MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01DD6863.7A248E50" Este documento es una página web de un solo archivo, también conocido como "archivo de almacenamiento web". Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos. ------=_NextPart_01DD6863.7A248E50 Content-Location: file:///C:/CD2ACA21/1198_MoralesCorona.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
DOI: https://doi.org/ 10.56712/latam.v7i5.6765
La obligación tributaria y los
límites del control constitucional: declaratoria general de
inconstitucionalidad y buena administración
Tax Obligation
and the Limits of Constitutional Review: General Declaration of
Unconstitutionality and Good Administration
J. Dolores Morales Corona
jdmoralesc71@gmail.com
https://orcid.org/=
0009-0006-5332-6372
Universidad Autónoma de Querétar=
o
Querétaro – México
hernandezemiliano1999@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-6709-691X
Universidad Autónoma de Querétar=
o
Querétaro – México
Artículo
recibido: 11 de junio de 2026. Aceptado para publicación: 30 de octu=
bre
de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que
declarar.
Resumen
La obligación tributaria constituye una relación
jurídico-pública en la que el Estado ejerce su potestad
tributaria dentro de los límites trazados por la Constitución=
. Si
bien el juicio de amparo faculta al contribuyente para controvertir la
constitucionalidad de las normas tributarias, la propia Ley Fundamental exc=
luye
exprofeso a estas disposiciones de la declaratoria general de
inconstitucionalidad. La presente investigación analiza dicha
exclusión a partir de su fundamentación institucional
—orientada a la preservación de las finanzas
públicas— y la contrasta con la acción de
inconstitucionalidad, mecanismo que sí permite anular normas tributa=
rias
con efectos generales. Mediante un enfoque cualitativo sustentado en el
análisis histórico-jurídico y documental, se examinan
estos conceptos dentro del derecho constitucional tributario; posteriorment=
e,
desde la perspectiva teórica de Carl Schmitt, se problematiza la
distinción entre ley constitucional y decisión constitucional.
Finalmente, la paulatina incorporación del derecho a la buena
administración revela una profunda tensión estructural entre =
la
protección del erario estatal y la eficacia plena de las
garantías del contribuyente.
Palabras clave: obligación tributaria, potestad tributaria, control
constitucional, declaratoria general de inconstitucionalidad, buena
administración pública
Abstract
The tax obligation constitutes a public-legal relationship in which =
the
State exercises its tax power within the limits set by the Constitution.
Although the amparo action empowers taxpayers to challenge the
constitutionality of tax provisions, the Fundamental Law itself expressly e=
xcludes
these provisions from general declarations of unconstitutionality. This
research analyzes this exclusion based on its institutional
rationale—aimed at preserving public finances—and contrasts it =
with
the unconstitutionality action, a mechanism that does allow for the
invalidation of tax provisions with general effects. Through a qualitative
approach grounded in historical-legal and documentary analysis, these conce=
pts
are examined within constitutional tax law; subsequently, from Carl Schmitt=
's
theoretical perspective, the distinction between constitutional law and
constitutional decision is problematized. Finally, the gradual incorporatio=
n of
the right to good administration reveals a profound structural tension betw=
een
the protection of state revenues and the full effectiveness of taxpayer
guarantees.
Keywords: tax obligation, tax power, constitutional
control, general declaration of unconstitutionality, and good public
administration
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
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Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamerica=
na
de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está
disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
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C= ómo citar: Morales Corona, J. D.,= & Hernández Aguilar, E. (2026). La obligación tributaria y los límites del control constitucional: declaratoria general de inconstitucionalidad y buena administración. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7 (5), 3230 – 3245. https://doi.org/ 10.56712/lat= am.v7i5.6765<= o:p>
INTRODUCCIÓN
La obligación tributaria, concebida como
una relación jurídico-pública, se configura a partir d=
e la
interacción entre dos sujetos principales: el contribuyente en calid=
ad
de sujeto pasivo y el Estado como sujeto activo. Este último ejerce =
la
potestad tributaria para recaudar recursos orientados al sostenimiento de l=
os
gastos públicos. De allí deriva la exigencia de que el ejerci=
cio
de dicha potestad se encuentre estrictamente supeditado a los principios y
límites que consagra la Constitución, garantizando tanto el
adecuado funcionamiento estatal como la tutela de los derechos fundamentale=
s de
los gobernados.
Diversos estudios contemporáneos sobre =
el
control constitucional de las normas tributarias se debaten sobre el alcanc=
e de
las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas fiscales. En =
este
contexto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la exclusi&oacut=
e;n
de las normas tributarias del procedimiento de declaratoria general de
inconstitucionalidad derivado del juicio de amparo, explorando la
tensión constitucional que dicha excepción genera entre la
preservación de las finanzas públicas y la efectividad de las
garantías del contribuyente.
Como objetivos específicos, la
investigación examina el control de constitucionalidad de las normas
tributarias en los mecanismos de la acción de inconstitucionalidad y=
del
juicio de amparo, al tiempo que problematiza dicha exclusión a la lu=
z de
la relación entre decisión constitucional y el derecho a la b=
uena
administración pública.
A partir de lo anterior, se plantea la siguien=
te
pregunta de investigación: ¿De qué manera la teor&iacu=
te;a
constitucional explica la tensión entre la exclusión de las
normas tributarias de la declaratoria general de inconstitucionalidad en el
amparo y la procedencia de la acción de inconstitucionalidad con efe=
ctos
generales, frente a la tutela del derecho a la buena administración?=
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitat=
ivo,
de alcance descriptivo y analítico. La metodología se fundame=
nta
en la investigación documental y bibliográfica mediante el ex=
amen
exhaustivo de disposiciones constitucionales, preceptos legales, criterios
jurisprudenciales, antecedentes legislativos y fuentes doctrinales vinculad=
as
con la obligación tributaria y el control de constitucionalidad en
materia fiscal. Asimismo, se incorpora un análisis
histórico-jurídico para reconstruir la evolución
dogmática de la potestad tributaria.
Adicionalmente, se emplea el método
jurídico-dogmático para contrastar el juicio de amparo, la
declaratoria general de inconstitucionalidad y la acción de
inconstitucionalidad, empleando tablas comparativas para la
sistematización sintética de los elementos normativos y
teóricos analizados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La obligación tributaria como
relación jurídico-pública
De acuerdo con Ricardo Panero Gutiérrez=
, la
voz obligación proviene etimológicamente de la preposici&oacu=
te;n
latina ob («alrededor de, en torno a...») y del verbo ligare («atar, ligar&ra=
quo;),
que en la experiencia jurídica romana primitiva, este concepto
respondía a una realidad material y física: la atadura corpor=
al o
sujeción personal efectiva que sufría el deudor (ob-ligatus) respecto de su acreedor.
Aunado a lo anterior, desde una posición
dogmática e historiografía romanista, Panero Gutiérrez
sostiene el concepto jurídico de la obligación a partir de la
célebre definición compilada en las Instituciones de Justinia=
no
(Inst. 3.13.pr), se establece que: "La
obligación es el vínculo jurídico por el que,
necesariamente, somos constreñidos a pagar alguna cosa según =
los
derechos de nuestra ciudad”, de donde se desprenden los siguientes
componentes estructurales, la existencia de un vínculo jurídi=
co,
coercibilidad, contenido o prestación, sujeción a
responsabilidad. (Panero Gutiérrez, 2000, pp. 208-209)
En este orden de ideas y bajo una
reconstrucción actual y unitaria, la obligación no puede
reducirse a una mera sujeción pasiva; su estructura demanda una
integración armónica entre el débito y la responsabili=
dad,
equilibrando la persona y el patrimonio (Beltrán de Heredia y
Onís, 1988). En esta relación, el comportamiento al que se
constriñe el deudor se configura como el verdadero objeto del derecho
del acreedor (Beltrán de Heredia y Onís, 1988). Por consiguie=
nte,
la dinámica tributaria moderna exige una necesaria correlació=
n y
coordinación de actitudes bajo el principio de la buena fe, superand=
o el
obsoleto monólogo del poder punitivo estatal (Beltrán de Here=
dia
y Onís, 1988).
Luego, en la perceptiva de Beltrán de Heredia y Onís, la obligación debe concebirse como un vínculo jurídico sustentado en la integración armónica entre el débito y la responsabilidad patrimonial. Ba= jo esta dirección, el objeto del derecho de crédito recae esenci= almente en el comportamiento debido por el deudor, orientado a la satisfacció= ;n del interés del acreedor y garantizado por la responsabilidad patrimonial, (Beltrán de Heredia y Onís, 1988, pp. 104-108) <= o:p>
Ahora bien, la obligación tributaria ti=
ene
su antecedente en el tributo, este surge como un acto de dominación =
de
parte de un soberano sobre un individuo para exigir una entrega de un objet=
o o
actividad en sumisión hacia éste. Todo lo anterior nos lo
señala el autor Daniel Diep Diep y además recalca que el estudio de esta f=
igura
conlleva a remontarnos a estudios históricos, políticos y
filosóficos de prácticas similares a lo que hoy consideramos =
una
obligación tributaria en el sentido estrictamente jurídico. (=
Diep, 2003, p. 65)
Dentro de las 282 leyes del Código de
Hammurabi, esculpido aproximadamente en el año 1750 a.C. por mandato=
del
rey de Babilonia del mismo nombre, se advierte que los sujetos de la
relación jurídico-tributaria: no solamente exige el tributo al
súbdito un recaudador sino también la puede realizar un
“especialista”, es decir, el militar. (Die=
p,
2003, p.68)
Bajo esta perspectiva del poder soberano, Diep Diep recapitula como
contrapeso a Confucio con su obra Ta Hio (El Gr=
an
Aprendizaje), publicada aproximadamente entre los años 500-400 a.C.,=
en
la cual mediante sus doctrinas expone las características del correc=
to
tributo: bajo la proporcionalidad, certidumbre, comodidad y economía.
Incluso advirtiendo que el príncipe en caso de que realice un
enriquecimiento injusto bajo estos tributos opresivos podrá ser
susceptible a una legítima resistencia de la población. (Diep, 2003, p.69)
Estas doctrinas ejemplifican la tensión
histórica del tributo que la ha acompañado desde su origen y
sirven como antecedente de la obligación tributaria. En las revoluci=
ones
liberales de los siglos XVIII y XIX se presenta la necesidad de justificar
fundamentos del reemplazado Estado Absoluto, ya no bastaba con la legitimid=
ad
dinástica reflejada en la autoridad del monarca para explicar el
porqué de la exigencia del tributo.
Surge por lo tanto una legitimidad
democrática del Estado Liberal expresada en la figura del pueblo, es=
la
libre voluntad del pueblo la que se autoexige el tributo mediante una
configuración proporcionada por el Estado de Derecho (aquí la
influencia liberal). Es por esto por lo que la Revolución Liberal
estadounidense mediante su Declaración de Derechos de Virginia de 17=
76
contempla en su sexta fracción la incorporación del impuesto =
bajo
el pleno consentimiento del gobernador. (Virginia Conv=
ention,
1776)
De la misma manera, la Revolución Franc=
esa
mediante su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 contempla tanto la justificación político-normativa del
impuesto (artículo 13) como su control ciudadano (artículo 14=
).
(Asamblea Nacional Constituyente, 1789)
Por consiguiente, el tributo se empieza a conc=
ebir
como una relación pública entre el Estado y el contribuyente,
pero esto se incorpora como parte de la teoría del Estado quedando c=
omo
objeto de la política.
Tras los desarrollos de la economía y la
actividad financiera del Estado existe la necesidad de la juridificaci&oacu=
te;n
científica del tributo. Los autores Eusebio González
García y Ernesto Lejeune Valcárcel señalan que, en 189=
8,
juristas alemanes producen teorización doctrinal del tributo entendi=
do
como impuesto: como una relación jurídico-pública.
(Lejeune Valcárcel & González García, 2000, p. 22)=
.
El jurista alemán =
Enno
Becker diseña la Ordenanza Tributaria Alemana y esta es publicada en
1919 por el Estado alemán, señala José María La=
go
(2002) que tiene como consecuencias el desarrollo del Derecho Tributario co=
mo
rama autónoma del derecho y la creación de órganos e
instituciones para el ejercicio de esta. (Montero, 2002, pp. 123-124)
En este sentido se teoriza a la obligaci&oacut=
e;n
tributaria como “el vínculo jurídico que se establece e=
ntre
un sujeto llamado activo (Estado), y otro sujeto llamado pasivo
(Contribuyente), cuya única fuente es la Ley, por cuya
realización el contribuyente se encuentra en la necesidad
jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y sustancialme=
nte
de entregar al Estado cierta cantidad de bienes que debe destinarse a la
satisfacción del gasto público” (Sánchez Miranda,
2014, p. 33)
Desglosando esta definición del autor
Arnulfo Sánchez Miranda, entendemos al sujeto activo como el Estado o
las autoridades fiscales a los que faculta la ley de percibir los impuestos=
y
demás contribuciones, estos últimos bajo los parámetro=
s de
la ley.
La segunda cara de esta relación es el
sujeto pasivo que es entendido como el contribuyente, este siendo el cual,
mediante su patrimonio, cumple la obligación tributaria. La manera e=
n la
cual esta última se realiza es cuando se encuentra contemplado por u=
na
norma tributaria una situación hipotética (hecho imponible) y=
a
su vez el sujeto pasivo de manera material cumple esta dicha situació=
;n
(hecho generador), de esta manera nace la obligación tributaria.
Tanto el sujeto activo y el hecho imponible
conllevan la exigencia y delimitación racional del tributo, esto se
concretiza en la potestad tributaria. Siendo esta la facultad del Estado po=
r la
cual impone a los particulares la obligación de aportar una parte de=
su
riqueza para el ejercicio de sus funciones.
Por lo tanto, se establece la necesidad de
delimitar la exigencia como los parámetros del tributo. De esta mane=
ra
es donde entra el derecho constitucional moderno y en específico el
derecho constitucional tributario.
La potestad tributaria y la protección
constitucional del sujeto pasivo
Como se estableció anteriormente, la po=
testad
tributaria ha sido regulada de manera contemporánea bajo el control
constitucional y los principios de éste. Por lo tanto, el ejercicio =
que
hace el Estado de esta facultad debe encontrarse regulado por principios
establecidos por el ordenamiento jurídico.
Esto con la finalidad de evitar actos arbitrar=
ios
del Estado que afecten la esfera jurídica del sujeto pasivo de la
relación tributaria. Es necesario enfatizar que el objeto del tribut=
o al
tratarse del patrimonio del sujeto pasivo es de suma importancia establecer
principios que brinden protección constitucional a este últim=
o.
Dentro del Estado Mexicano se encuentra
establecidos en su Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos los siguientes principios que resultan relevantes por cuanto a al
objeto de estudio de la presente investigación y que rigen el ejerci=
cio
de la potestad tributaria en su manifestación práctica:
Tabla 1
Principios constitucionales relevantes para la
potestad tributaria
|
Principio |
Contenido |
Fundamentación CPEUM |
|
Principio
de legalidad |
La
imposición, así como la forma y los elementos esenciales del
tributo, deben estar siempre establecidos por una norma en sentido formal=
y
material. |
Artículo
16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compete=
nte,
que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Artículo
31, fracción IV: Son obligaciones de los mexicanos contribuir para=
los
gastos públicos de la manera que dispongan las leyes. |
|
Principio
de seguridad jurídica |
El
contribuyente debe tener certeza plena de la forma en que se exige el
tributo, su fundamentación legal y los límites de la
actuación de la autoridad. |
Artículo
16, párrafo décimo sexto: La autoridad administrativa
podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para
cerciorarse de que se han cumplido las disposiciones fiscales,
sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas
para los cateos. |
|
Principio
de equidad y proporcionalidad |
Las
contribuciones deben fijarse en función de la capacidad contributi=
va
del sujeto pasivo y brindar un trato igual a los iguales, evitando ser
ruinosas o regresivas. |
Artículo
31, fracción IV: Son obligaciones de los mexicanos contribuir para=
los
gastos públicos [...] de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes. |
|
Principio
de tutela judicial efectiva |
Acceso
pleno a la justicia administrativa y constitucional frente al ejercicio d=
e la
potestad sancionadora y recaudadora del Estado. |
Artículo
17: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribun=
ales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y térmi=
nos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, complet=
a e
imparcial. |
Fuente: elaboración propia con base en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM,
1917/2024).
Derivado de esta tabla, para efectos de este
trabajo es importante tener como principios centrales los de legalidad,
seguridad jurídica, proporcionalidad, equidad y tutela judicial efec=
tiva
que contempla el ordenamiento jurídico mexicano. Ya que despliegan
derechos de todos los contribuyentes para poder defenderse de actos
administrativos fiscales o normas fiscales que afecten su esfera jurí=
;dica
por tratarse de ilegales o inconstitucionales.
Entre los múltiples medios de defensa d=
el
contribuyente, en los jurisdiccionales encontramos el juicio de amparo. Este
regula el control constitucional tantos de los actos como de las normas, es=
tas
últimas siendo el objeto central del presente ensayo.
El control constitucional de la norma tributar=
ia y
el juicio de amparo
El juicio de amparo constituye sustancialmente=
la
vía mediante la cual el contribuyente puede controvertir la
constitucionalidad de una norma tributaria que incide en su esfera
jurídica.
La otra alternativa se encuentra en el control
difuso, contemplado por el artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta permite la
inaplicación de normas por jueces ordinarios. Sin embargo, en la
jurisprudencia mexicana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de =
la
Nación ha establecido que en el juicio contencioso administrativo
“la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fi=
scal
y Administrativa [Tribunal Federal de Justicia Administrativa] es en materi=
a de
legalidad” y aunque dicho órgano puede ejercer control difuso =
este
“no forma parte de su litis natural”. (Tesis: 2a./J.
16/2014 (10a.), 2014)
Por lo tanto, la importancia del juicio de amp=
aro
radica en que se presenta como la herramienta principal para la
impugnación de las normas tributarias. Esto contemplado por la Ley de
Amparo en su artículo 107, fracción I que establece su
procedencia tratándose de normas generales, como objeto del amparo
indirecto.
Para el amparo indirecto es importante determi=
nar
si la afectación realizada por la norma tributaria es mediante un ac=
to
concreto de aplicación o por la sola entrada de vigor de esta.
Posteriormente, se deberá argumentar los conceptos de violació=
;n a
los derechos fundamentales y el órgano jurisdiccional deberá
determinar la conformidad de la norma impugnada con los parámetros
constitucionales y si esta no los cumple, otorgar una resolución
favorable al contribuyente.
Esta resolución tendrá como
consecuencia la protección solicitada por el quejoso contribuyente. =
Esta
operará bajo el principio de la relatividad de sentencias que establ=
ece
que la resolución solo tendrá efectos de inaplicación
sobre la esfera jurídica del quejoso, no tendrá efectos gener=
ales
de invalidez sobre la norma.
La limitación de los efectos del amparo=
a
la esfera individual encuentra sus profundas raíces en la Fór=
mula
Otero, un diseño institucional fuertemente influenciado por el
pensamiento de Alexis de Tocqueville y el temor histórico a que el P=
oder
Judicial alterara el equilibrio político al erigirse como censor gen=
eral
de las leyes (Ortiz, 2020). Sin embargo, preservar a ultranza esta relativi=
dad
de las sentencias carece de justificación contemporánea en un
Estado democrático (Ortiz, 2020). La subsistencia de normas
inconstitucionales que se siguen aplicando a quienes no promovieron un juic=
io
de garantías vulnera tajantemente los principios de supremacía
constitucional y de igualdad ante la ley, perpetuando una carga injusta sob=
re
la mayoría de los gobernados (Ortiz, 2020).
Sin embargo, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107,
fracción II, segundo y tercer párrafo contemplan la posibilid=
ad,
cumpliendo ciertos supuestos, la declaratoria general de inconstitucionalid=
ad.
Que consiste en efectos generales de invalidez sobre la norma reclamada,
aquí entran todo tipo de normas: un sometimiento efectivo del poder
público al orden constitucional, a excepción de las tributari=
as.
La exclusión de la declaratoria general=
de
inconstitucionalidad en materia tributaria
El procedimiento para lograr una declaratoria
general de inconstitucionalidad es mediante dos vías, estas descritas
por el artículo 107, fracción II en su segundo y tercer
párrafo. La primera es por un amparo en revisión, en la cual =
la
Suprema Corte de Justicia de la Nación declarará su
inconstitucionalidad y dará notificación a la autoridad emiso=
ra
de la norma, esta tendrá 90 días para superar la inconstituci=
onalidad.
(CPEUM, 2026, art. 107, fr. II)
Si la autoridad no la supera, se hará un
proyecto para su discusión y resolución, en esta últim=
a si
existe mayoría de votación de ministros del Pleno se
determinará la declaratoria general de inconstitucionalidad. (CPEUM,
2026, art. 107, fr. II)
La segunda vía consiste mediante
jurisprudencia por reiteración de Tribunales Colegiados de Circuito o
mediante precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de esto, esta vía toma los mismos pasos que la primera
mencionada. (CPEUM, 2026, art. 107, fr. II; Ley de Amparo, 2025, arts. 231-=
235)
Es el cuarto párrafo de esta
fracción II el que señala la exclusión de las normas
tributarias no expandiendo en los motivos del porqué. Esto es reiter=
ado
por el Acuerdo General Plenario 9/2025 de la SCJN
donde señala la misma excepción y repite que el procedimiento
deberá consistir sobre “la inconstitucionalidad de una norma
general no tributaria” (SCJN, 2025)
El paradigma del control constitucional ha
experimentado transformaciones sustanciales tras la reforma constitucional =
del
15 de septiembre de 2024 (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación [SCJN], 2025). Actualmente, el
procedimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad se rige po=
r el
Acuerdo General 9/2025, el cual flexibiliza el umbral decisorio al exigir u=
na
mayoría calificada de cuando menos seis votos para su aprobaci&oacut=
e;n,
en lugar de los ocho requeridos históricamente (Pleno de la SCJN, 2025). Pese a esta apertura procesal, orientada=
a
consolidar un sistema jurídico libre de contradicciones y democratiz=
ar
la administración de justicia (Pleno de la SCJN=
,
2025), subsiste intacta la inamovible excepción material: la
exclusión de las normas tributarias. Esta barrera confirma que, ante=
la
posibilidad de un impacto negativo en las finanzas públicas, el Esta=
do
sigue priorizando el resguardo de su erario sobre la depuración total
del ordenamiento (Pleno de la SCJN, 2025).
Dentro del orden constitucional la problemática no radica en revisar la inconstitucionalidad de normas tributarias ya que esta se permite en la acción de inconstitucionali= dad. Comparando las dos figuras podremos delimitar las diferencias entre ambas:<= o:p>
Tabla 2
Comparación entre la acción de
inconstitucionalidad y la declaratoria general de inconstitucionalidad
|
Criterio de comparación |
Acción de inconstitucionalidad (Art. =
105,
fr. II) |
Declaratoria General de Inconstitucionalidad
(Art. 107, fr. II) |
|
Sujeto
de origen / Legitimación |
Sujetos
legitimados constitucionalmente (minorías legislativas, Partidos
Políticos, CNDH, etc.). |
Quejoso
individual afectado que promueve un juicio de amparo indirecto. |
|
Naturaleza
del control |
Control
abstracto: contradicción directa entre la norma general y la
Constitución. |
Control
concreto: análisis derivado de la afectación real en la esf=
era
jurídica del gobernado. |
|
Procedimiento |
Demanda
directa ante la SCJN; el ministro instructor
notifica a la emisora y el Pleno resuelve. |
Procedimiento
iniciado por jurisprudencia por reiteración o precedentes;
notificación por 90 días a la emisora. |
|
Resultado
de la sentencia |
Invalidez
con efectos generales (erga omnes). |
Invalidez
con efectos generales (erga omnes). |
|
Susceptibilidad
de normas tributarias |
SÍ.
Permite la declaración de invalidez de normas tributarias con efec=
tos
generales. |
NO.
Excluida expresamente por el artículo 107, fracción II,
párrafo cuarto de la CPEUM. |
Fuente: elaboración propia con base en l=
os
artículos 105, fracción II, y 107, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM,
1917/2024).
Dentro de las diferencias entre ambas figuras
encontramos la naturaleza del control, los sujetos del cual parten y sus
procedimientos. Sin embargo, estas diferencias no ofrecen un motivo
trascendente dentro de la lógica constitucional que aquí
interesa, aun así, la Constitución explícitamente excl=
uye
las normas tributarias dentro de la declaratoria general de
inconstitucionalidad.
No encontrando la justificación dentro =
de
la arquitectura constitucional, tenemos que redirigirnos a los antecedentes
legislativos de la reforma constitucional para recabar más
información.
La preservación de las finanzas
públicas como fundamento de la exclusión
La exclusión nace dentro de la reforma
constitucional del 6 de junio del 2011, esta fue explicada en el 2010 dentro
del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estud=
ios
Legislativos, Senado de la República relativo a la reforma de los
artículos 94, 100, 103, 104 y 107 constitucionales. (Senado de la
República, 2010).
Esta señala que “este procedimien=
to
de declaratoria no aplicará a las normas generales en materia
tributaria. La razón de esto último obedece a la especial
importancia que guarda dicha materia en las finanzas públicas y el
posible impacto negativo en las mismas en caso de establecer una declarator=
ia
con efectos generales.” (Senado de la República, 2010, p.11).
Esta explicación ha sido retomada
posteriormente al discutirse la exclusión tanto en la reforma del 20=
21 a
la Ley de Amparo como, por ejemplo, en las discusiones que acompañan=
a
la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017 (SCJN,
2019), 1/2018 (SCJN, 2022), 4/2023 (SCJN, 2024) y 1/2024 (SCJN,
2025).
La racionalidad se encuentra dentro de una
motivación institucional político practica de la actividad
financiera del Estado. Si se afirma un impacto negativo en las finanzas
públicas una declaratoria con efectos generales, no se aclara porque=
de
esta consecuencia no se expande a una inmunidad constitucional de las normas
tributarias, ya que son susceptibles dentro de la acción de
inconstitucionalidad.
Es importante señalar que no existe
justificación normativa aparente dentro de este razonamiento, ya en
octubre del 2011 el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado
federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión controvert&iac=
ute;a
falta de motivación normativa a través del Diario de los Deba=
tes
de la Cámara de Diputados. (Cámara de Diputados del H. Congre=
so
de la Unión, 2011)
Señalaba que esta exclusión viol=
enta
el principio de supremacía constitucional contemplado en el art&iacu=
te;culo
133 de la Constitución, derivado de esto violenta los principios de
jerarquía normativa y de validez normativa. Además de los
principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad previs=
tos
en la fracción IV del artículo 31 de la misma Constituci&oacu=
te;n
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2011)
Dentro de una racionalidad constitucional
proporcionada por el Estado no encontramos una respuesta clara. Es por lo t=
anto
prudente el desarrollar una exploración que nos permita dilucidar es=
ta
controversia dentro del orden constitucional.
Escrutinio schmittiano:
ley y decisión constitucionales
En su libro de 1928, Teoría de la
Constitución el jurista alemán Carl Schmitt nos brinda
herramientas para poder explorar esta problemática. Esto dentro de su
famosa distinción entre Constitución y leyes constitucionales=
.
Mientras que las leyes constitucionales se tra=
tan
de prescripciones legales-constitucionales reflejadas en la Constituci&oacu=
te;n
y por lo tanto solo valen cuando presuponen una Constitución. (Schmi=
tt,
2024, p. 59).
La Constitución debe ser entendida en u=
na
teoría constitucional, nos dice Schmitt, en una conceptualizaci&oacu=
te;n
positiva; es decir como un “acto consciente de configuración de
[la] unidad política (…) mediante el cual la unidad recibe su
forma especial de existencia.” (Schmitt, 1928, como se citó en=
Wieczorek, 2022, p. 37).
Por lo tanto, el contenido de la
Constitución a diferencias de las leyes constitucionales se debe de
entender no “por contenido esencial una formación legal, sino =
la
decisión política.” (Schmitt, 2024, p. 84)
Esta distinción resulta relevante para =
la
problemática planteada porque permite diferenciar la
justificación normativa constitucional con la decisión
política/constitucional que existe detrás de ella.
La decisión política/constitucio=
nal
no se encuentra dentro del contenido normativo del cuarto párrafo del
artículo 107, fracción II, esto es en suma una ley constituci=
onal
que presupone aquella decisión. La posibilidad de que el Estado rest=
rinja
la declaratoria general de inconstitucionalidad sobre normas tributarias, p=
uede
entenderse como una manifestación de autolimitación respecto =
de
su propio control constitucional.
Por lo tanto, la exclusión tributaria la
podemos identificar como una ley constitucional que refleja la decisi&oacut=
e;n
política/constitucional que prioriza, o al menos protege especialmen=
te,
una determinada condición del Estado: su capacidad financiera.
Toda esta explicación tiene sentido den=
tro
de la racionalidad estatal; dentro del sujeto activo ¿Cómo po=
der
entenderlo dentro de los contribuyentes? El sujeto pasivo podrá
comprender esta justificación, pero, sin embargo, no podrá nu=
nca
entender esto como una justificación para las afectaciones a sus
derechos fundamentales.
La exclusión fiscal revela la esencia
política de la decisión constitucional. En su momento, Carl
Schmitt argumentó que la defensa de la Constitución no
debía judicializarse, al percibir que el escrutinio a cargo de los
tribunales no lograba juridificar la política, sino que terminaba
politizando la justicia (Venegas Núñez, 2018). Sin embargo, al
mantener esta postura restrictiva en materia tributaria, el Estado mexicano
propicia un profundo vacío en la justicia constitucional (Venegas
Núñez, 2018). Permitir que las autoridades sigan aplicando le=
yes
tributarias viciadas choca frontalmente con el artículo 1°
constitucional y con la obligación estatal de ejercer un control de
convencionalidad ex officio para la máxi=
ma
protección de las personas (Venegas Núñez, 2018). Desd=
e esta
óptica, la excepción a la declaratoria general diluye la just=
icia
tributaria, transformando el control constitucional en una simple
gestión de intereses supeditada al pragmatismo recaudatorio (Venegas
Núñez, 2018).
La buena administración en Méxic=
o frente
a la decisión constitucional
El Derecho a una buena administración
pública como principio, se debe entender como aquella que cumple con=
las
funciones que le son propias en democracia. Es decir, una Administraci&oacu=
te;n
pública que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza =
su
trabajo con racionalidad, justificando sus actuaciones y que se orienta
continuamente al interés general. Un interés general que en el
Estado social y democrático de Derecho reside en la mejora permanent=
e e
integral de las condiciones de vida de las personas. (Rodríguez-Arana
2013, p. 26).
Reconocido ya como derecho fundamental, el acc=
eso
a una buena administración transforma la manera en que entendemos el
Derecho Administrativo dentro del Estado social y democrático. Ya no=
se
trata de un instrumento al servicio del poder, sino de una herramienta al
servicio de la libertad solidaria: un ordenamiento en el que las institucio=
nes
y categorías públicas deben orientarse, sin ambigüedad,
hacia el interés general.
Afortunadamente, hemos dejado atrás
aquellas lecturas que reducían la autoridad a un mandato unilateral,=
una
especie de monólogo del poder frente al ciudadano. Hoy, la vieja
arquitectura del privilegio y la prerrogativa va dando paso a una mirada
más abierta, más dinámica y, sobre todo, más
humana. Desde esta nueva sensibilidad, el Derecho Administrativo asume una
responsabilidad concreta: acompañar la mejora real de las condicione=
s de
vida de las personas, valiéndose para ello de las técnicas e
instituciones que le son propias.
En palabras de Rodríguez Arana como uno=
de
los exponentes más prolijos en trabajar sobre la teorización y
sistematización del Derecho a una buena administración, refie=
re
que la razón de ser del Estado y de la Administración
pública es la persona, la protección y promoción de la
dignidad humana y de todos sus derechos fundamentales. (Rodríguez-Ar=
ana
2013, p. 25).
Actualmente, la buena administración ha
adquirido una dimensión que se orienta a fortalecer el Estado social=
y
democrático de Derecho, procurando la inclusión de los
ciudadanos, gestión pública transparente, responsabilidad de =
las
instituciones, toda vez que otrora estaba asociada al correcto funcionamien=
to
de los organismos públicos y no se reconocía como un derecho
fundamental.
Por lo anterior, el control de constitucionali=
dad
de las leyes tributarias en el ordenamiento jurídico mexicano enfren=
ta
una tensión constante entre la preservación de la hacienda
pública y la garantía efectiva de los derechos fundamentales =
del
contribuyente. Históricamente, la protección del interé=
;s
fiscal se ha amparado en establecer como prioritario la supremacía e
indisponibilidad de la recaudación, soslayando la tutela procesal del
ciudadano a fórmulas de estricta legalidad formal. No obstante, el
surgimiento del Derecho a la Buena Administración impulsa un giro
conceptual en la relación tributaria: la exacción de impuestos
deja de concebirse como un mero ejercicio de potestad impositiva unilateral
para transformarse en una función pública servicial, donde la
dignidad humana y el trato justo constituyen el eje sobre el cual debe oper=
ar
cualquier potestad de fiscalización o juzgamiento.
Bajo esta apreciación, la declaratoria
general de inconstitucionalidad constituye un mecanismo clave de control; s=
in
embargo, sus rigurosos requisitos procedimentales y la posibilidad de difer=
ir
sus efectos crean una línea de desprotección en la que el Est=
ado
continúa aplicando normas viciadas de origen. Es precisamente
allí donde se entronca el marco de esta investigación: la bue=
na
administración actúa como un estándar axiológic=
o y
dogmático de control que evalúa si las restricciones impuesta=
s a
la Declaratoria General de Inconstitucionalidad vulneran el principio de
proporcionalidad, perpetuando situaciones de arbitrariedad fiscal que la ju=
sticia
constitucional está llamada a erradicar.
Para dar sentido y viabilidad ella objetivo
general y a la pregunta de investigación, de este trabajo, la
incorporación del derecho a la buena administración se articu=
la
mediante cuatro dimensiones analíticas:
La reconfiguración del interés
general en el Estado fiscal: Frente a la concepción tradicional que
supedita los derechos del particular al flujo continuo del erario
públicos, la buena administración exige armonizar las necesid=
ades
presupuestales con la equidad y la buena fe. Como sostienen
Rodríguez-Arana (2013) y Jiménez y Páez (2024), el
interés público no puede ser una justificación abstrac=
ta
para sostener el cobro de cargas inconstitucionales. Por ende, cuando el
tribunal constitucional detecta la inconstitucionalidad de un tributo, dila=
tar
sus efectos generales mediante formalismos procesales defrauda la confianza
legítima del contribuyente y degrada la calidad del servicio
público. (Jiménez & Páez, 2024; Rodríguez-A=
rana,
2013)
El Debido proceso administrativo y la
motivación reforzada: El ejercicio del poder público impositivo no es ajeno al
mandato de racionalidad. Exigir el cumplimiento de una prestación
patrimonial amparada en una disposición inconstitucional constituye =
una
manifestación de mala administración. Las garantías
procesales derivadas del artículo 41 de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales y de la Carta Iberoamericana de los derechos y deberes del
ciudadano en relación con la Administración pública del
Centro Latinoamericano para la Administración y Desarrollo, constitu=
yen
una verdadera guía que orienta a que la autoridad asuma la
obligación de motivar y ajustar sus actuaciones dentro de un plazo
razonable, extendiendo la tutela judicial efectiva al ámbito fiscali=
zador
y al juzgamiento constitucional.
Responsabilidad patrimonial del Estado por
inacción o norma inconstitucional: La continuidad en la recaudació=
n de
un tributo viciado entraña una lesión que el contribuyente no
tiene el deber jurídico de soportar. La perspectiva contemporá=
;nea
de la buena administración reconoce el derecho a la reparación
justa cuando la actividad administrativa o reglamentaria de la hacienda
actúa de manera irrazonable o desproporcionada. En este sentido, un
control constitucional que entorpezca la expulsión general de la nor=
ma
inconstitucional fomenta la arbitrariedad y quebranta la responsabilidad
patrimonial inherente al Estado social y democrático de Derecho.
El carácter servicial del control de
constitucionalidad: El enlace definitivo se produce al considerar a la Declaratoria
General de Inconstitucionalidad no como una mera prerrogativa técnica
del órgano jurisdiccional, sino como un instrumento garantista al
servicio de la persona. La justicia constitucional debe desempeñarse
como una administración de justicia servicial, garantizando que los
efectos de sus fallos restablezcan el orden de los derechos de forma expedi=
ta,
transparente y sin imponer trabas infranqueables que subordinen los derechos
fundamentales a conveniencias financieras de corto plazo.
Amén de lo anterior, se reconoce que el
Derecho a la buena administración sigue siendo una cuenta pendiente =
del
Estado mexicano, ya que dicho Derecho aún no ha sido incorporado en =
la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mane=
ra
expresa, sin embargo, su avance e implementación ha sido lento, la
primera Constitución de las entidades federativas que o hizo fue la
Ciudad de México donde su Constitución Política de la
Ciudad de México en su artículo 7, apartado A lo implementa c=
omo
el derecho a una buena administración pública, de cará=
cter
receptivo, eficaz y eficiente. (CPCDMX, 2026, a=
rt. 7)
Por lo tanto, se puede entender a la buena
administración guarda un vínculo de mucha cercanía con
todos los principios constitucionales como legalidad, seguridad
jurídica, proporcionalidad, equidad y tutela judicial efectiva.
En última instancia, la confrontaci&oac=
ute;n
entre la preservación de la hacienda pública y la efectividad=
de
las garantías del contribuyente trasciende el mero dilema téc=
nico
para situarse en el corazón de la teoría de la decisió=
n constitucional
de Carl Schmitt. Mientras el sujeto activo —el Estado fiscal— s=
uele
parapetarse en las reglas procesales y en la autolimitación del juzg=
ador
para justificar la continuidad de la recaudación sobre la base de no=
rmas
viciadas, el sujeto pasivo demanda que la decisión política
fundamental del Estado Social de Derecho —articulada sobre la dignidad
humana y el servicio objetivo al interés general— prevalezca s=
obre
cualquier formalismo normativo. Desde esta perspectiva schmittiana,
postergar o encorsetar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en m=
ateria
tributaria sacrifica la auténtica decisión constitucional
garantista en aras de simples conveniencias financieras de corto plazo. Es
precisamente allí donde el Derecho a la Buena Administración
irrumpe no solo como un estándar axiológico, sino como la
máxima exigencia de racionalidad y justicia servicial: un mandato que
prohíbe que la potestad impositiva del Estado devenga en arbitraried=
ad,
exigiendo que las barreras procesales de la Declaratoria General de
Inconstitucionalidad cedan ante la restitución expedita e integral de
los derechos fundamentales de la persona.
En otro orden de ideas, por cuanto a las
limitaciones metodológicas de la presente investigación se
advierte que el alcance de la investigación se ha centrado en un
análisis dogmático-jurídico, cualitativo y documental
limitado al espectro constitucional y fiscal de México. Es de precis=
arse
y se precisa que este estudio no ha incluido análisis
empírico-cuantitativo (como el impacto económico de cifras
recaudatorias o litigios de carácter fiscal en sede constitucional) =
ni
un estudio de derecho comparado con otros sistemas jurídicos en
Latinoamérica.
Aunado a lo anterior, se tiene como lín=
ea
de investigación futura el desarrollo de estudios comparados en el
contexto jurídico latinoamericano para evaluar la viabilidad de
mecanismos de modulación de efectos de la inconstitucionalidad en
materia fiscal. De igual manera, es necesario profundizar desde un enfoque
empírico el impacto financiero real que generaría la
supresión de los efectos generales de las normas fiscales cuya insconstitucionalidad dada en sede judicial, as&iacut=
e;
como de la consolidación del derecho a la buena administración
como límite sustantivo a la potestad recaudadora del Estado.
CONCLUSIONES
La obligación tributaria adquiere una
magnitud grandísima estudiándola desde la óptica de qu=
e se
trata de la relación del sujeto pasivo y sujeto activo. Desde sus
antecedentes históricos que es el tributo, se puede observar esta
tensión visible entre el que recolecta el tributo y el que lo
proporciona.
El Estado constitucional intenta regular esta
tensión mediante la juridificación y constitucionalizaci&oacu=
te;n
de la potestad tributaria, sin embargo, se pueden observar
características de esta antigua concepción. Dentro del an&aac=
ute;lisis
desarrollado se puede identificar, en primer lugar, que la exclusión=
de
las normas tributarias de la declaratoria general de inconstitucionalidad no
supone que estas se encuentren fuera del control constitucional.
El ordenamiento mexicano permite controvertir =
su
constitucionalidad mediante el juicio de amparo, y, en una vía disti=
nta
su carácter general mediante la acción de inconstitucionalida=
d.
El elemento diferencial se trata de la posibilidad de que el control deriva=
do
del amparo produzca efectos generales, esta no está permitida median=
te
su exclusión dentro del artículo 107, fracción II de
nuestra Constitución Política.
En segundo lugar, se encuentra que la
justificación legislativa y posteriormente la sostenida por la Supre=
ma
Corte de Justicia de la Nación al resolver diversos amparos en
revisión consiste en la importancia de las finanzas públicas y
por la posibilidad de un impacto negativo que una declaratoria general de
inconstitucionalidad podría producir. Sin embargo, dicha justificaci=
ón
choca con la existencia de la acción de inconstitucionalidad ya que =
esta
permite efectos generales de invalidez sobre la norma.
En tercer lugar, desde las herramientas que
proporciona la teoría constitucional del jurista alemán Carl
Schmitt se distingue entre la norma constitucional que establece la
exclusión y la decisión constitucional que presupone a esta.
Desde esta perspectiva, la exclusión puede comprenderse como la
manifestación de la decisión constitucional del Estado para a=
utolimitar
su propio control constitucional, todo esto para proteger un elemento de
existencia y funcionamiento de este: su capacidad financiera.
Finalmente, la progresiva y eventual
incorporación del concepto de la buena administración dentro =
del
Estado mexicano permite observar esta cuestión desde la posici&oacut=
e;n
del contribuyente. La protección a la actividad financiera del Estad=
o no
puede agotar el problema en cuestión, el contribuyente continú=
;a
siendo titular de derechos frente al ejercicio de la potestad tributaria; e=
sto
por ser parte de la obligación tributaria.
Se hace evidente con esta investigación=
la
tensión entre dos exigencias o racionalidades incorporadas al propio
orden constitucional: preservar las condiciones financieras del Estado y
garantizar la efectividad de los mecanismos constitucionales destinados a
someter su poder al Derecho. Resulta claro, entonces, que desde las
concepciones constitucionales contemporáneas solo continuará =
por
agravarse esta tensión.
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