notificación como un elemento esencial para garantizar la igualdad procesal y
el acceso equitativo a la justicia.
RESULTADOS
Los resultados de la investigación se presentan de manera objetiva, destacando las principales
vulneraciones a las garantías procesales en el procedimiento coactivo en Ecuador. A continuación, se
detallan los hallazgos más relevantes:
Falta de Notificación Adecuada: Se observó que en varios casos no se cumplió con la notificación
adecuada a las partes involucradas, generando situaciones de indefensión y violación al debido
proceso.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2131.
Aplicación Inconsistente de Medidas Cautelares: Las medidas cautelares y sancionadoras se aplicaron
de manera inconsistente, afectando la equidad y justicia del procedimiento coactivo.
DISCUSIÓN
La discusión interpreta los resultados en relación con la hipótesis inicial y estudios previos relevantes.
Los resultados indican que las principales vulneraciones al debido proceso en el procedimiento
coactivo incluyen la notificación inadecuada y la aplicación inconsistente de medidas cautelares. Estos
hallazgos son consistentes con estudios previos que han señalado deficiencias en la implementación
de garantías procesales en Ecuador. Se infiere que las deficiencias en la notificación y aplicación de
medidas cautelares afectan negativamente la equidad y justicia del sistema judicial en Ecuador. Sin
embargo, la investigación tiene limitaciones, incluyendo el tamaño de la muestra y la posibilidad de
sesgo en la selección de casos.
CONCLUSIÓN
La investigación evidenció que muchas de las deficiencias en la aplicación del debido proceso se deben
a la falta de capacitación adecuada de los funcionarios judiciales y administrativos. Es esencial
implementar programas de capacitación y sensibilización para estos funcionarios, centrados en las
garantías procesales y la correcta aplicación de las normas, con el fin de mejorar la calidad y equidad
de los procedimientos coactivos.
Las irregularidades identificadas en los procedimientos coactivos, como la falta de notificación
adecuada y la aplicación arbitraria de medidas cautelares, afectan negativamente la seguridad jurídica
y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Estas prácticas socavan la percepción de
justicia y transparencia, resaltando la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan la seguridad
jurídica y restauren la confianza pública.
Comparando el sistema ecuatoriano con los de España, México y Argentina, se identificaron diversas
buenas prácticas que podrían ser adoptadas para mejorar el procedimiento coactivo en Ecuador. Estas
incluyen mecanismos de notificación electrónica, la estandarización de medidas cautelares y la
implementación de sistemas de monitoreo y evaluación continua. La adopción de estas prácticas
podría contribuir significativamente a la mejora de la eficacia y equidad del sistema judicial
ecuatoriano.
La evaluación continua de los procedimientos coactivos y la inclusión de la participación ciudadana
son cruciales para identificar y corregir deficiencias en el sistema. Establecer mecanismos de
retroalimentación y consulta pública permitirá que las reformas sean más efectivas y alineadas con las
necesidades y expectativas de los ciudadanos. La participación activa de la sociedad civil en la
evaluación y mejora del sistema judicial contribuirá a una mayor transparencia y legitimidad de las
acciones judiciales.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2132.
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