LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.

ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 2645.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4145

La ausencia de un sistema nacional de cuidados en el Perú
como factor estructural de la violencia de género: un análisis

con énfasis en la situación de las madres adolescentes
The absence of a national care system in Peru as a structural factor of

gender violence: an analysis with emphasis on the situation of adolescent
mothers

Eliana Carlin Ronquillo
eliana.carlin@pucp.pe

https://orcid.org/0009-0002-2969-6796
Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima – Perú

Artículo recibido: 13 de junio de 2025. Aceptado para publicación: 08 de julio de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen
La ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados en el Perú se configura como un factor estructural
que perpetúa la violencia de género y las desigualdades socioeconómicas, con un impacto
particularmente severo en las madres adolescentes. Este artículo analiza cómo la falta de servicios
de cuidado universales refuerza la carga desproporcionada de trabajo no remunerado sobre las
mujeres, limitando su autonomía económica y perpetuando la pobreza intergeneracional. Desde la
perspectiva de la economía feminista, se destaca que la invisibilización del trabajo de cuidado,
asumido mayoritariamente por mujeres, constituye un "extractivismo del trabajo reproductivo" que
subsidia los mercados sin reconocimiento social ni económico. En el caso de las madres
adolescentes, la ausencia de un sistema de cuidados agrava su vulnerabilidad, al combinar las
consecuencias de la violencia sexual con barreras educativas y laborales. Las estadísticas del
Ministerio Público (2025) revelan que el 83,6% de las violaciones sexuales contra menores ocurren en
espacios privados, evidenciando la falta de supervisión y apoyo. Asimismo, el análisis interseccional
de Francke et al. (2025) muestra que las adolescentes más pobres, con baja escolaridad y de regiones
rurales o selváticas, enfrentan tasas de embarazo adolescente de hasta 43%. Pese a propuestas
legislativas como el Dictamen 4705/2022-CR y 5308/2022-CR, la falta de voluntad política obstaculiza
su implementación. Este estudio subraya la urgencia de un sistema de cuidados integral para
promover la igualdad de género, reducir la violencia y fomentar el desarrollo sostenible, proponiendo
líneas de investigación sobre políticas públicas focalizadas.

Palabras clave: sistema nacional de cuidados, violencia de género, embarazo adolescente,
economía feminista, desigualdad estructural

Abstract
The absence of a National Care System in Peru constitutes a structural factor that perpetuates gender-
based violence and socioeconomic inequalities, with a particularly severe impact on adolescent
mothers. This article analyzes how the lack of universal care services reinforces the disproportionate
burden of unpaid labor on women, limiting their economic autonomy and perpetuating
intergenerational poverty. From the perspective of feminist economics, it is highlighted that the

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 2646.

invisibility of care work, mostly carried out by women, constitutes an "extractivism of reproductive
labor" that subsidizes markets without social or economic recognition. In the case of adolescent
mothers, the absence of a care system exacerbates their vulnerability, combining the consequences
of sexual violence with educational and employment barriers. Statistics from the Public Prosecutor's
Office (2025) reveal that 83.6% of sexual assaults against minors occur in private spaces, highlighting
the lack of supervision and support. Likewise, the intersectional analysis by Francke et al. (2025)
shows that the poorest adolescents, those with low levels of education, and those from rural or jungle
regions face teenage pregnancy rates of up to 43%. Despite legislative proposals such as Opinion
4705/2022-CR and 5308/2022-CR, a lack of political will hinders their implementation. This study
underscores the urgency of a comprehensive care system to promote gender equality, reduce violence,
and foster sustainable development, proposing lines of research on targeted public policies.

Keywords: national care system, gender violence, teenage pregnancy, feminist economics,
structural inequality

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Cómo citar: Carlin Ronquillo, E. (2025). La ausencia de un sistema nacional de cuidados en el Perú
como factor estructural de la violencia de género: un análisis con énfasis en la situación de las
madres adolescentes. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (3),
2645 – 2656. https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.4145

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 2647.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la lucha por la igualdad de género enfrenta obstáculos profundos, donde la ausencia de un
Sistema Nacional de Cuidados emerge como un factor estructural que no solo perpetúa las brechas
económicas y sociales, sino que también alimenta la violencia de género. Las mujeres, especialmente
aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, cargan con el peso de un trabajo de cuidado no
remunerado que, lejos de ser reconocido, se invisibiliza y se convierte en una barrera para su autonomía
y desarrollo. Este escenario se torna aún más crítico cuando hablamos de las madres adolescentes,
un grupo cuya realidad está marcada por la intersección de la pobreza, la exclusión educativa y, con
demasiada frecuencia, la violencia sexual. En un país donde el embarazo adolescente sigue siendo
alarmantemente alto, particularmente en regiones como Amazonas o Loreto, la falta de un sistema de
cuidados agrava las desigualdades, dejando a estas jóvenes sin redes de apoyo para conciliar la
maternidad con sus aspiraciones. Este artículo busca analizar cómo la inexistencia de políticas
públicas integrales de cuidado refuerza las dinámicas de violencia de género, con un enfoque especial
en las madres adolescentes. A través de un marco teórico anclado en la economía feminista,
exploraremos cómo la división sexual del trabajo y la falta de reconocimiento del cuidado como un
derecho humano perpetúan un ciclo de exclusión, al tiempo que proponemos la urgencia de un cambio
estructural para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

METODOLOGÍA

Se trata de una revisión de bibliografía que recoge textos relacionados a la economía feminista, los
sistemas de cuidados, así como la información más reciente existente en el Perú respecto al flagelo
de la violencia sexual contra menores de edad y el más reciente análisis económico social en relación
a la problemática del embarazo adolescente. Este último problema requiere de la existencia de un
Sistema Nacional de Cuidados sólido para poder atender a las menores de edad que requieren acceder
a educación y empleo, y que usualmente se encuentran en situación de pobreza.

DESARROLLO

En países como el Perú, la situación de las mujeres sigue enfrentando importantes desafíos. Así,
existen brechas en el acceso a la economía formal, entre quienes sí acceden a puestos de trabajo
formales existe aún una brecha salarial importante, y entre los segmentos más desfavorecidos
económicamente la inexistencia de un sistema de cuidados perpetúa la transmisión intergeneracional
de la pobreza. En el caso de las madres adolescentes, situación que reviste de la mayor atención por
el entorno de violencia en que se sucede la maternidad adolescente, las condiciones estructurales se
suman a la ausencia de un sistema de cuidados que nivele la brecha a la que las mujeres en esa
situación se enfrentan. En esta sección desarrollaremos el marco referido a la economía feminista, al
cuidado y a los sistemas de cuidados, así como a las condiciones estructurales de pobreza y barreras
educativas que suelen afrontar las madres adolescentes.

Hablar de un sistema de cuidados- o de la ausencia del mismo- implica necesariamente desarrollar el
marco de la economía feminista, corriente que enfatiza la necesidad de incorporar la variable
“relaciones de género” en la explicación del desarrollo de la economía, al ser distinta la posición de las
mujeres respecto a los varones como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas de
los Estados (Rodríguez, 2015). Al desarrollar el rol del homo economicus, se piensa en un sujeto con
características homogéneas dentro de la sociedad, las que suelen estar vinculadas a un varón –
probablemente- de características hegemónicas en cuanto a etnia, posición socioeconómica dentro de
la sociedad, acceso a servicios educativos, etc. Por tanto, quienes no se ubican dentro de este espacio,
y por tanto no acceden de la misma forma a recursos, decisiones y en última instancia, a poder, no
ingresan dentro del análisis de la teoría económica neoclásica, fuertemente criticada desde la
economía feminista, que pone en el centro la reproducción de la vida y no la del capital (Rodríguez,

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2015). En última instancia, debemos preguntarnos sobre la forma en que se toman las decisiones
económicas y de mercado, incluidas la de participar del mercado laboral o no, desde nuestras distintas
realidades.

De acuerdo con la CEPAL, el cuidado es “el centro del desarrollo sostenible con igualdad de género”
(CEPAL 2022, p.17). Desde la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (La Habana, 1977) se incorpora en la
agenda la centralidad de los cuidados, con una visión transformadora hacia la sostenibilidad
económica, social y ambiental. En ese sentido, se considera la igualdad de género como un elemento
transversal en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El marco legal que sostiene la necesidad de colocar la agenda del cuidado y por tanto la sostenibilidad
al centro de la discusión del desarrollo contiene ya una lista extensa de tratados, convenciones y
acuerdos, que son las siguientes:

● Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
● Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

(Convención de Belém do Pará, 1994).
● Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,

1995)
● Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,

1994)
● Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
● Compromisos de las Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo

(Monterrey, 2002, Doha, 2008 y Addis Abeba, 2015),
● Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015).

Pese a la existencia de estos marcos normativos, la inexistencia de sistemas integrales de cuidados
en América Latina es una realidad. En la misma línea en que se desarrolla la gravedad del extractivismo
no regulado de recursos naturales, el extractivismo del trabajo reproductivo o del cuidado que suelen
realizar las mujeres (usualmente de forma no remunerada), ha sido ya discutido y estudiado por
múltiples autores. Este tipo de extractivismo suele además funcionar como un subsidio de las
ganancias de los mercados (Carraso, 2014 y Pérez, 2019) Además del elemento del tiempo, los
cuidados requieren además de un involucramiento emocional que no es factible de cuantificar o
monetizar y siguen sosteniéndose desde mujeres (ONU-Mujeres, 2018).

El concepto de extractivismo de los cuidados, que suelen ser no remunerados y necesariamente
implican uso del tiempo y de recursos emocionales – variables no cuantificadas-, ponen sobre la mesa
la carga excesiva de trabajo no remunerado que reciben sobre sus hombros las mujeres. Además, tras
la crisis de la COVID-19, se produjo un retroceso importante en la participación laboral de las mujeres
poniendo en evidencia una vez más la división sexual del trabajo y los patrones patriarcales, que
últimamente refuerzan la distribución desigual del poder en desmedro de las mujeres (CEPAL, 2022).

La división sexual del trabajo y la forma en que el cuidado se ordena o divide de acuerdo a la asignación
del sexo de las personas no solo genera un impacto negativo en el desarrollo de la potencialidad de las
mujeres, sino que es ineficiente económica y socialmente. Para lograr un cambio al respecto se
requiere un cambio de paradigma que sea asumido por la sociedad en su conjunto, desde el Estado,
hasta las empresas privadas y las comunidades (CEPAL, 2021).

¿Cuáles son los principales nudos estructurales de la desigualdad y qué oferta de servicios proveen los
Estados para abordarlos? Desde el servicio público esta debería ser una pregunta central. Sin embargo,

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variables como las limitaciones presupuestales y la falta de voluntad política desplazan esta prioridad,
lo cual genera una escasa red de protección social para “emparejar el terreno” en beneficio a las
mujeres que dedican su tiempo y recursos emocionales para afrontar las labores de cuidado dentro de
sus familias o comunidades (CEPAL, 2022).

Incluso antes de la pandemia de la COVID – 19, la estadística indicaba que las mujeres dedican en
promedio hasta tres veces más tiempo para el trabajo doméstico en relación con los hombres. Si
hablamos de tiempo, esto es entre 22 y 42 horas semanales para actividades de cuidados (CEPAL
2020b y 2019). Sin embargo, durante la pandemia esta carga ya excesiva se vio exacerbada por la
necesidad de desarrollar las labores educativas dentro de casa, sumándose así a las actividades de
cuidado cotidianas en tiempos regulares. Al cierre de las instituciones educativas se sumó la necesidad
de atender a personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que
también se intensificó debido al cierre temporal de otros establecimientos de cuidado o a la
paralización del personal sanitario (CEPAL 2021).

Si volvemos a centrarnos en la discusión económica inicial, el Producto Interno Bruto (PBI) de América
Latina reposa también en el trabajo de cuidados. En varios países de la región el trabajo no remunerado
representa entre el 15,9% y el 27,6% del PBI. Se calcula que las mujeres realizan el 74% de estas labores,
generando una importante barrera para su ingreso a mercados laborales.

Sin embargo, no existe reconocimiento ni valoración social de este tipo de trabajo. De este modo,
incluso el trabajo remunerado de cuidados se encuentra precarizado o invisibilizado, en condiciones
inadecuadas y alejadas de las leyes existentes actualmente en la mayoría de países. Por ello es
importante incidir en el sector público sobre la importancia que reviste un sistema de cuidados, que
inevitablemente significa la generación de beneficios económicos y la promoción de la igualdad de
género mediante el incremento del empleo femenino y de la recaudación fiscal (CEPAL, 2021).

El contexto peruano: la ausencia de un sistema de cuidados

En el Perú no existe un Sistema Nacional de Cuidados. Existe un Dictamen (documento normativo que
reposa en una Comisión en el Congreso de la República), del cual hablaremos más adelante.

Documentos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP señalan que los cuidados son
las actividades que permiten satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria, asegurando nuestro
bienestar físico y emocional (MIMP, 2022). En este sentido, se plantea que las actividades propias del
cuidado del hogar, de las personas adultas mayores, niñas y niños, y personas con discapacidad, son
labores indispensables para el bienestar de las personas y su desarrollo en condiciones de igualdad.
Sin embargo, y pese a la importancia que revisten estas actividades, la carga de estas no recae de
forma igualitaria en los miembros de una familia o comunidad. Como mencionamos previamente, los
estereotipos de género causan que las mujeres carguen con la mayor parte de la responsabilidad de
los cuidados, lo que limita su disponibilidad de tiempo y su autonomía.

De acuerdo con un estudio realizado por el MIMP (2022) el 73% de las mujeres encuestadas que cuidan
menores de edad de forma no remunerada, asegura que se dedica a esta labor durante todo el día. Por
ello, solo el 33% tiene empleo remunerado. Muchos de esos empleos remunerados suelen ser también
trabajos de cuidados. Por otro lado, el 52% de cuidadoras y cuidadores no remunerados recurre a las
redes familiares para el apoyo, usualmente de una mujer. De acuerdo con las estadísticas oficiales,
semanalmente las mujeres destinan 27 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado.

Según la última Encuesta Nacional del Uso del tiempo (ENUT) (INEI, 2024), la diferencia en la cantidad
de tiempo que emplean las mujeres y los hombres en trabajo no remunerado varía significativamente.
En zonas urbanas las mujeres dedican al día alrededor de 4 horas y 40 minutos en labores de cuidado

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y atención del hogar. En zonas rurales la brecha es mayor: las mujeres dedican 5 horas y 15 minutos
diarios al trabajo no remunerado y los hombres 1 hora y 30 minutos. ¿Qué signfica esta diferencia?

Entre 4 y 5 horas es la mitad - y algo más - de una jornada laboral, que una mujer dedica a labores
necesarias para sostener la vida misma: cuidar a los niños, atender a lo adultos mayores, a las personas
con discapacidad, la preparación de alimentos, etc. Esto, deja solo con disponibilidad de media jornada
laboral al tiempo para procurar una actividad remunerada. Esto, en el marco de nuestro país altamente
informal, es una barrera enorme para lograr el desarrollo profesional o autonomía financiera. No es
casualidad que las mujeres sean quienes se encuentran mayoritariamente en esta situación.

La Política Nacional de Igualdad de Género (2019) sostiene que “la distribución desigual del poder entre
hombres y mujeres origina patrones socioculturales discriminatorios, arraigados y tolerados
socialmente. Estos están compuestos por un conjunto de costumbres, creencias, prejuicios y dogmas
religiosos, en relación a lo que una mujer y un hombre deben ser y hacer” (MIMP, 2019)

El diseño del Sistema Nacional de Ciudados plantea la necesidad de promover la corresponsabilidad
del cuidado, así como la importancia de implementar programas y servicios de cuidados universales.
Esto permitirá priorizar la atención integral de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y
personas con discapacidad, así como garantizar los Derechos Humanos. El trabajo, en sus diversas
modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al
menor de edad y al impedimento que trabajan.

Es importante mencionar que pese a que la situación del Sistema de Cuidados se encuentra es
preliminar, o sea la etapa de diseño, el Estado peruano brinda servicios diversos desde sus
instituciones, que proveen cuidados a población vulnerable. En ese sentido, es pertinente mencionar el
modelo de servicios brindados por los Centros de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF. Los CEDIF
son espacios donde se brindan servicios especializados orientados al fortalecimiento de las familias,
a la promoción de relaciones familiares respetuosas y solidarias y, al desarrollo integral de sus
miembros. En estos espacios se realizan actividades de naturaleza preventiva promocional tales como
consejería familiar, escuela de padres, estimulación temprana, aprestamiento básico, refuerzo escolar,
talleres socio formativo, actividades deportivas y recreativas, biohuertos y formación ocupacional”
(MIMP 2018). Este tipo de servicio podría recibir las necesidades de un sistema nacional de cuidados,
sin embargo, no existe una cobertura adecuada según las necesidades existentes. Los CEDIF entraron
en reestructuración en el año 2021.

En el Perú, existe un Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 4705/2022-CR y 5308/2022-CR,
mediante el cual se propone la Ley que reconoce a los integrantes del grupo familiar que brindan
atenciones a familiares dependientes y les otorga beneficios. Este dictamen no ha sido discutido en el
Pleno del Congreso de la República, instancia requerida para su aprobación como Ley, y se encuentra
como dictamen en la Comisión de Mujer y Familia desde el 24 de mayo del año 2024. En este dictamen,
se señala en el artículo 1:

Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es reconocer y garantizar a todas las personas el acceso y el disfrute del
derecho al cuidado, esto es, el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, con base en el principio
de la interdependencia social de los cuidados y la corresponsabilidad social entre mujeres y hombres,
familias, comunidad, sector privado, sociedad civil organizada y el Estado. Reconoce la contribución
fundamental de las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado, la presente ley reconoce esta labor
como trabajo, con el objetivo de corregir las desigualdades económicas y sociales que ha producido la
división sexual del trabajo, que rezagan o afectan las oportunidades de desarrollo de las mujeres y el
pleno goce de sus derechos en la vida económica y social del país.”

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Como vemos, el texto reconoce el valor del rol de las mujeres en las labores de cuidado. Más adelante,
el documento propone que el Estado promoverá la inclusión laboral, así como el empoderamiento
económico, con el objetivo de conseguir así el desarrollo económico sostenible y bienestar social.
Asimismo, se reconoce la necesidad de darle el valor social correspondiente a los trabajos de cuidado,
que, de acuerdo a la propuesta de ley, involucra labores como preparación de alimentos, tareas
domésticas, cuidado y traslado de niños y niñas, realizar las compras del hogar, cuidar a las personas
adultas mayores o con discapacidad que se encuentren en el hogar, así como atención de actividades
de apoyo a la comunidad, entre otras actividades (Congreso de la República, 2024).

Se plantea que el Sistema Nacional de Cuidados en el Perú cuente con la participación del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien ejercerá la rectoría del Sistema; el Ministerio de
la Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Educación
(MINEDU), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), el Seguro Social de Salud (EsSalud), la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se establece la participación de todos los niveles de gobierno (no solo
el gobierno central), incluyendo a gobiernos regionales y locales, así como las organizaciones de las
personas con discapacidad (Congreso de la República, 2024).

Este Proyecto de Ley no ha sido elevado a la discusión del Pleno del Congreso, y por tanto tiene carácter
de Ley. Por otro lado, se establece que el diseño mismo del Sistema estará a cargo de las instituciones
mencionadas, incluyendo gobiernos locales, pero no existe claridad sobre la institucionalidad en la que
reposará o los servicios que brindaría, de aprobarse la norma.

La violencia sexual y la maternidad adolescente en el Perú

En el Perú, el Código Penal establece que los niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 14 años
no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre su sexualidad. El bien jurídico protegido por las leyes
penales del Perú es la indemnidad sexual, que se refiere al ámbito intangible de protección que
resguarda la sexualidad de los menores de 14 años.

De acuerdo a las últimas cifras del Ministerio Público del Perú, solo en el mes de enero de 2025 se
registraron 693 denuncias de violación sexual contra menores de edad, mientras que en 2024 la cifra
registrada fue de 677, presentándose una ligera alza. Pese a estas altas cifras, el Ministerio Público
señala que la cifra puede ser incluso mayor, en tanto muchos casos de este delito no se denuncian.
Los factores de la no denuncia son diversos, pero involucran miedo al agresor, quien usualmente trata
de silenciar a la víctima con amenazas de causar daño, incluyendo amenazas de muerte contra la
víctima o sus familiares (70,7%) o la alta desconfianza en el sistema de justicia. (Ministerio Público,
2025). Del total de las víctimas reportadas, el 65,6% son víctimas recurrentes, que habrían sufrido
agresiones sexuales sistemáticas entre 1 mes y 3 años.

De acuerdo con el último estudio de la Fiscalía de la Nación (2025), de una muestra de 256 casos de
violencia sexual contra menores, 93,8% corresponden a mujeres y 6,2% a menores hombres. La edad
predominante es la adolescencia (entre 12 y 13 años) que recoge al 50,4% de víctimas del delito de
violación sexual, mientras que la primera infancia (de 0 a 5 años de edad) agrega el 5,1% de casos. La
infancia, entre los 6 y 11 años de edad recoge el 44,5% de casos.

En el estudio descrito, de acuerdo al análisis de los expedientes fiscales, los factores de riesgo tienen
que ver con violencia familiar (30,9%), casos previos de violencia sexual (8,6%), situación de orfandad
(6,3%), y el ser un menor con discapacidad intelectual o mental (2%). Las principales repercusiones que
estos eventos traumáticos tienen en los menores son de impacto en la salud mental (62,5%), lesiones
físicas producidas durante el ataque (17,2%), embarazos (10,5%) y enfermedades de transmisión
sexual (1,6%).

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Lamentablemente, el 56,5% de casos de violación sexual es perpetrado por algún familiar
consanguíneo (56,6% de los casos), en donde se incluyen tíos, padres, primos, abuelos y en menor
proporción (0,4%) incluso hermanos). También es usual que se trate de familiares por consanguineidad
(23,9%) del total de casos de familiares (esto incluye cuñados, padrastros, tíos políticos, etc).
Finalmente, el 37% de agresores son conocidos del entorno familiar, como vecinos, trabajadores del
entorno de la familia, o amigos de algún familiar de la víctima.

La ausencia de un Sistema de Cuidados apropiado genera que los menores se encuentren no
acompañados en sus hogares. Los reportes oficiales del Ministerio Público (2025) describen que el
38,7% de violaciones se producen cuando la víctima se encontraba sola en su vivienda, mientras que
el 24,6% se producen cuando la víctima se había quedado al cuidado del perpetrador. El 83,6% de los
casos se producen en espacios privados, sobre todo en la vivienda de la víctima y del sentenciado
(35,1%), y el 70, 7% de casos son recurrentes.

Embarazo adolescente en el Perú

De acuerdo con el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021, los
factores próximos que causan el embarazo adolescente son el inicio de las relaciones sexuales, la
ocurrencia de un primer embarazo, el uso de métodos de anticoncepción y corto periodo intergenésico.
La condición social de la madre, la escolaridad y la edad del nacimiento del primer hijo son
determinantes también, así como el acceso a servicios de salud e información sobre sexualidad, la
asistencia escolar y el tipo de institución educativa, y finalmente el estrato socioeconómico, el clima
familiar y el acceso a medios de comunicación.

De acuerdo al Plan Multisectorial mencionado previamente, son importantes el contexto del hogar, el
contexto social, el contexto institucional, las características individuales y el contexto cultural. La no
existencia de un proyecto de vida, así como de desarrollo del autoestima e identidad, contribuyen en el
incremento del riesgo de un embarazo adolescente, así como la situación de los padres, la existencia
de situaciones de violencia dentro del hogar.

Francke et al. (2026) estudian las cifras y las variables que influyen en el embarazo adolescente entre
1981 y 2017 en base a data censal. Este estudio determina que el embarazo adolescente sigue siendo
un problema social al cual debe darse prioridad.

El embarazo adolescente en el Perú, medido a través de la fecundidad adolescente, sigue siendo
alarmantemente alto, especialmente en ciertas regiones y grupos interseccionales, donde las tasas de
fecundidad adolescente superan incluso a las de los países con mayores niveles en el mundo. Aunque
entre 1981 y 2007 se redujo la desigualdad en la fecundidad adolescente, desde 2007 esta tendencia
se estancó o revirtió. Regiones como Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios presentan
altas tasas, con provincias como Atalaya y Condorcanqui donde hasta una de cada tres adolescentes
es madre. En Lima y Callao, las tasas no han disminuido significativamente (8% y 7% en 2017,
respectivamente), con distritos como Santa María del Mar y distritos periurbanos como Ate y San Juan
de Lurigancho mostrando cifras elevadas. Regiones costeras como Tumbes e Ica registran aumentos
preocupantes. (Francke et al.2025)

Un análisis interseccional revela que los grupos con mayores tasas de embarazo adolescente (42-43%)
son los más pobres de la selva, con educación primaria, tanto indígenas como no indígenas, rurales y
urbanos. Las adolescentes sin secundaria y de los quintiles más pobres son las más afectadas. Entre
1993 y 2017, las tasas en estos grupos apenas disminuyeron, y en algunos casos, como los no
indígenas rurales de la selva, aumentaron. El texto subraya la necesidad de políticas públicas
focalizadas en estas regiones y grupos, abordando desigualdades estructurales para reducir el
embarazo adolescente, un tema prioritario en la agenda social peruana. (Francke et al., 2025)

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DISCUSIÓN

Embarazo adolescente sin sistema de cuidados

La ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados en el Perú constituye un factor estructural que
perpetúa y exacerba la violencia de género, pero es particularmente duro en el caso de las madres
adolescentes. Como se ha expuesto en el marco teórico, la economía feminista destaca que la falta de
reconocimiento y valoración del trabajo de cuidado, mayoritariamente asumido por mujeres, refuerza
las desigualdades de género y limita sus oportunidades de desarrollo económico y social. En el
contexto peruano, esta carencia se traduce en una carga desproporcionada sobre las adolescentes
embarazadas, quienes enfrentan no solo las consecuencias de la violencia sexual, sino también las
barreras estructurales derivadas de la pobreza, la falta de acceso a educación y la inexistencia de
servicios de cuidado que les permitan conciliar sus responsabilidades reproductivas con su desarrollo
personal y profesional. Como vimos, estos son factores determinantes en la ocurrencia de embarazo
adolescente que, si bien no necesariamente se presentan en todos los casos, suelen estar asociados
con el embarazo adolescente.

El embarazo adolescente, como se detalla en la sección correspondiente, está intrínsecamente ligado
a la violencia de género, especialmente a la violencia sexual. En el caso del Perú, además, todo
embarazo de una mujer menor de 14 años es considerado producto de la violencia sexual de acuerdo
con el Código Penal. Las cifras del Ministerio Público (2025) evidencian que un alto porcentaje de los
casos de violación sexual contra menores ocurre en entornos privados, a menudo cuando las víctimas
están solas o bajo el cuidado de sus agresores, lo que pone en relieve la vulnerabilidad derivada de la
ausencia de un sistema de cuidados efectivo. La falta de acompañamiento y supervisión en los
hogares, sumada a la sobrecarga de las mujeres adultas en labores de cuidado no remuneradas, deja
a las adolescentes en una posición de mayor riesgo. Este escenario se agrava en regiones con altas
tasas de fecundidad adolescente, como Amazonas, Loreto o Madre de Dios, donde las condiciones de
pobreza, el limitado acceso a servicios de salud y educación, y la prevalencia de patrones culturales
patriarcales refuerzan la vulnerabilidad de las adolescentes.

Desde la perspectiva de la economía feminista, la ausencia de un sistema de cuidados perpetúa el
"extractivismo del trabajo reproductivo" (Carrasco, 2014; Pérez, 2019), donde las adolescentes, al
convertirse en madres, asumen roles de cuidado sin apoyo institucional. Esto no solo limita su
autonomía económica, sino que también contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza,
como se señala en el documento. Las estadísticas del MIMP (2022) y la ENUT (INEI, 2024) muestran
que las mujeres dedican significativamente más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, lo
que reduce su disponibilidad para participar en el mercado laboral formal. En el caso de las madres
adolescentes, esta carga se intensifica, ya que deben asumir responsabilidades de cuidado infantil en
contextos de alta informalidad laboral y sin acceso a servicios de guarderías o apoyo estatal. La falta
de un sistema de cuidados, por ende, no solo perpetúa las desigualdades de género, sino que también
refuerza la precariedad económica y social de este grupo vulnerable.

El análisis interseccional presentado por Francke et al. (2025) subraya que las adolescentes más
afectadas por el embarazo temprano son aquellas en condiciones de pobreza extrema, con baja
escolaridad y provenientes de regiones rurales o selváticas. Estas adolescentes enfrentan una doble
exclusión: por un lado, la falta de oportunidades educativas y laborales debido a su condición
socioeconómica; por otro, la sobrecarga de cuidados que les impone la maternidad en ausencia de un
sistema de apoyo. La no existencia de un Sistema Nacional de Cuidados, como se detalla en el contexto
peruano, agrava estas desigualdades al no proveer servicios universales de cuidado que permitan a las
madres adolescentes continuar sus estudios, acceder a empleo remunerado o romper el ciclo de
pobreza.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.

ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 2654.

Además, la discusión sobre el Dictamen de los Proyectos de Ley 4705/2022-CR y 5308/2022-CR revela
una oportunidad perdida – al menos por ahora- para abordar estas problemáticas de manera
estructural. Aunque el dictamen reconoce el derecho al cuidado y la necesidad de corregir las
desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo, su estancamiento en el Congreso refleja una
falta de voluntad política para priorizar esta agenda. La propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados,
con la participación de múltiples ministerios y gobiernos locales, podría ofrecer una solución integral
al proveer servicios de cuidado que liberen tiempo para las madres adolescentes, permitiéndoles
acceder a educación, formación laboral y redes de apoyo. Sin embargo, la indefinición sobre la
institucionalidad y los servicios concretos que ofrecería este sistema limita su potencial
transformador.

La relación entre la ausencia de un sistema de cuidados y la violencia de género, particularmente en el
caso de las madres adolescentes, también se manifiesta en la falta de protección frente a la violencia
sexual. Como se indica, el 83,6% de los casos de violación sexual ocurre en espacios privados, lo que
sugiere que un sistema de cuidados que incluya servicios de supervisión, acompañamiento y atención
integral para menores podría reducir significativamente los riesgos de violencia. Asimismo, la
corresponsabilidad en el cuidado, promovida por el diseño propuesto del Sistema Nacional de
Cuidados, podría desafiar los patrones patriarcales que asignan a las mujeres la responsabilidad
exclusiva del trabajo reproductivo, fomentando una distribución más equitativa de estas tareas y
reduciendo las brechas de género.

En conclusión, la ausencia de un Sistema Nacional de Cuidados en el Perú no solo perpetúa las
desigualdades estructurales de género, sino que también agrava las condiciones de vulnerabilidad de
las madres adolescentes, quienes enfrentan las consecuencias de la violencia sexual, la pobreza y la
falta de acceso a educación y empleo. La implementación de un sistema de cuidados integral, que
incluya servicios universales y accesibles, es crucial para romper los ciclos de pobreza y violencia,
promoviendo la autonomía económica y social de las mujeres, especialmente de las adolescentes. La
discusión sobre el embarazo adolescente y la ausencia de cuidados resalta la urgencia de políticas
públicas que aborden estas problemáticas desde un enfoque interseccional y de género, reconociendo
el cuidado como un derecho humano y un pilar del desarrollo sostenible.

CONCLUSIONES

La ausencia de un sistema de cuidados en Perú perpetúa las brechas que presentan las mujeres de los
quintiles más pobres. Sin embargo, la situación se torna bastante más compleja cuando se trata de
adolescentes embarazadas, cuya red de soporte no les permite desarrollarse educativamente de modo
de poder lograr autonomía económica.

Si bien la existencia de un dictamen que busca la formación de un Sistema Nacional de Cuidados, este
no especifica el diseño que tendría el mismo, sobre qué instancias se constituiría y que servicios
brindaría específicamente. Adicionalmente, ya lleva un año en una situación de estancamiento en la
Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, cuya conformación actual no es alentadora
en cuanto a posibilidades de avanzar la discusión del documento hacia el Pleno. Al menos durante este
periodo congresal, que culmina en julio de 2026, las probabilidades de que se logre la aprobación de la
Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados son escazas.

Para futuras investigaciones, se sugiere profundizar en el diseño de políticas públicas focalizadas que
integren servicios de cuidado con programas de educación sexual, prevención de la violencia y
reinserción educativa para madres adolescentes. Asimismo, sería valioso explorar el impacto
económico y social de un sistema de cuidados en la reducción de la pobreza y la promoción del empleo
femenino, así como analizar modelos exitosos de sistemas de cuidados en otros países de América
Latina para adaptarlos al contexto peruano. Estas líneas de investigación podrían contribuir a

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.

ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 3 p 2656.

REFERENCIAS

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los aportes de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible. Santiago

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Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género

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agenda de investigación 2021-2026. Research Gate.

Francke, P.; Mendoza, R y Zapata, C. Fecundidad y embarazo infantil y adolescente en el Perú:
Tendencias de largo plazo, factores y desigualdades en base a los censos entre 1981 y 2017. CIESS
(Consorcio de Investigación Económica y Social)

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Pérez, L. M. (Ed.) (2019). La economía del cuidado, mujeres y desarrollo: Perspectivas desde el mundo
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Rodríguez, C. (2015) Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio
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aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/

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