LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2025, Volumen VI, Número 4 p 599.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4288
Anulación arbitraria de las órdenes de compras públicas y su
efecto en la seguridad jurídica
Arbitrary annulment of public purchase orders and its effect on legal
certainty
Angela Alexandra Tandalla Mise1
atandalla3@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-0474-5577
Universidad Tecnológica Indoamerica
Latacunga – Ecuador
José Antonio Ruiz Bautista
joseantoniorb94@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7115-4387
Universidad Indoamérica
Ambato – Ecuador
Artículo recibido: 09 de julio de 2025. Aceptado para publicación: 04 de agosto de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El Catálogo Dinámico Inclusivo es una herramienta de contratación pública en Ecuador diseñada para
promover la inclusión económica de pequeños proveedores y actores de la economía popular y
solidaria en línea con las disposiciones constitucionales de 2008. El problema de investigación radica
en las prácticas arbitrarias de anulación de órdenes de compra, lo que vulnera la seguridad jurídica, el
debido proceso y la transparencia, afectando los derechos de los proveedores. El objetivo es evaluar
los efectos jurídicos del incumplimiento del plazo para dejar sin efecto las órdenes de compra en el
catálogo dinámico inclusivo y proponer soluciones que fortalezcan la seguridad jurídica en los
procesos de contratación pública. El método utilizado incluye un análisis normativo y doctrinal basado
en la legislación vigente y principios constitucionales, identificando vacíos legales y evaluando el
impacto de la discrecionalidad administrativa. Los resultados revelan que el marco normativo actual
no regula adecuadamente la anulación de órdenes de compra, lo que fomenta las arbitrariedades y
genera inseguridad jurídica. La conclusión destaca la urgencia de reformar el marco normativo del
catálogo dinámico inclusivo mediante controles estrictos, auditorías y capacitación a funcionarios,
con el fin de garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y los derechos de los proveedores.
Palabras clave: contratación pública, catalogo dinámico inclusivo, terminación unilateral de la
orden de compra, proveedores
Abstract
The Inclusive Dynamic Catalog is a public procurement tool in Ecuador designed to promote the
economic inclusion of small suppliers and actors within the popular and solidarity economy, following
the constitutional provisions of 2008. The research problem lies in the arbitrary annulment of purchase
orders, which undermines legal certainty, due process, and transparency, affecting the rights of
suppliers. The objective is to assess the legal effects of failing to meet the deadline for annulling
purchase orders in the Inclusive Dynamic Catalog and to propose solutions that strengthen legal
1 Autora de correspondencia.
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certainty in public procurement processes. The study employs an analytical method supported by
bibliographic and documentary reviews. The results reveal that the current regulatory framework does
not adequately regulate the annulment of purchase orders, fostering arbitrary practices and generating
legal uncertainty. The conclusión emphasizes the urgency of reforming the regulatory framework of
the Inclusive Dynamic Catalog through strict controls, audits, and training for officials to ensure
transparency, legal certainty, and the protection of suppliers’ rights.
Keywords: inclusive dynamic catalog, public procurement, suppliers, unilateral termination of
the purchase order
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Cómo citar: Tandalla Mise, A. A., & Ruiz Bautista, J. A. (2025). Anulación arbitraria de las órdenes de
compras públicas y su efecto en la seguridad jurídica. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades 6 (4), 599 – 607. https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4288
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INTRODUCCIÓN
La contratación pública en Ecuador ha experimentado una evolución significativa desde el año 2008,
cuando la Constitución estableció la prioridad de fomentar la adquisición de bienes y servicios
producidos por actores de la economía popular y solidaria, como microempresas, pequeñas empresas
y artesanos. En este contexto, se desarrollaron mecanismos destinados a promover la inclusión, la
eficiencia y la transparencia en los procesos de contratación. Entre estos, destaca el Catálogo
Dinámico Inclusivo (CDI), una herramienta innovadora creada por el Servicio Nacional de Contratación
Pública (SERCOP). Este procedimiento permite a las entidades contratantes adquirir bienes y servicios
de manera directa y en línea, sin necesidad de realizar las fases tradicionales de contratación pública,
basándose en la suscripción de convenios marco entre proveedores y el SERCOP.
El Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI) se diferencia de otros mecanismos, como el Catálogo Electrónico
(CE), por su enfoque en la inclusión de pequeños productores seleccionados mediante un proceso
previo, conocido como Feria Inclusiva. Este procedimiento, además de ser ágil y eficiente, busca
garantizar principios fundamentales como la transparencia y la aleatoriedad en la selección de
proveedores. Una vez generada la necesidad institucional, la herramienta selecciona al proveedor de
manera automática, y la entidad contratante emite una orden de compra. Esta orden, al ser formalizada,
genera derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, asumiendo la naturaleza jurídica de un
contrato administrativo.
Sin embargo, en la práctica, han surgido problemas relacionados con la discrecionalidad en la
anulación de órdenes de compra dentro del catálogo dinámico inclusivo. Según el artículo 128 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades
contratantes están facultadas para dejar sin efecto una orden de compra, pero solo antes de su
formalización y dentro de un plazo máximo de 24 horas. A pesar de esta disposición, en numerosos
casos las entidades públicas han anulado órdenes de compra ya formalizadas, justificándose en
interpretaciones inadecuadas del marco normativo o actuando de manera arbitraria.
El problema se agrava debido al vacío normativo y a la falta de mecanismos efectivos para supervisar
el cumplimiento del término establecido para dejar sin efecto las órdenes de compra.
En este sentido, resulta fundamental analizar las implicaciones jurídicas de estas prácticas y evaluar
si el marco normativo vigente es suficiente para garantizar la transparencia y la equidad en los
procesos de contratación pública.
El objetivo principal de este artículo es determinar los efectos jurídicos del incumplimiento del término
establecido para dejar sin efecto las órdenes de compra dentro del catálogo dinámico inclusivo, con el
fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, el debido proceso y la protección de los derechos de
los proveedores.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño documental y
exploratorio, centrado en el análisis normativo y doctrinal de la contratación pública en Ecuador,
específicamente en relación con la anulación de órdenes de compra dentro del Catálogo Dinámico
Inclusivo. Para ello, se recopilaron y examinaron disposiciones legales vigentes, principios
constitucionales, jurisprudencia y literatura académica relevante, utilizando una matriz de análisis
documental. El estudio no involucró participantes humanos, ya que se enfocó en fuentes jurídicas y
bibliográficas. La información recolectada fue organizada temáticamente y analizada mediante la
técnica de análisis de contenido, lo que permitió identificar vacíos normativos y los efectos jurídicos
de la discrecionalidad administrativa. Se observaron principios éticos de rigor académico, respetando
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la integridad intelectual y citando todas las fuentes consultadas conforme a las normas de citación
vigentes.
DESARROLLO
Compra Inclusiva
En Ecuador, el proceso de adquisición de bienes y servicios mediante órdenes de compra se rige
conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)
y los lineamientos emitidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Este sistema
permite a las entidades contratantes gestionar sus requerimientos a través del Catálogo Electrónico,
una herramienta que organiza productos estandarizados y facilita su adquisición directa (SERCOP,
2019, p. 3).
El primer paso en este proceso es la identificación de necesidades por parte de las entidades
contratantes, las cuales deben determinar los bienes o servicios requeridos y buscar aquellos que
cumplan con las especificaciones técnicas disponibles en el catálogo. Este análisis incluye la revisión
de fichas técnicas, que detallan características, plazos de entrega y condiciones específicas de cada
producto o servicio. Una vez seleccionados los productos, el sistema permite añadirlos a un "carrito de
compras" digital, en el que se organiza la adquisición de manera estructurada (SERCOP, 2019, p. 12).
La asignación de proveedores se realiza de manera automatizada mediante un sistema rotativo. Este
mecanismo promueve la participación inclusiva y garantiza la equidad en las adquisiciones, al
considerar criterios como el menor costo acumulado, parámetros inclusivos y la capacidad productiva
declarada por cada proveedor. Además, se prioriza la participación de microempresas y actores de la
economía popular y solidaria, favoreciendo la inclusión de grupos vulnerables (SERCOP, 2017, pp. 7–
8).
Una vez seleccionados los productos y asignado el proveedor, la orden de compra se formaliza
automáticamente, salvo que sea anulada dentro de las primeras 24 horas desde su emisión. Este
procedimiento genera derechos y obligaciones tanto para las entidades contratantes como para los
proveedores, quienes están obligados a cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.
Posteriormente, la entrega de los bienes o servicios es validada mediante un acta de entrega-recepción,
que asegura el cumplimiento de lo pactado (SERCOP, 2019, p. 22).
Así, la compra inclusiva promueve la participación de sectores históricamente excluidos entre ellos las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), cooperativas y organizaciones de la economía
popular y solidaria. De acuerdo con González Martínez (2017), esta modalidad “ha promovido la
inclusión a través de la adquisición de productos y servicios de producción nacional, otorgándole
oportunidades para reactivar su economía con la generación de empleo” (p. 263). Dicho enfoque
muestra cómo herramientas innovadoras pueden transformar realidades sociales al dinamizar la
producción local y potenciar el crecimiento económico en zonas que antes no accedían a contratos
estatales.
Su implementación está a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), entidad que
prioriza principios de transparencia y eficiencia. Según Freire Fernández (2020), constituye “una
herramienta desarrollada para beneficiar y privilegiar la adquisición de bienes y servicios de producción
nacional que son ofertados por los actores de la Economía Popular y Solidaria” (p. 26). Sin embargo,
pese a los beneficios que brinda a la población, no se han establecido causas o criterios específicos
que justifiquen la terminación de un contrato en este sistema.
Aun con los avances logrados, persisten retos como la falta de capacitación en plataformas digitales
y la limitada supervisión de los procesos, los cuales, según Faz et al. (2023), demandan “la
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implementación de estrategias idóneas” para lograr un sistema “más eficiente, transparente y
dinámico” (p. 130). Aunque la compra inclusiva facilita la inserción de actores más vulnerables en el
mercado público, el no contar con una regulación clara deja un margen de discrecionalidad que podría
afectar el rendimiento esperado de esta herramienta.
Al estimular la participación de proveedores de menor escala, la compra inclusiva fortalece a las
comunidades locales y se convierte en un pilar del desarrollo regional. González Martínez (2017)
destaca que “han impulsado la inclusión a través de la adquisición de productos y servicios de
producción nacional, dinamizando la economía local y diversificando la producción nacional” (p. 268).
Este impulso abre oportunidades para que emprendedores obtengan contratos estatales. No obstante,
si la normativa no define con precisión las razones para dar por terminado un contrato, el riesgo de
generar incertidumbre o de incurrir en arbitrariedades persiste, dejando a los proveedores en situación
de vulnerabilidad.
Aunque este modelo tiene el potencial de convertir a Ecuador en un referente regional de contratación
justa y sostenible, la falta de claridad legal sobre las causas de terminación plantea un desafío que
exige mayor atención para garantizar la transparencia.
Catálogo Dinámico Inclusivo
El Catálogo Dinámico Inclusivo es la herramienta mediante la cual se rige la contratación pública
ecuatoriana. Según Faz Cevallos et al. (2023), esta herramienta “ha transformado el panorama
contractual, estableciendo mecanismos más eficientes y transparentes que responden a las
necesidades de la sociedad” (p. 130). Con ello, los autores enfatizan la relevancia de la tecnología para
agilizar la trazabilidad y reducir tiempos en la administración pública. No obstante, la falta de normativa
actual lleva a cierta desconfianza por parte de los proveedores que muchas veces temen incursionar
por miedo a perder su patrimonio por un contrato fallido, de acuerdo con Franco Abad (2015), crea “una
falta de certeza en los contratos, afectando tanto a proveedores como a las entidades contratantes”
(p. 32). De esta forma, se evidencia que, aunque el Catálogo Dinámico Inclusivo ofrece ventajas
tangibles, también presenta vacíos legales que podrían socavar la seguridad jurídica y la confianza en
el sistema.
Dentro de este sistema, las órdenes de compra funcionan como instrumentos contractuales que
formalizan las obligaciones de las partes y deben basarse en principios de transparencia, igualdad y
legalidad (Franco Abad, 2015, p. 28). Para asegurar la calidad en la ejecución, estas órdenes incluyen
especificaciones técnicas detalladas, plazos de entrega y garantías (Aguirre Vásquez, 2015, p. 45). Sin
embargo, si bien se han definido criterios para emitir dichas órdenes, se pasó por alto una regulación
específica sobre las causas o circunstancias que justifiquen su terminación anticipada.
Pese a que se reconoce la necesidad de fundamentar cualquier terminación en actos administrativos
motivados (Vargas Murillo, 2015, p. 76), el marco legal ecuatoriano no establece un listado taxativo de
motivos que amparen esta decisión en el Catálogo Dinámico Inclusivo. Tal omisión puede derivar en
actuaciones discrecionales, pues la ausencia de lineamientos concretos dificulta la rendición de
cuentas.
El procedimiento para “dejar sin efecto” una orden de compra se ha interpretado como una acción para
corregir errores en un plazo corto (Franco Abad, 2015, p. 32). Sin embargo, no existe una disposición
legal que aclare las razones legítimas para anular dichas compras más allá de las primeras 24 horas
tras su emisión. Por lo que, se traduce en un ambiente de incertidumbre tanto para las entidades como
para los proveedores, afectando el equilibrio entre la flexibilidad administrativa y la protección de los
derechos contractuales. De esta manera, el Catálogo Dinámico Inclusivo avanza en transparencia y
eficiencia, pero sigue careciendo de normas precisas sobre la terminación de órdenes.
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Arbitrariedad en la Administración Pública
La arbitrariedad en la administración pública se considera un obstáculo que pone en riesgo la
credibilidad de las instituciones y la eficacia de los procesos de contratación. Vargas Murillo (2015)
explica que “la arbitrariedad ocurre cuando las decisiones administrativas carecen de fundamentos
razonables y objetivos, apartándose de los principios de transparencia y legalidad” (p. 76). Esta falta
de motivación objetiva genera incertidumbre en la ciudadanía y deteriora la imagen de los entes
estatales, ya que los proveedores y otros actores económicos pueden percibir dichas decisiones como
injustas o guiadas por intereses ajenos al bien común.
La ausencia de criterios claros para fundamentar las decisiones administrativas puede traducirse en
prácticas que lesionen la confianza en el sistema público. Pleite Guadamillas (2016) señala que “la
falta de fundamentación puede ser percibida como un abuso de poder, afectando la autoridad del
sistema y desincentivando la participación de proveedores” (p. 55). En este escenario, los actores
involucrados dudan de la imparcialidad de los procedimientos y temen invertir recursos en proyectos
que podrían ser cancelados o modificados de manera discrecional.
La influencia negativa de la arbitrariedad trasciende el plano económico, ya que también atenta contra
principios constitucionales básicos como la igualdad y el debido proceso. Sánchez Morón (2024)
enfatiza que “el ejercicio arbitrario del poder administrativo vulnera principios constitucionales
fundamentales” (p. 172). Además, cuando las autoridades no justifican adecuadamente sus acciones,
se refuerza la percepción de conductas poco éticas, alimentando la desconfianza ciudadana. De
acuerdo con Vargas Murillo (2015), “la falta de transparencia en las decisiones administrativas refuerza
la percepción de prácticas poco éticas, afectando gravemente la percepción pública de las
instituciones” (p. 77), evidenciando la urgencia de fortalecer los controles.
Seguridad Jurídica en la Contratación Pública
La Contraloría General del Estado es la entidad fiscalizadora superior en Ecuador, con presencia en las
24 provincias y más de 100 unidades de auditoría interna. Esta institución supervisa más de 3,400
entidades públicas para garantizar que los procesos de contratación cumplan con la legalidad. En este
contexto, se señala que “la Contraloría General del Estado, quien actúa de forma descentralizada...
controla a más de 3400 entidades públicas a nivel nacional” (Redroban Ortiz et al., 2024, p. 218).
Adicionalmente, el uso de metodologías innovadoras, como las redes complejas, permite identificar
patrones recurrentes en las contrataciones. Estas herramientas no solo detectan irregularidades, sino
que también mitigan riesgos de corrupción al revelar los actores principales en el sistema. Según un
estudio, “utilizando redes complejas y aplicando métricas de centralidad, es posible identificar actores
(nodos) recurrentes en procesos de contratación pública con mayor conectividad (grado)” (Redroban
Ortiz et al., 2024, p. 216). Esto refuerza la capacidad de la Contraloría General del Estado para prevenir
y corregir decisiones arbitrarias.
Cuando una entidad pública anula injustificadamente una orden de compra, las consecuencias
trascienden lo administrativo y afectan directamente la seguridad jurídica de las partes involucradas.
En estos casos, los funcionarios responsables no quedan exentos de consecuencias. Según Redroban
Ortiz et al. (2024), “los organismos de control deben revelar en sus informes de auditoría hechos que
posteriormente se constituyan en pruebas y evidencias sustanciales en los delitos contra la
administración pública” (p. 219). Esto significa que quienes actúan de forma arbitraria pueden
enfrentar sanciones administrativas, destituciones e incluso responsabilidades penales si se
comprueba dolo o corrupción. Así, el sistema tiene herramientas para reaccionar ante estos actos, pero
su efectividad depende de una implementación firme y coherente.
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DISCUSIÓN
La compra inclusiva en Ecuador busca integrar a sectores económicos vulnerables, como las
microempresas y las organizaciones de la economía popular y solidaria, en los procesos de
contratación pública. Según González Martínez (2017), esta iniciativa ha fomentado la actividad
económica local y la creación de empleo mediante la promoción de bienes y servicios de producción
nacional.
No obstante, Faz et al. (2023) apuntan a la necesidad de mejorar aspectos como la capacitación
técnica y el monitoreo de los procedimientos para maximizar sus beneficios. Estos retos destacan la
importancia de fortalecer el sistema para que cumpla plenamente con su objetivo de inclusión
económica.
El Catálogo Dinámico Inclusivo ha transformado los procesos de contratación pública en Ecuador al
priorizar la agilidad y el uso de herramientas tecnológicas. Faz Cevallos et al. (2023) subrayan su
eficacia para reducir tiempos y simplificar las gestiones administrativas. Por otro lado, Franco Abad
(2015) señala que la falta de reglas claras sobre ciertos procedimientos, como la cancelación de
órdenes, genera incertidumbre en algunos actores del mercado.
Superar estas carencias normativas es esencial para reforzar la credibilidad del sistema y facilitar una
participación más activa de los sectores beneficiados. De este modo, se podrá consolidar un modelo
más confiable y eficiente.
La arbitrariedad en las decisiones administrativas compromete la legitimidad de los procesos
estatales. Vargas Murillo (2015) advierte que decisiones carentes de justificación sólida generan
percepciones de injusticia y deterioran la imagen institucional. Por su parte, Pleite Guadamillas (2016)
resalta que estas prácticas desmotivan a los participantes y generan inseguridad en los procesos
contractuales.
Asegurar que las acciones administrativas estén debidamente fundamentadas es crucial para
preservar la legitimidad del sistema y fomentar un entorno de mayor equilibrio y equidad para todos
los involucrados.
La estabilidad jurídica es un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento de la contratación
pública. Redroban Ortiz et al. (2024) destacan la labor de la Contraloría General del Estado en el
fortalecimiento de los controles y la identificación de irregularidades, mientras que Vargas Murillo
(2015) enfatiza que la falta de normas claras complica la previsibilidad y desincentiva la participación
en los procesos.
El fortalecimiento de la normativa vigente, combinado con controles más rigurosos, permitirá
garantizar un marco más sólido y confiable que respalde las relaciones entre las partes contratantes.
CONCLUSIÓN
En definitiva, el análisis de los efectos jurídicos derivados del incumplimiento del plazo para dejar sin
efecto las órdenes de compra en el Catálogo Dinámico Inclusivo pone de manifiesto una serie de
desafíos normativos y prácticos que afectan tanto la transparencia de los procesos de contratación
pública como la seguridad jurídica de los proveedores. Este sistema, concebido para incluir a actores
vulnerables de la economía popular y solidaria, enfrenta tensiones significativas entre la flexibilidad
administrativa y la necesidad de implementar controles claros que eviten arbitrariedades.
La ausencia de una regulación específica que delimite las causas y los procedimientos para anular
órdenes anulares de compra ha generado un margen de discrecionalidad que socava la confianza en
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el sistema legal y abre la puerta a potenciales conflictos. Además, la afectación jurídica derivada de
estas anulaciones implica una vulneración de principios fundamentales como la seguridad jurídica, la
igualdad de oportunidades y la confianza legítima de los proveedores en el sistema. Este impacto no
solo perjudica a los actores económicos directamente afectados, sino que también deteriora la
percepción general del mercado respecto a la confiabilidad de los procesos públicos.
Por lo tanto, garantizar un equilibrio entre la agilidad administrativa y el control normativo es esencial
para consolidar este modelo de contratación. Esto exige el desarrollo de un marco normativo más
preciso y la implementación de mecanismos de supervisión efectivos, que promuevan un entorno justo,
inclusivo y confiable para todos los actores involucrados.
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ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2025, Volumen VI, Número 4 p 607.
REFERENCIAS
Aguirre Vásquez, JI (2015). Impacto de las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación
Pública en los procedimientos administrativos. [Tesis de grado, Universidad de las Américas].
Faz, W., Fuentes, LE, Hidalgo, M., & Guerrero, KG (2023). La contratación pública en el Ecuador: análisis
y perspectiva. Universidad, Ciencia y Tecnología, 27(119), 127-136.
https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.714
Franco Abad, R. (2015). Reformas legales al art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, relacionada a la declaratoria de procedimiento desierto. [Tesis de grado,
Universidad Técnica Particular de Loja].
Freire Fernández, YE (2020). El catálogo dinámico como mecanismo de compra para favorecer la
inclusión. Inteligencia de negocios en comercio internacional, 11(13), 26. Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE.
González Martínez, FM (2017). Catálogo dinámico como mecanismo de compra para favorecer la
inclusión. Revista Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, 11, 263-281.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública [LOSNCP]. (2008). Suplemento del Registro
Oficial No. 395. https ://portal.compraspublicas.gob.ec
Montalbán Padilla, A. (2020). Conflictos legales en la contratación pública: impacto y soluciones.
Revista Jurídica de Administración Pública, 5(4), 5-8.
Pleite Guadamillas, C. (2016). Arbitrariedad, discrecionalidad y libertad en la figura administrativa.
Revista Derecho Administrativo Contemporáneo, 3(4), 5-10.
Redroban Ortiz, CL, Rivas-Tovar, LA, Torres Maldonado, XM, Almeida Alvarado, CA y Jaramillo
Sangurima, LV (2024). Redes complejas como metodología para el control gubernamental en procesos
de contratación pública en Ecuador. Revista Española de la Transparencia, (20), 215–249.
https://doi.org/10.51915/ret.346
Sánchez Morón, M. (2024). Principios constitucionales y arbitrariedad administrativa en sistemas de
contratación pública. Revista de Derecho Público, 12(3), 170-180.
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (2017). Asignación de órdenes de compra a
proveedores catalogados para la adquisición de bienes y servicios normalizados del Catálogo
Electrónico.
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (2019). Instructivo técnico para la generación de
órdenes de compra en el Catálogo Electrónico General.
Vargas Murillo, D. (2015). De la arbitrariedad y la desviación de poder en el empleo público: ropuestas
para un mejor servicio al interés general. Ruma
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