DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i3.6137  
Desarrollo humano y políticas públicas como motores de la  
generación de riqueza territorial  
Human development and public policies as drivers of territorial wealth  
generation  
Jorge Fernando Lasso Molina  
jflasso@uce.edu.ec  
https://orcid.org/0000-0002-1047-8214  
Universidad Central del Ecuador  
Ecuador  
Ricky Marín Quiñaliza Espinoza  
rmquinaliza@uce.edu.ec  
https://orcid.org/0009-0000-3153-3537  
Universidad Central del Ecuador  
Ecuador  
Artículo recibido: 18 de febrero de 2026. Aceptado para publicación: 02 de julio de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
El artículo analiza la relación entre desarrollo humano, políticas públicas y apropiación/fuga territorial  
de riqueza desde una perspectiva territorial. Se propone este concepto como un mecanismo para  
entender la capacidad de los territorios para generar, retener, redistribuir y reinvertir riqueza  
económica y social, evitando procesos de dependencia y fuga hacia actores externos. A través de un  
enfoque cualitativo y analítico-conceptual, se estudian temas como capacidad estatal, gobernanza,  
ordenamiento territorial y economía popular y solidaria. Por medio de un ejemplo comparativo entre  
productores dispersos y un esquema asociativo, se evidencia cómo la organización territorial influye  
en los procesos de apropiación o fuga de riqueza. Los resultados muestran que los mecanismos  
asociativos fortalecen la reinversión local y favorecen procesos de desarrollo endógeno. Finalmente,  
se plantea que la apropiación/fuga territorial de riqueza puede utilizarse no solo como mecanismo de  
medición, sino también como criterio de evaluación territorial de las políticas públicas.  
Palabras clave: apropiación, desarrollo humano, política pública, riqueza, territorio  
Abstract  
This article analyzes the relationship between human development, public policies, and territorial  
appropriation/leakage of wealth from a territorial perspective. It proposes this concept as a  
mechanism for understanding the capacity of territories to generate, retain, redistribute, and reinvest  
economic and social wealth, preventing dependency and the outflow of wealth to external actors.  
Through a qualitative and analytical-conceptual approach, topics such as state capacity, governance,  
territorial planning, and the social and solidarity economy are studied. Through a comparative example  
between dispersed producers and an associative model, the article demonstrates how territorial  
organization influences the processes of wealth appropriation or leakage. The results show that  
associative mechanisms strengthen local reinvestment and promote endogenous development  
processes. Finally, it argues that territorial appropriation/leakage of wealth can be used not only as a  
measurement mechanism but also as a criterion for the territorial evaluation of public policies.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 2670.  
Keywords: appropriation, human development, public policy, wealth, territory  
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Cómo citar: Lasso Molina, J. F., & Quiñaliza Espinoza, R. M. (2026). Desarrollo humano y políticas  
públicas como motores de la generación de riqueza territorial. LATAM Revista Latinoamericana de  
Ciencias Sociales y Humanidades 7 (3), 2670 – 2684. https://doi.org/10.56712/latam.v7i3.6137  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 2671.  
INTRODUCCIÓN  
El crecimiento de la población, la escasez de recursos, la extensión geográfica y las necesidades no  
satisfechas constituyen factores que condicionan el desarrollo territorial, que incluye la generación de  
riqueza y el desarrollo humano. Para afrontar este problema el Estado utiliza las políticas públicas para  
decidir el tipo y características de los problemas que busca y desea solucionar.  
Una adecuada articulación entre desarrollo humano, políticas públicas y capacidad estatal puede  
permitir que se estructuren en forma sostenida y sostenible esquemas de apropiación/fuga territorial  
de la riqueza, entendidos como la habilidad para generar, apropiarse, redistribuir y reinvertir los  
beneficios económicos y sociales.  
La creciente fragmentación social configura un escenario propicio para el análisis de las relaciones  
entre desarrollo humano, desarrollo local y políticas públicas, permitiendo entender las desigualdades  
comunitarias para proponer soluciones duraderas que generen oportunidades para el desarrollo  
sustentable de los territorios que los conviertan en más equitativos, resilientes y con mayores niveles  
de bienestar (Schejtman & Berdegué, 2004). “…la endogeneidad debe entenderse como una creciente  
capacidad territorial para optar por estilos de desarrollo propios y para poner en uso instrumentos de  
política adecuados a tales estilos.” (Boisier, 2004, p. 37).  
Desde esta perspectiva el territorio no es un lugar vacío o estrictamente geográfico, sino es un sistema  
cuyos resultados dependen de la interacción de todos sus componentes tanto físicos como humanos.  
La existencia de una brecha entre crecimiento económico y desarrollo humano, evidencia que no se ha  
logrado articular mecanismos de redistribución sostenibles que conviertan la renta en desarrollo  
permanente.  
En este contexto la apropiación/fuga territorial de riqueza puede constituirse no solo en la forma de  
medir la dinámica del territorio, sino también servir como un mecanismo de evaluación de las políticas  
públicas. En este proceso, la participación ciudadana constituye un eje fundamental ya que puede  
garantizar que las acciones respondan a las expectativas y necesidades reales del territorio (Keefer &  
Scartascini, 2022). Lo que significa que se recupera la dimensión pública de la política y se minimizan  
escenarios en los cuales se privilegien los intereses particulares en perjuicio de los de la comunidad  
(Toala et al., 2024).  
El objetivo general, para abordar el problema planteado, es: analizar de qué forma el desarrollo humano  
y las políticas públicas pueden motivar la apropiación territorial sostenible de la riqueza. La hipótesis  
del trabajo sostiene que el fortalecimiento del desarrollo humano, cuando es respaldado por políticas  
públicas eficaces, integradas y participativas, actúa como un motor clave para la generación sostenible  
y equitativa de riqueza.  
METODOLOGÍA  
La investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo con alcance analítico-conceptual,  
orientada a examinar la articulación entre las políticas públicas, el desarrollo humano y la  
apropiación/fuga territorial de riqueza. El análisis incluyó la revisión documental y bibliográfica de los  
temas desarrollados en el marco teórico y en la discusión de resultados. El estudio incorpora parte de  
la normativa de ordenamiento territorial y economía popular y solidaria con el objetivo de  
contextualizarlo a la realidad del país.  
La Tabla 1 presenta la operacionalizaciòn de las variables que permite vincular el marco teórico con el  
análisis realizado en el artículo. Se identifican las principales categorías analíticas utilizadas para  
examinar la relación entre desarrollo humano, políticas públicas y apropiación/fuga territorial de  
riqueza.  
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Tabla 1  
Operacionalización de las variables  
Concepto  
Desarrollo humano  
Definición  
Dimensiones  
Voluntad para  
aprovechar  
Elementos vinculantes  
Desarrollo humano,  
territorio,  
apropiación/fuga  
territorial de riqueza  
Proceso de mejoramiento  
de la calidad de vida de las  
personas  
oportunidades  
Capacidad estatal  
Habilidad institucional para Capacidad  
implementar políticas  
públicas de forma efectiva,  
eficiente y sostenible  
Instrumentos deliberados  
de intervención estatal  
orientados al desarrollo  
territorial  
administrativa,  
política e institucional  
Políticas públicas  
territoriales  
Planificación;  
articulación territorial  
Apropiación/fuga  
territorial de riqueza  
Capacidad del territorio  
para generar, retener,  
redistribuir y reinvertir  
excedentes económicos y  
sociales  
Generación;  
redistribución;  
reinversión, gerencia  
territorial fuerte  
Economía Popular y  
Solidaria  
Política pública que  
favorece la asociatividad  
económica basada en  
cooperación y solidaridad  
Coordinación entre actores  
públicos y privados para  
alcanzar objetivos  
Asociatividad;  
redistribución  
Gobernanza  
territorial  
Participación;  
coordinación  
comunes  
Fuente: elaboración propia.  
Se parte considerando que el territorio es un espacio de relaciones entre los actores, por tanto, se  
configura un escenario complejo de intereses que deben ser articulados para lograr la  
apropiación/fuga territorial de riqueza, que se utiliza como concepto que presione la capacidad de una  
localidad para generar, retener, redistribuir y reinvertir valor económico y social.  
Para lo cual se utiliza un ejemplo hipotético que tiene como objetivo evidenciar de forma simplificada  
los esquemas de apropiación y fuga de riqueza, lo que se logra al comparar dos escenarios: el primero  
corresponde a productores dispersos que funcionan como precio-aceptantes y depende de  
mecanismos de intermediación, el segundo plantea un esquema asociativo sustentado en principios  
de economía popular y solidaria.  
El resultado obtenido es un agregado de la de la utilidad económica, los efectos positivos y negativos  
territoriales, y los subsidios, que busca ilustrar cómo los mecanismos de organización territorial  
pueden influir en la capacidad del territorio para realizar la apropiación/fuga de su riqueza. La  
conclusión de este ejemplo se valida contra el caso de éxito de El Salinerito en la parroquia de Salinas  
de Guaranda, como un ejemplo de mecanismo cooperativo en favor de la comunidad.  
El artículo propone el concepto de apropiación/fuga territorial de riqueza como el mecanismo para  
analizar el potencial de los territorios para generar, retener, redistribuir y reinvertir excedentes  
económicos y sociales. El resultado evidencia la necesidad de vincular: desarrollo humano, políticas  
públicas y alternativas de organización económica local.  
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De la Tabla 1 se visualiza que la apropiación/fuga territorial de riqueza es el elemento vinculante, lo  
que implica la posibilidad también de usarlo como mecanismo de evaluación territorial de las políticas  
públicas, por medio de la elaboración de indicadores de gestión e impacto.  
DESARROLLO  
La riqueza territorial y el desarrollo humano pueden ser entendidas como una meta a lograr de cualquier  
manera, o como una consecuencia de la relación entre capacidades estatales y actores sociales para  
elaborar políticas públicas, capacidades institucionales y mecanismos de apropiación/fuga territorial  
del excedente económico. “La gestión pública en la actualidad tiene más exigencias, obligaciones y  
responsabilidades a la vez, lo que requiere tener organizaciones más dinámicas y preparadas para  
enfrentar los retos de carácter social” (Oleas et al., 2017, p. 72).  
La Constitución (Asamblea Nacional, 2008) establece las competencias específicas de los Gobiernos  
Autónomos Descentralizados, entre ellas se encuentra la de realizar la planificación del desarrollo y su  
respectivo ordenamiento territorial, estas facultades se encuentran vinculadas al Plan Nacional de  
Desarrollo y articuladas entre los distintos niveles espaciales (Asamblea Nacional, 2016).  
El artículo 275 de la Constitución (Asamblea Nacional, 2008) señala que. “El régimen de desarrollo es  
el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales  
y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.” Las competencias  
determinan el ámbito legal de actuación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mientras que  
las capacidades estatales hacen referencia a la habilidad efectiva de las instituciones para diseñar,  
implementar y sostener políticas públicas orientadas al desarrollo territorial. La capacidad estatal  
significa. “…poseer la condición potencial o demostrada de lograr un objetivo o resultado a partir de la  
aplicación de determinados recursos y, habitualmente, del exitoso manejo y superación de  
restricciones, condicionamientos o conflictos originados en el contexto operativo de una institución.”  
(Oszlak, s. f., p. 1).  
Desde esta perspectiva el territorio deja de ser considerado exclusivamente una unidad geográfica, y  
pasa a convertirse en un espacio económico, social y político, en el cual se apela a su potencial  
endógeno en la obtención y uso de recursos y, a la interacción entre actores e instituciones, como base  
del desarrollo territorial (Molares & Chávez, 2023) (Alvarez & Rendón, 2010). “…la competitividad del  
territorio debe basarse en aprovechar el capital acumulado dentro del territorio: físico, humano,  
tecnológico, institucional, social y cultural, y potenciarlo de acuerdo con las propias sinergias.” (Alvarez  
& Rendón, 2010, p. 58).  
El artículo 9 de la Ley Orgánica de Orgánica de Ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo  
especifica que el ordenamiento tiene como objetivo facilitar la implementación de políticas públicas  
para generar desarrollo. (Asamblea Nacional, 2016).  
Queda claro que los procesos de ordenamiento territorial no son solamente técnicos, también se  
encuentran sujetos a criterios políticos. En cada localidad funciona un sistema político que determina  
las reglas bajo las cuales se desenvuelven las actividades, lo que implica implementar mecanismos de  
gobernabilidad, así como de gobernanza, para desarrollar eficientes mecanismos de transición de  
políticas públicas a políticas públicas intersectoriales y territorializables (Pérez & Guzmán, 2022).  
“…aún queda la impresión que no se logra superar la visión que considera al territorio como una porción  
pasiva de espacio físico receptor de políticas y sin capacidad de generar procesos concretos de  
desarrollo.” (Martínez, 2022, p. 5). Las alianzas público-privada para el desarrollo y/o la economía  
popular y solidaria son herramientas para lograrlo, sin embargo, implican esfuerzos permanentes de  
colaboración y participación que pueden lograrse por medio de la gobernanza. (Martínez, 2022).  
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Las alianzas público-privada para el desarrollo pueden ser entendidas como actividades voluntarias  
por medio de las cuales los actores colaboran para llevar a cabo una iniciativa, que podría ser una  
política pública, en la que se comparten riesgos y beneficios. (Oleas et al., 2017). La economía social y  
solidaria, qué siendo una política pública, favorece la creación de estructuras económicas que  
privilegian al ser humano como eje central del desarrollo. (Asamblea Nacional, 2012).  
En este escenario, los problemas públicos constituyen el espacio en el cual se articulan la planificación,  
el territorio y el desarrollo para facilitar la implementación de políticas públicas efectivamente  
intersectoriales y territorialmente articuladas, que permitan un proceso de progreso intertemporal,  
intergeneracional e interterritorial (Pérez & Guzmán, 2022). Torres-Melo & Santander (2013) se refieren  
a las políticas públicas como intervenciones deliberadas por parte del Estado, Ortega y Ortega (2012)  
fortalecen esta afirmación al poner el capital social como el elemento básico en la búsqueda de  
desarrollo y riqueza territorial.  
En relación a ello Araujo (2026) destaca la importancia de la participación ciudadana como mecanismo  
para asegurar que las políticas públicas respondan a las particularidades y necesidades del territorio,  
fortaleciendo la credibilidad institucional y contribuyendo a la gobernabilidad.  
El desarrollo humano representa en sí una política pública y a la vez es consecuencia de ésta, siendo  
posiblemente no solo consecuencia del progreso territorial, sino también de la capacidad y voluntad  
de las personas para acceder y aprovechar las oportunidades generadas, el Programa de las Naciones  
Unidas para el Desarrollo (s. f.) considera como objetivo del desarrollo humano. “…busca ampliar la  
riqueza de la vida humana, más allá de simplemente la riqueza de la economía en la que vive el ser  
humano. Es un enfoque centrado en las personas, sus oportunidades y opciones”.  
La apropiación/fuga de riqueza territorial depende del acoplamiento entre instituciones y actores  
locales con los mecanismos de acumulación económicos y sociales, que representan políticas  
públicas en las cuales confluyen los conceptos de territorio, desarrollo humano, capacidad estatal,  
gobernanza, gobernabilidad y sistema político. Desde este punto de vista el desarrollo territorial es una  
dinámica económica, política y social tendiente a fortalecer capacidades y procesos de progreso  
endógeno.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador, un promedio del 27%  
del país vivía en situación de pobreza en junio de 2023, con ingresos inferiores a 89,29 dólares per  
cápita al mes. Mientras tanto, el 10,8% vivía en la pobreza extrema, con ingresos menores a 50,32  
dólares per cápita al mes. Los niveles se agravan en las zonas rurales, donde hasta el 46% de los  
ecuatorianos vivían en la pobreza en junio de 2023, y el 22,6% de esta población vivía en la pobreza  
extrema. (Melo, 2024)  
A diciembre del 2024 las cifras de pobreza y extrema pobreza en el sector rural fueron del 43.3% y 27%  
respectivamente, a nivel nacional representaron el 28% y 12.7% respectivamente en relación al total de  
la población (INEC, 2025).  
El sistema político se configura como una de las aristas del proceso multidimensional de  
apropiación/fuga territorial de riqueza (Peroni, 2013). Es el responsable de planificar y ejecutar las  
acciones necesarias para la captura de valor local, incluyendo esquemas interterritoriales (Schejtman  
& Berdegué, 2004). El artículo 243 de la Constitución (Asamblea, 2008) establece la figura de la  
mancomunidad como opción para generar riqueza interterritorial, al permitir la agrupación de dos o  
más localidades con el fin de fortalecer sus competencias y motivar la integración, podría interpretarse  
como un mecanismo de agrupación similar a lo que propone la economía popular y solidaria.  
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El rol del Sistema Político  
El sistema político permite que las necesidades no satisfechas se conviertan en problemas públicos  
que originen políticas públicas que tengan como objetivo la generación de riqueza territorial. “… ¿cómo  
hacer posible la inclusión en los mercados de productos y servicios de determinadas localidades  
(territorios) deprimidas sin una fuerte presencia del Estado?” (Ortega & Ortega, 2012, p. 175).  
La gobernabilidad es la capacidad del sistema para admitir los problemas públicos y procesarlos. Una  
gobernabilidad sólida garantiza que las reglas sean previsibles, permitiendo que la autoridad política  
coordine procesos y movilice actores (Oleas et al., 2017), lo que se logra con el uso de cualquier  
esquema de formulación e implementación de políticas públicas: top-down (arriba hacia abajo) y  
bottom-up (abajo hacia arriba). El primero facilita la comprensión de la visión nacional, pero carece de  
la perspectiva territorial que lo tiene el segundo enfoque (Muñoz, 2020).  
Los resultados dependen de la capacidad del sistema político para equilibrar ambos modelos,  
utilizando por ejemplo mecanismos como las alianzas público-privadas, la economía popular y  
solidaria o las mancomunidades. La primera puede permitir trabajar con las mejores capacidades de  
los dos mundos. La segunda podría ayudar a romper cadenas de comercialización evitando que se  
apropien de la riqueza generada, tal como se desprende del artículo 18 de la Ley Orgánica de Economía  
Popular y Solidaria (Asamblea, 2012). La mancomunidad, un nuevo actor, puede multiplicar los efectos  
de las dos primeras simplemente al lograr el trabajo coordinado entre varios territorios (Asamblea,  
2008)  
…la política de desarrollo nacional debe incorporar una política de fomento del desarrollo territorial, lo  
que implica un esfuerzo importante de coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles  
(vertical y horizontal) de las administraciones públicas (Central, Provincial y Municipal), así como una  
cooperación entre actores públicos y privados desde cada territorio (Alburquerque & Pérez, 2013, pp.  
16-17)  
Ejemplo: en un determinado territorio varios productores de café actúan como precio aceptante,  
venden su producto a $2 por unidad a un intermediario quien lo vende al consumidor final en $12,  
simplificando se puede afirmar que la riqueza generada fue de $12 de los cuales solamente $2  
quedaron en el territorio. Por medio de un esfuerzo asociativo basado en la economía popular y  
solidaria y, con una fuerte gerencia territorial es posible estructurar una asociación de productores de  
café que venda el producto directamente al consumidor final a un precio de $12, con lo cual toda la  
riqueza se queda en el territorio, siendo distribuida de la siguiente manera: $4 para pagar sueldos a los  
empleados, $2 para generar un fondo de reinversión, $2 para ayudas y mejoras en el territorio, y $4  
para los productores. El resultado es un proceso de generación de riqueza sostenible basado en su  
esquema redistributivo, un planteamiento como este debe ser resultado de un proceso de gobernanza  
y soportado en la legitimidad de la autoridad del territorio, una combinación de gobernanza y  
gobernabilidad. Considérese el potencial anterior a la luz de una mancomunidad.  
Capacidad estatal y ordenamiento territorial  
El sistema político necesita poseer un conjunto de capacidades, entendidas como la aptitud de los  
actores, públicos y privados, para implementar las acciones decididas. El concepto de capacidad se lo  
vincula generalmente con el Estado, sin embargo, considerando las definiciones que realizan autores  
como Rosas (2008) y Repetto (2004) es pertinente ampliar la cobertura de la definición para abarcar a  
todos los actores del territorio involucrados (De Anchorena et al., 2022). “…una de las definiciones más  
claras acerca de capacidad, desde una perspectiva institucional, es la que ofrecen Grindle y Hilderbrand  
quienes mencionan que esta es la “habilidad para desempeñar tareas de una manera efectiva, eficiente  
y sostenible” (Gonzalez Bazaldua, 2021, p. 37).  
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Dichas capacidades, que pueden ser administrativas-técnicas, políticas e institucionales, se reflejan en  
el desarrollo e implementación del ordenamiento territorial vinculado al plan nacional de desarrollo,  
para estructurar políticas públicas por medio de las metodologías ya citadas.  
Considerando el ejemplo planteado, a través del ordenamiento territorial se pueden determinar normas  
de uso y ocupación del suelo determinando las zonas en las cuales deben estar ubicados los  
productores y la estructura asociativa que se decida llevar a cabo.  
Los subsidios, dependencia y apropiación/fuga territorial de riqueza  
El subsidio es la compensación monetaria que el Estado entrega a alguien para que haga algo, y por  
tanto funciona como un mecanismo de redistribución de la renta para generar riqueza. Por  
consiguiente, el uso de subsidios puede ser visto como el mecanismo sustituto a la estructura  
asociativa de productores de café. Llegado a este punto puede ser necesario preguntarse cuál sería la  
voluntad de la autoridad, y del sistema político, en términos de la apropiación/fuga territorial de riqueza:  
que se genere por medio de subsidios o a través de un esquema de cooperación. (Delgadillo, 2021).  
La Tabla 2 presenta los resultados de la apropiación/fuga territorial de riqueza para los escenarios  
propuestos. En el escenario de productores precio aceptantes se supone la existencia de un efecto  
territorial negativo equivalente a la fuga de riqueza debido a la intermediación. Además, el Estado  
otorga un subsidio de $4 por unidad al productor con el objetivo de garantizar una utilidad mínima. Por  
otro lado, en el escenario del mecanismo asociativo se considera un efecto territorial positivo  
equivalente al aporte de $2 por unidad destinado a mejoras y reinversión local como parte del esquema  
distributivo planteado. Los valores utilizados tienen carácter ilustrativo y buscan representar  
comparativamente las diferencias entre fuga y apropiación territorial de riqueza.  
En el esquema propuesto los subsidios son interpretados como un mecanismo de dependencia externa  
cuando no fortalecen el progreso endógeno del territorio, por ello, dentro del esquema de  
apropiación/fuga territorial de riqueza se los representa con signo negativo, evidenciando una limitada  
capacidad interna del territorio para generar y mantener riqueza de forma autónoma.  
Desde el enfoque que interesa, el subsidio por sí mismo no constituye un mecanismo positivo ni  
negativo, su valoración se sustenta en su capacidad para fortalecer la apropiación/fuga territorial de  
riqueza. Esto puede lograrse cuando el subsidio no se lo formula aisladamente sino en forma  
complementaria a otras en el territorio.  
Tabla 2  
Apropiación/fuga territorial de riqueza  
Precio aceptante  
100.00  
Mecanismo asociativo  
Cantidad  
Precio  
100.00  
12.00  
2.00  
Costo unitario  
1.50  
1.50  
Utilidad  
50.00  
1,050.00  
Efecto territorial negativo  
Efecto territorial positivo  
Subsidios  
- 1,000.00  
200.00  
-400.00  
Apropiación(+) fuga (-) territorial de riqueza  
-1,350.00  
1,250.00  
Fuente: elaboración propia.  
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…la endogeneidad se entiende como una capacidad del territorio para apropiarse de una parte creciente  
del excedente económico generado allí para ser reinvertido in situ (a fin de dar soporte temporal a un  
crecimiento basado en una matriz productiva más y más diversificada); nuevamente esta capacidad  
es una función directa del nivel de descentralización radicado en el territorio. (Boisier, 2004, p. 37)  
El desarrollo humano  
Una parte importante del desarrollo humano no depende exclusiva ni principalmente de las políticas  
públicas, sino también de la voluntad de las personas para acceder y aprovechar las oportunidades  
generadas en el territorio. En este apartado, así como en los anteriores, se considera como supuesto  
la racionalidad de los actores, que implica actuar con lógica en el proceso de toma de decisiones.  
Al comparar los resultados de la apropiación/fuga territorial de riqueza, Tabla 2, es claro evidenciar que  
el fundamento del desarrollo humano no se encuentra en el escenario de los productores precio  
aceptantes que tiene una dependencia hacia los subsidios, sino en el esquema asociativo local,  
siempre que se mantenga el compromiso de los actores para mantener el esquema sugerido. Reyes &  
Friorino (2025) concluyen que el desarrollo implica un conjunto de condiciones sociales e  
institucionales vinculadas con la convivencia, inclusión y promoción sociales que faciliten el acceso a  
oportunidades de apropiación de riqueza territorial.  
En todas esas políticas se parte del principio de que el desarrollo de un territorio depende, en gran  
medida, de la organización y del pacto de su sociedad en torno a objetivos comunes. De esa manera,  
el llamado capital social sería la piedra angular en la búsqueda del desarrollo. (Ortega & Ortega, 2012,  
pp. 171-172)  
Ser capaz de elegir la vida que se quiere vivir, no sólo supone tener las condiciones materiales y  
simbólicas suficientes, sino también desarrollar habilidades, conocimientos y destrezas que permiten  
al sujeto ser “agente de cambio” en el contexto social en el cual se desenvuelve (Morales et al., 2021,  
p. 10).  
Una aproximación a la realidad  
El ejemplo desarrollado se basa en una propuesta de organización colectiva amparada en la economía  
popular y solidaria. Sin embargo, desde la perspectiva del presente artículo no resulta relevante la figura  
legal utilizada para su creación, lo que es importante es que el mecanismo efectivamente logre la  
apropiación territorial de riqueza.  
En este sentido, Urgilés (2026) en su análisis señala que la economía circular. “…se postula como una  
alternativa a la economía extractivista, que vela tanto por la sostenibilidad ambiental como por la  
capacidad de sostenimiento económico local y una reducción de la dependencia de factores externos  
que alimenten el ingreso de recursos.” (p. 382)  
A continuación, se describen brevemente tres casos de éxito en el país que han logrado la apreciación  
territorial de riqueza: El Salinerito, Asociación Kallari y Corporación Toisan. Los tres casos tienen el  
mismo punto de inicio: la necesidad de reducir la intermediación como mecanismo de fuga territorial  
de riqueza y mejorar las condiciones de vida. Asimismo, se encuentran enfocados en la capacidad de  
crear valor para beneficio de la comunidad.  
El caso del Salinerito, en la parroquia Salinas de Guaranda en la provincia de Bolívar, constituye una  
evidencia positiva del funcionamiento de mecanismos asociativos tendientes a fortalecer la capacidad  
territorial de generación y reinversión de los excedentes, en coherencia con los resultados de la Tabla  
2. Veloz (2026) sostiene que el éxito del modelo se debe a aspectos como la confianza, el compromiso  
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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 2678.  
comunitario y la capacidad organizativa, y estimando que los ingresos en el año 2025 ascendieron  
aproximadamente a 13 millones de dólares beneficiando a 3.000 familias indígenas.  
La Asociación Kallari está conformada por aproximadamente 850 familias kichwas de 21  
comunidades. Entre los años 2023 y 2024 se estima que generó ingresos por aproximadamente 1.3  
millones de dólares, los cuales se distribuyeron en forma de un pago al productor, más alto que si se  
vendiera a un intermediario, y la reinversión en la comunidad (Chávez-Rivera, s. f.).  
La Corporación Toisan basa su estructura en la organización territorial, la asociatividad y la  
coordinación entre los actores locales por medio de mecanismos de gobernanza. Este enfoque  
permitió desarrollar esquemas participativos de planificación y fortalecer espacios de decisión  
comunitaria. Sus ingresos provienen principalmente del comercio asociativo, proyectos comunitarios  
y ayuda internacional. Por ejemplo, se estima que en el año 2024 generará $88.000 por venta de energía  
a través de generación de energía comunitaria.  
Finalmente, Sánchez (2026) en su trabajo sobre los factores determinantes del potencial económico,  
destaca criterios como calidad de vida, participación comunitaria, valor y significado cultural,  
consistentes con los temas discutidos en relación a la apropiación/fuga territorial de riqueza.  
Apropiación/fuga territorial de riqueza como criterio de evaluación de políticas públicas  
Desde una perspectiva técnica la política pública es un concepto dinámico afectado por la  
transformación permanente de los problemas públicos, y por las capacidades actuales y las necesarias  
para afrontarlos. Cuando la política pública se articula desde la coyuntura, que exige respuestas  
rápidas, es posible que se pasen por alto dinámicas territoriales que brindan valiosas oportunidades  
de desarrollo territorial sostenible.  
La política pública es un tema de largo plazo vinculado al desarrollo, entendido como mejora en la  
calidad de vida, el sistema político es por el contrario un aspecto de corto plazo relacionado  
principalmente con el crecimiento, es decir el aumento de la riqueza estrictamente monetaria.  
Considerando la fase de evaluación de la política pública, el resultado de la Tabla 2 permite plantear  
varias preguntas: ¿Es posible establecer una meta territorial de apropiación/fuga de riqueza? Si se  
considera eficiente que la fuga sea evidencia de la compartición de riqueza con otros territorios, por  
ejemplo, dentro de una mancomunidad, ¿Cuál debería ser la relación entre apropiación y fuga? ¿Qué  
pasa en aquellos territorios en los cuales exista principalmente fuga? ¿Será posible revertir con un  
proceso de apropiación o dicho territorio estará destinado a depender de los subsidios? ¿Cómo  
entender en el tiempo la evolución de la apropiación/fuga de riqueza territorial?  
En este contexto, se propone utilizar el concepto de apropiación/fuga de riqueza territorial no sólo  
como un mecanismo de medición, sino también de evaluación de las políticas públicas territoriales,  
Esto implicaría que toda política pública territorial deba explicar, conceptual y operativamente, cómo  
contribuye al esquema planteado.  
La Tabla 2 propone el mecanismo de medición, en cuanto a la evaluación el concepto podría ampliarse  
a la elaboración de indicadores de gestión e impacto. Por ejemplo, en el apartado de ordenamiento  
territorial se planteó la posibilidad de la emisión de normas de uso y ocupación de suelo, por tanto,  
podría ser factible estimar una valoración económica que refleje el costo para el territorio de usar  
dichos espacios para las actividades planteadas, y de esta forma establecer un valor mínimo de  
ingresos que debe generar el esquema planteado.  
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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 2679.  
Así planteado, la Tabla 2 no representa únicamente un ejercicio de apropiación/fuga de riqueza  
territorial, sino también un paso inicial para evaluar territorialmente los efectos de diferentes políticas  
públicas y variados mecanismos de organización económica.  
CONCLUSIONES  
La generación de riqueza territorial es el resultado del compromiso de los actores, amparados en una  
gerencia local fuerte, en un sistema político en funcionamiento y políticas públicas que reflejen los  
problemas de la comunidad. Se necesita que realmente funcione un modelo endógeno de desarrollo  
local que redefina, no solo legalmente, sino también en la realidad el concepto de territorio.  
El resultado de la apropiación/fuga territorial de riqueza, Tabla 2, pone al sistema político en una  
encrucijada importante: la dependencia de subsidios estatales, que puede ser necesaria en contextos  
de vulnerabilidad pero que no resuelve la fuga de riqueza; o, por el contrario, la estructuración de un  
modelo asociativo que permita que el valor generado por el productor local se transforme en capital  
social y fondos de reinversión territorial.  
Una alternativa de cooperación, similar al planteado, debe lograr que el ordenamiento territorial no sea  
visto únicamente como una norma de uso de suelo, sino como una herramienta de gerencia local que  
protege las actividades y fomenta la endogeneidad. En este modelo la "calidad de vida", definición  
amplia de riqueza, deja de ser una variable externa otorgada por el Estado para convertirse en un  
proyecto construido por la comunidad.  
Se confirma que el desarrollo humano debe ser sostenido en el tiempo y principalmente es una  
consecuencia de, lo que significa la capacidad de las personas para involucrarse en su propio progreso  
y como consecuencia en el del territorio. Debe existir la predisposición a y la capacidad de elegir la  
calidad de vida que se desea vivir, apoyada por una estructura institucional que garantiza la apropiación  
territorial de la riqueza. La existencia de los tres casos presentados refleja que efectivamente puede  
suceder.  
Al final la apropiación/fuga territorial de riqueza se convierte no solamente en un mecanismo de  
implementación sino también de evaluación territorial de las políticas públicas para asegurar procesos  
sostenidos de desarrollo local.  
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