INTRODUCCIÓN
Contexto y Justificación
El derecho a una defensa adecuada en México constituye una garantía fundamental del debido
proceso, además de ser parte de los pilares que garantizan la protección de los derechos humanos en
nuestro país. El reconocimiento del mismo se encuentra en los artículos 14, 16 y 20 de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los cuales se establece que toda persona
imputada en un proceso penal deberá tener la asistencia de un abogado defensor capacitado (defensa
técnica) desde el inicio de la investigación, asegurando igualdad de condiciones ante el tribunal y la
capacidad de contradecir las pruebas en su contra (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2023;
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014).). En este sentido se debe garantizar esta condición
indispensable para cumplir con lo establecido en dichos marcos normativos y no solo hacer que
represente una formalidad. La importancia de este tema es que, si bien hay un amplio reconocimiento
constitucional, convencional y jurisprudencial, persisten cuestionamientos sobre la materialización del
mismo dentro del sistema de justicia penal, diversos estudios han documentado problemáticas debido
a los desafíos institucionales en la defensoría pública, los cuales son la falta de recursos, así como
sobrecarga laboral y limitaciones organizativas, que hacen que se retrasen los procesos (Instituto
Federal de Defensoría Pública, 2022; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2020; Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2022; Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018).
Diversos estudios sobre garantías procesales han sostenido que el reconocimiento en la normatividad
de nuestro país no asegura su materialización efectiva. En este sentido, Luigi Ferrajoli (2006) ha
señalado que la efectividad de las garantías depende de mecanismos institucionales reales, así como
de las condiciones reales de las mismas; por su parte Héctor Fix-Zamudio (2008) ha vinculado la
defensa adecuada con la tutela judicial efectiva, destacando que se debe de satisfacer lo que establece
el debido proceso, mientras que en la doctrina constitucional se destacan los diversos retos para la
correcta aplicación de los derechos fundamentales (Miguel Carbonell, 2012; Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, 2011; Jorge Carpizo, 2011).
Por su parte en el derecho procesal penal se hace una enfatización teniendo la necesidad de garantizar
que la defensa técnica se considere como elemento esencial en el debido proceso (Néstor Pedro
Sagüés, 2007; Sergio García Ramírez, 2005; Binder, Alberto, 2013).
En el ámbito internacional este derecho se encuentra tutelado por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos, 1969), además de ser desarrollado por
la Inter- American Court of Human Rights (2005), así como por organizaciones internacionales en
materia de asistencia jurídica gratuita (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010; United Nations
Office on Drugs and Crime, 2013).
A partir de esto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el reconocimiento normativo del
derecho a la defensa adecuada en México y los diversos obstáculos institucionales documentados
para su materialización mediante una metodología cualitativa basado en un enfoque de carácter
jurídico-documental, tomando como estudio normas, jurisprudencias y doctrinas especializadas en
este derecho. Como hipótesis se sostiene que, si existe un buen marco normativo para su protección,
sin embargo, por las deficiencias institucionales se dificulta su materialización. Para esto se examinan
principalmente en los artículos 20, 14 y 16 constitucional, así como en diversos criterios emitidos por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente como sucedió en el Amparo Directo en
Revisión 3233/2023, en el que la Primera Sala reiteró que la defensa adecuada constituye un
componente esencial del debido proceso y exige no sólo la presencia formal de un defensor, sino una
defensa técnica ejercida por un profesionista en derecho. Teniendo como propósito identificar el
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 3 p 3.
