INTRODUCCIÓN
La convivencia escolar en el siglo XXI ha dejado de ser un concepto estático centrado en el orden
disciplinario para transformarse en un campo de estudio dinámico, multidimensional y profundamente
político. En el contexto iberoamericano, las instituciones educativas enfrentan el desafío de gestionar
la diversidad no sólo como un requisito legal, sino como una necesidad pedagógica fundamental para
la garantía de los derechos humanos. No obstante, a pesar de la robustez de los marcos normativos
contemporáneos, la discriminación por identidad de género persiste como una de las formas de
violencia más invisibilizadas, resistentes y estructurales dentro del ecosistema escolar.
El marco conceptual de esta investigación se asienta sobre la premisa de que la escuela no es un
espacio neutro, sino un territorio donde se reproducen o se subvierten las jerarquías sociales. Como
señalan Ruiz Utrilla et al. (2018), es imperativo transitar desde la comprensión de la homofobia clásica
hacia la categoría analítica de "LGBTI-discriminación". Esta distinción es crucial: mientras la primera
suele asociarse a prejuicios individuales, la segunda describe un rechazo ontológico legitimado por un
sistema heteronormativo que permea los currículos, los lenguajes y las interacciones cotidianas. En
este sentido, la violencia contra estudiantes con identidades de género no normativas se configura
como una "violencia de identidad", donde el daño trasciende lo físico para impactar la salud mental, el
rendimiento académico y la permanencia en el sistema educativo.
Los antecedentes de esta problemática en la región muestran una correlación alarmante entre el acoso
escolar y el trauma individual severo. Investigaciones de la última década han determinado que la
violencia basada en prejuicios de género tiene efectos devastadores; si bien Álvarez Bernardo et al.
(2017) advirtieron que hasta el 43% de las víctimas de acoso LGB-fóbico presenta un riesgo alto de
ideación suicida, la literatura reciente analizada en esta revisión confirma la persistencia de estos
indicadores de vulnerabilidad psicosocial. Asimismo, Cifuentes Zunino et al. (2020) demuestran que la
normalización del rechazo es tal que un porcentaje significativo de la población estudiantil admite
haber ejercido agresiones basadas en la expresión de género de sus pares. Esto obliga al alumnado
diverso a emplear estrategias adaptativas de supervivencia que limitan su desarrollo integral y su
derecho al libre desarrollo de la personalidad (Espinoza Romero y Rodríguez Jiménez, 2020).
En el caso específico de Colombia, el panorama ha sido moldeado por hitos jurisprudenciales que han
forzado una reevaluación de la gestión de la convivencia. La Sentencia T-478 de 2015, originada tras el
emblemático caso de Sergio Urrego, y la Ley 1620 de 2013, establecieron la obligatoriedad de que los
Manuales de Convivencia incorporen un enfoque diferencial y de género. Sin embargo, la literatura
académica identifica una brecha crítica: el paso de la norma a la praxis pedagógica. Autores como
Huertas Castillo y Sierra-Cárdenas (2019) cuestionan si estos manuales son realmente garantes de
derechos o si se han limitado a cambios cosméticos que mantienen intacta una cultura institucional
punitiva y excluyente.
Frente a este escenario de "justicia procedimental" que no transforma realidades, la Justicia
Restaurativa y la Mediación Escolar emergen como alternativas de vanguardia. Esta transición requiere
de herramientas pedagógicas que trasciendan la simple sanción administrativa, situando al proceso
mediador como un imperativo ético y un mecanismo de protección de los derechos humanos en los
entornos educativos contemporáneos (Merino Trigueros, 2024). No obstante, la mediación tradicional,
a menudo criticada por su neutralidad pasiva, resulta insuficiente para abordar conflictos donde existe
una asimetría de poder radical (Luna, 2023). Por ello, esta investigación defiende la necesidad de una
Mediación Transformadora (Torres, 2024; Montes, 2022). Este enfoque no busca simplemente
silenciar el conflicto a través de un acuerdo transaccional, sino que pretende la reparación simbólica
del daño y el reconocimiento pleno de la identidad del otro, fomentando un "desaprendizaje" de las
matrices de exclusión que sustentan la discriminación.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1028.
