DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5530  
Impacto social y gobernanza ambiental ante la propuesta de  
planta de residuos en Actopan, Hidalgo  
Social impact and environmental governance in response to the proposed  
waste plant in Actopan, Hidalgo  
Jesús Alejandro Hernández Guzmán  
he381871@uaeh.edu.mx  
https://orcid.org/0009-0005-0890-0278  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
México  
Artículo recibido: 10 de noviembre de 2025. Aceptado para publicación: 17 de marzo de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
La gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos constituye uno de los principales retos  
socioambientales en el estado de Hidalgo, particularmente ante la propuesta de instalación de una  
Planta Tratadora de Residuos en la comunidad de La Estancia, municipio de Actopan. El objetivo de  
este estudio fue analizar los impactos ambientales, sociales y económicos en torno al proyecto desde  
una perspectiva de gobernanza ambiental, así como estudiar las tensiones socioambientales  
generadas en la comunidad. La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, mediante un  
estudio de caso basado en análisis documental y la realización de siete entrevistas semiestructuradas  
a habitantes dedicados a actividades agrícolas y ganaderas, seleccionados mediante muestreo  
intencional por su relación directa con los recursos naturales que podrían verse afectados. La  
información fue analizada mediante un proceso de análisis temático orientado a identificar  
percepciones de riesgo, información y dinámicas de participación comunitaria. Los resultados  
muestran que el conflicto no se origina exclusivamente en los posibles impactos ambientales del  
proyecto, sino en la percepción de falta de transparencia institucional, limitada participación  
ciudadana y desconfianza hacia las autoridades. Se concluye que la viabilidad del proyecto depende  
no solo de su planteamiento técnico, sino de la construcción de legitimidad social mediante  
mecanismos efectivos de diálogo e inclusión comunitaria.  
Palabras clave: gobernanza ambiental, residuos sólidos, salud pública, participación  
ciudadana, contaminación  
Abstract  
The inadequate management of solid urban waste is one of the main socio-environmental challenges  
in the state of Hidalgo, particularly in light of the proposed installation of a waste treatment plant in  
the community of La Estancia, municipality of Actopan. The objective of this study was to analyze the  
environmental, social, and economic impacts of the project from an environmental governance  
perspective, as well as to study the socio-environmental tensions generated in the community. The  
research was conducted using a qualitative approach, through a case study based on documentary  
analysis and seven semi-structured interviews with residents engaged in agricultural and livestock  
activities, selected through purposive sampling due to their direct relationship with the natural  
resources that could be affected. The information was analyzed using a thematic analysis process  
that seeks to identify perceptions of risk, information, and community participation dynamics. The  
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ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 91.  
results show that the conflict does not originate exclusively from the possible environmental impacts  
of the project, but rather from the perception of a lack of institutional transparency, limited citizen  
participation, and mistrust of the authorities. It is concluded that the viability of the project depends  
not only on its technical approach, but also on the construction of social legitimacy through effective  
mechanisms of dialogue and community inclusion.  
Keywords: environmental governance, municipal solid waste, socio-environmental conflict,  
community participation, environmental risk  
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Cómo citar: Hernández Guzmán, J. A. (2026). Impacto social y gobernanza ambiental ante la  
propuesta de planta de residuos en Actopan, Hidalgo. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias  
Sociales y Humanidades 7 (2), 91 – 102. https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5530  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 92.  
INTRODUCCIÓN  
La gestión inadecuada de los residuos sólidos urbanos representa uno de los principales retos  
ambientales, sociales y económicos en el estado de Hidalgo. El incremento de tiraderos a cielo abierto  
y la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de residuos han derivado en problemas de  
contaminación ambiental, afectaciones a la salud pública, conflictos sociales, así como afectaciones  
en el sector financiero para los gobiernos municipales.  
En el estado de Hidalgo, diversos municipios enfrentan problemas asociados a la disposición final de  
residuos, lo que genera impactos ambientales, riesgos para la salud pública y gastos financieros para  
los gobiernos locales. En el municipio de Actopan, la generación diaria de residuos sólidos alcanza  
aproximadamente cien toneladas, lo que ha obligado al traslado de los desechos a instalaciones  
ubicadas fuera de su territorio, generando gastos continuos para la administración municipal. Esta  
situación limita recursos que podrían destinarse a otras áreas de desarrollo social y pone en evidencia  
la necesidad de analizar alternativas para la gestión local de los residuos.  
En este contexto, la propuesta de instalación de una Planta Tratadora de Residuos (PTR) en la  
comunidad de La Estancia, municipio de Actopan, adquiere relevancia no solo como alternativa para  
atender la problemática del manejo de residuos, sino también como detonante de tensiones sociales  
relacionadas con la percepción de riesgo ambiental y los procesos de toma de decisiones públicas.  
Desde la perspectiva de la gestión integral de residuos, la Ley de Prevención y Gestión Integral de  
Residuos del Estado de Hidalgo establece que el manejo de los residuos debe realizarse mediante  
acciones normativas, financieras y sociales orientadas a reducir impactos ambientales y optimizar  
recursos. Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla  
instrumentos como la evaluación de impacto ambiental para proyectos que puedan generar efectos  
significativos en el entorno. Estas disposiciones se sustentan en el reconocimiento constitucional del  
derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos.  
La ubicación inadecuada o la operación deficiente de infraestructuras de tratamiento de residuos  
puede provocar contaminación del suelo, del agua y del aire, así como conflictos sociales derivados de  
la falta de información y participación comunitaria.  
Desde el enfoque de la gobernanza ambiental, autores como Zurbriggen, Pérez y Mazzeo (2022)  
sostienen que la sostenibilidad ambiental depende no solo del cumplimiento normativo, sino de la  
interacción entre Estado, sociedad y sector privado en los procesos de toma de decisiones. De manera  
similar, Hincapié (2022) señala que la inclusión en las políticas ambientales fortalece la legitimidad  
institucional y reduce la conflictividad socioambiental.  
En proyectos de infraestructura ambiental, como las plantas tratadoras de residuos, la evaluación de  
impacto ambiental y social constituye una herramienta fundamental para identificar efectos  
potenciales y anticipar conflictos. Sin embargo, cuando estos instrumentos carecen de mecanismos  
efectivos de participación social o de comunicación transparente, pueden surgir procesos de oposición  
comunitaria que transforman un proyecto en un conflicto socioambiental.  
En el municipio de Actopan, la propuesta de instalación de una PTR en la comunidad de La Estancia ha  
generado preocupación entre los habitantes, cuya economía se basa principalmente en la agricultura  
y la ganadería, actividades que dependen de la calidad del suelo y del agua subterránea. La percepción  
de posibles riesgos ambientales, sumada a la percepción de falta de transparencia institucional y a la  
limitada inclusión de la comunidad en la toma de decisiones, ha generado tensiones en el ámbito de la  
gobernanza ambiental.  
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ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 93.  
El problema de investigación de este estudio se enfoca en analizar cómo la propuesta de instalación  
de una Planta Tratadora de Residuos en Actopan incide en los procesos de gobernanza ambiental y en  
la generación de tensiones socioambientales en la comunidad de La Estancia.  
El objetivo general es analizar los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a la  
propuesta de instalación de la PTR en Actopan, Hidalgo, desde una perspectiva de gobernanza  
ambiental.  
METODOLOGÍA  
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que el objeto de estudio requiere  
comprender percepciones, experiencias y dinámicas sociales vinculadas a la propuesta de instalación  
de una Planta Tratadora de Residuos en la comunidad de La Estancia, municipio de Actopan, Hidalgo.  
Se optó por la modalidad de estudio de caso, al centrarse en un contexto territorial específico donde  
se manifiestan problemáticas socioambientales asociadas a procesos de gobernanza ambiental.  
El diseño metodológico se sustentó en dos técnicas principales: el análisis documental y una entrevista  
grupal de carácter semiestructurado. El análisis documental incluyó la revisión de legislación ambiental  
federal y estatal, literatura académica especializada en gobernanza ambiental y gestión integral de  
residuos, así como documentos oficiales relacionados con la problemática local.  
De manera complementaria, se realizó una entrevista grupal con siete habitantes de la comunidad  
incluyendo agricultores, ganaderos, madres de familia y personas trabajadoras. Los participantes  
fueron seleccionados mediante un muestreo intencional, considerando su residencia en la comunidad  
y su relación directa con los recursos naturales y dinámicas sociales potencialmente afectadas por el  
proyecto. La sesión tuvo una duración aproximada de una hora y se desarrolló a partir de preguntas  
orientadoras relacionadas con la percepción de riesgo ambiental, el nivel de información sobre el  
proyecto y la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones.  
La información obtenida fue organizada y analizada mediante un proceso de análisis temático de  
carácter manual, a través de la identificación y sistematización de categorías vinculadas con  
percepción de riesgo, confianza institucional y participación ciudadana. El objetivo del estudio no fue  
alcanzar representatividad estadística, sino comprender de manera situada las dinámicas sociales  
presentes en la comunidad.  
Para garantizar la confidencialidad, la identidad de las personas participantes fue resguardada  
mediante identificaciones genéricas al momento de presentar los testimonios.  
DESARROLLO  
Gestión Integral de Residuos Sólidos  
La recolección y tratamiento de los residuos sólidos requiere criterios sociales y ambientales que  
garanticen la protección del entorno y el bienestar de las comunidades involucradas. De acuerdo a Ley  
De Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo, la gestión de residuos sólidos  
urbanos se define como el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas,  
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y  
evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr  
beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo  
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. (LPGIRH, 2024).  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la degradación  
del suelo y su contaminación no solo afectan la producción agrícola y la biodiversidad sino también la  
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disponibilidad de agua limpia y la salud humana, ya que la contaminación del suelo altera su capacidad  
de filtrar agua y nutrientes, impactando la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades  
(FAO, 2018)  
Pese a que, la recolección regular de residuos contribuye a disminuir los riesgos derivados del contacto  
directo con materiales de carácter contaminante, estos riesgos aumentan cuando los residuos se  
almacenan durante un periodo de tiempo muy extenso en su sitio de concentración o donde se tratan.  
La acumulación de residuos puede generar lixiviados, emisiones de gases y proliferación de vectores,  
afectando la calidad del suelo, del agua subterránea y del aire. Estos efectos perjudican de manera  
directa en la salud y en el desarrollo de los ecosistemas, generando un problema de salud pública y  
ambiental. (Zurbriggen, Pérez y Mazzeo, 2022)  
Desde una perspectiva de gestión ambiental, el objetivo central del manejo de residuos sólidos debe  
ser la reducción de su generación, así como la disminución de su peligrosidad y del volumen destinado  
a la disposición final.  
Por otro lado, una gestión adecuada de residuos permite mitigar los riesgos ambientales y proteger  
tanto el medio ambiente como la salud humana, siempre que se adopten métodos seguros y se cuente  
con una planeación integral. (Quijada, Sovero, Hinojosa y Reyes, 2022)  
Gobernabilidad y Gobernanza Ambiental  
La gobernabilidad es la característica con la que cuentan las instituciones públicas para poder  
implementar políticas ambientales que beneficien a la sociedad y que sean socialmente aceptadas.  
Este concepto implica el marco normativo y que todos los sectores, tanto sociales, privados y  
gubernamentales actúen en coordinación y transparencia en la toma de decisiones.  
Con relación a ello, tiene una gran relevancia la gobernanza ambiental, la cual es el conjunto de  
procesos y relaciones mediante los cuales los gobiernos, sectores privados, organizaciones sociales y  
comunidades participan en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos naturales.  
Zurbriggen, Pérez y Mazzeo definen la gobernanza ambiental como la forma en que se gestionan las  
acciones colectivas para la administración, el cuidado de bienes y servicios ambientales clave para el  
bienestar humano y la integridad de la biosfera. (Zurbriggen, Pérez y Mazzeo 2022)  
De manera complementaria, Hincapié (2022) señala que la gobernanza ambiental busca garantizar la  
sostenibilidad ambiental, social y económica a largo plazo, a partir de la participación incluyente y  
corresponsable de múltiples actores.  
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de algunos acuerdos internacionales,  
como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio 169 de la Organización Internacional del  
Trabajo, se reconoce la importancia de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, y de darles la  
participación a las comunidades en los procesos de toma de decisiones que afectan su territorio y sus  
recursos. El desarrollo sostenible, que busca brindar las necesidades a las futuras generaciones, tiene  
como base tres principios fundamentales, el desarrollo económico, la justicia social y la protección  
ambiental.  
Enfocados a las propuestas de proyectos de infraestructura ambiental; como una planta tratadora de  
residuos, estos dos conceptos teóricos tienen algo en común; buscan promover el bienestar  
socioambiental, garantizar que se cumpla el marco normativo y que el proyecto sea socialmente  
aceptado para evitar conflictos y garantizar mecanismos efectivos.  
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Desde la perspectiva de la gobernanza ambiental, los conflictos socioambientales no surgen  
exclusivamente por los impactos físicos o ecológicos de un proyecto, sino por la manera en que se  
toman, y comunican las decisiones públicas. La gobernanza implica la interacción entre los actores y  
cuando estos procesos carecen de acceso a información o participación, se debilita la confianza y  
aumenta la percepción de riesgo entre las comunidades. En este sentido, la gobernanza se convierte  
en un factor determinante para prevenir o escalar conflictos socioambientales, ya que no basta con  
cumplir la normativa ambiental; es necesario garantizar inclusión, diálogo y legitimidad social en la  
toma de decisiones. Así, la calidad de la gobernanza influye directamente en la aceptación o resistencia  
social frente a proyectos de infraestructura ambiental.  
Evaluación de Impacto ambiental (EIA)  
La evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de política ambiental que tiene como objetivo  
visualizar, predecir y valorar los efectos que un proyecto puede causar en el medio ambiente, esto antes  
de su ejecución, con la finalidad de prevenir los impactos negativos y darle atención a los posibles  
beneficios ambientales que el proyecto puede causar.  
Este instrumento es muy importante en el contexto de un proyecto de planta tratadora de residuos  
debido a los impactos que podría en el suelo, agua, ambiente y sobre todo en la salud de los habitantes  
de las comunidades aledañas a la posible ubicación del proyecto.  
En el marco jurídico mexicano, la EIA es obligatoria para obras o actividades que puedan causar  
desequilibrios ecológicos o rebasar los límites establecidos en la normativa ambiental. No obstante, la  
eficacia de este instrumento depende de la calidad de los estudios presentados y de la transparencia  
del proceso, del acceso a la información y de la participación pública durante su gestión.  
Por el contrario, cuando la evaluación se realiza sin participación de la comunidad y sin atender sus  
preocupaciones, el instrumento pierde legitimidad y puede intensificar la oposición social. Así, la  
Evaluación de Impacto Ambiental no solo cumple una función técnica de análisis de riesgos, sino  
también una función política y social en la gestión de proyectos de infraestructura ambiental.  
Impacto Social y Evaluación de Impacto social (EIS)  
De la mano de la evaluación de impacto ambiental, está la evaluación de impacto social, la cual surge  
para ser una herramienta complementaria de la EIA, que tiene como objetivo identificar los efectos que  
podría traer el proyecto enfocado a las condiciones de vida, la salud y las dinámicas de la comunidad,  
así como la percepción que los miembros de la población tienen ante el proyecto presentado.  
Una de las principales problemáticas que existen ante la ejecución de proyectos que implican posibles  
efectos negativos, son causados por la falta de consideración del factor social al momento de la  
planeación de los proyectos, ya que la escasa participación ciudadana, la falta de información y la  
desconfianza que los habitantes de las comunidades suelen tener hacia las autoridades influyen en  
que se dé la oposición social a este tipo de proyectos.  
Los proyectos de las plantas tratadoras de residuos suelen tener mayor impacto social que se  
manifiesta a través de las preocupaciones relacionadas con la salud pública, la depreciación de  
territorio, el deterioro ambiental y sobre todo la percepción de que existen decisiones impuestas sin  
previa consulta de la población.  
Marco jurídico ambiental en México  
El marco jurídico ambiental en México establece las bases para la regulación de los proyectos de  
tratamiento de residuos, incluyendo disposiciones relacionadas con la protección ambiental, la salud  
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pública y el ordenamiento territorial. Este marco define las competencias de los instrumentos de  
política ambiental aplicables.  
Sin embargo, la existencia de un marco normativo jurídico estipulado no siempre garantiza que todo  
se realice apegado a la ley, ni garantiza una adecuada gestión ambiental. La efectividad de la  
legislación depende de su implementación de manera correcta de la vigilancia y del involucramiento  
de la sociedad en los procesos de toma de decisiones.  
El marco jurídico ambiental aplicable se encuentra establecido en la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, en la ley federal y estatal, estableciendo obligaciones claras en materia de  
protección ambiental, gestión integral de residuos y participación social.  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce mediante el artículo 4, el derecho  
humano a un medio ambiente sano, obligando al estado a protegerlo, siendo la base para justificar  
proyectos como plantas tratadoras. (CPEUM, 2025)  
Por otro lado, otra de las bases en materia de gestión ambiental es la Ley General de Equilibrio  
Ecológico y la Protección del ambiente, ya que su objetivo principal es regular la protección del  
ambiente mediante Evaluaciones de impacto ambiental, prevención y control de la contaminación y la  
participación social.  
Algunos de los artículos clave estipulados en esta ley, destacan el Art. 28, mencionando que los  
proyectos requieren Manifestación de Impacto ambiental, procedimientos de evaluación y consulta  
pública. (LGEEPA, 2026)  
RESULTADOS  
A partir de la entrevista grupal realizada con siete habitantes de la comunidad de La Estancia, con  
perfiles diversos que incluyeron agricultores, ganaderos, madres de familia, estudiantes y  
comerciantes, se identificaron cuatro aspectos importantes: percepción de riesgo ambiental,  
preocupación por la salud pública, desconfianza institucional y posturas distintas respecto al proyecto.  
Percepción de riesgo ambiental  
La mayoría de los participantes mencionó su preocupación en cuanto a los posibles impactos  
ambientales que podría traer consigo la instalación de la Planta Tratadora de Residuos, especialmente  
en relación con la contaminación del agua, del suelo y del aire.  
Uno de los entrevistados mencionó:  
“La verdad yo lo he estado platicando con mi familia y por más que lo platicamos pensamos que no nos  
conviene, mis hermanos que también siembran de por si han estado batallando últimamente con que se  
les den sus siembras y ahora me imagino que mucho más vamos a batallar si el suelo está todo  
contaminado” (P1, agricultor).  
De igual manera, se expresó temor sobre la posible afectación a los pozos de agua y a las actividades  
productivas de la comunidad:  
“A mí me preocupa que vayan a contaminar todo, pero más el agua, yo he escuchado de lugares donde  
han tenido pérdidas de ganado porque el agua está contaminada, la verdad no se vale que por querer  
implementar algo nuevo vayan a afectarnos de esta manera, de por sí muchos de los de la comunidad  
viven de estas actividades” (P2, ganadero).  
También se mencionó el temor a la generación de malos olores y contaminación ambiental:  
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“Va a pasar como en las ciudades donde ya huele bien feo por tanta contaminación, yo pienso que  
vivimos en un pueblo tranquilo donde no deberían de pasar estas cosas, imagínate que ahora vaya a  
estar oliendo feo todos los días porque estén quemando basura” (P3, madre de familia).  
Preocupación por la salud pública  
Además del impacto ambiental, varios participantes manifestaron preocupación por las posibles  
consecuencias en la salud de sus familias, especialmente de niñas, niños y personas mayores.  
Una participante expresó:  
“A mí me preocupa qué va a pasar con tanta contaminación y nuestros hijos, que se estén exponiendo a  
diario a respirar aire contaminado debe de generarnos un mal a futuro” (P3, madre de familia).  
Otro participante mencionó:  
“Yo no quisiera que por sus proyectos después toda la comunidad cargue con un problema de salud, en  
algo nos debe afectar, uno como agricultor ya estoy acostumbrado al polvo y a lo mejor puedo  
enfermarme por eso, pero mi familia no se expone al polvo diariamente y ahora pensar que puedan estar  
respirando los residuos de la planta va a estar difícil” (P4, agricultor).  
Desconfianza institucional y participación comunitaria  
Los entrevistados señalaron que no se les ha brindado información suficiente acerca del proyecto y  
que consideran que su opinión no fue tomada en cuenta en el proceso de toma de decisiones.  
Uno de los participantes indicó:  
“Yo ni siquiera supe cuándo avisaron que existía ese proyecto para esta comunidad, regularmente trato  
de estar pendiente de lo que pasa, pero nunca supe, además cuando le pregunté a mi familia me dijeron  
lo mismo, no se nos está tomando en cuenta” (P5, estudiante).  
Asimismo, se mencionó la percepción de falta de transparencia por parte de las autoridades:  
“Yo siento que esto solo es una oportunidad para que el gobierno pueda seguir con lo suyo de sacar  
dinero, pero como los afectados vamos a ser nosotros por eso ni nos preguntan” (P6, agricultor).  
Posturas diferenciadas frente al proyecto  
Aunque la mayoría de los asistentes expresó preocupación y descontento, una persona manifestó una  
postura distinta, señalando posibles beneficios o una visión menos crítica del proyecto.  
Esta postura se refleja en la siguiente intervención:  
“Sinceramente yo sí creo que puede ayudarnos un poco, puede significar nuevos empleos para la  
comunidad, de todos modos, el ambiente ya se encuentra contaminado por todo lo que nos llega de las  
ciudades, entonces creo que puede ser una manera de aprovechar el crecimiento y así muchos de nuestra  
comunidad puedan trabajar ahí, además siento que no contamina tanto, ya hoy en día hay muchos  
métodos que se pueden implementar para disminuir ese tipo de cosas” (P7, comerciante).  
La existencia de opiniones diferenciadas muestra que la comunidad no mantiene una postura  
completamente igual frente a la propuesta.  
Caso comparativo; Planta de Cemex en Huichapan, Hidalgo  
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ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 98.  
Con el objetivo de fortalecer la investigación, se analiza un caso en el estado de Hidalgo; la planta de  
Cemex ubicada en el municipio de Huichapan. Este caso es relevante a analizar y comparar debido a  
que, al igual que el proyecto de Planta Tratadora de Residuos en Actopan, desde su propuesta hasta  
hoy en día, ha generado tensiones entre actores locales y cuestionamientos en torno a la participación  
ciudadana, la transparencia institucional y la legitimidad de las decisiones ambientales.  
La planta cementera de Cemex en Huichapan ha generado demasiada discusión pública debido al uso  
de residuos como parte de sus procesos industriales, principalmente a través de la incineración de  
desechos. Diversos habitantes de la población manifestaron preocupación por los posibles impactos  
ambientales y a la salud, lo que provocó el inicio de una organización comunitaria y movilización social.  
Estas acciones mostraron la percepción de falta de información clara, la poca consideración pública  
que se tuvo hacia los miembros de la comunidad y sobre todo desconfianza hacia las autoridades  
encargadas de la regulación ambiental.  
Después de varios años de disputa ciudadana y de conformación de colectivos y procesos de  
movilización ciudadana, especialmente a través del movimiento CUMA (Ciudadanos Unidos por el  
Medio Ambiente), se logró presionar para reconocer como ilegales prácticas de incineración y la  
importación de residuos, las cuales son contrarias a disposiciones normativas locales.  
A pesar de que Cemex ha promovido programas como Pro-Ambiente y regenera con acciones de  
reforestación, reciclaje y acopio de residuos junto con la población, aún es una problemática que sigue  
persistiendo ya que los habitantes de la comunidad señalan que continúa representando un problema  
de salud  
DISCUSIÓN  
Los resultados evidencian que las problemáticas en torno a la propuesta de instalación de la Planta  
Tratadora de Residuos en Actopan no tienen origen únicamente por el planteamiento del proyecto, sino  
en la percepción comunitaria de riesgo ambiental y sanitario. La preocupación expresada por los  
participantes respecto a la contaminación del agua, del suelo y del aire se relaciona con la dependencia  
económica de actividades agrícolas y ganaderas y la importancia del recurso hídrico en la comunidad.  
La preocupación sanitaria amplía el análisis del conflicto más allá del ámbito productivo, las  
inquietudes respecto a la salud de niñas, niños y familias muestran que sus posturas en contra del  
proyecto no derivan exclusivamente a intereses económicos, sino también a la protección del bienestar  
y de la calidad de vida. Es por ello, que los proyectos de infraestructura ambiental deben ser evaluados  
no solo en términos de eficiencia operativa, sino también considerando el impacto que podrían traer  
en la seguridad y estabilidad social.  
Respecto al ámbito económico, la instalación de una planta de tratamiento puede representar una  
alternativa para el municipio, ya que el municipio genera costos financieros muy elevados para la  
administración pública en concepto de traslado de residuos y de igual manera el proyecto puede  
generar expectativas de empleo y desarrollo local, como lo manifestó uno de los participantes con  
postura favorable. Sin embargo, los resultados muestran que la viabilidad económica no garantiza la  
aceptación del proyecto, ya que también depende de la forma en que las decisiones son comunicadas,  
discutidas y legitimadas ante la comunidad.  
Con relación a ello, los enfoques de gobernanza ambiental sugieren la importancia de tomar en cuenta  
los conocimientos y preocupaciones de los miembros de la comunidad en los procesos de toma de  
decisiones. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los  
proyectos que pueden generar impacto ambiental deben incluir mecanismos de evaluación y  
participación social, ya que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  
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Estado reconoce el derecho a un medio ambiente sano, lo cual implica acceso a información clara y  
procesos transparentes.  
La percepción de desconfianza institucional identificada en Actopan muestra limitaciones en los  
mecanismos de comunicación, ya que cuando la comunidad percibe exclusión en los procesos  
importantes y decisivos, el proyecto deja de ser evaluado únicamente por sus características técnicas  
y tiende a percibirse como una imposición de índole política, en este caso, la gestión de residuos trajo  
consigo un conflicto socioambiental que involucra problemáticas sobre poder, representación y  
legitimidad que ha terminado incluso en manifestaciones.  
El caso de la planta de Cemex en Huichapan permite observar casos similares, donde la interacción  
entre Estado, empresa y sociedad civil trajo consigo procesos de organización comunitaria ante la  
percepción de irregularidades y falta de inclusión. Este caso refuerza la idea de que los conflictos  
asociados al manejo de residuos no surgen únicamente por los impactos ecológicos, sino por la forma  
en que se estructuran y comunican las decisiones públicas.  
En consecuencia, la viabilidad de la Planta Tratadora de Residuos en Actopan no se definirá únicamente  
por sus características de infraestructura o capacidad operativa, ni siquiera por los posibles beneficios  
que podría traer a la comunidad como la reducción de costos de traslado, sino por la legitimidad social  
del proyecto y de la incorporación de la comunidad en las decisiones que afectan su territorio.  
El presente estudio, al centrarse en un análisis cualitativo de carácter local, no busca generalizar sus  
hallazgos a otros municipios del estado de Hidalgo, sino aportar información para comprender cómo  
la falta de participación y comunicación puede transformar un proyecto de infraestructura pública en  
un conflicto político.  
Finalmente, futuras investigaciones podrían profundizar en el análisis comparativo entre municipios  
del Valle del Mezquital, con el objetivo de identificar cuáles son las acciones recurrentes en los  
conflictos socioambientales causados por la gestión de residuos.  
CONCLUSIÓN  
El presente artículo tuvo como objetivo analizar los impactos ambientales, sociales y económicos  
asociados a la propuesta de instalación de una Planta Tratadora de Residuos en la comunidad de La  
Estancia, municipio de Actopan, desde una perspectiva de gobernanza ambiental.  
Mediante un enfoque cualitativo y del análisis de percepciones comunitarias, se identificaron  
resultados que evidencian que la percepción de riesgo ambiental se relaciona con la dependencia  
económica de actividades agrícolas y ganaderas, así como con la preocupación por la salud pública.  
De igual manera, nos mostró una desconfianza hacia las autoridades derivada de la percepción de  
escasa información y limitada participación en el proceso de toma de decisiones. Aunque existieron  
posturas diferenciadas como la del participante que reconoció los posibles beneficios económicos, las  
respuestas predominantes de la comunidad responden a la preocupación respecto a los impactos  
ambientales y sanitarios.  
Desde la perspectiva de la gobernanza ambiental, el estudio confirma que la viabilidad de proyectos de  
infraestructura en materia de residuos depende de igual manera de la construcción de legitimidad  
social, ya que la ausencia de mecanismos efectivos de participación puede transformar una política  
pública en un conflicto socioambiental que afecta la estabilidad institucional y la gobernabilidad local.  
Concluyó que, cualquier iniciativa de gestión de residuos en el municipio debe ser rigurosa en cuanto  
a los procesos transparentes de información, diálogo comunitario y seguimiento social desde etapas  
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de planteamiento del proyecto, ya que la inclusión de la comunidad no solo fortalece la confianza, sino  
que es importante para garantizar la sostenibilidad ambiental y la aceptación social del proyecto.  
Esta investigación ayuda a entender cómo surgen y se desarrollan los conflictos socioambientales en  
el Valle del Mezquital, mostrando que escuchar a la comunidad y fortalecer la participación puede  
marcar la diferencia en la aceptación de este tipo de proyectos.  
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REFERENCIAS  
Congreso del Estado de Hidalgo. (2011). Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado  
de  
Hidalgo  
(Última  
reforma  
20  
de  
agosto  
de  
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LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 102.