Relación entre el desplazamiento forzado y el desarrollo  
sostenible en México  
The relationship between forced displacement and sustainable  
development in Mexico  
Aurora Cortés Espino  
Universidad Autónoma de Guerrero  
Guerrero México  
Artículo recibido: 07 de enero de 2026. Aceptado para publicación: 14 de mayo de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
El desplazamiento forzado interno (DFI) es un fenómeno que obliga a las personas a abandonar su  
lugar de origen por causas de violencia generalizada, violación a los derechos humanos o desastres  
naturales. El DFI genera una ruptura profunda en las formas de vida de las víctimas y genera impactos  
comprometen el desarrollo sostenible. En México durante el 2024, se estimó un incremento de 120 %  
respecto al 2023 (26,000 a 28, 000) personas desplazadas por eventos masivos de violencia. Se  
analizó el impacto de DFI en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  
agrupando sus efectos en cuatro categorías: bienestar social, desequilibrio social y económico,  
degradación de los recursos naturales e impacto político y social. En términos de bienestar social el  
DFI afecta los ODS 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 5 (igualdad de  
género). En la categoría socioeconómica, incide en los ODS 1 (fin de la pobreza), 8 (trabajo decente)  
y 10 (reducción de las desigualdades). Respecto al medio ambiente impacta a los ODS 6 (agua limpia  
y), 11 (ciudades sostenibles), 13 (acción por el clima) y 15 (vida y ecosistemas terrestres). Finalmente,  
en la categoría político e institucional, afecta los ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y 17  
(alianzas para lograr los ODS). En conclusión, el DFI es un fenómeno multidimensional que profundiza  
la pobreza y marginación, limita el acceso a los derechos básicos y evidencia la incapacidad de las  
instituciones para garantizar soluciones sostenibles a las causas estructurales.  
Palabras clave: desplazamiento forzado interno, desarrollo sostenible, ODS  
Abstract  
Internal forced displacement (IFD) is a phenomenon that compels people to leave their place of origin  
due to widespread violence, human rights violations, or natural disasters. IFD causes a profound  
disruption in the lives of those affected and has impacts that undermine sustainable development. In  
Mexico during 2024, an estimated 120% increase was projected compared to 2023 (from 26,000 to  
28,000) in the number of people displaced by large-scale violent events. The impact of IDP on the  
achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) was analyzed, grouping its effects into  
four categories: social well-being, social and economic imbalance, degradation of natural resources,  
and political and social impact. In terms of social well-being, IDF affects SDGs 2 (no hunger), 3 (good  
health and well-being), 4 (quality education), and 5 (gender equality). In the socioeconomic category,  
it affects SDGs 1 (no poverty), 8 (decent work and economic growth), and 10 (fewer inequalities).  
Regarding the environment, it impacts SDGs 6 (clean water and sanitation), 11 (sustainable cities and  
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ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2737.  
communities), 13 (climate action), and 15 (life on Land). Finally, in the political and institutional  
category, it affects SDGs 16 (peace, justice, and strong institutions) and 17 (partnerships for the goals).  
In conclusion, IDF is a multidimensional phenomenon that exacerbates poverty and marginalization,  
limits access to basic rights, and highlights the inability of institutions to ensure sustainable solutions  
to structural causes.  
Keywords: internal displacement, sustainable development, SDGs  
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Cómo citar: Cortés Espino, A. (2026). Relación entre el desplazamiento forzado y el desarrollo  
sostenible en México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7 (2),  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2738.  
INTRODUCCIÓN  
El desplazamiento forzado es una realidad devastadora que afecta a millones de personas en todo el  
mundo (IDMC, 2023). Se refiere a la situación en la que individuos o comunidades se ven obligados a  
abandonar sus hogares debido a conflictos armados, violencia, persecución u otras formas de  
violación de los derechos humanos o como resultado de catástrofes naturales (World Bank, 2015). El  
desplazamiento forzado tiene profundas implicaciones sociales, económicas y ambientales, y plantea  
desafíos significativos para el desarrollo sustentable.  
“El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes  
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”  
(CMMAD, 1987, p. 23). El desarrollo sustentable busca promover la utilización responsable de los  
recursos naturales, la protección del medio ambiente, la equidad social y la prosperidad económica.  
Así mismo, trata de evitar la sobreexplotación de los recursos, reducir la contaminación y minimizar  
los impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades.  
Con el fin de abordar los desafíos mundiales más urgentes y promover el desarrollo sustentable, la  
Organización de las Naciones Unidas (ONU) creo los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Los  
ODS se adoptaron en septiembre de 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  
y tienen como objetivo lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible para todos. Los ODS constan  
de 17 objetivos y 169 metas específicas que abarcan aspectos económicos, sociales y ambientales.  
Estos objetivos se centran en áreas como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la  
educación de calidad, el acceso a la salud, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio  
climático y el fomento de la paz y la justicia (ONU, 2015).  
En este sentido, el desplazamiento forzado interno (DFI) genera una ruptura significativa en la vida de  
las personas desplazadas, lo cual tiene implicaciones profundas en el cumplimiento de los ODS. Por lo  
tanto, es fundamental realizar un análisis integral del impacto del DFI en el logro de los ODS. En este  
ensayo se aborda la interrelación entre el desplazamiento forzado interno y el desarrollo sustentable,  
y se examina cómo el enfoque en la sostenibilidad puede abordar las consecuencias y los impactos  
del desplazamiento forzado interno en las comunidades afectadas. Al comprender las complejas  
interacciones entre el DFI y los ODS, se pueden identificar soluciones más efectivas y equitativas que  
aborden las necesidades de las personas desplazadas y promuevan el desarrollo sustentable en su  
conjunto.  
DESARROLLO  
El Desplazamiento Forzado Interno en México  
A nivel mundial las cifras de desplazados son alarmantes. En el año 2022 el Alto Comisionado de las  
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó que 71.1 millones de personas fueron  
desplazadas. Esta cifra representa un incremento mayor al 50% respecto al año 2012 (IDMC, 2023;  
UNHCR, 2021). De acuerdo al Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC, por sus siglas en inglés)  
para el año 2022 el 87.9% del total de desplazamientos internos a nivel global son originados por  
conflictos y violencia, mientras que el 12.1% restante fue el resultado de desastres naturales (IDMC,  
2023).  
En América el desplazamiento forzado interno (DFI) representa el 9% del reporte global, lo que  
corresponde a 6.7 millones de personas desplazadas. Los países con más desplazados internos son:  
Colombia, Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala (IDMC, 2023).  
En México la cifra de desplazamiento interno forzado es igual de grave. De acuerdo a IDMC durante el  
periodo del 2008 a 2022 en México se han registrado 288,000 casos de desplazamiento interno. Para  
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finales del año 2022 en México se registraron 9200 casos de DFI y 386, 000 personas desplazadas  
(IDMC, 2022). Esta cifra puede ser aún mayor, ya que, debido a que las condiciones de violencia y el  
temor a represalias los desplazados no denuncian los hechos (Morales Romero & López Sánchez,  
2020). Por otro lado, en México el sistema gubernamental de seguimiento y registro es incipiente, lo  
que dificulta la obtención de datos reales, la comparación y el análisis sociológico (Cajas, 2023).  
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, el desplazamiento forzado interno  
(DFI) se define como:  
Un fenómeno en el cual las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u  
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como  
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia  
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o  
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente  
reconocida. (CNDH, 2016, p. 25)  
El desplazamiento forzado interno en México se ha documentado académicamente y por  
organizaciones no gubernamentales desde la década de 1970. No obstante, fue hasta el año 2019 que  
el gobierno mexicano reconoció oficialmente la existencia del DFI como un problema con necesidad  
de atención integral (Luebbert Monje et al., 2022). Sin embargo, la falta de instrumentos que registren,  
visibilice y den atención integral al problema muestra una atención gubernamental escasa o nula  
(Morales Romero & López Sánchez, 2020). Está situación de indefensión de los desplazados internos  
fomenta las condiciones de marginación, precariedad y discriminación (Morales Romero & López  
Sánchez, 2020).  
En México en el año 2024, se estimó un incremento de 120 % respecto al 2023 (26,000 a 28, 000)  
personas desplazadas por eventos masivos de violencia (IDMC, 2025). Los estados más afectados por  
este fenómeno son: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca,  
Tamaulipas y Zacatecas. No obstante, el 95 % del DFI están relacionados con actos de violencia e  
impunidad, y tienen mayor incidencia en los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas (IDMC, 2022).  
Por otro lado, los aspectos legislativos del DFI no han crecido tan rápido como el problema.  
Actualmente solo los estados de Chiapas (2012), Guerrero (2014) y Sinaloa (2020) han creado leyes  
que atienden el DFI. A nivel federal la Ley de Protección a Víctimas (2013), reconoce a través del art. 5  
reconoce a las personas en situación de desplazamiento interno (Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo,  
2022). Así mismo, en 2014 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas constituyó el Fondo de Ayuda,  
Asistencia y Reparación Integral. La cual tiene como objetivo brindar ayuda, asistencia y reparación del  
daño a las víctimas (ACNUR, 2022). Sin embargo, carecen de reglamentos e instrumentos para la  
atención de un problema multifactorial (Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022). Además, una  
coordinación institucional débil hace más compleja la situación, reduciendo la atención a un  
asistencialismo fragmentado y carente de seguimiento (Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022).  
Causas del desplazamiento forzado interno  
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo que ocurre en diversos contextos  
sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales, abarcando diferentes escalas espaciales y  
temporales. Por lo que, no se puede atribuir a una única causa de origen. De acuerdo a IDMC (2022),  
los principales factores desencadenantes del DFI incluyen conflictos armados, situaciones de violencia  
generalizada, violaciones de derechos humanos, desastres naturales repentinos y lentos. Por otro lado,  
se encuentran el desarrollo de grandes obras de infraestructura, la extracción de recursos naturales  
(como la minería) o proyectos de renovación urbana (Muñoz et al., 2022).  
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Sumando a los factores desencadenantes, existen una serie de condiciones estructurales y factores  
subyacentes que contribuyen al desplazamiento interno. Estos incluyen la persistencia de la pobreza y  
la desigualdad, la fragilidad y debilidad institucional, el rápido proceso de urbanización, el cambio  
climático y la degradación ambiental, entre otros (IDMC, 2022). Lo que hace aún más complejo análisis  
del fenómeno del DFI.  
También existe una débil línea entre las definiciones de conflictos armados y violencia generalizada,  
ya que, en los dos hay una grave violación de los derechos humanos. Mientras conflicto armado hace  
referencia a la confrontación de dos o más grupos organizados de orden militar, grupos insurgentes o  
rebeldes y puede tener una escala internacional, la violencia generalizada hace referencia a una  
situación en la que existe una alta incidencia de actos violentos (homicidios, secuestro, extorsión, etc.)  
que afectan a un amplio número de personas dentro de un área geográfica determinada y que por lo  
general están asociados al crimen organizado (ACNUR, 2022). Sin embargo, de acuerdo a la ACNUR  
(2013), en la definición de violencia generalizada también se incluye la violencia ejercida por el Estado.  
En México se tiene registro de que 9200 casos DFI durante el año 2022 fueron consecuencia de  
conflictos y violencia, mientras que 159 casos son a consecuencia de desastres naturales (IDMC,  
2022). Debido a esta gran diferencia el presente ensayo se centra en el desplazamiento forzado interno  
a consecuencia de la violencia generalizada.  
La violencia generalizada en México está asociada a los carteles del crimen organizado, a las disputas  
de plazas, trasiego de droga, cobro de cuotas de piso, extorsión, secuestro, desaparición forzada y  
asesinato, entre otras formas atroces de sembrar el miedo en la población (Cajas, 2023; Díaz Vanegas  
& Monsiváis Carrillo, 2022). La instrumentación del miedo y el terror son utilizados como herramientas  
de control social para imponer intereses económicos, políticos o ideológicos (Cajas, 2023).  
En algunos casos las comunidades quedan atrapadas en medio de las disputas por el territorio, por lo  
que sembrar terror es la estrategia más eficaz para detonar un desplazamiento. Al sentirse  
amenazados o ser atacados directamente por los grupos criminales, los habitantes del lugar dan inicio  
al desplazamiento como una estrategia forzada de protección y sobrevivencia (Salazar Cruz & Castro  
Ibarra, 2014).  
De acuerdo a Zavala (2021), durante el periodo de 2006 al 2018 el DFI se convirtió en un mecanismo  
biopolítico para facilitar la apropiación ilegal de recursos naturales en tierras comunales de numerosas  
regiones de México. Durante este periodo la estrategia de militarización sirvió de mecanismo para  
legitimar el despojo de recursos naturales como el petróleo, el gas natural y la minería. Por otro lado,  
Cajas (2023), menciona que los diferentes grupos de poder local asociados al narcotráfico y crimen  
organizado se unen para presionar a los agricultores forzando el desplazamiento con el objetivo de  
apoderarse de parcelas y cosechas. Tal es el caso de los estados de Michoacán y Guerrero, donde las  
condiciones geográficas permiten la producción de diversos cultivos especialmente el aguacate,  
además de las grandes extensiones del territorio con aprovechamiento forestal (CMDPDH, 2021).  
El despojo de tierras con fines extractivistas como la minería y la apropiación de tierras para la siembra  
de enervantes han tejido un entramado económico, político y social que favorece al DFI (CMDPDH,  
2021). Según reportes del Tribunal Agrario citado por Cajas. (2023, p. 88), “el 30% de las tierras  
cultivables en México se encuentran en manos del narco”. De este modo, los grupos criminales  
aumentan su poder y riqueza.  
Caracterización de las víctimas del desplazamiento forzado interno  
El DFI puede manifestarse de dos formas distintas. La primera es conocida como "goteo", donde las  
personas se desplazan individualmente, lo que dificulta su registro y seguimiento de manera precisa.  
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La segunda forma es denominada "masiva", en la cual todas las personas de una comunidad deciden  
abandonar colectivamente su lugar de origen (Ávila Lara, 2014). Es importante destacar que ambas  
situaciones pueden presentarse dentro de una misma población. En ambos casos los desplazados se  
ven obligados a abandonar de manera intempestiva sus hogares, sus tierras, su vida. Llevando consigo  
el miedo, incertidumbre y carencias.  
Todas las personas somos susceptibles de convertirnos en víctimas de la violencia generalizada, lo  
que hace imposible definir un perfil único de las víctimas del DFI. No obstante, y tras la revisión de la  
literatura es posible identificar una transformación en las personas antes y después del  
desplazamiento. Antes del desplazamiento, las personas pueden tener características y estilos de vida  
completamente diferentes entre sí. Sin embargo, después del desplazamiento, todos comparten  
condiciones de precariedad, marginación y trastornos postraumáticos (Morales Romero & López  
Sánchez, 2020). Esta situación refleja el impacto devastador que el DFI tiene en la vida de las personas,  
independientemente de su situación previa al desplazamiento. La incertidumbre sobre el futuro  
inmediato en términos de conservar su integridad física y económica agudiza la percepción de  
inseguridad (Salazar & Álvarez Lobato, 2018).  
En este sentido y de acuerdo a Morales Romero & López Sánchez (2020, p. 434), las víctimas del DFI  
pueden ser “mujeres, niños, indígenas, personas que se mantienen con economía de subsistencia,  
activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, propietarios de pequeños y  
medianos negocios, empresarios, políticos y funcionarios”. Por otro lado, se encuentran las  
comunidades rurales campesinas o indígenas víctimas del DFI a consecuencia de la apropiación de  
recursos naturales y proyectos de desarrollo hidráulico (desplazados por inducidos por el desarrollo)  
(Cañedo-Cázarez & Mendoza-Guerrero, 2017; Mancera González & Egea Jiménez, 2022). Para Salazar  
Cruz & Castro Ibarra (2014), las víctimas del DFI son la población civil, no vinculada a grupos armados  
y no combatientes que tras ser coaccionados de diversas formas, son obligados a movilizarse de  
manera intempestiva como una estrategia de sobrevivencia.  
Las consecuencias del desplazamiento forzado interno  
Las afectaciones provocadas por el desplazamiento forzado se pueden analizar desde diferentes  
perspectivas, ya que, la vulneración de los derechos humanos ocasiona en los afectados pérdidas  
tangibles e intangibles que afectan de manera negativa la calidad de vida de los desplazados, los  
lugares donde encuentran refugio y el medio ambiente. A continuación se discuten las principales  
consecuencias del DFI.  
Impacto en el bienestar humano  
El desplazamiento forzado conlleva una serie de consecuencias negativas para el bienestar de las  
personas afectadas. Los desplazados a menudo enfrentan condiciones precarias en términos de  
vivienda, acceso a servicios básicos como salud y educación, y falta de empleo o medios de  
subsistencia. Esto puede resultar en un deterioro significativo de su calidad de vida y bienestar  
(Morales Romero & López Sánchez, 2020). Por otro lado, los impactos socioemocionales afectan la  
reintegración de los desplazados a la nueva realidad. Prevalece un estado de añoranza por el  
patrimonio y estilo de vida que se vieron obligados a abandonar, lo que a menudo se convierte en  
estados de depresión profundos sobre todo en adultos mayores (Morales Romero & López Sánchez,  
2020). El DFI representa una fragmentación de la identidad, de los lazos familiares y comunitarios, así  
como la pérdida del patrimonio y del conocimiento ancestral (Cajas, 2023).  
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Desequilibrio social y económico  
El desplazamiento forzado puede interrumpir los sistemas sociales y económicos de las comunidades  
afectadas. Las personas desplazadas a menudo pierden su patrimonio y medios de subsistencia, por  
lo que, se ven obligadas a depender de la asistencia humanitaria. Esto puede generar un desequilibrio  
económico y social en las áreas receptoras, aumentando la pobreza y la desigualdad (CMDPDH, 2021).  
También se genera un cambio en la asignación de roles dentro de la estructura familiar y comunitaria.  
En la mayoría de los casos los hombres tienen dificultades para adaptarse al mercado laboral y las  
mujeres se ven obligadas a convertirse las proveedoras del hogar. Además, los niños se ven obligados  
a interrumpir su educación para apoyar a sus padres en el cuidado de los hermanos menores o para  
integrarse al campo laboral (Morales Romero & López Sánchez, 2020).  
Por otro lado, se ha observado el surgimiento de liderazgos femeninos durante y después de los  
episodios del DFI. Este fenómeno puede atribuirse a diferentes circunstancias, entre ellas la partida  
previa de los hombres, quienes emigraron hacia otros países en busca de oportunidades para sustentar  
la economía familiar. En la peor de las situaciones los hombres fueron asesinados, desaparecidos o  
reclutados por el crimen organizado (CMDPDH, 2021; Salazar Cruz & Castro Ibarra, 2014). Esta  
ausencia masculina ha creado un espacio que ha sido ocupado por mujeres que han asumido roles de  
liderazgo y responsabilidades en la toma de decisiones, tanto en la esfera familiar como en la  
comunidad afectada por el desplazamiento (Cañedo-Cázarez & Mendoza-Guerrero, 2017; Marinis,  
2017).  
Degradación los recursos naturales  
El DFI también tiene consecuencias significativas en el medio ambiente, tanto en las comunidades de  
origen como en las comunidades receptoras que brindan refugio a los desplazados. Al romper con la  
estructura comunitaria encargada de la protección de los bosques, el agua y la tierra, los grupos que  
se apropian de estos territorios tienden a explotar los recursos sin tener en cuenta las normas  
ambientales, lo que resulta en graves daños a los ecosistemas (CMDPDH, 2021). Esta explotación  
descontrolada afecta la biodiversidad, contribuye a la deforestación, contamina el agua y degrada la  
calidad del suelo, generando un impacto negativo a largo plazo en la sostenibilidad ambiental de las  
áreas afectadas.  
El desplazamiento forzado interno conlleva la ocupación de espacios naturales irregulares por parte  
de las víctimas. La escasez económica y la inseguridad alimentaria llevan a un uso indiscriminado de  
los recursos naturales. Cuando se refugian en otras comunidades, aumenta la demanda de recursos  
básicos y se generan mayores cantidades de residuos sólidos urbanos. Esto plantea desafíos para el  
manejo de recursos y la gestión adecuada de residuos, afectando el equilibrio ecológico y la calidad  
ambiental de las áreas afectadas (IDMC, 2023).  
Impacto político del desplazamiento forzado interno  
Dentro del contexto político el DFI en México tiene importantes implicaciones que van desde el desafío  
para el Estado de Derecho y la gobernanza, hasta la necesidad de abordar la corrupción y las  
violaciones de derechos humanos. La falta de un registro y tratamiento adecuado del DFI ha limitado  
la creación de instrumentos legales y presupuestales. Esto también implica la complicidad del Estado  
y la corrupción que hay dentro de las estructuras gubernamentales, lo que propicia una falta de  
gobernanza (Cajas, 2023; Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022). El abordaje político adecuado del  
DFI es fundamental para garantizar la protección y el bienestar de las personas desplazadas, así como  
el fortalecimiento de las instituciones y la confianza en el sistema político.  
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Desplazamiento forzado interno como retroceso del desarrollo sostenible  
El desarrollo sostenible se basa en el principio de proteger los recursos naturales que son escasos para  
el bien de las generaciones presentes y futuras (ONU, 2015). Busca lograr el equilibrio entre el bienestar  
social, económico y ambiental. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) representan un llamado  
global para erradicar las condiciones de pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones  
de vida y oportunidades para todas las personas a nivel global (ONU, 2015). Por otro lado, la Agenda  
2030 reconoció la importancia de empoderar a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas  
internas, reconociendo que su participación activa contribuye al crecimiento inclusivo y al desarrollo  
sostenible (CEPAL-Naciones Unidas, 2015). Por lo que, la migración y movilidad humana se han  
incluido en las metas de los ODS 8, 10, 16 y 17 (Semenenko & Khandii, 2018).  
Sin embargo, cuando la migración es forzada está puede impactar de diversas formas el cumplimiento  
de todos los ODS y sus metas. Por lo que, para efectos de este ensayo solo se analizaron los ODS que  
pueden tener un mayor impacto en relación al desplazamiento forzado interno en México. Para mejorar  
el análisis y la comprensión de los efectos del DFI sobre los ODS se integraron en 4 grandes categorías  
(Figura 1):  
Figura 1  
Implicaciones del desplazamiento forzado interno en los ODS  
Fuente: elaboración propia con base en la literatura citada.  
Bienestar social: ODS 2, 3, 4 y 5. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de  
género  
Estos objetivos tienen que garantizar el bienestar, el derecho a la educación e igualdad de género. El  
DFI interrumpe de manera intempestiva el esquema social y productivo de la población afectada (Cajas,  
2023). Por lo que afecta directamente las metas 2.1, 2.3 y 2.4. El DFI puede interrumpir la producción  
agrícola y pecuaria, además de interrumpir el acceso a alimentos, lo que afecta la seguridad alimentaria  
tanto de las personas desplazadas como de las comunidades receptoras. La falta de acceso a tierras,  
agua y recursos agrícolas puede provocar inseguridad alimentaria a largo plazo (James et al., 2023).  
Por otro lado, Las personas desplazadas a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios de  
salud adecuados (ODS 3), lo que puede conducir a un deterioro de su salud física y mental. La falta de  
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atención médica, saneamiento adecuado y condiciones higiénicas aumenta el riesgo de enfermedades  
y epidemias (Morales Romero & López Sánchez, 2020). Esto afecta directamente las metas 3.1 y 3.2  
enfocadas a reducir las muertes maternas y de niños menores de 5 años. También afecta el  
cumplimiento de la meta 3.7 para garantizar de manera universal el acceso a la salud sexual y  
reproductiva.  
Del mismo modo, se interrumpe el acceso a la educación de niños y jóvenes (ODS 4), afectando  
directamente el cumplimiento de la meta 4.1 que refiere asegurar la educación de calidad y gratuita  
para niños y jóvenes. Por otro lado, DFI pone en condiciones de mayor vulnerabilidad a los niños y  
mujeres, lo que genera condiciones de mayor desigualdad para el acceso a la salud y la educación  
(ACNUR, 2022). Por lo que, el ODS 5 referente a la igualdad de género se convierte en un eje transversal  
al momento de estudiar el impacto del DFI en los ODS. Durante los episodios de DFI, Las mujeres y las  
niñas son especialmente vulnerables, ya que, enfrentan mayores riesgos de violencia de género,  
explotación y discriminación (ACNUR, 2022; Mercado Mondragón, 2018). El desplazamiento también  
puede limitar su acceso a servicios de salud, educación y oportunidades económicas, perpetuando la  
desigualdad de género por lo que se afectan todas las metas correspondientes a este objetivo.  
Desarrollo social y económico: ODS 1, 8 y 10. Erradicar la pobreza, trabajo decente y crecimiento  
económico, y reducir las desigualdades  
Estos objetivos se enfocan directamente en reducir todos los tipos de pobreza y desigualdades  
sociales, económicas, políticas (ONU, 2015). Sin embargo, cuando surgen eventos de DFI, las víctimas  
también se ven forzadas a vivir episodios de pobreza extrema, ya que, pierden su patrimonio y medios  
de subsistencia. Por lo que, suelen reubicarse en las montañas o en la periferia de las ciudades  
(Cañedo-Cázarez & Mendoza-Guerrero, 2017). A la par se abren las brechas de precariedad económica,  
social y política al no poder acceder a trabajos dignos, ni servicios básicos de saneamiento, salud y  
educación (Ávila Lara, 2014; Cajas, 2023; Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022).  
Por lo que se afectan directamente al ODS1 en las metas 1.1 y 1.3 que pretenden reducir la pobreza y  
garantizar que todas las personas especialmente las más vulnerables puedan ejercer su derecho a los  
recursos económicos, los servicios básicos, la propiedad, el control de tierras y los recursos naturales  
entre otros (ONU, 2015). Por otro lado, también afecta el ODS 8 referente a garantizar el derecho a un  
trabajo decente y al crecimiento económico. Ya que, el DFI genera la pérdida de empleo y medios de  
subsistencia de las personas desplazadas (CMDPDH, 2021). Esto afecta directamente el acceso a un  
trabajo decente y puede generar una mayor vulnerabilidad económica. Esta situación afecta todas las  
metas del ODS 8.  
Del mismo modo se afectan las metas 10.1 que hace referencia a incrementar los ingresos en un 40%.  
La meta 10.2 y 10.3 hacen referencia a potenciar la inclusión social, económica y política de todas las  
personas, así como garantizar la igualdad de oportunidades. Por otro lado, la meta 10.7 hace referencia  
a garantizar la movilidad y migraciones de manera segura y ordenada. De acuerdo a Mercado  
Mondragón (2018), el DFI puede aumentar en un 90% las condiciones de marginación, exclusión y  
pobreza en mujeres, niños y adultos.  
Degradación de los recursos naturales: ODS 6, 11, 13 Y 15. Agua limpia y saneamiento, ciudades y  
comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres.  
Los ODS 6, 11, 13 y 15 comparten una visión de sostenibilidad ambiental, la interdependencia de los  
sistemas naturales y humanos, y la necesidad de colaboración y participación para lograr resultados  
positivos. Estos ODS se complementan entre sí y son fundamentales para abordar los desafíos  
ambientales y promover un desarrollo sostenible a nivel global. Sin embargo, el DFI también tiene  
implicaciones negativas sobre estos ODS y sus metas.  
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ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 2 p 2745.  
El DFI puede aumentar la demanda de servicios básicos de agua y saneamiento (ODS 6) en las áreas  
de recepción de desplazados, lo que ejerce presión sobre los recursos y las infraestructuras existentes.  
Además, el desplazamiento puede resultar en la interrupción del acceso a agua potable y saneamiento  
adecuado para las personas desplazadas y las comunidades de origen (Cañedo-Cázarez & Mendoza-  
Guerrero, 2017; Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022). Por otro lado, hay una afectación a las metas  
6.1 y 6.2 que propone garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable, así como el  
saneamiento e higiene adecuados y equitativos. Además, cuándo existe un desplazamiento de  
comunidades rurales se afecta directamente la meta 6.b que propone apoyar y fortalecer la  
participación de las comunidades locales en la gestión de los recursos hídricos (ONU, 2015).  
El DFI afecta al ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles, al ocasionar un aumento en la  
concentración de personas en áreas urbanas, lo que ejerce presión sobre los servicios básicos, la  
infraestructura y los recursos de las ciudades de acogida. Además, los asentamientos informales y  
temporales que se generan como resultado del desplazamiento pueden contribuir a la falta de  
planificación urbana y a la precariedad de las condiciones de vida (Salazar Cruz & Castro Ibarra, 2014;  
Semenenko & Khandii, 2018). Esto afecta directamente la meta 11.1 que propone el acceso a todas las  
personas a viviendas dignas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios  
marginales (ONU, 2015).  
Los ODS 13 y 15 resaltan la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas, subrayando  
la importancia de la colaboración activa de todos los actores, como gobiernos, sociedad civil, sector  
privado y comunidades locales. Sin embargo, el DFI crea una fractura entre las comunidades y su  
entorno, lo que resulta en una pérdida de control sobre los recursos naturales que poseen, quedando  
expuestos a la explotación por parte de grupos asociados al crimen organizado (Salazar Cruz & Castro  
Ibarra, 2014). Además, el DFI rompe la colaboración entre los diferentes actores sociales que trabajan  
para promover el cuidado del medio ambiente (Cajas, 2023; Salazar Cruz & Castro Ibarra, 2014). Esto  
no solo pone en riesgo la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también socava  
los esfuerzos conjuntos para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. El  
DFI afecta el cumplimiento de los ODS 13 y 15 en todas sus metas.  
Impacto político e institucional: ODS 16 Y 17. Paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para  
lograr los ODS  
El objetivo de garantizar la paz y la justicia (ODS 16) está lejos de cumplirse, especialmente en México,  
donde la violencia, la corrupción y una institucionalidad débil han permitido la expansión de grupos  
criminales que afectan a todo el país (Cajas, 2023; Díaz Vanegas & Monsiváis Carrillo, 2022; Muñoz  
et al., 2022). Como resultado, miles de personas se ven forzadas a desplazarse internamente cada año  
(IDMC, 2022). Además de las múltiples violaciones de los derechos humanos ocasionadas por los  
grupos criminales a las víctimas del DFI, estos también se enfrentan a la lentitud en el desarrollo de  
legislaciones y reconocimiento oficial de la magnitud del problema (Cajas, 2023; Salazar & Álvarez  
Lobato, 2018). Esta situación prolonga el estado de vulnerabilidad de los desplazados internos y  
promueve la impunidad hacia los generadores de violencia (Mancera González & Egea Jiménez, 2022).  
Es fundamental fortalecer las instituciones gubernamentales para promover la cooperación nacional e  
internacional (ODS 17) en la atención integral de las víctimas del DFI. Más allá de brindar un apoyo  
asistencialista, es necesario abordar las causas subyacentes del desplazamiento y erradicar los  
agentes generadores de violencia. Esto implica tomar medidas enérgicas para garantizar la paz y la  
seguridad, permitiendo que los desplazados internos puedan reconstruir sus vidas y recuperar sus  
bienes y propiedades perdidos. El fortalecimiento de las instituciones y la colaboración efectiva son  
fundamentales para abordar el DFI de manera integral y asegurar una solución sostenible para las  
personas afectadas.  
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CONCLUSIÓN  
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno social multidimensional que socava los pilares  
fundamentales del desarrollo sustentable. La incapacidad de los gobiernos para garantizar la paz y  
justicia (ODS 16), es la causa principal que ocasiona el desplazamiento forzado interno. A la vez, esto  
genera una reacción en cadena sobre el cumplimiento de los demás objetivos del desarrollo  
sustentable y sus metas.  
El desplazamiento forzado interno impacta negativamente en la vida de las personas afectadas,  
quienes pierden sus hogares, sus medios de vida y su acceso a servicios básicos como la educación y  
la salud. Además, el DFI genera fracturas en las estructuras sociales y comunitarias, debilita la  
cohesión social y perpetúa la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Las graves violaciones de  
los derechos humanos perpetradas contra las víctimas del DFI, sumadas a la falta de respuesta  
adecuada por parte de las instituciones, conducen a una revictimización y prolongan la situación de  
vulnerabilidad social.  
El desplazamiento forzado interno tiene graves repercusiones ambientales tanto en las comunidades  
de origen como en las de acogida. Esto se debe a la explotación indiscriminada de los recursos  
naturales que caen en manos de la delincuencia organizada en las comunidades de origen. Por otro  
lado, en las comunidades de acogida puede producirse una sobreexplotación de los recursos naturales  
para satisfacer las necesidades básicas de los nuevos integrantes. El DFI también interrumpe la  
colaboración entre los organismos de protección al medio ambiente y los habitantes de las  
comunidades desplazadas, a consecuencia se pierde el seguimiento a programas enfocados a la  
restauración y protección de los recursos naturales. Estas prácticas generan un impacto negativo en  
los ecosistemas locales y amenazan la sostenibilidad ambiental a largo plazo.  
El DFI requiere de un enfoque multidimensional e interdisciplinario para lograr un estudio adecuado del  
problema y encontrar soluciones que permitan reducir las causas de origen y mejorar el sistema de  
atención y seguimiento a las víctimas. El DFI representa un desafío significativo para el logro del  
desarrollo sostenible. La protección de los derechos humanos, la promoción de la paz y la seguridad,  
la atención integral a las personas desplazadas y la gestión sostenible de los recursos naturales son  
elementos esenciales para abordar esta problemática y avanzar hacia un futuro más justo, equitativo  
y sostenible para todos.  
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