Consideraciones Éticas
El estudio se rige por los principios éticos fundamentales que orientan la investigación con seres
humanos. En primer lugar, todos los participantes firmaron un consentimiento informado donde se les
explicó de manera clara y comprensible: los objetivos del estudio, los procedimientos de recolección
de datos, el uso exclusivamente académico de la información, y su derecho a retirarse de la
investigación en cualquier momento sin consecuencia alguna. Para los participantes menores de edad,
el consentimiento fue suscrito por sus representantes legales, complementado con un asentimiento
informado dirigido a los propios estudiantes.
En segundo lugar, se garantizó la confidencialidad y el anonimato de todos los participantes mediante
la asignación de códigos alfanuméricos en lugar de nombres reales en la transcripción y análisis de los
datos. Las grabaciones de audio serán destruidas una vez concluido el proceso de transcripción y
validación. Finalmente, el protocolo de investigación fue diseñado en apego a los principios de
beneficencia y no maleficencia, asegurando que la participación no genere ningún tipo de riesgo,
perjuicio o incomodidad para los involucrados, y que los resultados sean devueltos a las instituciones
participantes como un aporte concreto a la mejora de sus prácticas inclusivas (Hernández-Sampieri et
al., 2014).
DESARROLLO
El campo de la educación inclusiva ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años,
tanto a nivel global como en el contexto latinoamericano y ecuatoriano. A nivel internacional, Ainscow
(2020) señala que la inclusión educativa efectiva requiere transformaciones sistémicas que van más
allá de la integración física de los estudiantes en el aula ordinaria, apuntando hacia una participación
activa, significativa y equitativa en todos los procesos de aprendizaje. En esta misma línea, Booth y
Ainscow (2015) desarrollaron la Guía para la Educación Inclusiva como una herramienta práctica para
que las instituciones escolares identifiquen barreras y promuevan culturas, políticas y prácticas
inclusivas, documento que ha servido de referencia para reformas educativas en numerosos países.
Desde América Latina, Blanco y Duk (2019) realizaron un análisis del legado de la Declaración de
Salamanca (1994) en las políticas y prácticas de inclusión de la región, concluyendo que, si bien existe
un avance normativo significativo, la transformación real de las prácticas pedagógicas continúa siendo
un desafío pendiente. En el contexto ecuatoriano, investigaciones publicadas en la Revista de
Investigación en Ciencias de la Educación (RICEd) han confirmado que el rol docente como mediador
pedagógico y garante de derechos es reconocido conceptualmente, pero su implementación práctica
enfrenta limitaciones derivadas de la escasa formación inicial y continua en inclusión (Mayorga-Abril
et al., 2025).
El estudio desarrollado por García Moreira (2025) en la provincia de Manabí aborda de manera
específica la función del docente como mediador del aprendizaje en entornos educativos cambiantes,
concluyendo que, aunque la aplicación de estrategias mediadoras ha generado mejoras en la
participación estudiantil, persisten brechas digitales y déficits de formación docente especialmente
marcados en zonas rurales. Por su parte, Ruiz-Mora et al. (2023), en un estudio sobre el docente como
mediador y diseñador de experiencias de aprendizaje en el contexto ecuatoriano, sostienen que la
planificación cuidadosa de actividades diferenciadas, centrada en los objetivos de aprendizaje y las
características individuales de los estudiantes, constituye la base de una mediación pedagógica de
calidad.
Desde una perspectiva más amplia sobre las competencias docentes para la inclusión, la investigación
de Zambrano-Figueroa et al. (2024) publicada en la Revista Multidisciplinaria Perspectivas
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 1 p 3413.
