LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.

ISSN en línea: 2789-3855, noviembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 4998.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2955

Análisis del Impuesto sobre Tenencia Vehicular:
Implicaciones Político-Sociales en el Contexto del estado de

Guerrero, en México
Analysis of the Vehicle Ownership Tax: Political and Social Implications and

Associated Costs in the Mexican Context

César García Salas
a22010605@uhipocrates.edu.mx

https://orcid.org/0009-0000-9952-6827
Universidad Hipócrates

Acapulco de Juárez, Guerrero – México

Edwin Yepes González
egyepes@ucompensar.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-9282-8918
Fundación Universitaria Compensar

Bogotá – Colombia

Artículo recibido: 25 de octubre de 2024. Aceptado para publicación: 08 de noviembre de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El presente trabajo analiza el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos en México, explorando
sus implicaciones políticas, sociales y fiscales. El objetivo principal es generar una reflexión sobre la
importancia de este impuesto, su evolución histórica y las consecuencias que podría tener su
modificación o eliminación en el contexto nacional. A lo largo del desarrollo, se examina el concepto
de costo político y cómo las decisiones sobre impuestos pueden afectar la vida pública y las
dinámicas sociales. Asimismo, se aborda la necesidad de evaluar profundamente las políticas fiscales
para garantizar que estas respondan a las realidades sociales y políticas del país. Se concluye que,
aunque los impuestos son fundamentales para el desarrollo social y político, cualquier cambio en su
estructura debe ser cuidadosamente analizado y consensuado, buscando alternativas que
compensen los posibles efectos económicos adversos. Además, se sugiere que futuras
investigaciones exploren la percepción ciudadana sobre este tipo de impuestos para mejorar la toma
de decisiones gubernamentales.

Palabras clave: impuesto, percepción social, política

Abstract
This paper examines the vehicle ownership tax in Mexico, focusing on its political, social, and fiscal
implications. The main objective is to encourage reflection on the importance of this tax, its historical
evolution, and the potential consequences of modifying or eliminating it within the national context.
Throughout the discussion, the concept of political cost is explored, as well as how tax-related
decisions can influence public life and social dynamics. Additionally, the need for thorough evaluation
of fiscal policies is emphasized to ensure they respond effectively to the country's social and political
realities. The conclusion highlights that, while taxes are essential for social and political development,
any changes in their structure must be carefully analyzed and consensual, seeking alternatives to
mitigate possible adverse economic effects. Future research should focus on understanding public

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ISSN en línea: 2789-3855, noviembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 4999.

opinion regarding such taxes to enhance governmental decision-making.

Keywords: vehicle ownership tax, social perception, politics

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Cómo citar: García Salas, C., & Yepes González, E. (2024). Análisis del Impuesto sobre Tenencia
Vehicular: Implicaciones Político-Sociales en el Contexto del estado de Guerrero, en México. LATAM
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (5), 4998 – 5011.
https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2955

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ISSN en línea: 2789-3855, noviembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 5000.

INTRODUCCIÓN

El concepto de tributo ha sido una constante en la historia de las civilizaciones. Desde tiempos
remotos, diversas culturas empleaban mecanismos de tributación para sostener la organización social
y económica, ya fuera mediante ofrendas a deidades o como pagos forzosos a quienes ejercían el
poder. La evolución de este concepto ha sido significativa. En la actualidad, el término "tributo" se
refiere principalmente a las contribuciones económicas que los ciudadanos están obligados a realizar
a favor del Estado, con el propósito de financiar el gasto público y los servicios gubernamentales (Sol
Juárez, 2016). Este proceso ha llevado a que el tributo se institucionalice como un elemento clave
dentro de los sistemas fiscales modernos, vinculando de manera intrínseca a los individuos con las
funciones del Estado.

El Derecho Fiscal, como rama del derecho público, regula las relaciones entre los contribuyentes y el
Estado. Este campo del derecho abarca la administración y control de los ingresos que el Estado
obtiene a través de las contribuciones, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los ciudadanos. Según Rodríguez Lobato (2017), el sistema fiscal incluye aspectos como la
determinación, liquidación, pago, devolución, exención y prescripción de créditos fiscales, todos ellos
esenciales para mantener el equilibrio financiero estatal. Esta relación implica no solo el
reconocimiento de las obligaciones ciudadanas, sino también la protección de los derechos de los
contribuyentes frente al poder fiscal del Estado.

En México, el sistema de tributos ha experimentado cambios significativos a lo largo de su historia,
adaptándose a las necesidades sociales y económicas de cada época. Uno de los tributos más
debatidos en los últimos tiempos ha sido el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, el cual ha
generado múltiples discusiones sobre su justicia, aplicabilidad y relevancia en el contexto actual. Este
impuesto, creado con un objetivo temporal específico –financiar los Juegos Olímpicos de 1968–, ha
perdurado por décadas, lo que ha provocado controversias y llamados a su eliminación. La
permanencia del impuesto, su modificación o supresión, ha sido objeto de análisis desde múltiples
perspectivas políticas, sociales y económicas, dado el impacto que este tipo de decisiones tiene sobre
la ciudadanía y el financiamiento público.

Este trabajo pretende explorar la evolución del impuesto sobre la tenencia vehicular en México, desde
su creación hasta la actualidad, analizando los factores que han influido en su continuidad, las
implicaciones políticas de su eliminación. Se examinará también cómo estas decisiones fiscales
afectan no solo al Estado en términos de recaudación, sino también a la ciudadanía, cuyos intereses y
demandas han ido transformando el panorama de la tributación en el país.

El presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un acercamiento integral al conocimiento del
impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, con la finalidad de generar una reflexión crítica sobre
su importancia y evolución histórica. A través de este análisis, se busca examinar el contexto fiscal y
político a nivel nacional, considerando las implicaciones que podrían derivarse de la modificación o
eliminación de este tributo. Este acercamiento permitirá comprender mejor las decisiones políticas
detrás del impuesto y su impacto sobre la sociedad, fomentando una reflexión informada basada en la
literatura existente.

DESARROLLO

Evolución del Derecho Fiscal en Diversas Civilizaciones y Momentos Históricos

El tributo ha sido un elemento fundamental en la organización económica y social de las civilizaciones
a lo largo de la historia. Cada cultura ha desarrollado su propio sistema tributario, adaptado a las
particularidades de su estructura política y económica. A continuación, se analiza la evolución del

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tributo en diversas culturas y momentos históricos, haciendo especial énfasis en la transición hacia
sistemas más complejos a medida que las sociedades se desarrollaban.

Egipto

En el Antiguo Egipto, el tributo se establecía como un mecanismo para asegurar la estabilidad del
Estado y financiar los proyectos monumentales, como la construcción de templos y pirámides. Los
faraones, considerados dioses en la tierra, gestionaban la riqueza del reino, recaudada principalmente
a través de impuestos sobre la producción agrícola. El Nilo, como fuente principal de fertilidad y riqueza,
marcaba el ciclo tributario, con la recaudación intensificada tras las cosechas. Estos tributos eran
recolectados en especie, especialmente en grano, y posteriormente almacenados para garantizar la
subsistencia del pueblo y el mantenimiento del poder del faraón (Breasted, 1906).

China

En la antigua China, la dinastía Zhou (1046-256 a.C.) estableció un sistema tributario que estaba
íntimamente ligado a la jerarquía feudal, con un enfoque agrícola similar al de Egipto. Los campesinos
entregaban una parte de su producción a los señores feudales, quienes, a su vez, rendían tributo al
emperador. Este sistema evolucionó durante la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), cuando se consolidó
un sistema más organizado de recaudación fiscal que incluía tanto impuestos directos como
gravámenes sobre la propiedad y el comercio. El derecho fiscal chino también destacó por el "tributo a
la seda", uno de los más valorados y regulados durante la época de la Ruta de la Seda.

Grecia

La antigua Grecia, aunque se caracterizó por sus ciudades-estado independientes, desarrolló sistemas
tributarios para mantener sus ejércitos y obras públicas. Atenas, por ejemplo, financió la construcción
de la Acrópolis y sus campañas militares mediante el tributo impuesto a las ciudades aliadas bajo el
control de la Liga de Delos. Además, los ciudadanos atenienses estaban sujetos a impuestos directos,
como el "eisphora", que se recaudaba principalmente en tiempos de guerra. Sin embargo, la
recaudación fiscal en Grecia también incluía impuestos indirectos, como los aranceles sobre productos
importados.

Roma

En el Imperio Romano, el sistema tributario se estructuró de manera más formal y organizada. Los
impuestos directos e indirectos eran la base de la economía imperial. El "tributum" se imponía a los
ciudadanos romanos, mientras que los territorios conquistados debían pagar tributos adicionales para
sostener las campañas militares y la expansión del imperio. Roma desarrolló un complejo sistema de
recaudación a través de los "publicani", contratistas privados encargados de recolectar impuestos en
las provincias, lo que llevó a abusos y corrupción en muchas ocasiones (Jones, 1974). Con la reforma
de Augusto, el sistema tributario se centralizó, mejorando la eficiencia y reduciendo la corrupción.

Edad Media

Durante la Edad Media en Europa, el sistema fiscal se fragmentó bajo el régimen feudal. Los señores
feudales recaudaban tributos de los campesinos, quienes trabajaban la tierra a cambio de protección.
El tributo en esta época no solo consistía en bienes materiales, sino también en servicios, como la
prestación de trabajo en las tierras del señor (Bloch, 1939). Sin embargo, a medida que las monarquías
se consolidaron, los reyes comenzaron a imponer impuestos a sus súbditos para financiar guerras y
administrar sus dominios. El diezmo, un tributo eclesiástico, también fue una característica distintiva
de la recaudación fiscal en esta época, financiando la Iglesia y sus actividades.

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Revolución Francesa

La Revolución Francesa (1789-1799) marcó un punto de inflexión en la historia fiscal, ya que uno de
los catalizadores de la insurrección fue la carga desproporcionada de los impuestos sobre el Tercer
Estado. Antes de la revolución, los nobles y el clero estaban exentos de muchos tributos, lo que
generaba una gran inequidad fiscal (Lefebvre, 1962). La revolución trajo consigo la abolición de los
privilegios fiscales y la implementación de un sistema más equitativo, donde todos los ciudadanos
debían contribuir al sostenimiento del Estado. Esta reforma sirvió de base para los sistemas fiscales
modernos, basados en la igualdad de obligaciones tributarias.

Independencia de Estados Unidos

El sistema fiscal también fue un factor determinante en la independencia de los Estados Unidos. Las
colonias americanas se rebelaron contra los impuestos por la corona británica sin representación en
el Parlamento. El "Acta del Timbre" (1765) y los "Actos Townshend" (1767), que grababan productos
esenciales, exacerbaron las tensiones entre las colonias y la metrópoli (Middlekauff, 2005). Tras la
independencia, el nuevo gobierno estadounidense adoptó un enfoque cauteloso hacia la recaudación
de impuestos, prefiriendo los aranceles sobre bienes importados como fuente principal de ingresos.

México

Época prehispánica

En Mesoamérica, los tributos eran fundamentales para las economías de las civilizaciones
prehispánicas, como los mexicas. Estos exigían tributos en especie, como alimentos, textiles y bienes
preciosos, a los pueblos sometidos. Los recaudadores de impuestos, conocidos como "calpixques",
eran responsables de asegurar que los tributos llegarán al imperio central, donde eran redistribuidos o
almacenados para tiempos de crisis.

Virreinato

Durante la época del Virreinato, la corona española implantó un sistema fiscal centralizado en Nueva
España. Se establecieron impuestos como el "quinto real", que gravaba el 20% de todo el oro y la plata
extraídos en las colonias. Además, se cobraban impuestos sobre el comercio, la agricultura y la
propiedad, y se instauró el tributo indígena, que obligaba a los pueblos originarios a pagar a la corona.

Independencia y Revolución

Tras la independencia de México en 1821, el sistema fiscal pasó por varios cambios, con intentos de
modernización y centralización del sistema tributario. Durante la Revolución Mexicana (1910-1920), el
sistema fiscal fue objeto de nuevas reformas, orientadas a distribuir la riqueza de manera más
equitativa, con la implementación de impuestos sobre la renta y la propiedad.

Tabla 1

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Resumen de las épocas

Época/Civilización Características Principales del Sistema Fiscal
Egipto Impuestos en especie, principalmente sobre la agricultura. Centralizado

por el faraón.
China Impuestos sobre la producción agrícola y comercial. Sistema jerárquico

y estatal.
Grecia Impuestos directos e indirectos. Tributación de ciudades aliadas.

Roma Sistema formal con impuestos directos e indirectos. “Publicani”
encargados de la recaudación.

Edad Media Sistema feudal. Tributos en especie y trabajo. Diezmo eclesiástico.
Revolución Francesa Abolición de privilegios fiscales. Igualdad en la tributación.
Independencia de EE.
UU.

Resistencia a impuestos sin representación. Aranceles como principal
fuente de ingresos.

México prehispánico Tributos en especie. Recolección por recaudadores calpixques.
México virreinato Sistema centralizado. Impuesto al oro y plata. Tributo indígena.
México independencia Intentos de modernización. Impuestos sobre la renta y propiedad

durante la Revolución.

Fuente: elaboración propia con base en la literatura

Los impuestos, contribuciones o tributos han existido desde tiempos remotos en diversas culturas y
civilizaciones, manifestándose con diferentes propósitos y justificaciones a lo largo de la historia. Tal
como se observa en la Tabla 1 (sección previa), los sistemas tributarios se han adaptado y
transformado de acuerdo con las necesidades sociales, económicas y políticas de cada periodo. Desde
el cobro de tributos en especie hasta los complejos sistemas fiscales modernos, los impuestos han
sido un mecanismo esencial para financiar el gasto público y sostener las estructuras
gubernamentales. En este marco histórico, el presente trabajo se enfoca en un impuesto en particular:
el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos (LISTUV), el cual se presenta en la Iniciativa Ley sobre
Tenencia y Uso de Vehículos (1963), cuya evolución en México ofrece un ejemplo claro de cómo un
tributo puede nacer con una finalidad específica y posteriormente transformarse, adaptarse y, en
algunos casos, ser suprimido.

Evolución del Impuesto sobre Tenencia Vehicular en México

El impuesto sobre la tenencia vehicular en México tiene sus orígenes en el contexto de la presidencia
de Adolfo López Mateos. Según Rodríguez Valdez y Portillo Molina (2016), la posesión de un vehículo
en México se considera como una manifestación de riqueza, y por tanto, aquellos que poseen vehículos
tienen la capacidad contributiva suficiente para ser gravados. Este razonamiento fue el fundamento
detrás de la creación del impuesto sobre la tenencia vehicular en 1962, bajo el gobierno de López
Mateos. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de ese año estableció en su artículo primero, fracción
IV, numeral 5, inciso b, el cobro de este impuesto como un recurso adicional para el financiamiento del
gasto público.

Durante la exposición de motivos para la creación de este impuesto, se mencionó que su propósito
inicial era recaudar fondos para la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, los cuales se
celebraron en la Ciudad de México. Se argumentaba que el evento requeriría de un incremento
sustancial en los recursos fiscales del gobierno federal, por lo que se decidió implementar el impuesto
sobre la tenencia como una medida temporal. Sin embargo, tras la finalización de los Juegos
Olímpicos, el impuesto no fue suprimido, sino que continuó vigente. Esta decisión generó descontento

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entre la población, especialmente entre los propietarios de vehículos, quienes consideraban que el
impuesto había cumplido su función y, por lo tanto, debía ser eliminado.

Modificaciones al Impuesto: Distribución Estatal y Permanencia

La resistencia al impuesto fue tal que, en 1973, el gobierno federal se vio obligado a introducir
modificaciones en su estructura. Según Rodríguez Valdez y Portillo Molina (2016), una de las medidas
adoptadas fue la distribución de parte de la recaudación a las entidades federativas. De esta manera,
se estableció que el 30% de lo recaudado por el impuesto sobre la tenencia vehicular sería destinado
a los gobiernos estatales, lo que justificó, en parte, su permanencia en el sistema tributario mexicano.

Este cambio permitió que las entidades federativas participarán de manera más activa en la
recaudación del impuesto y, al mismo tiempo, proporcionó un incentivo para que los estados
defendieron su continuidad. Fue en este contexto que, en 1980, se abroga la ley de 1962(Ley de
Ingresos de la Federación, 1962) y se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal, la cual estableció que, a
partir del 1 de enero de 1981, la recaudación del impuesto sobre la tenencia vehicular sería
responsabilidad exclusiva de las entidades federativas. Este cambio representó una descentralización
del impuesto, otorgando a los estados la facultad de recaudar el 100% del LISTUV y, al mismo tiempo,
la posibilidad de decidir sobre su permanencia o eliminación en sus respectivos territorios.

El Debate sobre la Eliminación del Impuesto

Con el paso de los años, el impuesto sobre la tenencia vehicular continuó generando polémica entre la
población y los legisladores. La controversia se intensificó a medida que otros estados de la República
Mexicana comenzaron a considerar su eliminación. En 2011, la LISTUV fue abrogada a nivel federal, lo
que significó que, a partir del 31 de diciembre de ese año, el cobro de este impuesto dependería
enteramente de las decisiones de cada entidad federativa. Según Rodríguez Valdez y Portillo Molina
(2016), la interpretación de la ley permitió a los gobiernos estatales decidir si continuaban con la
aplicación del impuesto o lo eliminaban.

Esta medida otorgó una mayor autonomía fiscal a los estados, permitiéndoles ajustar sus políticas
tributarias de acuerdo con las necesidades locales. En algunos estados, se optó por mantener el
impuesto debido a la importancia que tenía en sus ingresos fiscales. En otros, en cambio, se decidió
suprimir como una medida para atraer la simpatía de los electores y reducir la carga fiscal sobre los
propietarios de vehículos.

Impuesto sobre la Tenencia Vehicular en Guerrero

Un ejemplo reciente de esta autonomía fiscal es el caso del estado de Guerrero. De acuerdo con la Ley
número 676 de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2024, se estima que la
recaudación por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos alcanzará los
145'521,740.81 pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a 7,318,973.19 dólares
estadounidenses. Aunque esta cifra representa una contribución significativa a los ingresos estatales,
también ha generado debates en torno a la justicia y viabilidad de mantener el impuesto.

La diputada Jennyfer Lucena, durante una sesión en el Congreso del estado de Guerrero, señaló que
diversos estados de la República han optado por eliminar el impuesto sobre la tenencia vehicular,
respondiendo así a la creciente demanda social de eliminar esta carga fiscal. Lucena presentó un
exhorto en el Congreso para eliminar el impuesto en Guerrero, argumentando que, si bien su
eliminación representaría un sacrificio en términos de recaudación, podrían buscarse medios
alternativos para compensar dicha pérdida, como la implementación de nuevos programas y proyectos
orientados al beneficio del estado. Sin embargo, a pesar del exhorto, no se materializó una propuesta

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formal para la eliminación del impuesto, debido a la falta de consenso y propuestas alternativas
concretas (Congreso de Guerrero, 2023).

La política fiscal y la implementación de impuestos, como el caso del impuesto sobre la tenencia o uso
de vehículos, son temas que reflejan la complejidad de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.
Las decisiones en torno a la creación, modificación o eliminación de estos impuestos no sólo tienen
un impacto económico, sino también un efecto político y social profundo, que se puede analizar a partir
de la noción de costo político y los diversos estilos de hacer política. En este ensayo, considera cómo
las decisiones fiscales, en particular la eliminación o modificación del impuesto sobre la tenencia
vehicular, pueden generar un costo político y afectar las dinámicas políticas y sociales en un contexto
democrático como el de México.

El costo político de las decisiones fiscales

El costo se refiere a las repercusiones negativas que pueden enfrentar los tomadores de decisiones
cuando implementan políticas que afectan de manera directa a la población. En otras palabras, las
decisiones fiscales impopulares, como el aumento de impuestos o la creación de nuevos gravámenes,
suelen tener un alto costo político porque afectan el bienestar económico de los ciudadanos y, por
ende, su percepción sobre el gobierno (Lipset, 1963). Este fenómeno no es exclusivo de las
democracias modernas; desde la antigüedad, los gobernantes han enfrentado resistencia cuando han
intentado imponer cargas fiscales sobre la población, tal como lo demuestra la Revolución Americana,
que en parte fue impulsada por la protesta contra los impuestos británicos.

Desde una perspectiva política, la eliminación del impuesto podría traer consigo un alivio para los
contribuyentes, lo cual podría traducirse en un incremento en la popularidad de los gobernantes que
apoyen esta medida. Sin embargo, esta decisión también conlleva riesgos significativos, ya que los
ingresos fiscales provenientes de la tenencia vehicular representan una fuente importante para los
gobiernos estatales, lo que podría generar déficits presupuestarios o la necesidad de buscar nuevas
fuentes de financiamiento. Por lo tanto, el costo político no solo está relacionado con la reacción
inmediata de la ciudadanía, sino también con las consecuencias a largo plazo para la administración
pública y su capacidad de financiamiento.

Sobre costo político se presenta la Tabla 2, que permite vislumbrar diversas ópticas del mismo.

Tabla 2

Costo político

Autor Concepto de Costo
Político

Implicaciones Político-
Sociales

Ejemplo en Política
Fiscal

Seymour
Martin Lipset
(1963)

El costo político está
relacionado con la pérdida
de apoyo popular o
legitimidad cuando las
políticas impuestas
afectan negativamente a
la ciudadanía.

Las decisiones que
imponen cargas
económicas a la
sociedad, como el
aumento de impuestos,
pueden generar
inestabilidad política y
descontento social.

Un aumento del impuesto
sobre la renta genera
protestas en la sociedad
y disminuye la
legitimidad del gobierno
entre los sectores más
afectados.

James M.
Buchanan
(1967)

El costo político es el
resultado de decisiones
que no toman en cuenta
la maximización del
bienestar público en
beneficio de decisiones

Las políticas que
benefician a grupos
particulares pueden
generar desigualdad
social y pérdida de

El establecimiento de
exenciones fiscales para
empresas poderosas que
resultan impopulares y
crean resentimiento en la
población.

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políticamente
convenientes.

confianza en las
instituciones.

Joseph A.
Schumpeter
(1942)

El costo político se asocia
con la dificultad de
implementar políticas
económicas necesarias
debido a las
consecuencias
electorales negativas.

La resistencia a
implementar reformas
necesarias puede llevar a
la decadencia económica,
afectando tanto a la clase
política como a la
ciudadanía.

La resistencia a reformar
el sistema de pensiones,
a pesar de su inviabilidad
financiera, por miedo a
perder elecciones.

Mancur
Olson (1965)

Los grupos de interés
presionan para que los
políticos eviten
decisiones impopulares,
incrementando el costo
político de ciertas
políticas públicas.

El gobierno puede
volverse rehén de grupos
de presión que
promueven políticas que
benefician a unos pocos,
en detrimento del
bienestar general.

Las exenciones fiscales a
ciertos grupos
empresariales,
promovidas por su
capacidad de lobby, que
afectan negativamente al
resto de la sociedad.

Max Weber
(1919)

El costo político varía
según el estilo de
liderazgo: los políticos
que actúan bajo la "ética
de la responsabilidad" lo
asumen de manera
consciente al
implementar políticas
necesarias.

Los líderes responsables
asumen el costo político
si creen que una medida
es en beneficio del
Estado, aunque sea
impopular en el corto
plazo.

Implementar un impuesto
ambiental para frenar la
contaminación, a pesar
de que afecta
económicamente a
ciertos sectores
industriales.

Amartya Sen
(1999)

El costo político de
decisiones que aumentan
la desigualdad es alto, ya
que erosiona la
legitimidad del Estado y
genera conflictos
sociales.

Las políticas que no
abordan las necesidades
de las poblaciones
vulnerables pueden
provocar malestar social
y tensiones políticas.

La falta de políticas
redistributivas que alivien
la pobreza, lo que
aumenta la brecha de
desigualdad y genera
protestas.

Douglass
North (1990)

El costo político es menor
cuando las instituciones
son sólidas y
transparentes, ya que la
ciudadanía confía más en
las decisiones políticas.

La debilidad institucional
eleva el costo político,
pues los ciudadanos son
más escépticos sobre la
legitimidad de las
decisiones
gubernamentales.

La implementación de un
impuesto progresivo en
un país con instituciones
corruptas puede generar
descontento y rechazo,
incluso si la medida es
necesaria.

Ernesto
Laclau
(2005)

El costo político es una
construcción discursiva
que depende de cómo se
presente una decisión
política en la esfera
pública.

Los líderes populistas
pueden manipular el
discurso para reducir el
costo político de
decisiones que, en otras
circunstancias, serían
impopulares.

Un gobierno populista
que elimina impuestos
con un discurso de
justicia social, a pesar del
impacto negativo a largo
plazo en las finanzas
públicas.

Fuente: elaboración propia con base en la literatura

Tipos de hacer política y su relación con las decisiones fiscales

El análisis de las formas de hacer política en relación con las decisiones fiscales nos permite identificar
cómo los diferentes estilos de liderazgo y gobernanza pueden influir en el manejo de los costos
políticos. Según Max Weber (1919), los políticos pueden ser clasificados en función de su orientación

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hacia la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción. Los políticos orientados hacia la ética
de la responsabilidad toman decisiones con base en las consecuencias prácticas de sus acciones,
mientras que aquellos orientados hacia la ética de la convicción se guían por principios morales o
ideológicos.

En el caso del impuesto sobre la tenencia vehicular, un político que actúe bajo la ética de la
responsabilidad probablemente consideraría tanto los beneficios económicos de mantener el
impuesto como las posibles alternativas de financiamiento antes de optar por su eliminación. Este tipo
de político podría buscar implementar reformas graduales que permitan una transición hacia un
sistema de financiamiento más equitativo, sin generar un impacto abrupto en las finanzas públicas. De
esta manera, se minimiza el costo político al equilibrar las demandas ciudadanas con las necesidades
fiscales del Estado.

Por otro lado, un político que siga la ética de la convicción podría argumentar que el impuesto es
inherentemente injusto y que su eliminación es una cuestión de equidad, independientemente de las
consecuencias financieras a corto plazo. Este tipo de político podría ganar apoyo entre los sectores de
la población que ven el impuesto como una carga desproporcionada, pero también enfrentaría críticas
por no ofrecer alternativas claras para compensar la pérdida de ingresos fiscales. En este sentido, el
costo político puede ser mayor si la eliminación del impuesto genera un déficit presupuestario que
afecte la provisión de servicios públicos o la inversión en infraestructura.

Otro enfoque relevante es el de la política populista, que tiende a aprovechar el descontento popular en
torno a temas como los impuestos para ganar apoyo político. Los líderes populistas suelen prometer
la eliminación de impuestos que son percibidos como injustos o innecesarios, con el fin de
posicionarse como defensores de los intereses del pueblo frente a una élite gobernante. Sin embargo,
como señala Ernesto Laclau (2005), el populismo también puede llevar a decisiones políticas
cortoplacistas que, aunque populares en el momento, generan problemas estructurales a largo plazo.
En el caso del impuesto sobre la tenencia vehicular, un enfoque populista podría ser efectivo en
términos de ganar apoyo electoral, pero también podría generar un vacío fiscal que afecte la capacidad
del Estado para financiar sus operaciones.

Impacto político-social de la eliminación o modificación del impuesto

El impacto político y social de la eliminación o modificación del impuesto sobre la tenencia vehicular
puede ser significativo en varios niveles. En primer lugar, desde una perspectiva política, la eliminación
del impuesto podría ser vista como una victoria para los sectores que han presionado por su abolición,
lo que reforzaría la percepción de que el gobierno está respondiendo a las demandas ciudadanas. Sin
embargo, esta medida también podría ser percibida como una concesión populista, especialmente si
no se acompaña de una estrategia clara para compensar la pérdida de ingresos fiscales.

Desde el punto de vista social, la eliminación del impuesto podría tener efectos diferenciados según el
nivel socioeconómico de los contribuyentes. Para los sectores de la clase media y alta, que son los
principales propietarios de vehículos en México, la eliminación del impuesto representaría un alivio
financiero. Sin embargo, para los sectores más pobres, que no poseen vehículos, la eliminación del
impuesto podría percibirse como una medida que beneficia desproporcionadamente a los más ricos,
lo que podría aumentar las tensiones sociales en torno a la justicia fiscal. Como señala Rawls (1971)
en su teoría de la justicia, una sociedad justa es aquella en la que las instituciones fiscales promueven
la equidad y el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que pueden permitirse pagar
impuestos.

Además, la eliminación del impuesto sobre la tenencia vehicular podría tener implicaciones a nivel
local, particularmente en aquellos estados que dependen en gran medida de este tributo para financiar

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sus presupuestos. En este sentido, la falta de ingresos provenientes de la tenencia podría llevar a
recortes en el gasto público, lo que afectaría negativamente a los sectores más vulnerables de la
población, que dependen de los servicios públicos financiados por estos recursos.

CONCLUSIÓN

El análisis del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos en México permite reflexionar sobre la
importancia de los impuestos en la estructura económica y política de un país. Como parte de las
contribuciones que los ciudadanos realizan al Estado, los impuestos son esenciales para el
financiamiento de servicios públicos y el mantenimiento de la infraestructura social. Sin embargo, su
aplicación no debe ser vista únicamente desde una óptica económica, sino que es crucial entender las
implicaciones sociales y políticas que los impuestos conllevan. En este sentido, las decisiones que se
toman respecto a la imposición o eliminación de un gravamen, como el de la tenencia vehicular, deben
ser resultado de un análisis profundo que considere tanto los aspectos técnicos como el impacto en
la ciudadanía.

Es claro que los impuestos son fundamentales para el orden y el desarrollo político y social de cualquier
país. Permiten que el Estado cumpla con sus funciones, mantenga su estructura y responda a las
necesidades de la población. Sin embargo, para que estas contribuciones sean efectivas y aceptadas,
es indispensable que se realicen análisis rigurosos, basados en la investigación y el conocimiento, que
permitan identificar las necesidades reales del país y, a su vez, que se escuche a la sociedad, la cual
es la que finalmente soporta las cargas fiscales. Las decisiones fiscales no deben tomarse de manera
unilateral, sino que deben reflejar un consenso entre las demandas ciudadanas y las necesidades de
financiamiento del Estado.

En este contexto, resulta necesario reconocer que el impuesto sobre la tenencia ha sido un tema
controvertido, sobre todo porque su origen fue temporal y específico, y su permanencia ha generado
inconformidades. La evolución de este impuesto ha respondido a cambios sociales y políticos a lo
largo del tiempo, y si bien ha servido como una fuente importante de ingresos para los estados, también
ha tenido costos políticos significativos. Los gobiernos que deciden mantener, modificar o eliminar
este impuesto enfrentan costos políticos derivados de las reacciones ciudadanas, quienes pueden
percibir la carga fiscal como injusta o desproporcionada.

Este panorama evidencia la importancia de seguir adaptando el sistema fiscal a las realidades
actuales. En caso de que se opte por la eliminación del impuesto sobre la tenencia vehicular, será
necesario establecer mecanismos alternativos que permitan compensar la pérdida de ingresos para
los estados. Una opción podría ser la implementación de impuestos progresivos sobre otros bienes o
servicios, como el uso de combustibles o el mantenimiento de vehículos. Estas alternativas, sin
embargo, deben ser objeto de un análisis detallado, que contemple sus impactos económicos, sociales
y ambientales, y debe basarse en un amplio consenso entre las autoridades fiscales, los sectores
afectados y la ciudadanía.

Por tanto, el reto para las autoridades fiscales es encontrar un equilibrio entre la recaudación de
ingresos necesarios para el funcionamiento del Estado y la aceptación social de las medidas fiscales.
Si bien el debate en torno al impuesto sobre la tenencia vehicular continuará, es fundamental que
cualquier modificación o eliminación de este gravamen se realice de manera transparente y con una
sólida base de investigación y análisis. Esto permitirá que las decisiones sean informadas y cuenten
con el respaldo tanto del gobierno como de los ciudadanos.

Finalmente, para futuras líneas de investigación, es pertinente indagar en la percepción de la sociedad
sobre este tipo de impuestos. Es necesario comprender cómo la ciudadanía entiende el impuesto sobre
la tenencia, qué tan informados están respecto a sus implicaciones y cómo perciben su impacto en

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.

ISSN en línea: 2789-3855, noviembre, 2024, Volumen V, Número 5 p 5010.

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