Aunque el eje del presente estudio es administrativo y no patrimonial, esa reflexión demuestra que el
actuar irregular del servidor puede irradiar efectos múltiples. Desde esta óptica, la responsabilidad
administrativa constituye la primera barrera institucional frente a desviaciones que, de agravarse,
pueden derivar en responsabilidad patrimonial o penal.
Desde la óptica del Derecho Penal, lo cierto es que también existe una línea que no conviene pasar por
alto. Dentro del Título X de los delitos contra la Administración Pública del Código Penal de Panamá
(2016), cuentan con su propia figura, el fraude en los actos de la contratación pública, el abuso de la
autoridad, algunas infracciones relacionadas con el indebido ejercicio del cargo, entre otros. Es
evidente que no toda irregularidad administrativa va a tener encaje penal, y que la existencia de un
catálogo da cuenta de la consideración que, a este respecto, tiene el ordenamiento de las desviaciones
en la función pública. Por ello, esto refuerza la necesidad de poner en funcionamiento, con prontitud,
los mecanismos administrativos de control, cuestión que, de no hacerse, puede conducir a que el
desorden funcional escale a niveles de una mayor reprobación jurídica.
Resulta claro, la literatura más reciente parece llegar a la conclusión de que la eficacia del régimen de
la responsabilidad administrativa va a depender del fortalecimiento institucional. Rodríguez et al.
(2025) hallaron una significancia positiva entre la capacitación especializada y la efectividad en la
supervisión, que resultó mejorada en un porcentaje promedio del 34%, y concluyeron que aquellas
reformas normativas deben complementarse con la existencia de capacidades humanas y
tecnológicas suficientes (pp. 614-617). En concordancia con todo ello, Aguilar (2023) recomendó la
capacitación continua, la supervisión normativa y la difusión de buenas prácticas; por lo que, desde el
presente estudio, se considera que la responsabilidad administrativa no debe solamente ser entendida
como sanción, sino también como un instrumento de prevención de la profesionalización de la
contratación pública panameña.
Análisis comparativo de estudios sobre contratación pública y responsabilidad de los servidores
públicos en Panamá, México, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Nicaragua
Ahora bien, el examen comparado de los estudios disponibles en este proyecto revela una coincidencia
central: en todos los países analizados (Panamá, Perú, Colombia, Venezuela, Nicaragua, México y
Ecuador), la contratación pública aparece como un espacio especialmente vulnerable a irregularidades
cuando el servidor público actúa sin suficiente apego a la legalidad, la transparencia y la ética. Batista
& Delgado (2025) señalaron que en Panamá los principios contractuales poseen “alta incidencia” y
fuerza obligatoria dentro del derecho positivo (p. 160), mientras Aguilar (2023) advirtió que aún
subsisten barreras prácticas para una aplicación efectiva del régimen de compras públicas. En criterio
del investigador, Panamá presenta un modelo normativamente robusto, pero todavía dependiente de
mayor control institucional y capacitación funcional.
Por otro lado, en México y Ecuador, las indagaciones correspondientes al proyecto enfatizan con toda
contundencia los problemas de ingreso, permanencia y la indebida designación de funcionarios. López
(2023) denunció que en México no se había permitido la legalización de un sistema de selección de
servidores públicos de mando transparente, imparcial y autónomo, y vinculó dicha falla con la
membresía política o del sistema de botín. Por su parte, Macías (2022) llenó de contenido la afirmación
de que el nepotismo configuraba una falta administrativa poco combatida pese al altísimo costo
institucional y económico que conllevaba. Se trata, de que ambas indagaciones proyectan cómo se
erosiona desde el propio origen la integridad de la contratación pública a causa de la debilidad de la
meritocracia.
Además, en Colombia y Perú el estudio se desplaza de los tipos de desviación funcional hacia formas
más técnicas. Franco et al. (2023) citan que el abuso de la información privilegiada en Colombia que
surge como consecuencia de la contratación estatal crea responsabilidades en el ámbito penal,
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 1972.
