LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4127.
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.895
Ética pública y corrupción en el gobierno de México: La
imperatividad del Código de Ética
Public ethics and corruption in the government of Mexico: The
imperativeness of the Code of Ethics
J. Dolores Morales Corona
Jdmoralesc71@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-5332-6372
Querétaro – México
Artículo recibido: 13 de julio de 2023. Aceptado para publicación: 27 de julio de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
La corrupción es una problemática que se ha propagado en México al grado de provocar una
ceguera axiológica que genera costos que ascienden a más de doce mil millones de pesos por
año; debilitando las Instituciones de la Administración Pública, mismas que están dañadas por
vicios de antaño que impiden la eficiencia y su correcto funcionamiento, ante la inadecuada
selección y formación en valores éticos de los servidores públicos. Con la finalidad de
profundizar en esta problemática, se tiene como objetivo determinar la relación que existe entre
la ética aplicada a la Función Pública y la corrupción, para resaltar la importancia de elevar la
conducta ética del servidor público bajo el marco de los Códigos de Ética, en aras de que el
Estado mexicano cumpla con la obligación de garantizar el Derecho a la buena administración y
así recuperar la confianza de los administrados en las instituciones gubernamentales. A lo largo
de setenta años, México no ha logrado mejorar la posición que ocupa en los rankings
internacionales que miden la percepción de corrupción. El tema a desarrollar parte de la premisa
de que la ética aplicada a la función pública puede disminuir los actos corruptos de los servidores
públicos, sin embargo, la ética no puede ser impuesta, en tanto no exista integridad y
sensibilización del servidor público sobre su compromiso con la sociedad y la obligación de
garantizar el derecho a la buena administración, la corrupción seguirá latente en la nación
mexicana.
Palabras clave: ética, corrupción, derecho a la buena administración, ética pública
Abstract
Corruption is a problem that has spread in Mexico to the extent of causing axiological blindness,
generating costs that amount to over twelve billion pesos per year. This weakens the institutions
of public administration, which are damaged by long-standing vices that hinder efficiency and
proper functioning, due to the inadequate selection and training in ethical values of public
servants. With the aim of delving into this issue, the objective is to determine the relationship
between ethics applied to public service and corruption, in order to emphasize the importance of
raising the ethical behavior of public servants under the framework of Codes of Ethics. This is
done in order for the Mexican state to fulfill its obligation to guarantee the right to good
administration and regain the trust of citizens in government institutions. Throughout seventy
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4128.
years, Mexico has failed to improve its position in international corruption perception rankings.
The topic to be developed is based on the premise that ethics applied to public service can reduce
corrupt acts by public servants. However, ethics cannot be imposed unless there is integrity and
awareness on the part of public servants about their commitment to society and the obligation
to guarantee the right to good administration. Corruption will continue to persist in the Mexican
nation.
Keywords: Ethics, Corruption, Right to Good Administration, Public Ethics
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades,
publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .
Como citar: Morales Corona, J. D. (2023). Ética pública y corrupción en el gobierno de México:
La imperatividad del Código de Ética. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades 4(2), 4127–4140. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.895
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4129.
INTRODUCCIÓN
La corrupción representa una amenaza para cualquier Estado, incrementa costos, reduce la
eficiencia de la Administración Pública, socava la confianza de los ciudadanos y genera
incertidumbre en la sociedad; con el paso de los años los gobernados han sido testigos de actos
diversos de agentes del gobierno en el mal manejo de los recursos públicos.
Instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) han hecho hincapié en la necesidad de que el Estado Mexicano lleve a cabo
acciones tendentes a combatir esta problemática; de acuerdo con estudios realizados por
Transparencia Internacional, nuestro país ha ocupado los últimos lugares en el Índice de
Percepción de Corrupción, desde el año de su creación.
La OCDE ha propuesto varias alternativas que buscan erradicar la corrupción en nuestro país y
medios que se proponen evitarla; es aquí en donde la ética pública juega un papel importante en
la formación de todos los individuos que tengan la intención de asumir un cargo, empleo o
comisión en el servicio público.
Para que la Administración Pública asegure un actuar correcto conforme a los intereses del
Estado, no basta con que sea una persona que tenga conocimientos especializados. Para que
existan mejores condiciones en el Servicio Público, son indispensables valores éticos que deben
formar parte del perfil de los individuos que hacen posible la Función Pública.
En este sentido, los Códigos de Ética forman parte importante en la formación de los servidores
públicos, siendo que el actuar de éstos debe estar regido por en acciones donde prevalezcan los
valores de honestidad, lealtad, legalidad, imparcialidad, eficiencia, entre muchos otros.
El objetivo de la presente investigación es analizar el fenómeno de la corrupción en nuestro país
desde la época de la Colonia hasta la actualidad; una historia llena de desvíos de los recursos
públicos y en donde se pone de manifiesto la necesidad de la ética en los servidores públicos
como medio para frenar las actuaciones deshonestas que tanto dañan a la sociedad mexicana.
Se estudiaron diferentes textos respecto a la ética aplicada al poder público (Administración
Pública), así como instrumentos legales y extralegales que han buscado prevenir y erradicar la
corrupción administrativa en el gobierno de México; documentos que fijan las bases de actuación
de la conducta de los servidores públicos, los cuales guían desde lo ético y legal, las acciones en
el marco de la función pública.
En el ámbito internacional, resalta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y
la Convención Interamericana contra la Corrupción, mientras que en el ámbito nacional, se
examinaron los diferentes Códigos de Ética que han existido en nuestro país, por tratarse de
documentos que buscan interiorizar el sentido de justicia en los servidores públicos mediante
valores éticos que orienten el actuar de los empleados de gobierno; si bien las normas que
sancionan las conductas representan un medio para erradicar esta problemática, lo ideal sería
que estas conductas se evitarán, y esto se logrará si el servidor público desde su interior logra
identificar los valores éticos y sobre todo si los pone en práctica.
Instrumentos que en conjunto contienen una serie de medidas preventivas y correctivas en torno
a los diferentes actos de corrupción. Así también, se analizaron los datos que ofrecen
organismos internacionales Transparencia Internacional y cifras ofrecidas por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, respecto de la percepción de corrupción en México y que
ilustran sobre el estatus actual de esta problemática, amén de servir como un elemento de
análisis y reflexión para los gobiernos sobre dicha problemática, y les permite evaluar y tomar
acciones sobre los avances o retrocesos al respecto.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4130.
Es aquí en donde surgen interrogantes sobre la utilidad práctica de los Códigos de Ética en el
ejercicio de la función pública desde su aparición en lo institucional, ¿Puede imponerse a
servidores públicos una ética pública?, ¿con la implementación de los códigos de ética han
disminuido los hechos de corrupción en la Administración Pública?
La importancia de la ética pública (códigos de ética) como instrumento de control radica en la
influencia que tienen en la disminución progresiva y sistemática del fenómeno de la corrupción;
la ética es una herramienta indispensable en la formación de servidores públicos, para que éstos
lleven a cabo su labor con eficiencia.
METODOLOGÍA
El estudio es cualitativo, descriptivo obteniendo apoyatura en los parámetros del método
científico y se maneja la metodología consistente en investigación documental, bibliográfica,
hemerográfica y demás fuentes documentales que abonen a la reflexión en torno a la Ética
Pública y Corrupción. De igual forma será de utilidad el método jurídico en torno al análisis de
legislaciones relacionadas con el tema objeto de la presente investigación. Por cuanto, a los
conceptos jurídicos, servirán los de la ciencia jurídica con mayor realce en el derecho
administrativo.
DESARROLLO
El problema de la corrupción en México
Un fenómeno que afecta de manera directa a muchos países de América latina y del mundo es
la corrupción, definitivamente México no es la excepción y a pesar de que se observa este
problema en todos los niveles del gobierno, el ciudadano se ha acostumbrado a convivir
diariamente con un sinfín de conductas corruptas que afectan la democracia, la legitimidad, la
transparencia y la confianza en las instituciones públicas.
En palabras de Daniel Márquez (2019), la corrupción “es un género que engloba diversas
conductas que impacta horizontalmente en todos los espacios de la vida pública y privada,
colonizando y minando la institucionalidad (p. 22)”, aunque se trata de un fenómeno que no
puede delimitarse a un concepto por la gran cantidad de conductas que la conforman.
Dentro de las notas características de la corrupción se puede observar la ilicitud e intereses
privados, siendo que el servidor público antepone los beneficios particulares sobre los colectivos,
alejándose del interés general; además es difícil establecer límites para contenerla, esto depende
de las leyes de cada país.
Resulta complicado establecer un significado exacto de lo que es la corrupción, pero tomando
en cuenta las características se puede conceptualizar como “un fenómeno pluridimensional, de
gran complejidad, con una infinitud de componentes, incluidas conductas y pensamientos que
realiza el acusado de corrupción, que acontecen tanto en los ámbitos del espacio público como
en los denominados espacios privados (Márquez, 2019, p. 29).”
La corrupción daña gravemente a la ciudadanía y a los sectores público y privado, haciendo
ineficiente la inversión de recursos y contribuyendo a las desigualdades sociales; provoca graves
costos económicos, políticos y sociales, y con ello se convierte en obstáculo para el desarrollo
de cualquier país al restarle condiciones potenciales para generar un crecimiento económico.
Se trata de un mal que se arraigó en nuestra sociedad desde hace años. La historia de corrupción
en México se remonta a la Época de la Conquista, con la forma de gobierno impuesto por el
gobierno español, no existía un sistema de mérito para acceder a cargos públicos; estos eran
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4131.
reservados para ciudadanos españoles y en caso de existir varios candidatos, los puestos
públicos se vendían al mejor postor, dando origen a la corrupción.
Durante la época de la Colonia, continuaron los actos corruptos al no existir un sistema de
rendición de cuentas, eran comunes actuaciones déspotas y arbitrarias.
Con la Independencia llegaron nuevos protagonistas, un nuevo gobierno en que los criollos
detentaban el poder, sin embargo, las prácticas corruptas continuaron, siendo el caciquismo
antecedente inmediato del clientelismo político, el cual permitía que el cacique interviniera en los
procesos políticos, proponiendo a los candidatos y apoyándolos mediante sus influencias, dinero
y obligando a los ciudadanos a votar por el sujeto que resultara más conveniente para el cacique.
Posteriormente, durante el Porfiriato y los negocios ilícitos e incremento de la deuda externa,
estalla la Revolución y aprovechando el ambiente de caos se cometieron actos ilícitos por parte
de los caudillos y gobernantes, se hizo común el término “carrancear”, que hace referencia al
robo de los carrancistas, haciendo uso de abuso de poder.
Después de la Revolución Mexicana, surge un nuevo sistema político que permitió la
permanencia de un partido político durante setenta años, en donde el presidente saliente elegía
a su sucesor, ante una falta total de participación democrática y con ello, la prevalencia de actos
corruptos: abuso de poder, desviación de recursos públicos, abuso de autoridad, impunidad,
entre muchos otros.
Años de promesas de campañas incumplidas que no trascendieron a las instituciones públicas,
el sexenio que inició el primero de diciembre de 1982, con la promesa de una “renovación moral”
contra la corrupción y apertura democrática que nunca llegó; recordemos que la noche de la
elección de 1988 se determinó la suspensión de recuento de votos como una “caída del sistema”
cuando el recuento favorecía al candidato del Partido de la Revolución Democrática y no al
candidato oficial de la presidencia por el Partido en el poder, a quien se le otorgó el triunfo de la
presidencia en esas elecciones.
En el siglo XXI, un nuevo partido logra llegar al poder con la esperanza de un cambio que lograría
terminar con los problemas que aquejan al país, no obstante, la corrupción siguió haciéndose
presente en la Administración Pública; de acuerdo a investigaciones de la Auditoría Superior de
la Federación y la Secretaría de la Función Pública, durante el sexenio del primer hombre de la
alternancia política se expidieron contratos de arrendamiento y mantenimiento de plataformas
de Pemex llenos de irregularidades y malos manejos del director de dicha empresa, que
favorecieron a la empresa Oceanografía, empresa vinculada al círculo cercano de la familia de
Presidente.
De esta manera, los actos de corrupción han persistido año tras año, sin importar el partido
político en el poder. Un ejemplo de ello es el caso de la 'casa blanca' que involucra al presidente
que asumió funciones en 2012. Además, el gobierno actual, cuya campaña se centró en la lucha
contra la corrupción, ha enfrentado diversos escándalos en los últimos años. Estos incidentes
han socavado la credibilidad de sus discursos debido a la percepción de parcialidad en los casos
en los que están involucradas personas cercanas al mandatario federal.
Los anteriores son solo algunos ejemplos de corrupción ocurridos en México y que se observan
en los estratos altos de la administración pública y que afecta colectivamente a la sociedad con
consecuencias que se miden en montos de dinero excesivamente altos; pero el fenómeno de la
corrupción no se da en la individualidad del servidor público, sino que es necesaria la presencia
de otro sujeto para que surja la corrupción, no puede existir un corrupto sin un corruptor.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4132.
Cabe señalar que, también se observa la corrupción que ocurre en las relaciones individuales del
ciudadano con el servidor público perteneciente a la burocracia del Estado, se trata de trámites
y servicios en donde se configuran actos de corrupción pequeña (por ejemplo, el soborno), pero
que también representa graves daños económicos para el país; en este caso nos encontramos
ante la corrupción administrativa.
El horizonte histórico de la corrupción muestra que este fenómeno se presenta en todas las
épocas y ámbitos del gobierno; es un mal de antaño contra el cual no ha sido posible encontrar
la fórmula perfecta que permita ponerle fin.
Pero sin importar si se trata de corrupción grande o pequeña, se trata de un mal que representa
para la sociedad mexicana un grave daño y, a pesar de que a lo largo del tiempo se han buscado
formas de combatirla mediante procedimientos de responsabilidad administrativa como el juicio
de residencia o los procedimientos de responsabilidad administrativa, estos no han sido
suficientes para frenar esta enfermedad que aqueja al país y regresar la confianza a las
instituciones a los ciudadanos; de ahí que la importancia de la ética pública, cuya materialización
se muestra con la puesta en marcha de los Códigos de Ética en la Administración Pública en aras
de propender al correcto actuar de los servidores públicos.
La creación de los Códigos de Ética en México
Cicerón en su obra sobre los deberes I, XXXIV, escribe que el magistrado (servidor público), en
cuanto tal, ejerce un poder público y por tanto representa al Estado en su actuación, tiene el deber
moral de actuar conforme a la dignidad, el decoro y las leyes, y de precisar los derechos, así como
el de tener presente la buena fe del encargo es decir, la confianza en él depositada por el
pueblo(Cicerón, 2012, p. 108); lo que significa que la función pública ha de ejercerse éticamente,
lo que equivale a afirmar que el poder público debe acomodar su actuación a determinados
principios éticos.
El despertar de la ética pública como verdadero motor de la sensibilización social hacia el
problema de la inmoralidad en el ejercicio del poder público, se orienta a un fin preponderante: la
consecución de medios que hagan viable el ejercicio ético del poder público y que a la par
dificulten en la mayor medida posible el abuso del poder.
Por ello, todo Estado Democrático, crea principios y valores éticos, procesos y prácticas
funcionales que reduzcan la corrupción en todas sus formas conocidas, ello, debido a que
algunas conductas de funcionarios públicos quebrantan estándares normativos, socavan la
confianza de los ciudadanos, trayendo como consecuencia la satisfacción de sus propios
intereses.
Múltiples son los instrumentos que han buscado frenar el problema de la corrupción; en el plano
internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención
Interamericana contra la Corrupción, adoptadas y ratificadas por el gobierno de México
(aprobadas por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 29 de abril de 2004 y 30
de octubre de 1996, respectivamente).
Y en el orden nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
90 el constituyente establece los principios de honestidad, legalidad, imparcialidad, lealtad y
eficiencia, por virtud de los cuales los servidores públicos deberán alinear sus acciones en los
que se circunscribe la función pública en las que me manifiesta su hacer, así mismo, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 16 establece a los servidores
públicos el deber de observar el código de ética con la finalidad de orientar su conducta atento a
las necesidades de la sociedad
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4133.
Décadas de corrupción hicieron imperiosa la necesidad de establecer medidas que formen a los
servidores públicos en la ética y que se mantenga presente en el espíritu del empleado público,
visto como el deber ser, siendo que todo funcionario público debe ser consciente de que su tarea
está encaminada a “satisfacer las demandas ciudadanas y las necesidades de los diversos
grupos sociales que integran el Estado, el político, el funcionario, el juez, el legislador no debe
olvidar nunca que está para servir a la comunidad, no para servirse de ella (Bautista, 2013, p. 11).”
Es importante establecer estrategias para fomentar principios y valores éticos en la subjetividad
de los servidores públicos, que contribuyan en la formación de personas integras, con principios
sólidos y que le tengan respeto al empleo, cargo o comisión; no basta con que el servidor público
conozca los principios éticos, sino que debe observarse en la manifestación práctica de la
función pública en la que radica su tramo de responsabilidad.
Fomentar principios y valores éticos en los servidores públicos es un medio para combatir la
corrupción, estos sirven para fortalecer los mecanismos legales de control existentes, “la ética
aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de
servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas
al bien común (Bautista, 2013, p. 11).”
La corrupción ha sido un problema constante en el gobierno mexicano a lo largo de la historia.
Para abordar este fenómeno, los órganos responsables han implementado diversas normas con
el objetivo de contrarrestar sus efectos. A pesar de ello, el diseño de un Sistema de
Responsabilidades de los Servidores Públicos no ha logrado ser suficiente para controlar este
creciente problema.
A saber, en un apretado análisis se ha establecido lo siguiente: en 1824 se instauró en la
Constitución Mexicana un Sistema del juicio de responsabilidades, la Constitución de 1857
incluyó el Titulo Cuarto denominado “de la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos” que se
enfocó en las responsabilidades política y penal, esto también lo repitió la Carta Magna de 1917,
en 1940 se expide la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la
Federación, del Distrito y territorios Federales que incluía una variedad más extensa de
responsabilidades en que podían incurrir los servidores públicos; en 1982 como parte de la
“renovación moral de la sociedad” se publica la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos; en el año 2002 se publica la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y el primer Código de Ética de los servidores de la
Administración Pública Federal; en los años 2015 y 2016 se genera todo el andamiaje
constitucional y legal para la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción cuya
importancia trasciende en la publicación de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ente otras, en donde la
pretensión es la de unificar el combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno.
Con la implementación del primer Código de Ética se fijaron las bases de actuación de la
conducta de los servidores públicos federales; sin lugar a duda, se trata de un instrumento legal
que contiene los ideales a los que la actuación de los servidores públicos debe adecuarse. En
tanto que, el reciente Código de Ética de la Administración Federal publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 8 de febrero de 2022 señala en los considerandos que éste “reúne los
principios, valores, reglas de integridad y compromisos que se consideran idóneos para constituir
un referente deontológico que, además de guiar el desempeño y conducta de las personas
servidoras públicas en aras de la excelencia, facilite la reflexión ética sobre la función pública
que desempeñan.”
Cabe señalar que, conforme al artículo 16 de la actual Ley General de Responsabilidades
Administrativas “Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4134.
emitido por las Secretarías o los Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que
emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna
que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.”
Ahora bien, el Código de Ética en su artículo tercero señala que es un “instrumento emitido por
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el que específica de
manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los
principios, valores, reglas de integridad y compromisos contenidos en el presente Código de
Ética.”
A partir del año 2002 hasta la fecha se han emitido cuatro Códigos de Ética en el marco de la
Administración Pública, por lo que cabe preguntarse si con su implementación han disminuido
los índices de corrupción en el gobierno, de igual manera si han sido el instrumento de control
efectivo para disminuir progresiva y sistemáticamente el fenómeno de la corrupción.
El antes y después de los Códigos de Ética
En el ámbito internacional, una institución que ha puesto de manifiesto los índices de percepción
de la corrupción en los gobiernos es Transparencia Internacional, una organización internacional,
no gubernamental ni partidista y sin fines de lucro, la cual tiene como finalidad la de dar a la
comunidad global datos empíricos que permitan incidir y crear conciencia, en el ánimo de
contener el fenómeno de la corrupción.
El 31 de enero de 2023, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la
Corrupción, el cual es publicado año con año y en el que México figura como uno de los países
con la puntuación más baja de los más de cien países que son evaluados.
El índice de percepción de corrupción se lanzó en 1995 y nuestro país es incluido el año siguiente,
ocupando el lugar 38 de 42 países evaluados, con una puntuación de 33 puntos sobre 100, y para
el año 2000 el país ocupó el lugar 59 de 90 países, y una puntuación de 33, por lo que no hubo
avance en la percepción de los niveles de corrupción durante el sexenio del gobierno anterior a
la alternancia política en México.
En el 2002, año en que fue publicado el primer Código de Ética, durante el gobierno Foxista,
nuestro país ocupó el lugar 57 de 102 países evaluados del Índice de Percepción de Corrupción,
obteniendo una puntuación de 3.6 sobre 10, un pequeño avance en comparación con el sexenio
anterior, pero al final de este gobierno, en 2006 México ocupó el lugar 70 de 163 países, con una
puntuación final de 3.3.
Para el año 2012, el Índice de Percepción de Corrupción que incluyó 176 países del mundo, el
país ocupó el lugar 105 con un puntaje de 34.
Con el gobierno que inicia el primero de diciembre de 2012 surgen nuevas esperanzas con la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción y una serie de reformas constitucionales
tendientes erradicar la corrupción, con distintas iniciativas como la Ley 3 de 3 referente a la
obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: Declaración
Patrimonial, de intereses y fiscal; la creación del Semáforo Anticorrupción para evaluar el avance
de las reforma constitucionales, con la participación del Organismo No Gubernamental llamado
Transparencia Mexicana.
En el año 2013, la percepción de corrupción le otorgaba a México el lugar número 106 con un
puntaje de 34, manteniéndose en el mismo nivel que los años anteriores, y al finalizar de 2018
nuestro país ocupaba el número 138 de 180 países, con 28 puntos, lo que representó un
descenso en el Índice de Percepción de Corrupción.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4135.
En los últimos años, con el gobierno de la austeridad, la cuarta transformación y un lema de
“acabar con la corrupción y la impunidad”, el Índice de Percepción de Corrupción posiciona a la
Nación Mexicana en el lugar 130 con 29 puntos en el año 2019, en el nivel 134 con 31 puntos,
en el año 2020, año que fue afectado por la pandemia mundial que requirió el desembolso de
millones pesos para hacer frente a los problemas de salubridad que afectan al país, y que ante
dicho escenario también se hicieron notar casos de empresas que cometieron actos
deshonestos en detrimento del patrimonio de algunas instituciones de salud pública; el lugar 124
con 31 puntos de 181 países evaluados en 2021.
El último informe rendido por Transparencia Internacional el 31 de enero de 2023 muestra que
México se estancó en la percepción de corrupción, siendo que por tercer año consecutivo obtuvo
31 puntos sobre 100; ocupando el lugar 128 de 180 países evaluados junto a Bolivia, Laos y
Uzbekistán.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló que
conforme a la edición de 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, de los 38 países que
integran esta organización, México sigue siendo el país peor evaluado al ocupar el lugar número
38, en tanto que ocupa el lugar 18 en el Grupo de los Veinte (G-20).
De igual forma, la OCDE en el Estudio de Integridad en México publicado en 2017 expresa que “la
contratación pública es particularmente vulnerable a la corrupción, debido a la alta complejidad
de las actividades, a la estrecha interacción entre los sectores público y privado, y el gran
volumen de transacciones”, se invierten grandes sumas de dinero en contratos públicos; cabe
señalar que conforme a datos del Indicador Mensual de Inversión fija bruta publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la inversión pública representó el 3.1%
entre 2018 y 2020, en tanto que para el 2021 el monto presupuestado fue de 3.3% del Producto
Interno Bruto.
Por otro lado, conforme al Comunicado de Prensa número 724/21 publicado por el INEGI el 8 de
diciembre de 2021, señala que el 62.1% de la población mayor de 18 años creía o había
escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019, no obstante las
personas que efectivamente fueron víctimas fue del 15.7% (quienes tuvieron contacto directo
con algún servidor público), observando un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción,
puesto que en el año 2013 el porcentaje fue de 12.1%, en 2017 aumentó a 14.6 en tanto que en
el caso de las empresas víctimas de corrupción el nivel de corrupción se ha mantenido, en 2016
con un porcentaje del 5.6 pasó en 2020 a 5.1%.
Asimismo, de acuerdo con el Comunicado del INEGI, los costos que generó la corrupción en 2019
ascienden a 12,769.7 millones de pesos, en términos per cápita, cada persona víctima de
corrupción pagó 3 822 pesos en promedio siendo que en 2017 el costo per cápita era de 2 450
pesos.
Se muestra así la gravedad del problema, pero a pesar de que se cuenta con un sistema que
aborda la problemática desde lo institucional-legal conformado por principios, valores, reglas de
integridad y un sistema nacional anticorrupción; lamentablemente, los resultados de éstos para
frenar, disminuir, erradicar, la corrupción en el gobierno no logra materializarse y está lejos de la
pretensión original que les dio vida.
Importancia de la Ética Pública
Con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 surge un nuevo paradigma que dio pauta a
nuevos principios y un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, que obliga
a las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, proteger y garantizar los
derechos humanos contenidos en la Constitución Mexicana y los Tratados Internaciones de los
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4136.
que el Estado Mexicano sea parte, bajo los principios de indivisibilidad, interdependencia y
universalidad, progresividad, conforme al artículo primero constitucional. En consecuencia,
fueron necesarios cambios legislativos trascendentales en todos los ámbitos gubernamentales,
siendo que tuvieron que adaptar estos principios constitucionales y convencionales a la
legislación nacional para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por
nuestro país.
Los principios constitucionales se encuentran íntimamente relacionados con los valores éticos,
pues ambos coinciden en la prioridad de encauzar la conducta de los servidores públicos a lograr
el interés general en beneficio de los administrados; en México existe una influencia de los
valores en el ámbito personal del individuo, la Constitución Federal en su artículo 109 obliga a
los servidores públicos a apegar su actuación bajo la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad
y eficiencia.
Por lo tanto, los Códigos de Ética forman parte importante de los instrumentos que coadyuvan
a garantizar el control en los espacios que conforman la administración pública y en la protección
integral de los derechos fundamentales de los administrados, de ahí que para hablar de una
buena administración la visión de las acciones del gobierno debe estar encausada a la legalidad,
transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, inclusión, tomando como prioridad el interés
público y combate del fenómeno de la corrupción.
La buena administración plantea problemas de mayor concreción, pero para efectos del presente
ensayo el de mayor importancia es la obligación que tiene el Estado de combatir la corrupción
(servicio objetivo a los ciudadanos por parte de la administración pública); se trata de un mal al
que no escapa ninguna institución de la administración pública y el que requiere atención urgente
debido al socavamiento en la confianza de los administrados y con ello el debilitamiento del
Estado Democrático y Social de Derecho.
Dentro de las acciones que se han tomado para frenar la corrupción es la instauración de los
códigos de ética dirigidos a funcionarios de la administración pública, por ello, impera que el
ejercicio de quienes llevan a cabo la función pública sea apegado a valores, principios, a una
máxima capacidad, lealtad, excelencia, integridad y bajo una filosofía con perspectiva a la idea
del bien común y de espíritu de servicio; que tengan al deber como imperativo al poder mismo.
Lamentablemente, las acciones para el combate a la corrupción no han sido suficientes en
nuestro país, este mal ha corroído las entrañas de lo institucional al grado de provocar una
ceguera axiológica, puesto que un país en donde la corrupción se vuelve algo “normal” en la vida
ordinaria de los ciudadanos; perdiendo la capacidad de distinguir los valores éticos y
acostumbrarse a vivir en una sociedad llena de vicios y sin conciencia.
Es aquí en donde la ética juega un papel fundamental para fortalecer los medios de control
destinados a erradicar la corrupción, no cabe duda que “todo lo que hacemos está condicionado
por los valores que tenemos, …los valores hacen a la persona más completa, más dueña de sus
emociones, más consciente y responsable de sus actos (Bautista, 2016, p. 5)”; los valores se
hacen necesarios en todos y cada uno de los servidores públicos que forman parte de la
Administración Pública, por tratarse de valores interiorizados que sirven de guía al servidor
público, quien debe tener presente que su fin último es contribuir para que el Estado logre el
interés público.
Como se ha escrito, la ética “es la disciplina del conocimiento que clasifica los actos humanos
en nocivos y convenientes, virtudes y vicios, valores y antivalores, no se limita a determinar qué
es bueno y qué es malo, sino que fundamenta cada uno de los valores e invita a su interiorización
(Bautista, 2016, p. 5)”.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4137.
Por lo tanto, el sector público necesita reforzar los valores que deben ser adoptados por todos
los servidores públicos mediante la elaboración de normas de conducta aplicables en el ámbito
laboral; en este sentido, la utilidad práctica de los códigos de ética como instrumentos idóneos
y esenciales que logren establecer y comunicar valores de integridad en el sector público, valores
como la imparcialidad, lealtad, honestidad, eficacia, legalidad, entre otros.
Fomentar los valores éticos en el sector público no es suficiente, el gobierno debe trabajar en
crear conciencia en el sector privado y la sociedad civil, pero resulta relevante plasmar en los
códigos de ética, valores y normas de conducta para servidores públicos que promuevan
adecuadamente una cultura de integridad; se deben redoblar esfuerzos en la prevención de la
corrupción mediante valores que dirijan el desempeño de las funciones inherentes al cargo, “ la
ética, sea pública o privada, exige que el agente moral se comprometa con los principios o valores
de la ética que profesa (Márquez, 2019, p. 81)”.
El individuo tiene la facultad de decidir si actuar o frenar ante la oportunidad de obtener un
beneficio personal mediante un acto ilegal, una vez que decide cometer un acto corrupto, conoce
las consecuencias y la responsabilidad que esto conlleva, en consecuencia, planea la manera de
evadir los medios de control.
Por lo tanto, no es suficiente la creación de normas que sancionen los actos corruptos. La
existencia de sanciones ejemplares es fundamental para frenar la corrupción y fortalecen el
régimen disciplinario de los servidores públicos; pero al final, la decisión sobre el actuar correcto
o incorrecto recae directamente en el individuo, sin importar la gravedad de la sanción no es
posible obligar al individuo a conducirse correctamente, es necesario que los servidores públicos
tengan un compromiso con el gobernador y el bien común.
Ahora bien, desde la filosofía de la conducta diremos que la ley transgredirla en una perspectiva
fáctica, pero obligatoria, dirigida a la libre voluntad de los hombres, se denomina ley práctica o
también ley ética.
Por norma generalmente se entiende “deber ser”. Ley ética, una norma es una regla de conducta
en el sentido de que establece como nos debemos comportar, es decir establece el deber ser del
comportamiento de determinadas personas en circunstancias determinadas, de ahí que, los
ideales solo existen como fenómenos psíquicos o sociales, los ideales son potentes motores de
las acciones humanas que operan en un contexto social, en el mundo práctico.
Un deber ser subjetivo no es vinculante y no obliga nunca, ni siquiera cuando la voluntad de quien
ordena es actual y presente, y se disponga en toda su fuerza psíquica; en el caso del deber ser
subjetivo se puede decir que sólo quien desea o quiere pretende que su deseo o su voluntad sean
vinculantes.
Luego, en el terreno ético cada sujeto realizará sus propias opciones reconociendo algunos
valores y no otros, elevando los valores preseleccionados a valores para él como objetivos. Por
lo tanto, una ética libre cuyo fundamental valor objetivo es que nadie puede imponer a otros no
solo sus propios intereses subjetivos, sino ni siquiera sus propios valores objetivos. Esta ética,
al igual que cualquier otra, será subjetiva, pero pretenderá ser objetiva (Pattaro, 1986, p. 120)”.
En este sentido, la ética puesta en práctica en los asuntos del gobierno orienta la conducta y
permite actuar conforme a valores, éstos son ese potente motor que motiva a actuar
correctamente a una persona; no obstante, las normas no pueden imponer estos valores por
tratarse de elementos que deben sensibilizar y desarrollarse en la conciencia y madurez de juicio
del individuo, se trata de principios internos que orientan la gestión pública gracias a la conducta
honesta e íntegra de los servidores públicos.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4138.
La ausencia de ética pública afecta el avance de las instituciones, y sin importar la existencia de
mecanismos de control, estos resultan insuficientes para evitar los actos de corrupción;
impactando negativamente a las dependencias públicas y privadas, así como a la sociedad civil,
aunado a los grandes costos que se generan al dejar de canalizar los recursos públicos
correspondientes.
La ética en los individuos conlleva la facultad de discernir lo que es correcto de lo que no y de
esta forma actuar acertadamente, al tratarse de algo que está interiorizado sirve como freno ante
una situación indebida, logrando que las personas que ocupen cargos públicos sean individuos
competentes regidos por valores éticos para con ello reivindicar la imagen del servicio público y
frenar uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad mexicana; la corrupción, que
se convierte en una de las principales causas de violación a los derechos humanos en México.
Es aquí en donde cobra relevancia la ética material: ésta es de utilidad en el servicio público en
medida en que tiene la capacidad para conjuntar los valores, principio y normas con la libertad
de conciencia y la libertad de elegir lo bueno; como lo señala Márquez (2019), “si fuera posible
construir una ética para el servicio pública, esta tendría que sustentarse de alguna manera en la
ética material de los valores, por su capacidad para orientar la conducta hacia una comprensión
de lo moralmente bueno (p.78)”.
La ética identifica a la justicia y el conocimiento como valores pertenecientes al Ser y puede
enseñar lo que es bueno, pero no se puede imponerse a la conciencia puesto que el individuo
tiene la libertad de elegir si cumplir o violar la norma de la ética que lo guía.
Por el contrario, la ética material logra superar el problema de la interioridad y cuenta con una
proyección político-social; mediante la ética material el sujeto tiene conocimiento y conciencia
sobre la existencia de los valores, los cuales orientan la conducta del servidor público para que
sus esfuerzos se dirijan a la comprensión y realización de lo bueno, de lo que es valioso para la
Administración Pública.
La ética material exige que el servidor público se comprometa con los principios y valores que
rigen su actuación; aunque se trata de una ética que construye un entramado legal, las instancias
públicas deben tomar conciencia de que se trata de valores que buscan lo que es moralmente
bueno para la sociedad.
CONCLUSIÓN
La corrupción es un fenómeno que socava todo Estado democrático y social del Derecho y
destruye la confianza en el gobierno, en este sentido la lucha contra la corrupción se ha valido de
medidas de control que se encargan de sancionar las conductas deshonestas de los servidores
públicos, así el establecimiento de Códigos de Ética y Conducta pretenden contribuir en la
formación integral de los funcionarios, bajo valores éticos como la honestidad, eficiencia, lealtad,
legalidad e imparcialidad.
Años de corrupción en nuestro país han provocado el socavamiento de la confianza en la
administración pública, lamentablemente no ha sido suficiente la creación de un régimen de
responsabilidades y normas que pretendan guiar en base a valores éticos la conducta de los
servidores públicos, si éstos no tienen la convicción de actuar en función de la cosa pública. Por
lo tanto, hace falta reforzar la formación ética de los funcionarios, modificar los procesos de
contratación y la búsqueda de individuos que posean un perfil idóneo acorde a los fines de la
Función Pública, aunado a la capacitación constante que le permita al empleado público adquirir
o reforzar valores éticos sólidos.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4139.
Con el pasar de tiempo en nuestra nación los índices de corrupción no han disminuido, los
resultados son contundentes, observando que la implementación de Códigos de Ética en los
espacios gubernamentales no ha sido suficiente para controlar y erradicar este mal que genera
grandes costos.
Resalto al amparo de la teoría del control, que cuando los grupos de personas que están
sostenidos por lazos fuertes y estrechos operan como un elemento de control sobre cada uno
de los individuos, de ahí que, si un grupo es respetuoso de las leyes, valores, principios en los que
erige su actuación, el margen de probabilidad de que las personas que lo integran cometan actos
de corrupción sería casi nulo. Caso contrario, si un grupo tiene lazos débiles, el individuo tiende
más a perseguir sus fines individuales y caer en actos de corrupción, ya que no hay coerción ni
supervisión dentro del grupo.
La ética pública es un factor esencial para mantener la confianza en las instituciones de la
administración pública, la excelencia de la función pública sólo podrá lograrse si se tienen
servidores públicos con conciencia de que el servicio público busca satisfacer las demandas y
necesidades de la sociedad, no obstante, al no poderse imponer la ética en los servidores
públicos, implica reforzar los medios de control en la actuación de los servidores públicos para
que de manera gradual y consistente vayan permeando en la subjetividad de éstos, y de esta
manera los valores y principios en los que se recoge la ética pública, se objetiva en beneficio del
interés general.
El Código de Ética de la Administración Pública Federal recientemente publicado en el Diario
Oficial de la Federación en febrero de 2022, representa un esfuerzo más por parte del gobierno
en reforzar los principios y valores éticos que debería estar observando los servidores públicos,
que una vez que son comprendidos y adoptados por los funcionarios, éstos los objetivan y
adquieren el compromiso de dar cumplimiento y rechazar cualquier conducta contraria a la ética
que atenta contra el interés público, considerando que debe ser un trabajo gradual, consistente
y sistemático, para que se muestran los resultados de mejora ante dicho fenómeno.
Y termino el presente ensayo con la siguiente aseveración, el fenómeno de la corrupción
administrativa en el gobierno de México es consecuencia del relajamiento de los controles
democráticos en el poder público, la ausencia e inobservancia de los mecanismos de control
ético – públicos, la transgresión de los servidores públicos al componente ético que consagran
disposiciones legales y extralegales en la manifestación de la función pública.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4140.
REFERENCIAS
Bautista, O. D. (2013). Ética para gobernar. Lecciones básicas para un gobierno justo.
http://hdl.handle.net/20.500.11799/58617
Bautista, O. D. (2017). Los Códigos Éticos del Gobierno. UNAM Instituto de Investigaciones
Jurídicas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5091/3.pdf
Código de Ética de la Administración Pública Federal (CEAPF). 08 de febrero de 2022 (México).
Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX). 05 de febrero de 2017.
Elizalde Castañeda, R. R. y Aguilera García, E.R. (2021). La Ética Pública en México y su relación
con los Derechos Humanos y el Derecho Penal. Ius Comitalis.
http://hdl.handle.net/20.500.11799/110739
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa 724/21.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Corrupcion2021.pd
f
Legislación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 05 de febrero de
1917.
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 18 de julio de 2016.
Márquez Gómez, D. y Camarillo Cruz, B. (2019). La diasdoralogía como una teoría del fenómeno
de la corrupción en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudio de la OCDE sobre
integridad en México. https://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-mexico-aspectos-
claves.pdf
Pattaro, E. (1986). Elementos para una Teoría del Derecho. Editores Debate.
Transparencia Internacional. Índice de Percepción de Corrupción.
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados
en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .