LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 454 .

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4614

La influencia de la corrupción en el sistema carcelario en
Ecuador

The influence of corruption on the prison system in Ecuador

Nicolle Vera Aguirre1
nveraa4@uteq.edu.ec

https://orcid.org/009-008-3859-5413
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Quevedo – Ecuador

Ayleen Moreira Molina
amoreiram2@uteq.edu.ec

https://orcid.org/009-003-8396-1199
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Quevedo – Ecuador

Edison Garofalo Carrera
egarofaloc@uteq.edu.ec

https://orcid.org/009-002-4053-6208
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Quevedo – Ecuador

Jordy Franco Álava
jfrancoa2@uteq.edu.ec

https://orcid.org/009-003-9493-3775
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Quevedo – Ecuador

Rosa Llerena Guevara
rllerenag@uteq.edu.ec

https://orcid.org/000-003-0923-4738
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Quevedo – Ecuador

Artículo recibido: 15 de junio de 2025. Aceptado para publicación: 03 de octubre de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.


Resumen

La investigación sobre la influencia de la corrupción en el sistema carcelario en Ecuador analiza la
profunda transformación que sufrió el sistema penitenciario entre 2010 y 2024, periodo durante el cual
la corrupción dejó de ser simplemente irregularidades administrativas menores para convertirse en un
control casi total por parte de organizaciones criminales. Utilizando un enfoque mixto y un diseño
longitudinal, el estudio identificó diez formas principales de corrupción, incluyendo sobornos para
introducir objetos prohibidos, extorsión sistemática, tráfico de influencias en los traslados de internos
y tráfico de drogas dentro de las cárceles, lo que transformó estos espacios en centros de operaciones
criminales. Al comparar el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) con los indicadores del World
Justice Project, se evidenció una desconexión preocupante: aunque la percepción ciudadana mejoró
ligeramente, con puntajes entre 26 y 39, la efectividad real del sistema de justicia penal se mantuvo
en niveles bajos, oscilando entre 0.32 y 0.35. Apoyándose en la Teoría Institucional de la Corrupción
de Rose-Ackerman, la investigación concluye que la constante interferencia política, un marco legal


1 Autora de correspondencia.


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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 455 .

débil, escasa financiación y la fragmentación institucional han creado un entorno favorable para la
impunidad. Esto ha minado severamente la función resocializadora de las prisiones, provocado una
crisis humanitaria marcada por más de 400 muertes en conflictos territoriales entre 2020 y 2023, y
debilitado la gobernabilidad democrática. El estudio destaca la urgente necesidad de implementar
reformas estructurales profundas, que contemplen cambios constitucionales, reorganización
presupuestaria y la creación de instituciones especializadas capaces de recuperar la autoridad del
Estado y asegurar una justicia realmente independiente.

Palabras clave: corrupción penitenciaria, sistema carcelario, organizaciones criminales,
autonomía judicial, gobernabilidad democrática


Abstract
Research on the influence of corruption in Ecuador's prison system analyzes the profound
transformation that the prison system underwent between 2010 and 2024, a period during which
corruption ceased to be merely minor administrative irregularities and became almost total control by
criminal organizations. Using a mixed approach and a longitudinal design, the study identified ten main
forms of corruption, including bribes to bring in prohibited items, systematic extortion, influence
peddling in prisoner transfers, and drug trafficking within prisons, which transformed these spaces
into centers of criminal operations. A comparison of the Corruption Perceptions Index (CPI) with the
World Justice Project indicators revealed a worrying disconnect: although public perception improved
slightly, with scores between 26 and 39, the actual effectiveness of the criminal justice system
remained low, ranging between 0.32 and 0.35. Drawing on Rose-Ackerman's Institutional Theory of
Corruption, the research concludes that constant political interference, a weak legal framework, poor
funding, and institutional fragmentation have created an environment conducive to impunity. This has
severely undermined the resocializing function of prisons, caused a humanitarian crisis marked by
more than 400 deaths in territorial conflicts between 2020 and 2023, and weakened democratic
governance. The study highlights the urgent need to implement profound structural reforms, including
constitutional changes, budgetary reorganization, and the creation of specialized institutions capable
of restoring state authority and ensuring truly independent justice.

Keywords: prison corruption, prison system, criminal organizations, judicial autonomy,
democratic governance






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Cómo citar: Vera Aguirre, N., Moreira Molina, A., Garofalo Carrera, E., Franco Álava, J., & Llerena
Guevara, R. (2025). La influencia de la corrupción en el sistema carcelario en Ecuador. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (5), 454 – 471.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4614


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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 456 .

INTRODUCCIÓN

La crisis carcelaria en Ecuador y América Latina es un problema estructural que afecta gravemente los
derechos humanos y la seguridad ciudadana. Las cárceles, originalmente diseñadas para la
rehabilitación, se han transformado en espacios de sufrimiento y violencia que perpetúan la exclusión
social según lo manifestado por Arcos et al. (2022). En las últimas décadas, el sistema penitenciario
ecuatoriano ha mostrado un deterioro notable, revelando fallas graves tanto en su estructura como en
su funcionamiento. Además, la legislación vigente limita el acceso a regímenes semiabiertos y
abiertos, bloqueando una reinserción progresiva a la sociedad.

De acuerdo con Brito y Alcocer (2021), la prisión es el espacio donde se cumple la sanción por un delito,
está estrechamente ligada a la aplicación de penas dentro del Estado de Derecho. Más que solo
encarcelar, el sistema penitenciario debe enfocarse en la rehabilitación y la reinserción social del
condenado. No obstante, Ortiz y López (2023) argumenta que el sistema carcelario ecuatoriano
presenta un marcado deterioro institucional, permitiendo la corrupción en distintos niveles
administrativos, esta situación ha afectado gravemente la seguridad y estabilidad social del país,
transformando las prisiones en escenarios de actividades ilícitas.

Los enfrentamientos entre grupos criminales, especialmente vinculados al narcotráfico y otras
actividades ilegales, han aprovechado el sistema penitenciario para fortalecer y expandir sus
operaciones, estas organizaciones han establecido conflictos territoriales dentro y fuera de las
cárceles, beneficiándose de la debilidad institucional y el insuficiente control de las autoridades
carcelarias de manera que manifiesta Barrera y Cárdenas (2024). Mientras que Santillán et al. (2022),
enfatizan que el narcotráfico, fenómeno que afecta a toda Sudamérica, utiliza las prisiones
ecuatorianas como centros para coordinar y ampliar sus actividades ilícitas, la corrupción facilita la
entrada de armas, drogas y comunicaciones con el exterior, generando una violación sistemática de
derechos humanos que impacta tanto a internos como a la sociedad.

Esta investigación tiene como objetivo examinar de forma integral de qué manera la corrupción afecta
el funcionamiento, la organización y los resultados del sistema carcelario en Ecuador. Se propone
identificar y analizar las distintas manifestaciones, causas y consecuencias de este fenómeno, así
como su impacto en las personas privadas de libertad, la seguridad pública y la cohesión social dentro
del país. De esta manera, se busca entender a fondo cómo la corrupción en el ámbito penitenciario
repercute en el bienestar general de la sociedad ecuatoriana.

El presente estudio es fundamental para entender y enfrentar una problemática que ha alcanzado
niveles críticos a nivel nacional. La corrupción genera fallas profundas en las instituciones carcelarias,
afectando los derechos de los reclusos, del personal penitenciario y de la sociedad, que exige
soluciones urgentes, según Mancheno et al. (2022). La sobrepoblación, principal desafío del sistema,
provoca problemas de salud, violencia y conductas inapropiadas, reflejando un descuido hacia el
bienestar y dignidad de los internos. La falta de vigilancia y prevención sobre el ingreso de armas y
drogas agrava la crisis de confianza social.

Esta investigación se delimita en tiempo, espacio y tema para un análisis detallado. Temporalmente,
abarca 2010 a 2024, periodo marcado por un crecimiento significativo de la población carcelaria, que
superó los 26,000 reclusos, con un 13.45% de sobrepoblación en las 36 prisiones ecuatorianas,
equivalente a 3,707 personas excedentes como argumenta Intriago y Arrias (2020). Especialmente, se
centra en el sistema penitenciario nacional, incluyendo cárceles de régimen cerrado y de menor
seguridad. Temáticamente, se examina la corrupción como factor clave en el deterioro del sistema,
analizando problemas como hacinamiento, violencia, falta de supervisión y la influencia del crimen
organizado en conformidad con González (2024).


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METODOLOGÍA

Enfoques, alcances y diseño

Este estudio se llevó a cabo mediante un enfoque mixto, que combina métodos cualitativos y
cuantitativos para lograr una visión integral y multidimensional del fenómeno de la corrupción en el
sistema carcelario de Ecuador. La elección de este diseño respondió a la necesidad de unir el análisis
profundo propio del método cualitativo con la exactitud y capacidad de generalización del método
cuantitativo, lo que permitió una triangulación metodológica que refuerza la validez y confiabilidad de
los hallazgos. La parte cuantitativa se enfocó en el análisis estadístico de indicadores internacionales
que miden objetivamente los niveles de corrupción y el desempeño del sistema de justicia penal,
facilitando la detección de tendencias, patrones y relaciones entre variables a lo largo del periodo
estudiado. Por otro lado, el componente cualitativo ofreció una exploración detallada de las formas
específicas de corrupción en las instituciones penitenciarias, mediante el análisis interpretativo de
documentos oficiales, testimonios y estudios previos que aportan contexto y enriquecen la
comprensión de los datos cuantitativos.

La investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo-explicativo, lo que permitió no solo identificar
y caracterizar las principales formas de corrupción presentes en el sistema carcelario ecuatoriano
entre 2010 y 2024, sino también entender las relaciones causales entre esta corrupción y el deterioro
institucional de las cárceles. En la fase descriptiva se organizaron y analizaron las manifestaciones,
frecuencia, modalidades y actores involucrados, ofreciendo un diagnóstico detallado de su evolución
en el tiempo. Por otro lado, en el aspecto explicativo se estudiaron las conexiones entre los niveles de
corrupción, evaluados mediante indicadores internacionales, y el funcionamiento del sistema de
justicia penal, profundizando en las razones detrás del desajuste entre la percepción ciudadana y la
verdadera capacidad del sistema judicial para sancionar estos actos.

El estudio se apoyó en un diseño longitudinal no experimental que cubre el periodo comprendido entre
2010 y 2024, lo que permitió examinar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo la corrupción y el
desempeño del sistema de justicia penal, sin la necesidad de intervenir en las variables. Este método
facilita la observación constante de cambios, tendencias y momentos clave durante quince años. Al
tratarse de un diseño no experimental, la investigación se fundamenta en observar los fenómenos en
su contexto natural, sin que el investigador altere el entorno, lo cual resulta fundamental para
comprender la corrupción en su forma genuina y evaluar con mayor precisión sus dimensiones y
efectos reales.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En esta investigación se aplicaron técnicas mixtas para integrar tanto el enfoque cuantitativo como el
cualitativo. Dentro del análisis cuantitativo, se utilizó el estudio de series temporales para monitorear
la evolución de los indicadores IPC y WJP desde 2010 hasta 2024, lo que permitió identificar tendencias
y puntos críticos. Además, se realizó un análisis correlacional con el fin de evaluar la relación entre
ambos indicadores, junto con un análisis comparativo internacional que situó a Ecuador dentro del
contexto latinoamericano.

Fuentes de información

Esta investigación se basó exclusivamente en fuentes secundarias reconocidas por su confiabilidad y
validez, provenientes de instituciones y entidades académicas y oficiales. Entre ellas se incluyen
informes anuales de Transparencia Internacional para el Índice de Percepción de la Corrupción,
reportes del World Justice Project sobre el sistema penal, documentos del SNAI, la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría General. Además, se consideran estudios académicos, investigaciones de


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organizaciones civiles, tesis, medios especializados y reportes de organismos internacionales como
ONU, OEA y CIDH. Estas fuentes aportan datos cuantitativos y contexto teórico necesario para un
análisis integral.

Sustento Teórico

La presente investigación se basó en la Teoría Institucional de la Corrupción de Susan Rose-Ackerman
(2001), la cual sostiene que la corrupción emerge debido a fallas en las instituciones que generan
incentivos negativos dentro del sector público. Según esta teoría, la carencia de controles efectivos,
transparencia y mecanismos de rendición de cuentas facilita que los funcionarios abusen de su cargo
para obtener beneficios personales en detrimento del interés público. Aplicada al sistema carcelario,
esta perspectiva ayuda a entender cómo la debilidad institucional, la supervisión insuficiente, los bajos
salarios y la falta de controles internos propician prácticas corruptas, desde el tráfico interno hasta la
colaboración con grupos delictivos, erosionando la capacidad del sistema para cumplir sus funciones
esenciales y subrayando la necesidad de reformas estructurales para mejorar la gobernanza.

DESARROLLO

Corrupción

La corrupción constituye un fenómeno complejo que trasciende las irregularidades administrativas
convencionales. Según la perspectiva de Trejo (2021), este problema implica la apropiación indebida
de recursos públicos por parte de funcionarios que buscan beneficios personales, creando un sistema
de intercambios entre sectores públicos y privados que desvirtúa la naturaleza original de las
instituciones. Por su parte, Astudillo (2023) amplía esta conceptualización al señalar que la corrupción
abarca toda conducta, ya sea activa o pasiva, que deliberadamente mezcla los intereses colectivos con
los particulares, provocando alteraciones significativas en el tejido institucional y en las dinámicas
sociales.

Teorías de la Corrupción Institucional en Sistemas Penitenciarios

El fenómeno de la corrupción en el sistema penitenciario trasciende las acciones individuales
inadecuadas, constituyéndose como un problema sistémico de mayor complejidad. Las estructuras
institucionales pueden crear condiciones que favorecen comportamientos contrarios a la legalidad
cuando estos resultan más beneficiosos que el acatamiento normativo (Ortiz & López, 2023). En el
contexto carcelario, estas dinámicas se manifiestan a través del excesivo poder discrecional otorgado
al personal, deficiencias en los mecanismos de control y supervisión, y la gestión no regulada de
recursos económicos por parte de la población reclusa. Complementariamente, la confluencia de tres
elementos específicos —concentración del poder en pocas manos, amplios márgenes de decisión
discrecional y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas— intensifica las condiciones
propicias para estas prácticas irregulares, panorama que caracteriza particularmente al sistema
penitenciario ecuatoriano (Romero, 2022).

El Modelo de Economía Política de las Prisiones

El análisis de la economía política penitenciaria revela la coexistencia de mercados no regulados con
las estructuras formales de gestión carcelaria. Según Montecé y Alcívar (2020), se desarrollan
mecanismos paralelos al interior de los centros penitenciarios, donde se intercambian productos y
servicios no autorizados mediante la participación directa o pasiva de personal administrativo
involucrado en prácticas corruptas. Por su parte, Rivera y Bravo (2020) conceptualizan estas dinámicas
como "economías carcelarias híbridas", caracterizadas por la convivencia entre la autoridad
institucional del Estado y las redes informales dirigidas por grupos organizados de reclusos. En el
contexto ecuatoriano, estos fenómenos se manifiestan a través del dominio territorial ejercido por


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organizaciones delictivas, las cuales establecen sistemas de cobro por prestaciones fundamentales,
contando con la participación de empleados públicos que facilitan estas operaciones, lo cual
compromete significativamente los objetivos de reinserción social del sistema penitenciario.

Teoría del Control Social y Deterioro Institucional

La degradación del orden institucional en centros penitenciarios encuentra explicación en el marco
conceptual de "importación-deprivación" desarrollado inicialmente por Irwin y Cressey (1962) y
posteriormente perfeccionado por Clemmer (1958). Ruiz (2020) sostiene que este enfoque teórico
identifica dos fuentes principales de conflictividad carcelaria: por un lado, los elementos externos que
los reclusos incorporan al sistema penitenciario, incluyendo códigos culturales y estructuras criminales
preexistentes; por otro lado, las carencias inherentes al confinamiento, especialmente la restricción de
la autonomía personal y el deterioro de vínculos interpersonales.

El contexto ecuatoriano presenta características particulares que intensifican esta problemática,
especialmente considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Censos registró en 2023 una
sobrepoblación penitenciaria del 230% (INEC, 2023). Esta saturación del sistema genera condiciones
de hacinamiento que debilitan los mecanismos de supervisión institucional. Según el análisis de
Arango y Maldonado (2024), tales circunstancias propician la emergencia de pactos irregulares entre
personal administrativo y dirigentes de organizaciones criminales, estableciendo una estructura de
control informal que simula estabilidad operativa.

Redes de Corrupción y Captura Regulatoria

El fenómeno de captura regulatoria en el contexto penitenciario se manifiesta cuando organizaciones
criminales logran subordinar los propósitos institucionales del sistema carcelario para servir a sus
propios objetivos particulares. Este proceso implica la apropiación sistemática de entidades
gubernamentales por parte de actores no estatales que ejercen influencia sobre las políticas y
procedimientos institucionales para obtener ventajas específicas (Gutiérrez, 2021). En el caso
ecuatoriano, estas estructuras delictivas han desarrollado sistemas de corrupción que abarcan desde
el personal de seguridad básico hasta funcionarios de alto rango del Sistema Nacional de Atención
Integral a Personas Privadas de la Libertad, empleando estrategias que incluyen incentivos monetarios,
coerción y la creación de vínculos de dependencia mutua. Esta infiltración les otorga control sobre
procesos operativos fundamentales, incluyendo la gestión de movimientos internos, la distribución
espacial de internos, el régimen de visitas, la introducción de elementos prohibidos y la planificación
de intervenciones de seguridad, transformando efectivamente las instituciones penitenciarias en
instrumentos al servicio de las redes criminales (Santillán et al., 2022).

Violencia Carcelaria y Corrupción como Variables Interrelacionadas

La interacción entre corrupción y violencia en el sistema penitenciario constituye una dinámica
compleja donde estos fenómenos se potencian recíprocamente, generando un deterioro institucional
progresivo (Pontón, 2025). Este autor explica que la corrupción institucional crea condiciones propicias
para la impunidad, lo cual incrementa tanto los enfrentamientos entre la población reclusa como las
agresiones dirigidas hacia el personal penitenciario. Simultáneamente, el aumento de la violencia
intracarcelaria presiona a los funcionarios del sistema a adoptar prácticas corruptas como mecanismo
de autoprotección y para establecer un control aparente del orden interno. El caso ecuatoriano durante
el período 2020-2023 ejemplifica esta problemática, donde los enfrentamientos territoriales entre
grupos delictivos organizados, facilitados por la complicidad de empleados del sistema, resultaron en
episodios masivos de violencia que cobraron la vida de más de 400 personas privadas de libertad.

Impacto en la Reinserción Social y Derechos Humanos


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El fenómeno de la corrupción institucionalizada en el sistema penitenciario genera consecuencias
devastadoras para los procesos de rehabilitación y reintegración social de las personas privadas de
libertad. La literatura académica evidencia que estas prácticas corruptas constituyen una violación
sistemática de los derechos fundamentales, particularmente el acceso a condiciones de vida dignas y
oportunidades equitativas de rehabilitación (Machado & Hernández, 2020). Esta dinámica perversa
transforma servicios esenciales como programas educativos, atención sanitaria y actividades
laborales en bienes de intercambio subordinados al poder económico, estableciendo lo que los
investigadores denominan un sistema de "justicia estratificada" que perpetúa y profundiza las brechas
sociales existentes. Complementariamente, estudios recientes demuestran que estos ambientes de
normalización de transgresiones normativas contribuyen significativamente al incremento de tasas de
reincidencia delictiva (Quito y Sánchez, 2024). En el contexto ecuatoriano, esta problemática se agrava
debido a las deficiencias en los mecanismos de seguimiento postpenitenciario, creando barreras
adicionales para la reintegración social efectiva y legítima de los exreclusos.

Factores Socioeconómicos y Culturales de la Corrupción Carcelaria

Las dimensiones socioeconómicas que fomentan prácticas corruptas en el sistema penitenciario
trascienden las motivaciones individuales o deficiencias organizacionales específicas. La perspectiva
teórica de la anomia desarrollada por Merton en 1938 y posteriormente reformulada por Agnew en
2012, permite comprender cómo las disparidades sociales extremas crean tensiones sistémicas que
incentivan comportamientos transgresores en el personal administrativo y la población reclusa (Silva
& Irala, 2020). El contexto ecuatoriano evidencia esta problemática a través de las limitadas
remuneraciones del personal penitenciario, aproximadamente $400 dólares mensuales según datos
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores (SNAI, 2023), situación que contrasta significativamente con los beneficios económicos
ilícitos derivados de actividades corruptas, configurando lo que puede denominarse una "tensión
económica diferencial". Complementariamente, la institucionalización de prácticas clientelares, las
limitaciones en la aplicación efectiva del marco jurídico y la prevalencia de códigos informales que
privilegian vínculos personales sobre procedimientos oficiales, facilitan el desarrollo de estructuras
corruptas que son percibidas como mecanismos de adaptación en entornos caracterizados por la
precariedad (Arango & Maldonado, 2024).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el cumplimiento del objetivo específico en el
cual se busca identificar las principales formas de corrupción presentes en las instituciones
penitenciarias de Ecuador entre 2010 y 2024, a través del análisis de informes oficiales, testimonios y
estudios previos, para sustentarlo se presenta la siguiente tabla:





Tabla 1

Principales formas de corrupción en el sistema penitenciario ecuatoriano (2010-2024)


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Forma de
corrupción

Descripción Fuentes
oficiales/testimo

nios

Período de
mayor

incidencia

Impacto en el
sistema

Referenci
as

Soborno para
ingreso de
objetos
prohibidos

Sobornos a
empleados para
ingresar armas,
drogas, celulares
y otros artículos
no permitidos
dentro de las
prisiones.

Informes CIDH
(2022).
Comisión de
Pacificación
(2022).
Testimonios de
reclusos
documentados.

2018-2024
(período
crítico)

Control
territorial por
bandas.
Escalada de
violencia.
Pérdida de
autoridad
estatal.

Falconí et
al. (2021);
Ortiz y
Arciniega
s (2023).

Extorsión y
cobro de
"cuotas de
supervivencia"

Los
funcionarios solic
itan
pagos constantes
a los internos y
sus familiares a
cambio de
asegurar la
seguridad.

CDH Ecuador
(2024).
InSight Crime
(2024).
Testimonios
familiares.

2015-2024 Empobrecimie
nto de
familias.
Vulneración
de derechos
humanos.
Sistema de
castas
carcelario.

Núñez &
Rivadenei
ra (2021);
Montecé
& Alcívar
(2020).

Tráfico de
influencias en
traslados

Manipulación
irregular de
traslados entre
centros
penitenciarios
mediante pagos o
favores políticos.

Informes
Defensoría del
Pueblo.
Investigaciones
periodísticas.
Casos
judicializados.

2012-2024 Concentración
de poder
criminal.
Planificación
de masacres.
Impunidad
sistemática

Vallejo
(2024);
Baquero
et al.
(2024).

Corrupción en
contratación
pública

Irregularidades en
licitaciones para
construcción,
alimentación,
seguridad y
servicios
penitenciarios.

Contraloría
General del
Estado.
Fiscalía General.
Auditorías
internas SNAI

2010-2023 Infraestructur
a deficiente.
Hacinamiento
crítico.
Servicios
inadecuados.

Hoyos y
Pupo
(2021);
Álvarez
(2020).

Prostitución y
explotación
sexual
institucionaliz
ada

Funcionarios
facilitan y lucran
con redes de
explotación
sexual dentro de
los centros
penitenciarios.

Testimonios de
las víctimas.
Investigaciones
judiciales.
Informes
organizaciones
feministas.

2011-2024 Violación
masiva de
derechos.
Revictimizació
n.
Trauma
psicológico
institucional.

Saiz et al.
(2021);
Ranea
(2021).

Manipulación
de registros y
documentació
n

Alteración de
expedientes,
reportes de
incidentes,
censos
poblacionales y
documentos
oficiales.

Auditorías SNAI.
Comparecencias
legislativas.
Informes
técnicos internos.

2010-2024
(sistemáti
co)

Pérdida de
trazabilidad.
Impunidad
administrativa
.
Datos
distorsionado
s

Muñoz y
Saltos
(2022);
Roque et
al. (2022)

Red de
narcotráfico
interno

Funcionarios
como eslabones
clave en cadenas
de distribución de
drogas dentro y
fuera del sistema
penitenciario.

Operativos
Policía Nacional.
Fiscalía
Antinarcóticos.
InSight Crime
(2024)

2016-2024 Cárceles
como centros
logísticos.
Financiamient
o de violencia.
Corrupción de
autoridades.

Rojo
(2020);
Valencia
y Nateras
(2020).


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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 462 .

Venta de
privilegios y
beneficios
penitenciarios

Comercialización
irregular de
rebajas de penas,
permisos
especiales, y
beneficios
legales
establecidos.

Testimonios de
abogados.
Expedientes
judiciales.
Investigaciones
fiscales

2013-2024 Inequidad en
aplicación de
justicia.
Deslegitimaci
ón del
sistema.
Impunidad
selectiva.

Cortez
(2020).


Fuente: elaboración propia.

La evolución de la corrupción penitenciaria en Ecuador refleja una transformación compleja de factores
socioeconómicos estructurales que trascienden las responsabilidades individuales e institucionales
inmediatas. Según diversos organismos internacionales y de derechos humanos, el período
comprendido entre 2010 y 2024 evidencia una progresión alarmante desde irregularidades
administrativas menores hacia el control absoluto ejercido por organizaciones criminales como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos del Ecuador; InSight
Crime, 2024. Las investigaciones identifican múltiples modalidades delictivas críticas, destacando
particularmente el soborno sistemático para el ingreso de elementos prohibidos, esquemas de
extorsión permanente y redes consolidadas de tráfico de sustancias ilícitas al interior de los
establecimientos carcelarios. Esta problemática ha generado consecuencias que van desde el colapso
de la gestión institucional hasta una crisis humanitaria de proporciones significativas, evidenciando la
pérdida efectiva del control estatal y la reconversión de los centros penitenciarios en plataformas
operativas para actividades delictivas organizadas, situación que demanda intervenciones integrales y
de carácter urgente.

En el contexto de esta problemática estructural, es fundamental profundizar en el análisis del
desempeño específico del sistema de justicia penal ecuatoriano frente a los delitos de corrupción. Por
consiguiente, los resultados que se presentan a continuación se enfocan en examinar las capacidades
reales de investigación, procesamiento y sanción de casos de corrupción por parte de las instituciones
de justicia, contrastando estos indicadores de eficacia con la percepción ciudadana reflejada en el IPC.
De esta manera, se busca identificar las brechas existentes entre la percepción pública sobre la
corrupción y la respuesta institucional efectiva, considerando factores como las tasas de sentencias
condenatorias, los tiempos de procesamiento judicial, es así como se procedió a realizar el siguiente
gráfico:








Gráfico 1


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Evolución del Índice de percepción de la corrupción mediante el Sistema de Justicia Penal en Ecuador
(2010 - 2024)


Fuente: elaboración propia mediante datos obtenidos de Transparencia Internacional (IPC) y World
Justice Project (WJP), procesados en el programa estadístico IBM SPSS Statistics.

El análisis del Índice de Percepción de la Corrupción en Ecuador entre 2010 y 2024 evidencia tres
etapas claramente definidas. En la primera fase, de 2010 a 2014, el IPC mostró un incremento
moderado, pasando de alrededor de 26 a 33 puntos, indicativo de una percepción relativamente
positiva sobre los esfuerzos anticorrupción. En la segunda etapa, entre 2015 y 2020, el índice
experimentó ligeras fluctuaciones que culminaron en un pico de 39 puntos en 2020, probablemente
vinculado a las acciones implementadas durante la pandemia y a una mayor vigilancia internacional en
el manejo de recursos públicos. Sin embargo, en el periodo 2021-2024, el IPC evidenció un declive
constante hasta alcanzar 32 puntos, señalando un deterioro notable en la confianza hacia las
instituciones y su integridad.

A diferencia de la notable fluctuación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el sistema de
justicia penal, según el análisis del World Justice Project, muestra una estabilidad preocupante a lo
largo del tiempo, con valores que apenas varían entre 0.32 y 0.35. Esta situación refleja la falta de
reformas profundas que mejoren la capacidad del sistema judicial para enfrentar y sancionar
eficazmente la corrupción. La discrepancia entre ambos indicadores indica que las mejoras en la
percepción de la corrupción no se traducen en avances concretos en la efectividad judicial, sugiriendo
que los cambios en el IPC podrían estar influenciados más por factores políticos temporales que por
una verdadera consolidación institucional.

La brecha entre lo que percibe la ciudadanía y la efectividad real de las instituciones afecta
profundamente la gobernabilidad democrática. La persistente debilidad del sistema de justicia penal,
evidenciada por la ausencia de progresos importantes en catorce años, amenaza los logros alcanzados
en la lucha contra la corrupción. Este contexto genera un ambiente de impunidad que erosiona la
confianza de la población en las entidades del Estado.

Los resultados de este análisis están respaldados tanto teóricamente como a nivel empírico por la
literatura especializada en justicia penal y corrupción en América Latina. Según Alda y Sánchez (2021),
en esta región, los sistemas de justicia penal enfrentan una efectividad institucional limitada, problema
incrementado por la corrupción arraigada en instituciones clave como la policía, los tribunales y las
prisiones, esta situación ayuda a explicar el estancamiento observado en los indicadores del sistema
de justicia penal en Ecuador durante el periodo estudiado, ya que la corrupción sistémica debilita los


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mecanismos internos de control y reduce la capacidad para prevenir, sancionar y rehabilitar a los
infractores, generando altos niveles de impunidad y violencia recurrente.

La investigación actual respalda las conclusiones establecidas por Ponce et al. (2019), quienes
sostienen que, a pesar de las fluctuaciones observadas en el Índice de Percepción de Corrupción en
Ecuador, el funcionamiento del sistema de justicia penal permanece sin transformaciones
significativas. Estos hallazgos corroboran la premisa de que en entornos caracterizados por altos
índices de percepción corrupta y estructuras institucionales frágiles, tiende a manifestarse una mayor
prevalencia de deficiencias operacionales. Tal fenómeno se evidencia en la incapacidad institucional
del aparato judicial para traducir las modificaciones en la opinión ciudadana en mejoras tangibles y
sustanciales en la administración de justicia.

El estudio desarrollado por Centeno et al. (2020) identifica deficiencias institucionales similares en los
mecanismos anticorrupción, particularmente respecto a la implementación de medidas
compensatorias económicas destinadas a resarcir el patrimonio estatal, sugiriendo modificaciones
normativas orientadas a prevenir la ausencia de consecuencias legales por incumplimiento. Esta
situación evidencia una vulnerabilidad del aparato institucional que guarda correspondencia con el
contexto ecuatoriano, donde las limitaciones constantes del aparato judicial penal se reflejan en la
inadecuación de las medidas punitivas, la elusión de obligaciones procesales y el debilitamiento de la
legitimidad gubernamental.

La convergencia entre ambos enfoques teóricos demuestra que las deficiencias del sistema judicial
ecuatoriano forman parte de una problemática de mayor alcance que trasciende las fronteras
nacionales, en la cual los actos corruptos erosionan sistemáticamente el funcionamiento institucional
(Vallejo & Chuqimarca, 2025). Los autores enfatizan que las consecuencias de la corrupción sistémica
impactan tanto el ámbito social como operativo, argumentando que las estrategias de solución deben
contemplar no únicamente el perfeccionamiento de la administración institucional, sino también la
renovación integral del ordenamiento jurídico y los procedimientos sancionadores. Esta realidad en el
contexto ecuatoriano clarifica las razones por las cuales las mejoras temporales registradas en el
Índice de Percepción de la Corrupción no logran consolidarse en un auténtico robustecimiento del
aparato judicial, siendo necesaria la implementación de transformaciones estructurales que atiendan
simultáneamente la corrupción funcional y las deficiencias normativas.

El análisis mostró una desconexión crucial entre cómo la ciudadanía percibe la corrupción y la
capacidad real que tiene el sistema de justicia penal en Ecuador. Aunque el IPC mostró fluctuaciones
notables entre 2010 y 2024, reflejando variaciones en la opinión pública, el sistema judicial permaneció
estancado en niveles preocupantes, con valores entre 0.32 y 0.35 según el World Justice Project. Esta
diferencia indica que las mejoras en la percepción no se reflejan en un fortalecimiento institucional
genuino, lo que sugiere que los cambios en el IPC están más ligados a factores políticos temporales
que a transformaciones estructurales. La persistente debilidad del sistema judicial facilita la impunidad
y socava la gobernabilidad democrática, confirmando un patrón regional donde la corrupción arraigada
limita la eficacia de las instituciones.

Continuando con los resultados se presentan a continuación abordan de manera integral los
principales desafíos estructurales y legales que limitan la autonomía judicial y obstaculizan la
implementación efectiva de políticas anticorrupción en Ecuador.

El sistema de justicia ecuatoriano presenta múltiples desafíos que comprometen tanto su autonomía
como la implementación exitosa de estrategias para combatir la corrupción. Estas dificultades se
manifiestan a través de diversas formas de injerencia externa que afectan la independencia judicial,
incluyendo procesos de selección de magistrados y fiscales influenciados por criterios partidarios,
presiones ejercidas por sectores con poder económico y político sobre las resoluciones judiciales, y la


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utilización de mecanismos sancionadores como instrumentos de presión para coartar la autonomía
del órgano jurisdiccional, aspectos que requieren reformas estructurales profundas y sostenidas para
fortalecer la institucionalidad democrática (Basabe, 2024).

La injerencia política en el sistema judicial se intensifica por la existencia de un marco regulatorio
deficiente que no garantiza adecuadamente la autonomía de los tribunales, presentando lagunas en
los mecanismos de designación de funcionarios judiciales, protecciones limitadas para asegurar la
permanencia de los jueces en sus cargos y ausencia de sistemas efectivos que los resguarden de
posibles retaliaciones por sus decisiones; paralelamente, los recursos económicos insuficientes
destinados al aparato judicial constituyen una barrera significativa que se manifiesta en la escasa
provisión presupuestaria para la investigación de casos de corrupción de alta complejidad, la carencia
de herramientas tecnológicas especializadas necesarias para el seguimiento de patrimonios y
transacciones financieras sospechosas, así como la preparación académica limitada del personal
jurisdiccional en técnicas modernas de investigación para combatir la corrupción (Vinueza, 2025).

El sistema anticorrupción enfrenta desafíos significativos debido a la desarticulación entre sus
componentes institucionales, lo cual afecta directamente la efectividad de las medidas
implementadas. De acuerdo con Carrera et al. (2021), la carencia de mecanismos de coordinación
efectivos entre organismos clave del Estado, incluyendo la Fiscalía General, la Contraloría General, la
Secretaría de la Administración Pública y las unidades de control interno institucionales, genera
problemas operativos como la superposición de competencias, vacíos en la asignación de
responsabilidades y conflictos de jurisdicción. Esta descoordinación institucional favorece escenarios
donde la impunidad puede prosperar, obstaculizando así la ejecución de estrategias integrales y
eficientes en la lucha contra las prácticas corruptas.

El panorama de la corrupción se complica debido a múltiples deficiencias estructurales en el sistema
de control. Entre estas limitaciones se encuentra la ausencia de procedimientos uniformes que faciliten
el intercambio efectivo de información entre diferentes entidades, así como la inexistencia de sistemas
de datos unificados que posibiliten el monitoreo integral de procesos relacionados con actos de
corrupción y una capacidad restringida para establecer colaboración internacional en la persecución
de delitos que trascienden fronteras nacionales (Ospina et al., 2025). Simultáneamente, el
ordenamiento jurídico dirigido a combatir la corrupción evidencia deficiencias significativas tanto en
su estructura conceptual como en su implementación práctica, manifestándose en
conceptualizaciones penales ambiguas que obstaculizan la adecuada tipificación de las conductas
ilícitas, períodos de prescripción excesivamente reducidos para investigaciones que requieren mayor
tiempo de desarrollo, y medidas sancionatorias que carecen de la severidad necesaria para generar un
efecto disuasorio real en potenciales infractores (Monar et al., 2025).

La consolidación del sistema de justicia requiere de transformaciones profundas que aborden tanto
las limitaciones institucionales como el marco normativo existente. Barzola (2022) plantea que es
fundamental implementar reformas integrales orientadas a garantizar la autonomía del poder judicial
y optimizar los mecanismos de control de la corrupción. Según el autor, resulta imperativo modificar la
Constitución y la legislación vigente para establecer criterios meritocráticos en la designación de
funcionarios judiciales, incorporando mecanismos de participación social y sistemas de evaluación
imparciales que prevengan la injerencia de actores políticos en estos procesos de selección.

La reforma debe incluir la creación de un Consejo de la Judicatura auténticamente independiente,
integrado por académicos, integrantes de la sociedad civil y abogados con una trayectoria ética
reconocida, responsables de garantizar la autonomía, imparcialidad y efectividad del sistema judicial.
Asimismo, resulta crucial una reorganización presupuestaria que asegure un financiamiento suficiente
y constante, destinando un porcentaje fijo del presupuesto nacional a la administración de justicia. Esta


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asignación debe enfocarse especialmente en fortalecer la investigación y sanción de los delitos
vinculados a la corrupción, potenciando la capacidad del sistema judicial para enfrentar estos casos.

Este sistema debe integrarse con una plataforma tecnológica moderna que permita supervisar en
tiempo real los procesos judiciales, hacer el seguimiento de activos y detectar de manera temprana
conductas sospechosas dentro de la administración pública. Asimismo, es aconsejable establecer
juzgados especializados en delitos de corrupción con alcance nacional, dotados de los recursos
técnicos y humanos necesarios, junto con una fiscalía anticorrupción que funcione de manera
autónoma tanto en su operación como en su financiamiento. Para garantizar la sostenibilidad de estas
reformas, resulta esencial implementar mecanismos transparentes, como la publicación periódica de
indicadores de desempeño, auditorías externas independientes y sistemas de vigilancia ciudadana.

CONCLUSIÓN

El período comprendido entre 2010 y 2024 marcó un punto de inflexión en la evolución de las prácticas
corruptas al interior del sistema carcelario ecuatoriano, evidenciándose una metamorfosis desde
infracciones menores de carácter burocrático hacia el establecimiento de un dominio prácticamente
hegemónico por parte de organizaciones delincuenciales. Las dinámicas de corrupción sistémica,
caracterizadas por el intercambio monetario ilícito para el ingreso de elementos prohibidos,
mecanismos de coacción económica permanente y la comercialización de sustancias psicoactivas en
el interior de los establecimientos penitenciarios, ocasionaron el desvanecimiento progresivo del
propósito rehabilitador inherente a dichas instituciones, transformándolas en epicentros operacionales
para la criminalidad estructurada.

Los hallazgos del estudio evidenciaron una brecha significativa entre las percepciones sociales
respecto a los niveles de corrupción y el desempeño efectivo del aparato judicial penal ecuatoriano
durante el período 2010-2024. El análisis demostró que, aunque el Índice de Percepción de Corrupción
experimentó fluctuaciones considerables que espejaron transformaciones en la opinión colectiva, el
rendimiento del sistema de justicia mantuvo una estabilidad problemática con valoraciones que
oscilaron entre 0.32 y 0.35 puntos. Esta disparidad pone de manifiesto que las modificaciones
positivas en la percepción ciudadana no lograron materializarse en un robustecimiento institucional
efectivo, lo cual sugiere que tales variaciones respondieron primordialmente a dinámicas políticas
coyunturales antes que a transformaciones estructurales de fondo, perpetuando así los esquemas de
impunidad y comprometiendo la solidez del sistema democrático de gobierno.

Los hallazgos del estudio revelan que el sistema judicial ecuatoriano experimentó limitaciones
sustanciales en su autonomía e implementación de medidas anticorrupción debido a múltiples
factores sistémicos. La investigación identificó como principales obstáculos la injerencia de actores
políticos en procesos judiciales, deficiencias en el marco regulatorio existente, recursos económicos
insuficientes y una estructura institucional desarticulada. Estos elementos configuraron un escenario
institucional vulnerable que obstaculiza el desempeño efectivo del aparato judicial en la prevención y
sanción de actos corruptos. Los resultados subrayan la imperativa implementación de
transformaciones estructurales integrales que contemplen modificaciones constitucionales,
redistribución presupuestaria y establecimiento de organismos especializados para garantizar la
independencia judicial y optimizar las estrategias anticorrupción.

La investigación evidencia que durante el período 2010-2024, Ecuador experimentó un deterioro
significativo de sus instituciones penitenciarias y judiciales, transformándose las irregularidades
administrativas menores en mecanismos de control ejercidos por grupos delictivos organizados. La
discrepancia entre las expectativas sociales y el rendimiento institucional del aparato judicial,
caracterizada por su estancamiento operativo, sumada a las deficiencias estructurales que
comprometen la independencia judicial, generaron un contexto de impunidad sistemática que erosiona


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los fundamentos de la gobernanza democrática, evidenciando la imperativa necesidad de implementar
transformaciones institucionales profundas.


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