LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2973.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3811

Minería, resistencia y conflicto. El caso del Proyecto Ixtaca en
la Sierra Norte de Puebla, México

Mining, resistance, and conflict: The case of the Ixtaca Project in the Sierra
Norte of Puebla, Mexico

Hedylberto Castro Cuamatzin1

hedylberto.castro@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0002-0685-9612

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla – México

Israel Deolarte George

israel.deolarte@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0002-3980-4124

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla – México

Jorge Hugo González Paredes

hugo.gonzalez@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0001-9973-7704

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla – México

Elia Rivera Castro

cer2308@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0005-0022-7461

Investigadora independiente
Puebla – México

Artículo recibido: 27 de marzo de 2025. Aceptado para publicación: 23 de abril de 2025.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen
El trabajo analiza el conflicto y disputa territorial en Ixtacamaxtitlán, Puebla, que se desarrolla cuando
la empresa Almaden Minerals Ltd (Almaden) obtiene las concesiones para la extracción de minerales
en el municipio. A partir de este momento, se inicia un proceso de despojo y apropiación del territorio
que ha generado una resistencia social intensa contra la instalación minera, liderada por la Unión de
Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida (Atcolhua). En base a la metodología
cualitativa se concluye que dicho conflicto se produce a partir de las estrategias empleadas por los
actores involucrados para apropiarse del municipio con la intención de realizar sus objetivos e
intereses; por un lado, Almadén pretende transformar al municipio en un enclave de explotación de
minerales, mientras que la resistencia comunitaria busca la permanencia del modo de vida campesino
imperante antes de la llegada de la empresa.

Palabras clave: extractivismo, minería, conflicto, resistencia social

1 Autor de correspondencia.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2974.

Abstract
The work analyzes the conflict and dispute over territory in Ixtacamaxtitlán, Puebla, which arises when
the company Almaden Minerals Ltd (Almaden) obtains concessions for mineral extraction in the
municipality. From this moment on, a process of dispossession and appropriation of the territory
begins, which has generated intense social resistance against the mining installation, led by the Union
of Ejidos and Communities in Defense of Land, Water, and Life (Atcolhua). Based on qualitative
methodology, it is concluded that this conflict arises from the strategies employed by the involved
actors to seize control of the municipality with the intention of pursuing their objectives and interests;
on one hand, Almaden aims to transform the municipality into a mineral exploitation enclave, while the
community resistance seeks to maintain the prevailing peasant way of life prior to the arrival of the
company.

Keywords: extractivismo, mining, territory, social resistance

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.

Cómo citar: Castro Cuamatzin, H., Deolarte George, I., González Paredes, J. H., & Rivera Castro, E.
(2025). Minería, resistencia y conflicto. El caso del Proyecto Ixtaca en la Sierra Norte de Puebla,
México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (2), 2973 – 2989.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i2.3811

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2975.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo analiza el conflicto territorial en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a raíz de la llegada
y la puesta en marcha de actividades de la empresa minera canadiense Almaden Minerals Ltd. El caso
específico de estudio se enfoca en el Proyecto Ixtaca y las dinámicas de resistencia comunitaria
encabezadas por el movimiento opositor Atcolhua. Este conflicto es representativo de una
problemática más amplia que enfrenta México en términos de extractivismo minero y sus
implicaciones sociales, ambientales y legales.

Este conflicto surge de la tensión entre el desarrollo de proyectos mineros y la preservación de
territorios comunitarios, campesinos e indígenas. Las actividades mineras son promovidas bajo un
marco legal que favorece la inversión extranjera, generando disputas sobre el uso y control del territorio
e impactando sobre las comunidades locales que ven amenazada su forma de vida basada en
prácticas agrícolas y la gestión colectiva de sus recursos naturales; esto en favor de un modelo
extractivo que prioriza el beneficio económico sobre las consideraciones ambientales y sociales.

Lo relevante de este estudio radica en que ayuda a comprender las dinámicas de los conflictos
territoriales emergentes en México a partir de la expansión de la minería. El análisis de casos
específicos como el de Ixtacamaxtitlán, permite visibilizar las estrategias de resistencia comunitaria y
evaluar los alcances del marco normativo bajo el cual opera la minería en México, así como las leyes
encargadas de proteger los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de corporaciones. A
través de este estudio, se busca contribuir al debate sobre los modelos de desarrollo sostenible y la
respuesta de los actores locales durante la defensa de los bienes comunes.

El objetivo principal del trabajo es caracterizar la desavenencia territorial en Ixtacamaxtitlán a partir de
la llegada de la minera canadiense, identificando a los actores involucrados y sus estrategias de
legitimación territorial. Por un lado, se distinguen los mecanismos de resistencia que ponen en marcha
las comunidades locales para defender su territorio del extractivismo minero; y, por otro lado, se
exponen los mecanismos de legitimación implementados por Almadén para legalizar la instalación y
puesta en marcha del Proyecto Ixtaca en Ixtacamaxtitlán.

La perspectiva teórica desde la que se abordó el análisis del fenómeno que cobra lugar en
Ixtacamaxtitlán se basa en las teorías marxistas de acumulación por desposesión, las cuales describen
cómo los procesos de globalización y expansión capitalista se apropian de bienes y desplazan a
comunidades de sus territorios a través de mecanismos legales como ilegales. También se considera
la perspectiva del territorio sobre los conflictos territoriales y las territorialidades de dominación y
resistencia, así como sus contribuciones respecto a la localización de los recursos minerales en áreas
rurales habitadas por comunidades campesinas e indígenas.

Este trabajo es parte de una investigación que se llevó a cabo mediante un estudio de caso, la cual
consistió en tres etapas. En un primer momento se hizo una revisión bibliográfica y documental sobre
el extractivismo minero y el marco jurídico en México, información que fue complementada con datos
oficiales sobre la actividad minera. La siguiente etapa se centró en la construcción del conflicto
mediante la recopilación de reportes periodísticos y la realización de 12 entrevistas a integrantes del
movimiento opositor Atcolhua para dar voz a los actores locales. La última etapa consistió en analizar
la información recabada, lo cual permitió caracterizar el conflicto y cumplir los objetivos propuestos.

En el cuerpo de este trabajo se presentan las reformas legislativas que amparan la extensión de la
minería en el territorio mexicano y su impacto en las comunidades locales. En un segundo momento
se aborda el proceso de llegada y puesta en marcha del Proyecto Ixtaca en el municipio de
Ixtacamaxtitlán Puebla para posteriormente describir las etapas del conflicto en función de los actores
involucrados y las estrategias que ambos bandos practican para apropiarse del territorio y legitimar

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2976.

los objetivos que cada una de las partes tiene sobre el municipio. Finalmente se presentan las
conclusiones.

METODOLOGÍA

Este artículo es producto de una investigación de corte cualitativa, centrada en un estudio de caso que
buscó explicar y comprender el conflicto entre la empresa minera Almaden y el movimiento Atcolhua
por la apropiación del territorio del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Para lograr dicho objetivo, en
un primer momento, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental en torno al extractivismo
minero y el marco normativo que regula el sector minero en México, así como en la revisión de datos
oficiales de la actividad minera a nivel nacional, estatal y municipal para caracterizar el panorama en
el que se desarrolla el conflicto en torno al Proyecto Ixtaca.

En la segunda etapa, centrada en la construcción del conflicto entre Almaden y Atcolhua, se buscó y
recopiló información periodística impresa y electrónica sobre el conflicto, de igual modo se consultaron
los medios oficiales del movimiento opositor como los de la empresa minera. En esta etapa se
realizaron doce entrevistas a integrantes del movimiento opositor Atcolhua para obtener su
perspectiva sobre el conflicto, el asentamiento de la minera, los impactos en su comunidad y las
acciones tomadas para defender sus intereses territoriales. Debido a la falta de acceso a la empresa
minera no fue posible obtener su postura sobre el conflicto.

Finalmente, la información de gabinete y la recopilada en campo fue analizada arrojando los resultados
que en este trabajo se presentan, los cuales ayudan a comprender las demandas de los actores locales
y los procesos contestatarios y de resistencia que dan a los proyectos extractivos. Se puso especial
énfasis en la voz de los actores entrevistados puesto que son ellos y ellas quienes dan sentido y
dirección a la problemática a partir de su participación directa en el conflicto.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Minería y emergencia de conflictos extractivos, un proceso de disputa y conflicto

México se ha convertido en un territorio estratégico del actual proceso de relocalización de la minería
global capitalista. Gracias a las políticas de liberalización económica se ha facilitado la instauración
del modelo de extracción de recursos de los territorios rurales, los cuales albergan una extensa riqueza
natural, cultural y social. Las comunidades campesino-indígenas son las principales receptoras de los
proyectos a nivel nacional.

A partir de la primera gran crisis del petróleo de 1973, se produjeron dificultades en el crecimiento del
proceso de acumulación capitalista. Esto llevó a voltear la mirada hacia otros recursos naturales y
materias primas de interés industrial, los cuales son provenientes de regiones como Latinoamérica.
Para inicios de los 90´s las condiciones económicas y políticas permitieron la adjudicación de recursos
naturales a las grandes corporaciones industriales. El retorno y expansión del modelo primario
exportador basado en la extracción intensiva de recursos medioambientales, los cuales son
imprescindibles para el sostenimiento de las demandas de consumo de las sociedades industriales,
convirtió a los territorios subdesarrollados en simples fuentes de abastecimiento de recursos.

A este proceso de expansión capitalista David Harvey (2004) lo define como acumulación por despojo
o desposesión, el cual tiene como característica principal la expropiación y ocupación violenta de los
territorios bajo-nuevos y renovados mecanismos de despojo, y cuyo propósito es garantizar la
reproducción ampliada del capital, además de producir paralelamente contradicciones sobre el tejido
social.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2977.

Ante este extractivismo de recursos las poblaciones locales se organizan y reaccionan en forma
colectiva para resistir y combatir estos procesos, puesto que sus bienes territoriales son parte de su
cosmovisión y formas de vida. Bajo este modelo de desarrollo económico se producen efectos
adversos para los habitantes por lo cual han emergido movimientos de resistencia que ha
desencadenado en diversos conflictos al disputarse la apropiación y gestión de los recursos
territoriales estratégicos.

Estos movimientos sociales se caracterizan por ser acciones colectivas con características de lucha
específicas según su contexto espacio-temporal, pero comparten la defensa de sus formas de vida
imperantes identitarias las cuales están ligadas estrechamente a los recursos naturales
(principalmente al agua y tierra) de su territorio que son amenazados cuando se instauran estos
modelos de acumulación capitalista.

El crecimiento de la industria minera a nivel global, y como ha quedado de manifiesto en México, ha
desencadenado una serie de conflictos porque este modelo es excluyente, dado que durante su
ejercicio existe un control monopólico por parte de las mineras tanto de los recursos como de los
beneficios económicos que se producen. Contrariamente, los habitantes de los territorios son
despojados de sus bienes naturales, culturales y humanos al perder el control de los medios de
producción campesina poniendo en riesgo su soberanía alimentaria. También se impacta en las
formas de relacionarse y organizarse a nivel comunitario porque las mineras no solo extraen recursos
de interés industrial, sino que también trastocan las identidades locales.

Por consiguiente, no es novedad que la llegada de proyectos mineros a nuestro país sea una fuente
generadora de conflictos sociales y disputas en donde las poblaciones rurales se resisten a los
proyectos de actividad extractiva. Como tampoco lo es la presencia de tensión entre las partes que
buscan mantener el control de los bienes territoriales bajo lógicas disímiles. En este sentido se puede
explicar este fenómeno con las aportaciones de Mançano Fernandes (2009) quien señala que los
conflictos por proyectos de desarrollo generan tensiones en territorios como comunidades o
propiedades privadas, dando lugar a territorialidades de dominación y resistencia, mientras que Norma
Giarraca (2006) añade que los recursos minerales suelen ubicarse en áreas y pequeñas ciudades
rururbanas rurales habitadas principalmente por campesinos e indígenas.

Otro actor que cobra importancia en los conflictos en torno a la actividad minera es el Estado, el cual
desempeña un papel crucial pues es el encargado de establecer las condiciones legales que facilitan
el despojo y la privatización de los territorios mexicanos ricos en minerales. En ese sentido, los
movimientos han recorrido un amplio camino para visibilizar los atropellos a sus derechos
patrimoniales y humanos tanto por parte del Estado como de las mineras nacionales y extranjeras. Las
protestas contra las transgresiones humanas y no humanas que cobran lugar en los territorios
albergadores de los proyectos mineros ponen en evidencia que desde la esfera económica y política
se impulsa el modelo extractivo como la única opción para el desarrollo económico, priorizando las
ganancias económicas sobre otros objetivos. Contrariamente, las condiciones socioeconómicas de
estas comunidades evidencian que la pobreza persiste en estos espacios dado que las cuantiosas
ganancias de la minería no se quedan en el territorio, pero, además, surgen otras problemáticas, como
los daños medioambientales o de inseguridad a raíz de la llegada de la minería y la población local es
la principal afectada.

El marco legislativo de la actividad minera: condición para el despojo territorial

En México, durante las décadas de 1980 y 1990 se implementaron reformas estructurales que
marcaron el inicio del período neoliberal cuyo objetivo era la recuperación del estancamiento
económico provocado por la crisis de la deuda externa de 1982. Como parte de la nueva orientación
en la política pública se dio mayor participación a la iniciativa privada en sectores clave de la economía

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2978.

como la construcción de infraestructura o la eliminación de las barreras arancelarias para aumentar la
competitividad económica.

Como parte de este modelo incluyó reformas legislativas clave como la del Art. 27 Constitucional, la
cual modificó los estatutos de tenencia de tierras ejidales y comunales, teniendo por objetivo la
participación del sector privado en las tierras de tenencia social. De igual manera, se abrieron las
puertas a la inversión privada en el sector de la minería que estaban bajo control estatal.

La reforma al Art. 27 Constitucional en 1992 es considerado un punto de partida de una bandada de
reformas legislativas que incentivaron la expansión de la minería en México. Esta modificación ofrecía
una “supuesta libertad de decisión” por parte de los campesinos sobre sus tierras y se vislumbraba que
con ella se incrementa la producción del campo, lo cual generaría un mayor bienestar para las familias
campesinas y sus comunidades (Gómez, 2016). No obstante, dicha reforma tuvo como principal
objetivo la cancelación del reparto de tierras tanto comunales como ejidales, limitando el papel de los
núcleos agrarios en la toma de decisiones; por otro lado, se legisla a favor de las sociedades
mercantiles para adquirir tierras hasta por 25 veces el límite de la pequeña propiedad (Gómez, 2016,
p.156), generando brechas de desigualdad patrimonial entre los sujetos agrarios y las sociedades
mercantiles.

La nueva Ley Minera expedida el 25 de septiembre de 1992, definió la dirección que adoptaría el sector
y a partir de ella se incrementaron las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras. En
consecuencia, la frontera minera se incrementó al igual que el número de proyectos y concesiones
otorgadas a partir de su promulgación2. En su artículo 6º se estableció “a exploración, explotación y
beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán
preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno” (Ley Minera, 1992, Art. 6).

Esta resolución debilitó directamente a aquellas poblaciones y comunidades que habitan tierras ricas
en minerales y otros recursos de interés industrial. Muchas de ellas han sido sometidas a la imposición
del modelo extractivista, bajo procesos sistemáticos de expoliación de los recursos colectivos para
incorporarlos en la dinámica mercantil del capitalismo neoliberal. Este marco jurídico abrió las puertas
a los capitales privados a nuevos territorios para la depredación de minerales y así permitirles el
incremento de la acumulación de ganancias, empleando procesos de despojo legales e ilegales,
recurriendo a diversas formas de violencia, engaños y prácticas depredadoras (Harvey, 2012).

El periodo de esta explotación es prolongado, de acuerdo con el artículo 15º de la Ley se señala que la
duración de las concesiones es de cincuenta años y podrá prorrogarse automáticamente por el mismo
tiempo si es que los propietarios no incurren en algún causal de cancelación señalada en la ley (Ley
Minera, 1992, Art. 15). La Ley Minera de 1992 ha sufrido diversas reformas entre las que destaca la
del Artículo 19° de 2005, siendo el cambio más significativo el otorgamiento en un solo título de
concesión los derechos de exploración y explotación, cuando anteriormente el trámite se realizaba de
manera independiente para cada etapa (Ley Minera, 1992, Art. 19).

El trasfondo de las reformas a la Ley ha sido simplificar los procedimientos administrativos que las
empresas deben cumplir para realizar actividades extractivas. De esta manera el Estado ha propiciado
un medio de incentivos legales y de certeza jurídica para atraer inversiones principalmente extranjeras
al sector. Finalmente, en agosto del 2014 se aprobó otra modificación de corte neoliberal a la ley

2 Hasta el 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía se reportaban 25,267 concesiones que corresponden a 21.3
millones de hectáreas, lo que equivale a un 10.6% del territorio nacional, las cuales fueron otorgadas por los gobiernos de
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, así como por Vicente Fox y Felipe Calderón. Con esta reforma
se habilitó un poco más del 30% del territorio nacional para la exploración y extracción de minerales por parte de empresas
trasnacionales.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2979.

minera, reconociéndose a la minería como actividad preferente cuando ésta entra en disputa con otras
actividades extractivas como la de hidrocarburos o la distribución de energía eléctrica.

Otra reforma importante fue la Ley de Inversión Extranjera Directa en diciembre de 1993, la cual buscó
incrementar la inversión extranjera directa (IED) de los consorcios mineros más importantes a nivel
global a través de las empresas nacionales. En su Artículo 4º estableció que la IED puede participar en
cualquier proporción en el capital social de las sociedades mexicanas, pueden adquirir activos fijos e
ingresar a nuevos campos de actividad económica (Ley de Inversión Extranjera Directa, 1993, Art. 4).
En los años siguientes se incrementaron los capitales provenientes del extranjero al igual que sus
operaciones en el país.

Finalmente, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se consolida la
expansión del capital minero trasnacional en el país operado por medio de concesiones otorgadas al
capital canadiense y norteamericano principalmente. El acuerdo comercial implicó el
desmantelamiento sistemático de los obstáculos arancelarios para fortalecer el flujo comercial y de
capitales, según lo estipulado en su artículo 102, en donde se buscó la eliminación de obstáculos
durante el comercio para dinamizar la circulación de bienes y servicios entre México, Estados Unidos
y Canadá, así como cómo incrementar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], 1993).

Este conjunto de reformas constitucionales, leyes y acuerdos comerciales han generado las
condiciones óptimas para hacer atractivo a México para la recepción de IED en el sector minero
latinoamericano. De acuerdo con los registros de IED para el sector minero en el país ha ido en
aumento: durante el periodo 1994–2000 representó el 1% de la IED, para el periodo 2000–2010
ascendió al 4%, con la reforma de 2014 tuvo un crecimiento alcanzando una participación del 10%
(Guevara, 2016), registrando una cifra récord en 2013 al superar los 5,400 millones de dólares; en tanto
que en 2020 se reportó solo poco más de 344 millones. El origen de estas inversiones ha sido
principalmente canadienses 3.

Como efecto de los cambios legislativos para la minería mexicana que junto con los incentivos fiscales
ha propiciado una mayor influencia de las empresas con inversión extranjera en el sector, posicionando
al país como un destino atractivo para la industria minera a nivel global. Este impulso ha alterado la
geografía minera doméstica generando efectos adversos que no son contabilizados en los informes
oficiales de la actividad. Sin embargo, desde el sector social y los movimientos que han surgido a raíz
de este modelo económico, se exponen los daños invisibilizados de la minería, los cuales son muchas
veces irreparables y afectan aspectos sociales, ambientales, culturales y simbólicos de las
comunidades.

Conflicto territorial en Ixtacamaxtitlán: Almaden Minerals y el Proyecto Ixtaca

En 2020, de acuerdo con los datos oficiales del sector minero se contó con un registro de 242 empresas
extranjeras con proyectos mineros a nivel nacional; de los cuales 160 tienen origen canadiense.
Durante la década del 2000, la entidad de Puebla capturó el interés de inversiones en minería de
empresas extranjeras, principalmente firmas canadienses. Actualmente dos de estas empresas se

3 Datos de la Dirección de Desarrollo Minero del 2021 revelaron que a finales de aquel año operaban 179 mineras extranjeras
de las cuales el 70% tienen origen canadiense, manejando una cartera de 1190 proyectos, mientras que durante el periodo
1999 – 2016 la IED canadiense en el sector se incrementó en un 45.2%, registrando su punto más alto en 2012 con un valor
aproximado de 1,665 millones de dólares, mientras que el año 2018 significó su cifra más baja con un total de 388 millones
de dólares.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2980.

encuentran operando en Puebla: Almaden Minerals Ltd y Minaurum Gold Inc (Panorama Minero del
Estado de Puebla, 2020).

De acuerdo con la información oficial, hasta el año 2019 se reportó concesionado el 5.6% del territorio
estatal poblano mediante 320 títulos los cuales corresponden a 192,308.4174 hectáreas. Estas cifras
sobrepasan las registradas en el año 2018, año en el que se concesionó el 9.85% de la superficie
poblana con 473 títulos, lo cual representó un total de 335,294.1247 hectáreas, la mayor cifra registrada
desde inicios del año 2000.

En los últimos años se reporta que son tres empresas quienes lideran la industria minera en Puebla:
Autlán Holding S.A.P.I. de C.V., una empresa mexicana la cual encabeza la lista con 56 concesiones; le
siguen las firmas canadienses Almaden Minerals Ltd. con 28 concesiones y Goldcorp Corp., con 19
concesiones.

Según la Dirección General de Minas (DGM, 2022), Almaden Minerals Ltd es la líder en cuanto a
superficie con 280,002.4389 hectáreas donde desarrolla nueve proyectos en la Región Sierra Norte, de
los cuales cinco están en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Esta empresa, con sede en Vancouver,
reporta un total de 14 proyectos en México: 13 son de exploración y uno en desarrollo ubicado en el
municipio de Ixtacamaxtitlán Puebla.

La presencia de Almaden Minerals Ltd. en México es notoria, especialmente en el municipio de
Ixtacamaxtitlán, donde están enfocando sus esfuerzos en los proyectos "Tuligtic" e "Ixtaca" ubicados
en lo que la empresa denomina la Zona Ixtaca. La exploración de esta área comenzó en 2001 como
parte de un programa regional en el sureste del país, donde se adquirieron más de 7,200 hectáreas
para la extracción de los metales oro y plata. La minera canadiense se ha interesado en el territorio de
Ixtacamaxtitlán porque en sus trabajos de exploración descubrieron un gran yacimiento de los dos
metales y el apropiarse de estos contribuye a posicionar a la firma en uno de los primeros lugares en
la producción de oro y plata a nivel global (Almaden Minerals Ltd [Almaden], s.f.).Principio del
formularioFinal del formulario

En abril de 2014, Almaden Minerals anunció oficialmente el inicio del "Proyecto Ixtaca" abarcado más
de 14,000 hectáreas, las cuales están mayormente ubicadas en las localidades de San Miguel Tuligtic
y Santa María Zotoltepec, ambas pertenecientes al municipio de Ixtacamaxtitlán. De acuerdo con los
informes de la minera canadiense, este yacimiento contiene oro y plata en un 54% y 46%,
respectivamente (Almaden, s.f). Asimismo, el corporativo reconoce que la Zona Ixtaca es
estratégicamente relevante debido a su ubicación e infraestructura de comunicación con ciudades
como Puebla y Pachuca, así como su proximidad al Parque Industrial Xicohténcatl en Tlaxcala (Figura
1.)

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2981.

Figura 1

Ubicación de la Zona Ixtaca

Fuente: Tomada Almaden, (s.f) https://www.almadenminerals.com/ixtaca

Los proyectos en Ixtacamaxtitlán están a cargo de dos subsidiarias de Almaden Minerals en México:
Minera Gavilán S.A. de C.V. y Minera Gorrión S.A. de C.V., a través de las cuales se les otorgaron las
concesiones para la Zona Ixtaca. La primera concesión la obtuvieron el 6 de marzo de 2003 mediante
Minera Gavilán S.A. de C.V. y Minera Albatros, S.A. de C.V. (ahora Minera Gorrión S.A. de C.V.), con una
duración de 50 años, es decir, hasta el 5 de marzo de 2053. La segunda concesión, otorgada a nombre
de Minera Gorrión S.A. de C.V., comenzó el 1 de noviembre de 2012 y también tiene vigencia por 50
años, no obstante, fue abdicada el 6 de noviembre de 2015. Las seis concesiones activas en
Ixtacamaxtitlán se pusieron en marcha el 31 de julio de 2015, tienen una vigencia de 35 años cada una
y concluyen el 5 de marzo de 2023 (Figura 2).

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2982.

Figura 2

Área de concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals Ltd. Mediante Minera Gorrión S.A. de C. V.

Fuente: En el mapa se muestran las zonas de concesión minera adjudicadas a Almaden Minerals Ltd
mediante Minera Gorrión S.A. de C.V., las cuales abarcan los municipios de: Ixtacamaxtitlán, Zautla,
Aquixtla y Tetela de Ocampo en el estado de Puebla México. Tomado de Secretaría de Economía (s.f)

Es importante señalar que estas licencias otorgadas a la minera están sobrepuestas a las tierras
ocupadas por una serie de comunidades campesina e indígenas que aprovechan el suelo para la
agricultura y ganadería; la mina será de tajo a cielo abierto4 lo que pone en riesgo la permanencia de
las comunidades puesto que una parte de la población basan su economía en estas prácticas
agropecuarias. El costo ambiental y social de esta técnica minera es incalculable considerando que el
recurso agua es un bien limitado, trascendental para el desarrollo de las comunidades de
Ixtacamaxtitlán, puesto que no solo es utilizada para el consumo familiar sino también se destina parte
para las actividades agrícolas contribuyendo a la sostenibilidad económica de las comunidades, lo que
genera la disyuntiva entre la agricultura campesina y la minería, pues la coexistencia no es posible.

La técnica de exploración minera es uno de los principales problemas que destacan los habitantes,
puesto que la Zona Ixtaca se encuentra sobre la subcuenca del Río Apulco, la cual es vital en el
desarrollo de actividades productivas que sostienen a la mayoría de las familias de Ixtacamaxtitlán
como de otros municipios adyacentes. Este río se conecta con la cuenca del rio de Tecolutla, que cruza
el estado de Veracruz y desemboca en el Golfo de México, ello amplifica el riesgo de contaminación
estimando que aproximadamente 25,000 habitantes de las 12 comunidades de Ixtacamaxtitlán se
verán directamente afectados porque se ubican en el "área de impacto" además de las comunidades
en la cuenca del Tecolutla5.

4 La técnica del tajo a cielo abierto consiste en la remoción de una extensa superficie de material rocoso que posteriormente
se tritura y se somete a un proceso llamado lixiviación que separa y purifica los minerales contenidos en las rocas, y para ello
se necesita una enorme cantidad de agua la cual se mezcla con sustancias altamente tóxicas como el cianuro, el ácido
sulfúrico o el mercurio.
5 Las comunidades de Ixtacamaxtitlán que se encuentran en el área de impacto directo del Proyecto Ixtaca son Almeya,
Almonamique, Cruz de Ocote, El Capulín Ocojala, El Palmar, Loma Larga, Santa María Zotoltepec, San Miguel Tuligtic, Vista
Hermosa de Lázaro Cárdenas, Zacatepec y Xiuquenta.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2983.

Ixtacamaxtitlán se ubica en la zona norte de Puebla, es el quinto municipio más extenso del estado, no
obstante, también es uno de los municipios con mayores índices de pobreza y marginación. Se
caracteriza por sus suelos áridos y escasez de agua, propiciando que las actividades económicas
predominantes se basen en actividades agropecuarias y en el aprovechamiento de sus recursos
forestales. La vida en Ixtacamaxtitlán depende de la gestión adecuada de sus recursos naturales,
especialmente del agua. Por lo anterior, el rechazo a la explotación minera se fundamenta, en primer
lugar, por la elevada demanda de agua que exige el tajo a cielo abierto dado el déficit de agua que
existe en el territorio y, enseguida, por la eminente contaminación que significaría la explotación minera
y que afectaría el líquido vital necesario para abastecer a las familias tanto en sus actividades
productivas como en la satisfacción de sus necesidades de uso doméstico.

La resistencia organizada de comunidades pertenecientes al municipio de Ixtacamaxtitlán contra la
intervención minera es liderada por el grupo Atcolhua. Esta organización comenzó sus acciones el día
22 de mayo del año 2014, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
delegación Puebla aprobó el Informe Preventivo Ixtaca III, presentado por el consorcio minero para
iniciar actividades de explotación en la zona. Previo a la aprobación del informe, y al tratarse de
comunidades indígenas, se había exigido a la empresa la realización de consultas en el área afectada
por el proyecto para determinar si las comunidades aprobaban el inicio de sus labores. Sin embargo,
Almaden omitió este proceso argumentando que no había una presencia significativa de población
indígena, afirmación que más tarde fue refutada por las instituciones responsables de salvaguardar los
derechos de estas comunidades.

Tanto la minera Almaden Minerals Ltd. como la actividad minera en Ixtacamaxtitlán han generado
transformaciones con riesgo a intensificarse durante una eventual etapa de explotación del proyecto.
El cambio más significativo es el surgimiento de un conflicto por el territorio, ya que la empresa
canadiense busca apropiárselo para la extracción de minerales, mientras que la población que se
opone a la minería también busca controlar el territorio para preservar su modo de vida basado en la
producción campesina. Esta disputa refleja la importancia del territorio para ambas partes, y su
significado se construye tanto en términos materiales como simbólicos, de ahí que la confrontación
entre ambos enfoques opuestos sobre el territorio de Ixtacamaxtitlán subraya su naturaleza
esencialmente conflictiva.

La llegada de Almaden ha generado dos visiones territoriales opuestas en Ixtacamaxtitlán: la empresa
canadiense busca la extracción de minerales para obtener ganancias y promueve este modelo
productivo como desarrollo, mientras que la población local defiende la agricultura y ganadería como
base de su modo de vida. Esta confrontación entre el capital y el campesinado refleja la divergencia de
modelos de desarrollo y subraya la importancia del territorio en esta disputa (Mançano, 2013).

Históricamente el tejido socioeconómico de Ixtacamaxtitlán se ha fundamentado en la economía
campesina, pero la minería amenaza este modelo. El movimiento Atcolhua, junto con las comunidades
locales y organizaciones civiles, ha resistido la imposición del modelo minero, visibilizando la
importancia de preservar prácticas identitarias y sostenibles como la agricultura y la crianza de
especies pecuarias que les ha permitido mantenerse en sus comunidades; por otro lado, los partidarios
del Proyecto Ixtaca ven la minería como crucial para el desarrollo local y regional, infravalorando las
actividades agropecuarias.

De esta manera la controversia respecto a entrada en operación del Proyecto Ixtaca se centra tanto en
la técnica de explotación a cielo abierto altamente contaminante como en las afectaciones en las
dimensiones sociales y culturales que predominan en el municipio. Por lo tanto, las entrevistas

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2984.

realizadas resaltan las infracciones al derecho legítimo de las comunidades para determinar el uso de
sus recursos territoriales.

Estrategias de apropiación territorial: fuente del proceso conflictivo en Ixtacamaxtitlán

El conflicto en Ixtacamaxtitlán involucra diferentes puntos de tensión, pero todos ellos gravitan
alrededor del conflicto entre la transformación de Ixtacamaxtitlán como un espacio dedicado a la
explotación minera o como un territorio sostenible con esencia campesina.

El modelo agrícola predominante, vital para el equilibrio socioeconómico local, ya enfrenta amenazas
debido a los daños ambientales de la minería a tajo abierto. Además de los actores locales
encabezados por Atcolhua, otras organizaciones no gubernamentales como PODER, IMDEC, CESDER,
FUNDAR y el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, se han unido para defender el modelo
agrícola tradicional. Por otro lado, actores como Almaden y Minera Gorrión junto con una parte de la
población estiman que la minería mejorará su nivel de vida, por ello respaldan la minería en
Ixtacamaxtitlán a través del Proyecto Ixtaca, valorándose como un motor del desarrollo económico
local y regional.

Aunque el conflicto se centra en la disputa por el territorio entre dos modelos contradictorios, se han
identificado problemáticas adicionales que han tenido un impacto significativo en el proceso. Una de
ellas se relaciona con el alcance del impacto ambiental del proyecto. Como se ha mencionado
anteriormente, aunque la concesión abarca 12 comunidades de Ixtacamaxtitlán, sus repercusiones
ambientales y sociales se extenderán más allá de los límites municipales debido a que Ixtacamaxtitlán
está atravesado por el Río Apulco y el trayecto de este pasa por municipios como Zautla, Aquixtla,
Tetela de Ocampo y Zacapoaxtla en Puebla, Por lo anterior, la contaminación del agua y suelo generada
por el empleo de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, afectaría una zona mucho más
amplia de lo inicialmente previsto.

Es importante identificar los diversos ámbitos que impactan la actividad minera y no limitarse
únicamente al aspecto ambiental, el cual es la principal preocupación del grupo que se opone al
Proyecto Ixtaca. Estas afectaciones se extienden más allá del ámbito ecológico, influyendo
desfavorablemente las dimensiones sociales, como ya se manifiesta el debilitamiento del entramado
social y la tensión en las relaciones comunitarias en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Algunas de estas
expresiones del deterioro social a raíz de la minería se encuentran: la violencia y el hostigamiento hacia
los miembros de Atcolhua y sus seguidores, la división comunitaria entre partidarios y detractores del
proyecto, la estigmatización de los opositores a Ixtaca como obstáculos para el desarrollo, el
incremento de problemas sociales, especialmente entre los jóvenes, entre otros.

En contraposición, Almaden sostiene una postura firme y argumenta que la minería no generará una
deuda ecológica significativa, señalando que los posibles impactos podrían ser mitigados y
solucionados. Sin embargo, surge una controversia adicional, ya que la empresa afirma que en el área
de la concesión de la Zona Ixtaca no hay vida, pasando por alto la existencia de flora y fauna nativa que
es de gran importancia para los habitantes de Ixtacamaxtitlán.

Además, es importante destacar el desequilibrio económico que conlleva la actividad minera, ya que la
mayor parte de las ganancias generadas se exportan a los países de origen de los capitales mineros,
mientras que los altos costos ecológicos y sociales que acarrea difícilmente pueden ser compensados
por las contribuciones económicas de la minería en las áreas receptoras. Esto pone en peligro la
permanencia de poblaciones en sus lugares de origen por el deterioro de los recursos comunes
necesarios para la subsistencia de familias y de la economía local en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2985.

Como se ha destacado, los actores que se disputan Ixtacamaxtitlán buscan afirmar su derecho de
propiedad para respaldar sus intereses y objetivos, generando relaciones conflictivas entre quienes
respaldan y rechazan el proyecto minero territorial. Dada esta situación, es crucial identificar las
acciones y estrategias que emplean tanto los partidarios de la minería como sus detractores para
asegurar su dominio sobre el territorio en disputa.

Las estrategias de la minera Almaden

En línea con la narrativa presentada por Almaden, que posiciona el proyecto como un catalizador de
desarrollo económico y social para Ixtacamaxtitlán, esta entidad, junto con su subsidiaria Minera
Gorrión, ha ejecutado diversas estrategias para legitimar su modelo económico territorial, basado en
generar ganancias económicas y acumulación de capital.

La primera acción ha sido asegurar la legitimidad legal de las licencias para la explotación de minerales
en el territorio de Ixtacamaxtitlán, otorgadas por las autoridades gubernamentales pertinentes en el
ámbito minero. La facilitación de este proceso se atribuye a las reformas implementadas a principios
de los años 1990 al Artículo 27º Constitucional junto con la legislación minera y la Ley de Inversión
Extranjera Directa, allanando el camino para los procesos de desposesión de territorios y recursos en
beneficio de la industria minera.

A través de esta estrategia legal, Almaden ha adquirido la apropiación y un control significativo del
territorio, asumiendo actualmente responsabilidades que tradicionalmente corresponden a los
gobiernos como la mejora de infraestructuras, el equipamiento de escuelas y centros de salud, la
provisión de becas, entre otras acciones comunitarias. Como mencionamos anteriormente, Almaden
posee la propiedad de aproximadamente 14,000 hectáreas en el municipio a través de seis títulos de
concesión con una duración inicial de 50 años y con posibilidad de prórroga por otros 50 años más.
Esta estrategia resulta crucial para asegurar su dominio sobre el territorio y garantizar el logro de sus
objetivos.

Otra estrategia identificada es el uso de medios coercitivos para presionar la venta de tierras de
propiedad privada dentro de la zona de concesiones. La empresa ha realizado trabajos de perforación
y trazado de caminos afectando predios sin el consentimiento de sus propietarios. Ante estas
acciones, los afectados han presentado sus denuncias ante las autoridades municipales; no obstante,
estas se han mostrado indiferentes ante las quejas e incluso han llegado a criminalizar las protestas
de los activistas que denuncian estos actos por parte de Almaden.

En tercer lugar, se observa un proceso de desarticulación de las relaciones sociales previas a la llegada
de la minera Almaden, las cuales se basaban en principios de amistad y solidaridad. Esta
fragmentación comunitaria surge a raíz del posicionamiento a favor o en contra de la mina,
evidenciándose que esta división no solo es una consecuencia de la presencia de la empresa, sino que
es un mecanismo deliberado para generar discordia entre los habitantes locales y así debilitar la
resistencia social para obtener respaldo para el proyecto minero.

Finalmente, una de las estrategias más destacadas de la empresa es la implementación de diversos
programas de desarrollo comunitario por medio de su programa de Responsabilidad Social,
denominado Pro Ixtaca. Dentro de estas acciones se incluyen: el mejoramiento de calles y caminos,
apoyo a la salud y la educación, respaldo a festividades locales, así como proyectos deportivos,
culturales y ecológicos incluida la reforestación. Estas prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial se utilizan como herramienta para avanzar en la apropiación del territorio y facilitar la
introducción de la minería en el municipio. El discurso de la minería responsable se suma a esta
estrategia, promoviendo la percepción del sector como un motor de desarrollo, generador de riqueza y
mejorador de las condiciones socioeconómicas locales.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2986.

Las estrategias del movimiento opositor Atcolhua

En 2014 surgió el movimiento de resistencia y oposición a la minería, el cual ha emprendido una serie
de acciones encaminadas a reclamar la propiedad de su territorio como a cuestionar y rechazar el
modelo de desarrollo extractivista propuesto para Ixtacamaxtitlán. Una estrategia fundamental de
Atcolhua ha sido la organización de movilizaciones en las que han participado de manera activa sus
integrantes, la población local y foránea, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil al
igual que expertos científicos y académicos que respaldan la oposición a la minería.

La movilización social se ha erigido como un mecanismo esencial para defender la apropiación del
territorio y preservar modos de vida. Dentro de las actividades que han organizado se encuentran
marchas, foros informativos, eventos académicos y culturales para visibilizar la problemática ante los
gobiernos en todos sus niveles. Estos eventos van más allá de expresar el rechazo al proyecto minero;
también enfatizan la importancia de mantener un modo de vida ligado a la actividad agrícola. Esto ha
permitido que la lucha trascienda lo local, atrayendo el apoyo de individuos y organizaciones de otros
municipios y estados.

Adicionalmente se han realizado investigaciones que detallan los impactos: ambiental, social y en
materia de derechos humanos de la minería a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán. Estos estudios también
han documentado y respaldado legalmente las violaciones cometidas por el Estado mexicano en la
concesión de minas en la región como lo evidencia el trabajo "Minería canadiense en Puebla y su
impacto en los derechos humanos: Por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco"
publicado en 2017, el cual no solo analiza los efectos negativos del proyecto, sino que también
presenta una visión crítica del modelo campesino, resaltando su importancia para la vida comunitaria
y la utilización sostenible de los recursos territoriales.

La colaboración con organizaciones no gubernamentales, académicos y activistas de diversos lugares
ha ampliado el alcance y los recursos del movimiento en Ixtacamaxtitlán. Esta articulación ha permitido
una mayor visibilidad del conflicto y ha fortalecido las estrategias de resistencia. Por ejemplo, ha
facilitado la presentación de juicios de amparo contra las concesiones mineras ilegales y ha
posibilitado viajes como el realizado a Canadá en 2017 para plantear sus demandas al gobierno de ese
país. Es así como la colaboración entre distintos actores no solo ha fortalecido la continuidad de la
lucha hasta el momento presente, sino que también ha enriquecido el discurso y la comprensión sobre
las actividades extractivas. Ahora se las entiende como parte de un modelo de desarrollo
profundamente excluyente, que explota los recursos naturales y perpetúa la pobreza y la desigualdad
en los territorios que albergan este tipo de proyectos.

Finalmente, consideramos que el mecanismo más determinante de apropiación del territorio
desplegado por el movimiento para defender sus intereses es la acción legal iniciada por uno de los
ejidos ubicados en la zona de concesión del proyecto. En abril de 2015, el ejido Tecoltemic presentó
un juicio de amparo para proteger su territorio de las concesiones Cerro Grande I y Cerro Grande II,
propiedad de Almaden. Fundamentaron su demanda en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
ser consultados antes de que se tomen medidas que puedan afectarles, así como a determinar su
desarrollo económico, social y cultural. Para sorpresa de todos, el 11 de abril de 2019, el Juzgado
Segundo del Distrito del Estado de Puebla resolvió a favor de la comunidad en el juicio. En esta decisión,
no solo se reconoce la violación del derecho de un pueblo indígena a una consulta libre e informada
sobre el uso y gestión de sus recursos, sino que además se califica como delito la concesión de títulos
de explotación minera en un territorio con una alta presencia de población indígena.

Consideramos que este hecho ha sido crucial en el desarrollo del conflicto y, en nuestra opinión, fue el
resultado de la articulación de las estrategias mencionadas anteriormente: la alianza con diversos

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2987.

actores, la investigación sobre los impactos económicos y sociales de la minería, y la visibilidad que la
problemática obtuvo a través de las movilizaciones sociales. Se desafió legalmente lo establecido en
la Ley Minera, lo cual representa un acontecimiento sin precedentes en la historia de los conflictos
mineros en México.

CONCLUSIONES

El conflicto por la apropiación del territorio del municipio de Ixtacamaxtitlán Puebla, originado por la
puesta en marcha del proyecto minero de la empresa Almaden Minerals Ltd., pone en evidencia la
importancia de la resistencia comunitaria y la defensa del modelo agrícola tradicional. La comunidad,
liderada por el movimiento Atcolhua, ha desplegado una serie de estrategias basadas en alianzas con
organizaciones no gubernamentales, en investigaciones sobre los impactos de la minería y las
acciones legales basadas en derechos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Estas acciones
han permitido visibilizar la problemática y desafiar legalmente las concesiones mineras en territorios
indígenas, resultando en una histórica decisión judicial a favor de la comunidad de Tecoltemic en 2019.

El estudio de caso revela cómo la introducción de la minería a tajo abierto definida por actores como
Almaden Minerals Ltd. y Minera Gorrión, presenta una amenaza significativa para el equilibrio
socioeconómico de Ixtacamaxtitlán. Los opositores argumentan que la minería no solo contamina el
medio ambiente, sino que también destruye el tejido social y cultural de las comunidades indígenas y
campesinas. Esta disputa ha traspasado los límites del municipio de Ixtacamaxtitlán, afectando
regiones amplias porque la contaminación no solo se concentra en Ixtacamaxtitlán, sino que se rompe
fronteras y se expande como sucede con el Río Apulco.

La investigación destaca la importancia de la resistencia comunitaria organizada, la cual ha logrado
articular un discurso poderoso contra la minería extractiva. Este discurso no solo resalta los daños
ambientales y sociales, sino que también presenta a la minería como una perpetuadora de la pobreza
y la desigualdad. La colaboración con académicos, activistas y ONG ha fortalecido esta lucha,
ampliando su alcance y recursos, y ha permitido que las demandas de la comunidad lleguen a niveles
internacionales.

En resumen, el caso de Ixtacamaxtitlán nos deja ver cómo la movilización social, la acción legal y la
colaboración intersectorial pueden desafiar y enfrentar modelos de desarrollo extractivistas. Este
conflicto subraya la necesidad de escuchar las voces de las comunidades campesinas e indígenas,
respetando sus dereches a elegir el tipo de progreso a través del cual eligen vivir, por ello es necesario
reconsiderar la viabilidad del modelo de desarrollo que prioriza la explotación de recursos naturales
que albergan este tipo de comunidades rurales, a costa de la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2988.

REFERENCIAS

Almaden Minerals. (s.f.). Estudios Económicos Ixtaca.
https://www.almadenminerals.com/ixtaca/economic-studies

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003). Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Recuperado de
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf

Dirección General de Desarrollo Minero. (s.f.). Empresas del Sector Minero - Metalúrgico.
http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas2.asp

Mançano, B. (2009). “Sobre a tipología de territorios”. En Saquet, M. A. y Sposito E.S., Territórios e
territorialidades: Teoria, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular. Recuperado de
https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-
espanol.pdf

Giarraca, N. (2006). Territorios en disputa: los bienes naturales en la escena. En Realidad, Económica.
Núm. (217). (pp. 51-58). ISSN (0325-1926). Buenos Aires: Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE). Recuperado de
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Giarracca.pdf

Gómez, J.J. (2016). El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917. México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM. Recuperado de
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4452/19.pdf

Guevara, B. X. (2016). La inversión extranjera directa en la minería en México: el caso del oro. En
Análisis Económico. Núm. (77) Vol. (XXXI). (pp. 85-113). ISSN (0185-3937). Distrito Federal:
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Recuperado de
https://www.redalyc.org/pdf/413/41345703005.pdf

Harvey, D. (2004). “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. En Panitch, L. y Leys, C. El
nuevo desafío imperial. Buenos Aires: Clacso.

Ley Minera de 1992. Por la cual se modifican las normas que regulan la exploración, explotación y
beneficio de los minerales. 26 de junio de 1992. D.O. 26-06-1992. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmin/LMin_orig_26jun92_ima.pdf

Ley Minera de Inversión Extranjera Directa de 1993. Por la cual se modifican las normas que regulan la
inversión extranjera directa. 27 de diciembre de 1993. D.O. 27-12-1993. Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lie/LIE_orig_27dic93_ima.pdf

Ley Minera de Inversión Extranjera Directa de 1996. Por la cual se modifican las normas que regulan la
inversión extranjera directa. 27 de diciembre de 1993. D.O. 24-12-1996.

Mançano, B. (2013). Territorios: teoría y disputas por el desarrollo rural. Novedades en Población, (17).
116 – 133. Recuperado de http://www.novpob.uh.cu/index.php/NovPob/article/download/52/84

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. (s.f.). Conflictos mineros en América Latina.
Recuperado de https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/lista/02024200

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación., Unión de Ejidos y Comunidades
en Defensa de la Tierra del Agua y de la Vida, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. y
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. (2017). Minería canadiense en puebla y su impacto en los

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2025, Volumen VI, Número 2 p 2989.

derechos humanos por la vida y el futuro de Ixtacamaxtitlán y la cuenca del Río Apulco. Recuperado de
https://www.colaboratorio.org/wp-content/uploads/2017/05/InformeMiner%C3%ADaCanadiense-
2017_SNP.pdf

Servicio Geológico Mexicano. (s.f.). Minería de México: Proyectos mineros operados por compañías
de capital extranjero. https://www.sgm.gob.mx/extranjeras/Consulta_Minera.jsp

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Artículo 102. 20 de diciembre de 1993. Recuperado
de https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-II01.pdf

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en
este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .