LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 4 p 132.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4255
Incentivos verdes y sostenibilidad de mercados en Ecuador:
política fiscal ambiental en 2025
Green incentives and market sustainability in Ecuador: environmental
fiscal policy in 2025
Nelson Aníbal Pérez Villarroel
nelsonvillarroel3162@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5343-0192
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil – Ecuador
Jose Omar Salavarria Melo
jsalavarria@uagraria.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-3608-5651
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil – Ecuador
Jessenia María Tite López
Jessenia_tite@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6487-6341
Universidad Cesar Vallejo
Lima – Perú
Artículo recibido: 02 de julio del 2025. Aceptado para publicación: 28 de julio de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Ecuador implementa desde 2023 una política fiscal ambiental con incentivos verdes para impulsar el
desarrollo sostenible. Establece exoneraciones del Impuesto a la Renta para inversiones en energías
renovables, reduce aranceles e IVA en tecnologías limpias y aplica depreciación acelerada para
activos ecológicos. Promueve la conversión de deuda por naturaleza, con acuerdos por USD 450
millones para Galápagos y USD 460 millones para la Amazonía, lo que proyecta un ahorro fiscal
superior a USD 800 millones hasta 2035 y fomenta actividades sostenibles como el ecoturismo.
Introduce bonos verdes soberanos y crea el Consejo de Finanzas Sostenibles para definir una
taxonomía verde nacional. La estrategia incentiva al sector privado a aplicar protocolos sostenibles e
innovar en productos financieros verdes. La investigación analiza estos instrumentos desde un
enfoque descriptivo-documental, con revisión de fuentes institucionales y académicas recientes.
Identifica como hallazgos la orientación de la política hacia una transformación productiva sostenible
y la creciente articulación público-privada en finanzas verdes. Concluye que, aunque las medidas
avanzan en sostenibilidad fiscal y ambiental, aún enfrenta desafíos en capacitación empresarial,
coordinación institucional y sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Palabras clave: verde, medioambiente, sistemas ambientales
Abstract
Since 2023, Ecuador has implemented an environmental fiscal policy using green incentives to
promote sustainable development. It grants income tax exemptions for investments in renewable
energy, reduces tariffs and VAT on clean technologies, and applies accelerated depreciation for
ecological assets. The country promotes debt-for-nature swaps, with agreements totaling USD 450
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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 4 p 133.
million for the Galápagos and USD 460 million for the Amazon, projecting fiscal savings of over USD
800 million by 2035 and encouraging sustainable activities such as ecotourism. Ecuador has issued
sovereign green bonds and established the Sustainable Finance Council to develop a national green
taxonomy. This strategy motivates the private sector to adopt sustainability protocols and innovate in
green financial instruments. The study analyzes these tools through a descriptive-documentary
approach, reviewing recent institutional and academic sources. It finds that the policy aims to
transform the productive structure sustainably and strengthen public-private coordination in green
finance. It concludes that, while the measures support fiscal and environmental sustainability,
challenges remain in business training, institutional coordination, and long-term fiscal balance.
Keywords: green, environment, environmental systems
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Cómo citar: Pérez Villarroel, N. A., Salavarria Melo, J. O., & Tite López, J. M. (2025). Incentivos verdes
y sostenibilidad de mercados en Ecuador: política fiscal ambiental en 2025. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (4), 132 – 142.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4255
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 4 p 134.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental se
han consolidado como amenazas sistémicas para el desarrollo económico y social sostenible. Ante
este panorama, los países han comenzado a integrar criterios ambientales en sus políticas fiscales
con el fin de alinear sus sistemas económicos con los compromisos globales, como el Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2020). Ecuador, nación con alta biodiversidad y
una economía históricamente dependiente de sectores extractivos, ha iniciado en 2023–2025 un
proceso de transición hacia un modelo más ecológico, en el que los incentivos fiscales verdes juegan
un papel central.
La política fiscal ambiental se define como el uso del sistema tributario para promover prácticas
económicas que respeten los límites ecológicos y fomenten la sostenibilidad. En Ecuador, esta política
se ha concretado mediante exoneraciones al Impuesto a la Renta para proyectos de energía renovable,
rebajas del IVA y aranceles a tecnologías limpias, depreciación acelerada de activos sostenibles, y
deducciones por investigación y desarrollo ambiental (Ministerio de Economía y Finanzas, 2023). Estas
medidas buscan modificar el comportamiento del mercado, incentivando a empresas y consumidores
a adoptar tecnologías más limpias y prácticas de producción responsables.
Un elemento destacado de la política fiscal ambiental ecuatoriana ha sido la estrategia de canje de
deuda por conservación. En 2023 y 2024, se concretaron dos operaciones financieras que liberaron
más de USD 900 millones para la protección de Galápagos y la Amazonía, permitiendo al mismo tiempo
ahorros fiscales a largo plazo (The Nature Conservancy, 2024; Banco Mundial, 2024). Estas iniciativas
no solo generan beneficios ecológicos directos, sino que también reflejan una visión innovadora de
cómo las finanzas públicas pueden respaldar la sostenibilidad ambiental.
El impacto de estas medidas fiscales comienza a percibirse en la configuración de los mercados
nacionales. Empresas orientadas a la economía circular, la agroecología o la generación de energía
limpia han incrementado su presencia y competitividad, motivadas por los nuevos incentivos. De igual
manera, los consumidores han comenzado a responder positivamente a productos sostenibles, lo que
sugiere un cambio incipiente en los patrones de demanda (Pérez & Molina, 2023).
No obstante, el desarrollo de estas políticas también enfrenta desafíos importantes. La limitada
capacidad institucional para fiscalizar el cumplimiento ambiental, la falta de coordinación
intergubernamental, y el escaso conocimiento empresarial sobre los beneficios tributarios dificultan
su implementación efectiva (ASOBANCA, 2024). Además, existe el riesgo de que estos incentivos, si
no están bien focalizados, puedan afectar la recaudación tributaria sin lograr impactos sustanciales en
la reducción de emisiones o en la conservación ambiental.
Frente a este contexto, el presente artículo propone analizar la incidencia de los incentivos fiscales
verdes implementados por el Estado ecuatoriano en el año 2025, con especial énfasis en su influencia
sobre la sostenibilidad de los mercados nacionales. Se busca establecer si estos mecanismos están
logrando reorientar estructuralmente el modelo productivo y de consumo, y si constituyen un camino
viable hacia un desarrollo económico bajo en carbono, fiscalmente responsable y ambientalmente
resiliente (BID, 2025).
METODOLOGÍA
Este estudio adopta un enfoque cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, con una perspectiva
analítica centrada en el impacto de los incentivos fiscales verdes sobre la sostenibilidad de los
mercados ecuatorianos en 2025. Se emplea una estrategia metodológica mixta, que integra análisis
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documental, revisión normativa y entrevistas semiestructuradas para abarcar tanto el componente
institucional como la percepción de los actores económicos.
Primero, se analiza la normativa vigente entre 2023 y 2025, mediante fuentes oficiales como el
Ministerio de Economía y Finanzas, el SRI, el Ministerio del Ambiente y organismos multilaterales (BID,
Banco Mundial, TNC), con el fin de identificar los tipos de incentivos fiscales, su cobertura sectorial y
su alineación con los compromisos ambientales del país.
En una segunda fase, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios, empresarios y
especialistas en fiscalidad ambiental, priorizando la diversidad regional y sectorial. Estas se realizan
mediante plataformas digitales para facilitar el acceso territorial.
Adicionalmente, se analizan casos de sectores clave como energía renovable, agroindustria y
ecoturismo, con el fin de ilustrar efectos concretos de los incentivos en el comportamiento de mercado.
La triangulación de fuentes garantiza una visión rigurosa, crítica y propositiva sobre el diseño y
aplicación de la política fiscal ambiental.
Justificación
El avance hacia economías sostenibles ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad
estratégica, especialmente en países como Ecuador que enfrentan presiones fiscales, crisis
ambientales y alta dependencia de recursos naturales. La implementación de políticas fiscales
ambientales en 2025 representa un giro relevante en la gestión económica nacional, ya que busca
reconducir el comportamiento de los mercados hacia prácticas más sostenibles, mediante incentivos
verdes y herramientas tributarias adaptadas a los desafíos del siglo XXI (Pérez & Molina, 2023).
Ecuador se encuentra entre los pocos países latinoamericanos que ha vinculado su política fiscal a
objetivos ambientales de forma estructural, introduciendo exoneraciones tributarias, canjes de deuda
por conservación y mecanismos financieros verdes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2023). Esta
transformación implica no sólo una nueva visión del papel del Estado como regulador, sino también
una redefinición de los estímulos que moldean las decisiones de inversión y consumo en sectores
clave. Como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (2025), los incentivos fiscales son
instrumentos efectivos para reducir impactos ambientales cuando están bien diseñados y focalizados.
El análisis de estas medidas es relevante por su doble impacto: por un lado, dinamizar sectores
emergentes como energías renovables, agroindustria sostenible o ecoturismo; por otro, permiten
evaluar si existe coherencia entre política fiscal y metas de sostenibilidad. Además, la articulación entre
incentivos fiscales, el financiamiento verde y las nuevas normativas institucionales —como la creación
del Consejo de Finanzas Sostenibles en 2024, ofrece un laboratorio político y económico único en la
región andina (ASOBANCA, 2024).
Por estas razones, es necesario investigar si los incentivos verdes realmente están induciendo cambios
estructurales en los mercados nacionales y si Ecuador puede consolidar un modelo económico más
justo, resiliente y bajo en carbono, sin comprometer su estabilidad fiscal en el mediano plazo.
Objetivos en contexto narrativo
Esta investigación analiza críticamente el impacto de los incentivos fiscales verdes en la sostenibilidad
de los mercados nacionales en Ecuador durante 2025, considerando estos instrumentos como
herramientas de transformación hacia un modelo económico ambientalmente responsable (PNUD,
2024). Se busca evaluar en qué medida han influido en la modificación de patrones de producción y
consumo, incentivado inversiones limpias y promovido cadenas productivas sostenibles, sin
comprometer la estabilidad fiscal del Estado (Banco Mundial, 2023).
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El estudio identifica los sectores más beneficiados, examina la percepción de los actores económicos
sobre los incentivos y visibiliza las barreras normativas, técnicas e institucionales que dificultan su
implementación plena (Guzmán & Vélez, 2023). Desde este análisis, se proponen lineamientos para
fortalecer el marco legal y la coordinación interinstitucional, con miras a consolidar estas medidas
como una política de Estado a mediano y largo plazo (Rodríguez, 2025).
Asimismo, la investigación busca aportar con insumos técnicos que faciliten la diversificación de
instrumentos financieros sostenibles —como bonos climáticos o fondos verdes— y fortalezcan la
gobernanza fiscal ambiental (Villavicencio, 2024). El objetivo no se limita a diagnosticar la eficacia
actual, sino a proyectar estrategias que posicionan al Estado ecuatoriano como un actor clave en la
transición ecológica, articulando objetivos económicos, sociales y ambientales bajo una visión integral.
DESARROLLO
Ecuador ha transitado en los últimos tres años hacia un modelo fiscal que incorpora de forma gradual
elementos de sostenibilidad, especialmente tras la aprobación del marco de incentivos fiscales verdes
en 2023. Estas reformas respondieron tanto a compromisos internacionales —como el Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible— como a la necesidad de transformar su matriz
económica en una más resiliente y con menor dependencia de combustibles fósiles (ONU, 2020; Ponce
& Herrera, 2023). Este proceso ha sido impulsado por la presión ciudadana, la cooperación
internacional y la urgencia fiscal del Estado ecuatoriano.
El eje central de esta política ha sido la utilización de exoneraciones y deducciones tributarias aplicadas
a inversiones en tecnologías limpias, eficiencia energética, procesos de producción sostenible y
actividades de conservación ambiental. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (2024),
más de 1.200 empresas han solicitado beneficios fiscales por inversiones verdes desde 2023,
especialmente en los sectores de energía fotovoltaica, movilidad eléctrica y tratamiento de residuos.
Este comportamiento evidencia un cambio progresivo en la toma de decisiones empresariales, donde
los beneficios tributarios comienzan a pesar tanto como las utilidades directas.
A nivel macroeconómico, el impacto de estas políticas ha comenzado a reflejarse en la balanza
comercial y en la atracción de inversión extranjera directa (IED). El Banco Central del Ecuador (2025)
reporta un incremento del 18% en la IED hacia sectores verdes respecto al año 2022, lo que sugiere que
los incentivos fiscales están contribuyendo a reposicionar al país como un destino atractivo para el
capital verde. Este flujo no sólo dinamiza el mercado interno, sino que también promueve una
reconversión productiva en línea con los compromisos climáticos nacionales.
Adicionalmente, las herramientas innovadoras como los canjes de deuda por naturaleza, ejecutados
en 2023 y 2024 con apoyo de actores como The Nature Conservancy y el Banco Mundial (2024), han
permitido liberar recursos fiscales y financieros para conservación, logrando impactos duales en
sostenibilidad ambiental y responsabilidad macroeconómica. Esta modalidad financiera coloca a
Ecuador como un referente regional en soluciones híbridas entre fiscalidad y sostenibilidad (BID, 2025).
Sin embargo, aún persisten desafíos estructurales. Un estudio de ASOBANCA (2024) revela que menos
del 40% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) conoce los mecanismos de incentivos fiscales
verdes, lo que refleja una brecha de información significativa que limita la adopción de estas
herramientas. Además, la falta de articulación entre ministerios particularmente entre el Ministerio del
Ambiente y el SRI ha dificultado la implementación coordinada de la política, generando obstáculos
técnicos y burocráticos para los beneficiarios potenciales (Pérez & Molina, 2023).
Otro aspecto crítico es la ausencia de un sistema robusto de evaluación del impacto ambiental real de
los incentivos otorgados. A pesar de los avances en la emisión de normas técnicas, Ecuador aún no
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dispone de una clasificación oficial de actividades sostenibles, lo cual dificulta verificar si los
beneficios fiscales están orientados a actividades con verdadero efecto mitigador del cambio climático
(BID, 2025). La creación de un marco de referencia verde nacional análogo a la taxonomía de la Unión
Europea es una tarea pendiente y prioritaria.
Frente a esta situación, diversas propuestas se han puesto sobre la mesa. Organismos multilaterales
como el BID y el PNUD han recomendado al gobierno ecuatoriano la consolidación de una plataforma
interinstitucional que centralice el diseño, aplicación y monitoreo de los incentivos fiscales verdes, así
como una estrategia de comunicación pública para mejorar su alcance (PNUD, 2024). Asimismo,
expertos en economía ambiental han señalado la necesidad de reformular algunos parámetros
técnicos para evitar el “greenwashing fiscal”, es decir, el uso oportunista de beneficios sin verdadero
compromiso ambiental (Guzmán & Vélez, 2023).
En suma, si bien Ecuador ha dado pasos significativos al introducir incentivos fiscales como
herramienta de transición ecológica, el desafío a corto y mediano plazo radica en consolidar la
institucionalidad verde, ampliar el conocimiento empresarial y garantizar la transparencia de los
beneficios tributarios. Todo ello permitirá que los mercados no solo responden a estímulos
económicos, sino que evolucionen hacia prácticas estructuralmente sostenibles, donde la rentabilidad
esté acompañada de impacto ambiental positivo y responsabilidad social.
Comparación regional: aprendizajes desde Colombia y Perú
Para entender con mayor profundidad el impacto de los incentivos fiscales verdes y su proyección en
Ecuador, resulta pertinente observar experiencias comparadas en países vecinos, como Colombia y
Perú, que han adoptado estrategias similares con resultados diversos.
En el caso de Colombia, el diseño e implementación de su política fiscal ambiental ha logrado avances
sustantivos en los últimos cinco años. Desde 2019, el país ha establecido deducciones de hasta el 25%
en el impuesto sobre la renta para empresas que invierten en tecnologías limpias, así como
exoneraciones de IVA y aranceles para la importación de maquinaria verde (DNP, 2022). Esta estrategia
ha sido complementada por una taxonomía verde nacional, publicada en 2022, que establece criterios
claros para clasificar las actividades sostenibles y evitar prácticas de greenwashing (Superfinanciera,
2022). Gracias a estas medidas, la inversión privada en energía renovable superó los USD 1.200
millones en 2023, y se estima que el 6% del PIB colombiano está vinculado actualmente a actividades
verdes certificadas (BID Colombia, 2024). Esto convierte a Colombia en un referente regional en política
fiscal ambiental articulada.
Por contraste, Perú ha enfrentado mayores dificultades en este ámbito. A pesar de haber emitido en
2021 un marco de incentivos tributarios para energías renovables y conservación, su aplicación ha sido
limitada por la debilidad institucional, falta de coordinación intersectorial y escasa difusión en el sector
empresarial (MEF Perú, 2023). Además, no cuenta con una taxonomía ambiental oficial, lo que ha
generado ambigüedades técnicas para definir qué inversiones califican como “verdes”. Según un
informe del Banco Mundial (2024), sólo el 8% de las empresas peruanas en sectores estratégicos ha
accedido a incentivos fiscales por sostenibilidad. Asimismo, se reportan casos de subutilización del
beneficio o de solicitudes negadas por falta de criterios técnicos claros (Flores & Ticona, 2024).
Este contraste evidencia que la efectividad de los incentivos fiscales verdes no depende únicamente
del beneficio económico ofrecido, sino de la existencia de una arquitectura normativa clara, una
institucionalidad sólida y una cultura empresarial receptiva al cambio. En este sentido, Ecuador se
encuentra en una posición intermedia: con voluntad política, un marco fiscal emergente y experiencias
innovadoras como el canje de deuda, pero aún con limitaciones estructurales similares a las de Perú
en cuanto a seguimiento, articulación y alcance.
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Tomando en cuenta las lecciones de ambos casos, resulta urgente que Ecuador avance en la
construcción de una clasificación oficial de actividades sostenibles, refuerce la articulación entre los
ministerios competentes y promueva campañas de información activa hacia el sector productivo, para
evitar que los incentivos verdes se conviertan en una herramienta fiscal subutilizada o mal
direccionada.
DISCUSIÓN
El análisis del comportamiento de los mercados ecuatorianos frente a la aplicación de incentivos
fiscales verdes en 2025 revela una dinámica de transición aún en desarrollo, marcada por avances
significativos pero también por limitaciones estructurales que deben ser enfrentadas con urgencia. La
experiencia nacional evidencia que, si bien los estímulos tributarios han tenido acogida especialmente
en sectores grandes o con acceso a financiamiento externo, su impacto real en el tejido productivo
sigue siendo desigual, dejando fuera a pymes, emprendimientos rurales y cadenas intermedias que
carecen de capacidades técnicas o asesoría tributaria especializada (Pérez & Molina, 2023).
A nivel fiscal, la iniciativa ha permitido movilizar capital privado hacia actividades de impacto ambiental
positivo, pero sin una clasificación técnica oficial, como la que ha desarrollado Colombia, los incentivos
podrían estar siendo aplicados de manera ineficiente o incluso favoreciendo actividades con efectos
ambientales marginales. Esta falta de estandarización representa no solo un vacío técnico, sino un
riesgo para la transparencia del sistema fiscal, ya que abre espacio a distorsiones, discrecionalidad
administrativa y oportunidades de greenwashing tributario (BID, 2025; Guzmán & Vélez, 2023).
El caso colombiano demuestra que la clave del éxito radica en la creación de una institucionalidad
verde articulada, donde el sistema fiscal, el ambiental y el financiero operan de manera conjunta bajo
marcos normativos claros y verificables. La existencia de una taxonomía verde nacional,
complementada con mecanismos de seguimiento y medición de impacto, ha permitido en Colombia
elevar la eficiencia de sus políticas públicas y aumentar la confianza del sector privado. En contraste,
la experiencia peruana evidencia que una política fiscal verde débilmente implementada puede derivar
en subutilización, confusión normativa y frustración empresarial, factores que también se han
comenzado a observar en Ecuador, especialmente en regiones fuera de los polos urbanos.
Otro aspecto relevante es la asimetría territorial en la implementación de los beneficios fiscales. En
Ecuador, según datos del Ministerio del Ambiente (2024), más del 70% de los proyectos verdes con
beneficios tributarios se concentran en Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que deja a zonas rurales o
amazónicas con escasa participación en esta transición. Esta centralización no solo reproduce
brechas históricas, sino que pone en duda la capacidad redistributiva y democratizadora de la política
fiscal ambiental. De allí la necesidad de diseñar incentivos diferenciados y regionalizados, que
respondan a las realidades productivas de cada territorio.
Además, la falta de coordinación entre el SRI, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Producción
sigue siendo un cuello de botella. La ausencia de una ventanilla única de evaluación y seguimiento de
beneficios verdes provoca dilación en los procesos, baja trazabilidad y debilita la confianza del sector
privado. Esta fragmentación institucional contrasta con modelos más eficaces, como el colombiano,
donde la Superintendencia Financiera y el DNP actúan como ejes rectores de la política verde.
Desde una perspectiva crítica, también es necesario advertir que los incentivos fiscales no pueden
convertirse en el único motor de la sostenibilidad. Sin regulaciones ambientales robustas, sin sistemas
de control eficientes, y sin una ciudadanía informada que exija responsabilidad ambiental empresarial,
estos mecanismos corren el riesgo de convertirse en simples rebajas tributarias sin efecto
transformador real. Como advierte el PNUD (2024), la política fiscal ambiental debe formar parte de
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una estrategia integral de transición ecológica justa, que involucre también educación, empleo verde,
financiamiento climático y justicia intergeneracional.
Finalmente, es indispensable considerar que la sostenibilidad fiscal del propio Estado es un factor
clave. Ecuador, con restricciones presupuestarias persistentes, enfrenta el dilema entre ampliar
beneficios tributarios para promover lo verde o mantener la recaudación para sostener el gasto público.
Por ello, el diseño de los incentivos debe partir de un análisis costo-beneficio riguroso, priorizando
aquellos con mayor retorno ambiental y social, y con sistemas de evaluación basados en resultados,
no solo en compromisos formales.
CONCLUSIÓN Y PROPUESTA INTEGRADORA
La dinámica que ha presentado Ecuador en relación con los incentivos fiscales verdes durante 2025
representa una etapa de transición estratégica hacia la sostenibilidad de los mercados, pero también
pone de manifiesto los desafíos aún latentes en la articulación de una política fiscal ambiental robusta
y eficaz (PNUD, 2024; Ramírez, 2025). La implementación de beneficios tributarios ha permitido
movilizar parte del capital empresarial hacia sectores de menor impacto ambiental, incentivando
inversiones en energías renovables, procesos de producción limpios y tecnologías sostenibles
(MAATE, 2024; Banco Mundial, 2023). Sin embargo, esta transformación aún carece de una estructura
normativa consolidada, capaz de sostenerse y escalar a largo plazo (Guzmán & Vélez, 2023).
La experiencia ecuatoriana se encuentra a medio camino entre dos modelos regionales contrastantes.
Colombia ha logrado avances notables mediante la creación de una taxonomía verde oficial, la
coordinación interinstitucional efectiva y la estandarización técnica de los proyectos sostenibles, lo
que ha incrementado tanto la inversión privada como la legitimidad de su política fiscal ambiental
(Sandoval & Beltrán, 2021; Suárez & Naranjo, 2023). En cambio, Perú ha enfrentado barreras
institucionales, debilidad normativa y baja apropiación empresarial, lo que ha resultado en una
subutilización de los beneficios fiscales y en una percepción de poca efectividad del marco verde
(CEPLAN, 2022; Soto & Paredes, 2021). Estos aprendizajes demuestran que no basta con ofrecer
incentivos tributarios: su eficacia depende de un ecosistema institucional coherente y de mecanismos
técnicos claros para definir, evaluar y seguir el impacto real de las medidas (OECD, 2023).
En ese marco, Ecuador requiere avanzar con decisión hacia la construcción de una taxonomía verde
nacional que determine de forma clara qué actividades económicas califican como sostenibles, con
criterios técnicos validados, evitando la discrecionalidad o el uso abusivo de la política fiscal (Suárez
& Naranjo, 2023; Rodríguez, 2025). Esta herramienta debe complementarse con un sistema de
monitoreo ex post que permita evaluar el impacto ambiental y económico de las inversiones
beneficiadas, más allá del número de actores o sectores participantes (CEPAL, 2024). Solo con datos
verificables se podrá garantizar que los incentivos verdes generan valor público y no se convierten en
simples mecanismos de evasión disfrazada (Banco Mundial, 2023).
Además, es fundamental territorializar la política fiscal verde. Las brechas de acceso entre las grandes
ciudades y las zonas rurales, particularmente en la Amazonía y la Sierra, reflejan una centralización que
puede reproducir desigualdades estructurales (Villavicencio, 2024; López & Silva, 2024). Por ello, se
propone diseñar incentivos diferenciados según región y sector productivo, con un enfoque que priorice
la equidad territorial, la inclusión de pymes y la participación de comunidades que tradicionalmente
han estado fuera del circuito económico formal, pero que cumplen funciones clave en la conservación
ambiental (Herrera & Muñoz, 2020; Ramírez, 2025).
El fortalecimiento institucional debe estar en el centro de esta agenda. Es urgente consolidar una
plataforma intersectorial permanente que involucre al SRI, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de
Producción en la evaluación y administración de los incentivos verdes, con ventanillas únicas,
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procedimientos transparentes y reglas previsibles (MEF, 2025; Guzmán & Vélez, 2023). Esta
articulación no sólo aumentará la eficiencia del sistema, sino también la confianza del sector privado,
que requiere estabilidad y claridad normativa para comprometerse con inversiones sostenibles (PNUD,
2024).
Junto con lo anterior, la propuesta incorpora el componente educativo y de asistencia técnica. Para
que los beneficios fiscales no queden concentrados en empresas con alta capacidad administrativa,
se requiere implementar programas de capacitación activa dirigidos a emprendimientos, cooperativas
y asociaciones rurales, con enfoque de género y de pueblos originarios, fortaleciendo capacidades para
acceder y gestionar estos mecanismos tributarios con eficacia y legalidad (Rodríguez, 2025; BID,
2025).
Finalmente, se propone vincular la política fiscal ambiental con fuentes externas de financiamiento
climático, como bonos verdes soberanos o canjes de deuda por conservación, fortaleciendo así la
sostenibilidad macroeconómica del modelo (Villavicencio, 2024; Banco Mundial, 2023). Esta
integración permitiría al país consolidar una política verde autofinanciada, menos dependiente de
recortes fiscales y más alineada con los compromisos internacionales en materia de cambio climático
y desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2023).
En suma, Ecuador tiene hoy la oportunidad de consolidar un sistema fiscal ambiental que no solo
incentiva la sostenibilidad empresarial, sino que reestructura el modelo de desarrollo nacional en clave
ecológica, inclusiva y resiliente. Este artículo contribuye a dicho horizonte con un enfoque que articula
análisis, comparación y propuesta, y que busca posicionar al país como un referente regional en
transición verde responsable y eficaz.
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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2025, Volumen VI, Número 4 p 141.
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