LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3082.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4505
Impacto de la deficiente aplicación de técnicas de litigación
argumentativa en la defensa de derechos en los procesos
contencioso-administrativos en la provincia de Loja
Impact of the Deficient Application of Argumentative Litigation Techniques
on the Defense of Rights in Contentious-Administrative Proceedings in the
Province of Loja
Valeria Salomé Apolo Maldonado1
Valeria.apolo@unl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-3319-2246
Universidad Nacional de Loja
Loja – Ecuador
Marlon Gastón Calopiña Calva
marlon.calopina@unl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-0031-3873
Universidad Nacional de Loja
Loja – Ecuador
Artículo recibido: 04 de junio de 2025. Aceptado para publicación: 18 de septiembre de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Este estudio analiza el impacto de la deficiente aplicación de técnicas de litigación argumentativa en
la defensa de derechos de los procesos contencioso-administrativos en la provincia de Loja, Ecuador.
El objetivo principal es evaluar cómo las debilidades en la construcción, estructuración y presentación
de los argumentos jurídicos inciden directamente en la calidad de las decisiones judiciales y en la
garantía de la tutela judicial efectiva. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con
diseño no experimental y corte transversal, mediante entrevistas semiestructuradas a ocho
profesionales del derecho que ejercen en esta jurisdicción. Los resultados muestran una práctica
recurrente de copia literal de normas sin análisis, escasa incorporación de principios constitucionales
y deficiente argumentación lógica, lo que limita la motivación adecuada de las sentencias y debilita el
control judicial sobre los actos administrativos. Además, se identificó una brecha importante en la
formación universitaria práctica en técnicas argumentativas, lo cual incide negativamente en el
desempeño litigante. Se concluye que mejorar las capacidades argumentativas de los abogados a
través de programas de formación continua, talleres prácticos y actualización doctrinaria puede incidir
positivamente en la calidad del proceso contencioso-administrativo. Esta investigación aporta
insumos teóricos y prácticos para fortalecer el ejercicio del derecho administrativo en Ecuador
Palabras clave: litigación argumentativa, derecho administrativo, tutela judicial efectiva,
motivación judicial
Abstract
This study analyzes the impact of the deficient application of argumentative litigation techniques on
1 Autora de correspondencia.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3083.
the defense of rights within contentious-administrative proceedings in the province of Loja, Ecuador.
The main objective is to evaluate how weaknesses in the construction, structuring, and presentation
of legal arguments directly affect the quality of judicial decisions and the guarantee of effective judicial
protection. The research followed a qualitative approach, with a non-experimental and cross-sectional
design, using semi-structured interviews conducted with eight legal professionals practicing in this
jurisdiction. The findings reveal a recurring practice of literal copying of legal norms without analysis,
limited incorporation of constitutional principles, and deficient logical argumentation, which hinders
the proper motivation of rulings and weakens judicial control over administrative actions. Additionally,
a significant gap was identified in the practical academic training in argumentative techniques,
negatively affecting litigation performance. It is concluded that improving the argumentative skills of
lawyers through continuous training programs, practical workshops, and doctrinal updates can
positively influence the quality of the contentious-administrative process. This research provides
theoretical and practical contributions to strengthen the practice of administrative law in Ecuador and
promotes a culture of legal reasoning that supports the constitutional principles of legality, due
process, and effective judicial protection.
Keywords: argumentative litigation, administrative law, effective judicial protection, judicial
reasoning
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Cómo citar: Apolo Maldonado, V. S., & Calopiña Calva, M. G. (2025). Impacto de la deficiente
aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la defensa de derechos en los procesos
contencioso-administrativos en la provincia de Loja. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades 6 (4), 3082 – 3102. https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4505
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3084.
INTRODUCCIÓN
En el sistema jurídico ecuatoriano, el proceso contencioso-administrativo constituye una herramienta
esencial para garantizar el control judicial sobre los actos de la Administración Pública. Esta vía
jurisdiccional permite a los ciudadanos impugnar decisiones administrativas que consideran lesivas a
sus derechos, bajo los principios de legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva consagrados en
la Constitución de la República del Ecuador. El juez contencioso-administrativo, como garante de estos
derechos, tiene la responsabilidad de emitir decisiones fundamentadas que no solo respondan a la
legalidad formal, sino también a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia sustantiva.
En este marco, la calidad de la defensa jurídica adquiere un papel protagónico. La litigación, entendida
como la técnica profesional que permite exponer argumentos jurídicos de manera lógica, coherente y
persuasiva, cumple una función estructural dentro del proceso. No se trata simplemente de citar
normas, sino de construir un discurso que articule hechos, fundamentos jurídicos, jurisprudencia y
principios constitucionales de forma sólida. Esta capacidad argumentativa del abogado no solo incide
en las posibilidades de éxito procesal, sino también en la calidad de la motivación judicial.
Sin embargo, en la práctica judicial contencioso-administrativa de la provincia de Loja se evidencia una
problemática recurrente: la deficiente aplicación de técnicas de litigación argumentativa por parte de
los abogados litigantes. Esta deficiencia se manifiesta en la redacción de escritos con escaso
desarrollo lógico, la transcripción literal de normas sin análisis jurídico, la omisión de principios
constitucionales relevantes y la ausencia de una teoría del caso bien construida. Como consecuencia,
las decisiones judiciales muchas veces carecen de motivación suficiente, se debilita el control de
legalidad sobre la actuación administrativa, y se compromete la garantía de la tutela judicial efectiva.
Este estudio se delimita a examinar dicho fenómeno en los procesos contencioso-administrativos
tramitados en la provincia de Loja, considerando tanto la percepción de los profesionales del derecho
como los efectos que esta deficiencia tiene sobre la función jurisdiccional. La litigación argumentativa,
como categoría de análisis, se aborda desde una perspectiva teórico-práctica que articula
fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica, el derecho procesal administrativo y la
jurisprudencia constitucional.
El problema que guía esta investigación se plantea en los siguientes términos: ¿cómo impacta la
deficiente aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la defensa de derechos dentro de los
procesos contencioso-administrativos en la provincia de Loja? Esta pregunta busca esclarecer si las
debilidades en la argumentación jurídica de los abogados inciden en la calidad de las sentencias
judiciales, particularmente en lo que respecta a su motivación y al cumplimiento de los principios del
debido proceso.
Derivado de lo anterior, el objetivo general de este estudio es analizar el impacto de la deficiente
aplicación de técnicas de litigación argumentativa en la defensa de derechos dentro de los procesos
contencioso-administrativos tramitados en la provincia de Loja. Como objetivos específicos se
propone: i) examinar las técnicas argumentativas utilizadas por los abogados en este tipo de procesos,
ii) evaluar la calidad de los argumentos presentados y iii) determinar cómo la debilidad argumentativa
afecta la garantía de la tutela judicial efectiva.
La relevancia de esta investigación se justifica en tres niveles. Primero, en el ámbito jurídico, permite
visibilizar un problema práctico que afecta la efectividad del control judicial sobre la Administración
Pública. Segundo, en el ámbito académico, genera aportes para el mejoramiento de la enseñanza del
derecho procesal y de la argumentación jurídica, en tanto revela falencias formativas que pueden ser
abordadas desde los programas curriculares de las facultades de derecho. Y tercero, en el ámbito
institucional, brinda elementos para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la capacitación
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continua de los operadores jurídicos, en especial en contextos donde el acceso a la justicia depende
en gran medida de la calidad del litigio.
La literatura jurídica respalda la importancia central de la argumentación en el proceso judicial. Robert
Alexy (2007), en su Teoría de la argumentación jurídica, sostiene que toda decisión judicial debe ser
producto de una argumentación racional, estructurada y sujeta a estándares de justificación interna
(coherencia lógica) y externa (respaldo normativo y constitucional). Manuel Atienza (1999) señala que
el derecho no solo debe aplicarse, sino también explicarse mediante argumentos que permitan su
interpretación racional. Michele Taruffo (2002), por su parte, destaca que la argumentación jurídica no
solo tiene una función persuasiva, sino también una función epistémica: contribuir a la transparencia
del razonamiento judicial y al control público sobre las decisiones.
Desde esta perspectiva, la presente investigación se orienta a diagnosticar las debilidades
argumentativas que prevalecen en los procesos contencioso-administrativos en Loja, con el fin de
proponer estrategias de mejora en la práctica litigante. Al hacerlo, busca contribuir al fortalecimiento
del Estado constitucional de derechos y justicia, donde el acceso a una tutela judicial efectiva no
dependa únicamente del mérito del caso, sino también de la calidad técnica con la que es presentado
ante el juez.
Preguntas de Investigación
● ¿Qué características presentan las argumentaciones utilizadas por los litigantes en Loja?
● ¿Qué elementos argumentativos están ausentes o mal empleados?
● ¿De qué forma influye esta deficiencia en la motivación judicial y en la garantía del debido
proceso?
METODOLOGÍA
Enfoque de Investigación: El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de carácter
descriptivo y analítico. Este tipo de enfoque fue pertinente para comprender la forma en que la
deficiente aplicación de técnicas de litigación argumentativa incide en la defensa de derechos dentro
del proceso contencioso-administrativo. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista
(2014), la investigación cualitativa permite analizar fenómenos complejos desde la perspectiva de los
actores, accediendo a sus experiencias, discursos e interpretaciones en contextos concretos.
La naturaleza cualitativa de la investigación se justificó en la necesidad de explorar en profundidad las
percepciones y valoraciones de profesionales del derecho sobre la calidad argumentativa en la práctica
forense contencioso-administrativa, especialmente en la provincia de Loja.
Diseño del Estudio: Se empleó un diseño no experimental, transversal y de tipo exploratorio-descriptivo.
Fue no experimental, en tanto no se manipularon variables ni se aplicaron tratamientos; transversal,
porque los datos fueron recolectados en un momento específico del tiempo; y exploratorio-descriptivo,
debido a que el objetivo del estudio fue identificar, describir y analizar patrones comunes en la
argumentación jurídica de los abogados que litigan contra la administración pública.
Participantes: Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por
conveniencia. Se entrevistó a ocho abogados con experiencia en procesos contencioso-
administrativos en la provincia de Loja, incluyendo defensores públicos y litigantes particulares. Se
buscó diversidad en cuanto a años de experiencia y tipo de causas tramitadas.
Instrumentos de Recolección de Datos: Se utilizó como técnica principal la entrevista
semiestructurada, aplicada a través de una guía de preguntas abiertas. Esta técnica fue seleccionada
por su capacidad para obtener información detallada y flexible sobre la percepción de los informantes.
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Según Flick (2015), las entrevistas cualitativas permiten indagar aspectos subjetivos complejos,
especialmente útiles para estudios que buscan interpretar prácticas profesionales como la litigación.
La guía de entrevista abordó aspectos como: uso de técnicas de argumentación jurídica, dificultades
al litigar en procesos contencioso-administrativos, valoración de la preparación profesional, influencia
de la argumentación en la motivación judicial, y sugerencias para mejorar la práctica litigante en Loja.
Procedimiento: El proceso metodológico se llevó a cabo en las siguientes fases:
● Diseño de la guía de entrevista, en función de las categorías del marco teórico y de los objetivos
del estudio.
● Selección de los participantes, con base en su experiencia profesional en litigación
contencioso-administrativa.
● Aplicación de las entrevistas, realizadas telefónicamente durante los meses de mayo, junio y
los primeros días de julio de 2025. Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 15
minutos y fueron grabadas con autorización previa.
● Codificación y organización de la información, utilizando matrices temáticas para el análisis
de las respuestas.
Durante este proceso se garantiza la confidencialidad de los informantes mediante la asignación de
códigos alfanuméricos y el resguardo seguro de la información recolectada.
Análisis de Datos: Para el tratamiento de los datos se aplicó la técnica de análisis temático cualitativo,
conforme al enfoque propuesto por Braun y Clarke (2006). Este método permite identificar y clasificar
temas recurrentes dentro de los discursos de los entrevistados, a partir de una lectura comprensiva,
codificación abierta y posterior agrupación por categorías conceptuales.
Se identificaron tres temas centrales: 1. Insuficiencia argumentativa en la práctica forense. 2.
Formación deficiente en técnicas de litigación, y 3. Relación entre argumentación jurídica y motivación
judicial.
Estos temas se analizaron a la luz del marco teórico previamente desarrollado, permitiendo una
triangulación entre teoría y práctica.
Consideraciones Éticas: El estudio respetó los principios de consentimiento informado,
confidencialidad y uso académico responsable de la información. Todos los participantes fueron
notificados del propósito de la investigación, aceptaron participar voluntariamente y fueron informados
de su derecho a retirarse en cualquier momento. No se utilizaron nombres ni datos personales que
pudieran comprometer su identidad o su entorno laboral.
DESARROLLO
La litigación como técnica jurídica especializada: definición y función
La litigación, entendida como técnica jurídica, constituye una competencia esencial del ejercicio
profesional del abogado, cuya finalidad no se limita únicamente a la representación legal de intereses,
sino que se orienta a la construcción de discursos argumentativos sólidos, lógicos y persuasivos ante
los órganos jurisdiccionales. Esta actividad profesional requiere una combinación de conocimientos
teóricos, habilidades prácticas y destrezas discursivas que le permitan al litigante presentar un caso
de manera estructurada, estratégica y jurídicamente válida.
En el marco del proceso contencioso-administrativo ecuatoriano, esta técnica jurídica adquiere una
dimensión aún más especializada, pues la finalidad de este proceso es controlar la legalidad de los
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actos administrativos que emanan del poder público. Estos actos gozan de presunción de legitimidad,
ejecutoriedad e incluso veracidad, lo cual impone al demandante, y en particular a su defensor técnico,
una carga argumentativa especialmente rigurosa. A diferencia de otros procesos, aquí el abogado no
solo debe demostrar el hecho lesivo, sino también evidenciar que el acto impugnado ha sido emitido
con vulneración a la Constitución, la ley o los principios que rigen la actuación administrativa.
Este nivel de exigencia convierte a la litigación contencioso-administrativa en una práctica jurídica de
alta complejidad. El litigante debe demostrar no solo dominio del derecho administrativo sustantivo y
procesal, sino también habilidades interpretativas, analíticas y estratégicas que le permitan construir
una línea argumentativa creíble, técnica y jurídicamente válida. Debe estar en capacidad de identificar
errores de forma y de fondo en el acto impugnado, así como de sustentar su alegato con base en
principios constitucionales, jurisprudencia relevante y normas aplicables.
En este contexto, la litigación jurídica opera como una técnica comunicativa especializada en la que el
lenguaje jurídico se convierte en herramienta principal. El abogado debe dominar las técnicas de
redacción, exposición oral, selección de pruebas, análisis lógico-jurídico y uso estratégico del
precedente judicial. Asimismo, debe anticipar y responder a los argumentos de la parte contraria y
promover una visión del caso que resulte más razonable, legítima y acorde con el sistema jurídico.
Autores como Alexy (2007) sostienen que la argumentación jurídica no es una actividad opcional del
abogado, sino una exigencia derivada del propio modelo de Estado constitucional de derecho. En este
modelo, el derecho no se aplica de forma mecánica, sino que se interpreta, se pondera y se justifica.
Por tanto, el abogado litigante debe construir argumentos que resistan el escrutinio de la lógica jurídica,
la racionalidad práctica y la legitimidad constitucional. Esta perspectiva ha sido desarrollada también
por Manuel Atienza, quien plantea que la litigación implica una práctica racional estructurada que exige
claridad, coherencia y pertinencia argumentativa.
La litigación contencioso-administrativa implica también una función de control democrático. En un
Estado constitucional, la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad y sus actos
pueden ser revisados por jueces independientes. En este sentido, el abogado que litiga en esta
jurisdicción no solo actúa en defensa de un interés individual, sino que cumple una función
institucional: contribuir a que el poder público rinda cuentas por sus actuaciones. Esta dimensión
política de la litigación se relaciona directamente con la eficacia de los mecanismos de control judicial
y con la legitimidad del sistema jurídico en su conjunto.
En la práctica ecuatoriana, sin embargo, esta exigencia técnica no siempre se cumple. Como lo revela
la investigación realizada en la provincia de Loja, muchos abogados carecen de una formación
adecuada en litigación argumentativa, lo que se traduce en demandas mal estructuradas, pobre uso de
normas constitucionales, omisión de principios sustantivos y escasa articulación de hechos con el
derecho aplicable. Esta realidad genera un doble impacto: por un lado, debilita la posición del
ciudadano frente al poder público; por otro, limita la capacidad del juez para ejercer un control efectivo
y emitir decisiones suficientemente motivadas.
Desde esta perspectiva, se concluye que la litigación contencioso-administrativa no puede entenderse
como una práctica rutinaria o meramente formalista. Se trata de una técnica jurídica especializada que
exige una preparación constante, el desarrollo de habilidades complejas y un compromiso ético con la
defensa de los derechos fundamentales. La transformación del derecho procesal ecuatoriano hacia un
modelo más garantista, como lo reflejan el COA y el COGEP, implica necesariamente una
transformación paralela en el rol del abogado litigante.
Por tanto, la litigación debe entenderse como una función central del sistema de justicia y no como un
trámite accesorio. El abogado, en su rol de litigante, actúa como interlocutor del juez, y la calidad de su
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intervención puede marcar la diferencia entre una decisión arbitraria y una resolución debidamente
motivada y respetuosa de los derechos. De ahí la importancia de profesionalizar esta actividad,
incorporar su enseñanza sistemática en las facultades de derecho y promover su práctica desde una
perspectiva ética, constitucional y técnicamente rigurosa.
Concepto y elementos de la litigación argumentativa
La litigación argumentativa constituye un componente fundamental del ejercicio jurídico moderno, en
tanto supone la capacidad del abogado de estructurar un discurso persuasivo y racional que permita
convencer al juez sobre la validez jurídica de una determinada pretensión. A diferencia de una litigación
puramente formalista o basada únicamente en la cita de normas, la litigación argumentativa implica
una práctica profesional compleja que conjuga lógica jurídica, estrategia procesal, interpretación
normativa, análisis de precedentes y aplicación de principios constitucionales.
Esta forma de litigación es inherente a un sistema procesal constitucionalizado, en el que los principios
del debido proceso, la motivación, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia requieren de una
participación activa de los abogados mediante el uso de técnicas argumentativas bien estructuradas.
En el contexto ecuatoriano, particularmente dentro del proceso contencioso-administrativo, la
necesidad de una argumentación sólida cobra especial relevancia, dado que los actos administrativos
impugnados gozan de presunción de legitimidad y deben ser desvirtuados por el demandante a través
de fundamentos claros, pertinentes y jurídicamente sustentados.
En este marco, se entiende que la litigación argumentativa no es una simple técnica de exposición oral
o escrita, sino una metodología de razonamiento jurídico que se despliega en todas las etapas del
proceso. Desde la redacción de la demanda, la formulación de alegatos, la contestación, la exposición
de pruebas hasta la interposición de recursos, el litigante debe emplear herramientas argumentativas
que articulen de manera coherente los hechos del caso, las normas aplicables, los principios
constitucionales y los criterios jurisprudenciales pertinentes.
Los elementos fundamentales que componen la litigación argumentativa pueden clasificarse en cuatro
categorías interrelacionadas:
Conocimiento normativo: Implica el dominio del ordenamiento jurídico aplicable, tanto en su dimensión
sustantiva como procesal. El abogado debe conocer la norma, pero también su interpretación
jurisprudencial y su aplicación en contextos específicos. Esto incluye no solo leyes nacionales como el
Código Orgánico Administrativo (COA) o el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), sino
también normas constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.
Identificación y relevancia de los hechos: No todos los hechos tienen la misma importancia en un
proceso judicial. La tarea del litigante consiste en seleccionar y organizar los hechos que son
jurídicamente relevantes, es decir, aquellos que tienen valor probatorio y están vinculados directamente
con la pretensión o con la defensa. Esta identificación debe construirse bajo una narrativa clara, lógica
y coherente, que permita evidenciar la vulneración de derechos o la ilegalidad del acto impugnado.
Selección de precedentes, doctrina y jurisprudencia aplicable: En un Estado constitucional como el
ecuatoriano, donde la jurisprudencia constitucional tiene carácter vinculante (art. 436.1 de la
Constitución), el uso de precedentes y criterios doctrinarios pertinentes fortalece la argumentación. El
abogado debe ser capaz de contextualizar estos elementos en su caso concreto, explicando su
aplicabilidad y relevancia para la solución del conflicto. Esta dimensión refuerza la legitimidad de los
planteamientos jurídicos y amplía las posibilidades de que el juez los considere razonables.
Articulación de un discurso persuasivo: Este es el núcleo de la litigación argumentativa. Implica
construir una línea argumentativa clara, convincente y jurídicamente fundamentada. El discurso debe
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responder a un orden lógico que vincule hechos con normas, utilizando herramientas como el
silogismo jurídico, la analogía, la interpretación sistemática, la ponderación de principios, entre otros.
Según Atienza (2013), la argumentación jurídica es una forma de razonamiento práctico que debe
cumplir con criterios de coherencia interna, consistencia lógica y razonabilidad práctica.
En Ecuador, el diseño procesal vigente exige que estas habilidades se apliquen no solo en escritos
judiciales, sino también en audiencias orales. El principio de oralidad, reforzado por el COGEP, exige
que el abogado sea capaz de exponer argumentos con claridad, responder a contraargumentos de
manera estructurada y participar activamente en un proceso dialógico ante el juez. La audiencia inicial,
la de juicio y las audiencias de apelación o casación son espacios claves donde la argumentación oral
define el rumbo del proceso.
A nivel práctico, una buena argumentación permite al juez identificar el núcleo del conflicto jurídico,
comprender las consecuencias de su decisión y construir una sentencia motivada conforme a los
principios constitucionales. Por el contrario, una argumentación deficiente, incoherente o superficial
puede dar lugar a decisiones poco fundamentadas o incluso a la pérdida de oportunidades procesales
clave.
La litigación argumentativa es, por tanto, una herramienta indispensable para garantizar la tutela
judicial efectiva. Su aplicación rigurosa eleva la calidad del debate procesal, fortalece el rol del juez
como garante de derechos y promueve un modelo de justicia centrado en la razón y la legalidad. En
procesos contencioso-administrativos, donde el litigio se dirige contra el poder público, esta forma de
litigación representa una barrera de contención frente a decisiones arbitrarias y una vía efectiva para
restablecer derechos vulnerados.
Relevancia de la litigación en el proceso contencioso-administrativo
La litigación en el proceso contencioso-administrativo constituye una herramienta esencial para
garantizar el control judicial de las actuaciones de la Administración Pública y, con ello, proteger de
manera efectiva los derechos de los administrados frente al poder estatal. Su importancia radica en
que permite que las decisiones administrativas, presuntamente legítimas por su origen institucional,
sean sometidas a un escrutinio judicial que evalúe su legalidad, razonabilidad, motivación y
compatibilidad con el orden constitucional.
A diferencia de otros ámbitos del derecho, la litigación en esta jurisdicción tiene una complejidad
adicional: se dirige contra decisiones estatales que gozan de una presunción de legalidad y veracidad,
lo que implica que el ciudadano que impugna debe desarrollar una argumentación lo suficientemente
sólida para desvirtuar dicha presunción. Por tanto, el proceso contencioso-administrativo no puede
entenderse únicamente como un procedimiento técnico, sino como un espacio donde se materializa el
principio de sujeción de la Administración a la ley y a la Constitución.
Diversos autores han subrayado esta dimensión estratégica y estructural de la litigación administrativa.
Desde la teoría de la argumentación jurídica, pensadores como Robert Alexy sostienen que el proceso
judicial no es solo un mecanismo de aplicación de normas, sino un foro deliberativo donde las razones
jurídicas deben exponerse, justificarse y ser evaluadas racionalmente. En este sentido, la calidad de la
litigación —entendida como la capacidad de construir razonamientos jurídicos claros, pertinentes y
fundamentados— influye directamente en la calidad del resultado jurisdiccional.
Asimismo, la litigación contencioso-administrativa es el vehículo mediante el cual los principios
constitucionales cobran fuerza operativa dentro del proceso. La legalidad, el debido proceso, la
seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva son principios que no solo guían la actuación de la
Administración, sino que también deben ser invocados y defendidos por los litigantes como parte de
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su estrategia argumentativa. Así, una demanda bien estructurada no solo pretende obtener un
pronunciamiento favorable, sino también contribuye a la construcción de un Estado constitucional de
derecho más transparente, controlado y garantista.
Desde una perspectiva normativa, la evolución del proceso contencioso-administrativo en Ecuador —
especialmente a partir de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional— ha reforzado la centralidad de la litigación como espacio
técnico-jurídico de confrontación entre el poder estatal y el ciudadano. El abogado ya no es un mero
transmisor de peticiones, sino un actor clave en la defensa del interés jurídico individual y colectivo,
cuyo rol demanda conocimiento normativo, habilidades discursivas, manejo de doctrina y
jurisprudencia, y dominio de técnicas de litigación efectiva.
Argumentación jurídica y control judicial
La argumentación jurídica constituye una herramienta indispensable en la labor de control judicial,
especialmente dentro del proceso contencioso-administrativo. En este contexto, el papel de los
litigantes no se limita a presentar alegaciones formales, sino que exige la construcción de un discurso
jurídico racional, coherente y persuasivo que permita al juez evaluar la legitimidad del acto
administrativo impugnado.
Robert Alexy, en su obra Teoría de la argumentación jurídica, plantea que la argumentación jurídica es
una forma particular de argumentación práctica, orientada a resolver conflictos normativos mediante
el uso de razones justificadas y estructuradas. A diferencia de otros tipos de discurso, el discurso
jurídico está regido por una pretensión de corrección, lo que implica que las decisiones jurídicas deben
ser justificadas conforme a principios racionales, jurídicos y éticos.
Alexy distingue dos dimensiones clave en la justificación de las decisiones judiciales: la justificación
interna y la justificación externa. La justificación interna hace referencia a la consistencia lógica de la
decisión, que generalmente adopta la forma de un silogismo jurídico en el que se subsumen los hechos
bajo una norma aplicable. Sin embargo, esta estructura deductiva, por sí sola, no es suficiente para
legitimar una decisión judicial. Por ello, Alexy introduce la justificación externa, que incorpora los
elementos interpretativos, valorativos y contextuales necesarios para que la decisión no solo sea
formalmente correcta, sino también razonable y legítima dentro del sistema jurídico.
En el ámbito contencioso-administrativo, esta teoría adquiere una especial relevancia. El control judicial
de los actos administrativos no se limita a verificar la legalidad en abstracto, sino que requiere evaluar
la proporcionalidad, razonabilidad y motivación de las decisiones de la Administración Pública. Para
ello, los litigantes deben presentar argumentos jurídicos que no solo interpreten adecuadamente las
normas legales aplicables, sino que también las contrasten con principios constitucionales
fundamentales, tales como la legalidad, la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial
efectiva.
Una argumentación robusta en este ámbito debe cumplir, por tanto, con varios niveles de análisis. En
primer lugar, debe mostrar que el acto administrativo impugnado carece de fundamento normativo
válido o que se ha aplicado indebidamente la norma. En segundo lugar, debe evidenciar que la
actuación administrativa ha vulnerado derechos fundamentales o ha ignorado principios
constitucionales rectores del procedimiento administrativo. Y finalmente, debe persuadir al juez de que
la reparación de esa vulneración es procedente en virtud del marco jurídico vigente.
Este enfoque integrador de la argumentación jurídica permite al juzgador no solo aplicar la ley, sino
también ejercer un control sustantivo del poder público. De acuerdo con Alexy, la racionalidad jurídica
implica que toda decisión estatal debe ser susceptible de ser justificada ante una comunidad jurídica
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racional. Esto es especialmente importante en el proceso contencioso-administrativo, donde el juez no
actúa como un mero aplicador mecánico de normas, sino como un intérprete crítico que debe ponderar
derechos, principios y normas para emitir decisiones que resistan el escrutinio público.
Principios del proceso contencioso-administrativo
El proceso contencioso-administrativo se encuentra estructurado sobre un conjunto de principios
fundamentales que no solo orientan su desarrollo formal, sino que aseguran su coherencia con los
postulados del Estado constitucional de derechos y justicia. Estos principios cumplen una función vital
en tanto garantizan que el control judicial de los actos administrativos no se reduzca a un trámite
formalista, sino que constituya un verdadero medio de defensa frente al ejercicio irregular o arbitrario
del poder público.
La doctrina ha subrayado la importancia de estos principios para dotar al proceso contencioso-
administrativo de un carácter garantista. Roxana Jiménez Vargas-Machuca, en su estudio sobre los
principios del proceso contencioso-administrativo, destaca que este tipo de procedimiento está regido
por normas estructurales que aseguran la vigencia del debido proceso y la protección efectiva de los
derechos de los administrados. Entre estos principios se encuentran la igualdad procesal, que
garantiza que tanto la Administración como el ciudadano litigante cuenten con las mismas
oportunidades procesales sin privilegios institucionales; la tutela jurisdiccional efectiva, que impone al
juez el deber de conocer, tramitar y resolver de manera motivada los reclamos ciudadanos; y la
legalidad, que actúa como límite material y formal de la actuación administrativa, exigiendo que toda
decisión estatal esté sujeta al marco normativo vigente.
Este cuerpo de principios ha sido desarrollado también por autores como Ramón Huapaya y Óscar
Alejos Guzmán, quienes sostienen que el proceso contencioso-administrativo no puede entenderse al
margen de los principios generales del derecho procesal. En su obra El proceso contencioso-
administrativo, los autores sostienen que este tipo de litigio adopta técnicas propias del proceso
jurisdiccional, incluyendo no solo la estructura de contradicción entre partes, sino también principios
como la integración procesal, mediante la cual se colman lagunas normativas aplicando
supletoriamente reglas del proceso civil o general; el favorecimiento del proceso, que obliga a
privilegiar la resolución del fondo del conflicto sobre los formalismos procedimentales; y la suplencia
de oficio, que habilita al juez a intervenir activamente para garantizar la corrección jurídica del proceso,
aun cuando las partes omitan aspectos relevantes.
La finalidad de estos principios no se limita a ordenar el desarrollo del juicio, sino que busca asegurar
una verdadera justicia material en el ámbito administrativo. En otras palabras, su aplicación permite
que el juez contencioso-administrativo no sea un operador pasivo, sino un garante del respeto a los
derechos fundamentales, capaz de ejercer un control riguroso sobre la legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de los actos de la Administración Pública.
Estos principios también se proyectan sobre la conducta de las partes procesales. Exigen del abogado
litigante una actuación técnica, respetuosa de los principios del proceso y orientada a contribuir a un
debate jurídico de calidad. De igual manera, comprometen al juez a dictar sentencias motivadas,
respetuosas de la equidad y fundamentadas tanto en normas como en principios, de manera que se
garantice no solo la legalidad formal, sino la justicia sustancial de la decisión.
Evolución normativa y rol del abogado
José Gabriel Terán Naranjo, en su artículo "El proceso contencioso administrativo en Ecuador: una
aproximación didáctica", realiza un análisis detallado sobre las fases que componen el proceso
contencioso-administrativo en el contexto jurídico ecuatoriano. Su estudio aborda desde la
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3092.
presentación de la demanda inicial —mediante la cual el administrado impugna un acto presuntamente
ilegítimo de la Administración Pública— hasta la interposición del recurso extraordinario de casación
ante la Corte Nacional de Justicia, cuando se busca un pronunciamiento definitivo que unifique la
jurisprudencia o corrija errores sustanciales en la aplicación del derecho. A lo largo de estas fases,
Terán Naranjo pone especial énfasis en el rol activo que deben desempeñar los abogados, quienes no
pueden limitarse a presentar hechos o citar normas, sino que deben construir una teoría del caso
técnicamente sólida que identifique con claridad los vicios jurídicos que afectan al acto administrativo
cuestionado.
El autor señala que, dado que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, la carga
argumentativa recae en el actor procesal, quien debe alegar, razonar y acreditar que el acto impugnado
incurre en causales de nulidad, ya sea por incompetencia, vicios de procedimiento, ausencia de
motivación, desviación de poder o vulneración de principios constitucionales como la legalidad o la
proporcionalidad. En este contexto, la eficacia de la litigación no depende exclusivamente del
conocimiento normativo, sino de la capacidad del abogado para desarrollar una argumentación jurídica
persuasiva, coherente y contextualizada, que permita al juzgador desvirtuar la validez formal del acto
administrativo y, eventualmente, declarar su nulidad.
La litigación contencioso-administrativa, por tanto, se convierte en un instrumento crucial para el
ejercicio del control judicial sobre el actuar estatal. No se trata únicamente de impugnar decisiones,
sino de contribuir a que la Administración Pública opere bajo los límites que impone el ordenamiento
jurídico y constitucional. Este tipo de litigación es, además, una herramienta que permite materializar
derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actuaciones arbitrarias, irrazonables o
desproporcionadas del poder público. A través de ella se protege el principio de legalidad, se garantiza
el debido proceso y se promueve la rendición de cuentas por parte de la Administración.
En ese marco, la argumentación jurídica cumple una función estructural. No basta con afirmar que un
acto es ilegítimo: se requiere demostrarlo mediante la exposición de hechos claros, la aplicación
razonada de normas pertinentes, y la invocación adecuada de principios constitucionales y procesales.
Solo a través de esta técnica argumentativa rigurosa es posible construir una pretensión procesal
capaz de generar convicción en el juez y de lograr un pronunciamiento que repare derechos vulnerados
o restablezca la legalidad en el ámbito administrativo.
En suma, la litigación en el proceso contencioso-administrativo no es un simple mecanismo formal,
sino una expresión concreta del equilibrio entre el poder público y el ciudadano, donde el abogado
asume un rol determinante como defensor de la legalidad, intérprete del orden jurídico y promotor del
respeto al Estado de derecho. La calidad del litigio, entonces, incide directamente en la efectividad del
control judicial y en la consolidación de un sistema democrático basado en la sujeción de la
Administración a la ley y a la Constitución.
Impacto de la argumentación en la tutela judicial efectiva
La Constitución del Ecuador, en su artículo 76 numeral 7 letra l), exige que las decisiones judiciales
sean debidamente motivadas, lo que constituye un principio fundamental en el derecho administrativo
y en el proceso contencioso-administrativo. La motivación de las decisiones judiciales tiene una doble
finalidad: primero, asegurar que las decisiones estén fundamentadas en razonamientos jurídicos
claros, y segundo, garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes involucradas. La
calidad de dicha motivación, sin embargo, depende en gran medida de la argumentación presentada
por las partes procesales. Es a través de una argumentación sólida y bien estructurada que las partes
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3093.
pueden presentar sus puntos de vista y que el juez podrá comprender las razones que sustentan cada
posición, lo que facilita la emisión de decisiones bien fundamentadas.
En el ámbito contencioso-administrativo, donde se impugnan actos administrativos o decisiones de la
Administración Pública, la argumentación adquiere un papel crucial. Los actos administrativos, por
regla general, gozan de una presunción de legitimidad, lo que implica que el particular debe presentar
argumentos jurídicos sólidos para demostrar que dichos actos son ilegales, arbitrarios o violatorios de
derechos. La argumentación jurídica permite a los litigantes desafiar los actos administrativos de
manera efectiva, contrastando éstos con los principios constitucionales como la legalidad, la seguridad
jurídica, la proporcionalidad y el debido proceso.
Como señala Robert Alexy en su obra Teoría de la argumentación jurídica, toda argumentación jurídica
debe estar basada en principios que garanticen una justificación razonada y no arbitraria. En el caso
de los actos administrativos impugnados, la argumentación debe demostrar que estos actos vulneran
las normas del ordenamiento jurídico, desbordando los límites establecidos para la acción
administrativa. Por lo tanto, la argumentación es esencial no solo para que el juez pueda entender los
fundamentos de cada posición, sino también para garantizar que la decisión final esté adecuadamente
motivada y sea coherente con el derecho aplicable.
En el contexto del derecho administrativo, el principio de tutela judicial efectiva implica que las partes
involucradas en un proceso contencioso-administrativo deben poder comprender las razones de la
decisión judicial, y que estas razones sean claras y transparentes. Según Carlos Sánchez Vázquez, en
su obra El Derecho Constitucional y la Defensa Judicial, el derecho a la defensa incluye el derecho a
recibir una respuesta debidamente motivada. En este caso, la motivación de las decisiones judiciales
debe estar sustentada en una argumentación sólida que permita no solo la resolución de la
controversia, sino también el ejercicio adecuado del derecho a la defensa y el derecho a impugnar.
En cuanto a los principios del proceso contencioso-administrativo, el derecho a la tutela judicial
efectiva se vincula estrechamente con el derecho a que las decisiones judiciales sean claras y
comprendidas por todas las partes. Luis López Guerra, en El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva: La
Motivación de las Sentencias en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, señala que la
motivación de las decisiones judiciales es esencial para asegurar la transparencia y la legitimidad del
sistema judicial. En el contexto contencioso-administrativo, esto implica que, al impugnar un acto
administrativo, el juez debe proporcionar una justificación clara de por qué acepta o rechaza los
argumentos planteados por las partes, asegurando que la decisión no esté basada en criterios
arbitrarios o infundados.
Ramón Huapaya y Óscar Alejos Guzmán, en su obra El proceso contencioso-administrativo, subrayan
que la calidad de la motivación judicial es crucial para el debido proceso en el ámbito administrativo.
Una motivación insuficiente o vaga puede obstaculizar la comprensión de las partes sobre la decisión
y, por lo tanto, limitar su capacidad para impugnar correctamente. Esto afecta directamente el ejercicio
de sus derechos y, en última instancia, compromete la efectividad del sistema judicial.
La motivación judicial y su relación con la calidad argumentativa de las partes:
En el proceso contencioso-administrativo: la motivación judicial está estrechamente vinculada con la
calidad de los argumentos presentados por las partes procesales. No se trata únicamente de una
formalidad, sino de un elemento estructural que asegura el respeto al debido proceso, la transparencia
del sistema de justicia y la legitimidad de las resoluciones judiciales.
Una demanda que carece de un desarrollo argumentativo adecuado —es decir, que no contextualiza
los hechos, no relaciona las normas con el caso concreto y no invoca principios constitucionales
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3094.
relevantes— limita significativamente la posibilidad del juez de emitir una sentencia clara, coherente y
debidamente fundamentada. La ausencia de una argumentación técnica y sustantiva impide que el
juzgador pueda realizar una valoración integral del conflicto, afectando así la calidad de la resolución
judicial y debilitando el derecho a la tutela judicial efectiva.
El artículo 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República del Ecuador establece que toda
resolución de autoridad competente debe estar debidamente motivada, lo que implica que debe
expresar de forma razonada y suficiente las normas jurídicas, los hechos probados y los criterios
valorativos empleados para llegar a una conclusión. Este mandato constitucional no recae únicamente
en el juez, sino que requiere un insumo argumentativo adecuado proporcionado por las partes.
En este sentido, la motivación judicial no solo es un deber del juzgador, sino también una consecuencia
directa del material jurídico y fáctico que los abogados introducen al proceso. Cuando los litigantes
estructuran sus demandas con razonamientos jurídicos sólidos, bien articulados y sustentados en la
normativa vigente, la jurisprudencia aplicable y los principios constitucionales, se le otorga al juez una
base suficiente para elaborar una sentencia que cumpla con los estándares de racionalidad, legalidad
y legitimidad.
Además, una adecuada argumentación procesal promueve la deliberación judicial, refuerza la
independencia de la función jurisdiccional y permite un control efectivo de la ciudadanía sobre el
sistema de justicia. En suma, la relación entre la motivación judicial y la calidad argumentativa de las
partes es bidireccional y determinante: a mejores argumentos, mayor solidez y transparencia en la
decisión judicial.
Formación profesional en técnicas de argumentación jurídica
Una de las causas estructurales que explican la debilidad argumentativa evidenciada en muchos
procesos contencioso-administrativos en Ecuador radica en la deficiente formación profesional que
reciben los futuros abogados durante su etapa universitaria. Aunque las mallas curriculares de las
facultades de derecho incluyen asignaturas como Derecho Procesal, Teoría del Derecho o incluso
Introducción a la Argumentación Jurídica, en la práctica estos contenidos suelen ser impartidos desde
un enfoque eminentemente teórico, desprovisto de ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes
desarrollar habilidades reales para el litigio argumentativo.
Esta carencia formativa produce un desfase entre el conocimiento doctrinario adquirido y la capacidad
efectiva para aplicarlo en contextos procesales reales. Los estudiantes egresan con un bagaje
conceptual básico, pero sin dominio de herramientas que les permitan construir una teoría del caso,
redactar escritos con solidez argumentativa o sostener razonamientos jurídicos coherentes ante un
juez. La consecuencia directa es que, ya en el ejercicio profesional, muchos abogados replican
prácticas deficientes como la copia literal de artículos legales, el uso mecánico de formularios o la
omisión de principios constitucionales relevantes, lo cual afecta gravemente la calidad del debate
procesal.
Autores como Manuel Atienza han insistido en que el razonamiento jurídico no es únicamente una
habilidad académica, sino una competencia profesional que debe ser entrenada sistemáticamente
desde la universidad. En este sentido, proponen la incorporación de talleres obligatorios de
argumentación práctica jurídica, donde se enseñe al estudiante a construir argumentos válidos,
identificar y refutar falacias, aplicar correctamente principios constitucionales y jurisprudencia, así
como redactar y presentar escritos jurídicos estructurados.
La formación en técnicas de litigación argumentativa debería estar acompañada de metodologías
activas como simulaciones de juicio, análisis de casos reales, debates jurídicos y clínicas jurídicas
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3095.
universitarias. Estas herramientas permiten al estudiante enfrentarse a problemas jurídicos concretos,
tomar decisiones estratégicas y experimentar el proceso de deliberación jurídica en condiciones
similares a la práctica profesional.
Asimismo, se requiere una revisión crítica de los métodos de evaluación tradicionales en las facultades
de derecho, que muchas veces privilegian la memorización normativa por sobre el análisis crítico y
argumentativo. Para superar estas limitaciones, resulta indispensable que las universidades
ecuatorianas adopten un enfoque pedagógico centrado en competencias, orientado a desarrollar
destrezas discursivas, capacidad de persuasión jurídica y pensamiento jurídico estructurado.
Fortalecer la formación argumentativa desde las aulas no solo mejora el desempeño de los litigantes,
sino que contribuye directamente al fortalecimiento del sistema de justicia. Una abogacía
técnicamente preparada puede elevar la calidad de los procesos contencioso-administrativos, facilitar
la labor del juez y garantizar una tutela judicial efectiva basada en decisiones racionales,
fundamentadas y respetuosas del marco constitucional.
Principios constitucionales como eje estructural de la argumentación administrativa
La argumentación jurídica en el ámbito del derecho administrativo, especialmente en los procesos
contencioso-administrativos, debe estar firmemente anclada en los principios constitucionales que
rigen el ejercicio del poder público. Litigar contra actos administrativos no puede reducirse a una
discusión meramente normativa o procedimental, sino que exige un enfoque argumentativo que
incorpore el análisis sustantivo de los valores, derechos y principios fundamentales consagrados en la
Constitución de la República del Ecuador.
Entre estos principios, destacan el debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la seguridad
jurídica, que constituyen pilares del Estado constitucional de derechos y justicia. Estos principios no
solo orientan el contenido y la validez de los actos administrativos emitidos por la Administración
Pública, sino que además deben constituir el eje estructurador de toda argumentación jurídica dirigida
a impugnar tales actos. En otras palabras, no basta con señalar que una resolución administrativa
infringe una norma; es imprescindible demostrar cómo dicha resolución contradice los principios que
protegen los derechos de los ciudadanos y estructuran la actuación estatal.
La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en múltiples fallos que los principios constitucionales
son parámetros de control normativo y fáctico del actuar público. En este sentido, no son simples
normas programáticas, sino criterios interpretativos vinculantes que permiten evaluar la legitimidad,
racionalidad y razonabilidad de la actuación administrativa. Así, por ejemplo, el principio de legalidad
no solo exige que los actos administrativos tengan un fundamento normativo, sino que este
fundamento sea válido, vigente y aplicable al caso concreto. De igual manera, el principio de
proporcionalidad impone que la medida adoptada por la administración sea idónea, necesaria y
equilibrada en relación con el fin público que se persigue.
En consecuencia, una demanda contencioso-administrativa debe articular su argumentación alrededor
de estos principios. Esto implica que el abogado debe demostrar, con razonamientos claros y
técnicamente estructurados, que el acto administrativo impugnado vulnera no solo normas legales
específicas, sino también principios que forman parte del bloque de constitucionalidad. El principio del
debido proceso, por ejemplo, puede invocarse no solo cuando se ha omitido una notificación, sino
también cuando se evidencia una actuación arbitraria, sin motivación suficiente, o sin respetar el
derecho a la defensa del administrado.
Además, la incorporación de estos principios en los escritos procesales permite al juez realizar un
análisis más profundo sobre la validez del acto administrativo y la adecuación de su contenido al marco
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constitucional. En este sentido, la argumentación con principios constitucionales deja de ser una
opción retórica o decorativa, y se convierte en una exigencia esencial para activar el control de
constitucionalidad de las actuaciones estatales.
No integrar estos principios en el razonamiento jurídico supone desaprovechar una herramienta
fundamental de persuasión jurídica. En cambio, al estructurar los argumentos sobre la base de estos
principios, el abogado no solo fortalece su posición procesal, sino que también contribuye al
fortalecimiento del Estado de derecho, al exigir que las actuaciones de la Administración Pública estén
sometidas a parámetros de justicia material, equidad y respeto a los derechos fundamentales.
Derecho comparado
En el ámbito del derecho comparado, varios países han desarrollado modelos avanzados de litigación
administrativa, los cuales se basan en la argumentación robusta y en principios constitucionales
fundamentales. Países como España, Chile y Colombia han establecido marcos jurídicos que
promueven la calidad de la argumentación en los procesos contencioso-administrativos, reflejando las
mejores prácticas en la litigación administrativa y garantizando la tutela judicial efectiva.
España
España ha sido un referente en cuanto a la motivación judicial. La jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español ha establecido parámetros claros sobre la obligación de motivar las decisiones
judiciales de forma exhaustiva. Según el Tribunal Constitucional de España, toda sentencia debe
responder a los argumentos esenciales planteados por las partes, lo que implica que el juez debe
abordar todos los puntos relevantes del caso, no solo los argumentos que le favorecen.
En este sentido, la motivación de la sentencia no puede ser superficial ni ambigua; debe ser lo
suficientemente clara y detallada como para que las partes comprendan las razones que llevaron a la
decisión final. Este enfoque ha sido respaldado por diversos fallos del Tribunal, destacando la
necesidad de que la motivación no se limite a citar normas jurídicas, sino que las interprete y las
relacionen con los hechos concretos del caso. Así, la argumentación judicial en España se caracteriza
por un alto nivel de precisión, buscando garantizar la transparencia y la eficacia del control judicial de
los actos administrativos.
Chile
Por otro lado, Chile ha implementado un modelo de control jurisdiccional de los actos administrativos
que pone un énfasis particular en la oralidad y en el uso de principios constitucionales. El sistema
judicial chileno ha adoptado un enfoque que promueve la oralidad como un medio para fortalecer la
argumentación en los litigios administrativos. En el contexto de los juicios contencioso-
administrativos, la oralidad permite una interacción directa entre las partes y el juez, favoreciendo la
exposición clara y dinámica de los argumentos, lo que facilita su comprensión y evaluación.
En Chile, la Corte Suprema y la Corte Constitucional han destacado la importancia de que las decisiones
administrativas sean revisadas no solo a la luz de las normas específicas que regulan la actuación
administrativa, sino también conforme a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad,
y debido proceso. Este modelo busca garantizar que las decisiones de la Administración no solo sean
legales, sino también que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Colombia
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3097.
En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia rica y detallada sobre la
argumentación judicial en el ámbito administrativo. La Corte ha insistido en que las decisiones
judiciales deben ser comprensibles, suficientes y basadas en razones jurídicas claras.
En particular, ha subrayado que la motivación de las decisiones debe ser un proceso que refleje una
interpretación adecuada del derecho y una evaluación exhaustiva de los hechos. La Corte ha
argumentado que una decisión judicial sin una motivación clara puede generar inseguridad jurídica y
vulnerar el derecho de las partes a comprender por qué se adoptó una resolución en su caso. En
Colombia, la jurisprudencia constitucional también ha destacado la importancia de que el juez no se
limite a aplicar el derecho de manera formalista, sino que sea capaz de articular una justificación
coherente que integre tanto las normas legales como los principios constitucionales fundamentales,
como la dignidad humana, el debido proceso y la igualdad.
RESULTADOS
Presentación de los Datos: Las entrevistas realizadas a ocho profesionales del derecho con experiencia
en procesos contencioso-administrativos en Loja permitieron identificar percepciones comunes sobre
las debilidades argumentativas en la práctica forense. A través del análisis temático cualitativo, se
establecieron tres grandes categorías: formación profesional deficiente, debilidad argumentativa en la
litigación, y escasa articulación entre argumentación y motivación judicial. Estas categorías se agrupan
a su vez en subtemas que se desarrollan a continuación, con un enfoque comparativo entre los
hallazgos empíricos y el marco teórico.
Categorización y Temas
A través del análisis temático, se identificaron tres categorías principales:
Formación profesional deficiente: Una de las categorías más mencionadas por los entrevistados fue
la falta de preparación práctica en las facultades de derecho. La mayoría señaló que su formación
universitaria fue excesivamente teórica, sin énfasis en técnicas argumentativas, redacción jurídica o
simulación de audiencias. Esta percepción es coherente con lo que plantea Manuel Atienza (2013),
quien sostiene que los sistemas jurídicos latinoamericanos han priorizado la memorización normativa
sobre el desarrollo de habilidades críticas y argumentativas. Además, autores como Esser (2020) y
Flick (2015) advierten que la calidad de la argumentación jurídica está directamente relacionada con
la metodología empleada en la formación del abogado. En ese sentido, la ausencia de espacios como
clínicas jurídicas o juicios simulados impide al futuro litigante consolidar una cultura jurídica centrada
en la argumentación. “En la universidad no nos enseñaron cómo se litiga de verdad. Aprendí en el
camino y con errores.” (A1).
Debilidad argumentativa en la práctica litigante: La segunda categoría gira en torno a la insuficiencia
técnica de los escritos judiciales, especialmente las demandas contencioso-administrativas. Los
entrevistados coincidieron en que muchas demandas reproducen textos normativos sin
contextualización, análisis ni referencia a principios o precedentes. Esta deficiencia, según Robert
Alexy (2007), vulnera el principio de justificación racional, que exige no solo coherencia interna, sino
también una fundamentación externa basada en normas válidas y principios constitucionales.
“Muchos colegas solo copian artículos del COA o de la Constitución, pero no los explican ni los vinculan
con el caso concreto.” (C3). Esta observación empírica también se alinea con Taruffo (2002), quien
destaca que los vacíos de razonamiento y la falta de narrativa jurídica afectan no solo la calidad de la
sentencia, sino también la legitimidad del sistema judicial. La escasa argumentación impide al juez
ejercer un control efectivo del acto administrativo y limita la producción de resoluciones
verdaderamente motivadas.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3098.
Relación con la motivación judicial: Otro hallazgo significativo fue la percepción compartida por varios
informantes sobre la relación directa entre una demanda bien argumentada y una sentencia mejor
motivada. Esta afirmación se conecta con el criterio jurisprudencial ecuatoriano y con lo señalado por
autores como Braun y Clarke (2006), quienes sostienen que un discurso jurídico estructurado facilita
la toma de decisiones judiciales claras y razonadas.
Resumen de los Participantes Entrevistados
A continuación, se presenta una breve caracterización de los ocho abogados entrevistados:
Entrevistado 1 (A1): Abogado con 10 años de experiencia, ejerce en libre práctica. Litiga principalmente
contra GADs. Enfatizó la falta de formación universitaria práctica.
Entrevistado 2 (B2): Defensor público, con 6 años de experiencia. Indicó que las cargas laborales
impiden una adecuada preparación de argumentos.
Entrevistado 3 (C3): Abogada joven con 3 años de ejercicio. Mencionó que muchos abogados copian
textos normativos sin vincularlos al caso.
Entrevistado 4 (D4): Abogado con 12 años de experiencia, con formación de posgrado. Indicó que la
jurisprudencia es poco utilizada por los litigantes.
Entrevistado 5 (E5): Exprocurador judicial institucional. Criticó la ausencia de principios
constitucionales en las demandas.
Entrevistado 6 (F6): Litigante senior con 15 años de experiencia. Señaló que una buena argumentación
motiva una sentencia sólida.
Entrevistado 7 (G7): Abogado en formación de maestría. Observó que los juicios contencioso-
administrativos se ven como “de menor importancia”.
Entrevistado 8 (H8): Abogado litigante y docente. Afirmó que las universidades no están formando
abogados para litigar con técnica.
Citas de los Participantes
“Muchos colegas solo copian artículos del COA o de la Constitución, pero no los explican ni los
vinculan con el caso concreto” (Entrevistado 3).
“En la universidad no nos enseñaron cómo se litiga de verdad. Aprendí en el camino y con
errores” (Entrevistado 1).
“He notado que cuando presentó argumentos bien desarrollados, el juez se esfuerza más en
fundamentar su sentencia” (Entrevistado 6).
Tabla 1
Frecuencia de percepciones identificadas en las entrevistas
Categoría Descripción breve Menciones
frecuentes
Insuficiencia argumentativa Copia literal de normas sin análisis 7/8
Deficiencia en formación
práctica
Formación universitaria teórica, sin enfoque en
litigación real
6/8
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3099.
Influencia en la motivación
judicial
Mejor argumentación conduce a mejor calidad
de sentencias
5/8
Ausencia de principios
constitucionales
Las demandas rara vez invocan legalidad,
proporcionalidad o debido proceso
5/8
Copia literal de normas sin
análisis
Reproducción de artículos sin contextualización
ni crítica jurídica
4/8
Tabla 2
Principales obstáculos identificados por los abogados
Obstáculo identificado Ejemplo de mención Nº de
participantes
Formación deficiente en
argumentación jurídica
Nunca me enseñaron a desarrollar un
razonamiento jurídico sólido.” (E8)
6
Falta de tiempo y carga laboral
excesiva
Los juicios se preparan muy rápido, sin
espacio para elaborar argumentos.” (B2)
4
Inexperiencia en litigios
administrativos
No todos los abogados han llevado casos
ante lo contencioso.” (G7)
3
Poca cultura de actualización
doctrinaria
No leemos autores ni jurisprudencia actual. 4
Tabla 3
Propuestas de mejora planteadas por los entrevistados
Propuesta sugerida Descripción Nº de
menciones
Mayor práctica en formación
universitaria
Clínicas jurídicas, simulaciones y casos
reales
6
Cursos de actualización para
abogados litigantes
Capacitaciones continuas en técnicas
argumentativas
5
Guías o modelos de demandas Ejemplos estructurados que puedan
servir de referencia
3
Promoción del análisis de
jurisprudencia
Lectura crítica de fallos relevantes 4
DISCUSIÓN
Interpretación de los Resultados
Los hallazgos obtenidos en este estudio cualitativo coinciden con lo expuesto por autores como Robert
Alexy, Manuel Atienza y Michele Taruffo, quienes afirman que la argumentación jurídica cumple un rol
decisivo en la legitimidad y racionalidad de las decisiones judiciales. La identificación de la
insuficiencia argumentativa como principal debilidad en las demandas contencioso-administrativas
corrobora que el problema no radica únicamente en el contenido normativo, sino en la forma en que
este es articulado, interpretado y contextualizado en cada caso concreto.
Los entrevistados resaltaron que la redacción deficiente, la falta de referencia a principios
constitucionales y la ausencia de análisis doctrinal o jurisprudencial son prácticas comunes, lo cual
coincide con lo que plantea Taruffo al referirse a los vacíos de razonamiento que afectan la legitimidad
de las decisiones judiciales. Asimismo, la relación directa entre una argumentación sólida y una
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3100.
motivación judicial de calidad refuerza el marco teórico planteado por Alexy sobre la necesidad de una
justificación racional tanto interna como externa en las resoluciones judiciales.
Implicaciones
En el plano teórico, los resultados refuerzan la necesidad de comprender la litigación como una técnica
jurídica especializada que trasciende la simple cita de normas. En el plano práctico, evidencian la
urgencia de mejorar la preparación técnica de los abogados en argumentación jurídica, lo cual incidirá
directamente en la calidad de las decisiones judiciales, fortaleciendo así la tutela judicial efectiva.
También se sugiere que los jueces reconozcan y valoren los argumentos bien construidos como
elementos que exigen una motivación judicial más cuidadosa y profunda, fomentando un círculo
virtuoso entre el litigante y el juzgador, en línea con un Estado constitucional de derechos y justicia.
Limitaciones
Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el número reducido de participantes (ocho
abogados) y su concentración geográfica en la provincia de Loja, lo cual limita la generalización de los
resultados a otros contextos nacionales. Asimismo, al basarse en percepciones subjetivas, el estudio
no busca establecer verdades absolutas, sino aportar una aproximación cualitativa a la problemática
analizada.
Además, el hecho de que no se analizaron expedientes judiciales limita el cruce entre la percepción
profesional y la evidencia documental de la calidad argumentativa en la práctica real.
Recomendaciones
Realizar estudios similares en otras provincias para detectar patrones comunes o divergencias
regionales en la práctica argumentativa.
Incluir el análisis de expedientes reales y sentencias, como complemento a la investigación cualitativa
basada en entrevistas.
Incorporar prácticas de litigación argumentativa en la malla curricular universitaria, a través de
simulaciones, juicios orales, talleres de escritura jurídica y clínicas legales.
Diseñar programas de formación continua y actualización profesional enfocados en litigación
contencioso-administrativa, promovidos por colegios de abogados y universidades.
Elaborar guías prácticas o modelos de demandas que sirvan de referencia para la mejora de la técnica
argumentativa y la estructuración del discurso jurídico.
CONCLUSIONES
La investigación evidenció que la calidad de la argumentación jurídica en los procesos contencioso-
administrativos incide directamente en la motivación judicial de las sentencias. Los entrevistados
coincidieron en que demandas mal estructuradas, carentes de análisis normativo y sin vinculación con
los hechos, dificultan una resolución debidamente motivada.
Uno de los hallazgos centrales fue la insuficiencia argumentativa en los escritos procesales,
especialmente en demandas presentadas por abogados sin especialización en derecho público. Se
identificó el uso frecuente de transcripciones normativas sin explicación, interpretación ni aplicación
contextualizada al caso concreto.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3101.
Los profesionales entrevistados manifestaron que esta debilidad argumentativa está relacionada con
una formación universitaria deficiente en técnicas de litigación y argumentación jurídica. La ausencia
de entrenamiento práctico en redacción de escritos, desarrollo de teoría del caso y exposición oral fue
señalada como una limitación común en su formación profesional.
Otro hallazgo relevante fue la escasa invocación y aplicación de principios constitucionales y
jurisprudencia en la litigación contencioso-administrativa. Esta omisión disminuye la solidez del
argumento jurídico y limita el control judicial sobre actos administrativos que afectan derechos
fundamentales.
Los resultados empíricos coinciden con los planteamientos de autores como Alexy, Atienza y Taruffo,
quienes sostienen que la argumentación no es solo una herramienta técnica, sino un elemento
estructural para garantizar decisiones racionales, legítimas y acordes al Estado constitucional de
derecho.
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