DOI: https://doi.org/
10.56712/latam.v7i4.6401
De la información al conocimiento lectura crítica de un
informe mundial desde las realidades materiales de
Colombia
From Information to Knowledge: A Critical Reading of a World Report
through Colombia's Material Realities
Julian Humberto Ballén Espinosa
julianhumbertoballen@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-2245-8114
Universidad del Quindío, Colombia
Armenia, Quindío – Colombia
Artículo recibido: 02 de abril 2026. Aceptado para publicación: 02 de septiembre de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La expansión de las tecnologías de la información ha promovido, desde la perspectiva del Informe
Mundial de la UNESCO (2005), Hacia las sociedades del conocimiento, una distinción conceptual entre
la sociedad de la información y las sociedades del conocimiento que no necesariamente se traduce
en transformaciones estructurales. Este artículo examina dicha distinción y evalúa su pertinencia para
el
contexto
colombiano,
donde
persisten
asimetrías
materiales,
epistémicas
y
lingüísticas
que
condicionan la apropiación social del saber. El estudio se desarrolla mediante un análisis documental
de
carácter
hermenéutico
y
crítico
del
informe
citado,
que
recorre
sus
planteamientos
sobre
el
capitalismo cognitivo, las sociedades del aprendizaje, la educación superior y la relación entre ciencia
y público, complementado con la revisión de fuentes estadísticas y bibliográficas secundarias sobre
pobreza monetaria, rezago lingüístico y brecha epistémica en Colombia. Los hallazgos indican que la
sociedad de la información, fundamentada en la conectividad tecnológica y en la mercantilización del
dato
propia
del
capitalismo
cognitivo,
constituye
un
paradigma
insuficiente
cuando
carece
de
subordinación
a
las
dinámicas
éticas,
participativas
y
plurales
propias
de
las
sociedades
del
conocimiento. Se establece, además, que la brecha cognitiva constituye la amenaza estructural de
mayor gravedad para la construcción de sociedades del conocimiento equitativas en el país, pues las
asimetrías de ingreso, la debilidad institucional y el desconocimiento de los saberes autóctonos y de
las lenguas originarias reproducen, en el territorio colombiano, la exclusión epistémica que el informe
advierte a escala global.
Palabras
clave:
brecha
cognitiva,
capitalismo
cognitivo,
información,
sociedades
del
conocimiento
Abstract
From the perspective of the 2005 UNESCO World Report, Towards Knowledge Societies, the expansion
of information technologies has fostered a conceptual distinction between the information society
and knowledge societies
—
one that does not necessarily transla
te into structural transformations. This
article examines that distinction and assesses its relevance for the Colombian context, where material,
epistemic, and linguistic asymmetries persist and condition the social appropriation of knowledge.
The
study
pr
oceeds
through
a
hermeneutic
and
critical
documentary
analysis
of
the
cited
report,
tracing its arguments on cognitive capitalism, learning societies, higher education, and the relationship
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2292.
between science and the public, complemented by a review of secondary statistical and bibliographic
sources on monetary poverty, linguistic lag, and the epistemic gap in Colombia. The findings indicate
that the information society, grounded in technologica
l connectivity and in the commodification of
data
characteristic
o
f
cognitive
capitalism,
constitutes
an
insufficient
paradigm
when
it
lacks
subordination to the ethical, participatory, and plural dynamics proper to knowledge societies. It is
further established that the cognitive gap constitutes the most severe structur
al threat to building
equitable knowledge societies in the country, since income asymmetries, institutional weakness, and
the neglect of indigenous knowledge and native languages reproduce, within Colombian territory, the
epistemic exclusion the report war
ns of at a global scale.
Keywords:
cognitive capitalism, cognitive gap, information, knowledge societies
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Cómo citar: Ballén Espinosa, J. H. (2026). De la información al conocimiento lectura crítica de un
informe mundial desde las realidades materiales de Colombia.
LATAM Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades 7 (4), 2292 – 2311. https://doi.org/10.56712/latam.v7i4.6401
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2293.
INTRODUCCIÓN
La consolidación de una discusión crítica sobre el estado del mundo contemporáneo ya sea en su
totalidad o desde el examen riguroso de alguno de sus componentes, requiere establecer previamente
un marco conceptual sobre el cual fundar tal discusión. En el entorno de complejidad creciente que
producen
los
cambios
de
la
tercera
y
cuarta
revolución
industrial,
impulsada
por
las
nuevas
tecnologías, se configuran dinámicas de interdependencia entre la formación de los individuos, los
adelantos científicos y las expresiones sociales, escenario en el cual el conocimiento se posiciona
como el eje de las mutaciones contemporáneas y como objeto de los desafíos éticos, económicos,
políticos y culturales que estas mutaciones suscitan.
En el presente artículo, examino la distinción que establece entre la sociedad de la información y las
sociedades
del
conocimiento
el
Informe
Mundial
Hacia
las
sociedades
del
conocimiento
de
la
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2005), y
analizaré, a partir de dicho marco conceptual, un posicionamiento sobre las posibilidades reales de
aplicación de esta distinción en el territorio colombiano. Aquí, la noción de sociedad de la información,
fundamentada en la conectividad tecnológica y el flujo de datos, constituye un paradigma insuficiente
y generador de exclusión cuando carece de subordinación a las dinámicas propias de las sociedades
del conocimiento, entendidas en plural porque el informe rechaza la hegemonía del modelo técnico y
científico como única definición legítima del saber, y porque su horizonte recae a nivel teórico, en un
paradigma ético, participativo y plural fundado en la libertad y en las capacidades humanas.
Este
horizonte
precisamente
exige
superar
el
determinismo
tecnológico,
entendido
como
la
dependencia absoluta de la capacidad de optimizar o innovar por medio de la máquina, y reconfigurar
el saber cómo una capacidad humana inalienable, anclada en la libertad de expresión, el aprendizaje
continuo y la reivindicación de los conocimientos locales. El informe plantea interrogantes éticas y
prácticas
sobre
los
desequilibrios
en
el
acceso
a
la
información,
pues
a
pesar
de
la
expansión
tecnológica y de las infraestructuras de acceso, la brecha digital constituye una realidad innegable en
algunos sectores específicos, aunque es la brecha cognitiva la que realmente representa la amenaza
mayor
para
la
cohesión
global,
al
profundizar
la
separación
entre
los
países
que
producen
conocimiento
y
las
naciones
que
toman
el
papel
de
consumirlo
y
replicarlo.
La
tarea
de
edificar
auténticas sociedades del conocimiento requiere, por tanto, una política y una ética de la libertad en su
sentido
más
extenso,
y
sobre
todo
de
la
responsabilidad,
fundamentada
en
el
aprovechamiento
compartido de los saberes y orientada a impedir que las sociedades del futuro se consoliden como
estructuras disociadas y en separación interna constante.
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A LAS SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO
El paradigma contemporáneo se inscribe en una fase del desarrollo del sistema capitalista sustentada
en el conocimiento como forma de valor, dependiente del nivel general de la ciencia y del progreso
tecnológico (UNESCO, 2005). Esta configuración supera la perspectiva de la economía política clásica,
para la cual la generación de valor emergía del trabajo representado en fuerza laboral socialmente
necesaria y sucedía a una fase de acumulación de capital físico (Marx, 1867/2014). En la actualidad,
la información funciona en primera instancia como un medio instrumental del proceso de acumulación,
entrando en la dinámica del sistema como mercancía y siendo, por tanto, transada sin que medie una
apropiación crítica o reflexiva. Sobre el posicionamiento social respecto a este fenómeno, el informe
lo plantea en estos términos:
las
sociedades
emergentes
no
pueden
contentarse
con
ser
meros
componentes
de
una
sociedad
mundial de la información y tendrán que ser sociedades en las que se comparta el conocimiento, a fin
de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano y de la vida (UNESCO, 2005, p. 5).
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Esta pretensión exige desarticular semánticamente la sinonimia entre sociedad de la información y
sociedades del conocimiento. En la primera, opera un sistema económico donde la información, aún
como
dato
en
bruto,
funge
como
un
instrumento
mercantilizado,
manipulable,
transmisible
y
consumible;
en
la
segunda,
el
conocimiento
emerge
como
un
proceso
cognitivo
de
apropiación,
contextualización y significación. Esta diferencia se traduce, en la práctica, en una transformación de
las
características
del
valor
en
la
época
actual
y,
consecuentemente,
en
modificaciones
ónticas
y
ontológicas del estado de cosas del mundo y del modo en que los seres humanos devenimos en él.
Dichas modificaciones se asientan sobre una infraestructura tecnológica, aunque su novedad recae en
el
acelerado
auge
que
poseen
para
modelar
la
percepción,
la
significación
y
la
interpretación
del
entorno.
Ante la pregunta por el tipo de sociedad que habitamos, el informe señala el saber, el pensamiento y la
conciencia como elementos constitutivos de la dignidad humana, elementos que dotan a la persona
de la condición de sujeto de derecho y que la exponen, al mismo tiempo, al peligro inmanente de la
mercantilización de los saberes, tendencia que amenaza con reducir el acervo intelectual humano a un
bien de consumo subordinado a lógicas de rentabilidad corporativa o de intereses institucionales. Sin
embargo, la tercera revolución industrial que ahora da paso a una virtual cuarta, y las sociedades de la
información, no admiten una lectura estrictamente peyorativa, porque la difusión de las tecnologías de
la
información
y
la
comunicación
abre
posibilidades
de
desarrollo
y
de
bienestar
en
diferentes
dimensiones
de
la
dignidad
humana
que
resultaría
apenas
necio
negar
y
que
como
información
apropiada merecen ser difundidas. La UNESCO (2005) propone que el valor de esta difusión debe
poseer
un
corte
ético,
residiendo
en
su
capacidad
para
promover
la
búsqueda
de
las
libertades
elementales, las cuales operan simultáneamente como fin y medio del desarrollo. Si las sociedades
del conocimiento constituyen el horizonte normativo a nivel institucional y cooperativo, la sociedad de
la información es la materia operativa de esta intención, lo cual vuelve imperativo dotar a los sujetos
de agencia moral y política, dado que la distribución informacional carece por sí sola de la fuerza
estructurante necesaria para democratizar el saber.
Esta
distribución
informacional
ni
siquiera
goza
de
un
alcance
verdaderamente
global,
pues
aún
persisten carencias de condiciones estructurales de acceso, comprensión y uso que constituyen la
brecha
digital,
la
cual
se
espera
reducir
mediante
estrategias
de
conectividad
física
como
política
multilateral. Detrás de esta asimetría material subyace la brecha cognitiva, que se manifiesta como la
carencia
de
una
estructura
analítica
capaz
de
decodificar
la
sobreabundancia
de
estímulos
que
produce la información contemporánea y que relega a los individuos a la posición de consumidores
pasivos de información legitimada de forma centralizada, incrementando el riesgo de perpetuar las
asimetrías de poder existentes. Mitigar las condiciones que mantienen a poblaciones enteras excluidas
de la matriz de producción y validación epistémica requiere que la libertad de expresión y la voluntad
de participación, actúen como condición de posibilidad, permitiendo a la pluralidad de organizaciones
sociales, individuos, culturas, sectores y saberes participar en la generación colectiva de la verdad.
En el ecosistema hipermediatizado actual, dominado por algoritmos predictivos, inteligencia artificial
generativa
y
lógicas
de
posverdad,
la
capacidad
de
distinguir
entre
información
consumible
y
conocimiento
reflexivo
adquiere
una
relevancia
que
el
informe
no
pudo
anticipar
en
su
extensión
presente. La acumulación desmedida de datos, desprovista de rigor metodológico y de comprensión
de contexto, genera alienación y polarización antes que lucidez, de modo que habitamos una sociedad
de
la
paradoja
en
la
que,
justo
cuando
el
acceso
a
la
información
alcanza
su
máxima
expansión
histórica,
la
vacuidad
y
la
superficialidad
rigen
el
pensamiento
humano.
Edificar
sociedades
del
conocimiento exige, en consecuencia, reconfigurar tanto el conocimiento mismo como las intenciones
públicas que lo orientan, sosteniendo instituciones académicas que cultiven intelectos provistos del
rigor necesario para someter la técnica al escrutinio del pensamiento ético.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2295.
REDES, CONOCIMIENTO Y RECONFIGURACIÓN COGNITIVA
La
mutación
del
capitalismo
hacia
una
economía
del
conocimiento
exige
adentrarse
en
las
bases
materiales,
económicas
y
cognitivas
que
estructuran
el
andamiaje
social
contemporáneo
y
que
reconfiguran la relación de los individuos con el saber, el trabajo y la memoria. Dicha etapa evidencia
la complementariedad material y tecnológica existente entre las nuevas posibilidades de codificación,
acopio y transmisión de la información como mercancía y como valor, lo que redefine las categorías
clásicas de la economía política respecto de los medios de producción y del ejercicio del poder; así
pues,
quienes
controlan
las
infraestructuras
de
información
e
innovación
tecnológica
sostienen
la
primacía hegemónica en el paradigma actual.
Cabría
esperar
que
esta
dinámica
se
disolviera
en
las
sociedades
en
red,
caracterizadas
por
la
conectividad
en
tiempo
real
de
usuarios
e
instituciones
a
través
de
los
múltiples
medios
que
lo
permiten, pero las tecnologías emergentes operan un proceso inverso, anclando una dependencia de
las funciones cognitivas en soportes artificiales. Los dispositivos de tratamiento de la información y el
advenimiento de la inteligencia artificial han modificado las condiciones de la actividad cognitiva. Al
delegar
procesos
analíticos
y
de
cálculo
a
los
artefactos,
la
naturaleza
del
pensamiento
humano
experimenta un reajuste que dista de ser voluntario, y el saber pierde su significación originaria cuando
resulta susceptible de automatización, lo que deja abiertas preguntas sobre el papel del pensamiento
humano y sobre el destino del tiempo que las tecnologías liberan. Se optimizan tareas para liberar
tiempo que posteriormente se consume nuevamente en los mismos algoritmos.
El informe profundiza en el mecanismo que convierte el conocimiento humano en datos procesables
mediante el acondicionamiento de la información, procedimiento que somete el saber a una lógica de
formato estandarizado y que se refleja históricamente incluso en los sistemas pedagógicos, como el
modelo
de
educación
por
competencias
y
demás
sistemas
sólidos
ocultos
bajo
el
dominio
de
la
rigurosidad o la tradición. La comprensión real de los fenómenos requiere que el sujeto cognoscente
evite el consumo pasivo de unidades de información preestablecidas incluso cuando están validadas
por una institución, desarticulando su origen y su estructura de acondicionamiento para recuperar la
agencia sobre el saber, una operación que parece lejana de ser sencilla en la práctica cotidiana del
sujeto contemporáneo que parece asumir como verdadera todo tipo de información que se encuentre
validando sus propios sesgos de confirmación.
La sociedad de la información, bajo las lógicas descritas, sitúa la estructura social ante un riesgo de
empobrecimiento cultural derivado de la externalización tecnológica, riesgo que afecta directamente
la
memoria,
tanto
personal
como
social,
fundamento
de
la
identidad
y
de
la
transmisión
intergeneracional. Al delegar el recuerdo y su reflexión a bases de datos y motores de búsqueda, la
memoria se transforma en un archivo de acceso externo que desplaza su función originaria como
estructura interna de sentido, dinámica que conlleva riesgos antropológicos severos y que alimenta un
temor justificado ante la desaparición de tradiciones y conocimientos prácticos constitutivos de los
modos
de
vida
cotidianos
de
diversas
poblaciones.
Resulta
paradójico
que
los
instrumentos
destinados a optimizar la conservación de la información puedan desembocar en un empobrecimiento
de la diversidad del conocimiento y de las culturas que lo producen.
SOCIEDADES DEL APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
Los
entornos
saturados
de
datos
que
habitamos
vuelven
insuficientes
la
mera
acumulación
de
información para pensar el desarrollo humano, y mucho menos para alcanzarlo materialmente, de
manera que se hace necesaria una apropiación social de dicha información capaz de transformarla en
conocimiento que promueva la agencia ciudadana y política de las personas. Este proceso, aunque se
inicie en las instituciones educativas formales, debe excederlas para constituirse en el paradigma de
la época actual y venidera. Como especie necesitamos aprender a comprender en cada uno de los
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momentos de la vida, no solamente en la primera infancia o en los procesos escolares y universitarios,
sino
como
hábito
permanente
que
responda
a
la
complejidad
del
mundo
contemporáneo.
Esta
perspectiva
fundamenta
lo
que
se
conoce
como
sociedades
del
aprendizaje,
sustentadas
en
los
trabajos
de
Hutchins
(1968)
y
Husén
(1974),
que
redefinen
los
límites
espaciotemporales
de
la
adquisición del saber y abordan el aprendizaje como un proceso continuo y coextensivo a la existencia
del individuo, lo que implica que la asimilación del conocimiento reestructura la organización misma
del tiempo, del trabajo y de las instituciones.
Una característica de esta dinámica es la presencia de una cultura de la innovación, que el informe
distingue metodológicamente de la invención (UNESCO, 2005). La invención pertenece a la esfera de
la producción de nuevos conocimientos o artefactos, con independencia de su relación de utilidad
respecto de las necesidades mundiales, mientras que la innovación requiere la valorización de esos
saberes para responder a una demanda social mediante un carácter cooperativo y multidimensional
de la sociedad misma, que interviene como agente activo en la viabilidad de los proyectos técnicos e
interactúa con el campo científico. Esta capacidad de agencia vuelve inexorable la revisión continua
de las competencias validadas como conocimiento, lo que genera tensiones estructurales entre la
búsqueda de novedades, la exigencia de establecer visiones a largo plazo y la desigual distribución de
quienes pueden acceder a ellas.
La
distinción
entre
las
sociedades
del
conocimiento
y
del
aprendizaje
resulta
pertinente
para
comprender el mecanismo que las diferencias de una sociedad de la información. Ambos paradigmas
surgieron de manera simultánea hacia finales de la década de mil novecientos sesenta, a partir de
análisis teóricos como los de Hutchins (1968) y Drucker (1969), y mantienen una complementariedad
funcional,
pero
conviene
distinguir
que
las
sociedades
del
conocimiento
describen
un
régimen
socioeconómico estructurado alrededor de la producción de saberes y de una cultura de innovación
constante que vuelve obsoletas las competencias profesionales operativas con rapidez, mientras que
la sociedad del aprendizaje responde a esta volatilidad fundamentándose en el principio de aprender a
aprender
a
lo
largo
de
la
existencia
humana.
La
noción
de
conocimiento
refiere
a
los
contenidos
producidos, validados y valorizados económica o socialmente, en tanto que el aprendizaje se centra
en los procesos de adquisición y en el desarrollo de los sujetos cognoscentes.
Se destaca, además, la urgencia de incorporar hallazgos científicos para comprender diversas formas
de conocimiento (descriptivo, procedimental, explicativo y/o comportamental) y de reconocer teorías
como
la
de
las
inteligencias
múltiples,
frente
a
las
cuales
las
formas
tradicionales
de
evaluación,
fundamentadas en la cuantificación estandarizada
y en la homogeneización, resultan insuficientes
para medir el pensamiento reflexivo (UNESCO, 2005). Las modalidades de acceso al conocimiento
experimentan, en consecuencia, una diversificación que reconfigura sus propias formas estructurales
y disuelve los monopolios históricos de la institución escolar y del libro impreso. Ejemplo de ello, en la
medida en que emergen las tecnologías digitales y el hipertexto como realidades que alteran la relación
de los individuos con el mundo y sus formas de conocerlo, y en que la lectura abandona una concepción
exclusivamente lineal para integrar recursos espaciales y visuales, deviene una tendencia que exige a
los gobiernos y al sector privado el diseño de políticas orientadas a integrar el aprendizaje formal con
la comunicación informal.
La pregunta por la viabilidad de extender el aprendizaje a lo largo de toda la vida identifica barreras
sistémicas y necesidades de reforma institucional que deben concebirse, en primera instancia, desde
la educación básica universal como requisito del desarrollo cognitivo posterior. La UNESCO (2005)
argumenta que la alfabetización y el acceso a la educación primaria estructuran la capacidad de los
individuos
para
interactuar
con
entornos
de
información
complejos,
y
advierte
que
la
rápida
obsolescencia de las competencias en las economías del conocimiento exige transitar de un modelo
educativo
restringido
a
la
etapa
inicial
de
la
vida
hacia
un
paradigma
de
aprendizaje
continuo.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2297.
Transición
que
requiere
mecanismos
formales
e
informales
capaces
de
actualizar
las
habilidades
ciudadanas frente a las dinámicas cambiantes del mercado laboral y sobre todo, del entendimiento de
sus propios entornos vitales para incubar la voluntad de buscar sociedades más dignas, de transformar
el propio mundo que se habita.
La reestructuración de los sistemas de enseñanza presenta, sin embargo, deficiencias operativas en
los modelos tradicionales. Para naciones en vía de desarrollo como Colombia, implementar currículos
que
vinculen
la
formación
técnica
y
profesional
con
las
demandas
objetivas
de
orden
económico,
social, político y pedagógico responde a la escasez de personal cualificado en niveles intermedios y
evita, a la vez, la saturación de los canales de educación general, saturación que deriva con frecuencia
en
altos
índices
de
desempleo
entre
los
nuevos
profesionales.
El
informe
revela,
además,
una
contradicción estructural en las políticas públicas contemporáneas, pues a pesar del reconocimiento
teórico
de
la
utilidad
social
del
profesorado,
en
la
práctica
se
evidencia
una
desvalorización
de
la
profesión docente que arriesga el papel de la educación en la sociedad del conocimiento, a causa de
la insuficiencia de plazas suficientes y del deterioro de las condiciones de trabajo (UNESCO, 2005).
Dicho esto, debo plantear que la explotación de las nuevas tecnologías carece de la capacidad material
para sustituir la labor del maestro, porque la intervención humana resulta imperativa para mediar en la
transformación de la información bruta en conocimiento asimilado, lo cual exige políticas orientadas
a mejorar las condiciones del profesorado y asegurar su formación continua, aspectos fundamentados
en
instrumentos
jurídicos
internacionales
como
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales (UNESCO, 2005). Respecto a lo cual, iniciativas como los colegios de secundaria
virtual
demuestran
la
viabilidad
de
los
consorcios
educativos
para
ampliar
la
oferta
académica
mediante
plataformas
electrónicas,
aunque
su
eficacia
está
supeditada
a
la
calidad
del
diseño
instruccional y a la capacitación de los tutores virtuales.
EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
El informe examina también la transformación de los esquemas clásicos de producción, difusión y
aplicación del saber en las instituciones de educación superior, comenzando por la diversificación de
las fuentes de financiación y el riesgo de mercantilización que esta diversificación conlleva. Aunque el
modelo
universitario
depende
históricamente
de
la
financiación
pública,
la
disminución
de
los
subsidios estatales ha obligado a las instituciones a buscar recursos en el sector privado, propiciando
la aparición de un mercado de servicios educativos donde las universidades en muchos casos se ven
evocadas a operar bajo lineamientos de rentabilidad y priorizan los conocimientos aplicados sobre la
investigación fundamental, lo cual altera desde su concepción la misión misma de la educación. El
estudiante se concibe como cliente y el conocimiento como producto transable, configuración crítica
para
los
países
en
vía
de
desarrollo
que
carecen
de
marcos
regulatorios
consolidados
frente
a
la
apertura de estos mercados y al aprovechamiento de la ciencia como motor de desarrollo.
Para
contrarrestar
estas
lógicas,
el
informe
propone
la
creación
de
redes
universitarias
y
la
consolidación de sistemas de cooperación interinstitucional que faciliten el intercambio de recursos,
la
movilidad
de
investigadores
y
la
articulación
de
esfuerzos
ante
la
escasez
de
financiamiento
(UNESCO, 2005), orientados a mitigar la emigración de profesionales cualificados y a operar como
contrapeso ante la privatización, de modo que el avance científico conserve su dimensión de bien
público. El paradigma de las sociedades del conocimiento exige, en esta línea, que las instituciones
universitarias trascienden sus funciones de docencia e investigación para integrarse activamente en
los procesos de aprendizaje continuo, de extensión social y de participación política, alineando los
programas
académicos
con
las
demandas
del
desarrollo
local
sin
renunciar
a
la
autonomía
institucional ni a la libertad académica como garantías del pensamiento crítico (UNESCO, 2005).
La transición hacia un modelo alternativo de “producción” del saber se expresa hoy en una evolución
de la investigación hacia abordajes transdisciplinarios orientados a la resolución de problemas, que
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integran múltiples actores sociales, económicos y públicos en la generación de conocimiento a partir
de proyectos de alta exigencia, una condición que excede los límites de los laboratorios universitarios
tradicionales
(UNESCO,
2005).
El
desarrollo
de
estos
proyectos
demanda
infraestructuras
y
presupuestos que superan en numerosos casos, las capacidades operativas de los Estados y de las
instituciones individuales, por lo cual se precisan mecanismos de cooperación internacional y redes de
investigación cuya eficacia depende de plataformas tecnológicas de comunicación y de protocolos
estandarizados para el intercambio de datos empíricos. Esta estrategia, sin embargo, no aborda la
totalidad
de
las
variables
adversas
que
emergen
de
las
nuevas
lógicas
de
privatización
del
conocimiento. El aumento sostenido de la inversión privada en investigación y desarrollo, evidente
desde
la
consolidación
de
la
big
science,
orienta
su
foco
operativo
hacia
intereses
corporativos
y
conlleva el riesgo de subordinar la agenda científica a criterios de rentabilidad financiera, desterrando
investigaciones fundamentales que carecen de aplicación comercial a corto plazo. La proliferación de
patentes
y
de
mecanismos
de
propiedad
intelectual
sobre
descubrimientos
básicos
amenaza
con
restringir la circulación de los avances científicos, afectando la dimensión del conocimiento como bien
global y abierto.
El abordaje de este problema se reviste de una complejidad considerable, dado que existe una brecha
objetiva
entre
los
países
altamente
industrializados,
que
concentran
la
inversión
mundial
en
investigación, y las naciones en vía de desarrollo (UNESCO, 2005). Esta asimetría produce una falta de
garantías nacionales para sostener procesos investigativos y retener profesionales cualificados, lo que
plantea la exigencia de integrar marcos éticos rigurosos en la gobernanza de la ciencia, sin que exista
una solución que prescinda del espectro político y ético. El avance en disciplinas como la biotecnología
ilustra
esta
exigencia,
en
la
medida
en
que
requiere
un
diálogo
informado
entre
la
comunidad
académica
y
la
sociedad
civil
para
establecer
regulaciones
normativas
capaces
de
conciliar
la
protección de la propiedad intelectual con el acceso abierto a los resultados investigativos.
CIENCIA, PÚBLICO Y SEGURIDAD HUMANA
La articulación epistemológica y social entre la producción científica y la esfera pública constituye uno
de los ejes normativos del informe, que promueve la transición de un paradigma de difusión unilateral
del conocimiento hacia un modelo de gobernanza participativa en el que la ciudadanía ejerce un rol
activo en la deliberación sobre el desarrollo tecnológico e investigativo. En esta línea, la UNESCO (2005)
examina
el
denominado
modelo
de
déficit
y
advierte
que
las
instituciones
científicas
asumían
tradicionalmente
que
el
escepticismo
ciudadano
frente
a
la
ciencia
derivaba
de
una
carencia
de
información
empírica
o
de
una
incomprensión
conceptual,
de
manera
que
la
comunidad
científica
emitía
información
hacia
una
audiencia
concebida
como
receptor
pasivo,
estableciendo
una
equivalencia causal errónea entre el aumento de la alfabetización científica y la aceptación automática
de las agendas de investigación.
El
análisis
contemporáneo
demuestra,
sin
embargo,
que
la
desconfianza
ciudadana
frente
a
la
tecnociencia
obedece,
además,
frecuentemente
a
controversias
éticas,
a
preocupaciones
por
el
impacto ambiental y a cuestionamientos sobre la financiación corporativa de los proyectos. Tópicos
que exceden el ámbito estrictamente técnico y que resultan, por ello, imposibles de resolver mediante
la
transferencia
unidireccional
de
datos,
pues
la
asimilación
del
conocimiento
requiere
canales
dialógicos bidireccionales. El sostenimiento de un paradigma jerárquico propio de la sociedad de la
información anula la deliberación pública, y la superación del modelo de déficit exige abandonar la
percepción del ciudadano como un ente cognitivamente deficiente, reconociendo la legitimidad de las
inquietudes
sociales
y
estructurando
canales
de
participación
bidireccionales
que
integren
las
evaluaciones éticas de la ciudadanía en la gobernanza del desarrollo científico.
Esta democratización del saber científico requiere superar barreras de acceso y mitigar exclusiones
sistemáticas, entre las cuales destacan las asimetrías de género en el ámbito investigativo, el alto
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2299.
costo de acceso a las publicaciones académicas y las condiciones estructurales que subordinan el
tiempo y la energía humana a la estricta supervivencia material, limitando la participación ciudadana
en los asuntos científicos, políticos e incluso culturales. Resulta necesario articular los conocimientos
empíricos
locales
con
los
paradigmas
científicos
formales,
pues
reconocer
la
pluralidad
epistemológica potencia su capacidad para modificar el estado de cosas en el mundo y mejorar las
condiciones estructurales que posibilitan su propia comprensión por parte de la sociedad.
La producción contemporánea de conocimiento ha situado a la humanidad en la siguiente paradoja: el
incremento
del
dominio
técnico
sobre
el
entorno
acrecienta
también
consecuencias
imprevisibles,
como
alteraciones
ecológicas,
crisis
epidemiológicas
y
dilemas
biotecnológicos,
cuyo
alcance
transnacional supera la capacidad de contención de los Estados individuales y vuelve insuficientes los
mecanismos
de
protección
fronterizos
convencionales.
Esta
realidad
exige
reconfigurar
los
paradigmas de seguridad desde la doctrina clásica de la seguridad nacional hacia el enfoque de la
seguridad humana, que sitúa al individuo como objeto de referencia primario e integra la protección
contra
amenazas
físicas
con
la
garantía
de
condiciones
vitales
en
esferas
como
la
salud,
la
alimentación, la economía y el medio ambiente (UNESCO, 2005). Para este fin resulta indispensable
anticipar escenarios adversos mediante sistemas de alerta temprana, redes globales de monitoreo y
la implementación del principio de precaución, que proporciona un marco normativo para limitar o
suspender innovaciones cuando existen indicios racionales de daño irreversible a la biosfera o a la
salud
pública,
incluso
en
ausencia
de
un
consenso
científico
absoluto
(UNESCO,
2005).
El
conocimiento, entendido como apropiación social de la información, debe conducir a un entendimiento
colectivo
de
que
el
desarrollo
ha
de
ser
sostenible,
principio
que
exige
subordinar
la
racionalidad
instrumental y el crecimiento económico a objetivos de equidad intra e intergeneracional (UNESCO,
2005). Esto es, posicionar la idea de desarrollo necesariamente subordinada a la vida.
CONOCIMIENTOS AUTÓCTONOS, DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y PARTICIPACIÓN
Si la sostenibilidad constituye entonces el esquema
rector de
las sociedades
del conocimiento, la
pluralidad
epistémica
debe
ser
su
fundamento
operativo
desde
la
intersección
entre
los
saberes
territoriales,
locales
e
incluso
ancestrales,
entendidos
como
sistemas
empíricos
complejos
desarrollados
mediante
la
interacción
prolongada
de
las
poblaciones
con
sus
entornos,
y
la
preservación de la diversidad lingüística, que a su vez contiene formas de comprender, pensar y actuar.
Las instituciones científicas formales desestimaron históricamente la validez metodológica de estos
saberes
(UNESCO,
2005),
aunque
bien
el
paradigma
actual
reconoce
su
eficacia
(no
de
manera
suficiente) en ámbitos como la gestión de recursos naturales, la medicina tradicional y la adaptación
a
variaciones
climáticas,
y
encuentra
en
la
integración
de
estos
saberes
empíricos
con
la
ciencia
convencional
un
recurso
para
enriquecer
las
estrategias
de
desarrollo
sostenible
y
fortalecer
la
resiliencia comunitaria frente a la hegemonía de paradigmas cognitivos estandarizados que amenazan
el patrimonio inmaterial de las comunidades locales.
Frente a las innovaciones que el informe menciona como autóctonas, entendidas como el ejercicio de
recuperación de conocimiento en función de las necesidades propias de una sociedad determinada, la
asimetría en los marcos jurídicos internacionales genera una vulnerabilidad sistemática. El informe
aborda el fenómeno de la biopiratería, precisado como la apropiación comercial de recursos biológicos
y
saberes
tradicionales
por
parte
de
corporaciones
transnacionales
sin
el
consentimiento
ni
la
compensación
adecuada
a
las
comunidades
originarias,
lo
cual
profundiza
la
homogeneización
cultural
y
la
imposición
de
lenguas
y
valores
hegemónicos,
agravando
el
proceso
de
extinción
idiomática a escala global (UNESCO, 2005). La vitalidad lingüística opera como matriz cognitiva que
estructura la percepción del entorno material e inmaterial, de modo que la desaparición de una lengua
conlleva la pérdida irreversible del corpus de conocimiento empírico codificado en sus estructuras
léxicas y semánticas, lo cual exige mecanismos de propiedad intelectual adaptados a la naturaleza
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2300.
colectiva y generacional de estos saberes, junto con el fomento del plurilingüismo en las plataformas
digitales y en los currículos escolares, dado que la información en red se encuentra reducida a un grupo
selecto de idiomas que restringe el acceso al conocimiento global para grandes sectores demográficos
(UNESCO, 2005).
La transición estructural entre la disponibilidad tecnológica y la integración cognitiva efectiva exige
delimitar con precisión la distinción entre la brecha digital y la brecha del conocimiento. La UNESCO
(2005) argumenta que el abismo que se amplía exponencialmente en las sociedades contemporáneas
no radica tanto en la infraestructura tecnológica de acceso a la información como en la capacidad para
transformarla en un recurso aplicable, capaz de generar innovación; la réplica de las mismas acciones
con
la
información
ya
disponible
se
conoce
como
disparidad
cognitiva
y
obedece
a
deficiencias
sistémicas en los modelos educativos, estos es seguir educando, trabajando y actuando igual, cuando
el paradigma informacional ha cambiado por completo.
El
informe
examina
también
las
dinámicas
de
exclusión
que
afectan
a
grupos
demográficos
específicos, prestando atención particular a la dimensión de género. Es ampliamente reconocido que
la marginación de las mujeres en el ámbito científico a lo largo de la historia ha restringido el potencial
operativo de las sociedades, y se manifiesta
tanto
en el acceso inequitativo a las infraestructuras
tecnológicas
como
en
la
marginación
sistemática
de
las
mujeres
en
los
procesos
de
producción,
asimilación
y
validación
del
saber
(UNESCO,
2005),
fenómeno
que
obedece
a
determinantes
socioculturales
de
narrativas
antropológicas
supuestamente
válidas,
que
relegan
a
la
población
femenina
a
roles
periféricos
en
el
desarrollo
científico.
La
viabilidad
de
unas
sociedades
del
conocimiento participativas depende, finalmente, de la garantía efectiva de la libertad de expresión y
de la consolidación de entornos democráticos donde los ciudadanos posean la capacidad de debatir
los paradigmas establecidos de manera autónoma y abierta (UNESCO, 2005), lo cual exige estructurar
redes de cooperación entre el sector público, la academia y la sociedad civil.
LAS TENSIONES MATERIALES DEL PARADIGMA EN EL CONTEXTO COLOMBIANO
Retomar
las
ideas
del
informe
permite
recuperar
la
diferencia
conceptual
y
experiencial
entre
la
sociedad de la información, definida como acumulación y mercantilización de datos, y las sociedades
del
conocimiento,
sustentadas
en
la
apropiación
cognitiva,
la
participación
civil,
la
pluralidad
epistémica y el aprendizaje continuo. El desarrollo del informe a través de sus diez capítulos postula a
las
sociedades
del
conocimiento
como
un
escenario
deseable
para
la
realidad
tecnocientífica
y
transdisciplinaria
del
contexto
contemporáneo,
aunque
enfrenta
límites
operativos
y
materiales
significativos
a
nivel
global,
límites
que
se
profundizan
en
el
contexto
colombiano,
donde
las
estrategias de participación ciudadana y de cierre de brechas cognitivas propuestas en el informe
colisionan directamente con una realidad sociopolítica caracterizada por una infraestructura estatal
insuficiente, desigualdades históricas territoriales, baja confianza institucional, brechas en constante
crecimiento
y
un
modelo
económico
que
dificulta
la
consolidación
del
saber
como
bien
público
garantizado.
Como
ya
mencioné,
el
informe
advierte
el
riesgo,
hoy
más
bien
constatado,
de
ahondar
la
brecha
cognitiva
entre
naciones
favorecidas
y
países
en
vía
de
desarrollo
(UNESCO,
2005).
En
Colombia
particularmente,
esta
dicotomía
global
se
dispersa
en
una
acentuada
segregación
demográfica
y
geográfica, en la que la transición de receptores pasivos de información a sujetos dotados de agencia
exige un andamiaje educativo que asegure el acceso y acompañamiento equitativo, del cual el país
permanece
distante.
Superando
en
este
análisis
el
actual
o
anterior
periodo
de
gobierno
y
posicionándonos ante el país como un todo histórico, las zonas periféricas y rurales evidencian una
desconexión
física
y
tecnológica
que
antecede
y
agudiza
la
exclusión
cognitiva,
mientras
que
la
alfabetización universal y la educación básica enfrentan deficiencias de cobertura e infraestructura
que invalidan la premisa de un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Los saberes ancestrales,
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2301.
patrimoniales o las lenguas originarias no forman parte de los currículos educativos ni se incluyen en
los planes de educación académica tradicionales. A esto se suma que la pretensión de un aprendizaje
continuo
coextendido
con
la
existencia
del
individuo
presupone
condiciones
materiales
de
subsistencia estables de las que un sector mayoritario de la población colombiana carece.
Los datos estadísticos disponibles confirman esta lectura. La asimetría monetaria en Colombia y la
concentración del ingreso constituyen el determinante principal de la exclusión material en el territorio
nacional. Los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025b) indican
que
en
2024
la
incidencia
de
la
pobreza
monetaria
en
Colombia
se
ubicó
en
31,8%,
y
la
pobreza
monetaria extrema alcanzó 11,7%, con un coeficiente de Gini de 0,551 que constata un nivel alto de
desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. La segregación territorial resulta verificable
al observar que departamentos como Chocó y La Guajira presentaron índices de pobreza monetaria de
67,4%
y
65,7%
respectivamente,
frente
a
registros
cercanos
al
20%
en
departamentos
como
Cundinamarca y Caldas (DANE, 2025b) que aún siguen siendo preocupantes. Esta distribución desigual
de la riqueza restringe el acceso a bienes e impide la inserción estable de las poblaciones vulneradas
en
los
sistemas
de
formación
continua
y
en
las
redes
de
información,
de
modo
que
la
brecha
epistémica
funciona
como
factor
de
exclusión
cognitiva
en
el
que
la
divergencia
de
ingresos
condiciona
el
surgimiento
de
asimetrías
en
la
producción
y
la
asimilación
del
conocimiento.
Ortiz
Soriano et al. (2022) postulan que la insuficiencia de infraestructura tecnológica, reflejada en un acceso
limitado a internet en los hogares colombianos segregados, ha propiciado la transición de una brecha
digital hacia una brecha epistémica, lo que implica que amplios sectores demográficos carecen de las
competencias analíticas requeridas para decodificar y validar la información disponible en las redes
informáticas.
Bonilla-Molina
(2021)
sostiene,
en
un
sentido
convergente,
que
la
brecha
epistémica
opera
como
una
limitación
estructural
que
impide
a
los
ciudadanos
comprender
y
modificar
sus
realidades frente a la constante innovación técnica, de manera que la deficiencia en la democratización
del
conocimiento
científico
mantiene
a
estas
poblaciones
en
la
categoría
de
receptores
pasivos
y
suprime su agencia en la transformación de sus condiciones de vida.
La debilidad de las condiciones materiales que impiden a Colombia avanzar hacia una sociedad del
conocimiento
se
manifiesta
de
manera
muy
clara
en
la
voluntad
política
que
el
Estado
destina
a
sostener su propia infraestructura científica, indicador que revela, mejor que cualquier otro, el lugar que
ocupa el conocimiento en la jerarquía real de las prioridades nacionales. En 2022, Colombia invirtió
apenas
el
0,21%
de
su
producto
interno
bruto
en
actividades
de
investigación
y
desarrollo,
cifra
considerablemente inferior al promedio del 2,71% que registraron ese mismo año los países miembros
de
la
Organización
para
la
Cooperación
y
el
Desarrollo
Económico
(Departamento
Nacional
de
Planeación, 2024). Esta magnitud es apenas el reflejo de una disposición estructural del Estado hacia
la producción de conocimiento, disposición que condiciona de antemano la posibilidad de que el país
cuente algún día con la infraestructura científica soberana que el informe reclama como condición de
la
autonomía
intelectual.
Cuando
la
inversión
pública
en
ciencia
y
conocimiento
fundamental
permanece por debajo del promedio de las economías que el propio informe toma como referencia de
la sociedad del conocimiento, la brecha cognitiva deja de ser un fenómeno derivado exclusivamente
de
la
pobreza
o
de
la
desigualdad
de
ingresos,
para
revelarse
también
como
el
resultado
de
una
decisión política sostenida en el tiempo, adoptada y renovada por sucesivos gobiernos en la historia
del país.
Sobre esta lectura encuentro un anclaje conceptual pertinente en la perspectiva de las capacidades
que desarrolla Amartya Sen, cuyo pensamiento se encuentra de manera reconocida en buena parte del
armazón normativo del informe de la UNESCO. Sen (2000) sostiene que el desarrollo debe entenderse
como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas, lo que denomina capacidades,
y que la pobreza, lejos de reducirse a la insuficiencia de ingresos, constituye ante todo una privación
de estas capacidades, esto es, una limitación de lo que las personas pueden ser y hacer. Cuando
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2302.
trasladamos esta idea al problema que ocupa este artículo, su perspectiva permite comprender por
qué la acumulación de información disponible en las redes no se traduce, para amplios sectores de la
población colombiana, en una ampliación correspondiente de su capacidad de agencia, entendida aquí
como la capacidad efectiva de deliberar, evaluar y actuar sobre las propias condiciones a partir de
razones que el sujeto puede sostener, es decir, la posibilidad de pensar y transformar su propio mundo.
Esto ocurre porque, cuando la supervivencia biológica, la vivienda, la salud o la seguridad alimentaria
absorben la totalidad de las capacidades de una persona, la libertad de deliberar, de cuestionar, de
producir
y
de
validar
conocimiento
queda,
de
hecho,
clausurada,
aun
cuando
exista
formalmente
acceso a un dispositivo conectado a internet. La sociedad del conocimiento, en estos términos, no
puede
edificarse
sobre
poblaciones
cuyas
capacidades
básicas
permanecen
sistemáticamente
restringidas, porque la libertad epistémica que el informe reclama presupone, como condición previa y
no
como
consecuencia
automática,
un
umbral
mínimo
de
libertades
sustantivas
que
el
Estado
colombiano no ha logrado garantizar de manera general.
Esta
privación
de
capacidades
adquiere
una
expresión
material
concreta
en
la
infraestructura
de
conectividad del país. Para 2024, el 65,6% de los hogares colombianos contaba con conexión a internet,
cifra nacional que oculta una brecha marcada entre zonas, 72,5% en las cabeceras municipales frente
a apenas un 41,9%
en los centros poblados y el área rural dispersa. (DANE, 2025a). La brecha se
profundiza
cuando
se
examina
por
departamento;
mientras
Vichada,
Vaupés
y
Chocó
registran
proporciones de hogares conectados inferiores al 20%, departamentos como Valle del Cauca, Bogotá,
Meta, Quindío y Antioquia superan el 70% (DANE, 2025a). Esta distribución reproduce, casi punto por
punto, la geografía de la pobreza monetaria ya expuesta, lo que confirma que la brecha digital y la
brecha cognitiva no son fenómenos paralelos sino superpuestos sobre un mismo mapa de abandono
estatal,
de
manera
que
las
regiones
históricamente
desatendidas
por
la
inversión
pública
en
infraestructura básica son, sistemáticamente, las mismas que quedan excluidas de la posibilidad de
participar en la producción y validación del conocimiento contemporáneo.
La geografía de esta desconexión no es indiferente para el argumento que aquí sostengo, porque las
mismas poblaciones rurales y periféricas que la brecha de conectividad excluye, se cuentan en buena
medida, entre las que Boaventura de Sousa Santos (2009) sitúa como víctimas históricas de lo que
denomina epistemicidio, el hecho de que, al declararse la única forma legítima de conocer, la ciencia
moderna occidental borró históricamente saberes, prácticas y sujetos de conocimiento propios del Sur
global. El caso colombiano permite observar cómo el epistemicidio se extiende más allá de los saberes
ancestrales
de
los
pueblos
indígenas
y
las
comunidades
afrodescendientes,
ya
señalados
en
este
artículo,
alcanzando
también,
a
las
poblaciones
rurales
y
campesinas,
cuya
exclusión
de
la
infraestructura científica nacional las condena a permanecer en la posición de receptoras pasivas del
conocimiento que otros producen. Sousa Santos (2009) propone frente a esto una ecología de saberes
que reconozca la pluralidad de formas de conocimiento válidas y las ponga en diálogo horizontal, lo
que resuena directamente con la exigencia de pluralidad epistémica que el informe de la UNESCO
fórmula
para
las
sociedades
del
conocimiento,
aunque
su
aplicación
efectiva
en
el
territorio
colombiano
exige,
antes
que
cualquier
política
de
reconocimiento
cultural,
una
redistribución
comprensiva y material de la infraestructura científica y tecnológica que hoy se concentra de manera
desproporcionada en el centro del país.
De estos tres elementos, la inversión insuficiente en ciencia, la privación de capacidades básicas y el
epistemicidio
territorial,
se
desprende
que
la
construcción
de
una
sociedad
del
conocimiento
en
Colombia depende, ante todo, de una decisión política sostenida que hasta ahora el Estado colombiano
no ha adoptado con la consistencia que la magnitud del problema exige. Un indicio adicional de esta
misma
disposición
estructural,
más
inmediato
en
el
tiempo,
aparece
en
el
trámite
legislativo
que
Colombia ha intentado sostener para regular el uso, implicaciones y aplicaciones de la inteligencia
artificial, tecnología que expresa de manera ejemplar, la tensión entre sociedad de la información y
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2303.
sociedades
del
conocimiento
que
este
artículo
examina.
Un
primer
intento
gubernamental
de
regulación se hundió en junio de 2025 en la Comisión Sexta del Senado, evidenciando la fragilidad del
proceso
legislativo
colombiano
frente
a
una
tecnología
cuya
velocidad
de
despliegue
excede,
con
holgura, los tiempos parlamentarios ordinarios y la capacidad local de generar una experticia en sus
implicaciones
de
uso.
El
Gobierno
Nacional
radicó
una
nueva
iniciativa
el
28
de
julio
de
2025,
el
Proyecto
de
Ley
043
de
2025
Senado
y
324
de
2025
Cámara,
"por
medio
del
cual
se
regula
la
inteligencia
artificial
en
Colombia
para
garantizar
su
desarrollo
ético,
responsable,
competitivo
e
innovador" (Congreso de la República de Colombia, 2025), que adopta un enfoque de gestión de riesgos
análogo al del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, clasifica los sistemas según niveles de
riesgo prohibido, alto y limitado o mínimo, y designa al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
como autoridad nacional de gobernanza, con un papel complementario para la Superintendencia de
Industria y Comercio en materia de protección de datos personales y de competencia económica.
La ponencia positiva para primer debate, publicada hacia finales de 2025, no bastó para asegurar el
avance del proyecto. El Gobierno debió presentar, el 8 de septiembre de 2025, un mensaje de urgencia
que obligó a las Comisiones Sextas de Senado y Cámara a sesionar de manera conjunta, mecanismo
previsto en el artículo 191 de la Ley 5ª de 1992 para acelerar trámites que el Congreso, por sí solo, no
logra agendar con la premura que este proceso requiere. Pese a esa presión procedimental, el proyecto
permanecía, hacia mediados de 2026, estancado en fase de comisión, a la espera de la votación del
primer debate, mientras la inteligencia artificial generativa continuaba desplegándose en el país sin
ningún
marco
normativo
vigente
que
subordinara
su
desarrollo
a
criterios
éticos,
territoriales
o
de
responsabilidad institucional, más allá que el CONPES 4144 del 14 de febrero de 2025, que es la Política
Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia. Digo “solo” contamos con la política nacional porque
aunque define acciones e inversiones a manera de guía de planeación pública, se necesita un proyecto
de
ley
para
crear
obligaciones
legales
obligatorias,
establecer
sanciones
y
dar
fuerza
jurídica
permanente. Conviene señalar, además, que el propio modelo europeo que el proyecto colombiano
busca replicar se aplica todavía de manera progresiva, con un despliegue completo previsto solo hasta
el 2 de agosto de 2027 (European Commission, s. f.), fecha que la Comisión Europea ha vinculado,
mediante el paquete conocido como Digital Omnibus, a la disponibilidad de herramientas de apoyo y
estándares
armonizados
aún
pendientes,
circunstancia
que
revela
hasta
qué
punto
la
regulación
colombiana
de
la
inteligencia
artificial
depende
de
un
ensamblaje
normativo
foráneo
cuya
propia
implementación está todavía en curso.
Esta
serie
secuencial,
hundimiento,
nueva
radicación,
mensaje
de
urgencia,
estancamiento;
resulta
elocuente
para
argumentar
que
la
sociedad
de
la
información
avanza
en
Colombia
al
ritmo
de
la
adopción tecnológica del mercado global, mientras el aparato normativo que debería subordinar esa
adopción
a
un
horizonte
ético
y
participativo
permanece
atrapado
en
los
tiempos
legislativos
ordinarios. La distancia entre ambos ritmos se convierte en un vacío de gobernanza que favorece, casi
por defecto, a quienes ya controlan la infraestructura de la inteligencia artificial, sean corporaciones
transnacionales
o
economías
centrales,
y
posterga
indefinidamente
la
posibilidad
de
que
el
país
determine, con soberanía, los términos en que esa tecnología habrá de insertarse en su propio proceso
de construcción de una sociedad del conocimiento.
A las dificultades ya mencionadas debemos sumar dos realidades que se profundizan en el terreno
mismo
donde
se
forma
el
sujeto
que
una
sociedad
del
conocimiento
necesita
para
existir:
la
desigualdad territorial de la calidad educativa y la magnitud de la migración científica calificada. En
Colombia, la cobertura bruta de la educación superior alcanzó en 2023 el 55,38 %, la cifra más alta de
la última década (Ministerio de Educación Nacional, 2024), lo cual significa, leído desde el reverso de
ese logro, que cerca de la mitad de los jóvenes colombianos en edad de cursar estudios superiores
permanece, todavía hoy, fuera de cualquier trayectoria universitaria o técnica. Esta exclusión no se
distribuye de manera uniforme sobre el territorio, según el informe nacional de resultados de la prueba
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Saber 11 de 2024, los departamentos de Chocó, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas y La Guajira, que
ya aparecieron en este artículo como los territorios con mayor pobreza monetaria y menor conectividad
digital, registran también el desempeño académico más bajo del país, en contraste con Bogotá, Quindío
y Santander (Defensoría del Pueblo, 2026). La tasa de analfabetismo en población mayor de quince es
de 3 % en zonas urbanas frente a 10,4 % en zonas rurales, más de tres veces superior (DANE, 2023,
como
se
citó
en
(Defensoría
del
Pueblo,
2026).
Estas
cifras
sugieren
que
la
brecha
cognitiva
colombiana se origina en un momento anterior al acceso a internet o a la inversión en investigación,
responde en caso de presentarse, primero a la condición estructurante de la calidad y acceso desigual
de la educación básica y media que influye como lo he sostenido, por tiempo, energía, capital cultural,
social,
desplazamiento,
alimentación
y
muchas
otras
variables,
quién
tendrá
las
herramientas
cognitivas para participar algún día en la producción de conocimiento validado.
Sin la pretensión de pasar por pesimista, a esta desigualdad estructural se añade una condición más
de
la
realidad
colombiana
que
resulta
necesario
mencionar
como
estado
de
cosas.
Los
casos
de
reclutamiento infantil verificados por Naciones Unidas en Colombia pasaron de 116 en 2020 a 453 en
2024, un incremento del 300 % en el quinquenio que equivale, según el informe correspondiente a 2024,
a un niño reclutado cada veinte horas (Naciones Unidas, 2026). A esto se suma que, de acuerdo con el
estudio de caracterización de la niñez desvinculada de grupos armados organizados adelantado para
el periodo 2013-2022, el 69,2 % de los adolescentes y jóvenes encuestados provenía de zonas rurales
antes de su reclutamiento (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], Fondo de las Naciones
Unidas
para
la
Infancia
[UNICEF]
e
Infométrika,
2023).
Lo
que
por
supuesto
evidencia
una
alarma
respecto a la seguridad humana como condición previa de cualquier sociedad del conocimiento, sin
pasar
a
ser
una
generalidad
en
el
país,
sin
embargo,
allí
en
aquellos
territorios
donde
el
conflicto
armado interno continúa disputando el control territorial, la escuela pierde su condición de espacio
protegido para la formación cognitiva y ontológica, convirtiéndose en un lugar de disputa que termina
expulsando a la infancia de su propia trayectoria educativa.
Finalmente, la migración de personal científico calificado añade una nueva complejidad al problema,
porque compromete precisamente el capital humano que ya se formó con enorme esfuerzo. Se calcula
que 119.475 colombianos residen en el exterior vinculados a la fuga científica del país (Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020), una muestra de la magnitud de una migración calificada que
sustrae del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación una masa crítica de talento formado,
en muchos casos, con recursos públicos y que debe leerse en contraste con la debilidad crónica de los
programas estatales de retorno. La Red Caldas, creada en 1991 para articular a la diáspora científica
colombiana, llegó a contar con veintinueve nodos en distintos países antes de caer en decadencia a
comienzos de la década de 2000, y su sucesor más reciente, el programa "Es Tiempo de Volver", no ha
logrado revertir de manera significativa esta tendencia (Echeverría-King, 2022). La combinación de baja
inversión en investigación, infraestructura científica, falta de voluntad institucional y estatal en I+D y
ausencia de condiciones profesionales competitivas empuja, de este modo, a una parte considerable
del talento formado por el propio Estado colombiano hacia sistemas científicos de otros países, en una
suerte de subsidio involuntario a las sociedades del conocimiento que sí han logrado consolidarse en
otras latitudes.
Tomados en conjunto, estos frentes, la desigualdad territorial de la calidad educativa agravada por las
brechas económicas, sociales y el conflicto armado, la migración del talento científico y las dificultades
ya expuestas en materia de inversión, conectividad y gobernanza tecnológica, permiten sostener que
la transición colombiana hacia una sociedad del conocimiento exige una transformación simultánea y
sostenida de las condiciones materiales, institucionales y de seguridad, transformación que excede
ampliamente el alcance de cualquier reforma sectorial aislada y que el país, hasta el momento, no ha
logrado articular de manera coherente.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2305.
Estas dificultades se reflejan también en el desplazamiento de las lenguas nativas en Colombia, que
se inscribe en un patrón regional que el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe [FILAC] documentó en su Informe Regional de 2020; mencionando que el país cuenta
con 115 pueblos indígenas reconocidos que hablan 65 lenguas originarias vigentes, un patrimonio
lingüístico que, lejos de estabilizarse, se erosiona a un ritmo que el FILAC sitúa entre el 40% y el 60%
de
las
lenguas
indígenas
de
la
región
en
riesgo
de
disolución.
La
causa
que
se
identifica
como
determinante de esa erosión es la interrupción de la transmisión intergeneracional, entendida como el
corte del mecanismo mediante el cual los mayores de una comunidad enseñan la lengua materna a los
menores
en
el
hogar
y
en
los
espacios
cotidianos
de
convivencia
y
que
compromete,
con
ella,
la
transferencia del conocimiento empírico territorial acumulado durante generaciones. Esta interrupción
responde a una combinación de factores como la migración del campo a la ciudad, que aleja a las
nuevas generaciones de los entornos donde la lengua se practica con naturalidad; el desconocimiento
y desarraigo de los saberes originarios de cada territorio por parte de sus habitantes contemporáneos
que
penaliza
(de
manera
inconsciente
incluso)
el
uso
público
de
los
idiomas
autóctonos;
y
la
percepción, extendida entre las propias comunidades, de que el castellano ofrece mayor utilidad social
para acceder a la educación, la salud, el empleo y la justicia, percepción que termina por desplazar
voluntariamente
la
lengua
propia
incluso
en
ausencia
de
una
prohibición
institucional
explícita.
La
estandarización educativa en castellano, sin ser la única causa de este fenómeno, opera como una de
las líneas que refuerzan esa jerarquía de utilidades entre lenguas, en la medida en que un sistema
escolar que no incorpora la enseñanza en lengua propia territorial envía a la niñez indígena la señal de
que su idioma o saberes carecen de valor institucional, mientras el conocimiento histórico que ese
idioma transporta, las categorías con que una comunidad nombra su entorno, sus ciclos productivos y
sus formas de organización social, se queda sin el vehículo lingüístico que garantizaba su continuidad.
Por otro lado, en el terreno de la educación formal y la competitividad internacional, Colombia arrastra
un déficit de bilingüismo. En la edición 2021 del EF English Proficiency Index, elaborado por Education
First a partir de los resultados de más de dos millones de hablantes no nativos en 112 países y regiones,
Colombia ocupó el puesto 81 del ranking global, aunque representó una mejora de 17 puntos respecto
al año anterior y permitió al país pasar de la categoría de dominio muy bajo a la categoría de dominio
bajo, aún mantiene al país lejos del liderazgo regional. La persistencia de Colombia en el tramo inferior
de
la
tabla,
sugiere
que
el
problema
no
se
inicia
por
un
déficit
coyuntural,
sino
por
limitaciones
estructurales del sistema educativo en la formación de competencias comunicativas, primeramente,
en lenguas locales, hasta llegar a lengua extranjera. Estas limitaciones tienen mayor presencia en las
instituciones oficiales, donde la escasez de presupuesto y la capacitación metodológica insuficiente
de
los
docentes
en
este
caso
de
inglés,
ralentizan
en
la
práctica,
el
acceso
de
buena
parte
de
la
población estudiantil a la literatura científica global y restringen las posibilidades de participación en
consorcios de investigación internacionales, circuitos que operan mayoritariamente en esa lengua.
Como podemos ver en la revisión de esta evidencia, las asimetrías monetarias, simbólicas, epistémicas
y
lingüísticas
funcionan
como
todo
un
mecanismo
integrado
de
marginación.
La
restricción
presupuestal de los hogares disminuye en primera medida la capacidad de orientar la voluntad a otros
intereses
más
allá
de
la
supervivencia,
y
posteriormente
dificulta
las
posibilidades
de
acceder
a
plataformas tecnológicas y a programas educativos avanzados, repitiendo en el mejor de los casos
ciclos de introducción o formación básica en los temas tratados, como “inglés básico” o “uso básico
de
sistemas
basados
en
inteligencia
artificial”,
consolidando
el
déficit
cognitivo
y
reduciendo
las
probabilidades
de
movilidad
social,
en
un
paradigma
histórico
contemporáneo
que
exige
políticas
públicas orientadas a la redistribución del ingreso, a la descentralización del sistema tecnológico y a
la protección jurídica de la diversidad de saberes del país.
En este sentido, la UNESCO (2005) advierte sobre el riesgo de priorización de saberes aplicados y
presuntamente rentables por encima de la ciencia fundamental, en el marco de una tendencia a la
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2306.
privatización y la internacionalización de los sistemas de enseñanza superior, pues el conocimiento
constituye un bien común cuya mercantilización compromete la diversidad de las culturas y el propio
entendimiento existencial de la vida en todas sus formas. El informe señala, además, que los saberes
prácticos, locales o autóctonos corren el riesgo de desaparecer en una economía que privilegia el
conocimiento
técnico
y
científico,
pese
a
representar
una
riqueza
patrimonial
inestimable
para
el
desarrollo sostenible. Las universidades públicas colombianas, sometidas a restricciones financieras
quedan expuestas a esa misma lógica comercial que la UNESCO identifica como amenaza para la
autonomía
académica,
un
fenómeno
que
arrastra
consigo
la
capacidad
de
las
instituciones
para
sostener líneas de investigación fundamental sin condicionamientos de rentabilidad inmediata.
Esta condición general encuentra sus propias formas de manifestarse en el territorio nacional con
prácticas
relacionadas
al
extractivismo
epistémico.
Las
comunidades
locales,
indígenas,
afrodescendientes o campesinas, poseedoras de matrices cognitivas y simbólicas relevantes para la
estructura ontológica, la gestión ambiental y la resiliencia
climática, sufren la
expropiación de sus
saberes
ancestrales
por
parte
de
empresas
transnacionales
bajo
prácticas
de
bioprospección
y
apropiación cultural que derivan, en numerosos casos documentados en Colombia y en el resto de
América
Latina,
en
biopiratería,
entendida
como
la
apropiación
no
consentida
ni
compensada
de
conocimientos
y
recursos
biológicos
originarios
de
estas
comunidades.
Un
fenómeno
que
exige
marcos jurídicos nacionales rigurosos que protejan la propiedad intelectual colectiva y que presenta
hoy en Colombia, vacíos considerables de aplicabilidad en el ordenamiento legal vigente.
En este panorama, la participación de los ciudadanos en la validación del saber, demanda entornos
institucionales y sociales democráticos y estables, condición que en el contexto colombiano marcado
por la polarización que impide el andamiaje de proyectos colectivos para la movilización de lo común,
producto
de
una
profunda
superficialidad
del
pensamiento,
la
persistencia
de
violencias
directas,
culturales
y
estructurales
a
nivel
territorial
o
las
marcadas
desigualdades
sociales
y
económicas;
restringen las garantías para el ejercicio del pensamiento crítico libre de coacciones en cualquiera de
las ideologías presentes, de manera que resulta inviable exigir a poblaciones vulneradas la asimilación
reflexiva de la sobreabundancia informacional cuando sus urgencias giran en torno a la supervivencia
biológica, la soberanía alimentaria y la defensa del territorio.
El ideal normativo de las sociedades del conocimiento, si no se moviliza con cuidado, puede operar
como
dispositivo
de
exclusión
según
las
condiciones
de
materialidad
económica
y
los
horizontes
éticos de quienes lo apropian dentro de los Estados
o territorios y de las instituciones educativas
públicas y privadas respectivamente. Para el Estado colombiano, la realización de esta meta política
se encuentra condicionada por la arquitectura del capitalismo cognitivo contemporáneo, que tiende a
capturar el intelecto general para subordinarlo a lógicas de acumulación privada, materializado en
injusticias hermenéuticas y en fuga de capital intelectual. La UNESCO (2005) define las sociedades del
conocimiento a partir de la capacidad de los sujetos para transformar la información en recursos de
desarrollo humano, capacidad que, en un contexto de desigualdad estructural como el de Colombia,
corre el riesgo de profundizar antes que cerrar sus brechas, pues la carencia de una infraestructura
científica soberana impide que el acceso a los datos se traduzca en autonomía intelectual y más bien
se constituya en un fenómeno de consumo de masa informacional acrítica. Sin una mediación estatal
que garantice el conocimiento como bien común, la transición hacia este modelo corre el riesgo de
reducirse a una expansión de los mercados de servicios digitales para empresas transnacionales, en
la que el ciudadano queda configurado como un simple consumidor.
A manera de cierre…
Por lo planteado, es posible enunciar que la “brecha cognitiva” en Colombia no obedece a un simple
déficit tecnológico aislado, sino a la acumulación de privaciones que Amartya Sen (2000) describe
como una restricción de capacidades. La pobreza monetaria, la desconexión digital, la desigualdad
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territorial en la calidad educativa, el conflicto armado que expulsa a la niñez de la escuela y la migración
del talento científico convergen sobre las mismas regiones y poblaciones llamadas “periféricas”, de
modo que quienes menos acceso tienen a la producción de conocimiento son también quienes menos
condiciones
materiales
poseen
para
ejercer
la
libertad
de
deliberar
sobre
él.
Esta
convergencia
confirma,
en
el
registro
empírico,
lo
que
Sousa
Santos
(2009)
denomina
epistemicidio,
como
la
exclusión
sistemática
de
saberes,
sujetos
y
territorios
de
la
matriz
legítima
de
validación
del
conocimiento,
que
lejos
de
operar
como
un
efecto
colateral
del
“subdesarrollo”,
es
más
bien
consecuencia de decisiones políticas sostenidas en el tiempo, ya sea en la poca vocación y asignación
presupuestal
a
la
investigación,
en
el
abandono
de
la
educación
básica
rural,
en
la
ausencia
de
mecanismos jurídicos que protejan la propiedad intelectual colectiva de las comunidades o alguno de
los otros tópicos trabajados en el presente texto. Cerrar esta brecha exige, en consecuencia, algo más
que
ampliar
la
cobertura
de
internet
o
traducir
contenidos
a
más
idiomas.
Exige
devolver
a
las
poblaciones
la capacidad
efectiva de deliberar, producir y
validar
conocimiento desde sus propios
territorios, en sus propios términos y bajo condiciones dignas de bienestar.
Para que el ideal de las sociedades del conocimiento constituya una meta política y social realizable y
no un instrumento de dominación, resulta necesario que el Estado colombiano priorice la soberanía
científica y la protección de la pluralidad epistemológica mediante una política pública que subordine
la innovación técnica a las necesidades territoriales y a la ética de la seguridad humana. La posibilidad
de
alcanzar
una
sociedad
del
conocimiento
inclusiva
depende
de
la
capacidad
institucional
para
desvincular el saber de la lógica del valor mercantil y restituirlo a su dimensión de derecho fundamental
y
de
capacidad
humana
inalienable.
El
informe
funciona
como
un
instrumento
diagnóstico
para
reconocer
las
tensiones
del
paradigma
contemporáneo,
aunque
responde
a
la
naturaleza
de
un
ensamblaje
global
que
desconoce
con
frecuencia
la
especificidad
de
los
territorios,
y
es
en
estos
territorios, mediante la participación, la concertación, la cooperación y la construcción de espacios
comunes para la transmisión de saberes y el diálogo intercultural, donde la distinción entre sociedad
de la información y sociedades del conocimiento adquiere su verdadera capacidad transformadora.
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ISSN en línea: 2789-3855, septiembre, 2026, Volumen VII, Número 4 p 2308.
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