LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 1155.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4663

El servicio de la inteligencia artificial en el sistema legal
mexicano

The service of artificial intelligence in the mexican legal system

Jesús Alejandro Sánchez Delgado
jasdelgado@uat.edu.mx

https://orcid.org/0009-0003-1538-4801
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Tampico – México

María Guadalupe Aguilar Silva
maguilars@docentes.uat.edu.mx

https://orcid.org/0009-0001-6352-2119
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Tampico – México

José Salvador Vidales del Ángel
jsvidales@uat.edu.mx

https://orcid.org/0009-0007-2540-0384
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Tampico – México

Diego Armando Sánchez Delgado
disanchez@uat.edu.mx

https://orcid.org/0009-0009-7672-3743
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Tampico – México

Artículo recibido: 25 de junio de 2025. Aceptado para publicación: 16 de octubre de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen
Este artículo analiza la integración de la Inteligencia Artificial (IA), en el sistema judicial mexicano,
examinando el marco jurídico actual, los retos éticos y legales, y las posibles actualizaciones
necesarias. México carece de una ley específica para regular la IA, aunque existen leyes relacionadas
con la protección de datos y propiedad intelectual. El país ha participado en iniciativas internacionales
sobre IA, pero enfrenta desafíos como la brecha digital y la desigualdad en el acceso tecnológico. Se
destacan avances como la implementación de plataformas digitales judiciales, pero se señalan
preocupaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y posibles sesgos en los sistemas de IA
aplicados a la justicia. El artículo aborda desafíos técnicos y éticos, incluyendo la dependencia
tecnológica y la protección de datos sensibles. Se proponen recomendaciones para fortalecer el
marco regulatorio, como la actualización legislativa y el mejoramiento del acceso a la justicia. Se
enfatiza la importancia de un enfoque multidisciplinario que involucre a juristas, tecnólogos,
legisladores y expertos en ética para abordar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece la
IA en el sistema judicial mexicano.

Palabras clave: inteligencia artificial, sistema judicial, regulación tecnológica

Abstract
This article analyzes the integration of Artificial Intelligence (AI) in the Mexican judicial system,

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 1156.

examining the current legal framework, ethical and legal challenges, and possible necessary updates.
Mexico lacks a specific law to regulate AI, although there are laws related to data protection and
intellectual property. The country has participated in international AI initiatives but faces challenges
such as the digital divide and inequality in technological access. Advancements such as the
implementation of digital judicial platforms are highlighted, but concerns about transparency,
accountability, and potential biases in AI systems applied to justice are noted. The article addresses
technical and ethical challenges, including technological dependence and sensitive data protection.
Recommendations are proposed to strengthen the regulatory framework, such as legislative updates
and improving access to justice. The importance of a multidisciplinary approach involving jurists,
technologists, legislators, and ethics experts is emphasized to address the challenges and take
advantage of the opportunities that AI offers in the Mexican judicial system.

Keywords: artificial intelligence, judicial system, technological regulation

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Cómo citar: Sánchez Delgado, J. A., Aguilar Silva, M. G., Vidales del Ángel, J. S., & Sánchez Delgado,
D. A. (2025). El servicio de la inteligencia artificial en el sistema legal mexicano. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (54), 1155 – 1168.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i5.4663

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ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 1157.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una fuerza transformadora en diversos sectores de la
sociedad, incluyendo el ámbito judicial. Su creciente implementación en los sistemas de justicia
promete mayor eficiencia y precisión en la administración de la ley. Sin embargo, esta revolución
tecnológica también plantea desafíos significativos en términos éticos, legales y operativos,
especialmente en países como México, donde la brecha digital y la desigualdad en el acceso a la
tecnología son realidades persistentes (Segura, 2023).

En este contexto, el presente artículo examina el panorama actual de la integración de la IA en el
sistema judicial mexicano, analizando el marco jurídico existente, los retos éticos y legales que surgen
de su implementación, y las posibles vías para actualizar el marco legal con el fin de abordar estas
nuevas realidades. El estudio se enfoca en la intersección entre tecnología y justicia, considerando
tanto las oportunidades de mejora en la administración judicial como los riesgos potenciales para la
equidad y la transparencia en los procesos legales.

A través de un análisis exhaustivo de la legislación vigente, iniciativas propuestas y experiencias
internacionales, este trabajo busca contribuir al debate sobre cómo México puede aprovechar las
ventajas de la IA en su sistema judicial, mientras mitiga los riesgos asociados y garantiza un acceso
equitativo a la justicia para todos los ciudadanos. El objetivo principal es proporcionar una base sólida
para la formulación de políticas y reformas legales que permitan una integración ética y eficiente de la
IA en el ámbito judicial mexicano.

DESARROLLO

Contexto histórico

La inteligencia artificial (IA), ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras del siglo
XXI, y México no ha sido ajeno a su desarrollo e implementación. Aunque el país no ha sido un líder
mundial en este campo, ha realizado avances significativos y ha mostrado un creciente interés en
integrar la IA en diversos sectores, incluyendo el gubernamental, académico y empresarial.

Los primeros pasos de México en el campo de la IA, se remontan a la década de 1980, cuando las
universidades comenzaron a incorporar cursos y programas relacionados con esta disciplina. La
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) fueron pioneros en este aspecto, estableciendo departamentos y grupos de
investigación dedicados a la IA (Martínez-Piva, 2019).

En la década de 1990, se observó un aumento en la investigación y desarrollo de IA en México,
principalmente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y los
sistemas expertos. Sin embargo, estos esfuerzos fueron principalmente académicos y no se tradujeron
inmediatamente en aplicaciones prácticas a gran escala (Coello Coello, 2003).

El verdadero impulso de la IA en México comenzó a tomar forma en la primera década del 2000. En
2008, se creó la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), que ha desempeñado un papel
crucial en la promoción de la investigación y aplicación de la IA en el país (Sociedad Mexicana de
Inteligencia Artificial, n.d.). Esta organización ha sido fundamental para conectar a investigadores,
profesionales y entusiastas de la IA en México.

Un hito importante en el desarrollo de la IA en México fue la presentación de la Estrategia de Inteligencia
Artificial MX 2018, un documento que delineaba la visión del país para el desarrollo y aplicación de la
IA. Esta estrategia se enfocaba en cinco áreas principales: gobernanza y servicios públicos,

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investigación y desarrollo, capacidades, habilidades y educación, datos e infraestructura digital, y ética
(Secretaría de Estrategia Digital Nacional, 2018).

En el ámbito internacional, México ha mostrado liderazgo al presentar resoluciones ante las Naciones
Unidas sobre el impacto global de la IA. En 2018, el país presentó las resoluciones 72/242 y 73/17,
iniciando un debate internacional sobre las implicaciones de la IA (Loyola, 2023). Esto demuestra el
compromiso de México con la discusión global sobre los desafíos éticos y sociales que plantea la IA.

A nivel de investigación y desarrollo, México ha realizado avances significativos. El Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha apoyado numerosos proyectos relacionados con la IA. En 2019,
se estableció el Consorcio en Inteligencia Artificial del CONACYT, una iniciativa que busca fomentar la
colaboración entre instituciones académicas y el sector privado en el desarrollo de soluciones basadas
en IA (CONACYT, 2019).

En el sector privado, empresas mexicanas y multinacionales con presencia en México han comenzado
a integrar soluciones de IA en sus operaciones. Sectores como el financiero, el de atención al cliente y
el manufacturero han sido particularmente activos en la adopción de tecnologías de IA (Deloitte, 2020)

Marco jurídico legal existente

En la era digital actual, la Inteligencia Artificial (IA) ha experimentado un crecimiento exponencial y se
ha convertido en una fuerza impulsora en diversos sectores. Sin embargo, a medida que avanza esta
tecnología disruptiva, surgen preocupaciones éticas y legales sobre su regulación a nivel internacional.
La ausencia de un marco regulatorio claro y coherente podría conducir a consecuencias imprevistas y
perjudiciales. Por lo tanto, es fundamental abordar esta cuestión de manera proactiva y establecer
directrices globales para garantizar un desarrollo responsable y ético de la IA.

Varios organismos internacionales han reconocido la importancia de establecer pautas y directrices
para el desarrollo y uso de la IA. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido pionera en este
ámbito, con la creación del Panel de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (HLAB, por sus siglas en
inglés), que ha emitido recomendaciones sobre la gobernanza de la IA (Naciones Unidas, 2021).
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado los
"Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial", que promueven el diseño y uso responsable de la
IA (OCDE, 2019).

La Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial representa un hito
significativo en la gobernanza global de la tecnología. Adoptada por unanimidad por los 193 Estados
miembros de la organización, esta recomendación se erige como el primer marco normativo mundial
diseñado específicamente para abordar los desafíos éticos que plantea la IA. Su relevancia se ha vuelto
aún más evidente a la luz de los recientes llamamientos de expertos en tecnología para pausar el
desarrollo de sistemas de IA avanzados (Naciones Unidas, 2023).

El marco propuesto por la UNESCO busca un equilibrio delicado entre fomentar la innovación y mitigar
los riesgos asociados con la IA. Para lograr este objetivo, la recomendación se estructura en torno a
valores y principios fundamentales, complementados con directrices políticas detalladas. Esta
aproximación holística permite abordar una amplia gama de preocupaciones éticas, desde la
discriminación y los estereotipos hasta la fiabilidad de la información, la privacidad y la protección de
datos (Naciones Unidas, 2023).

Un aspecto crucial de la recomendación es su énfasis en la insuficiencia de la autorregulación de la
industria para prevenir daños éticos. Al proporcionar herramientas para garantizar que el desarrollo de
la IA se adhiera al estado de derecho, la UNESCO busca establecer un marco de responsabilidad y

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reparación. Esto es particularmente importante en áreas sensibles como los derechos humanos y el
impacto ambiental de la tecnología (Naciones Unidas, 2023).

Actualmente, México no cuenta con una ley específica que regule la IA. Sin embargo, existen diversas
leyes y reglamentos que abordan aspectos relacionados con esta tecnología, como la protección de
datos personales, la propiedad intelectual y la ciberseguridad. La Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), "establece los principios, derechos,
obligaciones y procedimientos con que deberán cumplir los responsables del tratamiento de datos
personales", lo cual es particularmente relevante en el contexto de la IA (Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, 2025).

Por otro lado, la Ley Federal del Derecho de Autor "tiene por objeto la salvaguarda y promoción del
acervo cultural de la Nación; la protección de los derechos de los autores", (Ley Federal del Derecho de
Autor, 1996.) lo que implica la protección de los derechos de propiedad intelectual de los creadores de
software y algoritmos de IA. Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión "tiene
por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico" , contemplando
aspectos relacionados con la ciberseguridad y la protección de las redes de telecomunicaciones (Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diario Oficial de la Federación, 2014).

La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de México para expedir la Ley para la
Regulación reconoce que México ha asumido un liderazgo internacional en temas relacionados con la
IA, participando en acuerdos y foros internacionales sobre el tema. Sin embargo, a nivel nacional, el
marco jurídico existente no aborda de manera específica la regulación de esta tecnología. Si bien se
han realizado esfuerzos previos, como la Estrategia Digital Nacional y el Consorcio en Inteligencia
Artificial del Conacyt, la agenda de IA se ha visto relegada en la actual administración (Loyola, 2023).

En este sentido, la propuesta busca llenar un vacío legal y establecer un marco normativo sólido que
regule el desarrollo, implementación y uso de la IA en México, considerando sus implicaciones éticas
y sociales. Se fundamenta en las facultades constitucionales del Congreso para legislar en materia de
tecnologías de la información y comunicación (Loyola, 2023)

La iniciativa comienza con una conceptualización de la IA, resaltando su capacidad para aprender,
tomar decisiones y realizar tareas antes reservadas exclusivamente a los seres humanos. Se reconoce
su creciente relevancia en diversos sectores, desde el reconocimiento de imágenes hasta el
procesamiento de datos médicos. Asimismo, se enfatiza la necesidad de contar con un marco
normativo que regule el uso ético y responsable de la IA, previniendo y analizando posibles desventajas
o efectos negativos derivados de su proliferación. Se menciona la importancia de abordar aspectos
como la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la protección contra sesgos y
discriminación (Loyola, 2023).

En 2018, México presentó las resoluciones 72/242 y 73/17 ante las Naciones Unidas, iniciando un
debate internacional sobre el impacto global de la IA. En marzo de ese año, se publicó el informe: "Hacia
una estrategia de IA en México: aprovechando la revolución de la IA", elaborado por expertos ingleses
y mexicanos. Sin embargo, en México el 30% de la población ni siquiera tiene acceso a internet, lo que
puede generar una mayor brecha social y económica en el país. "Somos de la opinión que nos
encontramos ante el desafío más complejo y trascendente en la historia del derecho moderno. Sin
exagerar." (Suplemento Obsidiana, 2023).

Ahora bien, centrando nuestra atención en nuestro ámbito territorial, observamos que algunas leyes
dentro de nuestro ordenamiento jurídico ya consideran el concepto de justicia digital. Un ejemplo de
esto lo podemos encontrar en el artículo 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que abre la posibilidad de implementar las herramientas necesarias para

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garantizar el acceso a los derechos reconocidos dentro de la Constitución y, de manera general,
respecto de los derechos humanos (Const., 1917, art. 122, A, I).

Ejemplos de los avances derivados de las disposiciones constitucionales y convencionales
mencionadas, encontramos la Plataforma Informática de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, a través de la cual se ponen a disposición de la ciudadanía diversos servicios, como la
presentación de denuncias.

Otro ejemplo ampliamente reconocido es la implementación del Portal de Servicios en Línea del Poder
Judicial de la Federación, el cual es denominado como "sistema tecnológico que permite el acceso en
línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las
áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo institucional en dos
directrices: la primera, dar vida al juicio en línea previsto en la Ley de Amparo, además de las
necesidades tecnológicas requeridas en materia de juicios orales mercantiles y penales; y la segunda,
brindar acceso total a toda petición que se formule ante el Poder Judicial de la Federación, en beneficio
de la sociedad mexicana". Asimismo, dicha plataforma permite realizar los procesos de presentación
de demandas, solicitudes o escritos iniciales y promociones, consultar notificaciones electrónicas,
expediente electrónico y documentos de los acuerdos judiciales, imprimir acuses, así como el uso
obligatorio de la Firma Electrónica (FIREL) en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la
Judicatura Federal (en adelante CJF) (Dávila, 2022).

El artículo 17, primer párrafo de la Constitución Política Mexicana (CPM) establece que:

Ninguna persona podrá́ hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será́ gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales. (Const., 1917, art.17)

Las instituciones que procuran justicia en el medio nacional deben sumar esfuerzos para mejorar la
impartición de justicia, y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son los
instrumentos idóneos para lograrlo. Esta reestructuración es indispensable en México para consolidar
un Estado de Derecho, pero para ello es necesario contar con instituciones a la vanguardia en
infraestructura tecnológica, con recursos materiales y recursos humanos capacitados. Con estas
capacidades, se logrará combatir el delito y recuperar la confianza de la ciudadanía y el reconocimiento
social de las instituciones (Dávila, 2022).

Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que aún existe
un gran reto en el contexto de la sociedad de la información: la brecha digital, que es la línea divisoria
entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es
incapaz de hacerlo. En otras palabras, "es una línea que separa a las personas que ya se comunican y
coordinan actividades mediante redes digitales de quienes aún no han alcanzado este estado
avanzado de desarrollo". Esta nueva forma de exclusión se identifica también como brecha digital
internacional (abismo que separa a las regiones y a los países) y brecha digital doméstica (divide a los
grupos de ciudadanos de una sociedad) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003).

Es importante mencionar que México ha realizado avances significativos en la preparación para la
adopción de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público, pero aún enfrenta desafíos importantes en
su camino hacia la transformación digital gubernamental. En cuanto a la preparación general para la
adopción de IA a nivel gubernamental, México muestra un desempeño mixto. Según el Government
Artificial Intelligence Readiness Index (GARI) de 2020, el país ocupó la posición 55 a nivel global y la
quinta en América Latina. Sin embargo, esta posición representa un retroceso respecto a años

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anteriores, lo que sugiere que otros países están avanzando más rápidamente en este ámbito. México
destaca positivamente en aspectos como la disponibilidad y representatividad de datos, pero muestra
debilidades en el desarrollo de su sector tecnológico, especialmente en innovación y tamaño del
mercado (Maqueo et al., 2021).

Retos éticos y legales que se plantean

En el ámbito de la justicia, la innovación tecnológica ha sido una constante promesa de mejora y
eficiencia. Sin embargo, la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a los tribunales plantea desafíos sin
precedentes que requieren un análisis profundo y cauteloso. Francesco Contini, destacado
investigador y jefe de investigación en el Instituto de Investigación sobre los Sistemas Judiciales del
Consejo Nacional de Investigaciones en Italia, ofrece una perspectiva crítica sobre esta tendencia
emergente (Contini, 2019).

Contini comienza su análisis contextualizando la situación actual. Durante décadas, las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), han prometido revolucionar el sistema judicial, ofreciendo
mayor transparencia y eficiencia. Sin embargo, muchas de estas promesas aún no se han
materializado completamente. Es en este escenario donde la IA emerge como una nueva panacea
tecnológica, especialmente a través del aprendizaje automático (Contini, 2019).

Lo que distingue a la IA de las herramientas tecnológicas anteriores es su objetivo de influir
directamente en la toma de decisiones judiciales. Esta característica plantea interrogantes
fundamentales: ¿Conducirá realmente a decisiones más justas o podría socavar el funcionamiento
adecuado de la justicia?

Para ilustrar sus preocupaciones, Contini presenta ejemplos concretos. Menciona el caso de Inglaterra
y Gales, donde un simple error en un formulario digital resultó en cálculos erróneos de pensiones
alimenticias durante un período prolongado. Este incidente subraya la dificultad de detectar y corregir
errores en sistemas tecnológicos complejos, así como la tendencia de los usuarios a confiar
ciegamente en la tecnología sin cuestionar su funcionamiento interno. (Contini, 2019).

La rendición de cuentas y la transparencia son otros aspectos críticos que Contini aborda. Argumenta
que, si bien la tecnología puede proporcionar acceso a grandes cantidades de datos, es
extremadamente difícil comprender y auditar el funcionamiento interno de los algoritmos de IA. Esta
opacidad se vuelve aún más problemática cuando se trata de sistemas de aprendizaje automático, que
evolucionan y cambian con el tiempo. (Contini, 2019).

El uso de la IA en la toma de decisiones sobre prisión preventiva es un área particularmente sensible
que Contini examina. Plantea el dilema al que se enfrentan los jueces cuando sus propias evaluaciones
difieren de las recomendaciones del sistema de IA. Este escenario no solo cuestiona la autonomía
judicial, sino que también suscita preocupaciones sobre la responsabilidad en caso de errores (Contini,
2019).

Aunque reconoce los argumentos a favor de estos sistemas, como su supuesta objetividad y precisión,
Contini los cuestiona citando un estudio de ProPublica que reveló sesgos raciales en las predicciones
de reincidencia de un sistema de IA. Este ejemplo subraya que los sistemas de IA pueden perpetuar e
incluso exacerbar los prejuicios existentes en la sociedad (Contini, 2019).

Uno de los principales retos es la implementación efectiva de sistemas de IA en los tribunales. Mientras
que estas tecnologías pueden acelerar el procesamiento de casos y asistir en la toma de decisiones,
también surgen preocupaciones sobre la falta de transparencia en los procesos automatizados. Los
algoritmos de IA, por su naturaleza compleja, pueden ser percibidos como "cajas negras", lo que
dificulta entender cómo se llega a ciertas conclusiones. Además, existe el riesgo de que estos sistemas

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perpetúen o incluso amplifiquen sesgos existentes en el sistema judicial, lo que podría comprometer
la imparcialidad de la justicia (Segura, 2023).

La dependencia tecnológica también plantea desafíos en términos de infraestructura. La rápida
evolución de la tecnología significa que los sistemas pueden volverse obsoletos rápidamente, lo que
implica costos continuos de mantenimiento y actualización. Además, la dependencia de proveedores
extranjeros para tecnología crítica puede plantear riesgos de seguridad nacional y soberanía
tecnológica (Segura, 2023).

En el ámbito legal y ético, la integración de la IA en el sistema judicial mexicano crea nuevos dilemas.
Los marcos legales existentes pueden no estar preparados para abordar las complejidades de la toma
de decisiones automatizada en contextos judiciales. Surgen preguntas sobre cómo atribuir
responsabilidad cuando las decisiones son asistidas o tomadas por sistemas de IA. Además, es
necesario encontrar un equilibrio entre la eficiencia que ofrecen estas tecnologías y las garantías
procesales fundamentales del sistema judicial (Pantin, 2024).

La interoperabilidad de sistemas entre diferentes instituciones judiciales y gubernamentales presenta
otro desafío técnico y logístico. La falta de estandarización puede llevar a ineficiencias, duplicación de
esfuerzos y dificultades en el intercambio de información crucial (Dirección General de Comunicación
Social UNAM, 2023).

A continuación, en la Tabla 1 se pueden mostrar de manera esquematizada los riesgos de dependencia
tecnológica en el sistema judicial:

Tabla 1

Desafíos de la inteligencia artificial en la aplicación tecnológica

Desafíos

Riesgos Asociados

Implementación de sistemas de
IA en tribunales

- Falta de transparencia en la toma de decisiones
automatizadas
- Posibles sesgos en los algoritmos
- Dependencia excesiva de la tecnología

Protección de datos sensibles - Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Acceso no autorizado a información judicial confidencial
-Violación de la privacidad de las partes involucradas

Capacitación del personal
judicial

- Resistencia al cambio tecnológico
- Uso inadecuado de herramientas de IA
- Brecha de habilidades digitales

Infraestructura tecnológica - Obsolescencia rápida de equipos y software
- Costos elevados de mantenimiento y actualización
- Dependencia de proveedores extranjeros

Marco legal y ético - Vacíos legales en el uso de IA en el sistema judicial
- Dificultades para atribuir responsabilidad en decisiones
automatizadas
- Conflictos entre eficiencia tecnológica y garantías procesales

Interoperabilidad de sistemas - Incompatibilidad entre plataformas de diferentes instituciones
- Dificultades en el intercambio de información entre entidades
- Duplicación de esfuerzos y recursos

Brecha digital - Acceso desigual a la justicia digital
- Exclusión de sectores vulnerables
-Aumento de la desigualdad en el acceso a servicios judiciales

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Fuente: elaboración propia.

Es importante señalar que, la integración de la IA y las tecnologías digitales en el sistema judicial
mexicano ofrece oportunidades significativas para mejorar la administración de justicia. Sin embargo,
es crucial abordar de manera proactiva los desafíos y riesgos asociados. Esto requiere un enfoque
multidisciplinario que involucre a juristas, tecnólogos, legisladores y expertos en ética.

Actualización del marco legal para tal fin

El fortalecimiento del sistema judicial mexicano requiere no solo de mejoras operativas y tecnológicas,
sino también de un sólido marco regulatorio y políticas públicas efectivas. Estas medidas son
fundamentales para garantizar la integridad, eficiencia y accesibilidad del sistema de justicia. A
continuación, en la tabla 1, se presentan recomendaciones clave en este ámbito:

Tabla 2

Marco regulatorio

Área de Política Medidas Propuestas
Actualización y Armonización
Legislativa

• Reforma integral de leyes orgánicas del Poder Judicial a nivel
federal y estatal.
• Armonización de códigos procesales para garantizar
uniformidad en los procedimientos.
• Legislación específica sobre el uso de tecnologías en procesos
judiciales.

Fortalecimiento de la
Independencia Judicial

• Implementación de mecanismos transparentes para la
selección y nombramiento de jueces.
• Establecimiento de un sistema de evaluación de desempeño
judicial basado en méritos.
• Reforzamiento de las garantías de inamovilidad y seguridad
laboral para jueces y magistrados.

3. Transparencia y Rendición
de Cuentas

• Creación de un sistema de información judicial unificado y
accesible al público.
• Implementación de mecanismos de auditoría externa para los
tribunales.
• Publicación obligatoria de todas las sentencias judiciales, con
las debidas protecciones de datos personales.

Acceso a la Justicia • Expansión y fortalecimiento de los servicios de defensoría
pública.
• Implementación de programas de justicia itinerante para
comunidades remotas.
• Desarrollo de plataformas digitales para trámites y consultas
judiciales.

Justicia Alternativa y
Resolución de Conflictos

• Regulación y promoción de la mediación y conciliación en
diversos tipos de disputas.
• Implementación de juzgados especializados en resolución
rápida de casos menores.
• Incentivos para la resolución extrajudicial de conflictos en
casos apropiados.

Especialización Judicial • Creación de tribunales especializados en materias complejas
(ej. ciberdelitos, medio ambiente).
• Programas de capacitación continua y especialización para
jueces y personal judicial.
• Implementación de sistemas de gestión de casos adaptados a
diferentes tipos de procesos.

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Protección de Grupos
Vulnerables

• Implementación de protocolos de atención especializados para
mujeres, niños y minorías étnicas.
• Creación de unidades de traducción e interpretación para
comunidades indígenas.
• Adecuación de infraestructura judicial para personas con
discapacidades.

Cooperación Interinstitucional • Establecimiento de mecanismos de colaboración entre el
Poder Judicial, Ministerios Públicos y cuerpos policiales.
• Creación de sistemas de información compartidos entre
diferentes instancias judiciales.
• Fomento de la cooperación internacional en materia judicial,
especialmente en casos transnacionales.

Evaluación y Mejora Continua • Establecimiento de indicadores de desempeño claros y
medibles para el sistema judicial.
• Realización de evaluaciones periódicas del impacto de las
reformas judiciales.
• Creación de un observatorio judicial independiente para
monitorear y proponer mejoras al sistema.

Educación y Cultura Jurídica • Implementación de programas de educación cívica
• Fomento de la investigación académica sobre temas de justicia
y derecho.

Fuente: elaboración propia.

En definitiva, la implementación exitosa de estas políticas demandará un esfuerzo coordinado entre
los diferentes poderes del Estado, así como la participación activa de la sociedad civil y la comunidad
académica. El objetivo final es construir un sistema judicial que no solo se adapte a las nuevas
tecnologías y realidades sociales, sino que también mantenga los principios fundamentales de justicia,
equidad y respeto a los derechos humanos.

DISCUSIÓN

En primer lugar, es importante reconocer que México se encuentra en una posición única en cuanto a
la adopción de IA en el ámbito judicial. Por un lado, nuestro país ha mostrado liderazgo a nivel
internacional, participando en iniciativas globales y presentando resoluciones ante las Naciones Unidas
sobre el impacto de la IA. Sin embargo, a nivel nacional, existe una brecha significativa en términos de
infraestructura tecnológica y acceso digital. Esta disparidad plantea un desafío fundamental: ¿cómo
implementar tecnologías avanzadas de IA en un sistema donde una parte considerable de la población
aún carece de acceso básico a internet?

El marco jurídico actual de México, aunque no cuenta con una ley específica para la IA, sí dispone de
legislaciones relacionadas con la protección de datos personales, propiedad intelectual y
ciberseguridad. Esto proporciona una base sobre la cual construir, pero es evidente la necesidad de
una regulación más específica y actualizada que aborde los desafíos únicos que presenta la IA en el
contexto judicial.

Los avances en la implementación de plataformas digitales judiciales, como el Portal de Servicios en
Línea del Poder Judicial de la Federación, demuestran pasos positivos hacia la modernización del
sistema. Sin embargo, estos avances también ponen de manifiesto la necesidad de abordar cuestiones
de transparencia, rendición de cuentas y equidad en el acceso a la justicia digital.

Uno de los retos más significativos es el equilibrio entre la eficiencia que promete la IA y la preservación
de principios fundamentales del sistema judicial, como la imparcialidad y la justicia individualizada. La
opacidad de los algoritmos de IA, a menudo descritos como "cajas negras", plantea preocupaciones

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sobre la transparencia en la toma de decisiones judiciales. Además, existe el riesgo de que estos
sistemas perpetúen o incluso amplifiquen sesgos existentes en el sistema judicial.

La dependencia tecnológica es otro aspecto crucial a considerar. La rápida evolución de la tecnología
implica no solo costos continuos de mantenimiento y actualización, sino también riesgos potenciales
para la soberanía tecnológica del país si se depende excesivamente de proveedores extranjeros para
sistemas críticos de justicia.

Para abordar estos desafíos, es esencial adoptar un enfoque multidisciplinario que involucre a juristas,
tecnólogos, legisladores y expertos en ética. La actualización del marco legal debe ir más allá de la
mera regulación técnica; debe abordar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia en
la era digital y cómo preservar los valores esenciales del sistema judicial en un entorno cada vez más
automatizado.

Es uno de los factores importantes también considerar el factor humano en esta transición tecnológica.
La capacitación del personal judicial, la adaptación de los procedimientos existentes y la gestión del
cambio cultural dentro del sistema judicial son aspectos que no pueden ser subestimados.

En relevancia, la integración de la IA en el sistema judicial mexicano ofrece un potencial transformador
significativo, pero su implementación exitosa requiere un enfoque cauteloso y bien planificado. Es
necesario un equilibrio delicado entre aprovechar las ventajas de la tecnología y preservar los principios
fundamentales de justicia y equidad. El camino hacia un sistema judicial potenciado por IA en México
no solo implica desafíos tecnológicos y legales, sino también una profunda reflexión sobre los valores
que sustentan el sistema de justicia y cómo estos pueden ser preservados y fortalecidos en la era
digital.

CONCLUSIONES

La implementación de la Inteligencia Artificial (IA), en el sistema judicial mexicano representa una
oportunidad transformadora para mejorar la eficiencia, transparencia y acceso a la justicia. Este
análisis examina el impacto potencial de la IA en el ámbito legal, destacando sus beneficios, desafíos
éticos y prácticos, así como sus implicaciones a largo plazo para la administración de justicia. Las
siguientes conclusiones sintetizan los hallazgos clave de este artículo científico y ofrecen una visión
prospectiva sobre el papel de la IA en el futuro del sistema judicial.

La IA promete transformar positivamente la administración de justicia, mejorando la eficiencia, equidad
y accesibilidad del sistema judicial. Puede acelerar procesos, reducir sesgos y democratizar el acceso
a la información legal.

La implementación de la IA en el sistema judicial plantea importantes cuestiones éticas y prácticas,
como la posible perpetuación de sesgos existentes y la necesidad de garantizar la transparencia en la
toma de decisiones automatizadas.

Existen desafíos prácticos significativos, incluyendo la resistencia al cambio por parte de los
profesionales del derecho y la falta de infraestructura tecnológica adecuada en muchos sistemas
judiciales.

La IA no reemplazará a jueces y abogados, sino que actuará como una herramienta de apoyo,
permitiendo a los profesionales del derecho enfocarse en aspectos más complejos que requieren
habilidades únicamente humanas.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, octubre, 2025, Volumen VI, Número 5 p 1167.

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