LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2531.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.775

Límites institucionales de la evaluación de impacto a los
programas sociales en México

Institutional limits of the impact evaluation of social programs in
Mexico

Limites institucionais à avaliação do impacto dos programas sociais no
México

Marihño Raúl Cárdenas Zuñiga

marihno@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-6265-8111

Universidad Sinergia Social Y Cultural
Toluca – México

Guillermo Silva Magaña

simaguleq@ucol.mx
https://orcid.org/0000-0001-5244-3653

Universidad de Colima
Colima – México

Mariana Elizabeth Cárdenas Rodríguez

marianacardenas7337@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2877-4799

Universidad de Colima
Colima – México

Filiberto Gómez Mejía

socialsinergia20@gmail.com
Universidad Sinergia Social Y Cultural

México, D.F.

Artículo recibido: 14 de junio de 2023. Aceptado para publicación: 01 de julio de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen
En general, para las administraciones públicas la evaluación es considerada como una
herramienta esencial que contribuye a identificar fortalezas y áreas de oportunidad de los
programas y políticas públicas, por ende, a una mejor toma de decisiones hacia cuyo objetivo se
centra en impulsar el desarrollo social y humano en todas sus magnitudes. En México, la acción
de evaluar cobra especial relevancia en el presente siglo y la evidencia en el progreso hacia la
construcción de las bases de una cultura de la evaluación hoy se ha convertido en una prioridad
del quehacer público, pues en ella se hallan potenciales generadores y aceleradores de desarrollo
en todos los ámbitos institucionales, que a su vez permiten la gestación de una gobernanza
asentada en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Los conocimientos teórico-
prácticos, sumados a los aprendizajes derivados de la ejecución de su ejercicio, constituyen
nuevos puntos de partida que conllevan a comprender y explicar los efectos positivos y negativos
de estas intervenciones en la búsqueda de soluciones a problemas públicos. De esta manera, el
objetivo del presente artículo consiste en realizar una revisión analítica que dé cuenta de los
factores que impiden que la evaluación de impacto a programas sociales genere, en distintos
contextos en México, las evidencias necesarias para incidir de manera efectiva en la reducción
de la pobreza y al mismo tiempo en la mejora de la calidad y nivel de vida de las personas.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2532.

Palabras clave: evaluación, programas sociales, políticas públicas, impacto

Abstract
In general, for public administrations, evaluation is considered as an essential tool that
contributes to identify strengths and areas of opportunity of public programs and policies, thus
contributing to better decision making, whose objective is focused on promoting social and
human development in all its magnitudes. In Mexico, the action of evaluation is especially
relevant in the present century and the evidence of progress towards the construction of the
bases of a culture of evaluation has become a priority in public affairs, since it contains potential
generators and accelerators of development in all institutional spheres, which in turn allow the
gestation of a governance based on the principles of transparency and accountability. Theoretical
and practical knowledge, added to the learning derived from the execution of its exercise,
constitute new starting points that lead to understanding and explaining the positive and negative
effects of these interventions in the search for solutions to public problems. Thus, the objective
of this article is to carry out an analytical review of the factors that prevent the impact evaluation
of social programs from generating, in different contexts in Mexico, the necessary evidence to
have an effective impact on poverty reduction and, at the same time, on the improvement of
people's quality of life and standard of living.

Keywords: evaluation, social programs, public policies, impact

Resumo
Em geral, para as administrações públicas, a avaliação é considerada uma ferramenta essencial
que contribui para a identificação de pontos fortes e áreas de oportunidade em programas e
políticas públicas e, portanto, para uma melhor tomada de decisão com o objectivo de promover
o desenvolvimento social e humano em todas as suas magnitudes. No México, a avaliação é
particularmente relevante no presente século e a evidência do progresso na construção das
bases de uma cultura de avaliação tornou-se uma prioridade nos assuntos públicos, uma vez que
contém potenciais geradores e aceleradores de desenvolvimento em todas as esferas
institucionais, que por sua vez permitem a gestação de uma governação baseada nos princípios
da transparência e da responsabilização. Os conhecimentos teóricos e práticos, somados ao
aprendizado decorrente da execução de seu exercício, constituem novos pontos de partida que
levam a compreender e explicar os efeitos positivos e negativos dessas intervenções na busca
de soluções para os problemas públicos. Assim, o objectivo deste artigo é realizar uma revisão
analítica dos factores que impedem que a avaliação do impacto dos programas sociais gere, em
diferentes contextos no México, as evidências necessárias para ter um impacto efectivo na
redução da pobreza e, ao mesmo tempo, na melhoria da qualidade e do nível de vida das pessoas.

Palavras-chave: avaliação, programas sociais, políticas públicas, impacto

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2533.

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Como citar: Cárdenas Zuñiga, R. M., Silva Magaña, G., Cárdenas Rodríguez, M. E., & Gómez
Mejía, F. (2023). Límites institucionales de la evaluación de impacto a los programas sociales
en México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 4(2), 2531–
2542. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.775

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2534.

INTRODUCCIÓN

Desde mediados de los años 80 del siglo XX, en el mundo occidental se presentaron cambios
estratégicos para transitar de un modelo tradicional de burocracia a uno más gerencial, donde el
ejercicio de gestión se postró como uno de los ejes que siguen orientando el quehacer público
llevándolo hacia un nivel en el cual la sociedad se vuelve partícipe del proceso de toma de
decisiones en pro de su bienestar y desarrollo integral.

Las políticas públicas por ende, como ejercicios de la acción de gobierno para dar respuesta a
las exigencias sociales que denotan malestar manifestado en la creciente pobreza y desigualdad,
requieren profundas transformaciones desde su génesis publi-administrativa, hoy en día se
demanda información que dé cuenta sobre el desempeño de los gobiernos, que muestre la
transparencia de su actuar, que evidencie la congruencia de la erogación de recursos públicos, y
que sobre todo le apueste a ser evaluado en los resultados y el impacto que dichas políticas
impulsan el logro de metas sociales, económicas, culturales, ambientales, etcétera.

Lo dicho conlleva a repensar el papel actual de la gestión pública, particularmente de los factores
que impiden o posibilitan una efectiva y oportuna rendición de cuentas; es por ello que tanto la
asignación presupuestal a programas, proyectos, acciones de desarrollo social, entre otros,
como el costo-beneficio derivado de los resultados de la aplicación de esas políticas públicas
son detonantes principales para reflexionar con respecto a la relevancia que reviste la evaluación
como un ejercicio que fortalece la generación y difusión de la información al alcance de todos, a
la transparencia, la innovación y a la consolidación de una cultura que nos muestra que existen
posibilidades de mejorar y de proveer bienes y servicios públicos en favor de los grupos de
población más desfavorecidos.

En este sentido es que el presente artículo pretende realizar un recorrido teórico sobre los
elementos institucionales que obstaculizan la evaluación de impacto en México, con el objeto de
identificar los retos y desafíos, que los gobiernos, nacional y locales tienen ante sí, para incidir
de manera efectiva en la reducción de la pobreza y al mismo tiempo en la mejora de la calidad y
nivel de vida de las personas.

REVISIÓN TEÓRICA DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Evaluar significa someter a valoración una acción, una política, una decisión; implica ponderar o
calificar las dimensiones que resultan cruciales para orientar el rumbo hacia el logro de los
resultados esperados con la ejecución de dichas acciones.

Desde la visión del Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social
(CONEVAL, 2019, p. 8), en México,

“la evaluación de las políticas públicas es un elemento clave para analizar la eficacia, eficiencia,
impacto y sostenibilidad de las medidas implementadas y, a partir de la evidencia generada sobre
su diseño, implementación y resultados, tomar las medidas necesarias encaminadas a su
mejora. Por consiguiente, la evaluación permite identificar lo que funciona y en qué medida lo
hace, los efectos de las intervenciones públicas, el avance de los objetivos, así como los cuellos
de botella que impiden la consecución de los mismos, entre otras cuestiones”.

En términos prácticos, se puede concebir a la evaluación, de acuerdo con la Plataforma de ONG
de Acción Social (2010) como:

“Una función que consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible
sobre un proyecto [por realizarse] en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de
acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencia de
sus objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto a la acción social, la eficacia, el

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2535.

impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles,
que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las
decisiones” (p. 11)

De este modo la práctica de la evaluación se vuelve necesaria en los gobiernos, primero porque
es un ejercicio que se supone democrático y por tanto que fortalece la legitimad de la gestión
pública, en un segundo momento, la evaluación es un soporte que las instituciones burocráticas
buscan para demostrar su capacidad de resolución de problemas sociales a través de la
disposición de programas de desarrollo social con un enfoque de política social basada en la
garantía de los derechos y el desarrollo humano.

Las evaluaciones generan conocimientos, sugieren estrategias de cambio, difunden los
resultados, señalan acciones de mejora, de monitoreo y seguimiento, lo anterior con el propósito
de continuar resolviendo dilemas sociales, de saber si se han alanzado los resultados propuestos
a partir de la intervención pública, por ello, Carol H. Waiss (2015) ofrece una definición de
evaluación que más adelante nos ayudará a explicar los limitantes de la evaluación en contextos
como el mexicano, de esta suerte ella apunta que la evaluación es,

“la valoración sistemática de la operación y/o los impactos de un programa o política al
compararlos con un conjunto de estándares implícitos o explícitos para contribuir al
mejoramiento del programa o política en cuestión “(p. 50)

Cabe destacar que el examinar para comparar a partir de los indicadores estandarizados antes
mencionados es imperativo para indagar sobre el impacto y eficiencia de las políticas públicas,
para el caso que nos ocupa, de las que están estrechamente vinculadas con la política social,
manteniendo como atributos esenciales la imparcialidad, la rigurosidad metodológica y técnica,
así como la formalidad en la transparencia de sus hallazgos y resultados.

Se evalúa lo que puede ser potencialmente mejorado, lo que los programas sociales a través de
los apoyos que otorgan pueden contribuir a elevar la calidad y nivel de vida de las personas. En
este tenor, el énfasis de la valoración de los procesos de ejecución e impacto de dichos
programas tendría que incidir primero, en el grado de cumplimiento del programa, y segundo en
la reducción en el número de personas en condición de pobreza, o bien, su contribución, para el
caso mexicano en la reducción del número de personas con carencias sociales.

Como práctica, la evaluación está sujeta como se abordará más adelante, a factores que
determinan la toma de decisiones como es el caso del presupuesto; de esta forma se puede
afirmar que la eficiencia en la aplicación de recursos dirigidos al gasto social, son inversamente
proporcionales a la persistencia o no de los problemas sociales, y para el caso mexicano se
advierten notablemente asignaciones cada vez menores de recursos destinados a tal fin, debido,
entre otras cosas, a la falta de interés institucional por dar un seguimiento oportuno y un
monitoreo permanente a cada proceso de la operación de los programas sociales que incluye,
además, la percepción de las personas beneficiarias a quienes no aplican las medidas
adecuadas para determinar si las políticas emprendidas en efecto han disminuido su condición
de desigualdad, por un lado, y por el otro, para comprobar si los apoyos han sido suficientes para
avanzar en el ejercicio del desarrollo humano.

Gabriela Pérez Yarahuán y Claudia Maldonado Trujillo (2015) resumen cabalmente lo que se
espera de la evaluación al decir que,

“la evaluación de programas, como práctica del gobierno, es más que la aplicación de métodos
de investigación social para la descripción de una realidad en particular, o la estimación de las
consecuencias de la implementación de una intervención o un programa público” (p.19)

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2536.

Por lo tanto, los criterios de evaluación debieran orientarse a diversos propósitos que en una
visión integral permitan la interacción entre los resultados obtenidos vs. la rendición de cuentas,
el cumplimiento del objetivo de la intervención vs. el cumplimiento del marco normativo o bien
presupuestal, y la interrelación de todos estos factores que en determinado momento y contexto
pueden dotar o no de mayor certeza a la acción de gobierno.

MARCO NORMATIVO DE LA EVALUACIÓN EN MÉXICO

En México, durante las últimas dos décadas, se han experimentado una serie de cambios
institucionales orientados al seguimiento y evaluación de programas sociales. Las políticas
económicas y administrativas internacionales obligaron al país a sumarse a desafíos de ajuste
estructural y presupuestal que pretendía disminuir los niveles de corrupción, racionalizar el gasto
público, hacer pública la información del uso y destino de tales recursos, así como de los
resultados de su erogación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL,
2018), en México se dieron grandes avances en materia de evaluación de política social a partir
de cuatro eventos: el primero sucedido en el año de 2002 con la promulgación de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuyo contenido se instrumentan los
mecanismos de regulación para la rendición de cuentas de los gobiernos a partir de la difusión
de la información relativa con el uso de recursos públicos, en este caso, para beneficio social; el
segundo, ocurrido en 2004, que tiene que ver con la publicación de la Ley General de Desarrollo
Social que implica el reconocimiento constitucional de los llamados derechos sociales, la
definición del desarrollo social y de la pobreza.

Un tercer elemento que se asocia al marco normativo del desarrollo social que fue la creación
del CONEVAL en 2006 como la única instancia a nivel nacional encargada de la medición de la
pobreza desde un enfoque multidimensional y como instancia coordinadora de los ejercicios de
evaluación a programas sociales federales, estatales y municipales. A la par de ello la adhesión
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en 2006 crea el un
presupuesto basado en resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Como ya lo hemos venido describiendo la evaluación permite un monitoreo y mejora continua de
los programas sociales, asimismo, documenta los avances y áreas de oportunidad de las
políticas para una mejor toma de decisiones, difunde los resultados en cumplimiento a lo
establecido en la Ley General de Desarrollo Social en la que se establece como una obligación
que los ejecutores de programas sociales realizar ejercicios periódicos de evaluación a los
mismos (al menos una vez por año).

A la par de lo anterior los Lineamientos Generales de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social establecen los criterios para la evaluación de programas federales, la elaboración de la
matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, que sirven para focalizar los programas y
hacer eficiente el gasto público. Estos lineamientos si bien, están orientados a programas
federales, también pueden ser utilizados como guía para evaluar programas estatales y
municipales, pues sus directrices metodológicas pueden adaptarse a estos ámbitos.

En observancia a la Ley General de Desarrollo Social se estipula que los ejercicios de evaluación
a programas sociales deben ser externa a sus ejecutores, con el propósito de dotar de objetividad
e imparcialidad al análisis de las fortalezas tanto en diseño y operación de éstos, y generar
estrategias innovadoras que posibiliten la mejora continua de sus aspectos susceptibles,
incluidos los procesos, los costos-beneficios y el impacto.

Discusión de los límites institucionales: las evaluaciones de impacto de los programas sociales
en México.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2537.

Hoy en día, la responsabilidad de evaluar implica a su vez una responsabilidad de planeación; los
gobiernos, federal, estatal y municipales en México están obligados a conocer el marco
normativo para diseñar, operar, monitorear y evaluar los programas sociales.

Institucionalizar la evaluación no ha sido un proceso sencillo, en las administraciones públicas
se han tenido que ir construyendo sistemas de monitoreo y evaluación acordes con la
normatividad vigente en los distintos ámbitos gubernamentales, han surgido a la par instancias
homólogas al CONEVAL a nivel estatal como responsables de coordinar las evaluaciones, emitir
recomendaciones para fortalecer a los programas y sus efectos.

Como lo menciona Mónica Ballescá (2015)

“La incorporación de políticas de monitoreo y evaluación en la gestión pública de cualquier
gobierno demanda un intenso y sostenido trabajo técnico y de capacidades institucionales en
instancias ejecutoras para avanzar en prácticas incrementales de rutinas para la generación, y
mucho más para el uso, de conocimiento y evidencia con fines de política pública” (p.20)

Aunado a lo anterior, la institucionalización obliga a transversalizar no solo la labor de las
instancias gubernamentales encargadas de la ejecución de los programas, sino alinear los
objetivos de los mismos a los establecidos en los planes de gobierno, sus estrategias y líneas de
acción, además de incorporar la visión de políticas internacionales como la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, en conjunto, contribuyen a justificar la pertinencia de su
ejercicio.

Para saber si un programa social está cumpliendo con su objetivo y para comprobar que
efectivamente el programa está respondiendo a la superación de necesidades de las personas
beneficiarias, que su operación está fortaleciendo la política social nacional, regional o local; que
al ejecutarlos está priorizando la atención de problemas sociales estructurales, que el
presupuesto se está ejerciendo en forma racional, etcétera, se requiere evaluarlo.

Habría que hacer hincapié en que, para evaluar, no existe una sola intención

“las razones son múltiples. Desde satisfacer expectativas de la ciudadanía, mostrar los
resultados de la gestión y disminuir los niveles de corrupción, hasta hacer más eficiente el gasto
público y responder a la necesidad de coordinar y cooperar con gobiernos nacionales en
objetivos de corto, mediano y largo plazo”. (OCDE, 2021, p.3)

Así como existen diversas metodologías de evaluación, también se hallan distintos tipos de ella,
dependiendo del grado de madurez y de la continuidad que en el mediano y largo plazos tenga el
programa, es que se recomienda llevar a cabo alguna de ellas, empezando desde su creación por
la de diseño, pasando por la de consistencia y resultados, la de procesos, en fin, hasta llegar a la
evaluación de impacto.

De acuerdo con el CONEVAL (2007, p.1) una evaluación de impacto es aquella que tiene por
objeto la medición de “los efectos que tiene un programa en sus beneficiarios con respecto a
individuos que tienen características similares pero que no reciben los beneficios del mismo”.

Las evaluaciones de impacto, en términos técnicos y metodológicos son mucho más rigurosas,
utilizan diferentes métodos estadísticos y de análisis cualitativo que cualquier otro tipo de
evaluación. Requieren información exhaustiva del programa, desde su diagnóstico, las reglas de
operación, los presupuestos, los padrones de personas de beneficiarias, las evidencias
documentales del monitoreo, los programa de mejora continua, las encuestas de satisfacción,
toman en consideración a las personas no beneficiarias como grupo de control, los indicadores
y su desagregación, etc. habría que destacar que la relevancia de llevar a cabo este tipo de
ejercicio radica en que a partir de la medición de los efectos netos del programa se puede saber

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2538.

si efectivamente el problema por el cual surgió el programa está reduciendo sus efectos
negativos.

Como se había mencionado en párrafos anteriores, elegir el tipo de evaluación que se le puede
aplicar a un programa depende de su grado de madurez, del fortalecimiento de sus indicadores
y de los sistemas de monitoreo, de tener experiencias de ejercicios anteriores, de su continuidad,
de los recursos con lo que cuente la dependencia para poder contratar servicios profesionales
externos, entre otros.

En tiempo, una evaluación de impacto es un ejercicio que en México tiene un promedio de 12 a
18 meses para su realización; y en costo, es la más cara, por lo tanto, hay que tomar en
consideración que,

“No todas las políticas ameritan una evaluación de impacto. Éstas son costosas y deben
priorizarse. Por ello, es importante definir si la política a evaluar es innovadora (pone a prueba un
enfoque prometedor); replicable (si va a ser escalable y transferible a una situación diferente);
significa una estrategia pertinente (requiere considerables recursos y cubre, o puede expandirse
para cubrir, a un gran número de personas, y/o podrá generar un ahorro considerable); su
efectividad no está comprobada; y si los resultados serán influyentes para informar decisiones
fundamentales sobre políticas” (Galindo y Martínez, 2017, s/p).

En México, la práctica de la evaluación es muy reciente, sin embargo, no es un factor que
justifique el que los gobiernos no encuentren en ella una utilidad real que les ayude a fortalecer
su proceso de toma de decisiones y a orientar los recursos en bienes, acciones y servicios en
favor de los grupos más desprotegidos de la población. Hay pocos ejemplos de programas
sociales que se hayan sometido a la evaluación de impacto, y el que se toma como referente es
del ejercicio que se practicó al Programa Social de transferencias condicionadas PROGRESA
(Programa de Educación, Salud y Alimentación), los resultados de la evaluación de impacto
evidenciaron la potencialidad del programa al comprobar mejoras en la situación nutricional de
niños, en la disminución de enfermedades en los niños y los adultos mayores.

“Los resultados derivados de la evaluación de impacto del programa Progresa contribuyeron a la
sostenibilidad y expansión del programa en México, y a la rápida propagación de los programas
de transferencias monetarias condicionadas en todo el mundo. Desde que comenzó en 1997,
Prospera se ha replicado en 52 países alrededor de América Latina, Asia y África” (Galindo y
Martínez, 2017, s/p)

A pesar de su probada evidencia que justifica la eficiencia del programa PROGRESA, luego
PROSPERA, la congruencia con el objetivo que persiguió, así como la magnitud de su cobertura
que permitió su continuidad, en 2019, con la entrada del partido MORENA al Gobierno Federal de
México, desparece el programa para dar paso al Programa de Servicios de Salud y Medicamentos
Gratuitos, de acuerdo con la declaración de la entonces titular de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud (CNPSS), cuya acción quedó sustentada en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del 2019,

Derivado de lo anterior, se desprende que existen limitantes institucionales que obstaculizan los
procesos de evaluación de impacto y los podemos clasificar como sigue:

EL GASTO PÚBLICO

Como bien lo explica el CONEVAL (2018, p.19) la implementación de las acciones de los
programas y las dependencias (de los gobiernos federal, estatales y municipales) ocurre en una
situación de recursos escasos.

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2539.

Por lo tanto, el papel del gobierno queda cada vez más limitado y por lo tanto el ejercicio del
gasto público no se aplica de forma eficiente y mucho menos se ocupa de generar evidencias
objetivas y orientadas a resultados. Edna Jaime Ex directora general de México Evalúa (2011),
advertía que se hallan elementos que ayudan a entender la ineficiencia del gasto público tales
como:

El uso político del presupuesto. - que podemos ejemplificar claramente en casos de operación
de programas onerosos que no justifican su viabilidad social para contribuir a cambiar una
situación de desigualdad, pero que sirven como mecanismo de control electoral o institucional.

La carencia de detección de necesidades sociales: que se haya principalmente en la falta de
diagnósticos sobre la problemática social que se pretende atender lo que impide focalizar de
manera adecuada obras, servicios y acciones de desarrollo social, orientados a la atención de
una población objetivo que tampoco es identificable por la carencia de instrumentos para su
determinación.

Otro elemento vinculado a la ineficiencia del gasto es la carencia de mecanismos de control y
rendición de cuentas y por ende la falta indicadores relevantes para medir el impacto real del
gasto.

LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Esto implica la falta de continuidad de los programas sociales, las administraciones locales por
ejemplo, se renuevan cada tres años y como no existen evidencias del funcionamiento de
programas de desarrollo social por falta de evaluaciones, entonces resulta más fácil descartarlos
y crear nuevos, por lo que los recursos se ven aún más reducidos y la falta de visión y
diagnósticos oportunos deriva en objetivos o metas que no resuelven problemas sociales. Lo
mismo ocurre para la federación y los gobiernos estatales que duran en sus gestiones 6 años.

LA FALTA DE MECANISMOS NORMATIVOS BÁSICOS DE OPERACIÓN

Aunque la Ley General de Desarrollo Social y las homólogas a nivel estatal establecen como uno
de los principios básicos para la ejecución de programas de desarrollo social contar con Reglas
de Operación, aún hay casos evidenciables como el del gobierno federal actual que de acuerdo
con la revista Forbes (2020), más del 60% del presupuesto destinado a programas sociales con
apoyos de transferencia de recursos se aplica sin Reglas de Operación. Esto dificulta la
transparencia y rendición de cuentas, además de que presenta inconsistencias para conocer el
problema que atienden, la cobertura y las características de la población beneficiaria. A su vez,
obstaculiza la generación de instrumentos de monitoreo y documentación de evidencias útiles
en los ejercicios de evaluación.

Aunado a lo anterior, las dependencias ejecutoras no prevén dentro de los gastos de operación
de los programas sociales, aquellos destinados a ejercicios de evaluación externa.

LA FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el discurso, se habla de que hoy la ciudadanía exige más a sus gobiernos y se vuelve vigilante
de su actuar, sin embargo, pocos utilizan los mecanismos institucionales para saber dónde,
cómo y para qué se utilizan sus impuestos, no existen los medios para que la población pueda
opinar sobre la percepción que tiene de los bienes y servicios que les otorga el gobierno. Esta
también se vuelve una limitante para evaluar ya que no hay un contrapeso objetivo que pueda
permitir a los evaluadores emitir recomendaciones al respecto.

LA FALTA DE PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2540.

La experiencia de evaluación de impacto a programas sociales tan baja en México, tiene como
una de sus razones el que no se realizan análisis sobre la pertinencia de llevar cabo un programa
o no, la disponibilidad de los recursos (financieros, humanos, técnicos, metodológicos,
científicos, etc), la carencia de mecanismos para hacerse llegar de información estadística,
georreferencial, aunado a la generación de evidencias que permitan la documentación de las
fortalezas y debilidades del programa.

PERSONAL EVALUADOR POCO CAPACITADO

Para llevar a cabo evaluaciones de impacto los equipos evaluadores externos deben de contar
con personal altamente calificado en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas,
programas y acciones de desarrollo social, la experiencia en evaluaciones similares, la
rigurosidad de los métodos y técnicas aplicadas, el tratamiento de la información confidencial,
la objetividad de sus resultados, etc., constituyen un problema, primero porque no se hallan
empresas o instituciones académicas/centros de investigación que cubran dicho perfil en virtud
de las escasas evaluaciones de impacto que se han difundido de programas sociales en México.
La experiencia también demuestra que los equipos de evaluación usualmente están integrados
por economistas dejando de lado a otras profesiones que pudieran enriquecer con el
conocimiento de otros métodos, técnicas y herramientas de recolección de información los
hallazgos de las evaluaciones.

FALTA O ESCASEZ DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADA

Lo que obliga a los evaluadores a realizar inferencias a veces alejadas de la realidad que se
somete a observación y análisis. En el caso de programas de desarrollo social, las fuentes
oficiales de información son el CONEVAL y el INEGI principalmente. Cabe destacar que las
mediciones de pobreza se realizan casa dos años a nivel nacional y estatal, y cada cinco a nivel
local lo cual también se vuelve un obstáculo para hacer proyecciones mucho más objetivas.

LA IMPRECISIÓN EN LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO (RESULTADOS A LARGO
PLAZO)

Esto dificulta la medición de los resultados en el largo plazo, necesarios en una evaluación de
impacto. No existen sistemas de indicadores de desarrollo social sólidos y replicables.

LA ROTACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS

Aparejado a la falta de documentación de información, resultados y evidencias, las evaluaciones
de impacto suponen una participación activa de quienes operan dichos programas, pues ellos
son los responsables de otorgar los recursos de información necesarios para la evaluación y
retroalimentación del proceso. Sin embargo, la volatilidad laboral repercute en el proceso, debido
a que el personal a quien se delegan las funciones de seguimiento cambia de manera constante,
lo cual impide un flujo de información oportuna y de calidad.

Podríamos establecer algunos otros factores que obstaculizan la evaluación de impacto a los
programas sociales en México, sin embargo, parece importante destacar que en México no
hemos logrado entrar a la cultura de evaluación en la práctica, la validez de las evaluaciones es
cuestionada a partir de los ejercicios de fiscalización que realizan organismo como la Auditoría
Superior de la Federación o la Secretaría de la Contraloría. La evaluación de impacto es la más
larga en tiempo y la más costosa, ya lo advertíamos en el documento, y la que por la naturaleza
de la información que requiere para realizarla es la que se sugiere llevar después de al menos 4
años de operación del programa. La historia y la experiencia demuestran que los gobiernos no
siguen la ruta que sugiere la evaluación y que las inercias de intereses políticos más allá de la
atención oportuna a males públicos siguen siendo una constante.

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A pesar de los esfuerzos tecnológicos por acercar recursos para facilitar la generación de
sistemas de información e indicadores que puedan dar cuenta de lo que se está haciendo, de
cómo se hace y lo que falta por hacer, en México se deben invertir mayores recursos para el
desarrollo de estos sistemas y ponerlos al alcance de todos, sobre todo de los tomadores de
decisiones en quienes recae una importante responsabilidad compartida con el Estado de
generar bienestar social en todas sus dimensiones.

Falta hacer conciencia en los funcionarios públicos, los políticos y los ejecutores de los
programas sobre la utilidad que representan las evaluaciones, los hallazgos, los aspectos
susceptibles de mejora y las recomendaciones, como instrumentos para mejorar su ejecución y
permitir la toma de decisiones más racionales. La opacidad conduce irrevocablemente a la
corrupción, invertir tiempo y recursos en evaluaciones de impacto transformará la visión de la
política social, la hará más eficiente y proactiva. Tenemos mucho camino por recorrer, aprender
de las buenas prácticas, aceptar que la evaluación es una responsabilidad social, por ello es
indispensable ir superando las limitantes descritas. Fortalecer la evaluación es al mismo tiempo
un compromiso con la sociedad y el gobierno, es una forma de acercarnos al logro del bienestar
y la superación de la pobreza y la desigualdad.

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 2542.

REFERENCIAS

Ballescá, M. (2015). Construyendo un sistema de monitoreo y evaluación para un gobierno
subnacional. La experiencia de Jalisco, México en: Avances y retos de la evaluación de políticas
públicas en gobiernos subnacionales. Centro CLEAR para América Latina Centro de Investigación
y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) Red Interamericana de Educación en Administración Pública
(INPAE). Recuperado de: https://evalua.jalisco.gob.mx/sites/default/files/2017-04/Avances-y-
retos-de-la-evaluacion-de-politi-cas-publicas-en-gobiernos-subnacionales.pdf

CONEVAL (2007). Guion del Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de
Impacto. Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRA
MAS_POLITICAS_DS/Evaluaciones%20de%20Impacto/guion_analisis_de_factibilidad.pdf

CONEVAL (2018). Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Desarrollo Social en
México. Memorias del 2006-2018. Segunda edición. Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Memorias/Sistema-de-
monitoreo-y-evaluacion-politica.pdf

CONEVAL (2019). Marco normativo para la evaluación de la política, programas y acciones de
desarrollo social en el ámbito federal en México, 2019. Recuperado de:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/Marco_normativo_evaluacion.pdf

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2022). Ley General de Desarrollo Social.
Recuperado de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDS.pdf

Galindo, A. y S. Martínez (2017). ¿Qué es una evaluación de impacto y cómo la apertura de su
conocimiento puede potenciar su valor?. BID Mejorando vidas. Recuperado de:
https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/que-es-una-evaluacion-de-impacto-y-como-
puede-potenciar-el-conocimiento-abierto/

Mendoza, E. V. (2019). Reglas de Operación: El talón de Aquiles de los apoyos sociales. Revista
Forbes. Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/los-programas-sociales-de-amlo-opacos-y-
sin-control-sobre-quien-los-recibe/

México Evalúa (2011). 10 puntos para entender el gasto educativo en México: Consideraciones
sobre su eficiencia. Recuperado de: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-
content/uploads/2016/05/MEX_EVA-INHOUS-GASTO_EDU-LOW.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2021). Herramientas
Prácticas para el fortalecimiento de Sistemas de Monitoreo y Evaluación a nivel sub-nacional.
Recuperado de: https://www.oecd.org/gov/colombia-toolkit-final-(003).pdf

Pérez, Y.G. y C. Maldonado (2015). Introducción: Razones para documentar avances, retos y
dificultades en los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina. p.19. en: Panorama
de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina. CIDE/Coyuntura y
Ensayo.

Plataforma de ONG de Acción Social (2010). Guía de Evaluación de Programas y Proyectos
Sociales. Gobierno de España/Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030/Secretaría de
Estado de Derechos Sociales. Madrid. Recuperado de:
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/6.pdf

Weiss, H.C. (2015). Preparando el terreno. p. 50 en: Antología sobre evaluación. La construcción
de una disciplina. CIDE/CLEAR.

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