DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5775  
Paradojas de gobernabilidad y autoritarismo: aceptación de  
un gobierno militar en México  
Paradoxes of governance and authoritarianism: acceptance of a military  
government in Mexico  
Mario Antonio Ramírez Barajas  
mario.barajas@anahuac.mx  
https://orcid.org/0000-0002-8750-2913  
Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac Norte  
Ciudad de México – México  
Alejandro Mújica  
alejandromujica@politicas.unam.mx  
https://orcid.org/0009-0006-7977-5782  
Centro Internacional de Estudios Estratégicos (sede México). Facultad de Ciencias Políticas y Administración  
Pública, UNAM  
Ciudad de México – México  
Artículo recibido: 26 de diciembre de 2025. Aceptado para publicación: 29 de abril de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
México enfrenta una paradoja política de relevancia para el análisis de la gobernabilidad democrática:  
mientras indicadores recientes muestran niveles históricamente elevados de satisfacción con la  
democracia y apoyo normativo al régimen democrático, también se registra un crecimiento sostenido  
en la disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en contextos de crisis. El objetivo del artículo  
es analizar la coexistencia entre el apoyo normativo a la democracia y dicha disposición en México,  
identificando los factores asociados al fenómeno y examinando sus implicaciones para la  
gobernabilidad democrática, la violencia y los derechos humanos. Se adopta un diseño no  
experimental, transversal y descriptivo, basado en el análisis de fuentes secundarias: datos de  
Latinobarómetro para el periodo 2004–2024, encuestas nacionales publicadas en medios  
especializados y documentos institucionales sobre la militarización del Estado mexicano. Los  
resultados muestran que la aceptación de un gobierno militar aumentó de 14.4 % en 2004 a 42.9 % en  
2023, impulsada por la desconfianza hacia las instituciones civiles, la persistente crisis de seguridad  
y la transferencia progresiva de funciones civiles a las fuerzas armadas. La evidencia indica que dicha  
militarización no se ha traducido en mejoras sostenidas en los indicadores de violencia, sino que se  
asocia con mayores tasas de homicidio y vulneraciones a los derechos humanos. Se concluye que la  
paradoja mexicana no refleja una ciudadanía antidemocrática, sino un desfase creciente entre  
expectativas democráticas y desempeño institucional, con implicaciones significativas para el Estado  
de derecho.  
Palabras clave: democracia, militarización, gobernabilidad, seguridad pública, autoritarismo  
Abstract  
Mexico faces a politically relevant paradox for the analysis of democratic governance: while recent  
indicators show historically high levels of satisfaction with democracy and normative support for the  
democratic regime, there has also been a sustained increase in citizens’ willingness to accept a  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1932.  
military government in times of crisis. The article aims to analyze the coexistence between normative  
support for democracy and the growing willingness to accept a military government in Mexico,  
identifying the factors associated with this phenomenon and examining its implications for democratic  
governance, violence, and human rights. A non-experimental, cross-sectional, and descriptive design  
is adopted, based on the analysis of secondary sources: Latinobarómetro data for the 2004–2024  
period, national surveys published in specialized media, and institutional documents on the  
militarization of the Mexican state. The results show that acceptance of a military government  
increased from 14.4% in 2004 to 42.9% in 2023, driven by distrust toward civilian institutions, the  
persistent security crisis, and the progressive transfer of civilian functions to the armed forces.  
Available evidence indicates that this militarization has not translated into sustained improvements in  
violence indicators; rather, it is associated with higher homicide rates and human rights violations. It  
is concluded that the Mexican paradox does not reflect an anti-democratic citizenry, but rather a  
growing gap between democratic expectations and institutional performance, with significant  
implications for the rule of law.  
Keywords: democracy, militarization, governance, public security, authoritarianism  
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,  
publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.  
Cómo citar: Ramírez Barajas, M. A., & Mújica, A. (2026). Paradojas de gobernabilidad y autoritarismo:  
aceptación de un gobierno militar en México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y  
Humanidades 7 (2), 1932 – 1952. https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5775  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1933.  
INTRODUCCIÓN  
Contexto y Justificación  
El debate sobre la consolidación democrática en México ha adquirido en los últimos años un carácter  
marcadamente paradójico. A diferencia de los diagnósticos que durante décadas subrayaron el  
escepticismo ciudadano hacia la democracia y sus instituciones, diversos indicadores recientes  
sugieren una recuperación significativa en la valoración pública del régimen democrático. En 2024, la  
satisfacción con el funcionamiento de la democracia alcanzó 50 %, el nivel más alto desde el inicio de  
la serie en 1995 (Latinobarómetro, 2024). De manera paralela, el apoyo normativo a la democracia —  
esto es, la convicción de que, aun con sus deficiencias, constituye la mejor forma de gobierno— se  
situó en 74 %, también en niveles históricamente elevados (Latinobarómetro, 2024).  
Este dato es relevante desde una perspectiva teórica. Como ha señalado la literatura clásica sobre  
apoyo político, el respaldo ciudadano a la democracia no es unívoco, sino que puede distinguirse entre  
un apoyo normativo o difuso, basado en valores y principios, y un apoyo instrumental o específico,  
vinculado a la evaluación concreta del desempeño del régimen y de sus autoridades (Easton, 1975;  
Norris, 2011). La coexistencia de altos niveles de adhesión normativa con evaluaciones críticas del  
funcionamiento democrático no constituye una anomalía en sí misma; sin embargo, introduce  
tensiones analíticamente relevantes para la estabilidad institucional cuando el desencanto con los  
resultados se profundiza y abre espacio a alternativas no democráticas.  
Otros indicadores refuerzan esta lectura ambivalente. Entre 2023 y 2024, la proporción de personas  
que consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno aumentó de 35 % a  
49 %, mientras que el respaldo explícito a un régimen autoritario descendió de 33 % a 24 %  
(Latinobarómetro, 2024). Asimismo, la confianza en el gobierno federal se incrementó de manera  
notable, al pasar de 16 % en 2018 a 52 % en 2024 (Latinobarómetro, 2024). La confianza en las fuerzas  
armadas, por su parte, se mantuvo en 52 %, aunque mostró una ligera disminución respecto al año  
previo (Latinobarómetro, 2024). En conjunto, estos indicadores sugieren una recomposición parcial de  
la legitimidad institucional en un país que históricamente ha mostrado elevados niveles de  
desconfianza hacia los partidos políticos, los congresos y las policías civiles.  
La contribución de este artículo consiste en mostrar que, en el caso mexicano, la aceptación  
contingente de un gobierno militar no debe entenderse únicamente como rechazo a la democracia,  
sino como una forma de legitimidad democrática condicionada por el desempeño estatal, la  
desconfianza institucional y la normalización del papel de las fuerzas armadas en funciones civiles.  
METODOLOGÍA  
Enfoque de Investigación  
El estudio adopta un enfoque analítico de carácter empírico, basado en el análisis descriptivo de datos  
secundarios provenientes de fuentes públicas, medios especializados en análisis de opinión pública, y  
documentos institucionales. No se realiza recolección de datos de campo propia; en su lugar, la  
investigación se apoya en información existente, seleccionada y triangulada con criterios de  
confiabilidad, pertinencia y actualidad, conforme a prácticas aceptadas en estudios de opinión pública  
y análisis de políticas públicas.  
El diseño de la investigación es no experimental, transversal y descriptivo; por tanto, los resultados se  
interpretan como asociaciones consistentes entre variables y no como relaciones causales  
demostradas.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1934.  
Diseño del Estudio  
En primer lugar, se analizan datos de encuestas de opinión pública para examinar la evolución de las  
actitudes ciudadanas hacia la democracia, el autoritarismo y la aceptación de un gobierno militar en  
México. La fuente principal es Latinobarómetro, considerando las series disponibles para el periodo  
2004–2023, así como los resultados correspondientes  
a
2024 (Latinobarómetro, 2023;  
Latinobarómetro, 2024). Estos datos permiten examinar tendencias temporales y situar el caso  
mexicano en un contexto regional comparado.  
De manera complementaria, se utilizan encuestas nacionales publicadas por El Financiero para  
profundizar en indicadores específicos de satisfacción con la democracia, apoyo normativo al régimen  
democrático y niveles de confianza institucional (Moreno, 2025a; Moreno, 2025b).  
En segundo lugar, se realiza un análisis documental de informes especializados y documentos  
institucionales relacionados con la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en  
funciones tradicionalmente civiles. Entre estas fuentes destaca el Inventario Nacional de lo  
Militarizado, elaborado por el Programa de Política de Drogas, México Unido Contra la Delincuencia e  
Intersecta (PPD, MUCD & Intersecta, 2024), así como información estadística producida por el Instituto  
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre violencia, homicidios y seguridad pública. Este  
análisis permite contextualizar los datos de opinión pública y examinar los efectos reportados y  
documentados de las políticas de militarización del Estado mexicano.  
La estrategia metodológica se basa en la triangulación de fuentes cuantitativas y documentales, con  
el fin de robustecer la evidencia y reducir sesgos derivados del uso de una sola fuente de información.  
Si bien el estudio no busca establecer relaciones causales estrictas, sí pretende identificar  
asociaciones consistentes entre militarización, desconfianza institucional y aceptación de soluciones  
autoritarias, así como discutir sus implicaciones para la gobernabilidad democrática. En consecuencia,  
los resultados se interpretan como asociaciones empíricas consistentes y no como relaciones  
causales demostradas.  
Los alcances del análisis se limitan a la interpretación de percepciones ciudadanas y a la revisión de  
evidencia secundaria, por lo que las conclusiones se formulan explícitamente dentro de estos  
márgenes analíticos.  
Criterios de Selección de Fuentes y Límites de Comparabilidad  
La selección de las fuentes utilizadas en este estudio se realizó con base en tres criterios principales:  
(a) continuidad temporal de las mediciones, que permitiera observar tendencias de largo plazo; (b)  
reconocimiento académico e institucional de las fuentes, particularmente en el ámbito de los estudios  
comparados de opinión pública y seguridad; y (c) disponibilidad pública y transparencia metodológica  
de los datos.  
En este sentido, Latinobarómetro constituye la fuente central para el análisis de actitudes ciudadanas  
hacia la democracia y el autoritarismo, mientras que los informes de organizaciones especializadas y  
datos oficiales se emplean para contextualizar institucionalmente dichas percepciones.  
En cuanto a la comparabilidad, el análisis se limita a indicadores que mantienen definiciones  
conceptuales estables a lo largo del tiempo, lo que permite identificar variaciones interanuales sin  
asumir equivalencias estrictas entre contextos políticos distintos. Se reconoce, no obstante, que los  
cambios en el entorno político, institucional y de seguridad pueden incidir en la interpretación de las  
respuestas ciudadanas, por lo que los resultados deben leerse como asociaciones descriptivas y no  
como relaciones causales.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1935.  
Finalmente, el estudio asume como límite metodológico el uso exclusivo de datos secundarios y de  
percepción, lo cual impide evaluar directamente comportamientos efectivos o impactos causales de  
las políticas de militarización. No obstante, este enfoque resulta pertinente para el objetivo del artículo,  
centrado en analizar las tensiones entre legitimidad democrática, confianza institucional y aceptación  
social de alternativas autoritarias en el México contemporáneo.  
Operacionalización de la Aceptación de un Gobierno Militar  
En este estudio, la variable "aceptación de un gobierno militar" se operacionaliza a partir del ítem de  
Latinobarómetro que indaga si, en determinadas circunstancias, los ciudadanos considerarían  
aceptable un gobierno encabezado por militares. Este indicador no mide una preferencia autoritaria  
estable ni una adhesión normativa al autoritarismo, sino una disposición contingente, activada en  
contextos de crisis o insatisfacción con el desempeño del régimen civil.  
En consecuencia, la aceptación de un gobierno militar se interpreta aquí como una expresión de apoyo  
condicional o instrumental, coherente con la literatura que distingue entre respaldo normativo a la  
democracia y evaluaciones pragmáticas sobre su funcionamiento efectivo.  
Este estudio presenta algunas limitaciones. Su diseño no experimental y basado en fuentes  
secundarias no permite establecer relaciones causales concluyentes entre militarización,  
desconfianza institucional y aceptación de alternativas autoritarias. Asimismo, la comparación entre  
indicadores de opinión pública y procesos institucionales debe leerse en clave analítica y contextual,  
más que como correspondencia lineal entre variables. En ese sentido, los hallazgos se interpretan  
como asociaciones consistentes y no como pruebas definitivas de causalidad.  
Tabla 1  
Dimensiones analíticas, indicadores, fuentes, periodos y uso analítico del estudio  
Dimensión  
Apoyo  
normativo  
Aceptación  
autoritaria  
Confianza  
institucional  
Indicador  
“La democracia  
es preferible”  
Aceptación de un  
gobierno militar  
Gobierno, Fuerzas  
Armadas,  
Fuente  
Latinobarómetro  
Periodo  
2004–2024  
Uso analítico  
Tendencia  
longitudinal  
Latinobarómetro  
Latinobarómetro  
2004–2023  
Variable principal  
2018–2024  
Comparación  
institucional  
Congreso, Poder  
Judicial y policía  
Transferencia de  
funciones civiles  
a las Fuerzas  
Militarización  
estatal  
Programa de Política  
de Drogas, México  
Unido Contra la  
Delincuencia e  
Intersecta  
2006–2024  
Contextualización  
estructural  
Armadas  
Seguridad  
Violencia,  
INEGI y fuentes  
especializadas  
Según  
disponibilidad  
Contraste de  
eficacia  
homicidios y  
percepción de  
inseguridad  
Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (2004–2024), Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía [INEGI] (diversos años), y Programa de Política de Drogas, México Unido Contra  
la Delincuencia e Intersecta (2024). La tabla sintetiza las dimensiones analíticas empleadas en el  
estudio, así como los indicadores y fuentes utilizados para examinar la relación entre apoyo  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1936.  
democrático, aceptación de soluciones autoritarias, confianza institucional, militarización estatal y  
seguridad pública.  
DESARROLLO  
No obstante, esta aparente recuperación democrática convive con un fenómeno que matiza cualquier  
lectura lineal u optimista de los datos. A lo largo de las últimas dos décadas, el apoyo potencial a un  
gobierno militar ha crecido de manera sostenida en México. Un análisis de los datos de  
Latinobarómetro muestra que la proporción de personas dispuestas a aceptar un gobierno castrense  
cuando "las cosas se ponen difíciles" aumentó de 14.4 % en 2004 a 42.9 % en 2023, lo que representa  
un incremento cercano al 200 % (Mújica, 2024; Latinobarómetro, 2023). En términos absolutos, esta  
cifra equivale a casi 39.5 millones de personas adultas. De forma paralela, el porcentaje de ciudadanos  
que nunca apoyaría un gobierno militar se redujo a 50.4 % en 2023, lo que evidencia una erosión  
significativa del rechazo social a este tipo de alternativas.  
Desde la literatura comparada, este patrón ha sido conceptualizado como una forma de autoritarismo  
contingente o autoritarismo bajo condiciones. Diversos estudios han documentado que amplios  
sectores de la ciudadanía pueden mantener una adhesión declarativa a la democracia y, al mismo  
tiempo, estar dispuestos a suspender de manera temporal frente a crisis percibidas como externas,  
particularmente en contextos de inseguridad, violencia o colapso institucional (Bratton & Mattes, 2001;  
Foa & Mounk, 2016; Levitsky & Ziblatt, 2018; Mounk, 2018). En estos casos, la preferencia por  
soluciones autoritarias no expresa necesariamente una ideología antidemocrática consolidada, sino  
una evaluación pragmática del desempeño estatal y de la capacidad de las instituciones civiles para  
garantizar orden, seguridad y bienestar.  
En el caso mexicano, diversos estudios sugieren que esta disposición se ve reforzada por la alta  
valoración social de las fuerzas armadas, el deterioro crónico de la legitimidad de las instituciones  
democráticas civiles y la percepción persistente de incapacidad del Estado para contener fenómenos  
como el crimen organizado, la corrupción y la impunidad (Schedler, 2015; Trejo & Ley, 2020; Mújica,  
2024). Las fuerzas armadas suelen ser percibidas como instituciones disciplinadas, eficaces y  
relativamente ajenas a los vicios frecuentemente atribuidos a los partidos políticos, los gobiernos  
locales y las corporaciones policiales, lo que contribuye a su legitimación simbólica como garantes de  
orden y estabilidad.  
Este contraste da lugar a lo que en este trabajo se denomina "paradojas de gobernabilidad": la  
coexistencia de avances en el apoyo normativo a la democracia con una creciente aceptación de  
soluciones autoritarias, particularmente de carácter militar. La paradoja adquiere un significado  
especial en el contexto mexicano, dado que el país no ha experimentado dictaduras militares en su  
historia reciente y ha sostenido, al menos formalmente, un principio de subordinación de las fuerzas  
armadas al poder civil. Sin embargo, como han documentado diversos análisis, la expansión progresiva  
del papel militar en tareas de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles ha contribuido  
a hacer más frecuente su presencia en la vida pública y a reforzar su centralidad dentro de la  
arquitectura del Estado (Ríos, 2021; Programa de Política de Drogas [PPD], México Unido Contra la  
Delincuencia [MUCD] & Intersecta, 2024).  
A partir de este escenario, el presente artículo se propone analizar cómo coexisten la revalorización de  
la democracia y la creciente disposición a aceptar un gobierno militar, así como examinar las  
implicaciones de esta tensión para la gobernabilidad democrática en México. Con base en datos de  
percepción ciudadana provenientes de Latinobarómetro y encuestas nacionales, se explora el papel de  
la militarización del Estado —entendida como la transferencia de funciones civiles a las fuerzas  
armadas— como un factor estructural que alimenta la tentación autoritaria. El objetivo es contribuir a  
una comprensión más precisa de los riesgos que enfrenta la democracia mexicana en un contexto de  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1937.  
crisis prolongada y analizar las posibles consecuencias institucionales y normativas de una eventual  
expansión del poder militar más allá de los límites constitucionales.  
Este estudio no evalúa a las Fuerzas Armadas como institución, sino los efectos institucionales y  
políticos asociados a su creciente participación en funciones tradicionalmente civiles.  
Problema de Investigación  
El aumento sostenido en la disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en México constituye  
un problema relevante para el análisis de la gobernabilidad democrática, particularmente cuando en  
dicho fenómeno coexisten indicadores que sugieren una revalorización del régimen democrático. En  
contextos comparados, la aceptación de salidas autoritarias suele asociarse con crisis profundas de  
legitimidad democrática; sin embargo, el caso mexicano presenta una configuración más compleja, en  
la que el respaldo normativo a la democracia persiste al mismo tiempo que se amplía la tolerancia  
hacia soluciones de fuerza. Esta coexistencia plantea interrogantes sustantivas sobre los límites del  
apoyo democrático y sobre las condiciones bajo las cuales dicho apoyo se vuelve contingente.  
Desde una perspectiva analítica, el problema se articula en torno a la tensión entre el apoyo normativo  
a la democracia, entendido como adhesión a sus principios y valores, y el apoyo instrumental, vinculado  
a la evaluación del desempeño de las instituciones civiles para producir bienes públicos fundamentales  
como seguridad, justicia y orden. Esta distinción resulta clave para comprender por qué una valoración  
positiva de la democracia como régimen puede coexistir con una creciente tolerancia hacia soluciones  
autoritarias en contextos de crisis.  
La literatura ha mostrado que, cuando el apoyo instrumental se erosiona de manera sostenida, los  
compromisos democráticos pueden adquirir un carácter más condicional, abriendo espacio a la  
aceptación de alternativas autoritarias que prometen eficacia inmediata, aun cuando estas impliquen  
potenciales riesgos para el Estado de derecho (Easton, 1975; Norris, 2011; Foa & Mounk, 2016;  
Claassen, 2020).  
En el caso mexicano, esta tensión se ve reforzada por la expansión progresiva del papel de las fuerzas  
armadas en tareas de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles. Diversos estudios han  
documentado que la militarización de la seguridad, lejos de resolver de manera estructural los  
problemas de violencia e inseguridad, tiende a hacer más frecuente la presencia castrense en la vida  
pública y a reforzar su legitimidad simbólica frente al descrédito de otras instituciones estatales (Trejo  
& Ley, 2020; Ríos, 2021; PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
La aceptación de un gobierno militar no necesariamente expresa una ruptura ideológica con la  
democracia, sino una evaluación pragmática del desempeño del Estado y de la eficacia percibida de  
sus actores.  
Objetivos y Preguntas de Investigación  
Pregunta de investigación  
●
¿Qué factores ayudan a comprender que, en México, el aumento del apoyo normativo a la  
democracia coexista con una mayor disposición a aceptar un gobierno militar en contextos de  
crisis?  
Objetivo del artículo  
Analizar la coexistencia entre el apoyo normativo a la democracia y la creciente disposición a  
●
aceptar un gobierno militar en México, identificando los factores asociados a este fenómeno  
y examinando sus posibles implicaciones para la gobernabilidad democrática, la violencia y los  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1938.  
derechos humanos, a partir de datos de percepción ciudadana y del debate teórico  
contemporáneo sobre legitimidad democrática y autoritarismo contingente.  
Hipótesis  
Se plantea que la militarización de la seguridad pública, en combinación con la desconfianza  
institucional y la persistente crisis de inseguridad, se asocia con una menor legitimidad percibida de  
las instituciones civiles y con una mayor disposición ciudadana a aceptar un gobierno militar en  
contextos de crisis. En este sentido, se sostiene que la presencia extendida de militares en funciones  
civiles puede alimentar una tentación autoritaria de carácter contingente, al reforzar la percepción de  
las fuerzas armadas como actores eficaces y legítimos frente al descrédito de otras instituciones  
estatales.  
Sin embargo, dicha expansión no se ha traducido de manera consistente en una mejora sostenida de  
las condiciones de seguridad, sino que ha tendido a asociarse con mayores niveles de violencia,  
debilitamiento institucional y vulneraciones a los derechos humanos, como lo documentan diversos  
estudios sobre la militarización y la violencia en México (Trejo & Ley, 2020; Ríos, 2021; Programa de  
Política de Drogas [PPD], México Unido Contra la Delincuencia [MUCD] & Intersecta, 2024).  
Teorías y Modelos  
El análisis de la relación entre democracia, gobernabilidad y aceptación de soluciones autoritarias ha  
ocupado un lugar central en la literatura de la ciencia política comparada durante las últimas décadas.  
Lejos de concebir el apoyo ciudadano a la democracia como una actitud homogénea y estable, diversos  
enfoques han subrayado su carácter multidimensional y contingente, particularmente en contextos de  
crisis institucional persistente. Este marco resulta particularmente útil para comprender la paradoja  
que atraviesa el caso mexicano, donde la revalorización declarativa de la democracia convive con una  
creciente disposición a aceptar gobiernos de carácter militar.  
Uno de los aportes fundamentales para abordar esta tensión proviene de la distinción clásica entre  
apoyo normativo (o difuso) y apoyo instrumental (o específico) al sistema político. Desde la  
formulación original de Easton (1975), se reconoce que los ciudadanos pueden sostener un  
compromiso abstracto con los valores democráticos al mismo tiempo que expresan insatisfacción con  
el desempeño concreto de las instituciones y autoridades. Estudios posteriores han desarrollado esta  
distinción para mostrar que el apoyo normativo suele ser más estable, mientras que el apoyo  
instrumental es altamente sensible a resultados económicos, niveles de seguridad y percepciones de  
eficacia gubernamental (Norris, 2011).  
Esta diferenciación resulta particularmente relevante en América Latina, una región caracterizada por  
transiciones democráticas incompletas, instituciones frágiles y altos niveles de desigualdad social.  
Bratton y Mattes (2001) demostraron que, en contextos de desempeño institucional deficiente, el  
respaldo ciudadano a la democracia tiende a adquirir un carácter eminentemente instrumental: la  
democracia es valorada en la medida en que produce resultados tangibles. Cuando dichos resultados  
no se materializan, el compromiso con el régimen se debilita, aun cuando persista una adhesión  
discursiva a sus principios (véase también Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013; Booth & Seligson, 2009).  
Conceptos Clave  
En esta línea, diversos estudios recientes han identificado un fenómeno que desafía las concepciones  
tradicionales de la estabilidad democrática: la aceptación de formas de autoritarismo contingente o  
autoritarismo bajo condiciones. Foa y Mounk (2016) documentan que amplios sectores de la  
ciudadanía en democracias formales están dispuestos a tolerar, e incluso a apoyar, restricciones  
temporales a la democracia si estas prometen resolver crisis percibidas como extremas. Este tipo de  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1939.  
actitudes no implica necesariamente una ruptura ideológica con la democracia, sino una posible  
jerarquización pragmática de prioridades, donde el orden, la seguridad o la eficacia gubernamental  
pueden imponerse sobre los procedimientos democráticos (véase también Mounk, 2018; Levitsky &  
Ziblatt, 2018).  
La literatura sobre legitimidad democrática ha subrayado que este tipo de disposiciones se intensifican  
en contextos donde el Estado enfrenta dificultades persistentes para garantizar bienes públicos  
fundamentales. Schedler (2015) sostiene que la incertidumbre política y la incapacidad institucional  
generan escenarios propicios para la erosión de los compromisos democráticos, aun sin la presencia  
de actores abiertamente antidemocráticos. En estos contextos, la ciudadanía no abandona  
necesariamente la democracia como ideal, pero sí comienza a considerar alternativas excepcionales  
como respuestas funcionales a crisis prolongadas (véase también O’Donnell, 1994; Diamond, 2015;  
Lührmann & Lindberg, 2019).  
El papel de las fuerzas armadas en este proceso ha sido objeto de un creciente debate académico,  
especialmente en América Latina. Históricamente, los ejércitos de la región han desempeñado un rol  
ambivalente: actores centrales en la construcción del Estado y, en ciertos contextos históricos,  
participantes en interrupciones autoritarias del orden democrático. Aunque México se distingue por no  
haber experimentado dictaduras militares durante el siglo XX, diversos estudios coinciden en que la  
legitimidad social del Ejército mexicano ha sido consistentemente superior a la de otras instituciones  
estatales, en particular frente a policías civiles, partidos políticos y gobiernos locales (Ríos, 2021).  
En años recientes, este capital simbólico se ha visto reforzado por la expansión del rol militar en tareas  
de seguridad pública y en funciones tradicionalmente civiles. Investigaciones sobre la militarización  
del Estado han documentado cómo la transferencia de atribuciones administrativas, de seguridad e  
incluso económicas a las fuerzas armadas contribuye a redefinir su posición dentro del sistema  
político, desplazando a actores civiles y reconfigurando los equilibrios institucionales (Trejo & Ley,  
2020; PPD, MUCD & Intersecta, 2024). Este proceso no solo tiene implicaciones operativas, sino  
también normativas, al modificar las expectativas ciudadanas sobre qué tipo de actores deben  
garantizar el orden y la gobernabilidad.  
Desde esta perspectiva, la creciente aceptación de un gobierno militar en México puede interpretarse  
como el resultado de la interacción entre un alto apoyo normativo a la democracia y un debilitamiento  
sostenido del apoyo instrumental a sus instituciones civiles. La paradoja no reside en una  
contradicción lógica, sino en una tensión estructural: la democracia es valorada como principio, pero  
cuestionada como mecanismo eficaz para resolver problemas urgentes. En este escenario, las fuerzas  
armadas emergen como una alternativa percibida como simbólicamente legítima y funcionalmente  
atractiva, aun cuando su protagonismo implique riesgos significativos para el Estado de derecho y la  
subordinación civil.  
Este marco teórico permite situar el caso mexicano dentro de un debate comparado más amplio sobre  
los límites de la gobernabilidad democrática en contextos de crisis prolongada. Asimismo, ofrece las  
herramientas conceptuales necesarias para interpretar los datos empíricos analizados en las  
secciones siguientes, particularmente en lo relativo a la coexistencia entre apoyo democrático y  
tolerancia al autoritarismo. Lejos de tratarse de una anomalía coyuntural, las paradojas de  
gobernabilidad observadas en México reflejan tensiones profundas que atraviesan a las democracias  
contemporáneas y que exigen ser analizadas con rigor teórico y evidencia empírica.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1940.  
RESULTADOS  
Evolución de la percepción ciudadana  
Satisfacción y apoyo a la democracia  
Los indicadores de Latinobarómetro permiten contextualizar la evolución reciente de la opinión pública  
en México, particularmente en lo que respecta a la relación entre el respaldo normativo al régimen  
democrático y la evaluación instrumental del desempeño institucional.  
En 2024, el país se ubicó entre los valores más elevados de la región en satisfacción con el  
funcionamiento de la democracia, alcanzando 50 %, lo que lo colocó en el tercer lugar latinoamericano,  
solo por detrás de Uruguay y El Salvador (Latinobarómetro, 2024). Este resultado representa el valor  
más alto registrado para México desde que la medición comenzó en 1995.  
En la misma línea, el apoyo normativo a la democracia —medido a partir del acuerdo con la afirmación  
de que "la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno"— alcanzó 74 %  
en 2024, uno de los niveles más elevados de la serie histórica (Latinobarómetro, 2024).  
Asimismo, la confianza en el gobierno federal se incrementó de forma significativa en términos  
cuantitativos, al pasar de 16 % en 2018 a 52 % en 2024, ubicando a México en el segundo lugar regional,  
junto con República Dominicana (Latinobarómetro, 2024).  
No obstante, el comportamiento de la confianza institucional presenta importantes contrastes.  
Mientras que la confianza en las fuerzas armadas se mantuvo en 52 % en 2024, la confianza en la  
policía fue considerablemente menor, situándose en 28 %, y la confianza en los partidos políticos,  
aunque mostró un incremento (de 9 % en 2017 a 30 % en 2024), permanece muy por debajo de los  
niveles observados en la década de 1990 (Latinobarómetro, 2024).  
Estas diferencias pueden interpretarse como indicativas de una revalorización selectiva de la autoridad  
estatal, en la que ciertas instituciones —en particular las militares— concentran mayores niveles de  
legitimidad relativa frente a otras instancias civiles.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1941.  
Gráfico 1  
Satisfacción con la democracia (1997–2024)  
Nota: La serie se construyó principalmente con datos de Latinobarómetro; la prensa especializada se  
utilizó exclusivamente para corroborar o reportar resultados de levantamientos recientes cuando la  
base consolidada aún no estaba disponible en formato armonizado.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (1995–2024) y prensa especializada.  
El análisis comparado interanual permite contextualizar la magnitud de estas tendencias. Entre 2023 y  
2024, México registró uno de los mayores incrementos regionales en el apoyo a la democracia, con un  
aumento de 14 puntos porcentuales en la proporción de personas que consideran que la democracia  
es preferible a cualquier otra forma de gobierno (Latinobarómetro, 2024). De manera paralela, se  
observó una reducción en la aceptación general de un régimen autoritario, que descendió de 33 % a 24  
% en el mismo periodo. Si bien este indicador difiere de la pregunta específica sobre la aceptación de  
un "gobierno militar" (que había alcanzado su máximo histórico de 42.9 % en 2023), la tendencia a la  
baja en la predisposición autoritaria sugiere una descompresión relevante en la demanda de salidas  
no democráticas.  
Este repunte democrático coincide temporalmente con el proceso electoral presidencial de 2024; sin  
embargo, el alcance de esta coincidencia no permite establecer relaciones causales, y debe ser  
interpretado como un elemento contextual en la evolución reciente de las actitudes ciudadanas.  
Como resultado de este cambio, México dejó de ocupar la posición de país con mayor inclinación  
autoritaria en la región, condición que había registrado en 2023 (Latinobarómetro, 2024). Sin embargo,  
como se analizará en las siguientes secciones, esta recuperación del apoyo democrático convive con  
persistentes brechas de confianza hacia instituciones civiles clave, lo que constituye uno de los  
elementos centrales de las paradojas de gobernabilidad examinadas en este estudio.  
Factores de la creciente aceptación del autoritarismo  
Desconfianza institucional y crisis de seguridad  
El deterioro de la legitimidad de las instituciones civiles se ha señalado en la literatura como un factor  
asociado a la creciente disposición ciudadana a aceptar soluciones autoritarias. Aunque en años  
recientes se ha registrado un aumento en la confianza hacia el gobierno federal y las fuerzas armadas,  
persisten diferencias sustantivas de legitimidad entre estas instituciones y otros actores clave del  
sistema democrático. En 2024, la confianza en la policía se mantuvo en 28 %, uno de los niveles más  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1942.  
bajos entre las instituciones evaluadas, en contraste con el 52 % de confianza registrado tanto para el  
gobierno federal como para las fuerzas armadas (Latinobarómetro, 2024).  
Esta asimetría institucional es consistente con percepciones ciudadanas de larga duración. Diversos  
estudios indican que una parte significativa de la población tiende a identificar a las policías civiles  
como corruptas, ineficaces y vulnerables a la captura criminal, mientras que atribuye al Ejército y a la  
Marina disciplina, profesionalismo y capacidad operativa. Las fuerzas armadas se han mantenido,  
durante décadas, en los primeros lugares de los rankings de confianza institucional, por encima del  
Congreso, los partidos políticos y el Poder Judicial (Mújica, 2024; Latinobarómetro, 2024).  
En efecto, los datos de Latinobarómetro indican que en 2024 32 % de los mexicanos expresó confianza  
en el Congreso de la Unión y 35 % en el Poder Judicial, porcentajes inferiores a los observados para las  
instituciones militares (Latinobarómetro, 2024).  
Esta disparidad puede interpretarse como indicativa de un déficit estructural de legitimidad de las  
instituciones civiles de representación y justicia, y como un contexto en el que se ha ampliado la  
aceptación social de la expansión del papel militar en tareas de seguridad pública, así como de la  
percepción de que los militares podrían desempeñar funciones de gobierno con mayor eficacia que los  
civiles.  
Gráfico 2  
Aceptación de un gobierno militar (2004–2023)  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (2004–2023) y Mújica (2024).  
La persistencia de altos niveles de violencia y la presencia del crimen organizado agravan este proceso  
de erosión institucional. El sexenio de Felipe Calderón, 2006–2012, marcó el inicio de una estrategia  
de militarización de la seguridad pública —frecuentemente denominada "guerra contra el  
narcotráfico"— cuyas consecuencias se han prolongado en el tiempo. Desde entonces, México ha  
experimentado un aumento sostenido de homicidios y desapariciones, así como una presencia cada  
vez más visible de las fuerzas armadas en funciones policiales, sin que se observe una reducción  
estructural de la violencia en el mismo periodo (Trejo & Ley, 2020; Ríos, 2021).  
La percepción de inseguridad se ha identificado como un factor asociado a la disposición ciudadana a  
aceptar políticas de seguridad de carácter restrictivo, incluso cuando estas implican limitaciones a  
derechos y garantías democráticas.  
La aceptación social de medidas como la creación de la Guardia Nacional y el despliegue permanente  
de soldados en tareas de seguridad interna se ha visto acompañada por evaluaciones negativas del  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1943.  
desempeño de las policías locales y estatales. En este sentido, la crisis de seguridad conlleva un  
debilitamiento de la legitimidad de las instituciones civiles y con un contexto en el que se amplía la  
tolerancia hacia salidas autoritarias presentadas como respuestas frente a la violencia.  
Militarización del Estado y normalización del rol castrense  
La militarización institucional del Estado puede entenderse como un proceso sostenido de  
transferencia de competencias, recursos y funciones originalmente civiles hacia las fuerzas armadas,  
mediante instrumentos legales, administrativos y presupuestales. Este fenómeno no se limita al ámbito  
de la seguridad pública, sino que implica una reconfiguración de la arquitectura del Estado y de los  
equilibrios entre autoridades civiles y militares.  
El Inventario Nacional de lo Militarizado documenta que, entre 2006 y 2023, los tres niveles de gobierno  
realizaron al menos 291 transferencias formales de funciones y presupuestos hacia las fuerzas  
armadas, a través de reformas constitucionales, leyes secundarias, decretos ejecutivos y convenios  
administrativos (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
De acuerdo con este inventario, la mayoría de estas transferencias se concentró durante el periodo  
2018–2024 y se llevó a cabo, en gran medida, mediante convenios específicos y mecanismos  
administrativos, con una limitada deliberación pública. Un dato relevante es que 83 % de los convenios  
federales firmados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se destinaron a funciones no  
directamente vinculadas con la seguridad pública incluyendo la ejecución de programas sociales,  
tareas de protección ambiental, control aduanero y la construcción y operación de obras de  
infraestructura estratégica (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
Este patrón puede interpretarse como un desplazamiento estructural de competencias civiles hacia las  
fuerzas armadas, con implicaciones para el alcance del mandato constitucional tradicional y para la  
capacidad operativa y simbólica de las instituciones civiles.  
En el ámbito legislativo, el proceso de militarización también ha mostrado avances relevantes. El  
inventario identifica 87 iniciativas legislativas orientadas a ampliar las facultades de las fuerzas  
armadas, de las cuales 77 % fueron presentadas en las dos legislaturas más recientes y 46 %  
provinieron del partido gobernante (Morena). Aunque solo 16 % de estas iniciativas han sido aprobadas  
—incluyendo dos reformas constitucionales y doce leyes secundarias—, su proliferación es indicativa  
de una mayor recurrencia al recurso militar como solución institucional, incluso cuando muchas de  
estas propuestas no prosperan formalmente (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
A ello se suma el uso intensivo de decretos ejecutivos como vía para ampliar el papel de las fuerzas  
armadas. Entre 2018 y 2023, el Ejecutivo federal emitió 19 decretos para la creación de empresas  
administradas por militares y la asignación directa de proyectos estratégicos, entre los que destacan  
el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.  
Asimismo, entre 2007 y 2022 se firmaron 258 convenios de transferencia: 222 transfirieron funciones  
acompañadas de presupuesto, 8 transfirieron exclusivamente funciones y 28 transfirieron únicamente  
recursos financieros (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
Este entramado normativo y administrativo es indicativo de una presencia militar ampliada en diversas  
áreas de la gestión pública.  
Desde una perspectiva político-institucional, este proceso plantea implicaciones relevantes para la  
gobernabilidad democrática. Como ha señalado Mújica (2024), la expansión sostenida del papel de las  
fuerzas armadas en funciones civiles puede incidir tanto en el diseño del Estado como en las  
percepciones ciudadanas sobre quién puede gobernar con eficacia. En contextos de desconfianza  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1944.  
hacia las instituciones civiles, la presencia permanente de las fuerzas armadas en tareas de gobierno  
favorece procesos de legitimación simbólica de la idea de un gobierno militar, aun sin una ruptura  
explícita con el orden democrático.  
De este modo, la militarización puede analizarse como un proceso que amplía el horizonte de  
soluciones políticas consideradas legítimas en contextos de crisis persistentes, incluyendo aquellas  
de carácter excepcional o coercitivo.  
Finalmente, el Inventario Nacional de lo Militarizado señala que este proceso plantea tensiones con  
principios constitucionales, se vincula con menores niveles de transparencia y rendición de cuentas, y  
correlaciona con mayores niveles de violencia y una menor calidad democrática (PPD, MUCD &  
Intersecta, 2024).  
En este sentido, la militarización del Estado puede analizarse no solo como una respuesta transitoria  
o excepcional, sino como un proceso con efectos de carácter estructural en el régimen político, lo que  
contribuye a las paradojas de gobernabilidad que enfrenta la democracia mexicana.  
Militarización de las policías locales  
La militarización del aparato de seguridad no se circunscribe al ámbito federal, sino que también se  
manifiesta en los niveles estatal y municipal, dando lugar a un proceso de militarización territorializada  
que incide en la lógica de operación de las policías locales. Diversos estudios han documentado que  
este fenómeno no es reciente ni marginal, y que ha estado presente a lo largo de los últimos tres  
sexenios en contextos caracterizados por crisis de seguridad y debilidades institucionales de las  
corporaciones civiles.  
Padilla Oñate (2024) señala que, durante el sexenio de Felipe Calderón, 2006–2012, 16 de las 32  
entidades federativas nombraron a secretarios de seguridad pública con antecedentes castrenses, lo  
que implica que la mitad de las policías estatales estuvieron encabezadas por militares o marinos en  
ese periodo. Si bien en los gobiernos posteriores se registraron fluctuaciones en el número de  
nombramientos de este tipo, la presencia de personal militar en la conducción de las policías estatales  
se ha mantenido en niveles relevantes: al menos un tercio de estas corporaciones han sido dirigidas  
por mandos con antecedentes castrenses en los últimos tres sexenios, lo que es consistente con una  
mayor recurrencia al liderazgo militar en instituciones diseñadas originalmente para operar bajo mando  
civil.  
La evidencia más reciente es consistente con la persistencia de esta tendencia. De acuerdo con un  
informe de México Evalúa, en 2024 47 % de las policías estatales estaban encabezadas por miembros  
activos o retirados de las fuerzas armadas (México Evalúa, 2024). Este patrón es indicativo de una  
mayor presencia de perfiles militares en la conducción de corporaciones policiales estatales, y ha sido  
acompañado por preocupaciones en materia de derechos humanos, particularmente por el aumento  
de la presencia de oficiales de la Marina al frente de corporaciones estatales, fuerza que ha sido  
señalada en diversos informes por su participación en operativos caracterizados por elevados niveles  
de uso de la fuerza (México Evalúa, 2024).  
En el ámbito municipal, aunque la información sistemática es más fragmentaria, la evidencia disponible  
apunta en la misma dirección. Zarkin (2023) estima que entre los años 2000 y 2020 al menos 841  
militares ocuparon cargos de dirección en la seguridad pública municipal. Este fenómeno no parece  
distribuirse de manera aleatoria, sino que responde a dinámicas de difusión institucional: la  
probabilidad de que un municipio designe a un militar como jefe de policía aumenta 60 % cuando las  
demarcaciones vecinas ya cuentan con mandos militares, y 130 % cuando la secretaría estatal de  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1945.  
seguridad está encabezada por un militar. Estas dinámicas son consistentes con la existencia de  
efectos de imitación y presión regional, que acompañan la expansión de la militarización "desde abajo".  
La militarización local no se limita a los puestos de mando, sino que también se expresa en la  
composición de las fuerzas operativas. El Censo Nacional de Seguridad Pública 2024 reporta la  
presencia de 1 898 exsoldados y 326 exmarinos integrados en las policías estatales del país. La  
distribución de este personal presenta una concentración significativa: cuatro entidades federativas  
concentran 66 % de los exsoldados, mientras que Quintana Roo reúne 71.5 % de los exmarinos  
incorporados a corporaciones policiales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2024).  
Estas cifras son consistentes con la presencia de procesos de militarización de las policías locales  
tanto en los niveles directivos como en la base operativa, con posibles efectos sobre la cultura  
organizacional, los métodos de intervención y las relaciones con la ciudadanía.  
En conjunto, estos procesos derivan en una menor diferenciación entre la seguridad pública y la lógica  
militar, debilitando el carácter civil de las policías locales y reforzando la percepción de que el control  
del orden depende crecientemente de actores armados con formación castrense. Como se ha  
argumentado en secciones previas, esta transformación institucional no solo tiene efectos operativos,  
sino también consecuencias políticas y simbólicas, al ampliar el espacio de legitimidad simbólica de  
la conducción militar como una opción considerada en contextos de crisis de seguridad, incluso en  
ámbitos tradicionalmente reservados al gobierno civil.  
Implicaciones: violencia y derechos humanos  
La expansión sostenida de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha demostrado tener,  
en diversos estudios, efectos adversos en términos de violencia y protección de los derechos humanos.  
Diversos estudios empíricos indican que la militarización no se ha traducido en una mejora estructural  
de la seguridad y que tiende a asociarse con incrementos en los niveles de homicidio y con tensiones  
en las capacidades institucionales civiles (Dell, 2015; Osorio, 2015; Calderón et al., 2015). El informe La  
otra militarización, elaborado por México Evalúa, documenta que las entidades federativas que cuentan  
con secretarios de seguridad provenientes de las fuerzas armadas presentan tasas de homicidio más  
elevadas, tanto en el caso de hombres como de mujeres, en comparación con aquellas dirigidas por  
mandos civiles (México Evalúa, 2024).  
Un elemento adicional identificado por dicho informe es la alta rotación de los titulares militares al  
frente de las secretarías estatales de seguridad, quienes permanecen en el cargo, en promedio, poco  
más de dos años. Esta inestabilidad en los puestos de mando tiende a generar desorden  
organizacional, dificulta la consolidación de estrategias de seguridad de mediano plazo y puede  
contribuir a dinámicas de escalamiento de la violencia, particularmente en contextos donde las  
corporaciones policiales ya presentan debilidades estructurales. La militarización se ha traducido a  
lógicas de intervención de corto plazo que plantean desafíos para la continuidad institucional y la  
gobernanza del sector (México Evalúa, 2024).  
Asimismo, la evidencia disponible sugiere la existencia de tensiones entre los procesos de  
militarización y la protección de los derechos humanos. El mismo informe señala que la incorporación  
de integrantes de la Marina a las secretarías estatales de seguridad coincide con una mayor incidencia  
de violaciones a derechos humanos en detenciones, particularmente en el uso excesivo de la fuerza y  
en la ausencia de controles civiles efectivos (México Evalúa, 2024). Esta evidencia es consistente con  
análisis previos que señalan que las fuerzas armadas, cuya formación, doctrina y marcos normativos  
responden prioritariamente a lógicas de defensa nacional, enfrentan dificultades estructurales para el  
desempeño de tareas propias de la seguridad ciudadana, lo que incrementa el riesgo de abusos.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1946.  
Las transferencias de funciones civiles hacia las fuerzas armadas también tienen implicaciones más  
amplias para la calidad democrática y el Estado de derecho. El régimen jurídico-militar opera bajo  
esquemas de transparencia y rendición de cuentas distintos a los que rigen a las instituciones civiles,  
los cuales, en la práctica, pueden resultar menos accesibles para el escrutinio público. La participación  
de las fuerzas armadas en actividades económicas estratégicas, como la construcción de  
infraestructura, la administración de aduanas y la gestión de empresas públicas, introduce incentivos  
corporativos que amplían los márgenes de discrecionalidad en la gestión pública y plantean desafíos  
adicionales para los mecanismos de control democrático sobre el uso de recursos públicos (PPD,  
MUCD & Intersecta, 2024).  
Adicionalmente, la militarización evidencia efectos regresivos en términos de diversidad y perspectiva  
de género dentro de las instituciones de seguridad. El desplazamiento de perfiles civiles, incluidas  
mujeres y especialistas con formación en seguridad ciudadana, de los puestos directivos tiende a  
reducir la pluralidad de enfoques y a limitar la incorporación de perspectivas orientadas a la prevención,  
la proximidad social y el respeto a los derechos humanos.  
En conjunto, la evidencia comparada sugiere la existencia de una correlación negativa entre la  
militarización y la calidad democrática: a medida que las fuerzas armadas concentran mayor presencia  
en ámbitos políticos y económicos, se manifiestan tensiones crecientes en el equilibrio entre poderes,  
las libertades civiles y los mecanismos de control democrático (PPD, MUCD & Intersecta, 2024).  
Cabe señalar que, desde la narrativa oficial, la ampliación del papel de las fuerzas armadas en tareas  
de seguridad pública ha sido presentada como una respuesta necesaria y pragmática frente a la  
debilidad histórica de las policías civiles y a la magnitud de la violencia vinculada al crimen organizado.  
Bajo este enfoque, la participación militar se justifica en términos de capacidad operativa, disciplina  
institucional y cobertura territorial, así como por su carácter supuestamente transitorio mientras se  
fortalecen las instituciones civiles. No obstante, la evidencia empírica revisada en este estudio sugiere  
que, más allá de estas justificaciones, la militarización ha tendido a consolidarse como un rasgo  
estructural del aparato de seguridad, sin que ello se traduzca en mejoras sostenidas en los indicadores  
de violencia ni en un fortalecimiento del control civil y la rendición de cuentas.  
Gráfico 3  
"La democracia es preferible" (2004–2024)  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Latinobarómetro (1995–2024) y prensa especializada.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1947.  
DISCUSIÓN  
La evidencia empírica y documental analizada permite demostrar la paradoja planteada en este  
estudio: en México coexisten avances relevantes en el apoyo normativo a la democracia con una  
creciente apertura hacia alternativas autoritarias. Los resultados son consistentes con la hipótesis  
propuesta, en la medida en que muestran que factores como la desconfianza persistente en las  
instituciones civiles, la crisis de seguridad y la militarización progresiva del Estado impulsan un  
incremento en la aceptación social de la idea de un gobierno militar, incluso en un contexto en el que  
mejoran ciertos indicadores de satisfacción democrática.  
Sin embargo, el descenso registrado en 2024 en la disposición hacia alternativas autoritarias (que bajó  
al 24 %) merece una lectura matizada. Lejos de indicar un rechazo a la figura castrense, este dato  
podría reflejar una integración simbólica: al ser las fuerzas armadas actores centrales y visibles del  
actual proyecto de gobierno, el cual goza de altos niveles de aprobación, la ciudadanía podría no  
percibir la necesidad de una ruptura o "golpe de timón" autoritario externo. En otras palabras, la  
ansiedad por una intervención militar disminuye porque el estamento militar ya es percibido como parte  
integral y funcional del orden gobernante, transfiriéndose así la popularidad presidencial a la estructura  
militarizada del Estado.  
Esta coexistencia no constituye una contradicción lógica, sino una configuración observable de apoyos  
democráticos condicionados. La ciudadanía expresa una valoración positiva de la democracia como  
principio normativo, pero tiende a evaluar su legitimidad efectiva en función de su capacidad percibida  
para producir seguridad, orden y bienestar. En este marco, la elevada confianza social en las fuerzas  
armadas y la percepción de su eficacia operativa, en contraste con el descrédito que enfrentan las  
policías civiles, los partidos políticos y otras instituciones de representación, contribuyen a que la  
opción de un mando castrense resulte políticamente imaginable y, en determinados contextos de crisis,  
socialmente tolerable.  
No obstante, los datos también muestran que la expansión del rol militar en la seguridad pública no se  
ha traducido en una reducción sostenida de la violencia. Por el contrario, la evidencia disponible indica  
mayores niveles de homicidio, inestabilidad organizacional y violaciones a los derechos humanos en  
contextos donde las fuerzas armadas asumen funciones policiales. Este patrón cuestiona la eficacia  
del enfoque militarizado y pone de relieve sus costos institucionales y democráticos, sobre todo para  
rendir cuentas, control civil y proteger derechos fundamentales. En este sentido, los resultados son  
consistentes con advertencias formuladas desde hace más de una década sobre los riesgos  
estructurales de militarizar la seguridad pública como respuesta a problemas complejos de violencia y  
criminalidad (Alvarado, 2009; Benítez Manaut, 2009).  
Desde una perspectiva de gobernabilidad democrática, este análisis permite identificar la existencia de  
tensiones relevantes para la estabilidad del régimen democrático en México si no se atienden las  
causas subyacentes de la insatisfacción ciudadana. La normalización del papel de las fuerzas armadas  
en ámbitos civiles, combinada con la persistente debilidad de las instituciones civiles de seguridad y  
justicia, configura un escenario en el que la aceptación de soluciones de fuerza tiende a dejar de ser  
excepcional y se vuelve políticamente imaginable en determinados contextos. En este marco, la  
paradoja mexicana no remite a una ciudadanía abiertamente antidemocrática, sino a un desfase  
creciente entre expectativas democráticas y resultados institucionales, que incide negativamente en la  
legitimidad del gobierno civil.  
Si bien Latinobarómetro permite observar tendencias interanuales, el análisis reconoce límites de  
comparabilidad derivados de cambios contextuales, coyunturas políticas y eventos electorales. En  
particular, el repunte observado en 2024 coincide con el proceso electoral presidencial, lo cual puede  
haber influido en las percepciones ciudadanas sobre la democracia y el régimen político. Por ello, los  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1948.  
resultados no se interpretan como efectos causales directos, sino como asociaciones descriptivas  
sensibles al contexto, útiles para identificar tensiones estructurales entre apoyo democrático y  
aceptación contingente de soluciones autoritarias.  
Implicaciones institucionales y líneas de fortalecimiento democrático  
A partir del análisis desarrollado, es posible identificar un conjunto de implicaciones institucionales y  
líneas de acción que, de acuerdo con la evidencia revisada, podrían contribuir a reducir la aceptación  
social de soluciones autoritarias y a fortalecer simultáneamente la gobernabilidad democrática y la  
seguridad pública, sin menoscabar los principios del Estado de derecho ni la protección de los  
derechos humanos.  
Primacía de las instituciones civiles. La evidencia analizada sugiere que el fortalecimiento del control  
civil sobre las funciones de seguridad constituye un elemento central para contener la normalización  
de la participación militar en ámbitos civiles. En este sentido, la delimitación constitucional y legal de  
la participación de las fuerzas armadas, asegurando que sea excepcional, temporal y sujeta a  
supervisión legislativa y a mecanismos de control autónomos, aparece como una condición relevante  
para preservar el equilibrio institucional.  
Fortalecimiento de las policías civiles. Los datos indican que la persistente debilidad de las  
corporaciones policiales civiles contribuye a legitimar soluciones militarizadas. De ello se desprende  
la importancia de invertir de manera sostenida en procesos de profesionalización, certificación,  
formación especializada y mejora de condiciones laborales, así como en mecanismos de supervisión  
interna y externa orientados a la rendición de cuentas y al respeto de los derechos humanos.  
Estado de derecho y rendición de cuentas. El análisis demuestra que la corrupción y la impunidad  
erosionan la legitimidad de las instituciones civiles y alimentan la demanda social de soluciones de  
fuerza. En consecuencia, el fortalecimiento de fiscalías y tribunales autónomos, dotados de  
capacidades efectivas para investigar y sancionar ilícitos cometidos tanto por autoridades civiles  
como por integrantes de las fuerzas armadas, emerge como un componente clave para recomponer la  
confianza ciudadana.  
Transparencia de los procesos de militarización. La revisión documental muestra que buena parte de  
la expansión del papel militar se ha producido mediante instrumentos administrativos de baja  
visibilidad. La publicación íntegra de convenios y decretos, así como su sometimiento a control  
legislativo y escrutinio público, aparece como una condición necesaria para evaluar su pertinencia y  
efectos desde una perspectiva democrática.  
Educación cívica y participación ciudadana. Los resultados sugieren que la aceptación de alternativas  
autoritarias no responde necesariamente a un rechazo de la democracia como principio, sino a la  
frustración frente a su desempeño institucional. En este sentido, el fortalecimiento de la educación  
cívica y de mecanismos de participación ciudadana puede contribuir a reconstruir el vínculo entre  
ciudadanía e instituciones, y a reducir la tolerancia social hacia soluciones de fuerza.  
Evaluación de las políticas de seguridad basada en evidencia. Finalmente, el análisis pone de relieve  
la necesidad de que las decisiones en materia de seguridad se sustenten en evaluaciones empíricas  
rigurosas e independientes. El uso sistemático de información proveniente de fuentes como el  
Inventario Nacional de lo Militarizado y de investigaciones de organizaciones especializadas permite  
valorar los efectos reales de la militarización en la violencia, la corrupción y los derechos humanos, y  
constituye un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas compatibles con los principios  
democráticos.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1949.  
CONCLUSIÓN  
El caso mexicano muestra que el respaldo ciudadano a la democracia y a sus instituciones puede  
coexistir con una creciente aceptación de alternativas autoritarias, sin que ello implique  
necesariamente una ruptura abierta con el ideal democrático. Esta paradoja no responde a una deriva  
antidemocrática explícita, sino a la convergencia de una ciudadanía que valora la eficacia, la disciplina  
y el orden, una percepción persistente de inseguridad y corrupción, y una estrategia institucional que  
ha ampliado progresivamente el papel de las fuerzas armadas en funciones del Estado. Los datos de  
opinión pública indican avances relevantes en la satisfacción democrática y en el apoyo normativo a  
la democracia, pero también evidencian que la disposición a aceptar soluciones autoritarias persiste,  
aun cuando en 2024 se haya registrado un descenso coyuntural en la preferencia por un gobierno  
militar.  
El análisis realizado indica que las distintas formas de militarización examinadas, la transferencia de  
funciones civiles a las fuerzas armadas, la expansión de su presencia en ámbitos económicos y  
administrativos, y la incorporación de mandos castrenses en las policías estatales y municipales, han  
contribuido a normalizar el papel militar en la vida pública. Este proceso ha incidido tanto en el diseño  
institucional del Estado como en las percepciones ciudadanas sobre quién puede gobernar con  
eficacia. No obstante, la evidencia empírica revisada sugiere que dicha militarización no ha propiciado  
una reducción sostenida de la violencia ni un fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; por el  
contrario, tiende a vincularse con mayores tasas de homicidio, inestabilidad institucional y un  
incremento de las violaciones a los derechos humanos.  
En este sentido, la paradoja mexicana no radica en una ciudadanía que rechace la democracia, sino en  
un desfase creciente entre expectativas democráticas y desempeño institucional, que incide  
negativamente en la legitimidad del gobierno civil y hace políticamente imaginable una salida  
autoritaria bajo condiciones de crisis. Si esta brecha persiste, la aceptación social de soluciones de  
fuerza tiende a dejar de ser excepcional y puede convertirse en una alternativa recurrente, con  
implicaciones significativas para el Estado de derecho.  
El análisis sugiere que el fortalecimiento de las instituciones civiles, la reconstrucción de la capacidad  
del Estado para garantizar seguridad con apego a la legalidad y el restablecimiento de mecanismos  
efectivos de control democrático sobre la actuación de las fuerzas armadas constituyen factores  
centrales para contener escenarios de regresión autoritaria.  
En este marco, la consolidación de una democracia efectiva en México no depende únicamente del  
respaldo normativo de la ciudadanía, sino también de la capacidad institucional para responder a los  
problemas de seguridad, violencia y corrupción sin comprometer los principios democráticos ni la  
protección de los derechos fundamentales.  
El riesgo para la democracia mexicana no es el rechazo ciudadano al régimen democrático, sino la  
normalización silenciosa de soluciones de fuerza cuando el gobierno civil no cumple.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1950.  
REFERENCIAS  
Alvarado Mendoza, E. (2009). La policía, los militares, el sistema de seguridad pública y la  
administración de la coacción: México frente a América Latina. El Cotidiano, 24(153), 63–72.  
Benítez Manaut, R. (2009). La crisis de seguridad en México. Nueva Sociedad, 220, 173–189.  
Booth, J. A., & Seligson, M. A. (2009). The legitimacy puzzle in Latin America: Political support and  
democracy in eight nations. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511800856  
Bratton, M., & Mattes, R. (2001). Support for democracy in Africa: Intrinsic or instrumental? British  
Journal of Political Science, 31(3), 447–474. https://doi.org/10.1017/S0007123401000175  
Calderón, G., Robles, G., Díaz-Cayeros, A., & Magaloni, B. (2015). The beheading of criminal  
organizations and the dynamics of violence in Mexico. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1455–  
1485. https://doi.org/10.1177/0022002715587053  
Claassen, C. (2020). Does public support help democracy survive? American Journal of Political  
Science, 64(1), 118–134. https://doi.org/10.1111/ajps.12452  
Dell, M. (2015). Trafficking networks and the Mexican drug war. American Economic Review, 105(6),  
1738–1779. https://doi.org/10.1257/aer.20121637  
Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. Journal of Democracy, 26(1), 141–155.  
https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009  
Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. British Journal of Political  
Science, 5(4), 435–457. https://doi.org/10.1017/S0007123400008309  
Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The democratic disconnect. Journal of Democracy, 27(3), 5–17.  
https://doi.org/10.1353/jod.2016.0049  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Censo nacional de seguridad pública estatal y  
municipal 2024. INEGI. https://www.inegi.org.mx  
Latinobarómetro. (2023). Informe Latinobarómetro 2023. https://www.latinobarometro.org  
Latinobarómetro. (2024). Informe Latinobarómetro 2024. https://www.latinobarometro.org  
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.  
Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it?  
Democratization, 26(7), 1095–1113. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029  
Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence,  
survival, and fall. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139047845  
México Evalúa. (2024).La otra militarización: Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de  
seguridad pública en México, 2011–2024. https://www.mexicoevalua.org/la-otra-militarizacion/  
Moreno, A. (2025a, 14 de enero). Aumenta en México la confianza en el gobierno: Encuesta  
Latinobarómetro. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/01/14/aumenta-en-  
mexico-confianza-en-el-gobierno-encuesta-lb/  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1951.  
Moreno, A. (2025b, 13 de enero). Satisfacción con la democracia rompe récord en México. El  
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/01/13/satisfaccion-con-la-democracia-  
rompe-record-en-mexico-encuesta-lb/  
Mounk, Y. (2018). The people vs. democracy: Why our freedom is in danger and how to save it. Harvard  
University Press.  
Mújica, A. (2024, 13 de febrero). Los apoyos a un gobierno militar: México 2004–2023.InPerfecto.  
https://inperfecto.com.mx/2024/02/13/los-apoyos-a-un-gobierno-militar-mexico-2004-2023/  
Norris, P. (2011). Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press.  
https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383  
O’Donnell,  
G.  
(1994).  
Delegative  
democracy.  
Journal  
of  
Democracy,  
5(1),  
55–69.  
https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010  
Osorio, J. (2015). The contagion of drug violence: Spatiotemporal dynamics of the Mexican war on  
drugs. Journal of Conflict Resolution, 59(8), 1403–1432. https://doi.org/10.1177/0022002715587048  
Padilla Oñate, S. (2024, 2 de diciembre). Cuando los militares llegan a las policías.Global Thought MX.  
https://www.globalthoughtmx.com/news-2/cuando-los-militares-llegan-a-las-policias  
Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) & Intersecta.  
(2024). Inventario nacional de lo militarizado en México (2006–2023). Ciudad de México: Programa de  
Política de Drogas. https://ppd.cide.edu/inventario-nacional-de-lo-militarizado/  
Ríos, V. (2021). Why did Mexico become so violent? Journal of Conflict Resolution, 65(1), 1–27.  
https://doi.org/10.1177/0022002720937365  
Schedler, A. (2015). The politics of uncertainty: Sustaining and subverting electoral authoritarianism.  
Oxford University Press.  
Trejo, G., & Ley, S. (2020). Votes, drugs, and violence: The political logic of criminal wars in Mexico.  
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108779640  
Zarkin, J. (2023). The silent militarization: Explaining the logic of military members' appointment as  
police  
chiefs.  
Comparative  
Politics,  
55(4),  
549–572.  
https://doi.org/10.5129/001041523X16728595163094  
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este  
sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons  
.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1952.