entender que además de ser un derecho humano, la educación influye de manera significativa en el
desarrollo social y económico del país.
Con la reforma educativa de 2013 se reconoce que el Sistema Educativo Nacional (SEN) está integrado,
no únicamente por las instituciones, autoridades, organismos autónomos y descentralizados del
Estado, sino también por los alumnos, padres de familia, docentes, planes y programas de estudios,
materiales, infraestructura, el Sistema de Información y Gestión Educativa (SI GED) y por la evaluación
educativa. Este reconocimiento de los elementos que integran al SEN, así como la definición de calidad
y lo que se requiere para lograrla, no sólo tiene implicaciones en la definición, estructura y dimensión
del sistema educativo, sino también en los recursos necesarios para financiarlo (CIEP, 2016, p 17).
Considerando que, del total del presupuesto asignado a educación, alrededor del 87% se aplica en pago
de nómina y un 4% programa de becas, es poco alentador pensar que se cubrirá de manera satisfactoria
los demás rubros tales como inversión en infraestructura física, tecnológica, capacitación docente,
evaluación y educación indígena.
Aunque existe un reconocimiento general de la educación como una prioridad, en México existe una
muy marcada brecha entre lo que en la ley se establece y lo que realmente se financia en la práctica.
Existen muchas deficiencias en cuanto a la distribución desigual del presupuesto, así como la
administración de este gasto.
Por esa razón creemos en la importancia que tiene y representa el financiamiento y derecho a la
educación desde una perspectiva comparada con las leyes generales de educación en los países de
América latina.
Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en 1948, el
cumplimiento del derecho a la educación ha enfrentado el problema de la insuficiencia de recursos
públicos para su financiación. En la actualidad esta situación persiste con mayores complejidades por
varias cuestiones, pero en particular debido a la restricción de recursos dadas las recurrentes crisis
financieras a nivel regional o global. En este escenario, aun cuando la mayoría de los gobiernos de los
países de América Latina establecen en sus leyes generales educativas su obligación de financiar la
educación, en la práctica se maximiza la premisa “hacer más con menos”. También, ante los
presupuestos educativos deficitarios, algunos países han implantado fuentes alternas
o
complementarias para allegarse recursos, a través de mecanismos como la ayuda externa, imponer a
las instituciones educativas la venta de servicios o productos y aportaciones económicas de las
familias. Es cierto que en los países latinoamericanos el Estado es el principal financiador de la
educación con recursos públicos, incluido Chile con un sistema educativo privado pero cuyos
prestadores del servicio son financiados por el erario gubernamental. Con la excepción chilena, en
todos los demás países latinoamericanos los gobiernos financian la educación pública, pero en su
mayoría únicamente la que es obligatoria básicamente -el preescolar, la primaria y la secundaria-,
aunque en algunos otros países ciertos niveles que no tienen ese carácter también son responsabilidad
financiera del gobierno, como son los casos del Brasil y Cuba donde no es obligatorio el preescolar.
Incluso en Chile el gobierno garantiza el financiamiento de 2 años, además que forman parte de su
sistema educativo y política educativa; o en el caso de Nicaragua que no es obligatoria la secundaria e
igualmente la financia (Ibarra, 2017 p. 32).
Se realizará un estudio, investigación y revisión en la distribución de los recursos públicos al interior
del país y de la evidencia que existe en términos de equidad, mejoras y calidad en la educación. Se
debe considerar como la falta de recursos impacta de manera negativa y como se ven afectados
programas de educación para adultos, investigación científica, disponibilidad de materiales,
infraestructura etcétera. A la vez que es importante explorar nuevas formas de aumentar la inversión
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, diciembre, 2025, Volumen VI, Número 6 p 2144.
