Cohesión social, institucionalidad policial y prevención del  
delito en Yucatán como referencia para América Latina  
Social cohesion, police institutionality and crime prevention in Yucatán as a  
reference for Latin America  
Héctor Cabrera Rivero  
CONSEJUS  
Mérida México  
Artículo recibido: 15 de enero de 2026. Aceptado para publicación: 21 de mayo de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
El presente estudio analiza los factores que explican por qué el estado de Yucatán en México se ha  
mantenido como una excepción en materia de seguridad pública dentro del contexto nacional. La  
entidad se caracteriza sus por bajos niveles de incidencia delictiva y altos índices de percepción de  
seguridad y confianza ciudadana, partiendo de la hipótesis que este fenómeno obedece a una  
arquitectura institucional que se ha sostenido a lo largo del tiempo y que no responde a factores como  
el aislamiento geográfico o por situaciones coyunturales. La metodología consistió en un enfoque  
cualitativo, descriptivo-analítico del estudio del caso del modelo de seguridad de Yucatán, examinado  
durante las últimas administraciones estatales. Se emplearon distintos análisis documentales de  
instrumentos normativos, así como la triangulación de la información obtenida del Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  
Pública (SESNSP). Los resultados obtenidos indican que la seguridad de Yucatán es producto de la  
combinación de tres factores: capital y tejido social, profesionalización y dignificación de la función  
policial y una estrategia de prevención del delito apoyada en tecnología de vanguardia. Se concluye  
que el caso de estudio puede constituir una referencia de utilidad para diversos estudios comparados  
en América Latina, donde regularmente predominan enfoques reactivos sobre el fortalecimiento  
institucional.  
Palabras clave: seguridad pública, política pública, prevención del delito, confianza ciudadana,  
cohesión social  
Abstract  
This study analyzes the factors that explain why the state of Yucatán in Mexico has remained an  
exception in terms of public security within the national context. The entity is characterized by its low  
levels of criminal incidence and high indices of security perception and citizen trust, based on the  
hypothesis that this phenomenon stems from an institutional architecture that has been sustained  
over time and does not respond to factors such as geographical isolation or circumstantial situations.  
The methodology consisted of a qualitative, descriptive-analytical approach to the case study of  
Yucatán's security model, examined across the most recent state administrations. Different  
documentary analyses of normative instruments were employed, as well as the triangulation of  
information obtained from the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) and the Executive  
Secretariat of the National Public Security System (SESNSP). The results obtained indicate that  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 3 p 153.  
security in Yucatán is the product of a combination of three factors: social capital and social fabric,  
professionalization and dignification of the police function, and a crime prevention strategy supported  
by cutting-edge technology. It is concluded that the case study may constitute a useful reference for  
various comparative studies in Latin America, where reactive approaches tend to prevail over  
institutional strengthening.  
Keywords: public security, public policy, crime prevention, citizen trust, social cohesion  
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Cómo citar: Cabrera Rivero, H. (2026). Cohesión social, institucionalidad policial y prevención del  
delito en Yucatán como referencia para América Latina. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias  
Sociales y Humanidades 7 (3), 153 163. https://doi.org/10.56712/latam.v7i3.5919  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, mayo, 2026, Volumen VII, Número 3 p 154.  
INTRODUCCIÓN  
La seguridad pública es una de las funciones más importantes del Estado y no solo por lo relacionado  
al combate a la delincuencia, sino también por el impacto negativo que esta genera en la confianza  
hacia las instituciones, la cohesión social y la estabilidad de la vida diaria. En América Latina, el  
deterioro en las condiciones de seguridad ha sido una de las características más marcadas durante  
las últimas décadas, lo que se ha expresado en distintas formas de violencia, en el debilitamiento  
institucional y en los altos niveles de percepción de inseguridad entre la población.  
En México, esa circunstancia, ha sido constante durante los últimos años lo cual se ha visto reflejado  
en el incremento de la violencia, la incidencia delictiva y en los niveles de percepción de inseguridad,  
de acuerdo con los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  
Pública (SESNSP, 2024) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad  
Pública (ENVIPE).  
En contraparte, el estado de Yucatán ha permanecido como una excepción de paz y seguridad en ese  
entorno nacional y en cierta medida también dentro de la discusión al respecto en gran parte de  
Latinoamérica. Varios indicadores ubican a Yucatán entre los estados mexicanos con menor índice  
delictivo y al mismo tiempo con mayor confianza ciudadana en las autoridades de seguridad y altos  
niveles de percepción de seguridad en la población adulta. (INEGI, 2024, INEGI 2022b), lo que hace  
pertinente preguntarse si la seguridad de Yucatán responde a condiciones y políticas públicas  
construidas a lo largo del tiempo o es resultado de factores exógenos, como el aislamiento geográfico,  
la densidad poblacional o a dinámicas demográficas particulares.  
Si bien existe suficiente literatura sobre violencia, percepción de inseguridad, capital social y confianza  
institucional en México, los estudios que analizan la seguridad yucateca desde una lógica institucional  
y continuidad de política pública, son limitados. Este vacío de información resulta relevante, ya que  
permite explorar si la estabilidad en cuanto a su seguridad responde a un diseño establecido en una  
política pública capaz de trascender ciclos políticos y administrativos o a una condición excepcional  
que se explique por factores contextuales.  
Este artículo tiene como objetivo hacer el análisis de los elementos que configuran el modelo de la  
seguridad en Yucatán durante las últimas administraciones estatales, siguiendo la hipótesis de que la  
seguridad en esta entidad no surge primordialmente de la fuerza coercitiva o de liderazgos  
coyunturales, sino que su desempeño se puede explicar a partir de la articulación entre la cohesión  
social, la dignificación y profesionalización policial, prevención del delito y confianza ciudadana.  
Con este estudio, se busca aportar a la literatura sobre seguridad pública en América Latina mediante  
una lectura territorial del caso yucateco, que nos haga comprender como ciertos ajustes  
institucionales, sociales y operativos pueden incidir en la estabilidad en entornos regionales  
claramente marcados por la violencia, la fragmentación social y la fragilidad institucional.  
METODOLOGÍA  
Esta investigación se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo con alcance descriptivo analítico con  
base a un diseño no experimental orientado al análisis del modelo de seguridad pública de Yucatán,  
durante las últimas administraciones estatales.  
El diseño de la investigación es de tipo documental y estadístico. Para ello se realizó una revisión de  
los planes de desarrollo, legislación aplicable y documentos institucionales relevantes durante el  
período de estudio. Se analizaron los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y  
Geografía, en Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, así como los registros de SESNSP sobre  
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incidencia delictiva. La triangulación de estas fuentes de información permitió hacer un contraste sobre  
criminalidad, percepción de inseguridad y confianza institucional.  
El análisis de la información obtenida se llevó a cabo mediante contenido temático. Este proceso  
consistió en identificar patrones recurrentes en los instrumentos de política pública y su  
correspondencia con los indicadores empíricos, construyendo categorías asociadas a cohesión social,  
profesionalización y dignificación policial y prevención del delito.  
El proceso de interpretación fue desarrollado mediante una lógica de triangulación analítica, lo que  
permitió contrastar los hallazgos documentales, la evidencia estadística y las categorías previamente  
definidas, fortaleciendo la validez interpretativa del estudio al evitar una lectura exclusivamente  
normativa o exclusivamente cuantitativa del caso.  
A partir de este análisis se evidenciaron limitaciones en el estudio principalmente por los datos de las  
fuentes estadísticas secundarias que pueden estar sujetas a subregistro delictivo (cifra negra). El  
enfoque del estudio del caso limita la generalización de manera directa de los resultados, pero permite  
generar inferencias analíticas relevantes para contextos comparables en América Latina.  
Tabla 1  
Variables analíticas empleadas en el estudio  
Categoría analítica  
Cohesión social  
Incidencia delictiva  
Percepción de seguridad  
Confianza institucional  
Capacidad policial  
Fuente principal  
INEGI / literatura teórica  
SESNSP  
ENVIPE / ENSU  
ENCIG / ENVIPE  
CNSPE  
Utilidad en el análisis  
Interpretar base comunitaria  
Medir comportamiento delictivo  
Analizar seguridad subjetiva  
Evaluar legitimidad estatal  
Revisar estructura institucional  
Fuente: elaboración propia.  
DESARROLLO  
El análisis de la seguridad pública requiere integrar distintas visiones provenientes de la sociología del  
capital y tejido social, la criminología contemporánea y de la economía institucional.  
Respecto al concepto del capital social, desarrollado por autores como Coleman (1988) y Putnam  
(2000), permite comprender el papel del tejido social, la confianza ciudadana y las normas de  
convivencia de regulación del comportamiento colectivo. La evidencia empírica sugiere que  
sociedades que tienen altos niveles de capital social presentan menores niveles de criminalidad al  
activar dinámicas de cooperación comunitaria que inhiben la conducta delictiva.  
Vilalta Perdomo (2010) plantea que el temor al crimen se encuentra estrechamente vinculado a la  
confianza en las instituciones y con la experiencia cotidiana de los ciudadanos, porque la percepción  
de inseguridad no responde necesariamente a niveles objetivos de criminalidad, sino a la legitimidad y  
eficacia percibida en las instituciones responsables de garantizar el orden público.  
En el ámbito de la criminología urbana, Sampson (2012) introduce el concepto de eficiencia colectiva,  
entendido como la capacidad de una comunidad para regular la conducta de sus miembros mediante  
normas compartidas y de acción conjunta. Este enfoque adquiere relevancia para explicar porque el  
tejido social puede incidir en la reducción de la violencia mas allá de la intervención estatal de manera  
directa.  
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Finalmente, North (1990) define a las instituciones como limitaciones ideadas por el hombre que  
estructuran la interacción humana que incluyen tanto reglas formales como informales. Bajo esta  
óptica, la seguridad pública no depende exclusivamente de la capacidad coercitiva del estado, sino de  
cuáles son los incentivos que inclinan sus acciones y decisiones en determinado sentido.  
De manera conjunta, estos enfoques permiten sostener que la seguridad pública no puede analizarse  
como una variable aislada y asociada al combate a la delincuencia, sino como el resultado de una  
interacción entre las capacidades del estado, su legitimidad ante la sociedad y de condiciones de  
cohesión social. Entonces, y bajo esta lógica, el caso de Yucatán resulta pertinente ya que permite  
observar como la seguridad pública puede vincularse más con una política pública incrementalista que  
con respuestas reactivas o de liderazgos coyunturales.  
RESULTADOS  
El análisis documental y la triangulación de las fuentes estadísticas permiten identificar que la  
estabilidad en materia de seguridad pública observada en Yucatán no responde a un solo factor, sino  
a la convergencia de diversos componentes institucionales, sociales y operativos. Los hallazgos se  
agrupan en tres pilares principales: cohesión social y capital comunitario, profesionalización y  
dignificación policial, y prevención estratégica apoyada en tecnología e inteligencia, en interacción con  
la confianza institucional.  
Tabla 2  
Componentes estructurales del modelo de seguridad pública en Yucatán  
Componente  
Cohesión social  
Descripción  
Redes comunitarias, identidad  
territorial, capital social  
Mejora salarial, vivienda, becas,  
certificación  
Efecto esperado  
Fortalece control informal y  
cooperación  
Reduce vulnerabilidad  
institucional  
Profesionalización y  
dignificación policial  
Prevención estratégica y  
tecnología  
C5i, videovigilancia, inteligencia,  
control territorial  
Incrementa capacidad  
preventiva  
Confianza institucional  
Alta legitimidad policial y  
gubernamental  
Reduce percepción de  
inseguridad  
Fuente: elaboración propia.  
Cohesión social y capital comunitario  
Uno de los pilares más relevantes encontrados en el caso yucateco es la existencia de redes  
comunitarias y formas de convivencia social que fortalecen el control informal del delito. En Yucatán,  
ciertas condiciones demográficas y patrones de asentamiento urbano todavía permiten que los  
vecinos se conozcan y se reconozcan entre sí, donde las personas mantienen mayores posibilidades  
de identificar dinámicas cotidianas en su entorno inmediato (INEGI, 2020a). A diferencia de otros  
contextos urbanos del país marcados por la fragmentación social, Yucatán mantiene esos rasgos de  
proximidad vecinal, pertenencia territorial y continuidad cultural que favorecen la observación mutua,  
la resolución temprana de conflictos y la activación de mecanismos de cooperación cotidiana.  
La información demográfica y social disponible sugiere que la cohesión social en la entidad no debe  
entenderse como un factor exclusivamente cultural o identitario, sino como un activo institucional  
indirecto (INEGI, 2020a; INEGI, 2020b) y que la existencia del capital comunitario ha facilitado la  
recepción social de las políticas de seguridad, mejorando los niveles de colaboración ciudadana a la  
vez que ha permitido la reducción de los costos de implementación de las estrategias preventivas.  
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Este hallazgo resulta relevante porque permite sostener que la seguridad pública en Yucatán no  
descansa únicamente en la capacidad coercitiva del Estado, sino también en una base comunitaria que  
contribuye a disminuir condiciones de vulnerabilidad social y a contener procesos de desorganización  
urbana.  
Profesionalización y dignificación de la función policial  
El segundo hallazgo central se relaciona con la transformación de la función policial en la entidad. A  
diferencia de modelos de seguridad basados exclusivamente en despliegue reactivo, el caso yucateco  
muestra una apuesta sostenida por la profesionalización, estabilidad laboral y dignificación  
institucional de sus cuerpos de seguridad.  
Los datos oficiales muestran que Yucatán se ha mantenido por encima de la media nacional en  
disponibilidad relativa de elementos policiales por habitante, así como en distintos indicadores de  
certificación y control de confianza (INEGI, 2022a). Sin embargo, más allá de la cantidad de elementos,  
el rasgo distintivo del modelo es la modificación de las condiciones materiales de la carrera policial.  
La política de fortalecimiento policial ha incorporado incentivos institucionales como mejoras en  
condiciones laborales, acceso a vivienda, apoyos educativos para las familias y procesos de  
profesionalización, lo que permite entender la dignificación policial no sólo como una política laboral,  
sino también como un mecanismo de fortalecimiento institucional. Bajo esta lógica, la dignificación  
policial deja de ser un beneficio accesorio y se convierte en una herramienta para disminuir fragilidades  
estructurales que, en otros contextos, suelen estar asociadas con deserción, corrupción o captura  
criminal (Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, 2022; Secretaría de Seguridad Pública del Estado  
de Yucatán, 2025).  
Los resultados sugieren que este pilar ha sido determinante para fortalecer la legitimidad interna de  
las corporaciones y para consolidar una imagen pública de profesionalismo y estabilidad, lo que a su  
vez incide positivamente en la confianza ciudadana.  
Prevención estratégica, tecnología y confianza institucional  
El tercer pilar identificado corresponde a la consolidación de una estrategia de seguridad sustentada  
en prevención, inteligencia y capacidad tecnológica. El fortalecimiento del sistema de monitoreo, la  
expansión de infraestructura de videovigilancia y la ampliación de capacidades aéreas, marítimas y de  
análisis operativo muestran un proceso de modernización institucional orientado a anticipar riesgos  
más que a reaccionar tardíamente frente a ellos (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de  
Yucatán, 2022).  
La relevancia de este componente no radica únicamente en el equipamiento tecnológico, sino en la  
manera en que éste se articula con una lógica de protección territorial, control estratégico de accesos  
y capacidad de respuesta estatal. El modelo muestra que la tecnología, cuando se inserta en una  
arquitectura institucional coherente, puede fortalecer tanto la prevención del delito como la percepción  
de capacidad estatal.  
De manera paralela, los indicadores de percepción ciudadana y confianza institucional muestran una  
asociación consistente con este proceso. Las encuestas nacionales revisadas ubican a Yucatán con  
niveles comparativamente altos de confianza en la policía estatal, en el gobierno local y en la calidad  
del servicio de seguridad pública (INEGI, 2022c; INEGI, 2024). Este patrón sugiere que la percepción de  
seguridad no sólo depende de la reducción objetiva de la criminalidad, sino también de la existencia de  
instituciones visibles, eficaces y socialmente legitimadas.  
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En conjunto, los resultados permiten sostener que la estabilidad observada en Yucatán se encuentra  
asociada con una interacción entre tejido social, incentivos institucionales y capacidad estatal, más  
que con explicaciones unidimensionales o estrictamente coyunturales.  
DISCUSIÓN  
Los hallazgos del estudio permiten sostener que la seguridad pública en Yucatán constituye un caso  
de construcción institucional acumulativa más que una simple excepción territorial o geográfica. La  
evidencia analizada sugiere que la relativa estabilidad del estado no puede explicarse adecuadamente  
a partir de factores aislados, sino a través de la interacción sostenida entre capital social, diseño  
institucional e inversión pública orientada a la prevención.  
Desde la perspectiva de North (1990), el caso yucateco confirma que las instituciones importan no sólo  
por su existencia formal, sino por la manera en que configuran incentivos, expectativas y márgenes de  
comportamiento. En este sentido, los hallazgos empíricos del caso yucateco muestran cómo la  
modificación de incentivos institucionales en la función policial se traduce en condiciones  
organizacionales más estables, reduciendo incentivos relacionados con prácticas de corrupción, lo que  
refuerza la hipótesis central del estudio.  
De manera complementaria, los hallazgos dialogan con las aportaciones de Putnam (2000), Coleman  
(1988) y Sampson (2012), al mostrar que la seguridad también depende de la fortaleza del tejido social.  
La existencia de capital comunitario y mecanismos de regulación informal favorece una mayor  
capacidad de cooperación entre ciudadanía e instituciones, lo que robustece la efectividad de las  
estrategias estatales. Esto resulta particularmente relevante en un contexto nacional donde la  
fragmentación social y la erosión de la confianza suelen debilitar los esfuerzos institucionales de  
seguridad.  
Asimismo, la relación observada entre confianza institucional y percepción de seguridad (INEGI, 2024)  
confirma lo planteado por Vilalta (2010): el miedo al crimen no es únicamente una reacción frente a la  
victimización directa, sino también una respuesta a la legitimidad percibida de las instituciones  
encargadas de proteger a la ciudadanía. En el caso de Yucatán, la alta valoración social de la policía  
estatal y del gobierno local parece funcionar como un amortiguador de incertidumbre y como un factor  
de estabilidad subjetiva.  
Desde una perspectiva latinoamericana, este hallazgo resulta relevante porque confirma que la  
legitimidad institucional continúa siendo un componente central para comprender la relación entre  
seguridad objetiva y seguridad percibida, particularmente en contextos donde la violencia, la  
desconfianza y la desigualdad suelen erosionar la capacidad del Estado para producir orden público  
sostenible.  
No obstante, el análisis también identifica tensiones relevantes que matizan la idea de un modelo  
plenamente homogéneo. La principal fragilidad se localiza en el nivel municipal, donde persisten  
brechas significativas en materia salarial, justicia cívica, profesionalización y capacidades operativas  
(México Evalúa, 2025). Esta asimetría sugiere que la solidez del modelo estatal convive con debilidades  
municipales que, de no atenderse oportunamente, podrían comprometer no sólo su sostenibilidad en  
el mediano plazo, sino también su capacidad de adaptación frente a procesos de crecimiento urbano,  
transformación demográfica y nuevas presiones sociales.  
En consecuencia, la principal aportación del caso yucateco no radica en ofrecer una fórmula replicable  
de manera mecánica, sino en mostrar que la seguridad pública puede construirse como política de  
Estado cuando existe continuidad institucional, inversión estratégica y legitimidad social.  
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Tabla 3  
Brechas institucionales entre nivel estatal y municipal en seguridad pública  
Dimensión  
Profesionalización  
Salarios  
Nivel estatal  
Más consolidada  
Comparativamente más  
altos  
Nivel municipal  
Heterogénea  
Más bajos  
Riesgo asociado  
Debilitamiento operativo  
Vulnerabilidad y rotación  
Justicia cívica  
Certificación  
Mayor desarrollo  
Desarrollo  
desigual  
Avance dispar  
Menor capacidad  
preventiva  
Riesgo de rezago  
institucional  
Más robusta  
Fuente: elaboración propia.  
CONCLUSIONES  
El estudio permite concluir que la estabilidad relativa en materia de seguridad pública observada en  
Yucatán no parece responder de manera principal a factores fortuitos o geográficos, sino a la  
consolidación de una arquitectura institucional sostenida en el tiempo. La evidencia analizada sugiere  
que la seguridad en la entidad se explica por la convergencia de tres componentes estructurales (INEGI,  
2022a; INEGI, 2024; SESNSP, 2024): cohesión social y capital comunitario, profesionalización y  
dignificación policial, y una estrategia de prevención sustentada en tecnología e inteligencia, en  
interacción con altos niveles de confianza institucional.  
En este sentido, el caso de Yucatán ofrece elementos relevantes para el análisis comparado de  
políticas públicas de seguridad en México y América Latina. Más que constituir un modelo exportable  
de manera automática, su principal valor analítico radica en mostrar que la reducción de la violencia y  
la mejora de la percepción de seguridad no dependen exclusivamente del uso intensivo de la fuerza o  
de respuestas reactivas de corto plazo, sino de la capacidad del Estado para construir instituciones  
confiables, consistentes, territorialmente funcionales y socialmente legitimadas.  
La evidencia también muestra que la confianza ciudadana constituye un componente central del  
modelo, no sólo como resultado, sino como condición de sostenibilidad. La seguridad pública se  
fortalece cuando la ciudadanía percibe que las instituciones funcionan, protegen y responden con  
eficacia.  
Recomendaciones de política pública  
Asegurar la continuidad institucional de las políticas de seguridad pública, evitando que los cambios  
de administración impliquen discontinuidades estratégicas o pérdida de capacidades acumuladas.  
Reducir las brechas entre el nivel estatal y municipal, especialmente en materia de profesionalización,  
justicia cívica, homologación salarial y certificación policial.  
Consolidar la prevención como eje estructural de la política pública, mediante la articulación  
permanente entre inteligencia territorial, infraestructura tecnológica y participación comunitaria.  
Preservar y fortalecer el tejido social en contextos urbanos y zonas conurbadas sujetas a  
transformación demográfica acelerada, con énfasis en cohesión vecinal, resolución temprana de  
conflictos y corresponsabilidad ciudadana.  
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Limitaciones del estudio  
Entre las principales limitaciones de esta investigación se encuentra el uso predominante de fuentes  
secundarias oficiales, lo que implica dependencia de indicadores sujetos a subregistro delictivo,  
percepción variable y restricciones de medición propias de la cifra negra. Asimismo, el diseño de  
estudio de caso no permite extrapolar automáticamente los resultados a otras entidades, aunque sí  
ofrece bases útiles para la comparación analítica.  
Líneas futuras de investigación  
Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en tres dimensiones: a) el impacto de la  
migración interna y el crecimiento urbano sobre el capital social en Yucatán; b) las capacidades reales  
de las policías municipales como eslabón crítico del modelo; y c) el análisis comparado entre Yucatán  
y otras entidades con trayectorias divergentes en seguridad pública.  
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Política  
Pública,  
19(1),  
3–  
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