DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5701  
Análisis de la violencia estructural a partir de los resultados  
del Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia  
contra las Mujeres 2018-2023  
Analysis of structural violence based on the results of the National  
Assessment of All Forms of Violence against Women 2018-2023  
Elena Osorio Martínez  
elena.osorio@secihti.mx  
https://orcid.org/0009-0002-2813-7423  
Investigadora por México Secihti. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia,  
Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)  
Ciudad de México – México  
Artículo recibido: 12 de diciembre de 2025. Aceptado para publicación: 17 de abril de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
La violencia contra las mujeres en México ha ido en aumento ante esto el Estado Mexicano ha  
respondido con diversas acciones y políticas. Como parte del último año del sexenio de Andrés  
Manuel López Obrador se llevó a cabo un diagnóstico nacional sobre las violencias contra las mujeres.  
El diagnóstico presenta los datos duros de las violencias contras las mujeres en las distintas regiones  
del país, los cuales han sido analizados en este estudio desde una metodología cualitativa que  
organiza los datos en cuadros comparativos y bajo los supuestos teóricos de la violencia estructural.  
Los principales hallazgos de este análisis son que el desarrollo económico, la industrialización y la  
urbanización no son procesos neutros desde el punto de vista social. Cuando estos procesos se  
combinan con desigualdad estructural, precarización laboral, debilidades institucionales  
y
persistencia de patrones patriarcales, pueden generar entornos propicios para la reproducción de  
distintas formas de violencia contra las mujeres como sucede en los estados y regiones que más  
desarrollo económico han tenido en los últimos años.  
Palabras clave: violencia estructural, delitos sexuales, feminicidio, desaparición, mercados  
laborales  
Abstract  
Violence against women in Mexico has been on the rise; in response, the Mexican government has  
implemented various measures and policies. As part of the final year of Andrés Manuel López  
Obrador’s six-year term, a national assessment of violence against women was conducted. The  
assessment presents hard data on violence against women in different regions of the country, which  
has been analyzed in this study using a qualitative methodology that organizes the data into  
comparative tables and under the theoretical assumptions of structural violence. The main findings of  
this analysis are that economic development, industrialization, and urbanization are not socially  
neutral processes. When these processes are combined with structural inequality, precarious working  
conditions, institutional weaknesses, and the persistence of patriarchal patterns, they can create  
environments conducive to the reproduction of various forms of violence against women, as is the  
case in the states and regions that have experienced the most economic development in recent years.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1146.  
Keywords: structural violence, sexual crimes, femicide, disappearance, labor markets  
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,  
publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.  
Cómo citar: Osorio Martínez, E. (2026). Análisis de la violencia estructural a partir de los resultados  
del Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres 2018-2023. LATAM  
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7 (2), 1146 – 1166.  
https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5701  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1147.  
INTRODUCCIÓN  
El problema social de la violencia contra las mujeres en nuestro país ha recorrido una larga data, la Ley  
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) fue publicada en el Diario  
Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, como repuesta general y concreta del Estado mexicano  
a las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. El problema se remonta a la ola de  
violencia en Ciudad Juárez Chihuahua, al norte del país, y más específicamente el Caso González y  
otras vs México en el cuál la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano  
como el responsable de las desapariciones de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y  
Laura Berenice Ramos Monárrez encontradas sin vida en un campo algodonero en esta ciudad el día 6  
de noviembre de 2001 en esta ciudad. La importancia de este caso radica en que se tomó en cuenta la  
forma en la cual fueron encontradas las víctimas, con señales de violación y, como indicó la corte,  
abusadas con extrema crueldad. En el marco de esta decisión dicha corte estipuló los parámetros  
necesarios para proceder ante estos actos de violencia y poder determinar de manera adecuada las  
medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres.  
Es importante subrayar que el caso del campo algodonero, fue fundamental para establecer las  
normativas en la actuación de las autoridades para atender los casos de violencia de género, que  
llevaban presentándose desde hacía una década, sin recibir la adecuada atención por parte de las  
autoridades. El gobierno mexicano no investigó o sancionó a ningún responsable ante las denuncias  
en casos de violaciones y muertes violentas, muchas de ellas relacionadas con el crimen organizado.  
Ante lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó, en primera instancia  
recomendaciones para disminuir los casos, posteriormente, ante la constante indiferencia del  
gobierno, presentaría la demanda formal contra el Estado mexicano, que concluiría con la sanción al  
mismo. Aunado a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló el marco jurídico  
pertinente para atender la situación desde distintos instrumentos internacionales que ya estaban  
encaminados para atender los casos de violencia contra las mujeres, destacando la convención Belem  
Do Para.  
En 1994 dicha convención de estados interamericanos buscó llegar a acuerdos para crear las medidas  
pertinentes y continentales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en contra de las  
mujeres, teniendo como objetivo principal la observancia, promoción, estudio y divulgación de los  
derechos humanos amparados por el orden jurídico, particularmente para el caso mexicano. México  
se integraría a los acuerdos en el año de 1995 y ratificaría su compromiso con la convención en el año  
de 1998, apegándose directamente a ésta y a la Convención Americana de los Derechos Humanos  
(CNDH, 2013).  
Es en el marco de dichos acuerdos y la propia realidad mexicana que se sentaron las bases para expedir  
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha ley mandata en su artículo 42  
fracción XII que la Presidencia de la República a través de la otrora Comisión Nacional para prevenir y  
erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM), deberá realizar un diagnóstico nacional y sexenal  
sobre las violencias contra las mujeres y en cumplimiento de ello al final del sexenio de la presidencia  
de Andrés Manuel López Obrador se presentó un Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de  
Violencia contra las mujeres. Esta reflexión parte de un análisis de los resultados del diagnóstico desde  
la perspectiva de la violencia estructural para periodo comprendido entre 2018-2023.  
El diagnóstico incluyó cuatro tomos, en esta reflexión sólo abordamos los resultados del Tomo I que  
tiene como objetivo de analizar las tendencias nacionales y regionales de la violencia contra las  
mujeres. Este tomo se centra en el contexto sociodemográfico, económico y laboral en el que se  
desarrollan las distintas formas de violencia, partiendo de un enfoque regional que divide al país en  
cinco grandes zonas: Centro, Centro Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1148.  
DESARROLLO  
Marco para el análisis de las violencias  
El filósofo esloveno Slavoj Žižek (1992), sostiene que, frente a los distintos estallidos de violencia en  
los diversos Estados, antes de hacer análisis urgentes frente al dolor de las víctimas o bien frente a la  
condena de los victimarios, es más conveniente hacer una distinción entre los tipos de violencias que  
se dan para llegar a conclusiones más certeras. La violencia visible, es lo que se percibe de una  
violencia que está aquí todo el tiempo, en nuestra realidad, y la imperceptible es la que no percibimos  
porque nuestra mirada ya no puede hacerlo desde los presupuestos teóricos que imperan. Así, se  
establece la distinción de dos tipos de violencia: la subjetiva y la objetiva o sistémica. La primera de  
ellas se percibe en contraste con el nivel normal de las cosas, mientras que la violencia objetiva es más  
difícil de percibir pues forma parte del nivel normal de las cosas.  
Esto significa que la violencia subjetiva salta a la vista cuando se da, pues no ocurre en el desarrollo  
cotidiano de los acontecimientos. Nos estamos refiriendo a aquellas manifestaciones de violencia que  
se convierten en la nota periodística y que después formarán parte de la aritmética del Estado  
(estadística). Pero este tipo de violencia no es más que la parte correlativa y visible de otra violencia  
sistémica imperceptible que forma parte de la cotidianidad. Lo interesante de que una violencia sea  
correlativa a la otra, es que si nos parece que de una tenemos en exceso es justamente porque de la  
otra también.  
En este punto es interesante preguntarnos ¿Qué podemos percibir y qué no? Es decir, cuando estamos  
hablando de una violencia imperceptible ¿nos estamos refiriendo a lo que en diversos estudios se  
denomina normalización de la violencia? La respuesta es: no. La normalización de la violencia tiene  
que ver con aquellas formas de violencia que se han ido incorporando a los actos performativos. Por  
el contrario, lo que podemos percibir y lo que no, está más relacionado con lo que conocemos como  
ideología, ya no entendida como falsa conciencia, sino como todo un entramado de relaciones sociales  
de poder.  
Como sabemos el sistema mundo opera a través de una lógica fundamental que distingue países ricos  
(desarrollados, de primer mundo o centrales) y países pobres (en vías de desarrollo, de tercer mundo  
o periféricos) que en su relación nos muestran aún una marcada división del trabajo internacional  
(Pochmann, 2011; Vercellone & Cardoso, 2016; Kreimer, 2006).  
En los países de la región  
latinoamericana se experimenta una realidad fundamental que deviene directamente de los procesos  
de estructuración social que van desde la escala mundo hasta la organización familiar o individual y  
que no necesita una de ninguna manifestación de violencia subjetiva o física para tener efectos  
negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o libertad de las personas  
(Galtung, 1996).  
Así, la violencia, que normalmente se asocia con actos visibles como agresiones físicas, homicidios o  
conflictos armados, pasa gracias a diversas corrientes de la sociología y los estudios de paz, a  
asociarse con una violencia menos visible, pero profundamente arraigada en la organización de las  
sociedades: la violencia estructural. De este modo, nos es posible comprender cómo las instituciones  
sociales, económicas y políticas generan condiciones sistemáticas de desigualdad que limitan el  
bienestar y las oportunidades de ciertos grupos sociales. De modo tal que, la violencia estructural no  
se manifiesta necesariamente mediante agresiones directas, sino a través de estructuras que  
reproducen pobreza, exclusión y desigualdad de manera persistente.  
Precisamente fue Galtung (1969) quién haciendo investigación para la paz propuso la ampliación  
semántica del término de violencia para aplicarla también hasta lo que de otra manera se conoce como  
injusticia social que es una noción que nos permite articular diversos problemas sociales que en  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1149.  
principio podrían parecer de distinta índole pero que en realidad son parte de un mismo fenómeno  
social asociados con la condición de nuestros estados. La ventaja de utilizar la noción de violencia  
estructural a diferencia de injusticia social o desigualdad es precisamente que permite articularla con  
la violencia subjetiva de manera directa, como dos procesos sociales correlativos.  
Galtung, la definió como una forma de violencia en la que las estructuras sociales o instituciones dañan  
a las personas al impedirles satisfacer sus necesidades básicas (1969). A diferencia de la violencia  
directa, donde existe un perpetrador claramente identificable, la violencia estructural se encuentra  
incorporada en los sistemas económicos, políticos y culturales que distribuyen de manera desigual  
recursos, poder y oportunidades. De este modo, las condiciones de pobreza extrema, la falta de acceso  
a educación o salud, o las brechas de género pueden entenderse como manifestaciones de esta forma  
de violencia.  
Desde una perspectiva sociológica, la violencia estructural se relaciona estrechamente con los  
procesos de estratificación social. Las sociedades modernas se organizan mediante jerarquías  
económicas, raciales, de género y territoriales que determinan las posibilidades de vida de los  
individuos. En este sentido, autores como Pierre Bourdieu han señalado que las desigualdades sociales  
no solo se mantienen mediante mecanismos económicos, sino también a través de formas simbólicas  
de dominación. El concepto de violencia simbólica desarrollado por Bourdieu explica cómo las  
relaciones de poder se naturalizan y legitiman culturalmente, de modo que los grupos subordinados  
llegan a percibir su posición social como algo inevitable o legítimo (Bourdieu, 1999). Esta legitimación  
cultural contribuye a la reproducción de la violencia estructural, ya que invisibiliza los mecanismos que  
generan desigualdad.  
Por otro lado, el análisis de la violencia estructural también se vincula con las teorías críticas sobre el  
desarrollo y la dependencia. Desde una perspectiva sociológica se ha señalado que las desigualdades  
globales entre países del norte y del sur global son resultado de procesos históricos de colonización,  
explotación económica y relaciones desiguales en el sistema mundial. En esta línea, Immanuel  
Wallerstein sostiene que el sistema-mundo capitalista produce una división internacional del trabajo  
que concentra riqueza en los países centrales mientras mantiene a las regiones periféricas en  
condiciones de subordinación económica (Wallerstein, 2004). Estas estructuras globales generan  
formas de violencia estructural al limitar las posibilidades de desarrollo y bienestar en amplias regiones  
del mundo.  
La violencia estructural también se expresa en las desigualdades de género. Las estructuras  
patriarcales presentes en muchas sociedades generan condiciones de discriminación sistemática  
contra las mujeres y otros grupos de género. Estas desigualdades se manifiestan en brechas salariales,  
acceso limitado a recursos productivos, exclusión política y mayor vulnerabilidad frente a distintas  
formas de violencia. La socióloga Sylvia Walby ha señalado que el patriarcado funciona como un  
sistema social estructurado que organiza la subordinación de las mujeres a través de instituciones  
como el mercado laboral, el Estado y la familia (Walby, 1990). En este sentido, la violencia de género  
no puede entenderse únicamente como una serie de actos individuales, sino como el resultado de  
estructuras sociales que reproducen desigualdad.  
Otro ámbito donde se evidencia la violencia estructural es en el acceso desigual a los servicios básicos.  
En muchas regiones del mundo, amplios sectores de la población carecen de acceso adecuado a salud,  
educación, vivienda o seguridad social. Estas carencias no son simplemente fallas administrativas,  
sino consecuencias de decisiones políticas y económicas que priorizan determinados intereses sobre  
el bienestar colectivo. Como señala Paul Farmer, la distribución desigual de recursos en las sociedades  
produce patrones de sufrimiento social que afectan desproporcionadamente a los grupos más pobres  
y marginados (Farmer, 2004). Desde esta perspectiva, enfermedades evitables, desnutrición o  
mortalidad prematura pueden interpretarse como resultados de la violencia estructural.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1150.  
Además, la violencia estructural suele interactuar con otras formas de violencia, como la violencia  
directa o la violencia cultural. Galtung propuso que estas tres dimensiones conforman un triángulo de  
la violencia, en el cual la violencia estructural crea las condiciones que facilitan la aparición de  
conflictos y agresiones directas. Por ejemplo, contextos de pobreza extrema, exclusión social y falta  
de oportunidades pueden incrementar la probabilidad de violencia interpersonal o criminal. De igual  
manera, discursos culturales que justifican la desigualdad pueden legitimar tanto la violencia  
estructural como la violencia directa.  
Comprender la violencia estructural implica reconocer que la violencia no es únicamente un fenómeno  
individual, sino también un producto de la organización social. Así pues, la violencia estructural  
constituye una herramienta analítica fundamental para comprender cómo las desigualdades sociales  
producen daño y sufrimiento de manera sistemática. Al analizar las estructuras económicas, políticas  
y culturales que generan exclusión, la sociología permite visibilizar formas de violencia que suelen  
permanecer ocultas en la vida cotidiana. Reconocer la existencia de estas dinámicas es un paso  
esencial para construir sociedades más justas, donde el acceso a los recursos y las oportunidades no  
dependa de la posición social, el género o el origen territorial.  
Es importante subrayar que cuando hablamos de violencia estructural y no de desigualdad o pobreza,  
desde este marco, cerramos automáticamente la posibilidad analítica y de valoración intersubjetiva  
para la legitimación de que sea(n) un(os) grupo(s) de personas los que detentan la mayor parte de los  
recursos en detrimento de los otros que tienen poco o nada de ellos. Como podemos ver, desde esta  
noción se cierra la puerta para la interpretación teórica o moral de culpabilización de aquellos que no  
se esfuerzan lo suficiente (desde una cultura del emprendimiento, por ejemplo) para cambiar su  
realidad económica y social. Se trata pues de una perspectiva teórica que posibilita que miremos las  
relaciones de poder que, sin duda, se reflejan en las estructuras sociales que terminan siendo, unas  
más que otras, proclives a la aparición de las distintas manifestaciones de la violencia subjetiva contra  
las mujeres.  
Es desde este marco conceptual planteado que podemos analizar la relación de esas tendencias de  
las violencias subjetivas o físicas de las que son víctimas las mujeres en nuestro país, y las violencias  
estructurales, muchas veces normalizadas en las que se desarrolla su vida diaria, familiar y  
comunitaria.  
Relación de las violencias subjetivas con las violencias estructurales  
En este apartado revisaremos las tendencias de las violencias de las que son víctimas las mujeres a la  
luz de los datos de los perfiles económicos, mercados laborales y pobreza por región presentados por  
el diagnóstico nacional.  
La violencia contra las mujeres en la región Centro conformada por Ciudad de México, Estado de  
México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala no puede comprenderse como un fenómeno aislado ni  
meramente criminal, los resultados de diagnóstico permiten distinguir que las dinámicas de homicidio,  
feminicidio, desaparición, violencia sexual y violencia familiar se articulan profundamente con la  
estructura económica, el mercado laboral y las condiciones de pobreza de cada entidad especialmente  
en las que convergen procesos de urbanización acelerada, industrialización manufacturera y  
desigualdad social persistente que configuran un entorno estructural de riesgo para las mujeres.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1151.  
Tabla 1  
Cuadro comparativo por entidad de la región Centro  
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra  
las Mujeres 2018-2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavim/articulos/diagnostico-nacional-  
sobre-todas-las-formas-de-violencia-contra-las-mujeres-2018-2023-385942  
La región Centro es la más poblada del país alberga un 29% de la población del país y concentra la  
mayor producción económica nacional. Sin embargo, su dinamismo no se traduce en condiciones  
homogéneas de bienestar. Como podemos ver en el cuadro comparativo Figura 1, mientras la Ciudad  
de México presenta una economía predominantemente terciaria basada en servicios financieros,  
corporativos y de información, los estados circundantes mantienen una fuerte dependencia de la  
industria manufacturera. Esta configuración genera una relación centro-periferia metropolitana: capital  
de servicios altamente concentrados y cinturones industriales con amplias zonas de precariedad  
laboral. Para decirlo con Pradilla (1987), en estas zonas se siguen las lógicas de urbanización  
capitalistas que surgen, se desarrollan y hacen crisis, bajo el desarrollo capitalista y sus  
contradicciones.  
Esto es muy claro en el Estado de México y Puebla, donde la manufactura supera el 60 o 70 por ciento  
del dinamismo económico, se observa una paradoja estructural. Por un lado, existe una alta  
incorporación femenina al mercado laboral; por otro, persisten condiciones de informalidad, bajos  
salarios y desigualdad. El crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina no ha  
eliminado brechas de género. Las mujeres participan más en la economía, pero continúan enfrentando  
mayor desempleo relativo, concentración en sectores precarios y sobrecarga de trabajo doméstico no  
remunerado.  
Esta tensión entre incorporación laboral y desigualdad estructural se refleja en el incremento de  
violencia familiar y violencia de pareja. El estrés económico, el hacinamiento urbano y la persistencia  
de roles tradicionales y la triple jornada generan escenarios de violencia familiar. Durante el periodo de  
pandemia (2020-2021), estas tensiones se intensificaron, lo que se tradujo en un aumento de  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1152.  
denuncias por violencia familiar en prácticamente toda la región. Ya que como bien lo explica Chavez  
(2015) las diferentes condiciones para los individuos y en el cuál no todos tienen las mismas  
oportunidades, se reflejan en situaciones de inequidad y de desigualdad. Este tipo de violencia  
estructural se permea todas las esferas de la actividad humana y si bien es externa, se va integrando  
al sujeto y a la población, en este sentido, se transforma en violencia endógena, se lleva al mundo  
privado, a la familia y se dirige contra los integrantes del grupo familiar en particular de las mujeres.  
En términos de pobreza, la región Centro presenta la mayor cantidad absoluta de personas en situación  
de pobreza del país. Aunque en 2022 se registró una disminución significativa respecto a 2020, el  
Estado de México continúa concentrando los mayores niveles absolutos tanto de pobreza como de  
pobreza extrema. Puebla ocupa el segundo lugar regional. Esta concentración de vulnerabilidad  
socioeconómica coincide territorialmente con los municipios que registran mayores tasas de  
feminicidio y desaparición de mujeres. Diversos estudios se han enfocado ya a analizar la relación  
entre la pobreza y la desigualdad y su relación como una de las mayores causas del fenómeno de la  
violencia. Esta correlación se explica fácilmente subrayando que es más fácil reclutar jóvenes para que  
cometan acciones delictivas o formen parte de grupos de crimen organizado en contextos de situación  
de pobreza y falta de oportunidades (Nateras & Zaragoza, 2017).  
Por su parte, el feminicidio en la región Centro muestra un patrón claramente metropolitano. El Estado  
de México se mantiene como una de las entidades con mayor número de casos a nivel nacional. De  
hecho, los casos de feminicidio en esta entidad han sido emblemáticos, no está por demás recordar  
que el caso del feminicida serial de Atizapán muestra la falta de capacidad institucional para la  
investigación de las desapariciones de mujeres en el estado. Por lo contrario, si bien en la Ciudad de  
México, por su densidad poblacional, también presenta cifras altas en términos absolutos, esta entidad  
sí presenta mayores niveles de judicialización en cuanto a feminicidios, lo cual se traduce en mayor  
capacidad institucional para la investigación de los casos y su subsecuente judicialización. La otra  
entidad que mayor número de feminicidios tiene en la región es Morelos, que aunque es un estado  
pequeño en población, registra tasas proporcionales elevadas, lo que evidencia una conflictividad  
criminal intensa en una entidad territorialmente pequeña.  
No está por demás decir que el delito de feminicidio está relacionado con la desaparición de mujeres  
y niñas, que en esta región está vinculada a corredores de movilidad y transporte. La conurbación entre  
Ciudad de México y el Estado de México genera amplias zonas de tránsito diario donde convergen  
informalidad, desigualdad y presencia de economías ilícitas. En Puebla y Tlaxcala se identifican  
dinámicas relacionadas con redes de trata de personas, fenómeno que aprovecha tanto la  
vulnerabilidad económica como la conectividad carretera.  
En este sentido, la violencia sexual -incluyendo violación simple y equiparada- presenta una fuerte  
correlación con contextos urbanos densos y zonas periurbanas precarizadas. La expansión  
metropolitana no siempre ha sido acompañada de infraestructura de seguridad, iluminación, transporte  
seguro y planeación urbana con perspectiva de género. La violencia ocurre tanto en espacios públicos  
como privados, pero encuentra condiciones facilitadoras en entornos donde la desigualdad territorial  
es profunda.  
En síntesis, la región Centro encarna, por tanto, una contradicción estructural: es el principal motor  
económico del país, pero también uno de los principales escenarios de violencia contra las mujeres. El  
dinamismo manufacturero e industrial no ha eliminado la precariedad laboral; la expansión del sector  
servicios no ha resuelto la desigualdad; la reducción reciente de la pobreza no ha desmontado  
estructuras históricas de exclusión.  
En ese sentido cuando hablamos de violencia estructural, no estamos aludiendo a un factor en  
particular sino a una articulación de factores como son la urbanización acelerada, la desigualdad  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1153.  
socioeconómica, la informalidad laboral, la movilidad metropolitana, la persistencia de patrones  
culturales patriarcales y la presencia de economías criminales. En entidades más pequeñas como  
Tlaxcala y Morelos, la escala territorial reducida no implica menor violencia, sino formas diferenciadas  
vinculadas a redes específicas o dinámicas regionales. Es por ello que podemos afirmar que la  
violencia contra las mujeres en la región Centro es estructural y territorializada. No puede entenderse  
sin analizar la configuración económica manufacturera-terciaria, la concentración poblacional, la  
desigualdad urbana y la transición laboral femenina. El crecimiento económico no ha sido suficiente  
para garantizar seguridad y bienestar, si no por el contrario quizá el factor que permite que la  
desigualdad social y de oportunidades se siga reproduciendo.  
Ahora bien, veamos cuál es la relación que existe entre la violencia estructural y las violencias de las  
que son víctimas las mujeres en la región Centro Occidente. Esta región está conformada por  
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y  
Zacatecas. Es una de las regiones más dinámicas y con más contradicciones en el país. Es la segunda  
región más poblada con un 28% de la población total y desde el punto de vista económico es una de  
las más industrializadas, particularmente por la consolidación del corredor manufacturero automotriz  
en estados como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. Sin embargo, este  
dinamismo económico coexiste con altos niveles de violencia homicida y con patrones persistentes  
de violencia contra las mujeres que revelan profundas tensiones estructurales.  
Tabla 2  
Cuadro comparativo por entidad de la región Centro Occidente  
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra  
las Mujeres 2018-2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavim/articulos/diagnostico-nacional-  
sobre-todas-las-formas-de-violencia-contra-las-mujeres-2018-2023-385942  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1154.  
Entre 2014 y 2019, la industria manufacturera se consolidó como el principal motor económico en la  
mayoría de las entidades de la región. Como podemos ver en la Figura 2, en Aguascalientes,  
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, el peso manufacturero superó el 70% del dinamismo  
económico. Jalisco presentó una estructura más diversificada, mientras que Zacatecas combinó  
manufactura con minería. En contraste, Colima y Nayarit mostraron economías más vinculadas al  
comercio y servicios.  
Este crecimiento industrial generó expansión urbana acelerada, migración interna y aumento de la PEA  
femenina. La participación de las mujeres en el mercado laboral creció de forma sostenida,  
particularmente en estados industrializados. Y como hemos visto en la región Centro, en esta área  
geográfica esta integración tampoco eliminó brechas salariales ni condiciones de precariedad. De  
hecho, en varias entidades, el aumento de la informalidad y la desigualdad territorial acompañó el  
crecimiento económico. Y no está por demás subrayar que las personas que más se ocupan en el  
sector informal son las mujeres.  
En materia de pobreza, la región mostró comportamientos diferenciados. Querétaro y Aguascalientes  
presentaron menores niveles de pobreza, mientras que Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí  
mantuvieron niveles significativos de vulnerabilidad socioeconómica. Zacatecas y Colima evidenciaron  
situaciones intermedias, pero con alta exposición a dinámicas criminales.  
Por su parte, el fenómeno homicida en la región Centro Occidente es uno de los más intensos del país.  
Guanajuato y Jalisco registraron algunos de los números absolutos más altos de homicidios,  
predominantemente de hombres, asociados a disputas criminales. Y como bien sabemos estas  
entidades presentan alta presencia de crimen organizado. También Zacatecas y Colima alcanzaron  
tasas proporcionalmente muy elevadas. Ante esta realidad no está por demás subrayar que la violencia  
generalizada impacta indirectamente en las mujeres, ya sea como víctimas directas o como afectadas  
por la descomposición social.  
Ahora bien, respecto al análisis de defunciones de mujeres con características de feminicidio muestra  
que, aunque el volumen es menor que el de homicidios masculinos, el fenómeno se inserta dentro de  
contextos de violencia estructural. En Guanajuato y Jalisco, los feminicidios crecieron en paralelo al  
aumento de violencia criminal general. En Colima y Zacatecas, la intensidad de la violencia territorial  
también se reflejó en agresiones letales contra mujeres.  
La desaparición y no localización adquiere particular relevancia en Jalisco, donde los registros han sido  
notorios en los últimos años, especialmente en jóvenes, fenómeno también asociado al crimen  
organizado. En estados como San Luis Potosí y Zacatecas, la ubicación estratégica como rutas de  
tránsito incrementa la vulnerabilidad. Estas dinámicas se relacionan con movilidad laboral, migración  
interna y presencia de economías ilícitas.  
En cuanto a delitos de violación simple y equiparada, la región muestra una incidencia constante,  
particularmente en zonas metropolitanas como Guadalajara y León. La expansión urbana no siempre  
estuvo acompañada de infraestructura de seguridad con perspectiva de género. Espacios públicos  
inseguros, transporte deficiente y periferias precarizadas constituyen entornos de riesgo.  
La violencia familiar aparece como uno de los delitos más persistentes en todos los estados. Incluso  
en entidades con menor pobreza, como Querétaro y Aguascalientes, los registros son significativos.  
Esto demuestra que el crecimiento económico no elimina patrones culturales patriarcales ni dinámicas  
de control y agresión en el ámbito doméstico.  
En síntesis, la región Centro Occidente refleja una paradoja estructural: crecimiento manufacturero  
acelerado y consolidación industrial acompañados de altos niveles de violencia. La integración  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1155.  
femenina al mercado laboral se produce en un contexto de desigualdad persistente. Si bien para la  
región Centro afirmamos que la pobreza está altamente asociada a los índices de inseguridad y  
violencia, en esta región vemos que si bien la pobreza disminuyó en términos porcentuales hacia 2022,  
la violencia no siguió la misma trayectoria descendente, lo cual requiere investigación particular del  
comportamiento de las actividades económicas de la delincuencia organizada. De ello puede resultar  
la explicación para entender que, relación entre economía y violencia no es lineal pues estados con  
menor pobreza pueden registrar violencia significativa, mientras que otros con mayor vulnerabilidad  
presentan dinámicas diferenciadas. Lo que sí resulta claro es que la combinación de expansión urbana  
rápida, disputa criminal territorial, debilidades institucionales, desigualdad socioeconómica y  
transformación laboral femenina configura escenarios complejos de riesgo para las mujeres.  
Por su parte, la región Noreste de México, integrada por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango,  
que es la cuarta región más poblada del país con un 14% de la población nacional, representa uno de  
los espacios industriales más relevantes del país. Su cercanía con Estados Unidos, su integración a  
cadenas productivas internacionales y su consolidación manufacturera han favorecido niveles de  
crecimiento económico superiores a otras regiones. Sin embargo, esta fortaleza productiva no ha  
significado la erradicación de la violencia contra las mujeres; por el contrario, la violencia adopta  
formas diferenciadas según la configuración económica y territorial de cada entidad.  
Tabla 3  
Cuadro comparativo por entidad de la región Noreste  
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra  
las Mujeres 2018-2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavim/articulos/diagnostico-nacional-  
sobre-todas-las-formas-de-violencia-contra-las-mujeres-2018-2023-385942  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1156.  
Como podemos observar en la Figura 3, entre 2014 y 2019, la manufactura se consolidó como el  
principal motor económico regional. Coahuila y Nuevo León fortalecieron su industria automotriz y  
metalmecánica; Durango combinó manufactura con minería; y Tamaulipas mantuvo una economía  
fronteriza basada en maquila y comercio internacional. Este dinamismo impulsó una mayor  
incorporación femenina al mercado laboral, particularmente en sectores industriales y de servicios.  
El mercado laboral en la región presenta niveles de formalidad relativamente altos en comparación con  
el promedio nacional, especialmente en Nuevo León y Coahuila. La participación femenina en la  
Población Económicamente Activa creció de manera sostenida. Sin embargo, persisten brechas  
salariales y segregación ocupacional. En Durango y Tamaulipas, la dispersión territorial y la  
informalidad en ciertas zonas rurales y fronterizas generan vulnerabilidades adicionales.  
En términos de pobreza, la región Noreste presenta niveles inferiores al promedio nacional, aunque con  
diferencias internas. Nuevo León y Coahuila muestran menores porcentajes de población en pobreza,  
mientras que Tamaulipas y Durango registran niveles intermedios con presencia de pobreza rural. Esta  
heterogeneidad territorial incide en la forma en que se manifiesta la violencia contra las mujeres.  
El análisis de defunciones por homicidio entre 2018 y 2022 evidencia que la violencia letal afecta  
mayoritariamente a hombres, especialmente en Tamaulipas, donde la disputa criminal ha sido  
persistente. Sin embargo, las mujeres no están exentas de esta violencia estructural. En contextos de  
criminalidad elevada, el feminicidio tiende a incrementarse, lo cual puede traducirse como resultado  
de violencia en los hogares o como expresión de violencia territorial.  
En Nuevo León, el feminicidio ha adquirido visibilidad pública, particularmente en el área metropolitana  
de Monterrey. Este fenómeno combina factores urbanos -movilidad masiva, expansión metropolitana,  
desigualdad intraurbana- con patrones persistentes de violencia de género. La desaparición de mujeres  
jóvenes ha sido especialmente preocupante, evidenciando riesgos en espacios públicos y entornos  
digitales.  
Tamaulipas presenta una configuración distinta. Su condición fronteriza estratégica genera dinámicas  
de movilidad, migración y presencia criminal que incrementan la desaparición y la violencia estructural.  
En este contexto, la violencia contra las mujeres se inserta en un entorno de inseguridad generalizada  
que complejiza la acción institucional y refleja la baja capacidad institucional.  
Durango muestra un escenario intermedio. Aunque no registra los niveles de violencia homicida de  
Tamaulipas, mantiene incidencias constantes de violencia familiar y feminicidio en proporción a su  
población. Además, en esta entidad la dispersión territorial y la presencia de zonas rurales dificultan el  
acceso a servicios de atención y justicia para mujeres víctimas de violencia.  
Coahuila, por su parte, presenta menor conflictividad criminal general, pero la violencia familiar y la  
violencia sexual continúan siendo problemáticas persistentes. Esto demuestra que incluso en  
contextos de estabilidad industrial y menor pobreza relativa, las dinámicas patriarcales y las  
desigualdades de género subsisten.  
En lo que se refiere a violencia familiar, debemos subrayar que en toda la región, este delito aparece  
como uno de los más constantes y extendidos. Este comportamiento sugiere que la violencia contra  
las mujeres no depende exclusivamente de la pobreza o del crimen organizado, sino también de  
patrones culturales arraigados, desigualdad estructural y tensiones familiares derivadas de  
transformaciones económicas.  
La relación entre estructura económica y violencia de género en el Noreste no es lineal. El desarrollo  
industrial genera empleo y crecimiento, pero también urbanización acelerada, presión demográfica y  
nuevas desigualdades. Es importan realizar investigación cualitativa de las consecuencias que trae  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1157.  
consigo la integración femenina al mercado laboral y en qué medida o de qué forma modifica  
dinámicas familiares tradicionales, ya que esto puede generar resistencias y conflictos cuando no va  
acompañada de transformaciones culturales.  
En suma, la región Noreste cuenta con mayor industrialización y dinamismo económico,  
particularmente en Nuevo León y Coahuila, donde predominan manufactura, industria pesada y  
comercio exterior. Sin embargo, el crecimiento económico no ha eliminado brechas salariales de  
género ni segmentación laboral. En zonas metropolitanas como Monterrey, la expansión urbana  
acelerada ha generado periferias con menor acceso a servicios, donde la violencia familiar y los delitos  
sexuales mantienen alta incidencia.  
En Tamaulipas y algunas zonas de Durango, la violencia estructural se entrelaza con disputas  
territoriales y economías ilícitas, lo que eleva homicidios, desapariciones y contextos de riesgo para  
mujeres jóvenes. Aunque la pobreza no alcanza los niveles del sur del país, existen desigualdades  
territoriales importantes, especialmente en áreas rurales y fronterizas.  
En otras palabras, la región Noreste muestra una violencia estructural asociada menos a marginación  
extrema y más a desigualdad urbana, militarización de la seguridad, fragmentación comunitaria y  
debilidad institucional frente a la violencia criminal, factores que inciden indirectamente en la  
persistencia de feminicidio, desaparición y violencia familiar. En síntesis, la región Noreste muestra  
que el crecimiento económico y la reducción de pobreza no garantizan la disminución automática de  
la violencia contra las mujeres. Las dinámicas metropolitanas, fronterizas y rurales configuran  
escenarios diferenciados de riesgo. Mientras Tamaulipas refleja violencia asociada a disputas  
criminales y frontera estratégica, Nuevo León evidencia tensiones urbanas; Coahuila y Durango  
muestran persistencia de violencia doméstica en contextos industriales relativamente estables.  
Ahora bien, la región Noroeste integrada por Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, es la  
menos poblada del país albergando apenas a un 8% de la población total y se trata de un espacio  
económico estratégico caracterizado por su condición fronteriza, su integración a cadenas productivas  
internacionales y su vinculación con economías primarias y turísticas. El análisis de la panorámica  
sociodemográfica entre 2014 y 2019 revela que la manufactura exportadora y la agroindustria han sido  
ejes centrales del dinamismo regional, mientras que el turismo ha desempeñado un papel fundamental  
en Baja California Sur.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1158.  
Tabla 4  
Cuadro comparativo por entidad de la región Noroeste  
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra  
las Mujeres 2018-2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavim/articulos/diagnostico-nacional-  
sobre-todas-las-formas-de-violencia-contra-las-mujeres-2018-2023-385942  
Como podemos ver en el cuadro anterior, en 2014 Baja California y Sonora ya mostraban una fuerte  
orientación industrial exportadora, particularmente en manufactura y minería. Para 2019, esta  
tendencia se consolidó, acompañada por expansión urbana acelerada en ciudades fronterizas como  
Tijuana y Mexicali, así como en Hermosillo y otras zonas industriales. Sinaloa mantuvo su perfil  
agroexportador, combinando agricultura comercial con industria ligera. Por su parte, Baja California  
Sur profundizó su dependencia del turismo, especialmente en Los Cabos y La Paz.  
En lo que corresponde al mercado laboral regional mostró crecimiento de la participación femenina,  
especialmente en manufactura y servicios. La inserción femenina en maquila y turismo amplió la  
autonomía económica de las mujeres, pero no eliminó brechas salariales ni desigualdades  
estructurales. Entre 2016 y 2022, la pobreza se mantuvo en niveles intermedios en Baja California,  
Sonora y Sinaloa, mientras que Baja California Sur registró menores niveles relativos. La pandemia  
generó afectaciones temporales, especialmente en el sector turístico.  
Nuevamente, en esta región podemos afirmar que la evolución económica no tuvo una correlación  
directa con la disminución de la violencia contra las mujeres. Entre 2018 y 2022, las defunciones por  
homicidio mostraron altos niveles en Baja California, Sonora y Sinaloa, aunque con predominio  
masculino. Esta violencia letal responde principalmente a disputas criminales y dinámicas territoriales,  
pero genera un entorno de riesgo generalizado. Específicamente en cuanto al feminicidio en la región  
podemos decir que éste presenta configuraciones diferenciadas. En Baja California, particularmente  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1159.  
en ciudades fronterizas, los casos de feminicidio han sido relevantes y se insertan en contextos de  
migración, movilidad laboral y violencia urbana. En Sonora, los repuntes de feminicidio coinciden con  
periodos de mayor violencia territorial. En Sinaloa, el feminicidio aparece frecuentemente vinculado a  
contextos criminales amplios, donde la violencia estructural permea múltiples ámbitos sociales. En  
Baja California Sur, aunque el volumen es menor, el crecimiento urbano acelerado y la migración interna  
han generado nuevas dinámicas de riesgo.  
La desaparición y no localización constituye uno de los fenómenos más preocupantes, particularmente  
en Baja California y Sonora. La condición fronteriza, la migración constante y la movilidad laboral  
incrementan la vulnerabilidad de mujeres jóvenes. En Sinaloa, la desaparición también se vincula a  
entornos de violencia criminal. Baja California Sur presenta menor incidencia relativa, pero con  
tendencia al alza en áreas urbanas turísticas.  
En cuanto a delitos de violación simple y equiparada, la incidencia es mayor en zonas urbanas densas,  
especialmente en Baja California. La expansión metropolitana sin infraestructura suficiente y la  
precarización de periferias contribuyen a la exposición al riesgo. La violencia familiar aparece como el  
delito más constante en las cuatro entidades, independientemente del perfil económico. Esto evidencia  
que la violencia contra las mujeres no depende exclusivamente de pobreza o criminalidad organizada,  
sino de estructuras culturales de desigualdad de género.  
En síntesis, la región presenta una violencia estructural asociada principalmente a su condición  
fronteriza, a la integración a economías globales y a la presencia histórica de violencia criminal  
organizada. A diferencia de regiones con pobreza estructural profunda, el Noroeste muestra  
dinamismo económico importante: manufactura exportadora en Baja California y Sonora, agroindustria  
en Sinaloa y turismo en Baja California Sur. No obstante, este crecimiento ha estado acompañado de  
urbanización acelerada, migración constante y expansión de periferias con servicios insuficientes.  
Estas condiciones generan fragmentación social y desigualdad territorial, factores que sostienen la  
violencia estructural.  
En Baja California y Sonora, la frontera internacional y las rutas estratégicas de comercio también  
coinciden con corredores de violencia, lo que incrementa homicidios y desapariciones. En Sinaloa, la  
persistencia histórica de grupos criminales ha normalizado dinámicas de violencia que impactan  
indirectamente a las mujeres. En Baja California Sur, el rápido crecimiento turístico ha producido  
tensiones sociales y precarización laboral en ciertos sectores.  
En conjunto, la región Noroeste no se caracteriza por marginación extrema generalizada, sino por una  
violencia estructural vinculada a desigualdad urbana, movilidad migratoria, disputas territoriales y  
debilidades institucionales, que crean entornos propicios para la persistencia de feminicidio,  
desaparición y violencia familiar. De modo tal que, la región Noroeste demuestra que la  
industrialización exportadora, la agroindustria y el turismo pueden coexistir con altos niveles de  
violencia homicida y feminicida. El crecimiento económico no transforma automáticamente las  
relaciones de poder ni elimina patrones patriarcales. Además, la condición fronteriza y la presencia de  
economías ilícitas complejizan el escenario. Por ejemplo, en Baja California y Sonora, la combinación  
de frontera, manufactura y movilidad intensiva configura entornos urbanos de alta vulnerabilidad. En  
Sinaloa, la violencia estructural vinculada a grupos criminales impacta indirectamente en la seguridad  
de las mujeres. En Baja California Sur, el crecimiento turístico acelerado genera tensiones sociales y  
desigualdad territorial.  
Finalmente, la región sureste que alberga al 21% de la población total del país y está conformada por  
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán presenta una de las  
configuraciones socioeconómicas más contrastantes del país. Mientras Chiapas, Guerrero y Oaxaca  
concentran históricamente altos niveles de pobreza estructural, entidades como Quintana Roo y  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1160.  
Yucatán muestran mayor dinamismo económico vinculado al turismo y los servicios. Veracruz,  
Tabasco y Campeche combinan actividades extractivas, comercio y servicios con vulnerabilidad social  
significativa.  
Tabla 5  
Cuadro comparativo por entidad de la región Sureste  
Fuente: elaboración propia a partir de Diagnóstico Nacional de Todas las Formas de Violencia contra  
las Mujeres 2018-2023. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavim/articulos/diagnostico-nacional-  
sobre-todas-las-formas-de-violencia-contra-las-mujeres-2018-2023-385942  
Como podemos ver en la Figura 5, el análisis del perfil económico 2014 y 2019 evidencia que la región  
mantiene una fuerte dependencia de actividades primarias y extractivas, con limitada industrialización.  
Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan economías predominantemente rurales, con altos niveles de  
informalidad y baja diversificación productiva. En contraste, Quintana Roo experimentó expansión  
turística acelerada, mientras que Yucatán consolidó un crecimiento moderado con mayor estabilidad  
relativa.  
Entre 2016 y 2022, la pobreza se mantuvo elevada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mientras que  
Veracruz y Tabasco registraron niveles intermedios-altos. Quintana Roo y Yucatán presentaron  
menores niveles relativos, aunque con desigualdades internas marcadas. La pandemia impactó  
fuertemente al turismo en Quintana Roo, generando vulnerabilidad laboral temporal.  
Las defunciones por homicidio entre 2018 y 2022 muestran un patrón heterogéneo. Guerrero y  
Veracruz registran altos niveles de homicidio masculino, asociados a violencia criminal y debilidad  
institucional. Tabasco mostró incrementos en ciertos periodos. En contraste, Yucatán mantiene una  
de las tasas más bajas del país.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1161.  
En materia de feminicidio, Guerrero y Veracruz destacan por niveles elevados y persistentes. En estas  
entidades, la violencia estructural y la presencia de criminalidad organizada generan contextos de alto  
riesgo. En Chiapas y Oaxaca, el feminicidio se vincula tanto a violencia doméstica como a condiciones  
de marginación rural. En Quintana Roo, el crecimiento urbano acelerado ha producido casos visibles  
en zonas turísticas.  
La desaparición y no localización presenta especial gravedad en Guerrero y Veracruz, donde confluyen  
violencia criminal y debilidad institucional. En Chiapas, la migración y el tránsito regional influyen en  
ciertos casos. Quintana Roo muestra incidencia en contextos urbanos con alta movilidad laboral.  
Además, los delitos de violación simple y equiparada mantienen incidencia relevante en zonas urbanas  
densas, especialmente en Veracruz y Quintana Roo. Sin embargo, la violencia familiar constituye el  
delito más constante en toda la región. Incluso en Yucatán, donde los homicidios son bajos, la violencia  
familiar permanece presente.  
El análisis integral demuestra que la violencia contra las mujeres en el Sureste no puede explicarse  
únicamente por pobreza. Aunque Chiapas y Guerrero muestran alta correlación entre marginación  
estructural y violencia de género, Veracruz y Quintana Roo evidencian que la violencia también emerge  
en contextos urbanos dinámicos y corredores estratégicos.  
En entidades con alta pobreza rural, la violencia se manifiesta frecuentemente en el ámbito doméstico  
y con barreras de acceso a justicia por la débil capacidad institucional. En estados con economías  
extractivas o turísticas, la movilidad poblacional y el crecimiento urbano acelerado generan nuevas  
formas de vulnerabilidad.  
Yucatán representa un caso particular: baja violencia homicida y feminicidio en comparación regional,  
pero persistencia de violencia familiar. Esto confirma que la seguridad pública general no elimina  
completamente la violencia de género.  
En otras palabras, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la violencia estructural se manifiesta principalmente  
a través de pobreza persistente, marginación rural, desigualdad étnica y acceso limitado a servicios  
institucionales, lo que genera condiciones de vulnerabilidad crónica para las mujeres. En estos estados,  
la precariedad económica y la dispersión territorial dificultan la denuncia y el acceso a justicia,  
reproduciendo ciclos de violencia familiar y feminicidio.  
En Veracruz y Tabasco, la violencia estructural combina desigualdad socioeconómica con presencia  
de violencia criminal y debilidad institucional, generando altos niveles de homicidio y desaparición que  
impactan de manera diferenciada a las mujeres. Aquí, la violencia de género se inserta en contextos  
de conflictividad social más amplia. Y en Quintana Roo muestra una violencia estructural asociada al  
crecimiento urbano acelerado y la migración laboral en zonas turísticas, donde la expansión económica  
no ha ido acompañada de cohesión social ni planeación con perspectiva de género. Yucatán presenta  
menores niveles de violencia letal, pero mantiene persistencia de violencia familiar, lo que evidencia  
que la violencia estructural no desaparece incluso en contextos de mayor estabilidad.  
En síntesis, el Sureste se caracteriza por una violencia estructural de base socioeconómica profunda,  
reforzada por desigualdad territorial y debilidad institucional, que crea condiciones propicias para la  
reproducción de violencia contra las mujeres. Así pues, en la región Sureste evidencia que la violencia  
contra las mujeres está profundamente territorializada y estructuralmente condicionada. La pobreza,  
la marginación, la economía extractiva, el turismo y la debilidad institucional interactúan de forma  
diferenciada en cada estado.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1162.  
REFLEXIÓN  
Breve reflexión a manera de síntesis  
El análisis de la violencia contra las mujeres en las distintas regiones del país permite confirmar la  
pertinencia analítica del marco teórico propuesto por Slavoj Žižek y Johan Galtung para comprender la  
relación entre violencia subjetiva y violencia estructural. Desde esta perspectiva, los feminicidios,  
homicidios, desapariciones, violaciones y casos de violencia familiar que aparecen en estadísticas no  
pueden interpretarse únicamente como hechos aislados o como resultado exclusivo de decisiones  
individuales. Por el contrario, constituyen expresiones visibles de una red de condiciones estructurales  
que operan de forma menos perceptible pero constante en la organización social.  
Siguiendo el planteamiento de Žižek, la violencia que irrumpe en la esfera pública -la violencia subjetiva-  
suele captar la atención social por su carácter disruptivo. Sin embargo, esta violencia visible es apenas  
la manifestación superficial de una violencia sistémica que se encuentra integrada en las estructuras  
económicas, sociales y culturales que organizan la vida cotidiana. En la región Centro, sobre todo, esta  
violencia estructural se manifiesta en procesos históricos de urbanización acelerada, desigualdad  
socioeconómica, precarización laboral, movilidad metropolitana masiva y persistencia de estructuras  
patriarcales que condicionan las oportunidades y la seguridad de las mujeres.  
Justamente, uno de los hallazgos más relevantes del análisis regional es que el crecimiento económico  
y la concentración productiva no garantizan necesariamente condiciones de bienestar equitativas. Por  
ejemplo, la región Centro constituye el principal motor económico del país y concentra una proporción  
significativa de la actividad económica nacional. No obstante, esta fortaleza económica convive con  
profundas desigualdades territoriales y sociales. Mientras la Ciudad de México concentra servicios  
financieros y corporativos de alta productividad, los estados circundantes funcionan como cinturones  
industriales y espacios periurbanos donde predominan la informalidad laboral, los salarios bajos y la  
precarización del trabajo. Esta relación centro-periferia dentro del mismo espacio metropolitano  
genera condiciones estructurales que reproducen vulnerabilidad social y, en consecuencia, escenarios  
propicios para la aparición de diversas formas de violencia.  
En este contexto, la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha significado una  
transformación completa de las relaciones de género. Si bien la participación femenina en la economía  
ha aumentado de manera significativa en sectores industriales y de servicios, esta integración ocurre  
en condiciones de desigualdad estructural. Persisten brechas salariales, segregación ocupacional y  
una fuerte sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Estas tensiones se reflejan  
en dinámicas familiares complejas donde el estrés económico, el hacinamiento urbano, las  
condiciones de inseguridad, largos trayectos de transporte a los centros de trabajo y la persistencia de  
roles tradicionales pueden derivar en conflictos intradomésticos. En este sentido, la violencia familiar  
y la violencia de pareja deben entenderse no solo como fenómenos privados, sino como expresiones  
de una violencia estructural que atraviesa las condiciones materiales de vida.  
Por otra parte, aunque en algunas regiones se hayan registrado reducciones recientes en los niveles  
de pobreza, continúan concentrando grandes cantidades absolutas de población en situación de  
vulnerabilidad. Esta concentración territorial coincide con municipios donde se registran altas tasas de  
feminicidio, desaparición de mujeres y delitos sexuales. Desde el enfoque de Galtung, estas  
condiciones pueden interpretarse como manifestaciones claras de violencia estructural, en la medida  
en que las instituciones sociales y económicas generan obstáculos sistemáticos para el acceso  
equitativo a recursos, oportunidades y seguridad. De este modo, la falta de infraestructura urbana con  
perspectiva de género -transporte seguro, iluminación adecuada, planeación urbana inclusiva-  
reproduce condiciones estructurales que incrementan la exposición de las mujeres a distintos tipos de  
violencia.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1163.  
En este sentido, la violencia contra las mujeres en las regiones del país evidencia claramente el  
“triángulo de la violencia” propuesto por Galtung, donde la violencia estructural crea las condiciones  
para la aparición de violencia directa, mientras que ciertos discursos culturales contribuyen a  
legitimarla o invisibilizarla. La persistencia de patrones patriarcales, para decirlo con Walby, refuerza  
esta dinámica al naturalizar la desigualdad de género en ámbitos como el mercado laboral, la familia y  
las instituciones políticas. De manera paralela, las formas de dominación simbólica descritas por Pierre  
Bourdieu contribuyen a que estas desigualdades sean percibidas como parte del orden normal de las  
cosas.  
Por otra parte, el análisis comparativo de las regiones del país permite observar que la violencia  
estructural adopta configuraciones diferenciadas según las características económicas y territoriales.  
En regiones industrializadas como el Centro Occidente o el Noreste, la violencia se vincula con  
procesos de expansión urbana, industrialización y disputas territoriales del crimen organizado. En  
regiones como el Sureste, la violencia estructural se encuentra más asociada a pobreza histórica,  
marginación rural y debilidad institucional. En el Noroeste, por su parte, la condición fronteriza y la  
integración a economías globales generan contextos particulares de movilidad migratoria,  
urbanización acelerada y violencia criminal.  
Sin embargo, a pesar de estas diferencias regionales, el análisis permite identificar un patrón común:  
la violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente por la pobreza ni exclusivamente por  
la criminalidad organizada. Se trata de un fenómeno complejo donde interactúan múltiples  
dimensiones estructurales, incluyendo desigualdad económica, transformaciones del mercado laboral,  
dinámicas urbanas, relaciones de género y debilidades institucionales. Esta articulación confirma que  
la violencia subjetiva que observamos en estadísticas y registros de fiscalías es inseparable de las  
estructuras sociales que la hacen posible.  
En consecuencia, comprender la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la violencia  
estructural implica desplazar el enfoque analítico desde la culpabilización individual hacia el análisis  
de las relaciones de poder que organizan la sociedad. Esta perspectiva permite reconocer que la  
distribución desigual de recursos, oportunidades y seguridad no es un fenómeno accidental, sino el  
resultado de estructuras económicas y políticas que reproducen desigualdades de manera  
sistemática.  
CONCLUSIONES  
En conclusión, el análisis de los resultados del diagnóstico nacional muestra que el desarrollo  
económico, la industrialización y la urbanización no son procesos neutros desde el punto de vista  
social. Cuando estos procesos se combinan con desigualdad estructural, precarización laboral,  
debilidades institucionales y persistencia de patrones patriarcales, pueden generar entornos propicios  
para la reproducción de distintas formas de violencia contra las mujeres. Reconocer esta relación entre  
violencia estructural y violencia subjetiva constituye un paso fundamental para diseñar políticas  
públicas integrales que no se limiten a la reacción penal frente a los hechos violentos, sino que atiendan  
las condiciones estructurales que los producen. Sólo mediante la transformación de estas estructuras  
será posible avanzar hacia sociedades más justas en las que se cuestionen las narrativas culturales  
que naturalizan la desigualdad y en las que la seguridad y el bienestar no dependen de la posición  
social, el género o el territorio en el que se habita.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1164.  
REFERENCIAS  
Bourdieu, Pierre (1999). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.  
Chavez, Julia (2015). Violencia Familiar. Centro de Estudios de la Mujer. México: Escuela de Trabajo  
Social-UNAM.  
CNDH (2013). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la  
Mujer.  
Recuperado  
de:  
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPa  
ra.pdf. [Consultado en: 12/10/22]  
Farmer, Paul (2004). An Anthropology of Structural Violence. Current Anthropology, 45(3), 305–325.  
Galtung, Johan (1969). Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3,  
167-191.  
Galtung, Johan (1996). Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization.  
London: Sage.  
Kreimer, Pablo (2006). ¿Dependientes o integrados? La ciencia latinoamericana y la nueva división  
internacional del Trabajo. Colombia: Nómadas-Universidad Central Bogotá, (Col), núm. 24, abril, 199-  
212.  
Nateras, Martha y Zaragoza, Daniel (2017). La pobreza como indicador de generación de la violencia y  
la delincuencia en México, en Reflexiones sobre el Estado de Derecho, la Seguridad Pública y el  
Desarrollo de México y América Latina. Felipe Carlos Betancourt Higareda, Coord. México: Instituto de  
Investigaciones Jurídicas-UNAM.  
Pochmann, Marcio (2011). La fuga de cerebros y la nueva división internacional del trabajo. Nueva  
Sociedad N.233, mayo-junio.  
Pradilla, Emilio (1987). Contribución a la crítica de la teoría urbana. Estructura urbana, practica urbana  
y contradicciones urbanas; una trinidad conceptual reduccionista. México: UAM X.  
Vercellone, Carlo y Cardoso, Pablo (2016). Nueva división internacional del trabajo, capitalismo  
cognitivo y desarrollo en América Latina. Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación  
para América Latina Ecuador, Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, núm. 133, marzo,  
37-59.  
Walby, Sylvia (1990). Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell.  
Wallerstein, Immanuel (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University  
Press.  
Žižek, Slavoj (1992). El sublime objeto de la ideología. México: Siglo XXI.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1165.  
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este  
sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons  
.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1166.