LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4463.

DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.913

La organización delictiva y su incidencia en la crisis
Carcelaria en Cuenca - 2021

Criminal organization and the impact on the prison crisis in Cuenca -
2021

Karla Samantha Tacuri Loayza
samanthatakuri1@gmail.com

http://orcid.org/0009-0005-1518-2251
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Carmen Elizabeth Arévalo Vásquez
cearevalov@ucacue.edu.ec

http://orcid.org/0000-0003-1537-5983
Universidad Católica de Cuenca

Cuenca – Ecuador

Artículo recibido: 18 de julio de 2023. Aceptado para publicación: 02 de agosto de 2023.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.



Resumen
En la actualidad, el sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa por una grave crisis, imposible
de ser controlada, por lo que la presente investigación se enfoca en determinar las posibles
causas de la crisis carcelaria e incidencia de la delincuencia organizada, en la provincia de Azuay,
cantón Cuenca en el año 2021. Para ello se siguió el método cualitativo, utilizando doctrina,
jurisprudencia, bases de datos científicos, recopilando información para determinar los
problemas que adolece el sistema penitenciario y rehabilitación social del Ecuador. La revisión
bibliográfica reveló que la crisis en las cárceles es efecto de los problemas políticos y falta de
organización estructural – administrativa estatal, así como, de políticas jurídicas fallidas. Se
determinó que la prisión preventiva es una medida cautelar de ultima ratio que no está siendo
debidamente aplicada, ya que no se toman en cuenta medidas alternativas señaladas en la ley,
especialmente en casos de delitos menores. Uno de los resultados más relevantes obtenidos, es
que la violencia entre miembros de bandas delictivas en las cárceles se origina para obtener
poder, imponiendo miedo y terror mediante la muerte violenta de reos de bandas contrarias.
Finalmente, se concluye, que el Estado debe contar con estructuras penitenciarias mejor
equipadas y organizadas, garantizando la seguridad y derechos a las personas privadas de la
libertad; además, modificar las penas en delitos menores, aplicando medidas alternativas,
también, respecto a lo que señala la ley penal, separar a reos de acuerdo con la gravedad del
delito; así como mejorar el control interno, para evitar la conformación de mafias.

Palabras clave: crisis carcelaria, delincuencia organizada, hacinamiento, personas
privadas de la libertad, prisión preventiva, violencia


Abstract
Currently, the Ecuadorian prison system is going through a serious crisis, impossible to be
controlled, so this research focuses on determining the possible causes of the prison crisis and
incidence of organized crime in the province of Azuay, Cuenca canton in the year 2021. For this


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purpose, the qualitative method was followed, using doctrine, jurisprudence, scientific databases,
gathering information to determine the problems that the prison system and social rehabilitation
of Ecuador suffer from. The bibliographic review revealed that the crisis in prisons is the effect
of political problems and lack of structural-administrative state organization, as well as failed
legal policies. It was determined that pretrial detention is a precautionary measure of last resort
that is not being duly applied, since alternative measures indicated in the law are not taken into
account, especially in cases of minor offenses. One of the most relevant results obtained is that
violence between members of criminal gangs in prisons is originated to obtain power, imposing
fear and terror through the violent death of inmates of opposing gangs. Finally, it is concluded
that the State must have better equipped and organized penitentiary structures, guaranteeing the
security and rights of persons deprived of their liberty; in addition, it must modify the sentences
for minor crimes, applying alternative measures, as well as separate inmates according to the
seriousness of the crime, and improve internal control to avoid the formation of mafias.

Keywords: prison crisis, organized crime, overcrowding, people deprived of freedom,
preventive prison, violence



















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Como citar: Tacuri Loayza, K. S., & Arévalo Vásquez, C. E. (2023). La organización delictiva y su
incidencia en la crisis Carcelaria en Cuenca – 2021. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Humanidades 4(2), 4463–4485. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.913


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INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario ecuatoriano alberga un alto índice de personas privadas de libertad (en
adelante PPL), que actualmente alcanzan los 31.379 hasta el mes de junio del 2023, aunque los
centros fueron diseñados para una población aproximada de 25.000 reos (Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, 2023).

De esta aproximación, se evidencia, asimismo la falta de suministros básicos, puesto que, en las
nóminas de asignación presupuestaria, llevadas a cabo anualmente, se establecen recursos para
la cantidad permitida de reclusos acorde a la infraestructura y espacio de las cárceles existentes
en el país, pero no se considera el aumento progresivo, hacinamiento de los PPL, causando así
deficiencia en el presupuesto otorgado para los centros penitenciarios (Echeverría & Alvaracín,
2022).

Los acontecimientos violentos que se han venido desarrollando desde hace una década, han
dado paso a la conformación de mafias dentro de ciertas prisiones, para desafiar el control del
sistema penitenciario con el fin de ganar dinero a través de armas, celulares, alcohol, drogas,
chantajes y acceso al contrabando. En base en lo anterior, se juzga que las cárceles ecuatorianas
adolecen de diversas problemáticas, que inciden directamente en la situación de las PPL. La
población carcelaria, se divide en cuatro grupos: personas con sentencia, reclusos procesados y
con prisión preventiva, detenidos por contravenciones y detenidos por boleta de apremio
personal (González, 2017).

La política carcelaria y penitenciaria del Ecuador en la actualidad, atraviesa momentos difíciles
reflejados en el hacinamiento carcelario, la falta de seguridad interna en los recintos,
infraestructura deficiente; así como el desarrollo inadecuado de planes y políticas de
rehabilitación social. Todo ello conlleva a la vulneración de la integridad física de las PPL por
conflicto de grupos transgresores de la ley, dedicados al tráfico de drogas, asesinato, suicidio<
que derivan en hacinamiento, violación, intentos de fuga, provocando heridos e incluso la muerte
de algunos, por lo que resulta importante realizar un análisis de la realidad del sistema de
prisiones ecuatorianas.

Los centros de privación de libertad, son espacios destinados al cumplimiento de la pena
impuesta en sentencia y, por ende, las autoridades públicas competentes deciden sobre sus
asuntos, sin contravenir el ordenamiento jurídico, para ello cada uno de estos centros requieren
políticas públicas que materialicen esta finalidad, pero adolecen de estructura física adecuada,
con diferentes niveles de aislamiento, de acuerdo al grado de peligrosidad; es decir, unos más
abiertos que otros, con mayor o menor beneficio, según la situación (Bernal & Forero, 2016).

Atendiendo a lo mencionado en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta la disposición del Art. 694
del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014), para la ubicación de la población en los centros
carcelarios hay que considerar los niveles de seguridad: máxima, media y mínima seguridad.

Asimismo, los delitos de escala internacional requieren de la cooperación entre países,
introduciendo instituciones jurídicas en su legislación interna para combatir estos actos
delictivos. Son numerosos los incidentes violentos relacionados con el crimen transnacional que
se informan a diario, debido al crecimiento de actividades delictivas como el secuestro, extorsión
o el robo, evidenciando la necesidad de coordinación de esfuerzos mancomunados.

En el contexto de las organizaciones delictivas, poseen una estructura donde existen múltiples
niveles jerárquicos, que emplean cohesión interna para generar estrechos lazos de pertenencia
territoriales, logrando amenazar y hacer uso de la fuerza, como uno de tantos métodos
coercitivos puestos en práctica en los centros de privación de libertad (Sornoza, 2021).


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Con respecto a las actividades, como las amenazas de extorsión, propias de los esquemas de
sustento de la economía de las bandas relacionadas con el tráfico de sustancias, no han recibido
la atención necesaria por parte del gobierno e instituciones de seguridad policial, ya que no
existen mecanismos extraordinarios de protección de la sociedad y de los PPL. Los ingentes
esfuerzos recientes del Estado para combatir el crimen organizado, incautar una cantidad récord
de drogas por vías marítimas o terrestres, así como el desmantelamiento de bandas criminales,
no ha logrado detener la violencia y matanzas fuera y dentro de los centros penitenciarios.

El conflicto entre las organizaciones criminales, sobre todo las que se encuentran dentro de los
centros de rehabilitación social (CRS), por mantener el manejo desde el interior del sistema
delictivo, ha dado lugar a conflictos en los últimos años, por ejemplo, en el 2019, en el CRS de
Turi, en la provincia de Azuay, hubo un enfrentamiento entre los reos y policías, quienes
intentaban dispersar una pelea entre miembros de las bandas de narcotráfico, lo que provocó la
muerte de un recluso (El Universo, 2019).

En febrero del año 2021, continuaron las guerras entre las bandas delictivas dentro de las
cárceles, desencadenando un total de 8 masacres en el mismo año, pereciendo un total de 316
personas, en los Centros de Privación de Libertad de Azuay No. 1, Cotopaxi No. 1 y Guayas No. 1
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

En Ecuador, las actividades delincuenciales relacionadas con el narcotráfico han aumentado,
generando que en las cárceles del país la población de PPL se incremente y produzca el
hacinamiento que acarreó la crisis carcelaria en el período 2019-2022, que dejó más de 360 PPL
muertos, ante la falta de intervención de instituciones competentes en materia penitenciaria;
además, de evidenciar la fragilidad del sistema (Arévalo & Maldonado, 2022)

Aunque el hacinamiento no es el problema actual del CRS Turi, sí lo son los conflictos internos
entre PPL que pertenecen a bandas criminales, que se disputan el liderazgo territorial para
expandir la venta de sustancias ilícitas, de lo que surgieron las muertes en el año 2021, como
parte de la crisis carcelaria que vivió el Ecuador. A esta problemática, se debería añadir las
falencias en cuanto a las políticas públicas para la rehabilitación y reinserción social de los PPL,
que han demostrado ser ineficaces, ya que los internos no disponen de espacios, talleres,
capacitaciones y preparación para que una vez cumplan con su condena, se integren a la
sociedad.

Por todo lo antes expuesto, esta investigación tuvo por objetivo general determinar las posibles
causas de la crisis carcelaria y la incidencia de la delincuencia organizada, en la provincia de
Azuay, cantón Cuenca en el año 2021. Para ello se han desarrollado los siguientes apartados:

En el primer apartado, se establece la relación entre hacinamiento, sobrepoblación y violencia
entre grupos de crimen organizado en los centros de privación de libertad como causas del
impacto negativo contra la integridad de los PPL. Dentro del segundo apartado, se analiza la
incidencia del incremento de delitos de delincuencia organizada y narcotráfico en la afectación
al régimen penitenciario. Finalmente, en el tercer apartado se ha elaborado una propuesta para
la eficiencia del sistema carcelario.

METODOLOGÍA

Materiales

La investigación se sustenta en el estudio de información documental, opiniones de expertos
doctrinarios en políticas penitenciarias y en crimen organizado, instrumentos de tratados
internacionales, así como informes realizados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de tal forma que se ha estructurado un esquema sobre el problema determinado.


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Métodos

La presente investigación, aplica el enfoque cualitativo. En forma concreta, el documento
realizado tiene una base bibliográfica obtenida de datos con rigor científico, validados,
contrastables, que constan tanto en repositorios digitales como físicos.

Entre los métodos aplicados, constan aquellos basados en la exploración, análisis, inducción y
la revisión documental, por lo que al seguir una línea de tipo documental, la recolección de la
información se hizo a través del uso de bases de datos como Google Académico para la
búsqueda de normativa, doctrina y jurisprudencia; además, en revistas con indexación en ScieLo,
Redalyc, Dialnet y la Biblioteca virtual de la Universidad Católica de Cuenca, estableciendo como
palabras clave que facilitaron la búsqueda crisis carcelaria, delincuencia organizada,
hacinamiento, personas privadas de la libertad, violencia, entre otros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Nociones preliminares del Sistema Penitenciario

El Sistema Penitenciario se encarga de vigilar a las personas, que por alguna razón se encuentran
privadas de su libertad en los distintos centros carcelarios y buscan la reinserción social de los
mismos, a fin de que se les garantice todos sus derechos fundamentales. En esta línea, según
(Neuman, 1962) el Sistema Penitenciario “es la organización creada por el Estado para la
ejecución de las sanciones penales (penas y medidas de seguridad) que importan privación o
restricción de la libertad individual como condición sine qua non para su efectividad” (p.5).

La esencia de un centro carcelario ha sido siempre restaurar a la persona para que pueda volver
a la sociedad y vivir en armonía con todos los habitantes, teniendo en cuenta que a los mismos
solo se les limita sus derechos hasta que hayan pagado su condena. Por lo que, el sistema
penitenciario aplicado por cada Estado, debe enfocarse en la supervisión de las situaciones en
las cuales se encuentran los internos, desde el espacio físico de las celdas, así como el tipo de
alimentación, el derecho a comunicarse, e incluso el sistema funcional interno (Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 2022).

Por lo mismo, el sistema carcelario es el organismo instaurado por los gobiernos, para que las
personas cuya culpabilidad haya sido determinada mediante sentencia emitida por autoridad
competente, cumplan la pena restrictiva de libertad (Vega, 1972).

El diccionario jurídico de (Cabanellas, 2006), brinda una definición diferente sobre el sistema
penitenciario, refiriéndose a éste como un acumulado de leyes, enfocadas en lograr la alta
efectividad con respecto a la aplicación y ejecución de normas que despojan de humanidad y
derechos a una persona.

Contrario a las opiniones emitidas anteriormente, la (Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, 2008), señala que toda persona privada de libertad, deberá ser tratada dignamente,
respetando los derechos que le son inherentes, con estricto apego a lo que señalan los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, suscritos por la mayoría de Estados
democráticamente establecidos.

Lamentablemente, la realidad de los centros penitenciarios, sobre todo en países del tercer
mundo, evidencia falencias en cuanto a organización administrativa, políticas de rehabilitación e
inserción social de las PPL, la estructura física y como medio de disuasión en el cometimiento
de actos delictivos.

En este sentido autores como (Hulsman & Bernat, 1984), docentes en Derecho Penal y
Criminología de la Universidad de Erasmus, Rotterdam, consideran que, el sistema penal no está


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cumpliendo con el objetivo de prevenir la transgresión de la ley; así como tampoco garantiza el
cumplimiento de los principios del derecho penitenciario, en favor de las personas que están
internas cumpliendo su condena.

Igual forma de pensamiento lo tiene el jurista (Zaffaroni, 1998), quien en su libro “En busca de las
Penas Perdidas”, manifiesta que “el dolor y la muerte que siembran nuestros sistemas penales
están tan perdidos que el discurso jurídico penal que no puede ocultar su desbaratamiento,
valiéndose de su vetusto arsenal de valoraciones reiterativas” (p. 16). En este contexto debido a
la crisis política interna de los Estados, en vez de que exista una reinserción a la sociedad, lo que
ocurre es que dentro de estos sistemas carcelarios las personas sufren mucho más, debido a la
fuerza de poder que han logrado tener las élites y grupos delincuenciales.

Situación penitenciaria en América Latina

En opinión de Carranza (2012), la inseguridad de los PPL es un dilema significativo en los países
de Sudamérica, donde el poder judicial no puede velar por la protección de los reos. América
Latina, como región, desde hace varias décadas muestra un incremento en la población
penitenciaria, observándose en los países del sur una sobrepoblación de reos dentro de las
cárceles. Esto debido a factores directos e indirectos, tales como la pandemia por COVID-19, los
países sufrieron de una crisis política y económica que hasta el día de hoy no se han podido
levantar en su totalidad, ocasionando que los grupos delictivos se organizan al interior de las
cárceles.

En este sentido, según (Pérez, 2000), en un estudio de tipo etnográfico que analiza la realidad de
las cárceles de cinco naciones en América Latina ha mostrado que se encuentran características
similares, no solamente de tendencias de incremento poblacional, sino de organización y
culturas delictivas en las cárceles de países como Perú, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia.

Además, otras investigaciones han descrito problemas de seguridad penitenciaria, transversales
a los países de la región, como son la existencia de mercados ilícitos de drogas y condiciones
extremas de higiene y alimentación. Con lo plasmado se observa que existen diversos problemas
dentro de los sistemas carcelarios, debido a la falta de políticas y prácticas sociales para poder
rehabilitar a las PPL (Dammert & Zúñiga, 2008).

A más de ello, debe mencionarse que existen problemas de tipo estructural, sobrepoblación y
hacinamiento, en todas las cárceles de América Latina, tal como se menciona en el informe
realizado por World Prison Brief en el año 2019, referente a la situación en 17 países de América
Latina, en el que se afirma que el hacinamiento es una constante en países del tercer mundo,
causado por la mala administración estatal en materia penitenciaria y rehabilitación social y al
exceso de poder de las élites delictivas enalteciendo, que han pasado por encima de la autoridad
en cada Estado (Nuñovero, 2019).


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Gráfico 1

Sobrepoblación


Nota: (Nuñovero, 2019, p. 15). Samantha Tacuri, Carmen Arévalo.

Al analizar los resultados del gráfico 1, se puede apreciar que en su totalidad los países de la
región exceden con su población penitenciaria la capacidad instalada en más del 20%, e incluso
algunos llegan a niveles que sobrepasan el 150% a 200%. Los países con mayor nivel de
ocupación carcelaria son Bolivia con 264%, Guatemala con 258%, Perú 132%; y, El Salvador cuya
población penitenciaria supera el 115% de su capacidad de albergue.

Con respecto al Ecuador, se encuentra en el puesto número 07, con una sobrepoblación del 40%
sobre el 100% de PPL. Estos altos porcentajes de sobrepoblación en las cárceles
latinoamericanas, ha generado incluso la organización de grupos de poder conformados por los
cabecillas de redes de narcotráfico y bandas delictivas, que disponen desde el interior, la
aplicación de acciones de extorsión a comerciantes. En países como México y Chile, hay que
recalcar la inversión que los gobiernos realizaron, lo que los ha colocado en la parte más alta de
la estadística, con porcentajes que no sobrepasan o lo hacen en un mínimo 3% el nivel de
sobrepoblación penitenciaria, gracias a los convenios entre el sector público y privado (Dardel &
Soderstrom, 2015).

El sistema penitenciario en Ecuador y su funcionamiento

El modelo bajo el cual funciona actualmente el sistema penitenciario en Ecuador, fue modificado
en el año 2013 (Kaleidos, 2021), encargando al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) la administración,
organización y funcionamiento de las cárceles. El ente rector trabaja de forma conjunta con la
Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y otras instituciones estatales en la tarea de conseguir
la rehabilitación social y reinserción de las PPL de forma efectiva, como lo son el Ministerio de
Salud, de Educación, Deportes o Cultura, entre otros.

De conformidad con datos estadísticos del SNAI, existen en el país 36 Centros de Privación de
Libertad, que albergan un total de 31.379 personas privadas de libertad, aunque la cabida es solo

0 50 100 150 200 250 300 350 400
México

Uruguay
Argentina

Ecuador
Colombia

Brasil
Honduras

Perú
Bolivia

Sobrepoblación

Serie 1 Serie 2


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para 25.000 (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y
a Adolescentes Infractores, 2023).

Con respecto al funcionamiento del sistema penitenciario, cuando una persona recibe la orden
de cumplir prisión preventiva como medida cautelar, el SNAI, analiza factores particulares como
el tipo de delito cometido, si es reincidente, su lugar de procedencia; también tiene en cuenta la
valoración de profesionales en Psicológica y Trabajo Social, los que deberán tener experiencia
en Derechos Humanos de las PPL, ya que de sus informes dependerá la determinación de
peligrosidad y riesgo que pudiere tener, así como la ubicación en el pabellón de un centro
carcelario, que mantenga o no cercanía a su núcleo familiar, uno de los componentes
primordiales para garantizar el programa de rehabilitación y reinserción social (Servicio Nacional
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores,
2022).

El Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social del SNAI (2020), a su vez dispone en su
artículo 22, la clasificación de los centros de privación de libertad, señalando en primer lugar los
centros de privación provisional de libertad, para quienes no tienen una sentencia condenatoria,
cumpliendo las fases de observación, separación y ejecución. En segundo lugar, se encuentran
los Centros de Rehabilitación Social, en los que cumplirán su sentencia aquellos que ya recibieron
su sentencia condenatoria.

Así, por ejemplo, si la PPL es miembro de una organización criminal, el SNAI deberá tener en
cuenta si es uno de los cabecillas o determinar si está dentro de los niveles jerárquicos más altos
y si dentro del centro al que sea asignado, se encuentran otros miembros sobre los que llegaré a
tener influencia para mantener su poder y capacidad de mando, para continuar con su actividad
delictiva, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario. Una vez que el SNAI dispone de la
información y las valoraciones profesionales, distribuye a las PPL en las cárceles de acuerdo al
nivel de seguridad: mínima, mediana y máxima, así como a la disponibilidad de capacidad
poblacional (Montaño, 2021).

Factores que han debilitado al sistema penitenciario en Ecuador

Actualmente en el Ecuador, el sistema penitenciario adolece de fallas en cuanto a la finalidad
primordial de obtener la rehabilitación y reinserción social de los PPL, ya que no se han emitido
políticas públicas encaminadas a conseguirlo, no se han creado centros carcelarios dotados de
recursos materiales con instalaciones adecuadas para atender la salud mental y física de los
procesados.

No se puede negar que, si se analiza el tema desde un punto práctico, el régimen penitenciario
no cumple con las competencias y funciones asignadas, no existe ni se aplica un plan integral y
progresivo. Debe recordarse que el sistema penitenciario es una parte interrelacionada con el
sistema penal, ya que hace efectiva la aplicación de medidas cautelares personales y ejecución
de la condena (Arcos, Naranjo, Mera, & Iglesias, 2022).

Con respecto al fenómeno del hacinamiento, tal como lo menciona la (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2022), en el informe sobre "Personas privadas de libertad en Ecuador",
es producido por diversos factores, entre los que se pueden señalar al aumento de los casos de
violencia, delincuencia y corrupción, pero también a los cambios a las leyes y falta de políticas
específicas emitidas desde el gobierno de turno.

Es así que, de acuerdo a los datos proporcionados por el (Servicio Nacional de Atención Integral
a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, 2022), el hacinamiento
hasta mediados del año 2022, presentaba estadísticas elevadas en los siguientes centros
carcelarios en el Ecuador (Ver Tabla 1):


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Tabla 1

Centros carcelarios con hacinamiento en Ecuador

Centro Carcelario Capacidad Población Plazas faltantes Hacinamiento
CPL Guayas No. 5 545 1256 711 130.5%
Cárcel de Azogues 116 219 103 88.8%
Cárcel de Machala 630 1166 536 85.1%
Cárcel de Ibarra 302 522 220 72.8%
Cárcel de Babahoyo 117 198 81 69.2%
Cárcel de Ambato 514 859 345 67.1%
Cárcel de Tulcán 550 867 317 57.6%
Cárcel de Macas 194 296 102 52.6%
Cárcel de Archidona 301 434 133 44.2%
Cárcel Mixta del Puyo 43 61 18 41.9%
Cárcel de Quevedo 416 588 172 41.3%
Cárcel de Jipijapa 140 195 55 39.3%
Cárcel de Guaranda 158 220 62 39.2%
Cárcel de El Inca 959 1327 368 38.4%
Penitenciaría del Litoral 5246 6778 1532 29.2%
Cárcel de Varones de
Esmeraldas

1110 1388 278 25%

Cárcel Femenina de
Guayaquil

573 691 118 20.6%%

Cárcel de Sucumbíos 678 770 92 13.6%
Cárcel Masculina de Santo
Domingo

914 1028 114 12.5%

Cárcel de Mujeres de
Portoviejo

133 134 1 0.8%

Cárcel Regional de Guayaquil 4368 4388 20 0.5%

Nota: (SNAI, 2022). Samantha Tacuri, Carmen Arevalo.

De los datos constantes en la Tabla 1, se muestra que el hacinamiento es alto en la mayoría de
cárceles del Ecuador, alcanzando un total de 58% en general, siendo el Centro de Rehabilitación
5 del Guayas, el centro con hacinamiento más alto del 130.5%, ya que los reos sobrepasan por
más de la mitad para lo que fue creado el centro y es en donde se han dado la mayoría de
problemas de enfrentamientos entre reos que pertenecen a bandas delictivas y de muertes
violentas. De igual forma, porcentajes muy altos de hacinamiento se muestran en las cárceles de
Azogues con el 88.8%, en Machala con 85.1%, Ibarra el 72.8%; estando otros centros carcelarios
con exceso de entre el 69% al 0.5%.

En el CRS de Turi, la situación que se presenta no está relacionada con el problema del
hacinamiento ya que, de acuerdo con la estadística facilitada por el SNAI, la capacidad de este
centro es de 2716 internos, de los cuáles sólo están ocupadas 1219 plazas, quedando una
disponibilidad de 1497 celdas, que representa el 55.1% de desocupación de la cárcel.

En el informe de la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022), se menciona que el
régimen penitenciario se ha deteriorado hasta puntos incontrolables, convirtiendo la vida dentro
de los CRS en el país, en un "infierno", una opinión generalizada de los internos que fueron


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entrevistados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de lo que fue la peor
crisis carcelaria que ha vivido el Ecuador, en el período 2019 – 2022. Los PPL contaron que
existen vacíos en cuanto al diseño de los programas educativos y de terapias que deben recibir
como parte de su rehabilitación, para alcanzar una reinserción social efectiva.

Otro de los problemas que afectan a la efectividad del sistema penitenciario en Ecuador, es la
falta de control por parte del Estado al interior de los centros, en las que al día de hoy todavía no
ha sido asumida por las fuerzas de orden y control, sino que siguen en manos de los líderes de
organizaciones delictivas, resultando en situaciones de peligrosidad y riesgo para los PPL que
cumplen condena por delitos menores, pero que comparten celdas con reos que amenazan su
integridad física (Lausch, 2022).

En este sentido, es una realidad confirmada que hay insuficientes guardias penitenciarios para
vigilar los centros carcelarios, no disponen de equipos, formación y preparación en protocolos
de actuación ante situaciones complejas, volviéndose vulnerables a las amenazas, extorsiones y
otros métodos de coercitivos para obligar a que colaboren con el ingreso de sustancias,
celulares, armas, entre otras cosas.

El gobierno ecuatoriano no ha dudado en reducir el gasto público y la partida presupuestaria
destinada al sistema carcelario, causando precarización en los recursos humanos, falta de
materiales, e incluso, fomentando la corrupción en los niveles de la estructura de control. Este
debilitamiento provocado por los niveles gubernamentales más altos, no ha hecho más que
ahondar la crisis, de la que se han aprovechado las organizaciones delictivas, para ganar terreno
y sembrar miedo y terror en la población.

Análisis de la violencia carcelaria en el Ecuador

Al interior de las cárceles ecuatorianas, la violencia es un problema persistente, al que ha sido
imposible controlar, pero que ha puesto énfasis en las falencias de un sistema penitenciario que
no cumple con su objetivo de rehabilitar a los internos, razón por la cual organizaciones
internacionales de defensa de los derechos humanos, han realizado visitas al Ecuador y emitido
recomendaciones para mejorar la situación de los reos, con el objetivo de frenar las masacres
(Nárvaez, 2021).

La crisis carcelaria, es efecto de varias causas, entre las que según la (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2022), se mencionan que el sistema carcelario se encuentra debilitado
por falta de políticas públicas eficaces; también mencionan el aumento de la población interna
con prisión preventiva o por condenas de delitos menores, incluso sin sentencia; otro factor es
la imposibilidad de conceder beneficios penitenciarios, debido a una falta de organización
administrativa para conocer la situación real de los reos que podrían acceder a excarcelación.

En esta línea de idea, el debilitamiento del sistema organizativo se produce debido a
muchas medidas gubernamentales motivadas en la reducción de costos, que ha provocado la
precarización de recursos humanos y materiales, y, aumento de la corrupción en todos los
niveles.

La problemática de la crisis institucional carcelaria ha entrado en una etapa de nuevo debate,
debido a las fallas en los programas de rehabilitación social, ya que se desconoce en realidad
hasta qué punto los internos de los CRS están accediendo a educación, capacitación, trabajo,
etc. Ahondando la situación, las estadísticas demuestran la aparición de otros dilemas, tales
como el hacinamiento y sobrepoblación, la no separación de los internos de acuerdo a la
gravedad del delito cometido, lo que a su vez genera al interior de los centros penitenciarios
violencia, motines y paros.


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ISSN en línea: 2789-3855, agosto, 2023, Volumen IV, Número 2 p 4473.

En los CRS del Ecuador, sigue siendo un reto brindar seguridad a las PPL, ya que están en
aumento las estadísticas de homicidios, muchos de ellos cometidos entre los años 2019 – 2021,
en la peor crisis vivida, y en la que perdieron la vida una mayoría de reos que no estaban
relacionados con la delincuencia organizada (Pontón, 2022).

En este contexto, la violencia de las cárceles ecuatorianas constituye el ejemplo perfecto de un
sistema caduco, erróneo y precario, que no se enfoca en mejorar al ser humano, rehabilitar y
prepararlo para que cuando acabe su condena, vuelva a la sociedad sin intención de ser
delincuente reincidente; pero muy al contrario, las PPL al ingresar a los CRS se encuentran ante
la realidad de perder su dignidad humana, ya que las condiciones en las cuales cumplen con su
condena atentan los derechos humanos, no cuentan con los recursos necesarios, ni dan prioridad
a la rehabilitación (Álvarez, 2022).

En Ecuador, es a partir del año 2019 y hasta el 2022, en el que se ha visto el incremento, sin
precedentes, del fenómeno de violencia en las cárceles. Dentro del período señalado, el hecho
más grave ocurrió en septiembre de 2021, cuando fallecieron alrededor de 120 personas en la
Penitenciaría del Litoral. Según el diario (El Universo, 2021), estas masacres han sorprendido a
la comunidad por su alto nivel de brutalidad y sadismo, conmoviendo a la opinión pública
nacional e internacional.

En el CRS de Turi, de la ciudad de Cuenca, en la crisis de violencia suscitada en el año 2021,
perdieron la vida 34 PPL, registrándose que para el primer semestre del año 2022 la población
en este centro llegaba a las 1183 personas, a quienes no se les garantiza su derecho a la
seguridad e integridad física (Andrade, Nárvaez, & Arévalo, 2022).

Si bien en el CRS de Turi, tal como se evidencia de la estadística proporcionada por el SNAI, no
existe hacinamiento, sino más bien disponibilidad del 55.1%, sí hay PPL que pertenecen a bandas
criminales, quienes son los que encabezaron los casos de violencia del año 2021, la muerte de
PPL y los intentos de amotinamiento que hasta la actualidad se siguen registrando. De las
requisas que se han realizado de forma periódica a las celdas de los internos, se encontraron
residuos balísticos, celulares, dosis de sustancias ilícitas o estupefacientes, todo tipo de armas
que van desde las de fuego a cortopunzantes, también botellas con alcohol (Secretaría General
de Comunicación de la Presidencia, 2022).

Además, desde la Defensoría del Pueblo, se ha afirmado que la problemática de violencia al
interior de los centros carcelarios, es causa directa de los fallos en el Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, presente en todos los CRS del Ecuador, incluido el de Turi, los mismos que
fueron identificados en el primer estado de excepción declarado en el año 2019, por lo que los
hechos violentos, que derivaron en la muerte de PPL, es responsabilidad del Estado ecuatoriano,
ya que las políticas públicas adoptadas solo han dado resultados ineficaces (Defensoría del
Pueblo Ecuador, 2022).

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), reconoce que el
narcotráfico es la actividad delictiva que en la actualidad afecta con severidad no sólo al país,
sino también a la región, siendo la disputa de los territorios el motivo de conflicto entre las grupos
delincuenciales o bandas, tanto al interior como exterior de los centros carcelarios. Se sabe que
las rivalidades entre Choneros, Lobos, Triguerones, Latin Kings y Nueva Generación, son los que
llevaron al cometimiento de actos de violencia dentro de las cárceles.

La prisión preventiva y la crisis penitenciaria en Ecuador

La prisión preventiva es considerada como la principal medida cautelar personal, que, en su
aplicación coercitiva, afecta directamente la libertad de toda persona, con el objetivo de que el
procesado acuda a juicio, así como para que cumpla la pena en caso de resultar verificada su


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culpabilidad. Tal como señala el Art. 534, numeral 3 del COIP (2014), le corresponde a la Fiscalía
demostrar que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y hace falta
aplicar la prisión preventiva, sustentando la petición de esta medida y argumentando las causas
por las cuales son insuficientes y, por lo tanto, solo generarían riesgo de fuga.

Sin embargo, estos argumentos no son completamente válidos, sobre todo si se tiene en cuenta
los parámetros para garantizar su licitud, señalados por la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos los que, al revisar la estadística, evidencian que han sido inutilizados, siendo esto una
de las causas generadoras de los problemas de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria
(Jácome, 2023).

Es fundamental recordar que el Ecuador ha sido suscriptor de instrumentos internacionales de
derechos humanos, en los que se compromete a respetar la aplicación de medidas que no
afecten a la libertad de las personas, aunque existe desacuerdo entre lo que determina la ley y la
intervención punitiva. No se trata de negar la facultad punitiva del Estado, sino más bien de
defender que el derecho penal debe ser concebido como el último recurso (ultima ratio), sobre
todo si se cuenta con medidas cautelares personales, menos lesivas y que contribuyen a una
resolución de conflictos.

Resulta innecesaria la consideración de aplicar la prisión preventiva en casos de delitos menores,
o en aquellos en los que las medidas alternativas pudieran contribuir a terminar el conflicto de
forma breve y sin lesionar el derecho a la libertad. Ante la crisis carcelaria vivida en Ecuador en
el período 2019 - 2022, fue visible que el sistema de justicia ha abusado de la figura de la prisión
preventiva como único instrumento para el control de la criminalidad, sin considerar los casos
en los cuales es improcedente la prisión preventiva, como lo señala el Art. 539 numeral 3 del
COIP (2014), en los delitos que se aplican penas privativas de libertad no mayores a un año.

Tal como lo menciona la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022), hasta octubre
del año 2021, se reportaba que casi el 39% de la población en las penitenciarías ecuatorianas,
estaban bajo el régimen de prisión preventiva, excediendo la excepcionalidad en su ejecución.
Los altos casos de reos sin una sentencia en firme, lo único que hacen es obstaculizar y demorar
la tramitación de procesos, así como el impedimento de cumplir con los estándares de seguridad,
infraestructura, rehabilitación y reinserción social.

De acuerdo al (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
y a Adolescentes Infractores, 2023), en el año 2019 habían 13.448 PPL en prisión preventiva para
el año 2020 fue de 14.963, en el 2021 alcanzó los 14.729 y en el 2022 fueron 12.868. En las
matanzas en las penitenciarías la Comisión refiere dos casos en específico, que cumplían prisión
preventiva por delitos menores, y aunque sus boletas de excarcelación ya habían sido emitidas,
pero no entregadas en el centro, motivo por el que estaban todavía en las cárceles el día de los
hechos violentos.

La delincuencia organizada

Definiciones de delincuencia organizada

A nivel internacional, la delincuencia organizada es definida desde la interpretación de los
elementos que conforman los conceptos de otros delitos como son el “grupo delictivo
organizado” o “grupo estructurado” y de acuerdo a lo que dice el literal a) del artículo 2º de la
ONU, estos grupos tienen como finalidad transgredir la ley para obtener un beneficio económico
(Organización de las Naciones Unidas-Oficina contra la Droga y el Delito, 2004)

Se desprende del artículo anterior, que existe vinculación en el cometimiento de actividades tales
como extorsión, intimidación y violencia, haciendo uso de estos cuando desean ampliar el


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territorio para incrementar sus beneficios económicos ilegales (Santillán, Vinueza, Benavides, &
Santillán, 2022).

Por su parte el COIP contempla a la delincuencia organizada en el artículo 369, catalogando como
un grupo conformado por más de dos personas, que llevan a cabo actividades delictivas para
obtener réditos económicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

Por lo que la delincuencia organizada, es en los actuales momentos, una de las principales
amenazas para el Estado y la sociedad, ya que dentro de la misma se cometen una serie de
ilícitos, que ha disminuido la seguridad y garantía de bienestar de la población, tanto al interior
como exterior de las cárceles.

De conformidad con información de la Policía Nacional, el 80% de los delitos se debe al altercado
de grupos criminales por el dominio territorial del narcotráfico tanto de macro, micro escala.
razón, por la cual la delincuencia y la inseguridad se ha vuelto el principal problema del país. Es
de mencionar que al interior del CRS Turi, los enfrentamientos sangrientos suscitados en el año
2021, estuvieron asociados precisamente con la delincuencia y crimen organizado, cuyos líderes
mantienen vínculos con bandas dedicadas al narcotráfico, los que promueven la irracionalidad y
guerra violenta dentro de las cárceles (Cañizares, 2022)

Actividades ilícitas asociadas a la delincuencia organizada

La principal actividad a la que se dedican las organizaciones criminales es el narcotráfico de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en este sentido, el narcotráfico en sus distintas
expresiones el que más alto índice representa esto es el 64% de casos de delincuencia
organizada en el país, es importante mencionar también que la cantidad de estos delitos es
significativamente mayor a otros delitos de carácter complejo. Es importante mencionar también
que del muestreo 1400 de personas que fueron procesadas por el artículo 369 del COIP según
Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado se evidencio que en un porcentaje del 67% de
los implicados tiene sentencia condenatoria, en tanto que un 21% han sido sobreseídos y un 12%
está entre que no ha obtenido sentencia o se ha confirmado su estado de inocencia (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), 2023).

De la actividad del tráfico ilícito de sustancias, se obtienen grandes beneficios económicos, razón
por la cual estas organizaciones delictivas se encuentran en disputa por el control total del
territorio de venta de drogas, sin importar las sanciones que se impongan a quienes se los
encuentre culpable de los delitos por la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas
a fiscalización.

En esta línea de ideas, la pugna de poder que se muestra en los exteriores de los centros
penitenciarios, se traslada al interior de los mismos cuando los líderes, cómplices o
colaboradores se encuentra privados de la libertad, surgiendo alteraciones del orden interno que
se derivan en: riñas, amotinamientos, asesinatos y más actos violentos; imposible de controlar
debido a la falta de planes logísticos del personal externo y agentes de seguridad penitenciaria,
que ya sea por miedo o amenazas, se muestran obedientes ante los actos de criminalidad,
permitiendo el ingreso de armamento al interior del centro.

También existen otros delitos vinculados a la delincuencia organizada cometidos con más
frecuencia: extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo con arma de fuego, estafa, receptación,
tenencia y porte de armas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y, peculado y lavado de
activos.



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Gráfico 2

Delitos asociados a la delincuencia organizada


Nota: (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), 2023) Samantha Tacuri, Carmen
Arévalo

El incremento de estas formas delictivas y el narcotráfico, han impulsado a su vez la violencia,
de forma especial en el año 2021, en donde de acuerdo a los datos brindados por el Subdirector
de Protección y Seguridad del SNAI, las PPL que fallecieron al interior de los centros carcelarios,
ha sido a causa de la lucha de poder entre bandas organizadas al estilo de los cárteles del
narcotráfico internacional, en busca de sembrar terror y miedo, de ahí que las matanzas
sucedidas en las cárceles y fuera de ellas, lleven signos inequívocos de la relación con el crimen
organizado, por ejemplo las decapitaciones, mutilaciones, descuartizamientos, baleados, etc.
Para enero del 2021 la tasa de homicidios en el país se elevó más de ocho puntos sobre las del
año 2018, y del año 2021 al 2022, pasaron del 14% al 25% por cada 100.000 habitantes.

Para Daniel Pontón, de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios (IAEN),
más del 80% de los crímenes reportados por la Policía Nacional en el año 2021, fueron debido a
disputas por el dominio de territorio, para el narcotráfico, entre bandas criminales. Además, se
afirma que existen más de 13 grupos delincuenciales en el Ecuador, las cuales están
relacionadas con el narcotráfico y cuyos cabecillas o líderes que están cumpliendo condenas en
los centros carcelarios, utilizan las mismas prisiones como centro de operaciones para seguir
imponiendo su poder (Pontón & Zapata, 2022).

Dentro de las cárceles, los PPL por delitos menores no sólo han resultado ser víctimas de la
violencia entre las bandas criminales, sino que al estar cumpliendo su condena en centros con
precariedad de servicios básicos y programas deficientes en cuanto a rehabilitación y reinserción
social, son fáciles para ser reclutados en estas mismas bandas, por lo que según (Álvarez, 2022),
las penitenciarías se han convertido en lugares seguros para captar nuevos delincuentes.

Tratar de controlar la actividad de la delincuencia organizada es uno de los puntos que se
debaten dentro de las políticas públicas por parte de las Unidades Técnicas Especializadas en
los centros penitenciarios, ya que es responsabilidad de las mismas proteger la integridad física
y psíquica, así como garantizar los derechos fundamentales de las PPL que no pertenecen a


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organizaciones delictivas o están cumpliendo condena por delitos ajenos a la delincuencia
organizada o narcotráfico (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

Estas unidades, distribuidas en cada región de Ecuador, generarán planes y acciones para
proteger el bien jurídico de la vida de los reos. Sobre todo, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 6
del COIP, para el respeto a la integridad de las PPL, quienes no podrán ser torturados, maltratados
o incluso, privados del derecho a la comunicación. De igual forma, se les respetará los derechos
contenidos en el Art. 7 del mismo cuerpo legal, relacionado a la separación en razón de su
detención u orientación sexual, que no significa discriminación, sino otorgar garantías a la
integridad física (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014).

Propuesta para le eficiencia del sistema carcelario

El sistema penitenciario en la actualidad, está lleno de falencias en cuanto a la efectividad de los
programas de rehabilitación y reinserción social, a consecuencia o como efecto de las malas
políticas públicas que hasta el momento se han aplicado, pero que no han resultado ser efectivas.
Conscientes de las fallas en el sistema penitenciario en el Ecuador, se proponen las siguientes
acciones:

Política pública

● Devolución del presupuesto a las penitenciarías, de tal forma que se contrate más
personal para encargarse de la seguridad interna, así como a la adquisición de materiales
para los talleres y mejora de las instalaciones físicas.

● Establecer medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales y de desarrollo de
sus funciones, de todo el personal de los centros carcelarios, a través de otorgar salarios,
prestaciones y beneficios, extensibles al núcleo familiar del funcionario público.

● Capacitar a todo el personal de los 36 centros carcelarios, sobre respeto de los derechos
humanos, garantías constitucionales e internacionales, concedidas a los PPL.

● Reformar o modificar la normativa penal ecuatoriana, a fin de que se despenalicen o se
establezcan penas no privativas a la libertad en aquellas conductas delictivas, que no
sean de gravedad o no impliquen daño o lesiones a bienes jurídicos con sanciones o
penas mayores.


Al respecto, el (Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, 2022), se enfoca en las acciones
aplicables en corto, mediano o largo plazo, para dar respuesta a la problemática del Sistema de
Rehabilitación Social del Ecuador, garantizando los derechos constitucionales de las PPL,
población que es considerada por la Constitución de la República del Ecuador como grupo de
atención prioritaria (Art. 35).

Organizaciones delictivas

● La falta de separación por categorías, siendo necesario que se implemente lo que señala
la ley (Art. 7 y 694 COIP), en cuanto a la separación de los PPL de acuerdo con la gravedad
del delito cometido, los de mayor gravedad deberían estar en lugares con una mejor
implementación en cuanto a vigilancia, seguridad y con acceso a programas efectivos
de rehabilitación social.

● Organizar la distribución de los líderes de bandas criminales en los 36 centros
carcelarios, en áreas de máxima seguridad, concediéndose los derechos que establecen
la Constitución y los Tratados Internacionales, haciendo efectivas las disposiciones de
los numerales 1 al 5 del Art. 668 COIP (2014).


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● Tener control sobre las personas autorizadas a realizar visitas a los PPL que pertenecen
a una banda delictiva, para que sean sometidos a revisión exhaustiva al ingreso en el
centro, sobre todo para evitar armas o sustancias ilícitas.


La (Fiscalía General del Estado - Ecuador, 2012), ha dicho que la delincuencia organizada es una
estructura delictiva especializada, de alcance transnacional, con capacidad de crear inseguridad
en la sociedad, así como miedo y terror debido a las prácticas criminales con las que amenazan,
al que el Estado debe perseguir con medidas claras y efectivas, para alcanzar el control dentro y
fuera de las cárceles.

Prisión preventiva

● Aplicación de medidas cautelares personales que no afecten a la libertad del procesado,
evitando que se haga uso indebido de la figura de prisión preventiva, ya que es de última
ratio y de esta manera reduciendo la población carcelaria, y garantizando la distribución
de manera eficiente entre todos los centros.

● Tal como lo señala la Constitución y el COIP, en materia de prisión preventiva, se deben
analizar e identificar los casos de PPL que se encuentren en situación de acogerse a
medidas sustitutivas de prisión preventiva, beneficios penitenciarios o de excarcelación.


Desde la entrada en vigencia en el año 2014 del COIP, se ha fomentado la aplicación abusiva de
la prisión preventiva, lo que está en contra de un Estado de Derechos y Justicia como el
ecuatoriano, pero que en la realidad no existe proporcionalidad entre el delito y la pena, como lo
determina el Art. 76.6 de la Constitución de la República (Asamblea Nacional, 2008).

En este sentido, el incremento de PPL por delitos menores y sin sentencias en firme, colapsó el
sistema penitenciario, por lo que es necesario que se asuman cambios, sobre todo en la
aplicación de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva, siendo ésta de ultima
ratio (Krauth, 2018).

Para la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022), entre las medidas que debe
adoptar el Estado ecuatoriano, está la estructuración de un plan de contingencia para la
aplicación de medida alternativas, analizando factores como el peligro de fuga, entre otros; pero
observando, respetando y garantizando los principios constitucionales de legalidad, necesidad y
proporcionalidad, de esta forma incluso se estaría promoviendo la disminución de las
estadísticas de hacinamiento.

Violencia

● Búsqueda de estrategias para desmantelar las organizaciones criminales dentro de los
centros penitenciarios, fomentando la emisión de acciones orientadas a la prevención y
control de la violencia dentro de los centros penitenciarios. Además, se sancionen todos
los hechos de corrupción que se confirmaran.

● Diseñar estrategias para mejorar la seguridad interna de los centros carcelarios,
incrementando personal de seguridad y vigilancia, así como la dotación de provisiones a
los guardias, para mantener el control interno.

● Actualizar protocolos de actuación en los casos de amotinamientos, toma de rehenes o
violencia, por parte de los líderes de bandas criminales.

● Establecer métodos de detección de metales y aplicación de otras estrategias para evitar
el ingreso de sustancias ilícitas, no solo para las visitas autorizadas a los PPL, sino
también a todos los miembros del personal administrativo y seguridad del centro
carcelario.


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Para las (Naciones Unidas, 2022), los actos de violencia suscitados en las cárceles ecuatorianas
han creado preocupación en organismo de nivel internacional, razón por la que han instado al
gobierno nacional a que se asuman medidas más efectivas y se destinen los recursos adecuados
para mejorar la situación de los PPL, a través de una reforma penal integral, que se garanticen
los derechos humanos de los internos, para reducir las situaciones de violencia y muerte.

Rehabilitación y reinserción social

● Fortalecimiento de programas, protocolos y medidas de rehabilitación y reinserción
social, sobre todo en áreas como educación, trabajo, cultura, entre otros, con la finalidad
de que la reinserción a la sociedad sea normal y no afecte a la salud mental del PPL que
ha cumplido con su deuda a la sociedad.

● Estructurar programas educativos y trabajo, contando con los recursos humanos y
materiales suficientes, de tal forma que los PPL, estudien para finalizar niveles de
educativos faltantes, así como también el que reciban remuneración por la realización
de un oficio dentro del centro penitenciario.

● Coordinación del SNAI con organizaciones sociales, laborales o de asistencia social y
familiar, para fomentar la reintegración de los PPL que hayan cumplido con su sentencia,
de manera que obtengan el apoyo necesario para conseguir acceso a educación, salud,
vivienda, etc.


La (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022), afirma que la rehabilitación es el
pilar fundamental para lograr una reinserción social de los PPL efectiva, por lo que es necesario
que el Estado ecuatoriano asegure a los internos recursos como asistencia social, contacto con
organizaciones u otras que les den apoyo una vez que hayan cumplido con su deuda a la
sociedad.

Hacinamiento y sobrepoblación carcelaria

● Organizar y distribuir la población carcelaria en los 36 centros a nivel nacional,
atendiendo al delito cometido y la gravedad del mismo.

● No permitir el ingreso de ninguna otra PPL a los centros con alto porcentaje de
sobrepoblación.

● Aplicar el principio de celeridad y agilidad en cuanto al despacho de las boletas de
excarcelación, de tal forma que se apliquen en un plazo no mayor a 24 horas desde su
emisión.

● Concesión de indultos en los casos de personas condenadas por delitos menores, en los
que no ha habido violencia, como las pensiones alimenticias, robo de celulares, entre
otros.


Adoptar medidas que reduzcan la población carcelaria, es una de las políticas que el Estado
ecuatoriano debe adoptar de forma urgente, ya que en opinión de la (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2022), hacen falta medidas para controlar el aumento de los privados de
la libertad, sobre todo aquellos que cumplen condenas por delitos menores y no tienen sentencia.

CONCLUSIÓN

Una vez que se ha realizado el análisis del problema y presentado una propuesta para mejorar el
sistema penitenciario en Ecuador, se proponen las siguientes conclusiones:

La política carcelaria y penitenciaria del Ecuador en la actualidad atraviesa momentos difíciles
reflejados en el hacinamiento, falta de seguridad al interior de los recintos, fallas en la
infraestructura, ausencia de planes y políticas de rehabilitación, representando una causa de la
crisis carcelaria, en la que se evidencian que los conflictos de pandillas que se han organizado


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internamente, conllevan al tráfico de drogas, asesinato, suicidio, violaciones e intentos de fuga,
provocando heridos e incluso, la muerte de algunos PPL.

La problemática de la organización de bandas criminales o de narcotráfico, al interior de los
centros de rehabilitación social del Ecuador, es una de las causas que tiene incidencia directa en
la crisis carcelaria vivida en el país en el año 2021, que debería ser analizada por los organismos
e instituciones encargadas del sistema penitenciario nacional, ya que tanto la seguridad interna
de los PPL, como la de los ciudadanos en el exterior, se ha visto comprometida, alternándose la
paz y tranquilidad de la sociedad.

El Sistema Penitenciario en el Ecuador adolece de diversas falencias, las cuales no han sido
atendidas de forma ágil y con celeridad por los gobiernos de turno, muy al contrario, se ha llegado
a la disminución de las partidas presupuestarias, causando la inefectividad de los programas de
rehabilitación y reinserción a la sociedad; en este sentido, en este trabajo investigativo, se han
presentado algunas recomendaciones, a través de una propuesta, enfocada en puntos
vulnerables de los centros penitenciarios a nivel nacional, que se considera deberían ser
mejorados por las autoridades estatales.

Finalmente, y como una conclusión general, habría que tener en cuenta que el país atraviesa por
momentos netamente críticos y que es el Estado quien garantiza el goce pleno de los derechos
que corresponden a los PPL, no obstante no debe alejarse de la realidad para precautelar que los
ciudadanos privados de libertad gocen el acceso al buen vivir por medio de planes públicos para
cumplir la rehabilitación social y que de esta manera se cumpla la finalidad social de la pena
privativa de libertad, al permitir su cumplimiento en instalaciones idóneas que fomenten la futura
reinserción en la sociedad.


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