DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5785  
Vulnerabilidad territorial y colonialismo verde en la Sierra  
de Sonora: desigualdad estructural y resistencias  
socioambiental  
Territorial vulnerability and green colonialism in the Sierra de Sonora:  
structural inequality and socio-environmental resistance  
Marco Antonio García Zarate1  
margarci@cicese.mx  
https://orcid.org/0000-0003-3293-3000  
Departamento de Óptica Centro de Investigación. Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja  
California (CICESE)  
Ensenada Baja California – México  
Roberto De Anda Márquez  
roberto.deanda@uabc.edu.mx  
https://orcid.org/0009-0006-4994-686X  
Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada 22860, Baja California México  
Ensenada Baja California – México  
Patricia Acéves Calderón  
pat_aceves@uabc.edu.mx  
https://orcid.org/0000-0002-2061-8153  
Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada 22860, Baja California México  
Ensenada Baja California – México  
Ricardo Eaton González  
eaton@uabc.edu.mx  
https://orcid.org/0000-0003-4528-4740  
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California  
Ensenada Baja California – México  
Artículo recibido: 27 de diciembre de 2025. Aceptado para publicación: 30 de abril de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
La Sierra de Sonora representa un territorio históricamente marginado, donde la desigualdad  
estructural, la debilidad institucional y la precariedad multisectorial han configurado condiciones  
persistentes de vulnerabilidad territorial. En este contexto, la expansión del extractivismo de litio,  
promovido bajo el discurso de la transición energética, ha intensificado procesos de despojo y  
reconfiguración territorial que profundizan asimetrías socioambientales y reproducen formas  
contemporáneas de colonialismo interno. El objetivo de este estudio es analizar la interacción entre  
exclusión institucional, presión extractiva y precariedad social como factores estructurantes de la  
vulnerabilidad territorial, así como sus implicaciones en la transformación del paisaje, la presión sobre  
los bienes comunes y la conflictividad socioecológica. Metodológicamente, se adopta un enfoque  
cualitativo socioambiental basado en análisis documental, revisión territorial y sistematización de  
información secundaria, complementado con entrevistas a distancia y análisis cartográfico. Los  
resultados muestran que la vulnerabilidad territorial es un fenómeno políticamente producido, donde  
la acción estatal opera de manera diferenciada, facilitando el extractivismo mientras limita la garantía  
1 Autor de correspondencia.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2044.  
de derechos básicos. Asimismo, se identifican procesos de resiliencia transformadora y  
territorialidades insurgentes que articulan defensa del territorio, organización comunitaria y re-  
existencia colectiva, con un papel central de los saberes locales. Se concluye que la transición  
energética, sin criterios de justicia territorial, puede reproducir desigualdades estructurales. En este  
sentido, se propone avanzar hacia modelos de planificación rural situada que integren participación  
comunitaria, coproducción de conocimiento y gobernanza equitativa de los bienes comunes.  
Palabras clave: vulnerabilidad territorial, Sierra de Sonora, extractivismo, planificación rural,  
autonomía comunitaria  
Abstract  
The Sierra de Sonora represents a historically marginalized territory where structural inequality,  
institutional weakness, and multisectoral deprivation have shaped persistent conditions of territorial  
vulnerability. In this context, the expansion of lithium extractivism—promoted under the discourse of  
energy transition—has intensified processes of dispossession and territorial reconfiguration,  
deepening socio-environmental asymmetries and reproducing contemporary forms of internal  
colonialism. This study aims to analyze the interaction between institutional exclusion, extractive  
pressure, and social precariousness as structural drivers of territorial vulnerability, as well as their  
implications for landscape transformation, pressure on common goods, and socioecological conflict.  
Methodologically, a qualitative socio-environmental approach was adopted, based on documentary  
analysis, territorial review, and systematization of secondary data, complemented by remote  
interviews and spatial analysis. The results demonstrate that territorial vulnerability is a politically  
produced condition in which state action operates selectively, facilitating extractive activities while  
limiting the provision of basic rights. Additionally, processes of transformative resilience and insurgent  
territorialities were identified, highlighting community-based strategies of territorial defense, collective  
organization, and re-existence, with a central role of local knowledge systems. The study concludes  
that the energy transition, in the absence of territorial justice criteria, may reproduce structural  
inequalities. Therefore, it advocates for the development of situated rural planning approaches that  
integrate community participation, knowledge co-production, and equitable governance of common  
goods as a basis for more just and sustainable territorial futures.  
Keywords: territorial vulnerability, the Sierra de Sonora region, the practices of extractivism,  
rural planning, community autonomy  
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Cómo citar: García Zarate, M. A., De Anda Márquez, R., Acéves Calderón, P., & Eaton González, R.  
(2026). Vulnerabilidad territorial y colonialismo verde en la Sierra de Sonora: desigualdad estructural y  
resistencias socioambiental. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7  
(2), 2044 – 2055. https://doi.org/10.56712/latam.v7i2.5785  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2045.  
INTRODUCCIÓN  
La Sierra de Sonora, ubicada en el noroeste de México, es un territorio de alta complejidad  
socioambiental, caracterizado por una notable diversidad ecológica y cultural, pero también por la  
persistencia de condiciones de marginación estructural. Históricamente, la región se ha integrado de  
manera subordinada a los procesos de desarrollo nacional, principalmente a través de actividades  
extractivas como la minería, la ganadería y la explotación forestal, sin que ello se haya traducido en  
mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las comunidades locales. Este patrón ha  
configurado un escenario de vulnerabilidad territorial que trasciende los factores geográficos o  
demográficos y que responde a procesos históricos, políticos y económicos que han distribuido de  
manera desigual los recursos, los riesgos y las capacidades de respuesta. Desde una perspectiva  
crítica, la vulnerabilidad territorial puede entenderse como una construcción social asociada a  
estructuras institucionales y modelos de desarrollo que privilegian la acumulación económica por  
encima de la reproducción de la vida (Cutter et al., 2003; Wisner et al., 2004). En América Latina,  
múltiples estudios han documentado cómo las regiones rurales y periféricas se han integrado en la  
economía global a través de esquemas extractivos que reproducen relaciones de dependencia y  
formas de colonialismo interno. En este contexto, la Sierra de Sonora se configura como un espacio  
donde confluyen la exclusión institucional, la precariedad multisectorial y el despojo territorial,  
elementos que estructuran y reproducen la vulnerabilidad de sus comunidades.  
En las últimas décadas, estas dinámicas se han intensificado con la expansión del extractivismo  
asociado al litio, que se promueve bajo el discurso de la transición energética. Aunque este recurso se  
considera estratégico para la descarbonización global, su explotación tiende a reproducir los patrones  
históricos de acumulación por desposesión, que se caracterizan por la concentración de beneficios y  
la externalización de los impactos socioambientales hacia los territorios rurales (Gudynas, 2011;  
Svampa, 2019; Harvey, 2003). En este sentido, el denominado «extractivismo verde» no supone una  
ruptura con el modelo tradicional, sino una reconfiguración de este mediante nuevas narrativas de  
legitimación. En la sierra de Sonora, la expansión de las concesiones mineras de litio coincide  
espacialmente con territorios comunitarios, núcleos agrarios y áreas de alto valor ecológico, lo que ha  
generado tensiones territoriales, conflictos socioambientales y procesos de fragmentación espacial.  
Estas dinámicas se ven agravadas por la debilidad de los mecanismos de consulta previa, libre e  
informada y por las limitaciones de los instrumentos de evaluación ambiental, lo que restringe la  
participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y aumenta las asimetrías de poder  
entre los actores locales, estatales y corporativos.  
Desde la ecología política, estos procesos pueden interpretarse como expresiones contemporáneas  
de la colonialidad del poder (Aníbal Quijano, 2000), en las que los territorios se conciben como espacios  
funcionales para la extracción de valor, mientras que las comunidades son despojadas de su capacidad  
de decisión y de sus conocimientos territoriales. Con frecuencia, la vulnerabilidad territorial se ha  
despolitizado al atribuirse a condiciones locales o a déficits internos, invisibilizando su carácter  
estructural y las relaciones de poder que la producen. En este contexto, el presente estudio analiza la  
interacción entre la exclusión institucional, la expansión del extractivismo del litio y la precariedad  
multisectorial como factores que configuran la vulnerabilidad territorial en la sierra de Sonora. También  
examina las estrategias comunitarias de resistencia, defensa del territorio y acción colectiva que  
surgen frente a estos procesos, que se entienden no como respuestas pasivas, sino como expresiones  
de agencia territorial.  
Metodológicamente, la investigación se basa en un enfoque cualitativo que integra una revisión  
documental, un análisis cartográfico y entrevistas a distancia, lo que permite articular escalas  
institucionales, territoriales y comunitarias. El objetivo es contribuir al debate sobre la justicia  
socioambiental y la planificación rural en contextos de transición energética bajo la hipótesis de que  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2046.  
avanzar hacia escenarios de sostenibilidad requiere reconocer a las comunidades rurales como  
sujetos territoriales, valorar sus conocimientos locales y promover modelos alternativos de gestión del  
territorio. Finalmente, el estudio aporta tres contribuciones principales: una conceptualización de la  
vulnerabilidad territorial como un proceso estructural vinculado al extractivismo contemporáneo; una  
recopilación de datos empíricos sobre la Sierra de Sonora, un territorio que ha sido objeto de escasos  
estudios, y un enfoque metodológico cualitativo multiescalar que integra las dimensiones sociales,  
territoriales e institucionales para el análisis de la vulnerabilidad en contextos de transición energética.  
METODOLOGÍA  
El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter documental e interpretativo,  
orientado a comprender la vulnerabilidad territorial de las comunidades rurales de la Sierra de Sonora  
desde una perspectiva socio ambiental crítica. El proceso de investigación no conlleva la realización  
de un trabajo de campo presencial de naturaleza sistemática. En su lugar, se implementó un proceso  
de análisis cualitativo fundamentado en la revisión y triangulación de fuentes secundarias, la  
interpretación de bases cartográficas institucionales (INEGI, CONEVAL, CONABIO) y la realización de  
entrevistas semiestructuradas a distancia mediante videollamadas. Este enfoque metodológico  
permitió la integración de perspectivas locales con información documental y espacial, garantizando  
una aproximación reflexiva y contextualizada a la problemática socioambiental de la Sierra de Sonora,  
aun en ausencia de observación directa en terreno.  
Área de estudio  
El área de estudio, objeto de este análisis, comprende seis municipios del oriente del estado de Sonora  
Bacadéhuachi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico y Sahuaripa—, ubicados en la porción  
serrana de la Sierra Madre Occidental (Figura 1). En conjunto, abarcan una superficie aproximada de  
14 500 km², con altitudes que oscilan entre 600 y 2500 m s. n. m., lo que condiciona la accesibilidad, la  
distribución de los asentamientos y la provisión de servicios básicos. El clima predominante en la  
región es templado subhúmedo, caracterizado por precipitaciones estacionales concentradas en el  
verano, con un rango anual de 500 a 700 milímetros, y temperaturas medias anuales que oscilan entre  
18 y 22 grados Celsius. La vegetación del área se compone de bosques de pino-encino, matorrales  
subtropicales y pastizales, los cuales han experimentado transformaciones asociadas a la ganadería  
extensiva, la deforestación y la apertura de infraestructura minera.  
Desde una perspectiva hidrológica, la región forma parte del sistema del río Yaqui, caracterizado por  
una red de arroyos con un régimen estacional. Esta condición, en conjunto con la variabilidad climática,  
ejerce una influencia en la disponibilidad hídrica y en la vulnerabilidad ambiental de las comunidades  
rurales. De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
(2020) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2020), los municipios  
exhiben altos niveles de marginación social, dispersión poblacional y rezago en infraestructura básica.  
Las actividades económicas predominantes en la región son la ganadería extensiva y la silvicultura de  
subsistencia, con un limitado espectro de alternativas productivas y un marcado proceso migratorio.  
Figura 1  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2047.  
Localización del estado de Sonora y de los seis municipios que conforman el área de estudio:  
Bacadéhuachi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico y Sahuaripa  
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2020).  
Diseño y enfoque general  
El marco metodológico se fundamentó en los principios de la investigación cualitativa interpretativa,  
centrada en la comprensión de procesos sociales complejos más que en su medición estadística (Flick,  
2018). Este tipo de enfoque permite analizar la construcción social del territorio, los significados  
asociados a la vulnerabilidad y las narrativas de resistencia comunitaria. En lo que respecta a la  
metodología, se implementó una estrategia de triangulación de fuentes que integra tres niveles de  
análisis. El procedimiento metodológico se ha estructurado en tres fases: en primer lugar, se ha  
realizado una revisión bibliográfica; en segundo lugar, se han llevado a cabo entrevistas a distancia; y,  
por último, se ha realizado un análisis cartográfico. Esta metodología permite la articulación de  
información de diversa naturaleza discursiva, institucional y espacial para la reconstrucción de los  
procesos socioambientales que configuran la desigualdad territorial (Flick, 2022).  
Análisis documental  
El presente estudio se fundamentó en el análisis documental, concebido como una metodología  
sistemática destinada a la evaluación e interpretación de materiales textuales y visuales, con el  
propósito de generar conocimiento empírico y conceptual (Bowen, 2009). Para la elaboración del  
presente estudio se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica, en la que se consultaron más de  
ochenta fuentes provenientes de instituciones públicas, literatura académica y documentos  
comunitarios.  
Las principales fuentes empleadas en el estudio incluyeron bases de datos y cartografía provenientes  
de diversas instituciones, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2020), el  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2048.  
Consejo Nacional de Población (CONEVAL) (2020) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales  
Protegidas (CONABIO) (2018). Además, se consideraron informes emitidos por la Comisión Nacional  
del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como  
documentos oficiales de planes de desarrollo estatal y tesis académicas que abordaban temas  
relacionados con la vulnerabilidad y el extractivismo. Los documentos fueron organizados en matrices  
temáticas y analizados mediante un enfoque de análisis de contenido cualitativo, lo que permitió  
identificar categorías emergentes relacionadas con la vulnerabilidad estructural, la exclusión  
institucional, el extractivismo y la autonomía comunitaria (Flick, 2018).  
Entrevistas a distancia  
Con el propósito de incluir perspectivas locales, se implementó una metodología cualitativa, mediante  
la cual se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, realizadas a través de plataformas de  
videollamada, con actores comunitarios y sociales vinculados con la Sierra de Sonora. Dichos actores  
incluyen a campesinos, docentes rurales, defensores ambientales y representantes de organizaciones  
civiles. El procedimiento metodológico se sustentó en la aplicación de entrevistas estructuradas, pero  
con un enfoque flexible, centradas en ejes temáticos como la memoria territorial, los impactos  
socioambientales del extractivismo, las prácticas de cuidado y la resistencia. Este formato permitió la  
captación de significados subjetivos y experiencias de vida, más que respuestas estandarizadas, en  
coherencia con el enfoque interpretativo (Flick, 2018). El análisis de las entrevistas se realizó mediante  
la aplicación de un proceso de codificación temática, que permitió la identificación de patrones  
discursivos y narrativas recurrentes sobre exclusión, despojo y resiliencia comunitaria. En el marco de  
la investigación, se constató que la totalidad de los sujetos participantes otorgaron su consentimiento  
de manera verbal, garantizando así la confidencialidad y el anonimato de estos.  
Cartografía y análisis espacial  
La dimensión territorial del estudio se abordó mediante cartografía interpretativa, elaborada con  
información proveniente de INEGI, CONABIO y CONEVAL. La elaboración de los mapas temáticos se  
realizó en el programa informático QGIS 3.4, con el objetivo de proporcionar un contexto sobre los  
patrones de vulnerabilidad social y ambiental. La presente fase se caracterizó por una aproximación  
descriptiva y analítica, prescindiendo de la realización de encuestas de campo, circunscribiéndose, por  
ende, al procesamiento y representación de datos públicos. Las capas espaciales incorporaron  
variables de marginación, densidad poblacional, cobertura de servicios básicos, presencia de  
concesiones mineras y áreas naturales protegidas. La cartografía se concibió como un instrumento de  
lectura crítica del territorio, reconociendo que toda representación espacial conlleva decisiones  
interpretativas y políticas (Bowen, 2009). En consecuencia, el enfoque analítico se centró en la  
comparación de los mapas oficiales con las narrativas comunitarias derivadas de las entrevistas  
realizadas.  
Validación, ética y limitaciones  
El estudio se apegó a principios de rigor, reflexividad y transparencia propios de la investigación  
cualitativa (Flick, 2018). La coherencia interna se garantiza mediante la triangulación de datos y la  
comparación cruzada entre fuentes documentales, testimoniales y cartográficas. Dado su carácter  
documental, la investigación reconoce limitaciones derivadas de la ausencia de trabajo de campo  
presencial, lo que restringe la observación directa de dinámicas territoriales. No obstante, la  
combinación de fuentes institucionales actualizadas y testimonios locales permitió sostener  
interpretaciones consistentes y contextualizadas sobre la vulnerabilidad territorial.  
RESULTADOS  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2049.  
Exclusión institucional: la ausencia estructural del Estado  
Uno de los hallazgos centrales del estudio es que la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora se  
encuentra estrechamente asociada a una exclusión institucional persistente, expresada en la débil  
presencia del Estado en ámbitos estratégicos como salud, educación, infraestructura básica y  
planificación territorial. Esta exclusión no se limita a una carencia administrativa, sino que constituye  
un patrón histórico de intervención desigual y selectiva que ha configurado condiciones duraderas de  
desventaja para las comunidades serranas. Los testimonios recabados muestran una percepción  
recurrente de abandono, particularmente en municipios con alta dispersión poblacional y limitada  
conectividad territorial, lo que coincide con lo descrito por López-Calva y Ceriani (2019) sobre la  
existencia de geografías de exclusión en América Latina.  
El análisis de documentos oficiales confirma esta situación. En diversos instrumentos de política  
pública, la región serrana aparece tratada como un espacio periférico, sin estrategias diferenciadas ni  
asignaciones presupuestales acordes con sus condiciones socioambientales. Esta omisión responde  
a una lógica de planificación centralizada que ha privilegiado históricamente territorios urbanos o  
económicamente estratégicos, relegando a las regiones rurales a una posición secundaria dentro de  
los procesos de desarrollo (Escobar, 2016; Ocampo, 2004). En este sentido, la exclusión institucional  
no debe entenderse como ausencia total del Estado, sino como una presencia diferencial, limitada en  
la garantía de derechos, pero más efectiva cuando se trata de habilitar condiciones para la extracción  
de recursos.  
Esta asimetría se vuelve especialmente visible al contrastar la precariedad de los servicios públicos  
con la capacidad institucional desplegada para facilitar proyectos extractivos. En municipios como  
Bacadéhuachi, Divisaderos, Granados, Huásabas, Nácori Chico y Sahuaripa, donde existen  
concesiones mineras de litio vigentes o en trámite, los dispositivos legales y administrativos han  
operado con mayor claridad para la exploración y aprovechamiento de minerales que para asegurar  
condiciones básicas de bienestar social. Como señalan Delgadillo (2020) y Tornel (2024), esta  
selectividad institucional revela una forma de intervención estatal subordinada a prioridades  
extractivas, que amplía las asimetrías entre actores comunitarios, estatales y corporativos.  
La dimensión sanitaria ofrece una evidencia empírica especialmente significativa. La Figura 2 muestra  
la persistencia histórica de brechas en el acceso a servicios de salud entre 1990 y 2020, con mayores  
distancias y tiempos de traslado en localidades dispersas y aisladas. Esta configuración territorial no  
solo incrementa los riesgos sanitarios, sino que expresa una geografía del abandono, donde la  
accesibilidad diferencial a servicios básicos opera como un mecanismo estructural de reproducción  
de desigualdades (Fernández, 2022). A ello se suma la limitada consideración de las condiciones  
sociales preexistentes en los instrumentos de evaluación ambiental, lo que restringe la posibilidad de  
valorar impactos acumulativos y reduce la visibilidad de las comunidades como sujetos afectados  
(Fernández, 2023; Zhouri, 2018).  
Figura 2  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2050.  
Índice de vulnerabilidad de las localidades de la Sierra de Sonora (1990, 2000, 2010 y 2020) con base en  
su distancia al centro de salud o consultorio más cercano  
Nota: Los mapas muestran la persistencia histórica de brechas de accesibilidad sanitaria y su  
concentración en localidades dispersas y aisladas.  
Fuente: elaboración propia.  
En conjunto, los resultados muestran que la exclusión institucional en la Sierra de Sonora posee una  
dimensión material, pero también simbólica y epistémica. La limitada incorporación de saberes locales  
en diagnósticos, mapas oficiales y procesos de planeación fortalece una visión del territorio como  
espacio disponible para la intervención externa, reproduciendo lo que Santos (2009) identifica como  
violencia epistémica. Así, la exclusión institucional emerge como uno de los pilares centrales de la  
vulnerabilidad territorial analizada en este estudio.  
Despojo territorial y conflictos con el extractivismo  
Los resultados evidencian que la expansión del extractivismo minero, particularmente en torno al litio,  
ha intensificado procesos de despojo territorial y conflictividad socioambiental en la Sierra de Sonora.  
Este fenómeno no constituye una ruptura con las trayectorias históricas del territorio, sino una  
actualización de mecanismos de apropiación de recursos que han subordinado de manera recurrente  
los territorios rurales a intereses externos. En el contexto actual, el litio se presenta como un recurso  
estratégico en la transición energética, pero su avance territorial reproduce patrones de acumulación  
por desposesión ampliamente documentados en América Latina (Gudynas, 2011; Svampa, 2019).  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2051.  
En los municipios serranos analizados se identifican concesiones mineras de litio activas o en trámite,  
cuya distribución espacial revela una proximidad inmediata con núcleos rurales y territorios  
comunitarios. La Figura 3 muestra esta presión territorial, evidenciando que la expansión minera no  
ocurre en espacios vacíos, sino en territorios habitados, organizados y socialmente significativos. En  
diversos casos, estas concesiones fueron otorgadas sin consulta previa, libre e informada y con  
evaluaciones ambientales limitadas, lo que ha restringido la participación efectiva de las comunidades  
en decisiones que afectan directamente sus medios de vida y sus territorios.  
Figura 3  
Polígonos de concesiones de litio y proyectos mineros activos en la región serrana. Se observan las áreas  
concesionadas y su cercanía inmediata a núcleos de población rural  
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Minas (2023) e INEGI (2020).  
Los testimonios analizados muestran un patrón recurrente: promesas de empleo y desarrollo que no  
se materializan, acompañadas de crecientes restricciones en el acceso a recursos estratégicos como  
tierra, agua, caminos y espacios de uso común. Este tipo de experiencias coincide con lo señalado por  
Svampa (2019) y Veltmeyer y Petras (2020), quienes documentan cómo el extractivismo convierte  
territorios rurales en zonas de sacrificio, trasladando los costos sociales y ambientales a poblaciones  
históricamente marginadas.  
La Figura 4 refuerza esta interpretación al mostrar la superposición entre concesiones mineras y  
núcleos agrarios, lo que sugiere una presión directa sobre formas comunitarias de tenencia y uso del  
suelo. Este proceso no solo altera la disposición material del territorio, sino también su dimensión  
cultural y política, al omitir en las representaciones institucionales elementos como rutas tradicionales,  
manantiales, sitios de valor simbólico y espacios de uso colectivo (Harley, 1989; Bryan, 2011). Desde  
esta perspectiva, el despojo territorial no se limita a la pérdida física de recursos, sino que incluye  
formas de desplazamiento simbólico y deslegitimación del conocimiento local (Composto & Navarro,  
2012; Costa et al., 2024).  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2052.  
Asimismo, los resultados sugieren que la expansión extractiva se acompaña de procesos de control  
territorial, vigilancia y tensionamiento social, que reducen la capacidad comunitaria de incidir en la  
gestión del territorio. En este marco, el litio opera como un nuevo motor de reconfiguración espacial  
bajo el discurso de la transición energética, sin modificar las bases históricas del modelo extractivo.  
Más que una transformación del patrón de desarrollo, lo que se observa es su actualización bajo  
nuevas formas de legitimación política y ambiental.  
Figura 4  
Distribución de núcleos agrarios (2015–2019) y superposición con concesiones mineras  
Nota: El mapa ilustra procesos de transformación en la tenencia de la tierra y la presión extractiva sobre  
espacios comunitarios, clave para comprender las tensiones territoriales contemporáneas en la Sierra  
de Sonora  
Fuente: elaboración propia.  
Precariedad en el acceso a servicios básicos: salud, agua y educación  
La precariedad en el acceso a servicios básicos constituye otro resultado central del estudio y un  
componente estructural de la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora. El análisis de información  
estadística, documentos institucionales y testimonios comunitarios muestra que las carencias en  
salud, educación y agua no pueden explicarse únicamente por la dispersión poblacional o el  
aislamiento geográfico, sino por patrones históricos de asignación desigual de recursos públicos en  
territorios rurales (CONEVAL, 2020; INEGI, 2020). En el ámbito de la salud, la baja cobertura de  
infraestructura, la falta de personal permanente y la limitada capacidad resolutiva de los centros  
médicos incrementan la vulnerabilidad sanitaria de la población. Esta situación se ve agravada por la  
conectividad vial deficiente, que prolonga los tiempos de traslado y restringe el acceso oportuno a  
servicios especializados. Como han señalado Frenk et al. (1999) y Laurell (2015), los sistemas rurales  
de salud en México operan frecuentemente bajo esquemas fragmentados y desiguales, situación que  
en regiones serranas adquiere mayor gravedad.  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2053.  
La educación reproduce una lógica similar. La insuficiente cobertura en niveles medio y medio superior,  
la precariedad de las instalaciones escolares y la alta rotación del personal docente afectan la  
continuidad educativa y profundizan las desigualdades territoriales (Muñoz Izquierdo, 2008; Latapí,  
2009). La Tabla 1 sintetiza esta desigualdad al mostrar menores porcentajes de población con  
secundaria completa y mayores proporciones de población sin instrucción o analfabeta respecto a los  
promedios estatal y nacional. Estas brechas limitan las capacidades de participación, acceso a la  
información y ejercicio de derechos, reforzando la reproducción intergeneracional de la vulnerabilidad.  
El acceso al agua constituye igualmente un eje crítico. En diversas localidades, el abastecimiento  
depende de manantiales, norias y pozos someros sin monitoreo sistemático de calidad ni garantías de  
disponibilidad continua. Esta condición produce escenarios de inseguridad hídrica que se agravan por  
la variabilidad climática, la deforestación y la competencia con actividades extractivas, especialmente  
en contextos donde el uso industrial del recurso puede imponerse al consumo comunitario (Bakker,  
2013; Wilder et al., 2016). La escasa infraestructura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales  
incrementa además el riesgo de contaminación local y refuerza los ciclos de vulnerabilidad sanitaria y  
ambiental.  
Tabla 1  
Población absoluta a nivel nacional, estatal, municipal y del área de estudio en el año 2000, junto con los  
porcentajes de población con secundaria completa, sin instrucción y analfabeta  
Educación básica 2000  
Unidad  
Población  
total  
Porcentaje de  
población con  
secundaria completa  
11.90  
Porcentaje de  
población sin  
instrucción  
Porcentaje de  
población  
analfabeta  
Nacional  
Sonora  
97483412  
2216969  
1348  
6.59  
6.10  
13.69  
12.17  
14.55  
13.77  
11.70  
13.33  
11.06  
12.09  
4.07  
2.97  
2.06  
1.86  
3.42  
4.47  
4.38  
3.79  
2.93  
3.93  
5.67  
2.75  
3.31  
4.29  
4.34  
3.96  
Becadéhuachi  
Divisaderos  
Granados  
Huásabas  
Nácori Chico  
Sahuaripa  
Área de  
825  
1235  
966  
2236  
6400  
13010  
estudio  
Nota: esta información permite caracterizar la desigualdad educativa en los municipios serranos y  
constituye un componente clave de la vulnerabilidad territorial.  
Fuente: elaboración propia.  
En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que la precariedad en el acceso a servicios básicos  
en la Sierra de Sonora no debe interpretarse como la suma de déficits sectoriales aislados, sino como  
una expresión integrada de exclusión territorial estructural. Esta precariedad multisectorial limita las  
capacidades de la comunidad para hacer frente a presiones externas asociadas al extractivismo, la  
violencia y el cambio climático, y constituye un componente central del entramado de vulnerabilidad  
territorial analizado en este estudio.  
Fragmentación del territorio y movilidad forzada  
La investigación aborda la problemática de la fragmentación del territorio como un proceso estructural  
que ha reconfigurado profundamente las condiciones de vida en la Sierra de Sonora. Este fenómeno  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2054.  
emerge como resultado de la convergencia entre concesiones extractivas, infraestructura asociada a  
la minería y dispositivos de control territorial, que alteran tanto el acceso material al espacio como los  
vínculos simbólicos y culturales que sostienen la territorialidad comunitaria. En el contexto de los  
sistemas de uso de la tierra, se ha observado una tendencia a la restricción progresiva de los caminos  
tradicionales, áreas de uso común y rutas de pastoreo. Esta situación ha generado interrupciones en  
las redes históricas de movilidad, intercambio y cooperación comunitaria, lo que ha tenido un impacto  
significativo en las dinámicas sociales y económicas de las comunidades afectadas. Desde una  
perspectiva crítica, esta fragmentación puede interpretarse como una estrategia de reorganización  
espacial funcional para el capital, en la que el territorio se reconfigura en función de su rentabilidad  
económica, en lugar de considerar su valor social o cultural (Harvey, 2003; Haesbaert, 2011).  
Estas transformaciones han resultado en procesos de movilidad forzada. La pérdida de acceso a la  
tierra, la degradación ambiental, la violencia estructural y la ausencia de servicios básicos han  
impulsado desplazamientos silenciosos en diversas comunidades rurales. Estos movimientos no son  
el resultado de decisiones libres, sino de condiciones de expulsión que erosionan las condiciones  
mínimas de habitabilidad (Schilling et al., 2017; Zetter, 2014).  
El desarraigo resultante implica no solo una pérdida física del espacio, sino también la ruptura de los  
vínculos sociales, afectivos y culturales que configuran la identidad colectiva. En este contexto, la  
fragmentación territorial y la movilidad forzada consolidan una geografía del sacrificio, donde los  
territorios serranos son funcionalizados para la extracción de valor, mientras sus poblaciones son  
desplazadas o marginadas para viabilizar dichos procesos (Arellano-Yanguas, 2011; Svampa, 2019).  
Estrategias comunitarias de resistencia y cuidado del territorio  
A pesar de las condiciones de exclusión institucional, precariedad multisectorial y presión extractiva,  
los resultados muestran que las comunidades rurales de la Sierra de Sonora no han respondido de  
manera pasiva. Por el contrario, han desarrollado estrategias de resistencia, defensa territorial y  
cuidado colectivo sustentadas en saberes locales, organización comunitaria y prácticas de autonomía.  
Estas estrategias constituyen una dimensión central del análisis, ya que muestran que la vulnerabilidad  
territorial coexiste con formas activas de agencia y re-existencia (Escobar, 2016; Leff, 2006; Svampa,  
2019). Una de las expresiones más visibles de estas estrategias ha sido la defensa directa del territorio  
frente a megaproyectos extractivos. En distintos municipios se registran acciones de vigilancia  
comunitaria, denuncias públicas, articulación con redes civiles y procesos locales de organización  
frente a la minería. En Bacadéhuachi, por ejemplo, la movilización vecinal en torno al proyecto de litio  
ha fortalecido formas locales de participación; en Sahuaripa, la población ha impulsado acciones de  
denuncia y monitoreo social; y en Yécora, el contexto de violencia ha incrementado los riesgos para  
quienes investigan o defienden el territorio (Robles, Moreno Dena & Hurtado Bringas, 2025; La Jornada,  
2024; El País, 2023; Mongabay, 2024). Estas acciones revelan que la resistencia comunitaria no se  
limita a la oposición puntual, sino que forma parte de un repertorio más amplio de defensa territorial.  
En este marco, la producción y recuperación de conocimiento territorial adquiere un papel estratégico.  
La cartografía participativa, los relatos comunitarios y la memoria local permiten disputar las  
representaciones oficiales del espacio y visibilizar elementos omitidos por los diagnósticos  
institucionales, como manantiales, rutas tradicionales, zonas de recolección y sitios de valor simbólico  
(Harley, 1989; Monmonier, 2018; Bryan, 2011; Crampton, 2001). Más que un ejercicio técnico, estas  
prácticas operan como formas de reapropiación cognitiva y política del territorio, fortaleciendo  
procesos de justicia ambiental y autodeterminación (Merlinsky, 2020; De Anda Márquez Padilla, 2023).  
Asimismo, el estudio identificó la persistencia de saberes ecológicos tradicionales y prácticas  
comunitarias de subsistencia vinculadas al uso diversificado del monte, la recolección, la apicultura  
artesanal y el intercambio local. Estas formas de relación con el territorio, sintetizadas parcialmente en  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2055.  
la Tabla 2, constituyen soportes materiales y culturales de la vida comunitaria frente al avance  
extractivo (Altieri & Toledo, 2011; Rosset & Martínez-Torres, 2012; Merino, 2014). Su relevancia no  
radica solo en su dimensión productiva, sino en que sostienen una ética del cuidado, la cooperación y  
la defensa de los bienes comunes.  
Finalmente, la dimensión cultural e identitaria emerge como otra forma de resistencia. Las festividades,  
relatos orales, prácticas rituales y vínculos afectivos con el paisaje refuerzan la continuidad territorial  
frente a procesos de fragmentación y homogeneización extractiva. En este sentido, las estrategias  
comunitarias documentadas en la Sierra de Sonora deben entenderse como prácticas de defensa de  
la vida y del territorio, donde la autonomía, la memoria y el cuidado operan como fundamentos de una  
territorialidad activa y disputada.  
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Tabla 2  
Tipos de usos de suelo y vegetación y su superficie en las diferentes series de INEGI y de recursos forestales de CONAFOR  
Tipo de Vegetación  
Bosque de Encino  
INEGI  
Serie IV  
301885.80  
CONAFOR  
324065.99  
238229.24  
Serie I  
287401.85  
Serie II  
306950.39  
Serie III  
303291.3  
2
133334.2  
6
Serie V  
301091.76  
Serie VI  
300773.10  
Serie VII  
299484.26  
Matorral Subtropical  
145378.65  
147766.16  
133085.95  
133091.39  
133091.39  
133022.61  
Bosque Bajo Abierto  
79346.45  
69937.26  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Matorral Subtropical  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Selva Baja Caducifolia  
Selva Baja Caducifolia  
69568.21  
56776.70  
93325.90  
85109.35  
83462.55  
85116.44  
83463.33  
83551.56  
83463.33  
83259.03  
83458.99  
80919.92  
56611.57  
74730.90  
23285.85  
47012.72  
37360.08  
32323.58  
44095.95  
75030.20  
76854.41  
46954.58  
37381.93  
37489.61  
40287.70  
77827.18  
73069.81  
46954.63  
40939.89  
37086.10  
35390.61  
77652.37  
73069.81  
47029.35  
41259.30  
37569.13  
35333.12  
77496.80  
73088.25  
47087.50  
41131.28  
38790.17  
35333.06  
76955.39  
72764.17  
47087.50  
41029.64  
38336.60  
36723.60  
76729.31  
72764.33  
47255.87  
41421.82  
40572.59  
36723.61  
205028.12  
49920.28  
43348.82  
38309.90  
66412.27  
36514.96  
Pastizal Natural  
Bosque de Pino-Encino  
Bosque de Encino-Pino  
Pastizal Inducido  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Mezquital Xerófilo  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Bosque de Encino  
Vegetación Secundaria Arbórea de  
Selva Baja Caducifolia  
Mezquital Xerófilo  
Matorral Sarco-Crasicaule con  
Matorral Subinerme  
27238.28  
23537.72  
29389.75  
20290.10  
16480.25  
29910.09  
29548.70  
16480.28  
30286.59  
29190.29  
16070.27  
30317.11  
28687.76  
16075.36  
30818.68  
28888.67  
14684.83  
30881.02  
28435.62  
14684.83  
23026.40  
22979.87  
Matorral Desértico Micrófilo  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Bosque de Mezquite  
Agricultura de Temporal Anual  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Matorral Sarco-Crasicaule  
Bosque de Mezquite  
11299.87  
11434.13  
3143.13  
867.54  
8107.07  
10680.31  
8107.07  
10688.41  
8106.95  
10688.41  
8106.95  
10688.47  
8106.95  
12248.16  
3523.97  
8111.74  
7996.51  
6727.30  
6761.72  
6950.25  
7871.11  
7988.54  
8841.70  
4887.80  
3343.89  
4885.23  
4653.49  
4885.23  
4803.07  
4885.16  
4820.00  
4885.16  
4820.00  
4885.16  
4873.92  
10000.89  
6336.90  
Agricultura de Riego Anual y  
Semipermanente  
Bosque de Pino  
Pastizal Cultivado  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Matorral Sarcocaule  
Vegetación Secundaria Arbórea de  
Pino-Encino  
4443.71  
1808.79  
9722.11  
4129.71  
2378.72  
42011.11  
4129.72  
2378.74  
3313.07  
4129.72  
2665.36  
3313.07  
4126.59  
3094.34  
3313.03  
4126.59  
3637.81  
3313.03  
4126.54  
4035.90  
3313.03  
4726.35  
1673.83  
1972.88  
2663.49  
2563.67  
2563.67  
2563.67  
2562.82  
2562.82  
2562.83  
Cuerpo de Agua  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Pastizal Natural  
Agricultura de Riego Anual  
Bosque Abierto Bajo con Erosión  
Área Desprovista de Vegetación  
Vegetación de Galería  
2557.50  
2103.17  
2557.47  
1778.42  
2557.45  
1778.42  
2560.04  
1778.40  
2560.04  
2102.47  
2560.04  
2102.47  
1990.91  
2779.15  
2408.46  
695.59  
2103.17  
2120.39  
1975.64  
1975.64  
1985.54  
577.58  
389.34  
921.99  
389.34  
1136.86  
462.48  
526.24  
917.53  
389.35  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Matorral Sarco-Crasicaule con  
Erosión  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Selva baja Espinosa  
433.59  
390.76  
Urbano Construido  
231.46  
296.42  
262.35  
231.47  
296.42  
262.35  
311.04  
296.42  
262.35  
311.04  
296.42  
262.35  
311.04  
296.42  
262.35  
375.02  
296.42  
117.24  
309.96  
910.94  
241.72  
Sin Vegetación Aparente  
Vegetación Secundaria Arbórea de  
Selva Baja Espinosa Caducifolia  
Vegetación Secundaria Arbórea de  
Bosque de Encino  
Vegetación Secundaria Arbustiva  
de Bosque de Encino-Pino  
Bosque de Galería  
279.80  
72.39  
202.00  
132.66  
201.99  
132.29  
201.99  
132.29  
201.99  
132.29  
132.66  
82.83  
131.53  
82.83  
131.53  
82.83  
131.53  
82.83  
131.53  
82.83  
130.87  
Vegetación Secundaria Arbórea de  
Bosque de Mezquite  
82.82  
Total  
1047373.08  
1047373.  
17  
1047373.17  
1047373.17  
1047373.17  
1047373.17  
10473  
73.98  
1047340  
.73  
Fuente: elaboración propia.  
DISCUSIÓN  
La producción estructural de la vulnerabilidad  
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora no  
constituye una condición inherente ni un resultado exclusivo de factores biofísicos o demográficos,  
sino un proceso estructural históricamente producido. Desde la perspectiva de la ecología política, esta  
condición emerge de la interacción entre arreglos institucionales, decisiones de política pública y  
dinámicas económicas que han configurado una distribución desigual de recursos, riesgos y  
capacidades de respuesta (Cutter et al., 2003; Wisner et al., 2004; David Harvey, 2003). En contraste  
con interpretaciones que atribuyen la vulnerabilidad al aislamiento geográfico, la evidencia empírica  
demuestra que las comunidades serranas se encuentran integradas de manera subordinada a los  
procesos de desarrollo nacional. Esta inserción desigual da lugar a dos dinámicas: por un lado,  
limitaciones persistentes en el acceso a servicios básicos; por otro, una activación selectiva del aparato  
institucional cuando se trata de facilitar actividades extractivas. En este sentido, la vulnerabilidad no  
es resultado de la ausencia del Estado, sino de su intervención diferenciada.  
Este patrón se alinea con el modelo de Presión y Liberación (PAR), que explica la vulnerabilidad como  
resultado de causas estructurales, presiones dinámicas y condiciones de fragilidad (Wisner et al.,  
2004). En el contexto de la Sierra de Sonora, estas dimensiones se manifiestan en la marginación  
histórica, la expansión extractiva y la precariedad multisectorial, configurando un sistema de  
vulnerabilidad acumulativa. En concordancia con los hallazgos de Gudynas (2011) y Svampa (2019),  
los resultados del estudio reafirman la concepción de «territorios de sacrificio», donde las cargas  
socioambientales se aglomeran en regiones periféricas mientras los beneficios se externalizan. En  
este sentido, la vulnerabilidad territorial debe comprenderse como una construcción socioespacial  
relacional, en la que la exclusión institucional y la presión extractiva operan de manera articulada.  
El litio como motor del despojo y recolonización  
Los resultados permiten interpretar la expansión del litio en la Sierra de Sonora como un proceso de  
reconfiguración territorial bajo lógicas extractivas, más que como una vía de desarrollo regional. Lejos  
de representar una ruptura, este proceso reproduce dinámicas de acumulación por desposesión  
propias de la inserción subordinada de territorios rurales en circuitos globales (Gudynas, 2011; Svampa,  
2019; David Harvey, 2003). La evidencia espacial respalda esta interpretación. La Figura 3 muestra la  
proximidad de concesiones mineras a núcleos rurales, mientras que la Figura 4 evidencia su  
superposición con núcleos agrarios, confirmando que la expansión extractiva se produce sobre  
territorios socialmente construidos. Esto implica una presión directa sobre sistemas locales de uso del  
suelo, acceso a recursos y organización territorial, intensificando la conflictividad socioambiental.  
En este contexto, el litio actúa como un vector de reorganización espacial, subordinando otras formas  
de apropiación territorial a su valor estratégico. Este proceso se inscribe en la lógica de la colonialidad  
del poder (Aníbal Quijano, 2000), donde las decisiones sobre el territorio se concentran en actores  
externos, limitando la capacidad de las comunidades para incidir en su gestión. Un elemento central  
es la asimetría institucional. Los resultados muestran que los marcos normativos han sido más  
eficaces en facilitar la actividad extractiva que en garantizar derechos territoriales o mecanismos de  
consulta. Como señala Sieder (2022), esta dinámica refleja la persistencia de esquemas jurídicos que  
privilegian el acceso al subsuelo, consolidando una intervención estatal selectiva.  
Estos procesos se integran en la Figura 5, que sintetiza la interacción entre exclusión estructural,  
extractivismo y asimetría institucional como base de la vulnerabilidad territorial. En este modelo, el litio  
no es un factor aislado, sino un elemento que amplifica desigualdades preexistentes. Asimismo, el  
discurso de la transición energética funciona como un marco legitimador del extractivismo,  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2044.  
invisibilizando sus impactos territoriales. En línea con Gudynas (2011) y Svampa (2019), el  
“extractivismo verde” no transforma el modelo, sino que desplaza los costos socioambientales hacia  
territorios periféricos, generando tensiones entre sostenibilidad global y justicia territorial. Finalmente,  
la evidencia de la Tabla 1 indica que estos procesos ocurren en contextos de rezago estructural, lo que  
limita la capacidad de respuesta comunitaria y facilita la expansión extractiva. En conjunto, el litio se  
configura como un agente de reproducción de desigualdades territoriales, cuya implementación sin  
criterios de justicia territorial puede reforzar patrones históricos de exclusión (Harvey, 2003; Svampa,  
2019).  
Figura 5  
Esquema conceptual de la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora  
Nota: articula exclusión histórica, extractivismo verde (litio), asimetría institucional y acumulación por  
desposesión, así como la emergencia de resistencias comunitarias frente a estas námicas  
estructurales.  
Crítica al discurso de la resiliencia: de la adaptación pasiva a la acción transformadora  
El análisis del concepto de resiliencia en contextos de vulnerabilidad territorial sugiere que su uso  
acrítico puede contribuir a la despolitización del riesgo, al desplazar la atención desde las causas  
estructurales hacia la capacidad adaptativa de las comunidades (Cretney, 2014; Joseph, 2013). Bajo  
este enfoque, la resiliencia se presenta como una cualidad deseable sin cuestionar las condiciones que  
generan la vulnerabilidad. Sin embargo, los resultados de este estudio muestran que las prácticas  
observadas en la Sierra de Sonora no se limitan a la adaptación, sino que constituyen formas de acción  
colectiva orientadas a transformar las condiciones estructurales del territorio. En este sentido, resulta  
pertinente distinguir entre resiliencia adaptativa y resiliencia transformadora (Davoudi, 2012;  
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MacKinnon & Derickson, 2013). Mientras la primera se centra en la capacidad de resistir impactos, la  
segunda implica la modificación de las relaciones de poder que los producen.  
Las estrategias identificadas —como la defensa territorial, la gestión comunitaria del agua y la  
recuperación de saberes locales— evidencian esta dimensión transformadora, al cuestionar  
activamente las lógicas extractivas y fortalecer formas de organización territorial basadas en la  
cooperación y la memoria colectiva. Estas prácticas no solo responden a condiciones de  
vulnerabilidad, sino que generan capacidades relacionales que permiten disputar el control del territorio  
(Berkes & Ross, 2013). Este tránsito conceptual se sintetiza en la Figura 6, donde se representa el paso  
de una resiliencia adaptativa hacia una resiliencia transformadora. En este esquema, las respuestas  
comunitarias dejan de centrarse en la adaptación pasiva para orientarse a la construcción de  
autonomía territorial y la reconfiguración de las relaciones socioecológica.  
Figura 6  
Esquema conceptual de la transición de la resiliencia adaptativa a la resiliencia transformadora en  
contextos de vulnerabilidad territorial  
Nota: donde las respuestas transformadoras, basadas en autonomía comunitaria y saberes locales,  
disputan las desigualdades estructurales que producen la vulnerabilidad  
En este contexto, la resiliencia debe entenderse como un proceso social situado, inseparable de las  
condiciones históricas e institucionales que configuran el territorio. Su potencial transformador radica  
en la capacidad de las comunidades para articular prácticas que no solo mitigan impactos, sino que  
redefinen las bases de la gobernanza territorial.  
Territorialidades insurgentes y re-existencia colectiva  
Los resultados del estudio permiten identificar la emergencia de territorialidades insurgentes como  
formas de organización espacial que surgen desde las comunidades en respuesta a procesos de  
despojo y exclusión. Estas territorialidades no se limitan a la resistencia frente al extractivismo, sino  
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que implican la construcción activa de alternativas basadas en la autonomía, la reciprocidad y el arraigo  
territorial (Zibechi, 2008; Escobar, 2016).  
En la Sierra de Sonora, estas prácticas se expresan en estrategias como la gestión comunitaria de  
recursos, la organización asamblearia, los sistemas de intercambio local y el mantenimiento de  
actividades productivas tradicionales. Más que respuestas aisladas, constituyen formas de re-  
existencia colectiva, en las que las comunidades no solo enfrentan la presión extractiva, sino que  
redefinen sus relaciones con el territorio desde lógicas centradas en la reproducción de la vida (Altieri  
& Toledo, 2011; Merlinsky, 2020).  
Desde esta perspectiva, el territorio deja de entenderse únicamente como soporte físico o recurso  
económico, para ser concebido como una relación socioecológica compleja, que integra dimensiones  
materiales, simbólicas y políticas (Haesbaert, 2011; Raffestin, 2012). Esta reinterpretación cuestiona  
las visiones tecnocráticas del ordenamiento territorial y abre la posibilidad de enfoques más inclusivos  
y situados.  
Un elemento clave en estas dinámicas es el papel de las mujeres como agentes centrales en la defensa  
del territorio, particularmente en la gestión del agua, la transmisión de saberes y la articulación de redes  
de cuidado. Como señalan Radcliffe (2015) y Castañeda Salgado (2020), esta participación no solo  
fortalece las estrategias comunitarias, sino que incorpora una dimensión de género fundamental para  
comprender la justicia territorial.  
En conjunto, las territorialidades insurgentes identificadas en este estudio no solo representan formas  
de resistencia, sino procesos de reconfiguración territorial desde abajo, que disputan las lógicas  
extractivas y plantean alternativas basadas en la autonomía, el cuidado y la sostenibilidad.  
Hacia una planificación rural situada, plural y justa  
Los resultados del estudio ponen de manifiesto la necesidad de transitar hacia un modelo de  
planificación rural transformador, capaz de superar enfoques centralizados y sectoriales que han  
demostrado su insuficiencia para atender la complejidad socioambiental de la Sierra de Sonora. En  
este sentido, la planificación del territorio no puede limitarse a la gestión técnica del espacio, sino que  
debe incorporar principios de justicia territorial, participación efectiva y reconocimiento de las  
comunidades como sujetos políticos (Escobar, 2016; Toledo & Barrera-Bassols, 2009). La evidencia  
empírica sugiere que los modelos tradicionales han operado bajo lógicas homogéneas que no han  
tenido en cuenta las particularidades sociales, culturales y ecológicas del territorio. En contraste, los  
hallazgos sintetizados en la Figura 7 muestran que la vulnerabilidad territorial se configura a partir de  
la interacción entre exclusión estructural, presión extractiva y respuestas comunitarias. Este modelo  
evidencia la necesidad de abordar la planificación desde una perspectiva holística, evitando enfoques  
fragmentados.  
Además, la Figura 8 muestra de manera sistemática cómo estos procesos están interconectados, lo  
que sugiere que la intervención del Estado ha sido selectiva, restringiéndose a la provisión de servicios  
básicos, pero siendo efectiva en la facilitación de las actividades extractivas. Esta dualidad plantea la  
necesidad de reorientar la planificación hacia una redistribución territorial del poder y de los recursos,  
priorizando la garantía de derechos y la reducción de desigualdades.  
Figura 7  
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ISSN en línea: 2789-3855, abril, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2047.  
Esquema conceptual de la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora, entendida como un fenómeno  
estructural vinculado al extractivismo verde, que produce riesgos y conflictividad diferenciados en el  
territorio.  
Fuente: elaboración propia.  
En este sentido, la Tabla 1 corrobora que las disparidades en educación y competencias locales  
representan un impedimento estructural para la participación efectiva de las comunidades en el  
proceso de toma de decisiones. En este sentido, la planificación debe incluir estrategias de  
fortalecimiento comunitario, educación territorial e integración de saberes locales, lo que permite  
reducir la brecha entre la planificación institucional y las realidades territoriales.  
Desde una perspectiva crítica, avanzar hacia una planificación justa implica la incorporación de  
mecanismos vinculantes de consulta previa, libre e informada, así como la promoción de procesos de  
coproducción de conocimiento entre actores comunitarios, académicos e institucionales. Como indica  
Leff (2006), este enfoque posibilita la reconfiguración de la relación sociedad-naturaleza desde una  
perspectiva ambiental alternativa.  
En última instancia, la Sierra de Sonora no solo constituye un territorio en crisis, sino un espacio en el  
que emergen alternativas que ponen en tela de juicio el modelo extractivo dominante (Svampa, 2019).  
En este sentido, una planificación rural situada debe reconocer estas dinámicas como base para  
construir estrategias orientadas a la sostenibilidad, la autonomía territorial y la justicia socioambiental.  
Justicia hídrica y derecho humano al agua  
La problemática hídrica en la Sierra de Sonora debe comprenderse no solo como una cuestión de  
disponibilidad física del recurso, sino también como un problema de justicia territorial y gobernanza,  
íntimamente relacionado con las dinámicas de exclusión institucional y expansión extractiva  
identificadas en este estudio. A pesar de que el derecho humano al agua ha sido reconocido tanto a  
nivel internacional como en el marco jurídico nacional, los resultados obtenidos evidencian una brecha  
significativa entre su reconocimiento formal y su implementación efectiva en las áreas rurales. La  
evidencia empírica acumulada reafirma esta interpretación. Como se evidencia en la Figura 2, la  
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desigualdad en el acceso a servicios básicos persiste, particularmente en el ámbito de la salud, lo que  
refleja una geografía de marginación que también se manifiesta en la gestión del agua. Además, la  
Tabla 1 muestra que estas circunstancias se manifiestan en entornos con un déficit estructural en  
materia de educación y competencias locales, lo que restringe la implicación comunitaria en la gestión  
hídrica y en la adopción de decisiones respecto al uso del recurso.  
En este contexto, la expansión del extractivismo —particularmente asociada al litio— introduce una  
presión adicional sobre fuentes hídricas ya vulnerables. Como se muestra en la Figura 5, la interacción  
entre exclusión estructural, asimetría institucional y extractivismo genera condiciones que amplifican  
la inseguridad hídrica, al priorizar los usos industriales del agua sobre las necesidades comunitarias.  
Esta dinámica no solo perpetúa las desigualdades territoriales, sino que también evidencia la ausencia  
de mecanismos efectivos de regulación y distribución equitativa. Desde una perspectiva crítica, el  
progreso hacia la sostenibilidad exige una reconfiguración de la gobernanza hídrica fundamentada en  
principios de equidad, participación y reconocimiento comunitario (Bakker, 2013; Wilder et al., 2016).  
Este enfoque implica no solo asegurar el acceso físico al recurso, sino también fortalecer las  
capacidades locales, promover el monitoreo participativo de la calidad del agua y establecer  
mecanismos de consulta previa en proyectos que puedan afectar las fuentes hídricas.  
En este sentido, la justicia hídrica debe concebirse como un componente central de la justicia territorial,  
donde la gestión del agua no se limite a criterios técnicos, sino que incorpore dimensiones sociales,  
culturales y políticas. La evidencia empírica sugiere que, en el contexto de la transición energética,  
resulta imperativo adoptar un enfoque que permita mitigar el riesgo de que se repitan patrones  
históricos de exclusión y despojo en territorios como la Sierra de Sonora.  
CONCLUSIONES  
El presente estudio confirma que la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora no puede ser  
interpretada como una condición natural ni como el resultado exclusivo del aislamiento geográfico,  
sino como un proceso estructural históricamente producido, derivado de la interacción entre exclusión  
institucional, precariedad multisectorial y expansión del extractivismo contemporáneo. La integración  
de la evidencia documental, espacial y testimonial permitió construir una interpretación sólida que sitúa  
la vulnerabilidad como una categoría relacional, dependiente de arreglos políticos, económicos e  
institucionales que han configurado una distribución desigual de recursos, riesgos y capacidades de  
respuesta en el territorio.  
Uno de los hallazgos más robustos es que la exclusión institucional constituye el eje estructurante de  
esta vulnerabilidad. La evidencia empírica demuestra que la persistencia de disparidades en el acceso  
a servicios básicos, ilustrada en la Figura 2, así como las desigualdades educativas sintetizadas en la  
Tabla 1, reflejan la existencia de patrones de marginación territorial profundamente arraigados. Estas  
condiciones no pueden explicarse únicamente por factores de dispersión poblacional o accesibilidad  
física, sino que responden a una lógica de intervención estatal diferenciada, en la que la provisión de  
servicios ha sido históricamente insuficiente en los territorios rurales, mientras que la acción  
institucional se activa con mayor eficacia en función de intereses estratégicos vinculados al  
aprovechamiento de recursos naturales.  
En este contexto, la expansión del litio emerge como un elemento clave que no solo se superpone a  
estas condiciones estructurales, sino que las intensifica. La proximidad de concesiones mineras a  
núcleos rurales (Figura 3) y su superposición con territorios agrarios (Figura 4) evidencian que el  
extractivismo no se despliega en espacios vacíos, sino en territorios socialmente construidos, donde  
existen formas de organización comunitaria, sistemas productivos locales y relaciones históricas con  
el entorno. La presente investigación confirma que la configuración espacial del litio actúa como un  
factor de presión territorial, reconfigurando el uso del suelo, restringiendo el acceso a bienes comunes  
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y generando escenarios de conflictividad socioambiental. La articulación de dichos procesos se  
muestra en la Figura 5, la cual evidencia que la vulnerabilidad territorial es producto de la interacción  
entre exclusión estructural, asimetría institucional y extractivismo. Este modelo permite comprender  
que el litio no constituye un fenómeno aislado, sino un componente que se inserta en territorios  
previamente vulnerabilizados, amplificando las dinámicas de acumulación por desposesión (Harvey,  
2003; Gudynas, 2011; Svampa, 2019). En este sentido, la transición energética, lejos de representar una  
transformación estructural del modelo de desarrollo, puede reproducir patrones históricos de  
desigualdad si no incorpora criterios de justicia territorial.  
Además, los resultados obtenidos evidencian que la vulnerabilidad territorial en la Sierra de Sonora  
exhibe una naturaleza multidimensional y acumulativa. Las carencias en salud, educación y acceso al  
agua no operan de manera independiente, sino que interactúan y se refuerzan mutuamente, generando  
condiciones de desventaja estructural que limitan la capacidad de respuesta de las comunidades  
frente a presiones externas. Esta situación adquiere una dimensión crítica en contextos de expansión  
extractiva, donde los recursos locales adquieren un valor estratégico que puede desplazar su uso  
comunitario y profundizar las desigualdades existentes.  
Sin embargo, un aspecto relevante del estudio es la demostración de que la vulnerabilidad no conlleva  
pasividad. En contraste, las comunidades rurales de la Sierra de Sonora han implementado estrategias  
activas de defensa territorial, organización colectiva y gestión de recursos que permiten reinterpretar  
la vulnerabilidad como un campo de disputa. Este proceso se manifiesta en formas de resiliencia  
transformadora, en las que las comunidades no solo se adaptan a condiciones adversas, sino que  
también buscan modificar las relaciones de poder que las generan. Como se representa en la Figura 6,  
este tránsito conceptual implica pasar de una resiliencia centrada en la adaptación hacia una orientada  
a la transformación estructural del territorio. En este contexto, la emergencia de territorialidades  
insurgentes se erige como un componente fundamental para la comprensión de las dinámicas  
contemporáneas del territorio. Estas territorialidades, fundamentadas en la autonomía, la cooperación  
y el cuidado, no solo constituyen modalidades de resistencia frente al extractivismo, sino que también  
implican la construcción de alternativas. La gestión comunitaria del agua, la recuperación de saberes  
locales, la cartografía participativa y las prácticas productivas tradicionales evidencian que las  
comunidades no solo habitan el territorio, sino que lo producen activamente desde lógicas distintas a  
las del capital extractivo.  
Desde una perspectiva aplicada, los hallazgos del estudio subrayan la necesidad de avanzar hacia un  
modelo de planificación rural situada, que supere los enfoques tecnocráticos y centralizados. Como se  
evidencia en la Figura 7, la vulnerabilidad territorial debe abordarse mediante esquemas integradores  
que reconozcan la interacción entre exclusión estructural, presión extractiva y respuestas  
comunitarias. Este modelo plantea la necesidad de reorientar la acción pública hacia la reducción de  
las desigualdades, el fortalecimiento de las capacidades locales y la implementación de mecanismos  
efectivos de participación, como la consulta previa, libre e informada. En particular, los hallazgos  
sugieren que la planificación territorial debe incorporar procesos de coproducción de conocimiento,  
donde los saberes locales y técnicos se integren en el diseño de políticas públicas. En este sentido, se  
considera esencial la implementación de estrategias orientadas a la redistribución territorial del gasto  
público, con el propósito de reducir disparidades históricas en materia de infraestructura, servicios  
básicos y acceso a oportunidades. La ausencia de estos elementos en la formulación de estrategias  
de desarrollo conlleva un riesgo inherente de reproducir las condiciones de desigualdad que sostienen  
la vulnerabilidad.  
En última instancia, la problemática hídrica emerge como un eje transversal que sintetiza las tensiones  
entre el extractivismo y la justicia territorial. La presión sobre los recursos hídricos en contextos de  
exclusión estructural evidencia la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza del agua  
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basados en equidad, sostenibilidad y participación comunitaria (Bakker, 2013; Wilder et al., 2016). La  
garantía efectiva del derecho humano al agua no puede comprenderse únicamente en términos de  
disponibilidad física, sino como un proceso político que requiere reconocer a las comunidades como  
actores centrales en la gestión del recurso.  
En conjunto, este estudio concluye que la transición energética, en ausencia de un enfoque de justicia  
socioambiental, puede reproducir y profundizar las desigualdades territoriales existentes. La Sierra de  
Sonora no debe ser concebida únicamente como un territorio vulnerable, sino como un espacio en  
disputa, donde se confrontan distintos modelos de desarrollo. En este escenario, las comunidades  
rurales no actúan como entes pasivos, sino como sujetos territoriales con capacidad de agencia, cuyo  
reconocimiento resulta imperativo para avanzar hacia formas de desarrollo más equitativas,  
sostenibles y territorialmente justas.  
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