¿Quién toma las armas? Constitución del sujeto y lucha  
comunitaria en Guerrero  
Who takes up arms? Constitution of the political subject and the  
communitarian struggle in Guerrero  
Liberio Victorino Ramírez  
Universidad Autónoma Chapingo. Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, Conahcyt  
México  
Iván Chávez Victorino  
Universidad Autónoma Chapingo. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Huamuchapa  
México  
Rocío Ángeles Atriano Mendieta  
Universidad Pedagógica Nacional, sede Ecatepec  
México  
Artículo recibido: 28 de febrero de 2026. Aceptado para publicación: 14 de julio de 2026.  
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.  
Resumen  
En Guerrero existen múltiples conflictos sociopolíticos por la dominación a partir de prácticas  
subordinadas políticas, económicas y socioculturales, generando condiciones de explotación, despojo  
y control caracterizadas por uso de violencia de poderosos grupos criminales, del gobierno vinculado  
con empresas privadas y partidos políticos. El objetivo es documentar la irrupción de la Policía  
Comunitaria regional en Tecoanapa y Ayutla, Costa Chica guerrerense en 2013-2017, analizando la  
respuesta popular construida desde abajo, articulando a pobladores y organizaciones rurales como  
movimiento social por seguridad y defensa de condiciones vitales comunitarias. Esto derivó en la  
construcción de un Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana que devino contradictoriamente entre  
institucionalidad y organización comunitaria. Metodológicamente usamos testimonios de pobladores,  
procesos de subjetivación política y ruptura antagónica por tomar las armas y generar prácticas  
autonómicas. Concluimos que la activación política como experiencias insubordinadas, se vincula con  
luchas antagónicas latinoamericanas frente al avance neoliberal y su resistencia política.  
Palabras clave: subjetivación política, antagonismo, subalternidad, autonomía, Policía  
Comunitaria  
Abstract  
Guerrero is a state with multiple sociopolitical conflicts due to relations based on domination. These  
are stablished from practices on political, economic, cultural and social subordination. This causes  
exploitation, dispossession, and control conditions characterized by the use of violence from different  
organized crime power groups, State forces and their implications with different private companies,  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 3240.  
political parties and governments. The Communitarian Police irruption in the Costa Chica region in  
2013-2017 meant the popular answer built from below which articulated townspeople and rural  
administration in a movement (UPOEG) for the safety and defense of the communities’ life conditions.  
This derived in a Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (Civic Security and Justice System) which  
has taken a contradictory shape between institutionalism and communitarian organization. Through  
the testimonies of townspeople in Tecoanapa and Ayutla de los Libres municipalities we investigated  
the processes of political subjetivation which are generated due to the antagonist rupture expressed  
through the act of taking up arms and autonomous practices. With this investigation, we propose using  
the notions of savage policy (Tapia, 2008) to characterize political shapes built from below; common  
sense (Tapia, 2018) to outline the importance of the popular knowledge accumulated from cultural  
and hegemonic dispute experiences which guide social practices; political places (Tapia, 2008) to  
rethink the movement from its political action shapes in time and space, and finally, antagonism  
(Modonesi, 2016) as political activation principle in subordination and insubordination experiences  
from different conflict situations which connect in Costa Chica, Guerrero and that shape part of the  
antagonist horizon in Latin America against neoliberal advancement.  
Keywords: political subjetivation, antagonism, subalternity/subordination, autonomy,  
Communitarian Police, sociopolitical movements  
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Cómo citar: Victorino Ramírez, L., Chávez Victorino, I., & Atriano Mendieta, R. Ángeles. (2026). ¿Quién  
toma las armas? Constitución del sujeto y lucha comunitaria en Guerrero. LATAM Revista  
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7 (3), 3240 3253.  
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.  
ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 3241.  
INTRODUCCIÓN  
Este trabajo presenta un análisis sobre los procesos de constitución de subjetivación política a partir  
de las experiencias de lucha del movimiento sociopolítico construido desde abajo, en torno a la  
seguridad y autonomía, que ha mantenido la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, en  
la Costa Chica de Guerrero1, entidad donde hay altos índices de violencia debido a la presencia de  
grupos del crimen organizado, la complicidad e indiferencia de los gobiernos e instituciones de  
seguridad pública, así como proyectos para la explotación de recursos naturales y una fuerte presencia  
partidista que mantienen la marginación y la dependencia económica y social de las comunidades. En  
este contexto podemos encontrar diversas experiencias que podríamos leer a partir de relaciones y  
prácticas de subalternidad, antagonismo y autonomía (Modonesi, 2016).  
Este movimiento se ha hecho visible en la narrativa de los medios y las voces del Estado por el uso de  
armas para mantener la seguridad en pueblos donde los criminales habían dominado importantes  
espacios de la vida común. Sin embargo, esta lucha ha logrado disputar la débil hegemonía del orden  
estatal como forma cultural que legitimaba prácticas políticas y sociales en estos territorios. Esta  
capacidad se muestra en la victoria electoral frente al sistema local de partidos políticos, al convertirse  
en el primer municipio en Guerrero en regirse por “usos y costumbres” mediante una base indígena  
importante. Esto se traduce en el cambio de correlación de fuerzas respecto a la presencia del crimen  
organizado, así como de las fuerzas partidistas, ampliando los horizontes políticos, pero también, se  
visibilizando las facciones e importantes rupturas al interior del movimiento.  
Lo que se presenta es parte de una investigación más amplia, realizada de 2014 a 2018, en la que se  
recuperan testimonios de tres pobladores de los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, para  
guiar el análisis y la documentación. Por cuestión de espacio omitiremos estas voces, para dar vía a  
algunos aspectos relevantes de la investigación atendiendo a los hechos coyunturales. Los  
testimonios dieron cuenta de la colonización de la vida cotidiana por parte de los miembros de grupos  
criminales que instituyeron cierto orden en las prácticas comunes de la población, a partir de  
amenazas, cobro de cuotas a diversos gremios y comerciantes, secuestro, extorción, asesinados y  
demarcar el espacio público de acuerdo a sus actividades económicas. La violencia se agudizó con la  
llegada de otro grupo criminal que iba a limpiar la plaza, lo que provocó enfrentamientos y prácticas en  
contra de la población que derivaron en el alzamiento armado.  
Más allá de la condición de víctimas que se ha advertido en el marco de la “guerra contra el  
narcotráfico” iniciada en el periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), la cual  
ha dejado más de 250, 000 muertos, se pone énfasis en las prácticas y relaciones de insubordinación  
y subordinación de los ciudadanos rurales, como experiencias en las que se constituyen las  
subjetividades políticas que se enmarcan en la disposición a la acción, lo cual ha articulado diversos  
movimientos sociopolíticos.  
Se propuso analizar estas experiencias de lucha como procesos que se tejen en el antagonismo, es  
decir, desde trayectorias (no lineales) que van de prácticas de resistencia, en las que no se trastocan  
las condiciones de subalternidad, a las de confrontación, donde los pobladores se unen al movimiento,  
lo cual implica la decisión de tomar las armas y llevar a cabo prácticas autonómicas mediante las  
cuáles se dio una desorganización y reorganización social desde abajo.  
1
En el Estado de Guerrero se han dado históricamente importantes hechos de violencia estatal, como son los casos de los 43 estudiantes  
normalistas de Ayotzinapa desparecidos y 6 asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, donde participaron miembros de los cárteles  
de la región, policías municipales y miembros del ejército; la muerte de 26 campesinos en la masacre de Aguas Blancas del 25 de junio de  
1996, donde participaron agentes de la Policía Estatal; la matanza del Charco en el municipio de Ayutla de los Libres, el 7 de junio de 1998.  
Condiciones que provocaron el alzamiento del grupo guerrillero Ejército Popular del Pueblo (EPR) y su fractura en el Ejército Revolucionario  
del Pueblo Insurgente (ERPI) en los noventas.  
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Para este análisis utilizamos las nociones de política salvaje (Tapia, 2008) para caracterizar las formas  
políticas construidas desde abajo; sentido común (Tapia, 2018), para delinear la importancia del saber  
popular acumulado en estas experiencias de disputa por la hegemonía en la cultura que orienta las  
prácticas sociales; los no lugares de la política (Tapia, 2008), para repensar al movimiento desde sus  
formas de acción política espacio-temporales, y finalmente el antagonismo (Modonesi, 2016), como  
principio de activación política en las experiencias de subordinación (subalternidad) e insubordinación  
(antagonismo y autonomía) en las diversas situaciones de conflicto que se conectan en la Costa Chica  
de Guerrero.  
ANTAGONISMO Y POLÍTICA SALVAJE  
¿Cómo dar cuenta de las subjetividades políticas que se constituyen en las experiencias de lucha?  
Desde la propuesta analítica del historiador y sociólogo italiano Massimo Modonesi (2012), se plantea  
discernir cualitativamente las manifestaciones de la subjetividad política a partir de ubicar las prácticas  
y relaciones de subordinación (de resistencias) e insubordinación (de rebelión), y Autonomía, como  
expresiones típicas del conflicto. La dimensión temporal de las mismas puede ser caracterizadas a  
partir de: Intensidad, duración, frecuencia y recurrencia.  
Estas formas y relaciones son consideradas acciones políticas constitutivas, por ejemplo, la  
resistencia constituye subjetividad subalterna que será un punto de partida (aunque no siempre) como  
movimiento para ir de la pasividad a la acción política. Es decir, pasar de la sujeción a la subjetivación  
(Modonesi, 2012). En este caso podemos ubicar a las víctimas que resisten (en distintas intensidades)  
los órdenes y agravios de los grupos dominantes y el Estado, y que pasan a la lucha confrontando, y en  
este movimiento desordenan y rearticulan la organizan lo social y cambiando las relaciones de fuerza  
en el campo de lucha que constituye al conflicto.  
En este movimiento va de las prácticas y relaciones dentro del perímetro de dominación, que tienen  
que ver con el rechazo o la renegociación del poder, hacia las prácticas y relaciones antagonistas que  
se dan en los márgenes o fuera del marco de dominación. La triada conceptual está inscrita en las  
formas de poder que trabaja Holloway (2010), cuya relación se establece como: subalternidad (poder-  
sobre), antagonismo (poder-contra) y antagonismo (poder-hacer).  
Por otro lado, se han planteado otros conceptos para dar cuenta de estos procesos de lucha, entre  
estos está la noción de Política Salvaje, concepto elaborado por el filósofo boliviano Luis tapia (2008),  
mediante la cual hace una fuerte crítica a la política moderna del entramado institucional estatal y la  
ontología social liberal. Se trata de formas, espacios y sujetos que se constituyen y mueven por fuera  
y más allá del estado, aunque también lo atraviesan y algunos quedan atrapados en sus relaciones, […]  
formas de la política fuera de los lugares institucionales y más allá del Estado […], a partir de una  
conceptualización espacial, se puede definir como […] el subsuelo político […]. Esta forma política no  
funda formas sustitutas ni recintos de poder, se expresa como movimiento que existen en los no  
lugares de la política (Mokrani, 2008).  
Los no lugares de la política (Tapia, 2008) remiten a la fluidez del movimiento en su proyección desde  
abajo y al contrario de la institución política estatal no tiene un lugar fijo; son dos formas encontradas,  
por un lado, la política de los partidos, el parlamento y el poder gobernante, por el otro, el conflicto  
social y sus formas de decisión comunitaria. En ese movimiento tienen su coyuntura la resistencia y la  
rebelión tienen sus engarces y donde hay una reforma de las prácticas políticas.  
Así mismo, estos procesos de lucha comunitaria ponen en crisis los ordenamientos, lugares y prácticas  
de las instituciones del Estado y de las organizaciones criminales. Al hablar de estos ordenamientos y  
desordenamientos Tapia recurre a las fuerzas indígenas (en el caso de Bolivia) retomando nociones  
de Gramsci y René Zavaleta para explorar el orden y desorden cultural que instituyen los proyectos  
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hegemónicos (que caracteriza como débiles) como el Estado-nación liberal y el neoliberalismo.  
Históricamente estos ordenamientos y reconfiguraciones conllevan la ruptura de la organización social  
previa y se sostiene en las condiciones materiales y en formas de sentido común, al cual conceptualiza  
como un “conjunto de creencias que organizan de modo predominante las relaciones intersubjetivas  
y/o las intervenciones cotidianas y que ya no son objetos de cuestionamientos por un tiempo”, que “[…]  
Producen certidumbre y legitiman el orden social (Tapia, 2013)”. Este saber o sentido común, que  
puede venir desde arriba en los proyectos hegemónicos del Estado o el neoliberalismo, legitima y limita;  
o de lo contrario, en las luchas por la hegemonía desde abajo, ensancha y reconfigura las nociones  
políticas de los pueblos. Estas ideas definen la realidad social, en su dimensión política, como la  
junción de las condiciones materiales y culturales (subjetivas), que son fundamentales en los procesos  
de dominación y emancipación. Una de las tesis de Tapia es que en las comunidades (no solo las  
indígenas), que en nuestro caso son rurales, la reforma moral y liberal no penetró por completo, lo que  
explicaría la superposición (y abigarramiento) de órdenes y saberes populares que siempre han estado  
vigentes al mismo tiempo.  
Lo que sucede en tiempos de lucha, es que hay una reorganización de la comunidad a partir de un saber  
popular que emana de las experiencias, un sentido común desde abajo. Esta dirección moral e  
intelectual es la que se ha intentado plantar a plenitud en las zonas rurales del país a partir del proyecto  
de Estado-nación y el neoliberalismo, sin embargo, la hegemonía ha sido débil y perviven otros órdenes  
en lo comunitario que se autoorganizan en el antagonismo.  
LA SEGURIDAD COMUNITARIA PLURAL Y EL GOBIERNO INDÍGENA  
En las últimas dos décadas México tuvo un aumento de la violencia que ha sido planteada como una  
consecuencia de la guerra entre Estado y crimen organizado. Sin embargo, en la cotidianidad la  
violencia toma forma a través de prácticas que se enuncian como el levantamiento, secuestro,  
extorsión, ejecuciones, violaciones y desaparición. Entre los actores que articulan este escenario están  
los miembros del llamado crimen organizado, pero también a las instituciones de seguridad pública,  
cuya actuación se manifiesta en prácticas cotidianas de corrupción, de complicidad, impunidad y el  
uso de su violencia legítima contra la ciudadanía (legitimidad que está en crisis). La intensificación de  
la violencia fue clara en las estadísticas, donde se ve el aumento de 11, 806 homicidios dolosos en  
2006 se a 22. 480 en 2012. En este escenario, Guerrero es una de las entidades con mayor índice de  
violencia, en 2008 ocupó el primer lugar en homicidios dolosos.  
Más allá de las estadísticas, la violencia ha atravesado la relación social en distintas regiones y  
poblaciones, donde se ha experimentado el asesinado de familiares, la persecución, amenazas de  
sicarios, el desplazamiento, el abandono del gobierno, los abusos del ejército y policía federal, la  
criminalización política y otras formas de violencia a la que se suma la estructural. Esto ha ido  
aparejado con la militarización, según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan entre 2005 y 2011,  
en Guerrero hubo un aumento del 310% de homicidios, mientras que 2012 fue el año más violento con  
55.57 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa media nacional fue de 17.97. En  
el mismo año Acapulco tuvo 142.88 homicidios por cada 100 mil habitantes, ocho veces más alto que  
la tasa nacional (Tlachinollan, 2013). Al revisar los registros de Ayutla, Berber (2017, pág. 288)  
encuentra dos periodos donde se ubica un mayor aumento de homicidios en Ayutla de los Libres en  
Costa Chica, el primero va de 1992-1998, el segundo que va de 2008 a 2012, ubicando al 2009 como el  
año de mayor violencia en los últimos 22 años con 153 homicidios por cada 100 mil habitantes.  
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Según los testimonios desde 2009 en el municipio de Tecoanapa2 y Ayutla de los Libres, se dio la  
llegada de grupos de jóvenes miembros del crimen organizado, que comenzaron a cambiar las  
condiciones de vida de la población de forma paulatina. Primero estableciendo relaciones con los más  
jóvenes mientras realizaban sus actividades económicas, para después agraviar a pobladores en  
distintas circunstancias, hasta llegar al punto de establecer horarios prohibidos en el espacio público.  
Posteriormente fueron llegando nuevos jóvenes que trabajaban coordinadamente con quien estaba  
encargado de la plaza, como lo que comenzaron a establecerse reglas a los pobladores, quienes fueron  
acostumbrarse a ver personas armadas. En este periodo tiene lugar la aparición de un ejecutado en las  
orillas de Tecoanapa al cual le dejan la cabeza en las piernas con un mensaje. Por esos días se  
establecen cuotas y extorsiones a cambio de no ser agredidos y secuestrados.  
Las condiciones se fueron haciendo más hostiles con la llegada de miembros de diferentes  
organizaciones que comenzaron a realizar una limpia de la plaza en ambos municipios. Las prácticas  
de subordinación incluían estrategias de supervivencia no salir a ciertas horas, no pasar por ciertos  
lugares, bajar la mirada, saludar amistosamente, la pasividad también era acompañada de la  
inconformidad e incluso renegociación. Las prácticas no alteraban el orden que existía: no salir a  
ciertas horas, atender a las demandas de los grupos, no confrontar. La ocupación de los espacios y el  
establecimiento de normas caracterizaron este tiempo de aceptación relativa.  
El 5 de enero de 2013 la inconformidad pasó a otro nivel, el secuestro del comisario del poblado de  
Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García, puso en alerta a las comunidades, él había sido elegido  
segundo comandante de la Policía Comunitaria que se estaba organizando desde hacía varios meses,  
acuerdos que ya estaban en marcha entre representantes de los municipios de Tecoanapa, Cuautepec,  
San Marcos, Ayutla de los Libres y Cruz Grande. El secuestro hizo que para el 6 de enero cientos de  
pobladores con el rostro cubierto, armas caseras e incluso machetes, cubrieran salidas y tomaran las  
calles de la ciudad de Ayutla de los Libres, donde sorprendiendo a los miembros de los grupos  
criminales. De aquella movilización quedaron los retenes en la carretera en distintas poblaciones, las  
rutas de salida y entrada habían quedado totalmente bajo resguardo de las comunidades.  
En estas acciones fueron los poblados más pobres los que nutrieron el levantamiento, aunque hubo  
participación de diversos sectores.  
De esta manera quedó articulada la Policía Comunitaria (PC) teniendo como base política a la Unión  
de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), organización cuya matriz (a partir de fuertes  
rupturas) está en la experiencia indígena de lucha autonómica y de defensa del territorio de la CRAC  
(Coordinadora Regional de Asambleas Comunitarias) en la costa y montaña, que desde 1995 ha estado  
activa.  
Este movimiento generó una irrupción en el orden de dominación en que vivían las comunidades,  
generando tensión y condiciones que rearticularon la correlación de fuerzas en la disputa por la  
dirección histórica de los pueblos sobre todo en dos vertientes que han tenido procesos divergentes y  
en unidad: 1) respecto a las fuerzas del crimen organizado como movimiento por la seguridad, a través  
del llamado Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) formado en 2013, el cual formalmente  
está conformado por la PC, sus grupos de vigilancia y su estructura regional, municipal y local. Esta  
funciona como una institución que trabaja de acuerdo a las decisiones de la asamblea local y no de  
forma autónoma, aunque en el día a día las decisiones pasan también por quien realiza las actividades.  
2) respecto a las fuerzas partidistas locales y el Estado, como movimiento con formas de toma de  
2
Con una población de 46 812 habitantes, es el tercer municipio con más habitantes de la región después de Ayutla y Ometepec. Su cabecera  
municipal se encuentra a la orilla de la carretera federal 198, y tiene colindancia con los municipios de Ayutla, San Marcos y Florencio  
Villareal, además de Tierra Colorada, que pertenece a la Región Centro.  
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decisión a nivel comunitaria en la forma de la asamblea y que gestiona recursos del gobierno para  
proyectos de infraestructura, organización que en Ayutla de los Libres (con alta población indígena)  
trabajó por la toma del poder municipal vía el sistema de gobierno propio por “usos y costumbres”.  
Ambas fuerzas son parte orgánica de la UPOEG que se define como movimiento por el desarrollo, la  
seguridad y el gobierno de los pueblos.  
Si bien la UPOEG ha generado importantes espacios de experiencia autonómica, estos espacios han  
sido direccionados hacia la búsqueda de la institucionalización, lo que ha generado divergencias  
debido a las dinámicas diversas, las comunidades en Ayutla de los Libres tiene una conformación  
comunitaria, con alta población indígena (54.01%) con prácticas de participación y una disminuida  
presencia partidista, con una fuerte actividad de seguridad; mientras que Tecoanapa tiene una baja  
población indígena (12.87%) y una fuerza partidista importante, con una constante actividad de  
seguridad. La PC es el punto de confluencia de los pobladores de la región, sin embargo, también  
respecto a la forma de participación y toma de decisiones en asamblea hay diferencias. Mientras que  
en las poblaciones de Tecoanapa ha bajado la participación dejando las decisiones en el Consejo Local  
y a determinaciones del líder del movimiento, Bruno Plácido Valerio, lo cual provoca al mismo tiempo  
cierto alejamiento de la cúpula dirigente; en Ayutla de los Libres esta forma sigue siendo constante y  
fue una de las prácticas que fortaleció el trabajo para instituir el gobierno municipal por asamblea.  
Aunque también hay decisiones que pasan por los líderes.  
La lucha indígena en México ha logrado, entre otras cosas, la reforma constitucional del Artículo 2º de  
Constitución Mexicana, que en 2001 y luego de diversos episodios de violencia reconoció la  
constitución pluricultural del país, que legalmente daba la denominación de pueblos originarios y  
vigencia a sus formas de vida, políticas, culturales y económicas, así como a la libre autodeterminación  
y el reconocimiento de sus autoridades por usos y costumbres- Esto tuvo como marco de referencia al  
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
La UPOEG ha tenido el empuje de las comunidades indígenas, el municipio está conformado por 69  
716 pobladores de los cuales 54.01% son indígenas (de acuerdo a su adscripción) y 11.97% son  
afrodescendientes. Esto responde a la complejidad de su composición y el rechazo que tiene el  
movimiento en sectores de la población de la cabecera municipal, donde si bien la mayoría no se  
adscribe como indígena, si hay una importante presencia de la UPOEG en algunos sectores y de  
indígenas que se trasladan a este centro para generar recursos económicos.  
La victoria obtenida por medio de la consulta ciudadana comenzó con la petición que pasó a la Sala  
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para generar las consultas  
que se dieron en 2015 y 2016 bajo ambiente de tensión y amenazas, donde se refrendó la decisión de  
los pobladores. La victoria de la voluntad indígena se impuso en 2018 a través de la elección de un  
órgano municipal por usos y costumbres3, estableciendo la Asamblea General Comunitaria con 275  
representantes de 108 comunidades y 18 colonias; así como un órgano de gobierno encarnado en el  
Consejo comunitario integrado por cuatro hombres y dos mujeres4, quienes tomarían el poder después  
dos periodos de gobierno de los esposos empresarios, Hortensia Aldaco Quintana y Severo Castro  
Godínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido de la Revolución Institucional  
(PRI).  
3
Como señala Gaussens, sobre el término de usos y costumbres fue sobre todo conocido a partir de 1995 y de una reforma al Código  
Electoral oaxaqueño. Por lo tanto, el primer problema consiste en reducir los usos y costumbres a un simple sistema electoral  
consuetudinario con el que, en comparación con el sistema dominante, solo cambia el modo de elección de las autoridades municipales  
(Gaussens, 2919).  
4
Conformado por miembros de los pueblos Me´phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos).  
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La elección fue realizada en un ambiente tenso y lleno de discriminación. Los habitantes de la cabecera  
municipal, que se ubican en esta disputa en términos prácticos como mestizos, no habían valorado la  
capacidad de organización y de influencia de la UPOEG. Esto implicó un importante cambio en la  
correlación de las fuerzas políticas en el municipio y en la región, accediendo a formas autonómicas a  
partir de prácticas que jurídicamente están dentro de los márgenes del Estado, pero también a través  
de prácticas antagonistas en la disputa por el dominio en la seguridad y las formas de gobierno por  
asamblea en la región, las cuales pueden o no estar dentro de la legalidad. Es importante decir, que la  
capacidad y las prácticas autonómicas de las comunidades exceden los marcos normativos estatales  
y también las imposiciones de la cúpula dirigente de la UPOEG.  
Flores (2016) señala que los movimientos indígenas han tenido un importante papel para la generación  
de condiciones para la autonomía. De estas luchas la más importantes fue la activación del Ejército  
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió en 1994, mientras que en los últimos años otro  
referente que ha eclosionado es el emblemático caso de Cherán, cuyo movimiento se expresa en  
términos de seguridad, justicia y la reconstitución de nuestro territorio. El otro caso que no ha sido  
visibilizado es el de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAC) con su respectivo  
Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación (SCSJR) que ha trabajado desde 1995 en  
territorios colindantes con la UPOEG (subregión Costa Montaña), al cual sumaríamos a la lista. Estos  
movimientos pueden ser caracterizado en lo que para Svampa (2008) son los tres rasgos de los  
actuales movimientos de América Latina: la dimensión de la territorialidad; el despliegue de acciones  
directas; formas de democracia directa, a lo cual se suman las prácticas de autonomía5.  
Las relaciones de subordinación cambiaron en el momento en que los pobladores tomaron la decisión  
de tomar las armas para enfrentar a los criminales y unirse al movimiento. En los primeros meses las  
asambleas se nutrieron de gente y proliferaron en los poblados, en lugares como Tecoanapa hubo una  
participación importante por parte de la comunidad que se volcó al centro del pueblo y participó en la  
toma de decisiones a mano alzada. La expresión fue clara, el rechazo a las actividades delictivas y  
tener mecanismos de decisión propia en el espacio que se resignificó no solo como público, sino como  
del pueblo. Esta unidad entre los pobladores se vio trastocada por acontecimientos ante los cuales se  
activaron otras fuerzas que entraron en una confrontación directa con el gobierno municipal y estatal,  
y que generó distanciamientos en las actividades del movimiento de seguridad.  
El 26 de septiembre de 2014 se dio un hecho que marcó la historia de México y de guerrero, la  
desaparición de 43 estudiantes, y la muerte de otras seis personas, de la Normal Isidro Burgos de  
Ayotzinapa, que convocó a diversas organizaciones a exigir su presentación con vida ante la estrategia  
del gobierno federal que buscaba cerrar el caso con la llamada verdad histórica.  
Diecisiete de los desaparecidos son originarios de Costa Chica y Ocho de ellos son del municipio de  
Tecoanapa, son hijos de campesinos que han colaborado con la UPOEG y que ante la falta de  
alternativas apoyaron a sus hijos para que pudieran ser maestros rurales. Ante los hechos ocurridos,  
en octubre de 2014 se formó la Asamblea Nacional Popular en la que se establecía la alianza entre la  
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los normalistas de  
Ayotzinapa, además de contar con la colaboración de otros grupos organizados, quienes iniciaron una  
serie de acciones directas que incluyeron: toma de carreteras y de recintos gubernamentales, marchas,  
toma de transporte privado, impedir el paso de mercancías de las grandes empresas, tener presencia  
en campos militares, toma de casetas, incluso intento de tomas de refinerías y del aeropuerto de  
5
Recuperamos la noción de autonomía que […] puede entenderse como una organización política construyéndose desde abajo, sin descartar  
instancias de coordinación supra-locales. En contraposición con la lógica de la política desde arriba es decir, estado centrista- burocrático  
y entre las manos de supuestos “especialistas” de la política, se trata de encontrar mecanismos que ayudan a diseminar en el cuerpo social  
la capacidad de elaborar las decisiones, a reducir la separación entre gobernantes y gobernados y a revitalizar en pertenencia una concepción  
vinculante y no disociativa de la delegación de poder, (lo que expresa el mandar obedeciendo zapatista y que viene confortado por la  
relatividad y la revocabilidad de los cargos) (Baschét, 2019).  
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Acapulco. Los miembros de la CETEG de Costa Chica, y particularmente del municipio de Tecoanapa,  
se sumaron a las movilizaciones dentro y fuera del municipio. En Guerrero los profesores suspendieron  
las clases, llamaron a asambleas y coordinaron sus movimientos junto a los normalistas buscando  
impactar al gobierno.  
En Tecoanapa se realizó la toma del ayuntamiento donde en un acto simbólico se sacaron las  
fotografías de los presidentes municipales. Además se contó con caravanas de artistas, profesores,  
cineastas y otros activistas que recorrieron los pueblos, la intención era no entregar el ayuntamiento  
hasta que aparecieran los estudiantes y boicotear las elecciones de 2015. La UPOEG marcó su postura  
respecto a las acciones directas, no participarían en la presión al gobierno. Sus acciones fueron  
encaminadas a la búsqueda de los estudiantes, por lo que cerca de 800 integrantes llegaron a la Normal  
en octubre (Warnholtz, 2017). La búsqueda fue ardua, aunque con poca coordinación como los padres,  
se extendió hasta enero de 2015 y a pesar de no encontrar pistas suficientes, lograron ubicar diversas  
fosas con restos de otras personas; a partir del descubrimiento de unos treinta cuerpos se gestó el  
grupo Los Otros Desaparecidos de Iguala que fue conformado por familiares de desaparecidos.  
En palabras de Bruno Plácido el proyecto no debía sumarse a las acciones considerando que el  
“ciudadano” debe ser respetado por el gobierno, que su lucha debe ser reconocida y para esto es  
importante el diálogo permanente con los gobernantes, así lo expresa en la entrevista realizada por  
Warnholtz (2017, págs. 82-83):  
Somos ciudadanos que no queremos seguir viviendo en la mira de los delincuentes, queremos una  
comisión de diálogo y armonía, que el gobierno estatal y el federal no nos persigan, porque luchamos  
por nuestra vida y la vida es un derecho universal. La ruta que estamos buscando es el diálogo con  
respeto.  
Muchos que participan en algunas marchas creen que tumbar el Congreso, quemar carros es contra el  
gobierno, pero es el erario público, son los impuestos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es  
como si yo me tumbara una piedra en la uña, la gente actúa así porque le falta información.  
El binomio desarrollo-ciudadano, es la estructura del proyecto que por un lado busca el apoyo y  
reconocimiento del Estado y por el otro disputa su legitimidad. Pese a esto es difícil la coincidencia de  
las acciones y prácticas y la permanencia dentro de la legalidad. En su despliegue el movimiento genera  
golpes al orden estatal mediante la toma de decisiones que muchas veces tienen que ver con toma de  
caminos o la detención de servidores públicos. Una expresión de esta contradicción es el haber  
incursionado en la contienda por una diputación en 2015 y sus insinuaciones de contender por la  
gubernatura como candidato del Partido Humanista.  
Como señala Warnholtz, la relación entre Bruno Plácido (+) y el gobierno es ambigua, por un lado,  
suelen negociar y respaldar algunas acciones del movimiento, por otro lado, promueve el desarme, la  
criminalización, el desmantelamiento legal y la descalificación en medios de comunicación. En el caso  
de los recursos ha sido un problema en el que se dirime el movimiento, no es fácil mantener equipados  
a los miembros de los miembros de las rondas comunitarias. El gobierno municipal ha hecho parte de  
su política apoyar a los comunitarios locales con transporte, cooperaciones, playeras y otros  
productos, los eventos partidistas locales de Tecoanapa y otros municipios se entregan los apoyos  
como parte de las estrategias de campañas.  
La polarización de estas participaciones tiene que ver con las afectaciones que viven muchos  
pobladores. Los sucesos de Iguala, el estado de pánico en Chilpancingo y Acapulco, donde estudian  
muchos jóvenes originarios de Costa Chica, la gente de los pueblos de Guerrero tiene en sus palabras  
la experiencia de dominación y lucha, muchos fueron víctimas directas, otros tienen familiares que lo  
han sido y otros traen los relatos de otras partes del estado.  
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ISSN en línea: 2789-3855, julio, 2026, Volumen VII, Número 3 p 3248.  
Los pobladores tienen relación directa con el proyecto de Seguridad y Justicia Ciudadana y no así con  
la gestión de recursos. Pese a que muchos de los habitantes del municipio de Tecoanapa, como en  
otras poblaciones, no están de acuerdo en las funciones que está desempeñando esta organización  
respecto a tratar de solucionar problemas cotidianos de la comunidad a través de sus formas de  
justicia, y no sólo esa vigilancia frente al crimen organizado, las formas de respaldar el movimiento no  
cesan, pasan por dar cooperación, ofrecer café, comida, donar lámparas, playeras, botas, chalecos  
antibalas o donativos económicos. Las rondas comunitarias han ido mermando su participación y hay  
un vacío en la relación entre el Consejo, los integrantes y la población. Si bien podemos decir que fue  
claro el paso de las acciones de resistencia a las de confrontación y el movimiento armado tomó tintes  
de rebelión desde abajo, la constante negociación con los gobiernos han sido parte de una línea formal  
que va a contracorriente. A nivel de quienes están en el día a día de la seguridad deben resolver las  
problemáticas tomando sus decisiones, pero la ruta de los dirigentes impide consolidar las prácticas  
autonómicas.  
EN LOS MÁRGENES DE LAS RELACIONES DE SUBORDINACIÓN  
Las diferencias que tienen las poblaciones y sus dinámicas en la organización han derivado en algunas  
rupturas. Mientras que en Ayutla de los Libres se gestó un cambio en las formas de relación de poderes  
a nivel municipal, integrando a un importante segmento de la población indígena, en Tecoanapa no hay  
un horizonte proyectado en que se atiendan otras dimensiones del problema. Aunque hubo episodios  
en donde se intentó desactivar al gobierno municipal, acciones impulsadas más en el escenario de  
indignación ante los hechos de Ayotzinapa, momento en que se vieron dos facciones en el campo de  
lucha que no lograron fusionarse, por un lado, la UPOEG, por otro, los profesores que estaban  
vinculados a la lucha magisterial y que conformaron alianza con el movimiento normalista de  
Ayotzinapa.  
En el caso de Tecoanapa, la situación es tensa pues la población no es mayoritariamente indígena y  
esto ha causado de pronto algunos señalamientos sobre el discurso con que se teje la defensa de los  
pueblos. En este sentido lo que ha cohesionado los esfuerzos de las comunidades es el mantener la  
seguridad. Las prácticas de confrontación se mantienen, pero las experiencias de autonomía no han  
perdurado, hay remanentes de relaciones de dominación y al mismo tiempo de autonomía, ya que el  
crimen organizado mantiene una presencia latente a través del cobro de cuotas a los transportistas,  
aunque sin poder colonizar nuevamente la cotidianidad de los pueblos.  
La suspensión del gobierno municipal y la toma del recinto duró unas semanas y sucumbió ante la  
urgencia de recibir y gestionar los apoyos gubernamentales, la polarización entre la población y las  
continuas descalificaciones de las autoridades municipales. En esta experiencia se formaron nuevas  
alianzas y se tuvieron prácticas alrededor de una pasajera autonomía cuyos alcances fue el  
cuestionamiento de la autoridad municipal y estatal, así como decidir en el ayuntamiento las acciones  
de apoyo al caso Ayotzinapa. Pese a eso, en 2015 se llevaron a cabo elecciones municipales y estatales  
donde el ganador fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la elección como gobernador de  
Héctor Astudillo con un más del 40% de los votos, lo que muchos analistas en los medios llamaron el  
triunfo de la democracia ante la barbarie de los grupos violentos de los normalistas y el magisterio.  
El periodo que va del alzamiento de las PC hasta el final de las acciones directas en 2015, fue el tiempo  
de las manos alzadas en las asambleas, de los acuerdos y de la expresión de fuerza de la UPOEG, que  
tuvo el apoyo primero en los poblados vecinos, para después extenderse hasta tener presencia en la  
mayoría de los municipios de la región.  
La UPOEG se juega entre las fuerzas estatales y el poder-hacer comunitario, como un orden y proyecto  
desde arriba que corresponde a una relación de subordinación del movimiento, y los espacios de  
decisión de las poblaciones, como proyecto desde abajo.  
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Tomar las armas ha sido una decisión importante para mantener a sus poblaciones a salvo, en esta  
lucha en esta experiencia se han dado procesos de constitución de subjetivaciones políticas que  
genera nuevos espacios de relación social, recurriendo a la invención de actos de resistencia y lucha,  
en formas de hacer, ser y decir, de desidentificarse y cambiar la posición asignada en la relación con  
el Estado o el crimen organizado. Estas formas no están sujetadas solamente a los límites y márgenes  
de lo legal, no consideramos que sea pertinente que la reflexión se base en poner al Estado o el marco  
jurídico como centro del ordenamiento social que enmarcan las acciones y sus sentidos desde la ley.  
En todo caso el Estado está lejos de expresarse como poder central o maquinaria de ordenamiento en  
el conflicto, aunque sí en los remanentes de subalternidad al colocarse nuevamente en el espectro  
estatal. El conflicto constituye algo que influye directamente en las condiciones del proceso de  
subjetivación política.  
La lectura documentada fue articulada de acuerdo a los temas y episodios expuestos en los  
testimonios de la investigación, vivencias de quienes son parte de la intensa violencia vivida en Costa  
Chica y el movimiento UPOEG. A través de esto se analizan los flujos en el proceso de lucha y sus  
implicaciones de acuerdo a presupuestos teóricos, en los que pese a encontrar prácticas y relaciones  
de autonomía, cuya expresión más importante es la conformación de un sistema de gobierno por usos  
y costumbres, encontramos rupturas y reflujos de subalternidad que podemos ubicar principalmente  
en dos dinámicas distintas de acuerdo a las poblaciones:  
a) En Ayutla convergen las prácticas autónomas con mayor intensidad debido al componente  
comunitario de las poblaciones indígenas que han hechos parte de su vida cotidiana los espacios de  
participación en la asamblea. Sin embargo, en los últimos años se ha llevado un proceso de  
institucionalización del movimiento que puede derivar en procesos de desubjetivación política, lo cual  
está generando remanentes de subalternidad a través de prácticas de subordinación a un poder que  
es conformado desde arriba y que debe negociar en distintos términos con las instituciones del Estado.  
En este municipio siempre ha permanecido latente la actividad criminal, sobre todo en el control  
ejercido sobre el gremio transportista debido a su movilidad entre regiones que les hace vulnerables,  
este gremio no es un aliado del movimiento y se ha manifestado conforme con la estrega de la cuota  
impuesta por los criminales, esta relación de subordinación ha generado condiciones de violencia que  
afectan a los pobladores y ha impedido a la PC tener un mayor control de la seguridad local.  
b) En Tecoanapa se ha mantenido un importante reflujo de prácticas de subordinación vía el  
reordenamiento de fuerzas en torno a los partidos políticos, lo cual se está intensificando debido al  
rechazo de las formas de gobierno a través de usos y costumbres, que consideran un retroceso de  
carácter cultural, observación que va acompañada por marcas de discriminación. Asimismo, se ven  
ciertas condiciones de subordinación respecto al mando de la dirigencia de la UPOEG, que impide  
consolidar los espacios y prácticas autonómicas y los cuales terminan siendo absorbidas por los  
dirigentes. Por otra parte, la alianza con otros movimientos generó una ruptura con respecto al SSyJC  
y la UPOEG, participando de espacios de autonomía y antagonismo que paralizaron medianamente la  
centralidad del poder municipal y establecieron una asamblea para la toma de decisiones que no  
lograron prevalecer por mucho tiempo. Los procesos que se viven en las poblaciones parecen irse  
desligando de la dirección del movimiento, adquiriendo rasgos propios sobre todo en detrimento de la  
autonomía y cediendo a las fuerzas partidistas y a las pequeñas maniobras de miembros del crimen  
organizado.  
c) Existen otras experiencias de dominación y antagonismo se dan en diversos territorios de Guerrero,  
como es el caso de los desplazados de Coyuca de Catalán en la región Tierra Caliente, pero las  
dinámicas y reordenamiento generados por la violencia, en su caso un intenso asedio de talamontes y  
crimen organizado, llevó a familias enteras a reubicarse en Ayutla de los Libres, donde se sumaron a  
las PC u al movimiento de la UPOEG, pasando a tener relaciones y prácticas de insubordinación. Este  
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caso se suma otros que se han dado en los municipios, donde hay familias que han llegado no solo de  
otras regiones de Guerrero, sino de otros estados del norte, quienes luego de tener que desplazarse se  
han integrado al movimiento.  
CONCLUSIONES  
Podemos apuntalar las nociones de Modonesi con las ideas del boliviano Luis Tapia (2018), quien  
piensa que la lucha reorganiza lo social en torno a la sociedad misma y no fuera de ella, en este sentido  
podríamos reconocer la estructura del nuevo gobierno en Ayutla de los Libres que está conformado  
por consejeros de las comunidades y las colonias municipales, mientras que la seguridad está en  
manos de la policía comunitaria dejando las tareas secundarias a la policía municipal para no violar  
sus derechos laborales. Sin embargo, la lucha comunitaria de la UPOEG ha pasado de lo que el autor  
boliviano llama los no lugares de la política a una reconstitución y reforma de la institución  
gubernamental municipal. Como dice el pensador boliviano, los movimientos suelen ser la forma de  
acción para la reconstitución y la reforma de las sociedades y estados, aunque esto ha sido, como en  
otros casos, a través de vidas y heridas que casi no terminan por reconocerse en la plenitud de una  
transformación institucional.  
El sujeto político es el ser del conflicto que se teje en vínculos de confrontación e impugnación:  
ecologistas, normalista, magisterio, policías comunitarios, guerrilla, indígenas y afromexicanos. El  
Estado y su ampliación son los espacios y prácticas del orden que intenta contener al sujeto político,  
dejándolo fuera de sus márgenes, o dando un margen de reconocimiento a las luchas políticas a través  
de pequeñas transformaciones a su interior. El Estado y sus órdenes porosos, difusos, incompletos, es  
también una fuerza y prácticas ante la que surge en el conflicto.  
Finalmente, se considera que las investigaciones en torno a la violencia y las luchas comunitarias han  
ido articulando una línea de reflexión trascendental en las ciencias sociales, debido a que se reconoce  
no solo el escenario cruento por el que atraviesa nuestro país, sino también la capacidad emancipadora  
que tienen las comunidades ante el abandono y complicidad estatal. Hacer investigaciones desde el  
sitio del conflicto permite dialogar, observar, reflexionar y hacer un ejercicio crítico sobre lo que han  
dicho otros, lo que uno piensa y lo que significa para los pueblos el acto radical de tomar las armas  
para defenderse. Debido a la trascendencia que tendrán y tienen las luchas comunitarias, se hace  
indispensable seguir a portando a este tema desde diversas posturas y disciplinas, pero sobre todo  
con el compromiso de buscar aportar a las sociedades algo que sume a sus luchas.  
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