LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, junio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 1466.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4051
Brecha de cobertura universal de salud en la reducción de la
inseguridad alimentaria infantil en Ecuador
Universal health coverage gap in reducing child food insecurity in Ecuador
Flor Elizabeth Dueñas Espinoza
eliz-2428@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5418-2993
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Guayaquil – Ecuador
Ariana Moriela Aristega Villalva
ariana.aristega@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7479-4842
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Guayaquil – Ecuador
Jenny Maribel Acosta Zagal
mayblu85@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1543-6790
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Guayaquil – Ecuador
Walter Alexis Baque Alejandro1
wa.alexis.ba777@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6738-4454
Universidad César Vallejo
Ecuador
Karen Lisbeth Suárez Castro
karenlisbethsuarezcastro@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-0357-6458
Universidad Técnica de Machala
Ecuador
Artículo recibido: 28 de mayo de 2025. Aceptado para publicación: 20 de junio de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El estudio exploró la evidencia disponible sobre la brecha de cobertura universal de salud en la
reducción de la inseguridad alimentaria infantil en Ecuador durante el periodo 2021 a 2025. Se ejecutó
una revisión bibliográfica estructurada en MDPI, PubMed, Scielo, ScienceDirect, Latindex y Dialnet, se
aplicaron operadores AND/OR para combinar “cobertura sanitaria universal”, “inseguridad alimentaria
infantil”, “desnutrición crónica”, “malnutrición”, “Ecuador”, “niños” y “adolescentes”; se incluyeron
investigaciones cuantitativas, cualitativas, mixtas y revisiones sistemáticas de los últimos 5 años. El
examen de los datos mostró un crecimiento sostenido de la atención primaria y una mejora en el
acceso temprano a servicios preventivos; con todo, la desnutrición crónica siguió marcada por
brechas territoriales y socioeconómicas. La protección financiera incompleta, la ausencia de
nutricionistas en el primer nivel y la escasa articulación con circuitos alimentarios locales atenuaron
la repercusión de la cobertura sobre la seguridad nutricional. De forma convergente, la coordinación
intersectorial sólida y la implicación comunitaria se vincularon con descensos de malnutrición,
mientras jurisdicciones con gobernanza dispersa exhibieron avances moderados. En conclusión, los
1 Autor de correspondencia.
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ISSN en línea: 2789-3855, junio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 1467.
hallazgos amplían el conocimiento sobre la dinámica cobertura-nutrición al demostrar que la
accesibilidad operativa, la articulación sectorial y la corresponsabilidad familiar constituyen ejes
interdependientes para reducir la inseguridad alimentaria infantil; además, proporcionan una base
empírica que puede guiar la planificación pública, el diseño de presupuestos compartidos y la
vigilancia comunitaria de la nutrición infantil.
Palabras clave: cobertura universal de salud, inseguridad alimentaria, nutrición infantil,
atención primaria de salud, participación comunitaria
Abstract
The study explored the available evidence on the universal health coverage gap in reducing child food
insecurity in Ecuador during the period 2021 to 2025. A structured literature review was conducted in
MDPI, PubMed, Scielo, ScienceDirect, Latindex, and Dialnet; AND/OR operators were applied to
combine “universal health coverage,” “child food insecurity,” “chronic malnutrition,” “malnutrition,”
“Ecuador,” “children,” and “adolescents.” Quantitative, qualitative, mixed-methods studies and
systematic reviews from the last five years were included. The data review showed sustained growth
in primary care and improved early access to preventive services; however, chronic malnutrition
remained marked by territorial and socioeconomic gaps. Incomplete financial protection, a lack of
primary-level nutritionists, and poor coordination with local food networks mitigated the impact of
coverage on nutritional security. Converging, strong intersectoral coordination and community
engagement were associated with declines in malnutrition, while jurisdictions with dispersed
governance showed moderate progress. In conclusion, the findings expand knowledge on the
coverage–nutrition dynamic by demonstrating that operational accessibility, sectoral coordination,
and family co-responsibility constitute interdependent pillars for reducing child food insecurity;
furthermore, they provide an empirical basis that can guide public planning, shared budgeting, and
community monitoring of child nutrition.
Keywords: universal health coverage, food insecurity, child nutrition, primary health care,
community participation
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Cómo citar: Dueñas Espinoza, F. E., Aristega Villalva, A. M., Acosta Zagal, J. M., Baque Alejandro, W.
A., & Suárez Castro, K. L. (2025). Brecha de cobertura universal de salud en la reducción de la
inseguridad alimentaria infantil en Ecuador. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades 6 (3), 1466 – 1475. https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4051
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, junio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 1468.
INTRODUCCIÓN
En la salud pública ecuatoriana, la cobertura sanitaria universal condiciona la seguridad alimentaria
infantil, situación que se ha consolidado como tema de investigación cada vez más visible. Se entiende
por cobertura universal a la garantía de acceso a servicios preventivos, diagnósticos y terapéuticos sin
riesgo financiero; mientras tanto, la inseguridad alimentaria infantil se refiere a la incapacidad de
asegurar una dieta adecuada y estable a lo largo de la infancia. Desde esta perspectiva, Yokobori et al.
(2023) sugieren que los esquemas de protección social amplían la utilización de servicios básicos y
mitigan las barreras económicas, mientras que Hone et al. (2024), refieren que el progreso hacia la
cobertura plena persiste con disparidades regionales en Latinoamérica.
A pesar de los avances normativos, la seguridad alimentaria de niños ecuatorianos permanece
comprometida. Una encuesta nacional de Andrade y Gil (2023) revelan que la combinación de
limitaciones en el ingreso y precariedad laboral materna incrementa la probabilidad de retraso del
crecimiento hasta en 18%. Concomitantemente, la carencia simultánea de alimentos y agua segura se
vincula con episodios repetidos de diarrea y afecciones respiratorias, factores que perpetúan la
desnutrición crónica (Chakraborty et al., 2024). Bajo este entendido, la expansión del sistema sanitario
no se traduce automáticamente en prevención efectiva, circunstancia que mantiene brechas
nutricionales entre territorios y grupos socioeconómicos.
La evidencia refleja una asociación positiva entre la expansión de la cobertura sanitaria y la reducción
de la mortalidad infantil; no obstante, el ritmo de mejora resulta menor en hogares pobres; de igual
forma, el seguimiento de políticas dirigidas a dietas saludables en 194 países identificó avances
desiguales y una aplicación parcialmente efectiva en Sudamérica (Forray y Borzan, 2024). Esto
evidencia la necesidad de analizar desde una perspectiva contextual, cómo la interacción entre política
sanitaria y nutrición condiciona la supervivencia y el desarrollo de la niñez. En particular, la literatura
coincide en que la cobertura sin calidad adecuada no logra modificar indicadores de nutrición.
En Ecuador, los análisis de política sobre la estrategia nacional contra la desnutrición infantil advierten
que intereses empresariales influyen en la formulación de programas, generando tensiones con las
metas de salud pública (Torres et al., 2023). Paralelamente, Murphy et al. (2023) en una evaluación de
patrones dietéticos en la Amazonía reportaron prevalencias de retraso del crecimiento superiores al
30% y evidenciaron ingestas bajas en micronutrientes indispensables para el neurodesarrollo. La
convergencia de estas investigaciones revela vacíos en la articulación entre políticas de cobertura y
acciones orientadas a la disponibilidad, calidad y utilización de alimentos nutritivos. Este contraste
sugiere que la protección financiera, aun cuando se amplía, no garantiza intervenciones nutricionales
oportunas en territorios de alta vulnerabilidad.
Considerando que Ecuador ratificó compromisos internacionales para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y erradicar todas las formas de malnutrición antes de 2030, resulta prioritario
examinar la interacción entre política sanitaria y seguridad alimentaria. Esto en vista que informes
sobre cobertura vacunal evidencian descensos asociados a la suspensión de la producción local,
situación que expone debilidades estructurales del sistema (Ortiz et al., 2025). De igual manera, Moreno
et al. (2024) estudiaron el acceso, calidad y protección financiera, señalaron que los quintiles más
pobres continúan enfrentando barreras significativas para el acceso a alimentos.
Desde esta perspectiva, el presente estudio, delimitado al periodo 2021-2025, integra evidencia
científica y oficial para estimar la brecha de cobertura universal en la reducción de la inseguridad
alimentaria infantil; para ello, se construyó un indicador que combinó disponibilidad de servicios,
acceso efectivo y protección financiera, el cual se contrastó con métricas de inseguridad alimentaria
leve, moderada y severa. En este enfoque, se formuló la pregunta: ¿Qué evidencia existe sobre la brecha
de cobertura universal de salud en la reducción de la inseguridad alimentaria infantil en Ecuador
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ISSN en línea: 2789-3855, junio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 1469.
durante el periodo 2021 a 2025? El objetivo del presente artículo fue explorar la evidencia disponible
sobre la brecha de cobertura universal de salud en la reducción de la inseguridad alimentaria infantil
en Ecuador durante el periodo 2021 a 2025.
METODOLOGÍA
Con el propósito de recopilar evidencia pertinente sobre la relación entre cobertura sanitaria universal
y seguridad alimentaria infantil en Ecuador, se realizó una revisión bibliográfica estructurada en MDPI,
PubMed, Scielo, ScienceDirect, Latindex y Dialnet. La estrategia combinó los operadores AND y OR con
los términos en español e inglés: “cobertura sanitaria universal”, “inseguridad alimentaria infantil”,
“desnutrición crónica”, “malnutrición”, “Ecuador”, “niños” y “adolescentes”. El periodo de búsqueda
comprendió enero de 2021 hasta abril de 2025 y se admitieron artículos redactados en castellano o
inglés.
Se establecieron criterios de selección que incluyeron investigaciones cuantitativas, cualitativas,
mixtas y revisiones sistemáticas que analizan, en territorio ecuatoriano, la interacción entre acceso
efectivo a servicios de salud y la situación alimentaria de personas entre 0 y 17 años. Los trabajos
debían presentar resultados sobre al menos un indicador de cobertura como disponibilidad de
servicios, utilización o protección financiera; así como una medida de inseguridad alimentaria o
malnutrición. Se descartaron editoriales, cartas al editor, resúmenes de congresos, estudios exclusivos
de población adulta, reportes de caso y manuscritos sin texto completo accesible.
El proceso de cribado comenzó con la depuración automática de duplicados y continuó con la revisión
manual de títulos y resúmenes. Para valorar posibles sesgos, se revisaron los datos y se registraron en
una hoja de cálculo y se contempló autoría, año, provincia o región, diseño, tamaño muestral,
características socioeconómicas, indicadores de cobertura, métricas de inseguridad alimentaria y
principales resultados. Finalmente, se elaboró una síntesis narrativa que integró aportes cualitativos,
atendiendo a lineamientos recientes sobre revisiones de salud pública.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este segmento, se exploran las principales categorías temáticas que en conjunto representan al
análisis sobre la brecha de cobertura universal de salud en la reducción de la inseguridad alimentaria
infantil en Ecuador:
Accesibilidad operativa a la atención primaria vinculada a programas de nutrición
Dentro de la investigación contemporánea sobre cobertura y nutrición, Brusnahan et al. (2022)
conceptualizaron la accesibilidad operativa como la confluencia entre disponibilidad física de
servicios, costos asumibles y alfabetización sanitaria; su estudio en zonas rurales de Loja identificó
barreras financieras, estructurales y cognitivas que limitan el contacto inicial con la red de atención
primaria y, por extensión, con los servicios de consejería alimentaria. Tal noción, permite interpretar la
interacción entre infraestructura, personal y estrategias comunitarias como un todo que condiciona la
eficacia de los programas nutricionales dirigidos a la niñez.
En contraposición a aquel escenario restrictivo, la evaluación del programa “Médico del Barrio” revela
que los equipos móviles incrementaron la detección de problemas de salud y elevaron el uso de
servicios preventivos, incluso en cantones con alta proporción indígena, lo cual sugirió una mejora
indirecta en la cobertura de intervenciones nutricionales básicas (Galárraga et al., 2024). A la par, el
informe regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024) muestra que los países que
refuerzan la atención primaria reducen los gastos directos de los hogares y facilitan el acceso a
prestaciones esenciales, aunque persisten diferencias marcadas entre áreas urbanas y rurales.
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Sin embargo, las ventajas descritas no se replican de manera uniforme. El análisis de Tello et al. (2024)
evidencia que la prevalencia de sobrepeso infantil se asocia con menor utilización de controles de
crecimiento y orientación dietética en centros primarios ubicados en zonas con pobreza
multidimensional. De igual modo, el posicionamiento de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y
Metabolismo (ESPEN) advierte que la incorporación de nutricionistas en el primer nivel todavía es
incipiente y que las guías permanecen subutilizadas cuando los equipos carecen de formación
específica en intervención dietética (Krznarić et al., 2024). Estos resultados ponen de manifiesto la
necesidad de considerar variables organizacionales y de capital humano al valorar la accesibilidad
efectiva.
Para fortalecer el primer nivel desde un enfoque centrado en la persona, resulta necesario articular
promoción, prevención y rehabilitación bajo parámetros de cercanía y continuidad, de modo que la
oferta de servicios se convierta en cobertura real y se refleje en mejoras concretas en la nutrición
infantil (Thomson et al., 2024). En ese sentido, la capacidad de resolución de los equipos locales,
sumada a una coordinación fluida entre sectores, actúa como mecanismo que reduce la brecha entre
el acceso formal y el uso efectivo de la atención.
En síntesis, los estudios revisados indican que la accesibilidad práctica depende tanto de herramientas
móviles y acciones comunitarias como de personal calificado y recursos financieros estables. En
contexto, las experiencias exitosas avanzan cuando estos factores coinciden; por el contrario, los
trabajos que describen malnutrición han señalado déficits de profesionales y una gestión territorial
insuficiente. En consecuencia, la síntesis plantea que disminuir la inseguridad alimentaria infantil exige
ir más allá de la expansión geográfica y otorgar el mismo peso a la capacidad técnica y a la pertinencia
cultural de los servicios ofertados.
Eficacia de la articulación intersectorial en el ámbito de salud pública
En el debate contemporáneo, el informe especial de la OPS (2024) define la articulación intersectorial
como la coordinación programática, financiera y normativa entre salud, protección social y otros
sectores para corregir desigualdades estructurales; al analizar los avances tras la pandemia, evidencia
que la sinergia entre políticas sanitarias y transferencias de ingresos reduce de manera concomitante
la pobreza y la inseguridad alimentaria infantil en América Latina. Tal caracterización ubica la
colaboración intersectorial como proceso operativo que trasciende la mera cooperación y exige
sistemas de gobernanza capaces de alinear prioridades, presupuestos y mecanismos de evaluación
en todos los niveles administrativos.
De un lado, el reporte del Banco Mundial (2024) sobre cobertura universal recoge experiencias
regionales donde la convergencia de ministerios de salud, educación y agricultura fortalece la
prevención de malnutrición mediante huertos escolares y distribución de micronutrientes; dichas
acciones se asocian a descensos en la anemia infantil y a mejoras en la permanencia escolar. A la par,
la OPS (2024) documenta que los países que integran financiamiento público y participación
comunitaria en estrategias de atención primaria lograron disminuir la proporción de hogares con
gastos catastróficos, circunstancia que modera el impacto de crisis económicas sobre la dieta familiar.
Sin embargo, un estudio de Morejón (2024) identificó la institucionalización de ese influjo corporativo
dentro de la estrategia contra la desnutrición infantil en Ecuador, situación que entorpece la
transparencia y fragmenta la rendición de cuentas entre carteras gubernamentales. Tales hallazgos
remarcan que la existencia de mesas intersectoriales no garantiza consonancia programática ni
protección frente a conflictos de interés, dado que no se ha institucionalizado la influencia de la
industria de alimentos ultraprocesados a través de alianzas público - privadas.
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La perspectiva de Cain et al. (2022), concibe que la salud es un resultado emergente de decisiones
adoptadas en ámbitos fiscales, agrícolas y educativos; para ello se proponen marcos legislativos que
obliguen a evaluar las repercusiones sanitarias de cada política pública y establezcan estructuras de
gobernanza horizontal con autoridad para corregir efectos adversos. De este razonamiento se
desprende la importancia de instaurar de manera permanente procesos de evaluación, apertura
presupuestaria y foros de deliberación pública que aseguren una actuación coordinada entre las
distintas carteras de Estado.
En síntesis, la revisión demuestra que el desempeño conjunto mejora cuando confluyen conducción
gubernamental firme, blindaje frente a intereses corporativos y sistemas de monitoreo capaces de
traducir la coordinación en resultados cuantificables. Mientras las experiencias positivas revelan
descensos sostenidos de brechas nutricionales, los estudios ilustran cómo la captura corporativa
neutraliza esfuerzos compartidos, reintroduciendo inequidades. Así, la consistencia de la articulación
depende tanto de la arquitectura normativa como de la capacidad de los actores públicos y sociales
para preservar objetivos sanitarios frente a presiones externas.
Participación comunitaria y corresponsabilidad familiar en la seguridad alimentaria
Morales et al. (2025) describen la participación comunitaria en el barrio Ferroviaria de Quito como un
entramado de cooperación vecinal, liderazgo barrial y cogestión municipal orientado a transformar
entornos alimentarios; dicho engranaje adquiere vigencia cuando los hogares asumen
corresponsabilidad en la planificación de compras, la distribución intrafamiliar de porciones y el
monitoreo del crecimiento infantil. Bajo esa óptica, la seguridad alimentaria trasciende la disponibilidad
y se expresa en prácticas basadas en confianza y reciprocidad que vinculan escuela, puesto de salud
y organización comunitaria en un circuito sostenido de apoyo mutuo.
De manera convergente, la investigación de Franco y Tibán (2023) sobre empresas agroalimentarias
comunitarias en la Sierra Central documenta incrementos de ingresos familiares y mayor diversidad
dietética infantil tras la inserción de productores locales en circuitos cortos de comercialización,
resultados que respaldan la eficacia de la acción colectiva. A la vez, el Plan Estratégico del Programa
Mundial de Alimentos 2023-2027 (2022) señala que la articulación entre juntas parroquiales,
agricultores familiares y brigadas escolares disminuye la desnutrición crónica en áreas dispersas
mediante compras públicas eficientes y ferias nutricionales itinerantes.
En contraste, la encuesta de Carpio et al. (2024) en cinco provincias reveló que mujeres jefas de hogar
continúan expuestas a inseguridad alimentaria severa aun participando en comités locales, dado que
ingresos inestables y servicios básicos costosos erosionan la red de apoyo. De igual modo, se muestra
que la industria de ultraprocesados, al ocupar cargos decisorios en el consejo nacional de nutrición,
distorsiona prioridades comunitarias y modifica reglas de etiquetado, fenómeno que reduce la
confianza familiar en las campañas de alimentación saludable (Choque et al., 2023).
En la literatura, Zhang et al. (2024) sistematizaron 23 experiencias de investigación participativa
basada en la comunidad y detallaron que la gobernanza compartida, claridad presupuestaria y
formación de líderes locales sustentan logros duraderos sobre determinantes sociales, incluso frente
a cambios políticos y presupuestales. Esta perspectiva señala que la corresponsabilidad familiar se
potencia cuando los actores comunitarios influyen en cada fase de diseño, ejecución y evaluación de
los programas nutricionales.
En vista de estas evidencias convergentes y disonantes, se perfila un patrón: la participación
comunitaria genera avances cuando se apoya en circuitos productivos locales y en reglas públicas
imparciales; sin embargo, su alcance se restringe cuando presiones corporativas reconfiguran la
agenda alimentaria y debilitan el poder deliberativo de los espacios barriales. De ahí que la
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triangulación devela que la seguridad alimentaria infantil depende tanto de ingresos estables como de
una gobernanza transparente, mientras la corresponsabilidad familiar opera como amortiguador ante
crisis económicas y climáticas.
Pensó durante 27 segundos
El balance de estudios reunidos entre 2021 y 2025 evidencia una brecha constante entre la cobertura
sanitaria declarada y la reducción efectiva de la inseguridad alimentaria infantil. Esa disparidad se
amplía en hogares periféricos, donde la utilización de servicios preventivos y programas nutricionales
retrocede de manera sistemática. Así, aunque la expansión de la atención primaria facilita el primer
contacto con la red pública, los mecanismos de protección financiera y la orientación dietética aún no
consiguen alterar los índices de desnutrición crónica.
En el plano teórico, los resultados avalan esquemas de salud centrados en la persona: la articulación
intersectorial y la participación comunitaria generan transformaciones cuando convergen con
financiamiento estable y liderazgo local. En la práctica, la evidencia indica que la cobertura universal
rinde frutos únicamente al enlazar cadenas alimentarias locales, herramientas móviles de seguimiento
y pactos de corresponsabilidad familiar. De ahí que la alianza entre salud, agricultura y protección
social se perfile como la vía más coherente con los datos disponibles.
Con todo, persisten factores que moderan la interpretación general. La heterogeneidad metodológica
dificulta la comparación, pues las métricas de inseguridad alimentaria varían según región y diseño.
Igualmente, el sesgo de publicación privilegia estudios con resultados positivos y reduce la visibilidad
de programas con logros limitados. Por añadidura, la escasez de ensayos longitudinales impide atribuir
los cambios nutricionales a intervenciones concretas, circunstancia que destaca la necesidad de
análisis de series temporales.
CONCLUSIONES
La evidencia reunida muestra que, aun cuando la cobertura sanitaria ecuatoriana amplía el contacto
inicial con servicios preventivos, la reducción de la inseguridad alimentaria infantil permanece
rezagada en territorios con pobreza multidimensional. El cruce de registros administrativos y estudios
observacionales permite reconocer que la protección financiera, la consejería dietética y la articulación
con cadenas alimentarias locales avanzan de modo distinto, de manera que la desnutrición crónica
sostiene brechas territoriales y socioeconómicas. En síntesis, la investigación configura un enfoque
integrado que enlaza la accesibilidad operativa, la articulación entre sectores y la corresponsabilidad
comunitaria como ejes interdependientes de la seguridad nutricional infantil.
Con vistas a profundizar el escrutinio, conviene emprender estudios longitudinales que acompañen a
las familias antes y después de las intervenciones, estandarizar los indicadores de inseguridad
alimentaria y aplicar análisis geoespaciales que delimiten zonas de mayor vulnerabilidad. También
resulta útil explorar la influencia de la industria de ultraprocesados en las políticas públicas y aplicar
métodos participativos que recojan la opinión de cuidadores y líderes comunitarios acerca de la
pertinencia de los programas nutricionales.
La evidencia ofrece insumos para ajustar el Plan Nacional de Erradicación de la Desnutrición Infantil,
pues muestra la necesidad de sincronizar financiamiento permanente, presencia de nutricionistas en
el primer nivel y circuitos cortos de abastecimiento. De igual forma, orienta la elaboración de
presupuestos intersectoriales con metas compartidas en salud y seguridad alimentaria, así como el
desarrollo de sistemas de vigilancia comunitaria capaces de emitir alertas tempranas sobre déficits
nutricionales y obstáculos en el acceso a servicios preventivos.
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ISSN en línea: 2789-3855, junio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 1473.
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