Abogado

Magíster en derecho, mención derecho administrativo

Docente investigador de la carrea de derecho de la Universidad Indoamérica

joseruiz@uti.edu.ec

joseantoniorb94@gmail.com

se encuentra previsto a favor de todos los ciudadanos, y permite formular ante las

administraciones públicas peticiones, solicitudes, quejas y denuncias, sin embargo, por ser este

derecho uno de libertad, existe la posibilidad de presentar un desistimiento de las peticiones,

solicitudes, quejas y denuncias. En este contexto el problema radica en que el Código Orgánico

Administrativo, establece que si desistes de una petición no se podrá presentar una nueva ante

la administración con el mismo objeto, lo que eminentemente afecta el derecho de petición y

libertad de los ciudadanos. Por ello el objetivo de la investigación es analizar la vulneración del

derecho de petición de los administrados frente al desistimiento del procedimiento

administrativo, para garantizar los derechos de libertad. Para esto, se realiza un estudio de

carácter bibliográfico documental, de orden cualitativo y descriptivo, con un apoyo en el método

The Right to Petition is a constitutional right which in the case of the Ecuadorian laws it is stated

for all citizens and allows for petitions, request, complaints, and lawsuits towards public

administrations. However, because this is a freedom right there is the possibility of presenting a

withdrawal of the petitions, request, complaints, and lawsuits. In this context the problem is found

from presenting new petitions as this is a transgression of the freedom rights and the Right to

Petition itself.

Keywords: administration, public law, withdrawal, constitution of the republic

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Como citar: Ortega Vargas, S. E., & Ruiz Bautista, J. A. (2023). El Desistimiento Frente Al

decisiones, participaciones de la ciudadanía con el Estado y se define como un jus imperiori

aplicado en la sociedad, permite regular las actuaciones del organismo de las leyes establecidas

en el país para vincularse con las relaciones de las personas naturales o jurídicas de un

determinado país.

El derecho público bajo el criterio de Escobar (2016) menciona que corresponde “al conjunto de

preceptos jurídicos, proyectados hacia la defensa o tutela del ser humano para el cumplimiento

de los intereses generales de la comunidad exponiéndose ante un carácter protector del Estado

normas cuyo propósito es regular las actividades que ejecuta un Estado ante las funciones y

la ciudadanía que ostenten la gestión del poder público sean estas jurisdiccionales o

administrativas. A nivel universal, forma parte de los ordenamientos jurídicos cuya característica

primordial es que las leyes se atañen al sector público y de aquellas relaciones de subordinación

y supraodenación con los individuos, organizaciones del Estado, representando por la

administración pública, además, está construido por las sociedades con el fin de regir su propio

funcionamiento y puede variar de acuerdo a la nación, país o estado bajo dos principios rectores.

(Quintana, 2016, pág. 27)

En este contexto tenemos a la rama del derecho público, llamada derecho administrativo, que

está conformado por el conjunto de normas jurídicas que permite la regulación de las actividades

del ciudadano y de la administración pública y de existir eventuales controversias estas puedan

en sede administrativa garantiza la seguridad jurídica que establece las relaciones entre el

Por tanto, en la investigación se centra en la doctrina jurídica que rigen el Estado y las actividades

de los ciudadanos frente a la administración pública, esto con el fin de garantizar la protección y

amparo de los derechos de los ciudadanos. En este sentido se analiza el desistimiento en la sede

administrativa, entiendo a la forma unilateral de que un interesado realiza para no continuar con

el procedimiento administrativo, el mismo que debe ser aprobado por la administración pública.

en base a una documentación o tramite que realiza una persona ante un organismo de sede

administrativa en donde, se haya iniciado una petición. En este orden de ideas es importante

precisar que los ciudadanos pueden presentar solicitudes, peticiones y quejas ante las

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre

tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones

públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.” (Artículo 32)

En relación a las peticiones formuladas ante la administración pública, existe la posibilidad de

que estas sean desistidas por los ciudadanos y para ello el artículo 211 del Código Orgánico

Administrativo, expresa lo siguiente:

Debe indicarse expresamente si se trata de un desistimiento total o parcial. Si no se precisa, se

considera que se trata de un desistimiento total.

en consideración que este derecho es uno de libertad el cual no puede ser restringido o

A través del método deductivo se puede analizar las etapas y fases del procedimiento

administrativo, desde su génesis con la formulación y presentación de una petición hasta la

terminación del procedimiento que puede ir desde la terminación por un acto administrativo,

hasta las demás formas de terminación del procedimiento.

Para esto también nos soportaremos en bibliografía y documentos, respecto de los cuales se

realiza una investigación documental, con la compilación de información referente al derecho de

petición desde la esfera de los derechos y como puede afectarse este derecho a los ciudadanos

cuando la norma no se halla construida correctamente.

Este procedimiento puede realizarse de forma verbal, formalizando a la persona quien esté

Por tanto, en contra oposición del 66 numeral 23 de la Constitución del Ecuador (2008) expone

(Constitución del Ecuador, art. 66, núm. 23)

alternativas sobre las quejas y peticiones que se realiza en la sede administrativa y que al

En este contexto, las formas de determinación del procedimiento administrativo son las

siguientes:

interesada debe presentar al órgano administrativo judicial mediante un plazo para interponerlo.

Y se basa en las siguientes reglas de protestad regulatoria de los diferentes artículos del COA:

administrativo no se deberá presentar ninguna nulidad prescrita en el COA.

Desistimiento. Según la doctrina establece dentro de las formas del desistimiento como aquel

proceso en que una persona deja pasar desapercibido esta acción y en la cual ya no puede volver

a presentarse ante un juez con el mismo objeto y se establece en el art. 211 del COA, se efectúa

Solo procede el desistimiento en los procedimientos que se hayan iniciado a petición del

interesado.

excepción que las administraciones públicas tengan algún pronunciamiento pendiente con el

imposibilidad que tiene como base el principio general del derecho ara hacer cumplir las

siguientes disposiciones. (Coral, 2018, pág. 105)

ante el resultado ineludible de impugnar este procedimiento en sede administrativa.

El desistimiento, en materia administrativa, se proyecta en diferentes órganos del sector privado

bajo las disposiciones jurídicas modernas en sustentarse para las actividades jurídicas cuyos

preceptos se hallan en el Código Orgánico Administrativo publicado en el libro II con el propósito

de garantizar a los ciudadanos la posibilidad de reclamar y hacer valer los derechos al ser

afectados por actividades que implican la administración privada. (Molina, 2021, pág. 22)

normas jurídicas cuya regulación corresponden a la administración pública con el fin de realizar

su periodo de tiempo haya sido abandonado dando, por hecho un archivo de esta solicitud.(p.4)

individuales o generales reales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa.

Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el

expediente administrativo. (p.68)

Mientras que Coral (2018), basa su estudio jurídico en que el COA, permite normalizar la ley sobre

las funciones de la administración pública, como un apoyo al servicio a la colectividad para

caso de no haberse emitido en un periodo de tiempo este será impugnado por lo cual no se

volverá a emitir sobre la misma petición.

Mientras que Iberley (2019) evidencia la claro contraposición ante los derechos de las personas

para realixar una patición en sede administrativa popuesto en el artículo 66 nuemral 3 de la

Constitución de la República del Ecuador, en donde artciculo no solo al art. 211 sino tambíen al

art. 140 y 141 en donde contadispone que la subsanación para su persnetación cumpla con los

requsitos previstos.(p. 29)

En este contexto el principio de petición consiste en una importante herramienta para que los

ciudadanos que integran el conglomerado social sean partícipes de la actividad de la

administración pública, en concordancia con lo que dispone la Constitución de la República, en

respeto y cumplimiento. Por esto, es necesario que la actividad de la adminsitración pública se

ciña a juridicidad y estricto garantismo de los derechos.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el inciso tercero del artículo 211 del Código Orgánico

Administrativo, expresa que en los casos de desistimiento, la persona interesada no puede volver

a plantear, igual pretensión, en otro procedimiento con el mismo objeto y causa.