LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3398.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4520
Análisis jurídico y comparado del principio de legalidad en la
actuación administrativa: Artículo 31 del Código Orgánico
Administrativo
Legal and comparative analysis of the principle of legality in administrative
action: Article 31 of the Organic Administrative Code
Andrade Cedeño Isela Issadora
isela.andrade@unl.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6486-5765
Universidad Nacional de Loja
Manabí – Ecuador
Rolando Johnatan Macas Saritama
rolando.macas@unl.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-9018-5421
Universidad Nacional de Loja
Loja – Ecuador
Artículo recibido: 04 de junio de 2025. Aceptado para publicación: día mes 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El derecho administrativo en nuestro país se encuentra relacionado estrictamente con la norma
constitucional, haciendo énfasis en la aplicación del principio de legalidad de los preceptos del Código
Orgánico Administrativo, resulta un reto al momento de querer aplicar el principio de legalidad
correctamente, siempre previniendo que no sean vulnerados los derechos de los ciudadanos por parte
de los órganos del sector público que realizan sus funciones de conformidad al aparataje judicial. En
base a esta situación, el presente artículo estudia cómo se aplica el principio de legalidad en
legislaciones de Colombia y España, de manera que puedan incentivar a mejorar el tratamiento de
este principio en las actuaciones administrativas. En la presente investigación se utilizó como
métodos de investigación científico, histórico-lógico, analítico-sintético y comparativo, la
investigación tuvo un enfoque cualitativo y se aplicó la técnica de la entrevista y la revisión de
documental. Además, se obtuvo como resultado una observación directa a la operatividad del
principio de legalidad en las entrevistas realizadas, así como una revisión el derecho comparado que
ayude a mejorar el tratamiento de este principio en los actos administrativos enmarcados en la
legislación ecuatoriana.
Palabras clave: principio de legalidad, buena administración pública, debido proceso,
seguridad jurídica
Abstract
The administrative law in our country is closed to related the constitutional norms, with emphasis in
the principle of legality. Considering that code Organic Administrative has not been for long time, this
principle correct a playing remains a challenge, that citizens’ rights always ensuring are not violated.
This situation has affected the public sector bodies ways and perform their duties, as well as the
judicial systems functioning. Based in this context, this article examines the legality of principle is
applied of the Colombian and Spain legislation, with aim of the encoring improvements, how
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addressed in this principle is administrative actions. The research scientific, historical-logical,
analytical-synthetic, and comparative methods employed. The findings included direct observations
of the operations the legality principle in the conducted interviews, as well as a comparative law review
that may contribute to improve this principle applied in administrative acts within our legal framework.
Keywords: principle of legality, administrative law, administrative action
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Cómo citar: Isela Issadora, A. C., & Macas Saritama, R. J. (2025). Análisis jurídico y comparado del
principio de legalidad en la actuación administrativa: Artículo 31 del Código Orgánico Administrativo.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (4), 3398 – 3412.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4520
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INTRODUCCIÓN
Contexto y Justificación
La Constitución de la República del Ecuador, expresa en el artículo 226, estableciendo el principio de
legalidad y la obligatoriedad de sujeción al universo jurídico que regula la administración pública donde
señala: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución." (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El principio de legalidad en el Código Orgánico Administrativo se caracteriza por la actuación
administrativa sometida a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios,
a la jurisprudencia aplicable y al Código en referencia, mientras el que Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.
El artículo 31 del Código Orgánico Administrativo manifiesta: Derecho fundamental a la buena
administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que
se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.
(Código Orgánico Administrativo, 2017).
La implicación de principio de legalidad en el Derecho Administrativo de nuestro país es impulsada de
forma directa por nuestra Constitución, enfrentándonos a una problemática simultánea, ya que, con
este nuevo paradigma constitucional, se espera que las actuaciones de los funcionarios del poder
público se vinculen de manera directa y eficaz con nuestros derechos constitucionales, resulta
relevante poner en conocimiento que estos derechos deben ser traducidos y desarrollados en normas
infra-constitucionales de rango legal, tal y como lo dispone la Constitución, para su aplicación
adecuada, evitando con ello el riesgo de híper constitucionalizar el derecho y pretender dirimir cualquier
conflicto jurídico, en este caso administrado, como un tema de índole constitucional.
Mi trabajo se justifica en poder lograr determinar que, existe tensión en la aplicabilidad del principio de
legalidad, en lo que compete al ámbito procesal administrativo. De tal forma que, la aplicación directa
de la Constitución no puede invadir terrenos de interpretación constitucional que corresponde a
órganos diferentes a los previstos en la normativa, recaudo que compagina con los postulados del
principio de legalidad en torno a la limitación de poder y designación de competencia, por lo tanto, se
justifica como necesario hacer un estudio de revisión al principio de legalidad con sistemas jurídicos
de otros países (Colombia y España) para determinar si existe la misma tensión o como se tratan estos
temas de manera de encontrar contenido útil que se pueda aplicar a nuestra normativa que incentive a
mejorar la aplicabilidad del principio de legalidad.
Revisión de Literatura: Dentro de la literatura relevantes a más de los cuerpos normativos vigentes
revisados por excelencia, mi trabajo ha sido guiado en base sentencias de la Corte Constitucional del
Ecuador, entre las cuales tenemos Sentencia No.0001-09-SCN-CC, Causa N.° 0002-08-CN, Sentencia
No. 080-14-SEP-CC, Causa No. 1483-12-EP y, Sentencia No. 015-10-SEP-CC, Causa No. 0135-09-EP,
debido a que su contenido aborda problemáticas de aplicabilidad del principio de legalidad en actos
administrativos, de manera que hacen un enfoque de cómo debe ser aplicado correctamente.
Esta investigación se ha realizado dentro del contexto legal por cuanto se ha puntualizado en cómo
opera el principio de legalidad dentro de los procesos administrativos de manera que se cumpla con la
Constitución de la República de Ecuador y la ley vigente, de tal manera que se pueda apoyar en el
derecho comparado para brindar una perspectiva más amplia del tratamiento de mencionado principio
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en las legislaciones de otros países que puedan favorecer a mejorar como se viene aplicando en
nuestro país según nuestras normas.
Problema de Investigación: El problema de investigación se centró en cristalizar los problemas que
tienen los funcionarios en la aplicación del principio de legalidad, según lo que manifiesta en Código
Orgánico Administrativo en su Art. 31, aplicando la normativa correspondiente sin que se llegue al híper
constitucionalización, es decir que las disputas legales que tornen en el derecho administrativo sean
tratados en el ámbito administrativo, y no se utilice a la Corte Constitucional Ecuatoriana como una
cuarta instancia.
Los objetivos propuestos en el presente trabajo son los siguientes:
Objetivo General
● Realizar un estudio jurídico y comparado del principio de legalidad en la actuación procesal
administrativa.
Objetivos Específicos
● Conocer los efectos de la aplicación del principio de legalidad en la ejecución del Art. 31 del
Código Orgánico Administrativo.
● Ejecutar una comparación en base a la normativa de derecho comparado de los países
Colombia y España sobre la observancia del principio de legalidad en el sector administrativo.
● Proponer reformas para mejorar la aplicación del Principio de Legalidad en base a la
información obtenida del derecho comparado.
METODOLOGÍA
Enfoque de la investigación
La metodología utilizada para la elaboración de este artículo científico tiene un enfoque cualitativo, por
cuanto se basa en la recopilación de datos en base a textos legales y doctrinarios.
Diseño del Estudio
El estudio realizado tuvo un diseño descriptivo y de revisión, en base que se describió la normativa
vigente de la aplicación del principio de legalidad y se revisó normativa del derecho comparado.
Instrumentos de recolección de datos
Como instrumentos para la redacción del trabajo de investigación se utilizó, computadora,
herramientas de google forms, word. Se obtuvo como recursos humanos, la ayuda y colaboración del
tutor que se encargó de guiar con sus conocimientos sobre el tema para perfeccionamiento del
desarrollo de la investigación.
Se operó la técnica de entrevistas, por medio de la cual se obtuvo información enriquecer la
investigación, de manera presencial de tal manera que se pueda garantizar confiabilidad de las
respuestas obtenidas.
Participantes
Se realizó las entrevistas a funcionarios públicos del sector administrativos de los cantones: Manta,
Chone, Flavio Alfaro y Santo Domingo, por tener basto conocimiento sobre como operar el principio de
legalidad en actos administrativos.
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Procedimiento
Las entrevistas se llevaron a cabo por vía zoom, previamente se envió un oficio a cada uno de los
participantes donde me dieron fecha y hora para poder realizarles las respectivas interrogantes.
Análisis de datos
para el análisis de datos se aplicaron los métodos: científico, histórico-lógico, analítico sintético y
comparativo, de los cuales por medio de una adecuada comparación de los distintos documentos de
tratan del principio de legalidad en el Derecho Administrativo y de las entrevistas realizadas, permitió
el desarrollo del trabajo y ayudo a emitir oportunas y adecuadas conclusiones.
DESARROLLO
Acto Administrativo
La Administración Pública, dentro de sus competencias realiza una serie de procedimientos
administrativos que se denominan actos administrativos al acto que conforma “el término genérico
que comprende aquellas manifestaciones normativas de carácter general que eventualmente generan
situaciones jurídicas, tanto para la administración como para los administrados.” (Santofimio, 1996)
En pocas palabras podemos decir que los actos administrativos son todas aquellas actuaciones
cometidas por funcionarios dentro de las distintas entidades administrativas, mismas que deben velar
por cumplir el mandato constitucional y las leyes vigentes.
Control de legalidad de los Actos Administrativos
El Control de la legalidad de un proceso contencioso administrativo, se ha introducido en la legislación
administrativa ecuatoriana como un mecanismo de control de carácter de judicial, con el propósito de
que el poder o imperium del Estado y de sus órganos se ejerza de manera razonable y moderada.
Este proceso a más de poner límite al ejercicio del poder (desproporcionado, arbitrario), busca que las
autoridades jurisdiccionales procedan a la declaración de ilegalidad o nulidad de cualquier acto de
naturaleza administrativa, siempre y cuando exista la certeza de abuso de poder e incumplimiento de
obligaciones o responsabilidades que tiene el Estado que perjudique a los administrados. Con estos
preceptos Constitucionales el administrado se encuentra totalmente facultado a impugnar ante la
autoridad competente su inconformidad de un acto administrativo donde se presuma se hayan
violentado sus derechos reconocidos constitucionalmente, haciendo que sea respetado el principio de
legalidad.
Art. 31 del Código Orgánico Administrativo del Ecuador en relación a la aplicación del Principio de
Legalidad
El Código Orgánico Administrativo manifiesta en su Artículo 31.- Derecho fundamental a la buena
administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que
se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.
(Código Orgánico Administrativo, 2017).
Este artículo contiene el principio de legalidad en base a que establece que todas actuaciones de los
miembros del sector administrativo se regirán a las normas establecidas y siempre previniendo que no
exista vulneración de derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución.
El principio de legalidad es indispensable dentro el derecho administrativo, debido a que se convierte
en una guía de aplicación óptima de derecho, su implicación real implica un verdadero reto para los
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funcionarios administrativos. La interpretación de este principio debe hacerse siempre a la luz de los
mandatos constitucionales, siendo necesario que el Estado tome partido en incentivar que sus
funcionarios conozcan la norma y puedan aplicarla respetando los preceptos constitucionales.
Debido Proceso
En el ámbito administrativo el debido proceso constituye igualmente una herramienta eficaz para la
efectiva aplicación del compendio legal que constituye la función pública del estado. (Chagñay Ríos,
2023)
El debido proceso dentro de lo que comprende el Derecho Administrativo, busca que el ciudadano
pueda tener un proceso legal que tenga respeto por las leyes y que el proceso se cumpla tal como se
encuentra establecido en la norma, para así evitar la arbitrariedad y garantizar justicia.
Seguridad Jurídica
La seguridad jurídica, es la garantía otorgada a los ciudadanos de que su persona, sus bienes y
derechos no serán violentados.
Para Genero Eguiguren, la sujeción de la Administración pública al principio de legalidad, efectivamente
constituye garantía ciudadana de seguridad jurídica, ante lo cual, el Estado o sus agentes, no podrán
actuar de forma que no esté prevista en el ordenamiento jurídico. (Eguiguren, 2009)
La seguridad jurídica, en el Derecho Administrativo, encamina al funcionario a adecuar sus actuaciones
conforme a la presunción de legalidad y a legitimidad de las normas, es decir, no realizará actos de
manera irresponsable sin prever lo que la norma manifiesta por lo que se considera como una garantía
para el administrado, ya que asegura el estricto cumplimiento del principio de legalidad, ya que en caso
de no cumplirse con la norma a cabalidad los bienes o derechos involucrados serán restituidos y
resguardados por la sociedad.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la técnica de las entrevistas realizadas a diferentes funcionarios del sector
administrativo de los cantones Manta, Chone, Flavio Alfaro y Santo Domingo, son las siguientes:
Pregunta No.1 ¿Cómo aplica el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones?
Respuestas
Entrevistado 1: Trabajando en base a nuestras competencias, trabajamos aplicando el principio de
legalidad hasta el alcance de nuestra jurisdicción.
Entrevistado 2: Actuando dentro del marco normativo, de manera de garantizar que toda actuación
este fundamentada en base a la Constitución y demás normas aplicables.
Entrevista 3: El principio de legalidad se aplica en todas las actuaciones de manera intrínseca, lo que
obliga al funcionario a dar cumplimiento.
Entrevistado 4: Este principio se aplica en todas las actuaciones de los servidores públicos, ya que el
Estado obliga a su observancia.
Entrevistado 5: En todo acto administrativo se aplica el principio de legalidad por lo tanto debemos
observar las normas vigentes.
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Comentario: La interrogante logró cristalizar que los funcionarios públicos tienen claro el concepto de
cómo se aplica el principio de legalidad dentro de las facultades que les ha otorgado la ley. Lo que
considero que es muy favorable por cuanto al tener conocimiento de lo que el principio de legalidad
significa y lo que acarrea ayuda a que exista una aplicación eficaz.
Pregunta No. 2: ¿Conoce Ud. los efectos de la aplicación del principio de legalidad dentro de los
procedimientos administrativos con base a los que manifiesta el Art. 31 del Código Orgánico
Administrativo?
Respuestas
Entrevistado 1: Los efectos del principio de legalidad siempre van a ser positivos porque regula que
los derechos no sean vulnerados en la actuación administrativa.
Entrevistado 2: Los efectos que atrae el principio de legalidad es asegurar a las personas que se
aplican las normas correctamente.
Entrevistado 3: Todo acto administrativo emitido por un funcionario debe estar cobijado por este
principio ya que no aplicarlo acarrearía la nulidad.
Entrevistado 4: Aplicar el principio de legalidad es una obligación de todo servidor público, por lo tanto,
es necesario conocer la norma.
Entrevistado 5: El principio de legalidad debe ser aplicado en toda actuación de manera que no se
vulnere la norma.
Comentario: La segunda pregunta cristalizó que los efectos que acarrea el principio de legalidad son
claros para los funcionarios, que inclusive conocen el efecto de nulidad que puede llevar una actuación
administrativa que se encuentre fuera de los parámetros legales. Consideró positivas las respuestas
obtenidas de los funcionarios, por cuando al conocer los efectos que acarrea la nulidad tendrían más
precaución en cuanto aplicar el principio de legalidad en el desempeño de sus funciones.
Pregunta No. 3 ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el derecho comparado con otros países sobre la
aplicación del principio de legalidad en procedimientos administrativos?
Respuestas
Entrevistado 1: El derecho comparado resulta una buena herramienta para poder obtener una opinión
extranjera que ayude aplicar ciertos parámetros a nuestras normas que nos sirvan como guía.
Entrevistado 2: El principio de legalidad es un principio universal y por ende está presente en varias
legislaciones.
Entrevistado 3: Existen países que tienen normas parecidas a la nuestra con las cuales se puede hacer
una comparación que complementen una mejor aplicación.
Entrevistado 4: El COA es relativamente nuevo, por lo que un análisis con la normativa de otros países
puede ayudar a mejorar.
Entrevistado 5: El principio de legalidad se aplica en varios países debido a que estas actuaciones
administrativas actúan en nombre del Estado.
Comentario: Con la pregunta número 3 se evidenció que los funcionarios tienen conceptos generales
sobre el principio de legalidad en cuanto el derecho comparado, sin poder llegar a puntualizar alguna
discrepancia en relación a nuestras normas administrativas. Considero necesario que nuestros
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funcionarios indaguen más sobre el derecho comparado en cuanto lo que trata el principio de legalidad,
por cuanto en nuestro país esta norma es relativamente nueva y en otros países ya tiene más
ambigüedad, dando una explicación más amplia de la aplicación del principio de legalidad.
Pregunta No. 4: ¿Considera que es necesario la revisión del derecho comparado para comprender y
mejorar la aplicación del principio de legalidad en el ámbito administrativo?
Respuestas
Entrevista 1: Habría que revisar la Constitución Ecuatoriana y en base a sus principios ver la posibilidad
de adoptar una norma internacional, haciendo una comparación de la norma y rescatar lo que se pueda
aplicar en nuestra norma.
Entrevistado 2: El derecho evoluciona siempre con la sociedad siendo necesario el derecho comparado
ya que no estamos aislados del mundo en el ámbito legal.
Entrevistado 3: No creo que sea necesario por cuanto nuestra norma está regulada por nuestra
Constitución, pero podría servir para una ampliación en nuestra legislación.
Entrevistado 4: Considero que si es necesario enriquecer nuestro conocimiento que nos puede ayudar
a disipar dudas en cuanto a aplicar el principio de legalidad.
Entrevistado 5: La comparación de nuestra norma con la normativa de otros países puede ayudar a
ampliar el concepto y percepción de cómo aplicar mejor el principio de legalidad.
Comentario: Los entrevistados en esta pregunta puntualizan que si es necesario una comparativa entre
normativa extranjera y la nuestra para poder llegar a comprender mejor cómo opera el principio de
legalidad tomando en cuenta normas que tengan relación con lo que manifiesta el derecho
administrativo ecuatoriano. Se comparte con el resultado de esta pregunta, por cuanto el derecho
comparado nos podría ayudar a comprender mejor la aplicación del principio de legalidad, por cuanto
en el derecho comparado podemos encontrar normativa del derecho administrativo guarda similitud
con nuestras normas en base a lo que trata el principio de legalidad.
Pregunta No. 5: ¿En el desempeño de sus funciones ha tenido alguna vez una interrogante sobre cómo
aplicar el principio de legalidad acorde a nuestra normativa vigente?
Respuestas
Entrevistado 1: Si, por la existencia de vacíos y normas contrarias.
Entrevistado 2: Claro, siempre existe esa interrogante porque muchas veces las normas son
contradictorias y surgen dudas en la aplicación.
Entrevistado 3: Siempre se tiene interrogantes por cuanto uno está en representación del Estado, lo
que motiva a revisar el derecho comparado.
Entrevistado 4: Siempre existen dudas en nuestro entorno por lo que la norma no es suficientemente
clara en muchas ocasiones.
Entrevistado 5: Las dudas son parte del día a día ya que siempre surgen problemáticas no previstas en
la norma.
Comentario: Todos los entrevistados en esta pregunta dieron la respuesta de que han tenido
interrogantes sobre cómo aplicar el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, por la
existencia de vacíos legales o por normas poco claras, lo que denota que se debería capacitar más a
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los servidores públicos para que puedan desempeñar su labor. Considero que las respuestas obtenidas
son un resultado negativo, por cuanto todos los funcionarios entrevistados demostraron tener dudas
en la aplicación del principio de legalidad, dando a entender que es necesario más capacitación sobre
este tema, de manera que la falta de conocimiento de cómo aplicar la norma puede acarrear problemas
tanto para los funcionarios como para el Estado.
Pregunta No. 6: ¿Según su opinión cual sería una solución alternativa para que los servidores públicos
puedan realizar una mejor aplicación del principio de legalidad en el desarrollo de sus actividades
laborales?
Respuestas
Entrevistado 1: Con alternativas mixtas tanto preventivas como sancionadoras.
Entrevistado 2: Hay que fomentar el fortalecimiento institucional, capacitaciones continuas sobre la
aplicación de la legalidad.
Entrevistado 3: Revisar el derecho administrativo, pero hay que tomar en cuenta que el Código Orgánico
Administrativo nos trajo muchas dudas, por lo tanto, es bueno revisar la norma.
Entrevistado 4: Implementar más capacitaciones al personal administrativo y estudiar las normas
administrativas.
Entrevistado 5: Que se haga un análisis a los vacíos legales y las normas poco claras para mejor
interpretación.
Comentario: En esta última pregunta se manifestó que es necesario que existan más capacitaciones,
así como sanciones como alternativa de mejorar la aplicación del principio de legalidad en los actos
administrativos, en mi opinión consideró necesario que nuestra normativa se guie con el derecho
comparado, ya que al ser relativamente nueva ha acarreado más dudas que soluciones. Desde mi punto
de vista, el derecho administrativo en nuestro país necesita de más socialización con los funcionarios
de manera que puedan hacer uso pertinente de las normas en el ejercicio de sus labores que en sí es
el resultado que se busca con la aplicación del principio de legalidad.
Resultados del Estudio del Derecho Comparado
Mediante una investigación exhaustiva sobre mi tema de investigación he tomado los puntos más
importantes según mi consideración sobre el principio de legalidad en el Derecho Comparado de
legislaciones ecuatoriana, colombiana y española.
Legislación Ecuatoriana
La República del Ecuador en el año 2017, mediante el Segundo Suplemento del Registro Oficial 31, 7-
VII – 2017, publica El Código Orgánico Administrativo.
En la administración pública, el principio de legalidad, implica el sometimiento de la administración a
las reglas recogidas en la Constitución, la ley y las propias regulaciones de la administración.
La administración pública no tiene autonomía para crear, modificar o extinguir una determinada
situación jurídica, pues sólo puede actuar en virtud de una expresa habilitación normativa, técnica de
gran importancia para el derecho público que en la actualidad está constitucionalizada.
El principio de legalidad se proyecta en la potestad sancionadora de la administración también como
un límite a los gobernantes que no pueden reprimir sino en base a una norma que así lo autorice.
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Legislación Colombiana
La Constitución Política de 1991 introduce el derecho administrativo en base a una sentencia de la
Corte, y no de la Constitución como sucedió en nuestro país.
En el derecho administrativo colombiano, el principio de legalidad implica que toda actuación de la
administración pública debe estar fundamentada en la ley y dentro de los límites que ésta establece.
La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha dicho que cuando la infracción administrativa es
ambigua, genera una laguna o un vacío normativo, la autoridad administrativa no puede realizar una
interpretación que restrinja los derechos del ciudadano, haciendo valer el principio de legalidad.
La presencia de normas reglamentarias en la delimitación de conductas reprochables
disciplinariamente no es una realidad ajena en el derecho administrativo colombiano, ya que se han
implementado sanciones para asegurar la buena actuación administrativa.
Legislación Española
El derecho administrativo español se basa en categorías y reglas que se vienen manteniendo
igual desde hace décadas desde el siglo XVI.
En España, el principio de legalidad en derecho administrativo implica que la Administración Pública
solo puede actuar dentro de los límites establecidos por la ley y el Derecho.
Los órganos jurisdiccionales controlan la legalidad de la actuación administrativa (incluido el ejercicio
de la potestad reglamentaria), así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican
(Constitución Española, 1978). No existen, por consiguiente, ámbitos de la actividad administrativa
sustraídos de entrada al control judicial.
La implementación de la figura de Deslegalización
La Constitución de la República del Ecuador, ha establecido que las infracciones administrativas sólo
pueden ser tipificadas a través de una norma con rango legal; es así que, la doctrina considera que la
administración pública interviene en tantos sectores de la vida social, siendo casi imposible lograr
tipificar todas las conductas, en este sentido en el año 2017 se creó el Código Orgánico Administrativo,
teniendo como eje el principio de legalidad en la actuación administrativa. Tomando en cuenta lo
relativamente nueva que es esta norma, resulta en varias ocasiones complicado realizar una correcta
aplicación del principio de legalidad, hay que tomar cuenta que la mala actuación administrativa, es
decir que no prevea el mencionado principio, acarrea sanciones administrativas.
En base a lo manifestado se ha realizado una revisión a la norma del derecho comparado en Colombia
y España, que tienen más tiempo de vigencia, siendo España una de las primeras en adoptar leyes
administrativas inclusive sirviendo como guía para el derecho administrativo colombiano.
Una similitud arraigada en las legislaciones estudiadas es que su derecho administrativo se basa en el
principio de legalidad, por cuanto busca que se apliquen las leyes conforme acordes a su orden
jerárquico y bloque de constitucionalidad, siendo la Constitución un punto de partida de la creación de
normas a nivel administrativo.
Entre las diferencias encontradas en el derecho administrativo de Colombia, el autor Libardo Rodríguez,
que hace un análisis del tema, describe 3 clases de control del principio de legalidad en la legislación
colombiana: a) administrativo; b) jurisdiccional; y, c) por vía de excepción. (Rodríguez, 2013)
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Mientras que, en Ecuador, los medios de control de legalidad, sobre las actuaciones administrativas,
se traducen expresamente en dos vías: a) administrativa ante la máxima autoridad del organismo que
dictó el acto lesivo; y, b) judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo; es importante destacar
que no constituye requisito de admisibilidad el agotamiento de la vía administrativa previo al inicio del
proceso judicial.
Por otro lado, la legislación española, se destaca esencialmente la figura de deslegalización, siendo
entendida como una técnica similar a los reglamentos delegados, misma que es ejercida por los
operadores del poder público para ampliar la esfera e instrumentos defensivos del administrado,
instrumentos emitidos con fuerza de ley, para el caso, cita como ejemplo: La Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado, que facultó al Gobierno para dictar por decreto cuantas medidas sean
necesarias para ejecución de lo dispuesto en la ley. Por lo antes mencionado podemos expresar que
del principio de legalidad se da en la medida en cuanto la ley ha dejado ser el eje central de actuación
de la Administración, dando paso a una pluralidad de fuentes en la que entienden centro del
ordenamiento jurídico a los principios generales de derecho.
En nuestra normativa la figura de deslegalización, se traduce en las disposiciones contempladas en el
numeral 13 del artículo 147 de la Constitución y en el artículo 5 del Estatuto de Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, mediante los cuales se atribuye al Presidente de la República,
potestad reglamentaria, encaminada a desarrollar la ley y a viabilizar su correcta aplicación, lo cual
podría viabilizar la correcta aplicación del principio de legalidad en normativa que no se encuentre clara
o existencia de vacíos, más sin embargo no se ha desempeñado en tal sentido, dejando vacíos que
afectan directamente a la aplicación del principio de legalidad en nuestro país.
DISCUSIÓN
Interpretación de Resultados: Dentro de los resultados tenemos a las entrevistas realizadas a varios
funcionarios públicos que desde su perspectiva si bien es cierto, tienen basto conocimiento sobre lo
que abarca el principio de legalidad, tanto su aplicación como sus consecuencias, sin embargo, aún
hay dudas al momento de su aplicación, al menos dentro del ámbito administrativo que es el tema que
nos ocupa, por cuanto la norma es relativamente nueva dejando varios vacíos a los servidores públicos
en sobre cómo aplicar la norma llegando a ser una problemática tomando en cuenta que la aplicación
incorrecta de la norma podría ser causa de nulidad y acarrear problemas para el Estado, dicho esto es
una responsabilidad muy grande la cual recae sobre los entes administrativos.
De la revisión de la norma en el derecho comparado se puede rescatar que la norma administrativa
viene rigiendo mucho más tiempo en Colombia y España, en comparación a nuestro, país siendo sus
mecanismos de control más específicos y con más contenido para ayudar al servidor público que
nuestra norma que tiene pocos años en vigencia, dicho esto resulta prudente apoyarse en el control de
legalidad Colombiano, que hace un control más minucioso para que la Corte Constitucional no sea
tomada como una instancia más y de igual manera podríamos apoyarnos en la deslegalización de
España pero para su aplicación se requiere de una extensa labor por parte del Estado.
Implicaciones: Se ha cumplido con mi objetivo principal por cuanto se ha realizado de manera efectiva
un estudio al Artículo 31 del Código Orgánico Administrativo, que trata sobre el principio de legalidad
que es el eje central de mi investigación, así como también se ha logrado estudiar al derecho
comparado de países como Colombia y España.
De igual manera con mis objetivos específicos por cuanto, se puso en evidencia los efectos del
principio de legalidad e inclusive formó parte de unas las interrogantes en la entrevista para los
resultados de esta investigación, dejando en claro que nuestro derecho administrativo posee potestad
sancionadora con so pena de nulidad.
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Como otro objetivo se estableció el estudio del derecho comparado desde un punto de vista
comparativo, tomando como referencia los puntos más importantes, donde se pudo observar tanto las
similitudes y las diferencias encontradas en las legislaciones colombiana y española.
Por otro lado, en el último objetivo se hablaba de reformas en base al derecho comparado para lo cual
se puede hablar en manera de recomendación ampliaciones a normas con existencia de vacíos u
obscuras que ayuden al servidor público a mejorar su actuar en los actos administrativos.
La relación estrecha que existe con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo ha llevado a
la Constitucionalización del mismo. Es así que en el estudio revisado se puede observar que los países
tanto como Colombia y España, al igual que Ecuador, su norma administrativa se basa en preceptos
constitucionales dando origen que cumpla el principio de legalidad.
En base a lo manifestado resulta complejo establecer un límite entre las potestades meramente
administrativas y cuestiones de índole la Corte Constitucional, se plantea y se cuestiona como una de
las problemáticas del constitucionalismo contemporáneo adoptado, la delimitación de la legalidad y la
constitucionalidad de un derecho, situación que se deriva de manera innegable del abuso y desgaste
innecesario del aparataje estatal, pretendiendo hacer uso de la Corte Constitucional como otra
instancia para la revisión legal. Por lo tanto, es indispensable que exista una mejor comprensión de lo
que comprende un Estado constitucional de derechos y justicia, como el medio de amparo directo y
eficaz de derechos fundamentales, por lo tanto, resulta necesario una revisión al derecho comparado
tal como lo anuncie en párrafos anteriores.
Limitaciones: Existen muchos vacíos que llenar lo que se pudo inclusive visualizar en las entrevistas,
por lo tanto, la reforma que propongo son ampliaciones a normas inconclusas de manera general que
pueden llevar al error en cuanto a la aplicación al principio de legalidad, el Artículo 31 del Código
Orgánico Administrativo menciona intrínsecamente al principio de legalidad por cuanto menciona la
aplicación de la normativa vigente, así como normas constitucionales.
Recomendaciones: En base a esto propongo que exista un reglamento análogo que resuelva dudas en
el sistema administrativo, de cuando invocar la norma y no llegar al híper constitucionalización donde
se trata a la Corte Constitucional como otra instancia más, sobre todo en exigir que se agoten recursos
administrativos y así ahorrar tiempo procesal a los órganos de justicia.
CONCLUSIONES
El principio de legalidad nace de nuestra Constitución, el cual radica en que se aplique la norma en base
a preceptos constitucionales en orden jerárquico, lo cual no es ajeno al Derecho Administrativo, ya que
se encuentran intrínsecamente relacionados entre sí, se vela que las actuaciones administrativas
respeten los derechos de los ciudadanos haciendo prevalecer el mencionado principio de legalidad.
Dentro de esta investigación se logró determinar que si bien es cierto los funcionarios públicos tienen
claro el concepto y efectos del principio de legalidad, la falta de claridad de la norma, tomando en
cuenta que es relativamente nueva, hace la misión de aplicar dicho principio más compleja, dado el
alcance que tiene el principio de legalidad en cuanto a la protección de derechos, es necesario no
cometer equivocaciones en las actuaciones judiciales, por tal motivo que en ciertos casos se llega a la
híper constitucionalización, tomando a la Corte Constitucional como cuarta instancia de consulta legal.
Siendo países como España y Colombia que han adoptado el derecho administrativo en su cuerpo legal
con anterioridad a nuestro país, he visto necesario hacer una revisión a la aplicación del principio de
legalidad, de manera que pueda coadyuvar a llevar una mejor administración a los órganos del sector
público, siendo evidente que en ambos países mencionados se basan es remisiones a otras normas,
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2025, Volumen VI, Número 4 p 3410.
lo cual sucede también en nuestro país es busca de aplicar el principio de legalidad, más sin embargo
considero necesario implementar capacitaciones sobre este tema.
Para asegurar que se aplique el principio de legalidad, países como Colombia y España, tienen normas
estrictas, inclusive en España se da el doble juzgamiento tanto de índole penal por jueces
jurisdiccionales y lo administrativo por un tribunal contencioso, en Colombia el control conductual pasa
por tres fases mientras tanto en nuestro país solo tiene dos fases, y en casos administrativos no señala
que se agoten los recursos, haciendo que cada vez sean más los casos que se eleven a la Corte
Constitucional como si fuera otra instancia, dejando en evidencia que aún existen falencias en cuanto
a la aplicación del principio de legalidad en nuestro país, lo cual evidentemente se puede mejorar
aplicando normas más rígidas y capacitando al personal.
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