INTRODUCCI&Oacut=
e;N
El trabajo se realiza como parte de la
vinculación entre los programas de investigación sobre los
elementos naturales y derechos humanos[1]. En este ámbito d=
e trabajo,
dirigimos el estudio a las reformas la legislación mexicana y los
cambios significativos respecto del litio. El evento por sí mismo
despierta interés, aunque, resulta prioritario desentrañar la
situación jurídica actual en vista de la explotación a
cargo del Estado sin descuidar la importancia del uso del mineral y los rie=
sgos
para los derechos de las personas.
Estamos frente a uno de los recursos
estratégicos de este siglo por su utilización en la
transición energética global. Es un metal ligero esencial en =
la
fabricación de baterías recargables de uso en teléfonos
móviles o vehículos eléctricos, por eso es un pilar pa=
ra
el cambio climático (Cámara de Diputados, 2022). Se ha vuelto=
un
elemento geopolítico clave, con grandes reservas en la región
latinoamericana, concentradas en el "Triángulo del Litio"
formado por Bolivia, Argentina y Chile (Fornillo, 2019). El asunto es =
que la
demanda de tecnologías limpias está en aumento, y la competen=
cia
por el control y acceso a las fuentes de este mineral se incrementa, por lo
mismo, está en el centro de las políticas energéticas =
y económicas
de varias naciones. Por eso, es un recurso valioso y un elemento
estratégico indispensable para la sostenibilidad energética
global (Juste, 2021).
El artículo que presentamos es result=
ado de
una investigación documental teórica sobre el mineral y del e=
nfoque
teórico-jurídico para la interpretación de lo sucedido=
en
el ordenamiento nacional. La premisa inicial y punto de partida consiste en=
la
posible anuencia de los cambios con los principios constitucionales.
El problema de estudio gira en torno al r&ea=
cute;gimen
jurídico del modelo bajo el cual se explotará el litio en
México. Un asunto menos explorado. La literatura abunda sobre el ele=
mento
que varios países utilizan con distintos fines, destacando la
importancia energética, para las tecnologías de almacenamient=
o de
energía (Barbosa Moreno, Mar Orozco, Barbo=
sa
Moreno, & Ángel, 2022). Para sumar a =
la
reflexión revisaremos el marco jurídico de las decisiones sob=
re
este mineral, la creación, organización de LitioMx,
así como las críticas y problemas que enfrenta esta empresa. =
El tratamiento será nutrido =
con
opiniones y estudios que permiten sumar elementos teóricos y experie=
ncias
de la región.
El gobierno mexicano, el 20 de abril de 2022,
decidió asumir directamente las actividades relacionadas con el mine=
ral.
La decisión se formalizó con la reforma a la Ley de
Minería[2]<=
![endif]>.
Este hecho representa un primer paso con la declaración de utilidad
pública del litio con un sentido distinto del que ya tenían l=
as
actividades reguladas por la Ley sobre todos los minerales. Efectivamente, =
en
ese momento la minería era causa de “utilidad pública
preferente”. La consecuencia de la declaración de 2022 fue
prohibir a particulares cualquier forma de intervención y establecer=
el
marco jurídico según el cual el Estado sería el
único responsable de su gestión (Roldán Xo=
pa,
2023).
A través de un párrafo adicionado al artículo 10 y del=
Tercero
Transitorio del Decreto de reforma, se encargó al Poder Ejecutivo em=
itir
el instrumento de creación de un organismo estatal quien quedar&iacu=
te;a
encargado de la exploración, explotación, beneficio y
aprovechamiento del litio. (Secretaría de Gobernación, DOF
08/05/2023.). Desde entonces el litio quedó enmarcado por la
regulación de las empresas públicas en México.
El segundo acto fue el Decreto presidencial =
del
23 de agosto de 2022 con la creación del organismo público
descentralizado Litio para México, determinándose el
acrónimo LitioMx. (DOF, 2022). El texto refi=
ere
que la nueva empresa pública deberá asegurar que el mineral s=
ea
aprovechado para beneficio del país. A través de la
adición del artículo 5 Bis, párrafo 2do., no solo se
reconoce la propiedad de la Nación, sino que la utilización de
este mineral se reserva en favor del pueblo. Su creación se enlaza a=
la
política energética del momento. En este entorno tambié=
;n garantiza
la soberanía energética de la Nación. La intenci&oacut=
e;n
queda explícita en 5to párrafo de “Considerando” =
de
la iniciativa.
El tercer paso de la asunción por par=
te
del Estado del control de la industria lo representan la última refo=
rma
constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas. E=
l 31
de octubre de 2024 el constituyente permanente modifica disposiciones respe=
cto
de áreas estratégicas y empresas del Estado (Secretarí=
a de
Gobernación, DOF, Edición Matutina, pp. 2-4). Todas las actividades de aprovecha=
miento
del mineral pasaron a integrar el conjunto de áreas estratégi=
cas
sujeta a los principios rectores contenidos en los artículos 25, 27 y
28. Esta reforma refuerza el fundamento de LitioMx como
“empresa pública”, al igual que a las demás unida=
des
productivas del Estado integrantes del sector.
Sin embargo, no se desconoce la realidad que
enfrenta LitioMx, independiente de su naturaleza
jurídica. Algunas voces alertan y ponen dudas sobre la capacidad del
País para competir con este mineral clave en el mercado global (CO=
NCANACO
SERVYTUR MÉXICO, 2022).
Lo cierto es que, a cualquier empresa, p&uac=
ute;blica
o privada, le esperan los mismos desafíos dados a conocer por los
estudios de la región (Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2023). LitioMx
comparte perspectivas, dificultades y posibilidades de obtención de
beneficios (Castello & Kloster, 2015). Debe resolver=
la
disponibilidad presupuestal, operativa y técnica, ninguno de estos
aspectos resulta insalvable. Máxime si se atiende a la fecha de su
fundación, la integración del patrimonio y que el motivo de
existencia es la importancia de la explotación efectiva para el
desarrollo integral con el aporte de los distintos usos del elemento, parti=
cularmente
en el sector energético (Cámara de Diputados, 2022)=
.
MARCO CONSTITUCI=
ONAL
Y LEGAL DEL LITIO EN MÉXICO
La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a través de su artículo 27,
primer párrafo, establece la propiedad originaria en favor de la
Nación de tierras y aguas, así como de los elementos naturale=
s.
La Nación crea la propiedad privada y se reserva el derecho de regul=
ar
el dominio público y el privado, en beneficio social, con fin de una
distribución equitativa de la riqueza pública. Por tanto, el
litio al igual que los demás minerales y elementos naturales pertene=
cen
al patrimonio nacional, al dominio directo y el aprovechamiento debe
corresponder a los fines mandatados por este mismo dispositivo. En
consecuencia, no resulta adecuado expresarse respecto de las recientes refo=
rmas
en el sentido de “nacionalizar” el litio. Encontramos algunos e=
scritos
que así refieren el hecho CITATION Rod \l 2058 (Rodríguez
Garagarza, 2023).
El análisis del contenido y el efecto jurídico de las nuevas
normas está definido por el artículo 27, por la propiedad
originaria y el carácter de dominio público. No obstante, ese
análisis se colma con las reglas previstas por el artículo 25
sobre el modelo y la concurrencia al desarrollo económico nacional. =
La
situación del litio es un caso más dentro del modelo
constitucional donde el Estado reserva para el sector público, de ma=
nera
exclusiva, determinadas actividades y excluye la participación del
sector privado y social. En todo caso podríamos considerar usar el
término ‘nacionalizar’ o ‘estatizar’ solamen=
te
respecto de la industria, pero no del mineral.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano asu=
me
la exploración, explotación y beneficio, así como la
administración y control de las actividades. Queda en sus manos desd=
e el
principio, la exploración, hasta el final los procesos productivos q=
ue
transforman y agregan valor económico. Por tanto, prohíbe
cualquier forma de intervención de los particulares (Cámara de
Diputados, 2022), sin constituir monopolio de acuerdo con la propia
Constitución federal.
La Ley de Minería, como anticipamos, =
fue
modificada en 2022 para sujetar a un nuevo régimen al litio,
principalmente, mediante la adición de un artículo, 5 Bis, que
declara al mineral de "utilidad pública” (Cámara de
Diputados, 2024). Esta acción, podría haberse estimado
inicialmente una repetición innecesaria. En efecto, a tenor del
artículo 6 de ese momento, la minería era ya causa de utilidad
pública preferente. Así permanece la minería, aunque
perdería posteriormente el carácter de ‘preferente̵=
7;,
desde el 8 de mayo de 2023.
La reforma de 2022 adiciona un artícu=
lo
para incluir al litio como un mineral estratégico, por tanto, en man=
os
del Estado y exceptuado de las reglas generales aplicables a los otros
minerales. En congruencia, esta acción legislativa modifica
también los artículos 1, 5, 9 y 10.
La novedad de la adición del art&iacu=
te;culo
5 Bis consiste no solamente en la declaración de utilidad púb=
lica
sino en que se hizo con efectos de fundamento y motivo de la creació=
n de
una nueva área estratégica o inclusión de la industria=
del
litio entre las existentes. Con ello se aparta al mineral del régime=
n de
los demás y se lo acerca al estatus jurídico de los minerales
radiactivos.
La acción legislativa tiene como
antecedente el fracaso previo de una iniciativa de reforma constitucional y=
la
imposibilidad real de consumarla. Esta circunstancia fue razón
suficiente para que el Poder Ejecutivo activara las atribuciones del Legisl=
ador
ordinario, sin ninguna duda, de acuerdo con la CPEUM, párrafo cuarto=
del
artículo 28, sobre áreas estratégicas, exclusivas del
Estado. Tienen el carácter de áreas estratégicas las
determinadas expresamente por esta disposición y las que seña=
le
el Congreso de la Unión sin ninguna distinción o diferencias
entre ellas. Es decir, independientemente de la naturaleza del acto de
creación, constitucional o legislativa, con fundamento en la citada =
norma,
la calificación de estratégica y sus consecuencias es
idéntica en todos los casos.
Sin embargo, en voz de la doctrina autorizad=
a,
el hecho de fuentes distintas para el establecimiento de áreas
exclusivas acarrea efectos diversos. En el caso de estudio, por ser obra del
legislador ordinario no se habría constituido sobre el litio una res=
erva
absoluta en favor del Estado (Roldán Xopa, J.
2023).
Por nuestra parte, debido al propio acto y su
fundamento constitucional, además de discrepar con la anterior
apreciación, tampoco compartimos la consecuencia derivada de sostener
una diferencia; concretamente, la afirmación de que la reforma
legislativa no podría ocasionar efectos jurídicos sobre las
concesiones en curso. Al respecto consideramos la necesidad de reflexionar =
a la
luz de varios elementos de análisis.
En primer orden, la concesión en
México es un acto administrativo mediante el cual se permite a un
particular la explotación de un bien de la Nación; es, por ta=
nto,
una declaración unilateral de autoridad siguiendo el procedimiento l=
egal
aplicable a cada elemento del patrimonio.
En segundo lugar, de acuerdo con la Ley Gene=
ral
de Bienes Nacionales, en cualquier caso, las concesiones, permisos y
autorizaciones sobre bienes del dominio público no crean derechos
reales; otorgan simplemente erga omnes el derecho a realizar los usos,
aprovechamientos o explotaciones. La declaración de utilidad
pública no puede interpretarse con fines de expropiación, tal=
vez
como limitación, modalidad u ocupación temporal. En resumen, =
lo
que procede es la revocación o caducidad de las concesiones de acuer=
do
con los dos elementos del orden jurídico mexicano para decidir sobre=
la
suerte de concesiones existentes, naturaleza de las concesiones y declaraci=
ón
de utilidad pública. <=
o:p>
No cabe entonces el análisis dentro de
efectos retroactivos o no de una ley sobre situaciones preexistentes:
concesiones vigentes. En este caso, según la Ley General de Bienes N=
acionales,
lo que procede es el medio previsto, revocación o caducidad conforme=
las
leyes aplicables. Sin embargo, la ley en la materia desconoce la
terminación por posible declaración de utilidad públic=
a.
Cuando sucede la reforma, y actualmente, entre las causas de caducidad
detalladas por la Ley de Minería encontramos como causas: la
terminación del plazo, resolución judicial o una serie de
incumplimientos por parte de la persona concesionaria. Este silencio de la =
Ley
de Minería puede ser razonado por los efectos jurídicos sobre=
la
industria. A la fecha el análisis debe también incorporar el
alcance de la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024 y los Tratad=
os
internacionales aplicables a casos que se judicialicen, igualmente, respect=
o de
la industria, no del mineral.
Regresando el análisis a la Ley de
Minería y a su reforma de 2022 la otra parte sustancial consiste en =
la
prohibición expresa de otorgar concesiones, licencias, contratos,
permisos o autorizaciones a entidades privadas. Significa que solo el Estado
mexicano, puede gestionar la explotación del litio, así como =
la
administración y control de las cadenas de valor económico. El
mismo Decreto de abril de 2022 también ordenó al Poder Ejecut=
ivo
la creación del organismo público descentralizado[3]<=
![endif]>; obligación que se cumpli&oa=
cute;
el 23 de agosto de 2022 (DOF, 2022). Un evento que
provocó distintas opiniones en el sentido de un fortalecimiento del
control gubernamental sobre el litio, aunque con críticas. Seg&uacut=
e;n
publicación de la Confederación de Cámaras Nacionales =
de
Comercio (Concanaco, 2022), la Cámara Mi=
nera
de México acusa la inexistencia de datos en México acerca de =
la
ubicación de las reservas procesables. En efecto lo hace con motivo =
del
Informe 2023 (Cámara de Minería, 2023). En orden de
críticas más recientes, 2024, se afirma México no ha
extraído un solo gramo del mineral (Súarez, 2024).
El artículo 10 de la Ley de
Minería complementó el cambio de régimen iniciado en 2=
022
estableciendo la exclusión del litio de las disposiciones que regula=
n a
los minerales y sustancias mencionadas en su artículo 4. De este mod=
o anticipaba
su propia normativa, similar a lo que sucede con a los minerales radiactivos
citados por los artículos 27 y 28 constitucionales. Asimismo, esta L=
ey
extiende su régimen a los minerales y sustancias de las salinas
provenientes de aguas marinas, tanto de mares actuales como
subterráneos, naturales o artificiales, así como las sales y =
sus
subproductos. En seguimiento de lo anterior, cabe apuntar que la
situación jurídica de los elementos naturales considerados
minerales en términos del artículo 2 y 4 de la Ley de
Minería se diversifica tratándose de la participación =
del
Estado por efecto de lo dispuesto en sus artículos 5 y 5 Bis.
En resumen, las reformas de abril y agosto de
2022 provocan: a) El litio, en su carácter de bien del patrimonio
nacional, se convierte en área estratégica. b) Adquiere,
primeramente, por ley, igual estatus que los minerales radiactivos. La base
constitucional llegó recién el 31 de octubre de 2024. c) Los
minerales considerados áreas estratégicas están exclui=
dos
del régimen de la Ley de Minería. Tienen su propia normativa
acorde con su carácter y el aplicable a la entidad paraestatal
encargada. d) el organismo descentralizado estará sectorizada
según su objeto de creación, mismo que se considerará =
para
fines de evaluación del desempeño. Litio=
Mx
integrará el grupo de empresas públicas para fines de
evaluación, según el artículo 31 del Reglamento de la =
Ley
de las Entidades Paraestatales CITATION Cámvf \l 2058 (Cámara de
Diputados, v. f.).
De tal suerte, tenemos un régimen gen=
eral
de aprovechamiento a cargo de la Ley de Minería aplicable a todos los
minerales, incluyendo sustancias provenientes de salinas. Estos podrá=
;n
ser explotados por el Estado[4]<=
![endif]>
o por los particulares mediante concesión otorgada a las personas
físicas mexicanas y a sociedades constituidas de acuerdo con las ley=
es
mexicanas, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas
(Roldán Xopa, J. 2023), con sustento y en
términos constitucionales del artículo 2, letra A,
fracción IX.
En otro capítulo aparecen las sustanc=
ias
exceptuadas por el artículo 5 de la propia Ley de Minería y q=
ue
no todas son minerales. Entre los que sí son minerales, el litio y l=
os
minerales radiactivos, coincidente con la CPEUM y la Ley que Declara Reserv=
as
Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las Demás
Sustancias de las Cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que Puedan
Producir Energía Nuclear (Cámara de Diputados, 2024). Estos d=
os
últimos, con regímenes específicos por la exclusividad=
del
Estado que, en el caso del litio, se extiende a la administración y
control de las cadenas de valor económico y tratándose de
minerales radiactivos comprende también la generación de
energía nuclear.
La legislación mexicana ha sido objet=
o de
diversas reformas sobre la explotación de recursos minerales (L&oacu=
te;pez
Bárcenas, F. 2013). Sin embargo, tomando el periodo desde la
sanción de la Ley vigente, 26 de junio de 1992, destacan las
últimas modificaciones, las de 2022 y 2023. Podríamos decir q=
ue
ocasionan modificaciones para analizar dentro de las categorías de
reforma de Estado y/o administrativa. A la fecha no ha terminado la
reflexión sobre estos eventos, principalmente, para valorar la
relación con otras acciones de igual envergadura y para determinar c=
on
mayor certeza la relevancia, positiva o negativa, que tienen tales cambios.
Tampoco está todo dicho acerca de las diversas modalidades y
prohibiciones que se introducen a través, por ejemplo, del
artículo 6, así como la posibilidad real del fin que se espera
del nuevo régimen: proteger los réditos de la explotaci&oacut=
e;n
de los minerales, el ambiente y los derechos de las comunidades
—artículo 5 Bis— (Roldán Xop=
a,
J. 2023). Esto, aunque, destaque lo atinente al litio, con disposiciones
especiales que incluyen, como ya anticipamos, el control y desarrollo a car=
go
del Estado de las actividades creadoras de productos o servicios finales a
partir del litio, y, según se declara, el aprovechamiento en benefic=
io
del País.
ORGANIZACI&Oacut=
e;N
DE LITIOMX
El objeto de creación de la empresa se
entendió desde la decisión gubernamental, así como la
trascendencia y la ubicación dentro del sector que coordina la
Secretaría de Energía. Así se estableció a
través de leyes y del estatuto (Cámara de Diputados, 2024). P=
or
lo mismo, parece no hay discusión sobre la afinidad con los objetivo=
s de
este ramo y con los esfuerzos de la transición energética del
país, clave para fabricar baterías y otras tecnologías
verdes (Litio para México (LitioMx=
),
2023).
El gobierno de la nueva empresa públi=
ca
queda encargado a un cuerpo colegiado, Consejo de Administración, con
atribuciones indelegables[5]<=
![endif]>,
y un órgano ejecutivo, Dirección General. <=
/p>
De acuerdo con el artículo 9 del Decr=
eto
de creación el Consejo está compuesto por cinco integrantes,
provenientes de las Dependencias de la Administración Pública
federal. Son las personas titulares de las Secretarías de: a)
Energía, quien lo preside; b) Hacienda y Crédito Públi=
co;
c) Economía; d) Gobernación, y, e) Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Cabe precisar que el citado Decreto también establece que=
la
persona titular del Servicio Geológico Mexicano asistirá a las
reuniones del Consejo en calidad de invitado permanente, quien tendrá
únicamente voz, sin derecho a voto.
Por su parte la designación y
remoción de quien ocupe la Dirección General es facultad del
Poder Ejecutivo. La designación recaerá en la persona propues=
ta
por el titular de la Secretaría de Energía y según cum=
pla
con los requisitos para ocupar el cargo que establece la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
El Estatuto de LitioMx<=
/span>
también prevé la posibilidad de cargos de menor nivel,
opción que deberá aprobar justificadamente el Consejo de
Administración y ser autorizadas y registrados por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Funci&oacu=
te;n
Pública, Dependencias encargadas de las relaciones entre el Ejecutivo
Federal y las entidades paraestatales. Esta disposición del Estatuto
hace presumir que no sólo son las necesidades de la empresa sino la
valoración con fines de congruencia global dentro del sistema de
planeación y de los lineamientos generales que dictan cada una de las
citadas Secretarías respectivamente en materia presupuestal y contro=
l y
evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto =
de
la empresa, el patrimonio y las fuentes de recursos se integran por las
ganancias que se obtengan de las actividades productivas, sus cadenas de va=
lor,
y cualquier otro ingreso relacionado con su objeto social, así como
derechos o recursos económicos que se le transfieran, asignen, donen=
o
adjudiquen por cualquier título. Igualmente, ingresa a su hacienda l=
os
recursos que, en su caso, se determinen anualmente a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente. Formarán parte de su patrimonio también los
bienes muebles e inmuebles que le aporten o transfieran tanto el gobierno
federal como otros órdenes de gobierno de conformidad con las dispos=
iciones
aplicables.
PROBLEMAS
JURÍDICOS QUE SE AVIZORAN
Un primer contratiempo que plantea la nueva
situación del litio es sin lugar a duda el destino jurídico de
las concesiones y permisos existentes.
La respuesta o solución es distinta a=
la
seguida en otros casos donde procedió la terminación de
concesiones por alguna de las causales de nulidad, suspensión o
cancelación por incumplimientos o por irregularidades atribuibles al
concesionario. A modo de ejemplo citamos la reciente anulación de
mineras en Puebla por no consultar a las comunidades afectadas. (De Miguel, 2022). Sin embargo, =
la
declaración de utilidad pública y la exclusividad del Estado
crean una realidad jurídica propia. De inicio constituyen el preludi=
o de
litigios especializados y prolongados a la luz de Tratados internacionales
entre el gobierno y las empresas concesionarias. Así deja ver el caso
recientemente iniciado “Bacanora Lithium =
Limited, Sonora Lithium L=
td., and
Ganfeng International Trading (Shanghai)
Co. Ltd. v. United Mexican=
States (ICSID Case No.
ARB/24/21)”. (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 2024). Un hecho que =
no
pasó desapercibido; fue dado a conocer en distintos medios, tuvo una
buena cobertura (Suárez, 2024), (Morales, 2024). Del mismo mod=
o se
publicita también la cancelación de las concesiones seg&uacut=
e;n
notificación de la Dirección General de Minas enviada a Ganfeng International Trading (Hernádez, 2024).
Las medidas respecto del litio en Méx=
ico
indudablemente representan un cambio significativo en el marco legal y
constitucional reciente vinculadas con la definición acerca del rol =
del
Estado en el desarrollo nacional. El asunto está planteado dentro de=
la
intervención directa del sector público con las bases y
principios constitucionales del modelo de economía mixta y el sentid=
o de
la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable a cargo d=
el
Estado de acuerdo con los artículos 25, 26 y 27 de la CPEUM.
BREVE COMPARACIÓN
Para un mejor entendimiento de la
situación jurídica de LitioMx con=
viene
revisar los resultados y datos proporcionados de análisis hechos sob=
re
la región, particularmente los dedicados al llamado
"triángulo del litio", zona de interés compuesta por
Argentina, Bolivia y Chile con vastos depósitos de salmuera (Na=
ciones
Unidas. Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2023).
En Argentina estas reservas se encuentran en=
el
Salar de Hombre Muerto y el Salar de Olaroz; en
Bolivia, en el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí;=
y
en Chile, en el Salar de Atacama, en el Desierto de Atacama, cuya
explotación se lleva a cabo con métodos avanzados, de alta
factibilidad y rentabilidad económica. Juntos, estos tres paí=
ses
poseen aproximadamente el 65% de los recursos mundiales de litio, y en 2019=
, la
producción combinada de Argentina y Chile representó el 29.9%=
de
la producción mundial de este mineral (León, Muñoz, &
Sánchez, 2020).
Argentina opera bajo un régimen federal que permite la
participación del capital privado y la inversión extranjera, =
con
el dominio del litio en las provincias. En contraste, Bolivia, bajo un
régimen unitario, ha declarado al litio como un recurso
estratégico, reservando su explotación exclusivamente al Esta=
do
nacional. La ley de Chile comparte similitudes con estos países, per=
o se
distingue por haberlo declarado de interés nacional debido a su
potencial uso nuclear, no económicas. En Chile, el litio cuya
explotación está reservada al Estado o sus empresas, no puede
realizarse a través de concesiones administrativas o contratos
especiales de operación con terceros no estatales, solo bajo los
requisitos y condiciones establecidos por el Presidente=
de la República por decreto. La explotación es por empresas
privadas en propiedades otorgadas a la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) antes de ser un recurso no concesible (Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2023, pág.=
27
y ss.).
El marco normativo de Argentina establece un sistema de gobernanza federal =
que
favorece la inversión privada, donde tanto las provincias como el Es=
tado
nacional ejercen competencias concurrentes y algunas exclusivas. Este marco=
se
sustenta en varios pilares: el artículo 124 de la Constitución
Nacional de 1994, que otorga a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales, y el Código de Minería, que permite a las
personas la propiedad de minas de litio mediante concesiones expedidas por =
la
autoridad competente. Además, la Ley de Inversiones Mineras compleme=
nta
este marco, incentivando la participación privada en el sector (Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2023, pág.=
28
y ss.).
Argentina produce litio y se considera un gran productor en el mundo. Este
metal es clave para la fabricación de baterías recargables,
esenciales en la tecnología moderna, como en vehículos
eléctricos y dispositivos electrónicos.
Salar del Hombre Muerto, ubicado en Catamarc=
a y
Salta, principal yacimiento de litio en Argentina. Su extracción de
litio se realiza desde 1997, siendo una de las fuentes más important=
es
de salmuera de litio de alta calidad en el País. Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, es otro yacimiento =
de
litio que forma parte de proyectos desde hace muchos años y es clave=
en
el mercado global de litio. Argentina posee una gran reserva de litio mundi=
al,
lo que la posiciona estratégicamente en el mercado internacional. En
producción de litio tiene el cuarto lugar con 7,4% de la cuota de
mercado, después de Australia (52,2%), Chile (22,4%) y China (12,5%)=
, produce
cloruro y carbonato de litio (Asís Damasco, L., 2023).
En 2017, el Gobierno de Bolivia, a trav&eacu=
te;s
de la Ley N.º 928, estableció Yacimientos de Litio Bolivianos
(YLB). Empresa de plantas piloto para la producción de carbonato de
litio, materiales catódicos y ensamblaje de baterías, y la
construcción de dos plantas, una de cloruro de potasio y una m&aacut=
e;s
de carbonato de litio. (Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2023). La creaci&oac=
ute;n
de YLB obedece a una empresa estatal para explotar y comercializar el litio=
en
Bolivia. Su objetivo es desarrollar la industria del litio para beneficiar =
al
país y potenciar su uso en baterías. Tiene el control completo
sobre los recursos de litio y la cadena de valor. Está Financiada
principalmente por el gobierno boliviano y busca inversiones internacionales
para el desarrollo de proyectos.
El Salar de Uyuni, se ubica en el suroeste de
Bolivia, es el mayor desierto de sal del mundo con las mayores reservas de
litio conocidas a nivel global. Ha desarrollado un proyecto estatal para la
explotación del litio, con grandes expectativas de convertir al
país en un líder en este mercado. Sin embargo, la falta de
experiencia, tecnología avanzada y diferencias políticas han =
dificultado
su despegue como productor mundial. Su desafío de industrializar su
producción ha enfrentado problemas con la seguridad hídrica, =
el
desarrollo tecnológico y la capacidad de transformarse en un motor de
desarrollo económico sostenible. El litio en Bolivia es una gran
oportunidad, pero también tiene grandes desafíos a superar pa=
ra
maximizar su potencial.
El Decreto Ley N.º 2886 de 1979 de Chile
reservó el litio para el Estado, considerándolo un material
nuclear, y prohibió las concesiones de exploración y
explotación a los particulares que les permitiera apropiarse de este
recurso. Según este decreto, la exploración, explotació=
;n y
procesamiento de sustancias no susceptibles de concesión minera deben
ser realizadas por el Estado, sus empresas, o mediante concesiones
administrativas y contratos especiales de operación otorgados a priv=
ados (Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2023). La creaci&oac=
ute;n
y objetivo de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), se remont=
a a
su establecimiento el año de 1976, es una empresa estatal chilena qu=
e no
tiene participación en este sector a través de sus filiales y
asociaciones. Es una empresa pública con control estatal sobre las
operaciones mineras en Chile (CODELCO, s/f). Se financia
principalmente con sus operaciones mineras, y sus ingresos son reinvertidos=
en
el desarrollo de proyectos y en el beneficio del Estado chileno. Chile prod=
uce
grandes cantidades de litio en el mundo, siendo superado solo por Australia=
. En
2023, la producción en Chile fue de 44,000 toneladas. Las reservas de
litio están concentradas en salares de la región de los Andes
Centrales, con altas concentraciones del mineral (Statista Research Department, 202=
4).
En América Latina, los países =
con
reservas de litio podrían formar un bloque regional para coordinar
políticas, compartir tecnología y negociar en conjunto con
inversores internacionales (Ministerio de Minas y Energ&iacut=
e;a.
De la minería, una nueva visión en Colombia, 2023). Recientemente=
en
Bolivia, los sectores público y privado se han ocupado de atender los
retos sobre la prevención, corrección y compensación de
los impactos sociales y ambientales de la actividad minera. La implementaci=
ón
de la infraestructura que incluye la exploración, la licencia ambien=
tal,
la construcción, la explotación, el beneficio y el cierre
minero-ambiental, encauza hacia las acciones para prevenir los impactos en =
la
conformación geomorfológica, paisajística y forestal de
los ecosistemas que soportan la intervención humana; los riesgos sob=
re
la pervivencia étnica de las comunidades y cualquier impacto en el
ambiente, así como también en lo social y cultural de las
actividades mineras. Con las directrices necesarias para los interesados en=
el
sector extractivo y armonizar la actividad minera con las culturas y
tradiciones en los territorios (Ministerio de Minas y Energ&iacut=
e;a.
De la minería, una nueva visión en Colombia, 2023).
CRÍTICAS<=
/span> AL MODELO MEXICANO
El examen de opiniones especializadas dirige=
sus
observaciones a los órganos de gobierno, a la integración del
Consejo de Administración. Acusan un sesgo hacia lo político,=
lo
que podría dificultar un desempeño eficiente. Se ha señ=
;alado
la ausencia de integrantes externos, como los consejeros independientes,
similar a lo que sí ocurre en la Comisión Federal de Electric=
idad
(CFE) y en Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Roldán Xopa, 2023). Se argumenta =
no solamente
la falta de integrantes externos, independientes, en los órganos
internos de la paraestatal, sino también que sus integrantes
ejercerán a título honorífico, sin retribución,
emolumento, ni compensación por su trabajo (Roldán Xopa, 2023).
Cabe precisar que, si bien la situació=
;n
de LitioMx tiene un papel similar al de PEMEX, =
cuidar
el destino de los beneficios económicos y estratégicos del
mineral, las primeras críticas no son halagüeñas. Las du=
das
apuntan al control del Estado comparando la experiencia que se tiene con PE=
MEX.
Así, a juicio de los analistas, el Estado ha demostrado ser un
administrador ineficiente de recursos en el subsuelo (Ocampo, 2022).
Por nuestra parte, anticipamos que el
análisis no ha terminado, sobre todo, falta profundizar más
incorporando los elementos jurídicos del orden mexicano, dentro del
nuevo contexto y junto a las reformas recientes en materia de áreas y
empresas estratégicas (Secretaría de Gobernación, DOF,=
31
de octubre de 2024).
En otro sentido, están pendientes jui=
cios
de nulidad interpuestos por concesionarias que a la fecha del presente no se
resuelven (Hernádez, 2024).. Esto es de la
mayor atención y en relación con otras reformas. Del mismo te=
nor
son las observaciones explícitas en el sentido de los desafíos
operativos como tener una infraestructura adecuada a la extracción y
procesamiento del litio en México. Por lo cual, opiniones expertas
anticipan la necesidad de inversiones sustanciales y tecnología avan=
zada.
Frente a lo cual opinan que el País enfrenta dificultades para atrae=
r el
capital y la tecnología para el desarrollarlo de la industria (Ba=
llesteros,
2022).
Crítica esta última que precisa mayor indagación, sin
descuidar el llamado de previsión necesaria de los aspectos ambienta=
les.
Concretamente, en la toma de decisiones y el eficiente manejo para evitar
"zonas de sacrificio socioambientales” (Olmedo & Ceberio De Leó=
;n,
2021)
y a la luz de minerales críticos (Olivera, Tornel, & Azamar, 20=
22,
pág. 126 y ss),
por los posibles daños a los elementos naturales y conflictos social=
es.
OPINIONES SOBRE
PERSPECTIVAS FUTURAS Y RECOMENDACIONES
Haremos un breve recuento de las opiniones y
recomendaciones como ángulos importantes del análisis que debe
continuar y con el objeto de evaluar el desempeño de LitioMx.
No sin observar que muchas de estas ponencias deben atender a los principios
del ordenamiento mexicano.
La explotación del litio en Mé=
xico
enfrenta desafíos tecnológicos significativos, como la necesi=
dad
de métodos y proceso limpios para su extracción y reciclaje
eficiente (Valdez-Rodríguez, Cabanill=
as-de-la-Cruz,
& Patiño-Guarneros, 2024, pág. 85 y ss). Por lo cual
México está llamado a invertir en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción e
industrialización, así como para mejorar la viabilidad
económica y ambiental del sector (Azevedo,
Baczyńska, Hoffman, & Krauze, 2022). Dentro del ma=
rco
constitucional, establecer marcos regulatorios claros y favorables a las in=
versiones
y a la colaboración de empresas internacionales que ayuden a superar=
los
obstáculos actuales (Labariega Villanueva). Igualmente, d=
ebe implementar
prácticas que minimicen el impacto ambiental de la minería del
litio, protegiendo los recursos hídricos y ecosistemas locales, obje=
tivos
cruciales para una explotación sostenible (Sticco, Guerra, Kwaterka, &
Valdés, 2021).
En estos temas, se requiere una significativa inversión para la
extracción y procesamiento, así como en la gestión
ambiental (Pigrau Solé, 2024).
La incertidumbre y las reformas pueden reduc=
ir
el interés de inversores extranjeros, cruciales en el desarrollo
industrial (Ortiz Adame, 2013, pág. 90=
y ss). La industria =
del
litio prospera al establecer prácticas sostenibles y promover la
investigación en tecnologías de extracción y reciclaje
más limpias. Con el creciente interés global en el litio,
México será clave en el mercado, siempre y cuando se resuelvan
los desafíos regulatorios y tecnológicos.
La explotación eficiente y responsable
del litio podría generar significativos beneficios económicos=
y
sociales, incluyendo la creación de empleos e infraestructura en
regiones clave (Red Mexicana de Afectadas/os por =
la
Minería (REMA), 2023).
La reforma establece que aprovechamiento del
litio son actividades que deben estar bajo el control exclusivo del Estado.=
Se
busca garantizar que los beneficios derivados del litio se mantengan dentro=
del
país (Ballesteros, 202=
2).
La nacionalización de la industria ha
llevado a conflictos legales con inversores internacionales, que han recurr=
ido
a arbitrajes para resolver las disputas. Estos procedimientos pueden result=
ar
en sanciones económicas o en la necesidad de modificar políti=
cas
nacionales para cumplir con tratados internacionales (Saade Hazin, 2013, pág. 33=
y ss). Los arbitraje=
s y
litigios pueden acarrear costos significativos para el país,
además de potenciales sanciones económicas si se dictan fallos
desfavorables (Bouchenaki, Ojea,
& Rivera, 2019).
La administración del litio por parte=
del
Estado implica un reto significativo en términos de infraestructura y
capacidad técnica. La falta de experiencia y recursos podría
afectar la eficiencia en la explotación del recurso. Se requiere ava=
nzar
en tecnologías de extracción y procesamiento para asegurar qu=
e la
explotación sea rentable y sostenible, y para cumplir con
estándares internacionales de seguridad y medio ambiente.=
Se sugiere fortalecer alianzas
público-privadas para compartir recursos, tecnología y
conocimiento. Estas alianzas pueden incluir acuerdos entre gobiernos, empre=
sas
privadas y organizaciones internacionales para promover la explotació=
;n y
el procesamiento de manera sostenible.
Los desafíos deberán ser atend=
idos
priorizando la protección a la vida y la biodive=
rsidad
así como la diversidad étnica-cultural. Por eso, debe crearse=
un
ordenamiento del agua, transformar las estructuras productivas, la
sostenibilidad desde la equidad y la inclusión, aunado a la resilien=
cia
para afrontar el cambio climático. La minería debe transitar =
de
un modelo extractivista, que no se adecua a los compromisos ambientales, ha=
cia
una minería productiva que atienda las necesidades del país (Ministerio de Minas y Energ&iacut=
e;a.
De la minería, una nueva visión en Colombia, 2023, pá=
g.
6).
CONCLUSIÓ=
N
Una revisión de los antecedentes de la
creación de LitioMX demuestra su origen
relacionado con el contexto global del mineral, un recurso clave por el uso=
en
baterías y almacenamiento de energía. Ante la importancia
estratégica de este mineral, el gobierno mexicano decidió en =
2022
a través de una reforma legislativa declarar al litio de utilidad
pública e incluir a las actividades de su aprovechamiento entre las
áreas estratégicas. Lo que implicó inicialmente cambio=
s a
los artículos 1, 5, 9 y 10 y en 2023 al artículo 6 y al propio
nombre de la Ley de Minería. A ello le siguió la constitucion=
alización
de la esencia del cambio. Por lo cual, la explotación y manejo
serán responsabilidad exclusiva del Estado, a través de una
empresa pública sectorizada a la Secretaría de Energía=
.
La nacionalización de la industria o =
la
estatización del aprovechamiento del litio se llevó a cabo in=
icialmente
a través de reformas legislativas en el marco constitucional de
propiedad originaria de la Nación y del modelo de economía mi=
xta que
prescribe la participación del sector público, privado y soci=
al,
según sean las áreas estratégicas o prioritarias. Lo cual implica interpretar en
concordancia con distintos principios de la Norma Fundamental, especialmente
con los derivados de los artículos 25 al 28, y la Ley General de Bie=
nes
Nacionales. Un conjunto de reglas que permiten al Estado establecer y reser=
var
para sí ciertas actividades estratégicas, sin posibilidad de
participación privada. En 2024 adquiere rango constitucional.
La revisión de opiniones sobre estas
acciones nos deja ver la perspectiva en que se elaboran. No toman en cuenta=
la
legalidad y constitucionalidad del evento. No se demuestra la incertidumbre=
en
México que en ocasiones se razona, tampoco, por el momento, se demue=
stra
con datos fidedignos la incapacidad de México para asumir la
responsabilidad.
LitioMX, tiene el mandato jurídico de explor=
ar,
explotar y aprovechar el litio, así como de cuidar que los beneficios
económicos derivados de este elemento natural permanezcan en el
País. También se enfoca en promover el uso del litio en
tecnologías limpias y en energías renovables, alineánd=
ose
con ello hacia los objetivos nacionales e internacionales de sostenibilidad=
.
Lo que resalta con claridad en México=
es
un supuesto más, donde un elemento natural pertenecientes al patrimo=
nio
nacional deberá gestionarse respetando el mandato previsto para todos
los elementos naturales: la explotación en beneficio social y con
distribución equitativa de la riqueza pública.
La revisión bibliográfica
también nos deja ver y retomar como premisas conclusivas que las
reformas fueron impulsadas como respuesta al creciente interés por l=
os
recursos minerales estratégicos y buscan asegurar que el litio,
considerado clave para la transición energética, permanezca b=
ajo
control del Estado.
Lo anterior sin desconocer la importancia de=
las
alianzas internacionales para superar desafíos tecnológicos y
financieros, así como alcanzar prácticas sociales y
ambientalmente sustentables.
Aún la incertidumbre que pueda
denunciarse respecto de la capacidad real, nada impide estimar que
México tiene el potencial para destacarse en la industria minera,
siempre que se respete el marco legal, se fomente la cooperación
internacional, y se prioricen prácticas responsables y racionales. La
explotación del litio puede impulsar significativamente el crecimien=
to
económico en México.
La interpretación que hicimos del mar=
co
legal nos proporcionó la certeza de la empresa pública LitioMx se crea respetando las bases de la Ley Suprem=
a de
toda la Unión en términos del artículo 133 de la CPEUM=
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