LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2205.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2771
El derecho a la identidad como derecho humano y su relación
con la exclusión de la “Pensión para el Bienestar” en adultos
mayores pobres
The right to identity as a human right and its relationship with the
exclusion of the “welfare pension” in poor older adults
María Daniela Rosas García
maria.rosas@academicos.udg.mx
https://orcid.org/0000-0003-2518-999X
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá
Tonalá – México
Claudia Liliana Vázquez Juárez
claudia.vazquez5425@academicos.udg.mx
https://orcid.org/0000-0002-0932-0110
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Tonalá
Tonalá – México
Artículo recibido: 20 de septiembre de 2024. Aceptado para publicación: 09 de octubre de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Esta investigación analiza las repercusiones del incumplimiento del derecho a la identidad en las
personas adultas mayores, particularmente aquellas en situación de pobreza que carecen de
documentos oficiales. Estas personas, al no contar con acta de nacimiento u otros documentos de
identidad, quedan excluidas de la “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores”, un programa de
apoyo no contributivo fundamental para su subsistencia. El estudio se enfocó en los casos de dos
adultos mayores, de 84 y 94 años, quienes residen en una colonia popular de Guadalajara, Jalisco. A
través de la exploración de sus historias de vida, se profundiza en cómo la falta de identidad legal ha
derivado en su marginación de los programas gubernamentales, lo que ha incrementado su
dependencia y vulnerabilidad. Esta carencia no solo constituye una violación a su derecho
fundamental a la identidad, sino que también los priva de acceder a otros beneficios sociales
destinados a mejorar su calidad de vida en su vejez. La pérdida de sus documentos de identidad,
combinada con la complejidad de los trámites para su recuperación, agrava su situación al impedirles
acceder no solo a la pensión, sino a otros programas sociales que podrían aliviar su condición de
vulnerabilidad. El problema radica en la necesidad imperiosa de fortalecer y ajustar las políticas
públicas para facilitar la restitución de la identidad legal en los adultos mayores, asegurando que
puedan ejercer plenamente sus derechos y acceder a los apoyos sociales a los que tienen derecho.
Palabras clave: derecho humanos y derecho a la identidad, exclusión social, pensión no
contributiva, adultos mayores, pobreza
Abstract
This research examines the repercussions of the failure to uphold the right to identity for elderly
individuals, particularly those living in poverty who lack official documents. These individuals, without
a birth certificate or other identity documents, are excluded from the “Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores”, a non-contributory support program that is essential for their subsistence. The
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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2206.
study focuses on the cases of two elderly individuals, aged 84 and 94, who reside in a low-income
neighborhood in Guadalajara, Jalisco. By exploring their life stories, the study delves into how the
absence of legal identity has led to their marginalization from government programs, increasing their
dependence and vulnerability. This lack of identity not only constitutes a violation of their fundamental
right to identity but also deprives them of access to other social benefits aimed at improving their
quality of life in old age. The loss of their identity documents, combined with the complexity of the
procedures to recover them, exacerbates their situation by preventing them from accessing not only
the allowance but also other social programs that could alleviate their vulnerability. The core issue lies
in the urgent need to strengthen and adapt public policies to facilitate the restoration of legal identity
for the elderly, ensuring that they can fully exercise their rights and access to the social support they
are entitled to.
Keywords: human rights, right to identity, social exclusion, non-contributory pension, older
adults, poverty
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Cómo citar: Rosas García, M. D., & Vázquez Juárez, C. L. (2024). El derecho a la identidad como
derecho humano y su relación con la exclusión de la “Pensión para el Bienestar” en adultos mayores
pobres. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 2205 – 2216.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2771
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2207.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la cantidad de población adulta mayor a nivel global ha aumentado de forma
acelerada, en México se calcula que, para finales de 2024, las personas adultas mayores representarán
el 12% de la población total. Aunado a lo anterior, un 17.7% de la población adulta mayor en México
carece de acceso a la seguridad social, dejándolos sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades
básicas (DOF, 2023). Conforme a las proyecciones de población vigentes, publicadas en agosto de
2023 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), al primero de enero de 2024, hay en Jalisco 8
millones 778 mil 827 habitantes, de los cuales el 50.7% (4´447,123) son mujeres y el 49.3% (4´331,704)
hombres. A inicio de año, la población femenina supera a la masculina con 115 mil 419 personas, lo
que significa que hay 103 mujeres por cada 100 hombres en el estado.
Ante esta realidad, la seguridad social es esencial para lograr la supervivencia y mejor calidad de vida
de la población. La seguridad social es entendida como “… el conjunto de mecanismos diseñados para
garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como
accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez o el
embarazo” (CONEVAL, 2021, p.20). Así, dichos beneficios se han enfocado en población considerada
como vulnerable, contemplando a las personas adultas mayores. Dentro de este cúmulo de beneficios
se encuentran las pensiones, ya sean contributivas o no.
En México han existido diversos cambios con respecto al acceso a las pensiones, según Vivaldo (2023)
sus inicios datan del siglo XIX, donde las pensiones estaban relacionadas con las mutualistas, que
fueron precursoras de la protección de los trabajadores. Posteriormente, se procuró agregar las
pensiones como un derecho laboral, teniendo su primer registro en 1824 en Guanajuato donde se
brindaban pensiones exclusivas para soldados y sus familiares. Después, en el siglo XX, se crea la Ley
de Pensiones Civiles y de Retiro, durante el año 1925, en donde se establece la protección de los
trabajadores del Estado. Así, fue evolucionando la legislación al respecto, hasta que en el año 1943 se
introdujo la Ley del Seguro Social, donde se incluía la pensión por invalidez y vejez. Este sistema no fue
sostenible durante mucho tiempo, dadas las crisis relacionadas al aumento del envejecimiento
poblacional, así como la falta de apoyo por parte del gobierno y los empleadores de proteger a sus
trabajadores. Ya en el siglo XXI, se crearon reformas enfocadas a los sistemas de capitalización
individual, se creó el AFORE y la pensión universal, no contributiva, destinada a personas mayores de
68 años, quienes no contaban con una pensión contributiva, siendo un avance en materia de protección
social en México.
El acceso a las pensiones contributivas es diverso ya que existen procesos que subyacen su obtención.
Como ejemplo, se encuentran las diferencias de género, ya que la mayoría de mujeres se dedicaron al
cuidado de otros y al trabajo doméstico, sin recibir remuneración, resultando en una dependencia de
las pensiones de sus parejas, o de los recursos de sus familias para sobrevivir (Cardona Acuña, 2013).
En políticas recientes se ha modificado la edad para acceder a estas pensiones no contributivas,
contemplando personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, quienes no lograron acceder
a una pensión contributiva, para posteriormente extenderse a toda la población adulta mayor (Sánchez
Aguilera y Rodríguez Gómez, 2020). Por ello, en México en la actualidad, se encuentra la “Pensión para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” programa promovido por el Gobierno actual con el
propósito de fortalecer la protección social para personas de 65 años o más, otorgándoles un apoyo
económico de $6,000 pesos cada dos meses. A diferencia de otros programas de bienestar, este
beneficio tiene respaldo constitucional, lo que significa que el Estado mexicano está obligado a
garantizar su entrega, sin que dependa de las autoridades o administraciones que estén en el poder
(Gobierno de México, s.f.). Si bien este tipo de apoyos han ayudado a un sector desfavorecido de la
población, existen diversos elementos a tomar en cuenta para el acceso a los apoyos sociales.
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Existe una gran diversidad con respecto al proceso de envejecimiento y el acceso a la seguridad social,
según la formalidad o informalidad en el trabajo, así como la clase social, formación académica y
género. Aunado a las diversas características de las personas adultas mayores, ya que para acceder a
dichos programas sociales es necesario contar con una identidad jurídica y que esta pueda ser
comprobada.
Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tienen derecho al reconocimiento legal,
por lo que los estados deben establecer leyes y sistemas que aseguren este reconocimiento (Đoković
et al., 2019). El derecho a la identidad, constituido en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es esencial para el reconocimiento jurídico y social de una persona, lo cual
le confiere derechos y responsabilidades (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH],
2022). Este derecho permite que el Estado reconozca a los ciudadanos, otorgándoles beneficios y
derechos fundamentales.
En comunidades marginadas o en situaciones de pobreza extrema, es común que algunas personas
mayores no cuenten con estos documentos debido a diversas razones, como el aislamiento
geográfico, la falta de acceso a servicios de registro civil, o incluso la falta de conocimiento sobre la
importancia de estos documentos. Esto genera una situación de exclusión, ya que, al no poder
demostrar su identidad, estas personas quedan fuera del sistema de protección social, incluyendo el
acceso a la Pensión para el Bienestar.
También “La Agenda 2030” establece en la meta 16.9 el derecho a la identidad para ejercer los
derechos fundamentales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018). Se ha dado mayor
énfasis en la infancia, pues el proceso de registro de nacimiento es crucial, ya que garantiza el
reconocimiento administrativo de la existencia y personalidad jurídica del individuo (INEGI & UNICEF
México, 2018). No obstante, se ha descuidado lo referente al derecho a la identidad en otras etapas
de la vida, como lo es la vejez.
A pesar de que el registro de identidad se realiza desde la infancia, muchas personas pierden el acceso
a los documentos que acreditan la misma. Este problema ha sido reportado entre individuos que
migraron ilegal o forzadamente, aquellos que viven en regiones de bajos ingresos o en situación de
indigencia (Clark et al., 2023; Dávila López, 2023; Kmak, 2020). Sin embargo, un grupo menos estudiado,
en cuanto a la falta de documentos de identidad y sus implicaciones, es el de los adultos mayores en
condiciones de pobreza y exclusión.
Los datos recientes del Banco Mundial revelan que mil millones de personas carecen de
documentación de identidad reconocida, lo que impide probar legalmente quiénes son. Esto demuestra
el retraso en proporcionar un acceso fundamental a derechos y oportunidades básicos (Đoković et al.,
2019).
En México, como en muchos países en desarrollo, la vejez trae consigo diversos desafíos, y uno de los
más significativos es la pobreza de este grupo de población. En 2020, el 37.9% de los adultos mayores
en México vivía en condiciones de pobreza, y el 6.7% en pobreza extrema (CONEVAL, 2021). Quienes
más padecían esta condición eran aquellos sin ingresos por jubilación o con empleos de bajos
ingresos, volviéndose particularmente vulnerables, dando especial importancia al acceso a los
recursos disponibles para mejorar sus condiciones de vida.
Si bien, como se mencionó anteriormente, en México se han creado programas sociales como la
pensión no contributiva, en la actualidad Pensión para el Bienestar, para mitigar las condiciones de
pobreza y vulnerabilidad de la población adulta mayor, es cierto que, muchos no pueden acceder a
estos apoyos debido a la falta de documentos de identidad, lo que evidencia la importancia crucial de
estos documentos para acceder a políticas sociales (Fuentes Vera, 2013).
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La exclusión de los apoyos sociales debido a la falta de documentos de identidad aumenta la
dependencia de los adultos mayores hacia sus familias y su entorno, sin que el Estado garantice sus
necesidades básicas, al carecer de los beneficios de la seguridad social, lo que agrava su vulnerabilidad
y pobreza. Dando como resultado que los apoyos sociales no siempre llegan a quienes más los
necesitan, sino a quienes pueden cumplir con los requisitos burocráticos (Fuentes Vera, 2013). Por ello,
es necesario evidenciar esta situación que experimentan las personas adultas mayores en dichas
condiciones.
METODOLOGÍA
Los datos de este trabajo provienen de un estudio mayor, realizado con un enfoque cualitativo, así, los
resultados presentados están enfocados a las consecuencias de la falta de documentos de identidad,
resultando en la exclusión de apoyos sociales para personas adultas mayores que viven en condiciones
de pobreza, en una colonia popular de Guadalajara, Jalisco, México, durante los años 2019-2020. Este
enfoque cualitativo permitió una mayor comprensión con respecto a las historias de los participantes,
además de favorecer una exploración detallada de contextos y situaciones específicas (Creswell,
2013).
Los participantes del estudio fueron dos personas adultas mayores, un hombre casado de 84 años y
una mujer viuda de 94 años, seleccionados mediante un muestreo intencional, con criterios de
selección como vivir en condiciones de pobreza, no contar con papeles que acrediten su identidad, así
como el no tener acceso a ningún apoyo social. Además, ambas personas eran residentes de una
colonia popular y compartían características como ser migrantes rurales, no haber concluido la
educación básica. Aunado a que ambos trabajaron en el sector informal, vivían en condiciones de
pobreza desde su juventud y, dependían física y económicamente de sus familias. Por lo tanto, estos
casos fueron elegidos para proporcionar una información rica y detallada sobre el fenómeno de interés.
Los datos fueron recolectados utilizando entrevistas semi-estructuradas, que permitieron obtener
descripciones detalladas de las situaciones que llevaron a su nivel de dependencia, así como la pérdida
de documentos de identidad y las consecuencias de esta pérdida en su acceso a apoyos sociales.
Se utilizó un diseño de estudio de caso, ya que permite una exploración exhaustiva del fenómeno
estudiado, en este caso, las narrativas de las personas adultas mayores afectadas por la falta de
documentos de identidad haciendo este diseño propicio para investigar fenómenos dentro de su
contexto real (Yin, 2018).
Los datos recolectados fueron analizados utilizando el análisis temático, que implica identificar y
analizar los temas principales dentro de las narrativas (Braun & Clarke, 2006). Los temas identificados
incluyeron datos sociodemográficos, nivel de dependencia física y económica, pérdida de documentos
de identidad, intentos realizados para la restitución de los documentos, complicaciones vividas debido
a la falta de documentos y el proceso de exclusión de la Pensión para el Bienestar. Una vez
identificados los temas, se procedió a su interpretación y descripción detallada.
Este estudio tomó en cuenta las implicaciones éticas de la investigación. Se obtuvo el consentimiento
informado de los participantes, explicándoles el propósito del estudio y sus derechos de
confidencialidad y de retirarse de la investigación en cualquier momento. Además, se garantizó la
confidencialidad de los participantes y se protegió su identidad y privacidad mediante el uso de
seudónimos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados muestran la situación de dos personas adultas mayores en condiciones de pobreza,
quienes carecen de documentación adecuada debido a la pérdida de documentos de identidad y la
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complejidad del proceso de reconstitución de los mismos. Esta carencia de identidad legal se traduce
en una exclusión sistemática de programas de apoyo social, afectando su capacidad para satisfacer
necesidades básicas.
El primer caso es Juan, un hombre de 84 años, casado, con educación primaria trunca, lo que significa
que sólo sabía leer y escribir. Nunca estuvo inserto en el sector laboral formal, ya que se dedicó al
comercio informal, por lo tanto, no tenía acceso a una pensión contributiva ni contaba con ahorros para
su retiro. Juan padecía de ceguera a causa de glaucoma, pero no presentaba ninguna discapacidad
motriz o comorbilidad adicional. Su condición de pobreza se agravó debido a que tampoco tenía
acceso a servicios derivados de la seguridad social, por lo que utilizaba servicios públicos de atención
médica y su familia cubría los costos de su atención.
Juan no era propietario de la casa donde residía con su esposa y su nieta, lo que generaba un alto nivel
de dependencia tanto física como económica. Obtenía su ingreso principalmente de las transferencias
económicas de sus hijos, así como del ingreso económico de su esposa, quien trabajaba vendiendo
comida. Su esposa, de 70 años, cubría los gastos de Juan y de su nieta huérfana de 14 años, quien
también era dependiente económica. A pesar del apoyo familiar, vivían con muchas carencias,
agravadas por la falta de recursos de Juan. Su situación de salud y la falta de recursos afectan
negativamente la calidad de vida de toda la familia.
La pérdida de sus documentos se debió a un incendio en la casa donde vivía, en el que perdieron todo
lo que poseían, incluidos documentos relevantes. El problema con su documentación se agravó porque
Juan provenía de un área rural de Jalisco. Cuando intentaron reponer su acta de nacimiento,
descubrieron que había ocurrido una quema de documentos en el registro civil local y no existía un
respaldo digital. Esto imposibilita la reposición de su identificación oficial y la realización de cualquier
otro trámite legal. La ausencia de documentos oficiales le impidió acceder a la “Pensión para el
Bienestar” y otros apoyos sociales que podrían haber aliviado su situación económica.
Agregando que, el proceso para la reconstitución de su acta de nacimiento requería un procedimiento
judicial complejo que incluía presentar pruebas documentales y testimonios de personas que
atestiguan su nacimiento, seguido de una resolución judicial. Sin embargo, la falta de documentos, los
recursos económicos limitados, y la necesidad de trasladar a Juan dada su condición de salud, hicieron
que este proceso fuera extremadamente difícil y, en última instancia, imposible. Como resultado, Juan
continuó excluido de los programas de apoyo social, lo que incrementó su vulnerabilidad y la de su
familia.
El segundo caso es Florentina, una mujer de 94 años, viuda, con educación primaria incompleta; sabía
leer y escribir. Florentina siempre fue ama de casa y nunca tuvo un trabajo fuera del hogar, por lo que
no tenía pensión por viudez ni derivada de las prestaciones por alguna actividad laboral. En cuanto a
su estado de salud, Florentina no controlaba sus esfínteres y había sufrido múltiples fracturas en
cadera y columna provocadas por una caída que no recibió tratamiento adecuado debido a la
incapacidad de la familia para sufragar los costos de la cirugía. Como resultado de esta caída, presentó
una discapacidad motriz total, pudiendo mover solo sus brazos y cabeza, sin poder sentarse por sí
misma ni mover las piernas, que quedaron deformadas.
Además de su discapacidad motriz, Florentina también sufría de debilidad visual y auditiva, lo que
dificulta su comunicación con los demás y, en ocasiones, no reconocía a sus familiares. Al igual que
Juan, Florentina no era propietaria de la casa donde vivía. Residía con su hija de 65 años, su nieto de
34 años y la esposa de su nieto de 30 años. El ingreso principal del hogar provenía del sueldo de su
nieto, quien trabajaba como empleado de limpieza, y el ingreso complementario era el sueldo de la
esposa de su nieto, quien trabajaba en una papelería. Florentina y su hija eran dependientes
económicas del hogar.
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La pérdida de sus documentos legales ocurrió durante uno de los múltiples cambios de residencia que
la familia realizó. El problema posterior para reponer sus documentos fue similar al de Juan, ya que
Florentina era migrante rural y no se encontró respaldo de su acta de nacimiento en el registro civil de
su localidad de origen. Esto complicó el acceso a otros documentos de identificación y, en última
instancia, imposibilita su inscripción y acceso a la pensión no contributiva.
Cabe recalcar que, en el caso de estos dos adultos mayores y sus familias, los ingresos de los
miembros del hogar no eran suficientes para cubrir todos los gastos, ya que no eran propietarios de
una vivienda, lo cual implicaba destinar una gran parte de sus ingresos en la renta y lo que sobraba se
utilizaba para cubrir sus necesidades básicas. Por lo tanto, los ingresos de la familia se destinaban
principalmente a las necesidades para la reproducción social de todos los miembros del hogar y
también para sufragar el costo de la renta.
Así, estas personas adultas mayores y sus familias se caracterizaban por mantener un nivel
socioeconómico bajo, provocando un contexto de pobreza, no sólo barrial, sino también con respecto
a la exclusión de las políticas sociales de protección del Estado, como no acceder a los apoyos
gubernamentales debido a la falta de documentos legales.
Es necesario también resaltar que ambos adultos mayores intentaron realizar el proceso para la
reconstitución de su acta de nacimiento para lograr adquirir nuevamente sus documentos de identidad.
No obstante, el proceso implica un procedimiento judicial para la reconstitución del acta de nacimiento,
lo que implica presentar pruebas documentales, de las cuales no contaban con ninguna. Además, se
necesitan testimonios de personas que atestiguan el nacimiento, seguido de una resolución judicial.
Un factor poco considerado es la posibilidad de llevar a cabo el proceso, pues implica recursos
económicos, tiempo, y algo muy importante, trasladar a la persona adulta mayor a dicho proceso. Esto
resultaba muy difícil en el caso de Juan y prácticamente imposible en el caso de Florentina debido a
su nivel de dependencia física.
Si bien se presentan dos casos, es un retrato de la situación que viven muchas personas adultas
mayores en México, que no cuentan con documentos de identidad, incluso, los que tienen errores en
sus documentos de identidad, afectando su derecho a la identidad. Además de que el hecho de que
exista un proceso para resolverlo no implica que sea de conocimiento de las personas o que sea
asequible para alcanzarlo, ya que cuando se vive en condiciones de exclusión social existe poca
capacidad para afrontar las situaciones de la vida cotidiana, volviéndonos más vulnerables
socialmente.
Como se mostró en los resultados, en los casos de Juan y Florentina, se ilustra cómo la falta de
documentos de identidad puede afectar negativamente a los adultos mayores en situación de pobreza,
en especial cuando no logran acceder a los apoyos sociales diseñados para este grupo etario y social.
Con respecto al éxito de las pensiones no contributivas, en la literatura se ha realizado una crítica sobre
el Estado de bienestar en México, expresando que los programas sociales, como la pensión universal,
que surge como iniciativa de Ley en 2013, con el objetivo de garantizar una protección mínima a la
población adulta mayor difícilmente cubre las necesidades de la población más vulnerable. Además,
se critica la visión paternalista de las políticas sociales, la cual no ayuda a la población necesitada, sino
a grupos de interés ya que los programas sociales suelen estar condicionados por otros factores,
teniendo como resultado el hecho de no abordar la pobreza de forma adecuada, resultando en una
exclusión social de la población adulta mayor más vulnerable (Reyes & Sampedro, 2019).
De igual forma, diversos estudios sugieren que las pensiones no contributivas, como la “Pensión para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” en México contribuyen a reducir el nivel de pobreza. Sin
embargo, estas pensiones resultan insuficientes para erradicar por completo la pobreza y la
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precariedad que enfrentan este limitado impacto se debe, en gran medida, a deficiencias en la
implementación de políticas públicas, las cuales continúan perpetuando patrones de exclusión social,
especialmente entre las minorías vulnerables. La persistencia de estas desigualdades evidencia un
fracaso en la creación de un sistema más inclusivo y equitativo para todos los sectores de la sociedad
(Herrera et al., 2024).
Aunado a que existe una alta proporción de adultos mayores que no reciben pensión, lo que genera un
mayor nivel de pobreza, orillando a continuar trabajando para lograr sobrevivir (Damian, 2016). Sin
embargo, cuando el nivel de dependencia física es alto, no permite continuar con alguna actividad
laboral, como fue el caso de las personas adultas mayores estudiadas.
Los casos mostrados, así como la evidencia científica, demuestran que la carencia de una identidad
legal válida no solo es un problema administrativo, sino que constituye una barrera significativa para
el acceso equitativo a recursos que puedan coadyuvar a la disminución de la pobreza, como lo
menciona Damián (2016) “Recibir una pensión y si ésta es contributiva o no, marca profundamente la
condición de vida y la pobreza de los adultos mayores” (p. 162). La exclusión de estos adultos mayores
de la pensión no contributiva debido a la falta de documentos de identidad revela una falla estructural
en la protección de los derechos humanos (Fuentes, 2013). Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, de no acceder a los apoyos sociales se ha comprobado que el nivel
de pobreza aumenta (CONEVAL, 2023).
En el caso de Juan, su exclusión de los programas de apoyo social se debe a la pérdida de sus
documentos en un incendio y a la falta de digitalización de los registros civiles en áreas rurales. Esto
destaca la urgente necesidad de mejorar los sistemas de registro civil mediante la incorporación de
tecnologías innovadoras y el uso de sistemas de información para garantizar el derecho a la identidad
(Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 2023). Uno de los principales
problemas está relacionado con los registros civiles, ya que estos son básicos al momento de acreditar
o adquirir una identidad legal (Đoković et al., 2019). Facilitar el acceso a documentos de identidad
mejoraría el acceso a programas de apoyo social y reduciría la exclusión de poblaciones vulnerables,
como los adultos mayores en situación de pobreza.
Como se presentó en los resultados, ambos adultos mayores enfrentaron problemas similares, ya que
la pérdida de documentos legales impidió acceder a una pensión no contributiva y otros apoyos. Este
caso evidencia que los adultos mayores en situación de pobreza, sin documentos de identidad, cuentan
con poca información y recursos para restituirlos, lo que agrava su vulnerabilidad. La dependencia
física y económica de ambas personas adultas mayores también coincide en estudios que
documentan cómo la falta de acceso a apoyos sociales puede empeorar las condiciones de vida y
aumentar su dependencia (Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, s.f.).
Ambos casos subrayan la necesidad de políticas públicas que faciliten la reconstrucción de
documentos para personas mayores y otros grupos vulnerables. Los procesos judiciales necesarios
para reponer documentos de identidad son a menudo inaccesibles para quienes tienen recursos
limitados. Como lo menciona Fuentes Vera (2013):
Hemos conocido personas adultas mayores que nunca reciben los recursos que les corresponden por
ley porque fallecen antes de poder concluir los trámites por motivos de salud; otras, se rinden en el
intento por carecer de recursos para pagar un notario que constate que la persona a la que refieren los
datos asentados en el acta de nacimiento es la misma que se señala en otros documentos. (p. 11)
Por ello, es crucial mejorar la inclusión social y económica de personas adultas mayores, facilitando
los procesos de restitución de identidad. La exclusión de los programas de apoyo social debido a la
falta de documentos de identidad refleja una falla estructural en la protección de los derechos humanos
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de las personas mayores, lo que a su vez aumenta la pobreza y dependencia en esta población. Es
esencial implementar políticas más inclusivas y procedimientos accesibles, así como difundir
programas como "Soy México. Identidad e Inclusión", lanzado por la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los
más vulnerables, obtengan los documentos necesarios y accedan a los apoyos sociales (Secretaría de
Bienestar, 2017). Además, es relevante que esta información llegue a la población que más lo necesita.
El Banco Mundial ha realizado diversas propuestas, como la iniciativa Identification for Development
(ID4D, por sus siglas en inglés) con la finalidad de lograr el acceso a la identidad en la población, en
especial en aquellas de países de bajos y medianos ingresos, ya que destaca que en el mundo existen
850 millones de personas que no cuentan con documentos de identidad, lo que afecta el acceso a los
servicios básicos. Coincide con que las barreras para acceder a los documentos de identidad son los
costos, la complejidad de los requisitos, así como la distancia para llevar a cabo los trámites (Clark et
al., 2023).
La expansión de la identidad digital, la gobernanza electrónica y la tecnología biométrica ha
incrementado el interés y la inversión en sistemas de identidad por parte de gobiernos, desarrolladores
y actores del sector privado, ofreciendo oportunidades para resolver la falta de identidad legal entre
quienes no poseen credenciales reconocidas por el estado (Đoković et al., 2019). La digitalización de
las actas de nacimiento es un proceso importante para permitir el respaldo y acceso a los documentos
de identidad de la población, y en el caso de actas foráneas, es necesario que los registros civiles
alimenten la base nacional (Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, 2017).
De igual forma, como lo menciona Cuellar Becerra (2017) en Perú, en diversas provincias, se ha
evidenciado la efectividad de programas de restitución de documentos de identidad como el llevado a
cabo por la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS), el cual se encargaba de
ayudar a las poblaciones más vulnerables, como era el caso de las personas adultas mayores, a
quienes se les ayudó para acceder a derechos y servicios, ya que en persona abandonadas o con
problemas graves de movilidad era un problema que se veía agudizado, además de los costes de los
procedimientos legales y las barreras de la burocracia. Se reportó que en Perú hacían campañas de
documentación, ferias informativas sobre el derecho a la identidad, servicios de documentación, entre
otros. En dicho trabajo se muestra la vulnerabilidad de personas adultas mayores no registradas, con
errores en sus actas, con deterioro de huellas, aunado a los atentados en los registros civiles que fueron
destruidos, considerándose víctimas de violencia política generando a personas indocumentadas.
Además, como menciona Da Escóssia (2020) el derecho a la identidad genera la idea de derechos,
identidad y ciudadanía, pues “… calificó a estas personas sin papeles como invisibles, porque son
ilegibles legalmente por el marco estatal” (p.45). Es así que la literatura visibiliza a la población
indígena, desplazados, personas trans, niños de comunidades pobres, personas privadas de su libertad,
adultos mayores, personas en situación de calle, personas con discapacidad, y la complejidad para el
acceso a su derecho a la identidad, teniendo un efecto negativo para el acceso al resto de derechos
dada su interdependencia.
CONCLUSIÓN
Este trabajo ofrece una reflexión sobre cómo la carencia de documentos de identidad afecta
gravemente a los adultos mayores en situación de pobreza, limitando su acceso a programas sociales
cruciales como la "Pensión para el Bienestar", lo cual incrementa su dependencia hacia familiares y
agrava su situación de vulnerabilidad. Este derecho, que debería garantizarse para todas las personas,
especialmente en la vejez, se ve vulnerado en los casos analizados debido a la pérdida o ausencia de
documentos oficiales, lo cual imposibilita la participación de estos individuos en los sistemas de apoyo
social que buscan mejorar su calidad de vida.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2214.
El derecho a la identidad es más que un reconocimiento legal; es la llave que permite a las personas
ser vistas y tratadas como sujetos de derechos ante el Estado y la sociedad. La falta de este
reconocimiento no solo los invisibiliza, sino que también los excluye de oportunidades vitales para
subsistir en condiciones dignas. A pesar de los esfuerzos del Estado para implementar políticas de
apoyo social como la mencionada pensión, queda claro que, sin un acceso fácil y garantizado a la
identidad legal, estas iniciativas no pueden ser realmente inclusivas. Este problema se ve agravado por
la complejidad burocrática y la falta de acceso a recursos que permitan a los adultos mayores reponer
sus documentos de identidad. Así, el artículo subraya la urgencia de adoptar medidas efectivas y
accesibles para garantizar que todos, especialmente aquellos en situación de pobreza, puedan ejercer
plenamente su derecho a la identidad y, con ello, acceder a los beneficios sociales que les
corresponden por ley.
Es fundamental que se promuevan cambios en las políticas públicas para simplificar los trámites y
facilitar el acceso a estos documentos, de modo que ningún adulto mayor quede excluido por
cuestiones administrativas o burocráticas. Tal como se menciona en el texto, la digitalización de los
registros civiles y la implementación de sistemas más inclusivos serían pasos importantes para
garantizar que las personas mayores puedan acceder a la protección social que tanto necesitan (CNDH,
2022; Clark et al., 2023). Esta es una cuestión no sólo de justicia social, sino de garantizar un trato
digno y equitativo a una población que merece gozar de sus derechos fundamentales en todas las
etapas de la vida y en el caso de la población adulta mayor, el derecho a la identidad les asegura no
quedar excluidos de los beneficios que les corresponden por derecho.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2024, Volumen V, Número 5 p 2215.
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