LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, enero, 2025, Volumen VI, Número 1 p 104

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3313

Análisis de políticas públicas interculturales en educación en
el Ecuador

Analysis of intercultural public policies in education in Ecuador

Katherin Patricia Vera Arboleda
Katherin_vera22@hotmail.com

https://orcid.org/0009-0005-6858-5732
FLACSO

Quito – Ecuador

Artículo recibido: 06 de enero de 2025. Aceptado para publicación: 20 de enero de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

Las políticas públicas interculturales tienen su materialización en el accionar público a partir de la
intervención del gobierno con el fin de solucionar aquellos problemas de interculturalidad, por los
pueblos en cuanto a su condición única, y esto a su vez forma parte de la agenda pública local, regional
y a nivel nacional. El objetivo de este artículo es analizar las políticas públicas interculturales en temas
de educación en el Ecuador de tal forma que sea posible una reflexión sobre esta temática en cuestión.
Se concluyó que, en efecto la educación ha pasado de ser un privilegio de pocos para convertirse en
un derecho de todos y todas las y los ciudadanos, y además se asume el deber ineludible e inexcusable
del Estado por mantenerla, siempre y cuando se incluyan políticas públicas a favor de la inclusión
social, económica, académica, e intercultural. Siendo esta última un proyecto de convergencia entre
las distintas culturas provenientes de los diversos territorios ecuatorianos a partir de su diversidad de
costumbres, tradiciones, formas de vida, lo cual debe impulsarse desde las aulas de clase.

Palabras clave: políticas, públicas, intercultural, estado, educación

Abstract
Intercultural public policies have their materialization in public actions based on government
intervention in order to solve intercultural problems, by the people, in terms of their unique condition,
and this in turn is part of the public agenda. local, regional and national level. The objective of this
article is to analyze intercultural public policies on education issues in Ecuador in such a way that a
reflection on this topic in question is possible. It was concluded that, in effect, education has gone
from being a privilege for a few to become a right for all citizens, and in addition the unavoidable and
inexcusable duty of the State to maintain it is assumed, as long as policies are included. public in favor
of social, economic, academic, and intercultural inclusion. The latter being a project of convergence
between the different cultures from the various Ecuadorian territories based on their diversity of
customs, traditions, ways of life, which must be promoted from the classrooms.

Keywords: policies, public, intercultural, state, education

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Cómo citar: Vera Arboleda, K. P. (2025). Análisis de políticas públicas interculturales en educación en
el Ecuador. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (1), 104– 115.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3313

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INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas son de vital importancia para todos los habitantes de un país, debido a las
características y los lineamientos que impulsa el gobierno local para proteger y respetar los derechos
de los ciudadanos, de una manera individual y social, es decir cada país debe impulsar políticas
públicas para garantizar todos los derechos y el buen vivir de sus habitantes.

Cabe mencionar que cada gobierno debe buscar las mejores alternativas para promover una
determinada planificación y optimización de todos los recursos en materia de defensa de los derechos,
es importante que el Estado impulse una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.
Cada ciudadano debe tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos y de igual forma todos los
pueblos, comunidades y nacionalidades requieren gozar efectivamente de sus derechos y obligaciones
en cada localidad, siempre y cuando se respete su diversidad, cultura, religión, género entre otros de
manera armónica con el medio ambiente.

El derecho hacia aspectos relevantes para todo ser humano como la educación, tiene un espacio activo
en función a la necesidad de observar como un derecho y no como un privilegio, principalmente para
la sociedad de niños, jóvenes y adultos y es así que, en la Constitución del Ecuador (2008) desde su
artículo 26 ‘’se reconoce a la educación propiamente como un derecho que los individuos lo ejercen a
lo largo de su vida y es un deber totalmente inexcusable del Estado’’. Esta normativa conocida como
Carta Magna, está vigente en el Ecuador, también para el cumplimiento de los Derechos Humanos
básicos donde la educación de calidad es un derecho de todos y todas.

Por lo tanto, la educación es un servicio público que genera, al mismo tiempo, derechos prestacionales
y derechos fundamentales debido a que, la salud es un derecho y un servicio público de amplia
configuración legal. Por lo que, es necesario crear normativas para salvaguardar los derechos de todos
los actores implicados en el campo educativo, pero sobre todo para los estudiantes quienes son los
principales beneficiarios del sistema educativo actual, en donde la igualdad de condiciones, la no
discriminación, así como aspectos como el acceso libre a una educación de calidad, sean la clave para
el fomento e incentivo de un proceso académico integral.

VARIOS CRITERIOS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD

Al hablar de interculturalidad, se fundamenta en la valoración por la diversidad cultural, que hay a nivel
mundial, y sobre todo se enmarca como aquel reconocimiento de las relaciones de cordialidad entre
los pueblos, aunque estas no siempre son de carácter armónico. Y es que en nombre de la historia
muchos individuos han sido sometidos, eliminados, exiliados, y otros han quedado en la resistencia, y
el cuidado de lazos internos. Es en este campo donde la interculturalidad se plantea como un proyecto,
es decir, es aquella búsqueda por lograr que las relaciones entre las culturas sean armónicas, con
respeto y de tipo justo y equitativo (Gobierno de Colombia, 2020). Es de esta manera como las
comunidades de grupos étnicos se defienden, y a su merced se da la necesidad de que este sea un
objetivo que ayude a la guía de las asociaciones, proyectos, programas de forma que sea posible el
reconocimiento de su particularidad, y la forma de cambio de su lógica según la que unos pueblos son
más valiosos que otros.

Y es así que, desde etapas iniciales de escolaridad, la interculturalidad, en la actualidad, se ha incluido
en países principalmente latinos como Ecuador, Perú y Colombia, con el fin de atender al ofrecimiento
del Estado a las niñas y niños que pertenecen a comunidades de grupos étnicos, para fomentar una
relación armoniosa y respetuosa al partir de un reconocimiento y el valor de las características propias
de cada cultura (UNESCO, 2023). Por lo tanto, para que esto sea posible, es necesario buscar que los
miembros de una comunidad y de los pueblos brindan una identidad étnica y cultural de tal forma que
sientan orgullo de ser indígenas, afro y otros. Por lo que se requiere el reconocimiento del valor de cada

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miembro, así como la posibilidad de afianzar las riquezas culturales a las cuales se pertenece, así como
de reforzar el uso de las lenguas maternas, la defensa territorial, y otras prácticas que permiten el
reconocimiento del valor de los otros y de sí mismos.

Adicionalmente, en el artículo 4.8 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales (2005), se hace referencia a la interculturalidad como aquella presencia
e interacción equitativa de diferentes culturas y la posibilidad de ejecutar expresiones culturales
compartidas, por medio del diálogo y respeto entre sí.

En el campo de las políticas públicas interculturales en el Ecuador se visualizan desde una perspectiva
alternativa del desarrollo que se describen desde el Sumak Kawsay o Buen Vivir, para construir un
Estado plurinacional e intercultural, en el cual el ser humano es el ente de derechos con asociación
equitativa entre el mercado y sociedad, además se verifica una ética biocéntrica, que no únicamente
tiene su enfoque en el ser humano sino también en la vida digna o plena, según la visión de una
ciudadanía armónica a nivel global (García, 2020).

En la modalidad intercultural, el proceso de educación es importante, por lo que se evidencia si es
posible lograr el sentimiento de ser valiosos o no, además incide de forma directa en las relaciones
que se tienen con las niñas y niños y la promoción entre sí. Es ahí donde se puede buscar un
reconocimiento de aquello que es propio, de lo que se identifica como único en relación a otras
comunidades, y lo que puede ser puesto en un diálogo abierto sobre prácticas, juegos, reflexión, bailes,
vestimentas.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Gómez (2017) ratifica que, las políticas públicas son las herramientas que aportan para el bienestar de
los habitantes de la nación, ya que presenta los aspectos y lineamientos fundamentales que ayuda al
gobierno local a cumplir con la protección y el respeto de los derechos de la ciudadanía, de forma
individual y colectiva, por lo tanto, cada nación ha de diseñar, implementar e impulsar políticas públicas
que garanticen los derechos y la vida digna de los habitantes de la nación.

En lo que respecta a las Políticas Públicas, se requiere el detalle de las expectativas sobre las
organizaciones que disponen sobre su implementación y la influencia que estas generan sobre su
puesta en marcha, en lo que se refiere a estructuras burocráticas o nexos sociales, políticos, culturales,
por lo que, todo gobierno debe crear distintas políticas públicas en aporte de la educación pero además
se debe visualizar las consecuencias que no se prevé en los dispositivos de control y en las relaciones
de poder, ya que tiene un uso limitado de resultados ya que no se observan contextos particulares de
su aplicación (Salas, 2012).

Ya lo dijo también García (2020) la política económica de cada nación ha de gestionar acciones
conjuntas que permitan fomentar aspectos como la educación, cultura, sociedad inclusiva, así como
los servicios básicos como salud, vivienda de su población. La perspectiva económica de América
Latina si bien ha tenido hasta el 2019 una leve recuperación económica, pero las tasas de crecimiento
actual son menores que las de la década anterior, y resulta insuficiente para cerrar la brecha de
ingresos con las economías más elevadas, siendo que, el panorama macroeconómico muestra una
heterogeneidad entre las naciones de la región. Dicho desempeño socioeconómico involucra retos
estructurales, tanto nuevos desafíos como los antiguos que aún existen en la región.

Entre estos retos está las amplias tasas de desigualdad, crecimiento de niveles de pobreza, lo que a
su vez genera un bajo crecimiento económico, sobre todo ahora que todavía permanecen las secuelas
de la emergencia sanitaria con bajas en empleos y desaceleración económica empresarial, aunque en
2021 la región generó un crecimiento superior al esperado promediado en un 6.2% al compararlo con

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el 2020 (CEPAL, 2021), sin embargo, se requiere de forma urgente la instauración de políticas públicas
sobre todo productivas y de fomento laboral para mitigar los efectos que ha dejado la crisis sanitaria
y económica global por la pandemia.

Es entonces, indispensable que cada gobierno se encuentre en la búsqueda continua de las alternativas
correctas para la promoción de una planeación y fomento del uso óptimo de recursos disponibles en
lo que respecta a aspectos de defensa de los derechos, sin que nadie se sienta afectado por su etnia,
clase social, forma de pensar, costumbres, tradiciones, por lo tanto, se asume que es el momento
donde el Estado ha de impulsar una sociedad equitativa, para cada individuo. Es así que, cada persona
debe disponer de las mismas oportunidades en cada entorno y también los pueblos y las comunidades
originarias de un territorio concreto, por lo que es indispensable el respeto de su diversidad, cultura,
religión, género entre otros de manera armónica con el medio ambiente.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR

En el Ecuador, las políticas públicas se han convertido propiamente en acciones que se ejecutan o se
dejan de ejecutar por la administración pública para generar un bien común. He ahí que, la ejecución
de políticas públicas tiene diversas etapas que son: el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación,
dichas fases representan el ciclo de lo público.

En el Ecuador, es la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) la entidad encargada de
diseñar políticas que permitan la gobernabilidad, la relación política con otras formas de Estado, así
como con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el diálogo con los actores sociales y su
respectiva coordinación.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

En lo que respecta a la dinámica de la economía en la última década en el Ecuador, se observan dos
aspectos clave que son “la heterogeneidad económica y la especialización económica primario
exportadora” (Sánchez, 2020, pág. 25). Esta heterogeneidad se visualiza en las diversas ramas y
sectores de la economía, y se requiere como principal requisito percibir la distribución primaria del
ingreso y los niveles salariales. A su vez se considera al empleo que las pequeñas y medianas
empresas, así como los comerciantes independientes del sector formal y el servicio doméstico como
una aproximación a la economía popular, “el 57.8% del total de la población económicamente activa
estaría ocupando la economía popular” (Sánchez, 2020).

Al basarse en la Constitución Ecuatoriana vigente desde el 2008 donde en su artículo 276 inciso 2 se
plantea la necesidad de “crear un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, medios de producción
y generación de trabajo digno y estable” (Constitución del Ecuador, 2008).

Luego de la Constitución y comandada por esta se dio paso al desarrollo de la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular y Solidario, y la Agenda de la Revolución
de la Economía Popular y Solidaria. En medio de ello, se distinguen dos conceptos específicos de las
políticas públicas en materia de economía social y solidaria.

Dentro de la primera concepción se encuentran “las políticas de ordenación, dicha concepción se
acerca a la apuesta decidida por este tipo de medidas como factores para alcanzar el bienestar social,
por medio del cual se crean incentivos de aplicación de valores y prácticas deseables a nivel social”,
en este ámbito, se ejecutan procesos de largo alcance, y que se dirigen básicamente a crear
condiciones normativas e institucionales favorables que permiten favorecer este sector económico.

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Por otro lado, se tiene la concepción de la implementación de “políticas de proceso, generando un valor
menor a las bondades de la economía solidaria como fuente de calidad de vida y bienestar y se le
asigna un rol complementario para el cumplimiento de algunos objetivos de política pública” (Chaves
& Monzón, 2013).

En cuanto al artículo 283 de la Constitución “reconoce que el sistema económico es social y solidario,
y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria (…)”
(Constitución del Ecuador, 2008).

También se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo “como una de las principales estrategias
la democratización de los medios de producción, así como la llamada redistribución de la riqueza y
diversificación de las formas de propiedad y organización (…)”, (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009)
todo ello define un esquema de economía anclada en la capacidad para integrar a todos los actores
productivos sin exclusión. Este concepto a su vez se continúa hoy explícito en el actual Plan Nacional
de Desarrollo Toda una Vida 2017-2020.

Además en el Plan Nacional de Desarrollo vigente se propone: “el reconocimiento, fomento y
fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su
ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado (…)”, es decir que, se trata
de integrar a todos los sectores de la economía, para crear espacios de armonización y cooperativismo,
dejando de lado aquellos tiempos donde las clases sociales altas ganaban y los de clase social baja
trabajaban.

Por lo tanto, se plantea que “la Economía Popular y Solidaria en Ecuador es un proyecto de acción
colectiva e incluye prácticas, estrategias de transformación y cotidianas de reproducción que se dirigen
a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente para construir un sistema
económico alternativo” (Coraggio, 2011).

En lo que compete al marco institucional se plantea que “el Estado ecuatoriano reconoce la importancia
de la Economía Popular y Solidaria, y como parte de dicho desarrollo constitucional” (Chaves & Monzón,
2013), se plantea: la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Popular y Solidario que
crearon instituciones específicas para controlar la el cumplimiento de la EPS como son: el Comité
Interinstitucional de Economía Popular y Solidaria, el Consejo Consultivo, la Junta de Regulación del
Sector Financiero Popular y Solidario, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias, cada una con sus respectivas funciones en torno a velar por el cumplimiento de las políticas
públicas de la EPS.

Entonces, se define la EPS como una ideología económico cooperativa de carácter innovador, que
permite asociar los requerimientos de los pueblos y nacionalidades sobre todo las que se encuentran
en vías de desarrollo frente a la oportunidad de incrementar la democratización de la economía y la
productividad evitando la discriminación, siendo una temática indispensable mucho más cuando se
habla de interculturalidad, anteponiendo siempre el bienestar humano y comunitario, es por ello que,
en la actualidad en el Ecuador desde la Constitución del 2008 se contempla la posibilidad de plantear
un modelo económico equitativo y de productividad en donde sea posible la redistribución de la
riqueza, para lo cual existe específicamente la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del
Sector Popular y Solidario, siendo que existen instituciones encargadas de velar por el cumplimiento
de dichas políticas.

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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Las políticas públicas a nivel educativo son parte de los lineamientos públicos de un Estado,
entendiendo que la educación es un derecho universal, estas políticas deben poner en práctica las
herramientas que se requieran para el aseguramiento de la calidad educativa (Vargas 2014, 11), se han
forjado en base a las actuales metodologías y herramientas innovadoras a nivel educativo, donde se
ha pasado desde el modelo pedagógico tradicionalista en torno al conductivismo, siendo una manera
rígida de concebir el proceso de enseñanza aprendizaje, anclado solo en el llenado de conocimientos
en el estudiante, visto como “una hoja en blanco” a la que se debe escribir la ciencia, a lo largo del
tiempo, se ha considerado que el modelo social constructivista es la forma cómo se puede orientar a
una educación de calidad y que se encuentre anclada a los cambios e innovaciones continuas que se
dan en el mundo, entendiendo que el estudiante es parte del entorno social, político, comunitario,
laboral, empresarial en donde habita, he ahí que las políticas públicas ahora visualizan a la educación
como un derecho y no como un privilegio de pocos, algo que queda contemplado en los escritos
educativos, que van desde la misma Constitución del Ecuador y atraviesan hasta llegar a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, ajustados al Plan de Desarrollo Toda Una Vida, siendo la
educación una arista clave de tratamiento.

Ya lo dijo Freire (1982) la educación pública ya no brinda instrumentos necesarios para la acción
transformadora y el pensamiento crítico, y es que desde los años ochenta ya se veía con claridad que
las metodologías y el poco interés de los gobiernos por permitir la innovación educativa fue un claro
referente que obligaba a replantear dicha estructura.

Hoy se habla de una pedagogía más antropológica (Freire 1985, 98) y esto se da por la necesidad de
implementación de políticas públicas a favor de la educación igualitaria y equitativa haciendo alusión
a un derecho y es que, en la actualidad el conocimiento es poder, he ahí que Althusser (2002) distingue
claramente el resultado contingente de un encuentro entre los elementos preexistentes, es decir se
distingue entre el nivel de formación de la estructura y el nivel en el cual la estructura está consumada,
es decir el nivel de producción de la estructura y la reproducción de elementos una vez se constituya
la estructura, es decir que, se ha de disponer de una estructura previa sólida para con ella trabajar y de
esta forma definir las acciones de manera planificada, he ahí que las políticas públicas educativas
pasan a ser las estructuras previas de las que habla Althusser y de las que se ha de fomentar la
inclusión de normativas que determinen los lineamientos sólidos y amparen a la educación como aquel
derecho universal.

Al partir de que la educación proviene del término educare, que simboliza “educar, criar, alimentar, la
misma que se forma del prefijo ex que significa fuera y el verbo ducere que es “guiar o conducir”
(Casassus 2000, 41), lo anterior abarca la necesidad de ver a la educación como un aspecto que
permite conducir a una persona hacia la consecución de un objetivo, o en este caso a un proceso
enseñanza-aprendizaje oportuno para sí mismo y para el entorno que le rodea a la persona. En la
actualidad se habla más de un “modelo pedagógico cuya dialéctica principal está entre la instrucción
y la formación o entre la teoría y la vida” (Gramsci 1987, 15), esto a su vez ha de ser no solo parte de la
concientización del docente y el alumno sino de lineamientos base en los que se debe guiar el modelo
educativo para mejorar.

Si por un lado “Una persona es el sujeto de la educación” (Freire 1985, 90) es decir es un ente activo de
derecho, entonces se debe incluir como garantía el cumplimiento de todas las áreas que permiten
cumplir dicho derecho, considerando que la persona no es un ente apartado de la sociedad, y que no
es solo materia física, sino que también es cuerpo, mente y alma, por ello es que Platón afirma que
“educar consiste en dar al cuerpo y al alma toda la plenitud de la que son capaces”

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Por tanto, el ser humano a lo largo de su vida continúa aprendiendo, no solo en el ámbito académico y
científico sino de acuerdo a su aspecto afectivo, intelectual y como individuo parte de la sociedad, por
lo tanto la acción educativa, comienza a ser un aporte a la sociedad, y el educando no puede ser visto
como un “objeto” a quien se ha de buscar el conocimiento sino como un sujeto con todas las
capacidades, habilidades y destrezas para lograr el anhelado aprendizaje.

Entonces, si la educación es un derecho universal las políticas tienen como propósito practicar
medidas y herramientas capaces de asegurar la calidad educativa, es así que estas involucran una
serie de normas planificadas y puestas en marcha por un gobierno.

También la educación implica el abordaje de una serie de cuestiones que se encuentran íntimamente
relacionadas dentro de dicho proceso, tal es el caso del concepto de educar y educabilidad, pues si por
un lado el verbo educar simboliza “un arte, una ciencia una vocación o dicho en otras palabras el saber,
el saber hacer y el saber ser” (Corts 2002, 125), o lo que se define como “promotor de aprendizajes”
(Garrido 1999, 21), es decir que, se requiere educar con el ejemplo pero también se ha de lograr la
metodología adecuada para llegar a la mente e incluso a la emocionalidad del educando.

La educabilidad por su parte se define como “el conjunto de términos desde los que se articula el
espacio nocional teórico de la educación” (Garrido 1999) es decir que, es la flexibilidad o el abanico de
posibilidades dentro un contexto educativo.

Se toma como ejemplo del presente documento para entender las políticas públicas educativas
aquellas que han sido instauradas en el Ecuador, las mismas que continuamente buscan la integración
de la educación como un derecho donde se plasma también la interculturalidad, cuyos deberes y
derechos ameritan plantearse a un Estado democrático, donde la soberanía es del pueblo. En el
contexto educativo, en los derechos del Buen Vivir, se establece “la garantía del derecho a la
educación, determinada por los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en
el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus
actores (…)” (Ley Orgánica de Educación Intercultural 2008)

Es así que en el país es el Ministerio de Educación el encargado de fomentar y velar por el cumplimiento
de dichas políticas, entendiendo que, si bien la educación ha sido un tema de controversia desde la
familia hasta los mismos gobiernos, debe fundamentarse su importancia como un tema que compete
a toda la sociedad, para lo cual existe la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural).

Por otra parte, los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados
correspondientes a los diferentes actores e instituciones dentro de un sistema educativo. En tal
sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una
educación de calidad. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales de la educación,
son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes generen los
aprendizajes deseados, involucrándose también en un proceso de aporte hacia la sociedad, cuando los
estándares se aplican a los establecimientos educativos, se refieren a los procesos de gestión y
prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de
aprendizaje deseados.

En definitiva, las políticas públicas son lineamientos, guías o estructuras como menciona Althusser
(2015) que a su vez marcan las pautas legales que han de incluirse en los sistemas educativos y
políticos de una nación dando paso a la inclusión social, siendo que de dicho aspecto ha predominado
sobre todo en los Estados socialistas, principalmente posicionados en América Latina tales como
Venezuela, Bolivia, Ecuador, especialmente cuando existe exclusión social para con ciertas culturas
minoritarias como las indígenas y afrodescendientes.

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También se menciona que la estructura clave de la que se desarrollan las demás políticas públicas en
educación en las naciones requiere la verificación del cumplimiento de lo dicho por la Declaración
Universal de Derechos Humanos que ha sido otorgada por la Naciones Unidas en 1948, cuyo artículo 7
indica que Los Estados partes “se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para promover
la comprensión, tolerancia y cooperación entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos”
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948)

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ENTORNO EDUCATIVO ACTUAL

Cuando se definen criterios objetivos de moralidad se da paso a entender que la ley en sí misma “es
un criterio objetivo de moralidad según lo descrito por Santo Tomás de Aquino” (Ocampo, 2015), puesto
que en ella se describe al individuo como un ente individual y social, y por lo tanto la naturaleza al ser
proclamada como un sujeto de derecho, también lo es, pues existe por sí misma pero también se
relaciona con el bienestar sostenible de los pueblos y naciones, he ahí la importancia de declarar a la
naturaleza como parte de un criterio objetivo de moralidad, ya que si bien no dispone de atributos como
raciocinio y alma, cualquier persona natural o jurídica puede reclamar los derechos de esta, sobre todo
cuando están siendo violentados con algún acto no acorde con el respeto y la conservación de la
naturaleza, para así también garantizar la calidad de vida de las personas y de las presentes y futuras
generaciones, pues al cuidar de la naturaleza, también se está cuidando la conservación de la especie
humana, lo que verdaderamente es un acto objetivo moral.

Las políticas públicas son reglas de conducta que conforman valores que dan información y que está
ratificado en los documentos de una empresa, lo que se incorpora según los periodos de gobierno en
concordancia con la Constitución y leyes. (Toscanini, Aguilar, & García, 2016).

La idea del cumplimiento de los derechos humanos es fortalecer y crear políticas públicas que se
asocien con los principios de igualdad, dignidad, respeto, participación, y libres de discriminación.
Siendo esta una comunidad escolar en la cual los derechos humanos se aprenden, se enseña, se
practican, respetan, así como también se lucha por su promoción continua(Giménez & Valente, 2010).

Es desde esta situación como los derechos humanos son la guía de las políticas públicas, así como
también facilita la materialización de los derechos y fortalece su funcionamiento en las entidades del
Estado por medio de la participación activa de la ciudadanía y al ser la educación uno de los aspectos
relevantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y dotar de habilidades, capacidades y
destrezas a los mismos mediante un proceso de enseñanza aprendizaje significativo.

CONCLUSIÓN

En el presente artículo se ha evidenciado que, la educación ha dejado de ser un privilegio de pocos, por
lo menos según la Declaración de Derechos Humanos donde la dignidad de la persona es fundamental,
se toma como clave la inclusión de la educación, como un contexto de derecho. He ahí que, en el
Ecuador, así como en el resto de Naciones democráticas a nivel mundial, cada vez deben asumir
nuevos retos y perspectivas innovadoras para diseñar e implementar políticas públicas a favor de la
educación, pero no cualquier tipo de educación convencional sino aquella que permita la inclusión, la
igualdad de condiciones, la erradicación o mitigación de la exclusión social, que tanto daño ha hecho
por muchos años a los países y a su población.

Es allí cuando la interculturalidad ingresa como un proceso o un proyecto activo que tiene como fin el
respeto, la difusión y la cooperación mutua para lograr afianzar las diversas culturas existentes por lo
menos en un territorio específico, haciendo énfasis en la necesidad de conservación de las culturas,
sus tradiciones, formas de vida, costumbres y tradiciones, que se han mantenido por muchos años,

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