Marco jurídico del turismo en México
El desarrollo de la actividad turística en México se encuentra regulado por un conjunto de disposiciones
legales que establecen los principios, competencias institucionales y mecanismos de coordinación
entre los distintos niveles de gobierno. Dentro de este marco normativo, la Ley General de Turismo de
México constituye el principal instrumento jurídico que regula la planeación, promoción y desarrollo del
turismo en el país. Esta legislación establece las bases para la política turística nacional, así como las
atribuciones de las autoridades encargadas de impulsar el crecimiento del sector y fomentar el
aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos.
Desde una perspectiva jurídica, la Ley General de Turismo tiene como objetivo promover el desarrollo
equilibrado de la actividad turística y establecer mecanismos de coordinación entre la federación, las
entidades federativas y los municipios para la planeación y regulación del turismo. Sin embargo, a
pesar de su relevancia dentro del sistema normativo, diversos estudios han señalado que el marco
regulatorio del turismo en México se encuentra principalmente orientado hacia la promoción
económica del sector, sin contemplar de manera específica las formas de organización comunitaria
que pueden participar en la prestación de servicios turísticos (Hall, 2011).
En el contexto jurídico mexicano, el régimen de propiedad social de la tierra constituye un elemento
fundamental para comprender el desarrollo de diversas actividades económicas en territorios rurales,
incluyendo iniciativas de turismo comunitario. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, particularmente en su artículo 27, establece las bases del régimen agrario nacional y
reconoce la existencia de ejidos y comunidades como formas de propiedad social de la tierra
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). Este marco constitucional ha permitido
la organización colectiva de los recursos territoriales en amplias regiones del país, donde muchas
comunidades han comenzado a desarrollar proyectos turísticos basados en el aprovechamiento de su
patrimonio natural y cultural. A partir de lo anterior, la regulación agraria resulta relevante para el
análisis del turismo comunitario, ya que las disposiciones constitucionales influyen en la forma en que
las comunidades pueden gestionar y aprovechar sus recursos dentro del marco legal vigente.
Desde el marco constitucional, el desarrollo de proyectos turísticos en comunidades rurales o
indígenas también se encuentra relacionado con otras disposiciones jurídicas que regulan aspectos
fundamentales como la propiedad y el uso del territorio. Desde el punto de vista jurídico, la Ley Agraria
de México (1992), establece las bases para la organización de los ejidos y comunidades agrarias, así
como para la administración y aprovechamiento de sus tierras. Esta legislación resulta particularmente
relevante para el análisis del turismo comunitario, ya que una parte importante de los recursos
naturales utilizados para actividades turísticas se localiza en territorios de propiedad social.
El análisis jurídico del turismo ha adquirido mayor relevancia en las últimas décadas debido al
crecimiento de esta actividad y a su impacto en el desarrollo económico, social y ambiental de los
territorios. En este contexto, diversos estudios han señalado que el derecho turístico constituye un
campo interdisciplinario que regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad turística,
incluyendo aspectos relacionados con la planificación territorial, la protección del patrimonio natural y
cultural, así como la participación de los distintos actores involucrados en el desarrollo del turismo
(Hall, 2011). Bajo esta perspectiva, el marco normativo desempeña un papel fundamental en la
organización y regulación de las actividades turísticas, particularmente cuando estas involucran a
comunidades locales y al aprovechamiento de recursos colectivos.
Asimismo, la literatura especializada ha destacado que la gobernanza del turismo requiere la
articulación de distintos instrumentos jurídicos e institucionales que permitan coordinar la actuación
de los sectores público, privado y social. Por otra parte, la regulación turística no se limita únicamente
a las leyes específicas del sector, sino que también incluye disposiciones relacionadas con el
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, marzo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 808.
