![](3D"1102_SuingOchoa_archivos/image002.jpg")
=
&=
nbsp;
=
&=
nbsp;
DOI: https://doi.org/1=
0.56712/latam.v6i4.4478
Garantía del Debido Proceso y Regulación de la Nulid=
ad
Procedimental para una Gestión Eficiente en las Administraciones
Públicas
Due Process
Guarantee and Procedural Nullity Regulation for Efficient Management in Pub=
lic
Administrations
Guissell Stefany Suing Ochoa
guissell.suing@unl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-7451-1860
Universidad
Nacional de Loja
Loja –
Ecuador
Gladys Beatriz
Reategui Cueva
https://orcid.org/0009-0004-2303-6935
Universidad
Nacional de Loja
Loja –
Ecuador
Artículo recibido: 03 de junio de 2025. Aceptado para
publicación: 06 de septiembre de 2025.
Conflictos de
Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
Esta
investigación analizó la garantía del debido proceso y=
la
regulación de la nulidad procedimental en los procedimientos
administrativos sancionadores del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Loja mediante un enfoque metodológico mixto con alcance
descriptivo-analítico y correlacional, aplicando técnicas de
análisis documental y encuestas a una muestra de 50 participantes
distribuidos entre abogados especialistas (40%), funcionarios públic=
os
(30%) y administrados (30%). Los resultados evidenciaron deficiencias
sistemáticas en la aplicación del debido proceso administrati=
vo,
donde el 64% de los encuestados consideró inadecuado el marco
constitucional y legal vigente, el 84% demandó fortalecer el marco
normativo del Código Orgánico Administrativo, el 70%
identificó deficiencias en la aplicación de causales de nulid=
ad
procedimental y el 76% percibió problemas en el análisis y
resolución de vulneraciones de derechos fundamentales. El estudio
confirmó que la inadecuada aplicación de las garantías=
del
debido proceso genera irregularidades procedimentales que constituyen causa=
les
de nulidad, afectando la eficiencia de la gestión pública y
vulnerando los derechos fundamentales de los administrados, validando las
hipótesis planteadas sobre la existencia de criterios no uniformes p=
ara
la declaración de nulidad y deficiencias en el acceso a mecanismos de
impugnación. El 92% de los participantes respaldó la necesida=
d de
implementar mecanismos normativos específicos alineados con principi=
os
internacionales de buen gobierno, concluyendo que se requieren reformas
estructurales que establezcan criterios uniformes para la declaració=
n de
nulidad, mejoren el acceso a mecanismos de impugnación y fortalezcan=
la
transparencia procedimental municipal.
Palabras clave: debido proceso, nulidad, procedimientos
sancionadores, administración pública
Abstract
This research analyzed the guarantee of due process and the regulati=
on
of procedural nullity in administrative sanctioning procedures of the Munic=
ipal
Decentralized Autonomous Government of Loja through a mixed methodological
approach with descriptive-analytical and correlational scope, applying
documentary analysis techniques and surveys to a sample of 50 participants
distributed among specialist lawyers (40%), public officials (30%) and
administered citizens (30%). The results evidenced systematic deficiencies =
in
the application of administrative due process, where 64% of respondents
considered the current constitutional and legal framework inadequate, 84%
demanded strengthening the normative framework of the Administrative Organic
Code, 70% identified deficiencies in the application of procedural nullity
causes and 76% perceived problems in the analysis and resolution of fundame=
ntal
rights violations. The study confirmed that inadequate application of due
process guarantees generates procedural irregularities that constitute caus=
es
of nullity, affecting public management efficiency and violating fundamental
rights of administered citizens, validating the hypotheses raised about the
existence of non-uniform criteria for nullity declaration and deficiencies =
in
access to appeal mechanisms. 92% of participants supported the need to
implement specific normative mechanisms aligned with international good
governance principles, concluding that structural reforms are required to
establish uniform criteria for nullity declaration, improve access to appeal
mechanisms and strengthen municipal procedural transparency.
Keywords: due process,
nullity, sanctioning procedures, public administration
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Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en es=
te
sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
Cómo citar: Suing =
Ochoa,
G. S., & Reategui Cueva, G. B. (2025). Garantía del Debido Proce=
so y
Regulación de la Nulidad Procedimental para una Gestión Efici=
ente
en las Administraciones Públicas. LATAM
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (4), 2944 R=
11; 2957.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i4.4478
INTRODUCCIÓN
El debido proceso administrativo constituye un
pilar fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia,
representando una garantía esencial para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos frente al ejercicio del poder
público (Silva Andrade & Silva Andrade, 2025). Esta garant&iacut=
e;a
constitucional debe materializarse efectivamente en todas las actuaciones d=
e la
administración pública, especialmente en procedimientos
sancionadores que pueden afectar significativamente la esfera jurídi=
ca
de los administrados.
En el contexto ecuatoriano, las administracion=
es
públicas enfrentan desafíos significativos en la
materialización efectiva de estas garantías constitucionales,
particularmente en gobiernos autónomos descentralizados donde la
complejidad procedimental y las limitaciones institucionales comprometen la
adecuada protección de derechos. Esta problemática se agudiza=
en
el nivel municipal, donde la proximidad administración-ciudadanos
paradójicamente genera mayor vulnerabilidad ante procedimientos defi=
cientes.
La relevancia de esta temática se
fundamenta en la contradicción normativa existente entre el
artículo 243 del Código Orgánico Administrativo sobre
silencio administrativo negativo y el artículo 76 numeral 7 literal =
l de
la Constitución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008; 2017),
evidenciando tensiones estructurales que generan inseguridad jurídic=
a y
comprometen la efectividad de las garantías constitucionales.
En el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Loja se han evidenciado múltiples desafíos en la
implementación efectiva del debido proceso administrativo que
trascienden las limitaciones de recursos para constituir deficiencias
estructurales en el diseño e implementación de procedimientos
sancionadores. Estas deficiencias vulneran garantías constitucionales
fundamentales y comprometen la eficiencia y legitimidad de la gestión
pública local (Londoño Choez & Alarcón Parra, 2025=
).
La nulidad procedimental emerge como mecanismo=
de
control fundamental, pero su aplicación inadecuada genera un ciclo de
ineficiencia administrativa y vulneración de derechos que compromete=
la
legitimidad institucional. Esta investigación busca analizar c&oacut=
e;mo
se puede regular efectivamente la nulidad en procedimientos administrativos
sancionadores para garantizar una gestión eficiente que respete los
derechos fundamentales.
El estudio se alinea con el ODS 16 "Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas" y contribuye al fortalecimien=
to
del Estado de derecho mediante la identificación de mecanismos
específicos para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad de la
gestión pública local (Valencia & Cadena, 2025). La
temporalidad resulta oportuna considerando el proceso de consolidació=
;n
de reformas del Código Orgánico Administrativo, generando una
ventana de oportunidad para identificar deficiencias y proponer ajustes
optimizadores.
METODOLOGÍA
La investigación adoptó un enfoq=
ue
metodológico mixto con alcance descriptivo-analítico y
correlacional, siguiendo los lineamientos establecidos para investigaciones
jurídicas contemporáneas (Cornejo Aguiar, 2025). El dise&ntil=
de;o
permitió tanto describir sistemáticamente las deficiencias en=
la
aplicación del debido proceso administrativo como analizar
críticamente sus causas y efectos en la gestión pública
municipal del GAD de Loja.
Se implementaron métodos deductivos,
analítico-sintético y comparativo para analizar desde princip=
ios
constitucionales hasta casos específicos, descomponer el problema en=
sus
elementos constitutivos y contrastar la normativa ecuatoriana con experienc=
ias
internacionales (Torres García, 2025).
La población objetivo estuvo constituida
por actores clave del sistema administrativo local relacionados con
procedimientos sancionadores del GAD Municipal de Loja, comprendiendo
aproximadamente 200 individuos en tres grupos específicos (Orellana
Roldán, 2025).
La muestra se definió de manera intenci=
onal
no probabilística, conformada por 50 participantes
estratégicamente distribuidos de la siguiente manera: 20 abogados
especialistas en derecho administrativo, 15 funcionarios públicos del
GAD Municipal de Loja con experiencia en procedimientos sancionadores, y 15
administrados que han sido sujetos de procedimientos administrativos
sancionadores en los últimos tres años
Los profesionales del derecho debían te=
ner
mínimo cinco años de experiencia en derecho administrativo; l=
os
funcionarios públicos debían desempeñar funciones
relacionadas directamente con procedimientos sancionadores; los administrad=
os
debían haber concluido sus procesos administrativos (Zambrano, 2025)=
.
Se diseñó un cuestionario
estructurado con cinco preguntas de opción múltiple y
justificación abierta, evaluando dimensiones críticas: marco
constitucional y legal, fortalecimiento normativo, aplicación de
causales de nulidad, identificación de vulneraciones de derechos, y
propuestas de mecanismos de mejora procedimental (Valencia & Cadena, 20=
25).
Complementariamente, se aplicó
análisis documental de fuentes primarias: Constitución de la
República del Ecuador (2008), Código Orgánico
Administrativo (2017), jurisprudencia constitucional y administrativa, y
doctrina especializada nacional e internacional.
La aplicación del instrumento se
realizó de manera presencial y virtual, garantizando
participación representativa según protocolos del Reglamento =
al
COA (Presidencia de la República del Ecuador, 2018). Se
estableció un protocolo riguroso incluyendo explicación del
propósito, consentimiento informado y aplicación
sistemática en condiciones controladas.
Los datos cuantitativos se procesaron mediante
estadística descriptiva utilizando SPSS versión 28, calculando
frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central. La informaci&oacut=
e;n
cualitativa se analizó a través de técnicas de
análisis de contenido y triangulación metodológica,
garantizando validez y confiabilidad de resultados (OE=
CD,
2025).
Se respetaron principios éticos
fundamentales: consentimiento informado, confidencialidad de informaci&oacu=
te;n
y uso exclusivamente académico de datos. Se garantiza anonimato de
participantes y se establecieron protocolos para manejo seguro de
información, cumpliendo normas éticas de la Universidad Nacio=
nal
de Loja.
DESARROLLO
Teorías y
Modelos Fundamentales
El marco teórico de esta
investigación se sustenta en la teoría del Estado constitucio=
nal
de derechos y justicia, que establece que toda actuación del poder
público debe respetar y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Esta teoría, desarrollada en el contexto ecuatoriano a
partir de la Constitución de 2008, reconoce que el debido proceso
constituye un derecho fundamental que debe ser respetado en toda
actuación estatal, incluyendo los procedimientos administrativos (Si=
lva
Andrade & Silva Andrade, 2025). La consolidación de este modelo
teórico ha transformado la comprensión tradicional de las
relaciones entre administración y administrados, estableciendo un
paradigma donde la protección de derechos fundamentales no constituye
una limitación al ejercicio del poder administrativo, sino su fundam=
ento
legitimador esencial.
La teoría de la nulidad procedimental s=
e fundamenta
en el principio de que los actos administrativos que no cumplan con los
requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico deben
ser privados de efectos para mantener la integridad del sistema administrat=
ivo
y proteger los derechos de los administrados (Barba Tamayo et al., 2025). E=
sta
teoría distingue entre vicios sustanciales y meramente formales,
estableciendo que sólo aquellas irregularidades que afecten
garantías fundamentales del procedimiento justifican la declaratoria=
de
nulidad. La aplicación de esta teoría requiere un anál=
isis
cuidadoso que equilibre la necesidad de corregir irregularidades con la
preservación de la seguridad jurídica y la protección =
de
terceros de buena fe, aspectos que han sido desarrollados extensamente en la
jurisprudencia administrativa contemporánea.
El modelo de gestión pública
eficiente se basa en los principios de transparencia, rendición de
cuentas y participación ciudadana, elementos que han sido identifica=
dos
por Torres García (2025) como fundamentales para la modernizaci&oacu=
te;n
de la administración pública en el contexto post-pandémico.
Este modelo incorpora estándares internacionales de buen gobierno y =
se
alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 16
sobre instituciones sólidas. La implementación efectiva de es=
te
modelo requiere la articulación coherente entre marcos normativos,
capacidades institucionales y mecanismos de control ciudadano, elementos que
confluyen en la construcción de administraciones públicas
más efectivas y responsables.
Análisis
Doctrinario de las Garantías del debido proceso y nulidad procedimen=
tal
La literatura académica
contemporánea ha desarrollado un corpus significativo de investigaci=
ones
sobre el debido proceso administrativo y la nulidad procedimental en el
contexto latinoamericano, proporcionando fundamentos teóricos y
empíricos relevantes para este estudio. Barba Tamayo et al. (2025)
realizan un análisis contemporáneo de las causales de nulidad=
del
acto administrativo en Ecuador, estableciendo que la nulidad procedimental
constituye un mecanismo de control de legalidad fundamental para corregir
irregularidades que afecten garantías esenciales del procedimiento. =
Su
investigación identifica patrones de aplicación inconsistente=
de
las causales de nulidad, evidenciando la necesidad de criterios más
precisos y uniformes para su declaración, especialmente en el
ámbito de los gobiernos autónomos descentralizados donde la
complejidad normativa y las limitaciones de recursos pueden comprometer la
aplicación efectiva de estos mecanismos de control.
Zambrano (2025) profundiza en el anális=
is
de la revisión de oficio de actos nulos desde perspectivas
jurídicas contemporáneas en el derecho administrativo
ecuatoriano, estableciendo que no toda irregularidad formal implica
automáticamente nulidad, sino que debe evaluarse el impacto real de =
las
irregularidades en las garantías procedimentales y los derechos de l=
os
administrados. Esta perspectiva resulta fundamental para comprender la
complejidad de la nulidad procedimental y sus efectos en la seguridad
jurídica y la protección de terceros de buena fe. El
análisis de Zambrano contribuye significativamente a la
comprensión de los mecanismos de autocontrol administrativo,
estableciendo criterios diferenciados para la evaluación de
irregularidades que permiten equilibrar la corrección de vicios
procedimentales con la preservación de la estabilidad de las relacio=
nes
jurídicas.
Cornejo Aguiar (2025) examina críticame=
nte
el procedimiento administrativo sancionador bajo el marco del Código
Orgánico Administrativo y su aplicación práctica,
identificando desafíos operativos significativos en la
implementación de las disposiciones normativas, especialmente en
instituciones con recursos limitados. Su análisis revela que, aunque=
el
COA ha sistematizado las reglas procedimentales, eliminando la
dispersión normativa anterior, persisten dificultades en la
materialización efectiva de los principios fundamentales del
procedimiento administrativo en el ámbito municipal. Esta
contribución es particularmente relevante para comprender las tensio=
nes
entre el diseño normativo ideal y las condiciones reales de
implementación en contextos institucionales específicos.
Silva Conde et al. (2025) proporcionan un
análisis crítico del principio de legalidad y juridicidad en =
el
proceso administrativo ecuatoriano, estableciendo que la correcta
aplicación de estos principios es fundamental para garantizar la
legitimidad de las actuaciones administrativas. Su investigación
identifica deficiencias sistemáticas en la aplicación
práctica de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad=
y
non bis in idem que rigen el ejercicio de la po=
testad
sancionadora administrativa, evidenciando la necesidad de fortalecer la
capacitación de los servidores públicos responsables de estos
procedimientos. El trabajo de Silva Conde et al. contribuye a la
comprensión de los fundamentos constitucionales del procedimiento
administrativo, estableciendo vínculos claros entre la aplicaci&oacu=
te;n
efectiva de estos principios y la protección de los derechos
fundamentales de los administrados.
Orellana Roldán (2025) examina
detalladamente la estructura y fases del procedimiento administrativo
sancionador en Ecuador, enfatizando la importancia de la separación
entre la función instructora y sancionadora como garantía
fundamental del debido proceso. Su análisis de la actualizació=
;n
normativa y práctica jurisprudencial revela dificultades
prácticas en la implementación de esta separación, esp=
ecialmente
en entidades municipales con limitaciones de recursos humanos especializado=
s.
Esta contribución es especialmente relevante para comprender los
desafíos operativos que enfrentan las administraciones locales en la
implementación de procedimientos que cumplan efectivamente con las
garantías constitucionales establecidas.
La perspectiva comparada proporcionada por la
Corte Constitucional de Colombia (2025) a través de las sentencias T=
-004
y T-105 de 2025 establece criterios importantes sobre debido proceso en
procedimientos administrativos y garantías procedimentales que resul=
tan
relevantes para el contexto ecuatoriano. Estos precedentes han influido
significativamente en el desarrollo jurisprudencial nacional, especialmente=
en
la definición de estándares más rigurosos para la
protección de derechos fundamentales en el ámbito administrat=
ivo.
La jurisprudencia colombiana proporciona elementos comparativos valiosos pa=
ra
la comprensión de estándares regionales en materia de debido
proceso administrativo, contribuyendo al desarrollo de una doctrina adminis=
trativa
más robusta y coherente.
Torres García (2025) analiza la
modernización de la gestión pública y rendición=
de
cuentas en el contexto post-pandémico
ecuatoriano, identificando oportunidades para fortalecer la transparencia y
eficiencia administrativa mediante la implementación de
tecnologías digitales y mejores prácticas de gestión. =
Su
investigación destaca la importancia de alinear las reformas adminis=
trativas
con principios internacionales de buen gobierno y los Objetivos de Desarrol=
lo
Sostenible, proporcionando un marco conceptual para las propuestas de
mejoramiento procedimental. Esta perspectiva de modernización es
particularmente relevante para comprender las oportunidades que ofrecen las
transformaciones tecnológicas contemporáneas para el
fortalecimiento de las garantías procedimentales.
Díaz Fernández (2025) examina los
límites de la potestad sancionadora en Ecuador, identificando nuevos
desafíos normativos que surgen de la interacción entre las
garantías constitucionales y las necesidades operativas de las
administraciones públicas. Su análisis evidencia la necesidad=
de
equilibrar la eficiencia administrativa con la protección rigurosa de
los derechos fundamentales, aspecto crucial para el diseño de mecani=
smos
procedimentales efectivos. La contribución de Díaz
Fernández es especialmente valiosa para comprender las tensiones
contemporáneas entre eficiencia administrativa y garantías
procesales, proporcionando elementos para el diseño de procedimientos
que optimicen ambos objetivos.
Debido proceso
administrativo y garantías constitucionales
El debido proceso administrativo constituye el
conjunto de garantías constitucionales que deben observarse en todo
procedimiento administrativo para proteger los derechos fundamentales de los
administrados. Silva Conde et al. (2025) establecen que incluye el derecho a
ser notificado adecuadamente, el derecho a la defensa, presentar pruebas y
alegatos, y obtener una resolución motivada en plazo razonable. Esta
garantía trasciende la formalidad procedimental para constituir un
sistema integral de protección desde la iniciación hasta la
resolución final del procedimiento.
La teoría del Estado constitucional de
derechos y justicia establece que toda actuación del poder
público debe respetar y garantizar los derechos fundamentales. En el
contexto ecuatoriano, desarrollada a partir de la Constitución de 20=
08,
reconoce que el debido proceso constituye un derecho fundamental en toda
actuación estatal, incluyendo procedimientos administrativos (Silva
Andrade & Silva Andrade, 2025).
Nulidad
procedimental en el derecho administrativo
La nulidad procedimental constituye una
sanción jurídica que priva de efectos a actos administrativos=
que
no cumplan con requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento,
especialmente cuando se vulneren garantías fundamentales del
procedimiento (Zambrano, 2025). Las causales incluyen falta de competencia,
vicios en la voluntad, violación del debido proceso y falta de
motivación adecuada.
Barba Tamayo et al. (2025) analizan las causal=
es
de nulidad del acto administrativo en Ecuador, estableciendo que la nulidad
procedimental constituye un mecanismo de control de legalidad fundamental p=
ara
corregir irregularidades que afecten garantías esenciales. Su
investigación identifica patrones de aplicación inconsistente,
evidenciando la necesidad de criterios más precisos y uniformes para=
su
declaración, especialmente en gobiernos autónomos descentrali=
zados.
La aplicación de la nulidad debe equili=
brar
la corrección de irregularidades con la preservación de la
seguridad jurídica, estableciendo criterios diferenciados que distin=
gan
entre vicios sustanciales que afecten garantías fundamentales y irregularidades menores que no comprometan la valid=
ez
esencial del procedimiento.
Procedimientos
administrativos sancionadores
Los procedimientos administrativos sancionador=
es
representan el ejercicio de la potestad punitiva de la administración
pública, regidos por principios específicos como legalidad,
tipicidad, proporcionalidad y non bis in idem
(Orellana Roldán, 2025). Requieren garantías reforzadas debid=
o a
su naturaleza punitiva, estableciendo estándares más rigurosos
para la protección de derechos y aplicación de principios del
derecho sancionador.
Cornejo Aguiar (2025) examina el procedimiento
administrativo sancionador bajo el marco del Código Orgánico
Administrativo, identificando desafíos operativos significativos en =
la
implementación, especialmente en instituciones con recursos limitado=
s.
Aunque el COA sistematizó las reglas procedimentales, persisten
dificultades en la materialización efectiva de principios fundamenta=
les
en el ámbito municipal.
La separación entre función
instructora y sancionadora constituye garantía fundamental del debido
proceso, aunque presenta dificultades prácticas en entidades municip=
ales
con limitaciones de recursos humanos especializados (Orellana Roldán,
2025).
Gestión
pública eficiente y control de legalidad
La gestión pública eficiente se
conceptualiza como el conjunto de procesos que permiten a las instituciones
públicas cumplir objetivos de manera efectiva, transparente y
responsable, garantizando respeto a derechos fundamentales y uso adecuado de
recursos públicos (Londoño Choez & Alarcón Parra,
2025). Incorpora dimensiones de eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas.
El modelo de gestión pública
eficiente se basa en principios de transparencia, rendición de cuent=
as y
participación ciudadana. Torres García (2025) identifica estos
elementos como fundamentales para la modernización administrativa
Marco normativo
ecuatoriano
El marco normativo se estructura desde las
disposiciones constitucionales del artículo 76 de la Constituci&oacu=
te;n
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008), desarrollándose
específicamente a través del Código Orgánico
Administrativo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) que sistematiza
procedimientos administrativos y establece garantías específi=
cas
para protección de derechos de administrados.
La jurisprudencia constitucional ha enriquecid=
o el
desarrollo del debido proceso administrativo, particularmente la Sentencia =
No.
105-10-JP, estableciendo criterios sobre aplicación de garantí=
;as
procesales en el ámbito administrativo (Corte Constitucional del
Ecuador, 2022). Esta jurisprudencia contribuye a definir estándares
más precisos para la evaluación de procedimientos
administrativos.
RESULTADOS
Los resultados presentados a continuació=
;n
corresponden a la aplicación del instrumento de recolección de
datos a una muestra de 50 participantes, distribuidos entre abogados
especialistas en derecho administrativo, funcionarios públicos del G=
AD
Municipal de Loja y administrados que han participado en procedimientos
administrativos sancionadores. El análisis de estos resultados
proporciona evidencia empírica sólida sobre las deficiencias
sistemáticas en la aplicación del debido proceso administrati=
vo y
la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema administrativo
municipal.
Tabla 1
Tabla de Result=
ados
Consolidados
|
Dimensión Evaluada |
Respuesta Afirmativa |
Respuesta Negativa |
|
Frecuencia |
% |
|
|
Adecua=
ción
del marco constitucional y legal vigente para garantizar el debido proces=
o |
18 |
36.0% |
|
Necesi=
dad
de fortalecer el marco normativo del COA |
42 |
84.0% |
|
Correc=
ta
aplicación de causales de nulidad procedimental |
15 |
30.0% |
|
Existe=
ncia
de deficiencias en resolución de vulneraciones de derechos |
38 |
76.0% |
|
Necesi=
dad
de implementar mecanismos específicos de mejora |
46 |
92.0% |
|
Total<=
/b>
de participantes |
50 |
100% |
Nota: Para las preguntas P1 y P3,
las respuestas "No" indican percepciones negativas sobre la
efectividad actual del sistema. Para las preguntas P2<=
/span>,
P4 y P5, las respue=
stas
"Sí" indican demanda por mejoras o identificación de
problemas.
Fuente: Encuesta aplicada a profesionales del derecho, funcionarios
públicos y administrados, 2025.
Los resultados revelan un panorama preocupante
sobre la efectividad del debido proceso administrativo en el GAD Municipal =
de
Loja, evidenciando deficiencias sistémicas que comprometen la
protección de derechos fundamentales de los administrados y la
legitimidad de las actuaciones administrativas municipales. El análi=
sis
permite identificar patrones consistentes de problemáticas que
trascienden las limitaciones de recursos para constituir deficiencias estru=
cturales
en el diseño e implementación de procedimientos administrativ=
os
sancionadores.
El primer hallazgo significativo corresponde a=
la
percepción predominantemente negativa sobre la adecuación del
marco constitucional y legal vigente. Solo el 36% de los encuestados consid=
era
que el marco normativo actual garantiza adecuadamente el debido proceso,
mientras que el 64% expresa una valoración negativa. Esta brecha rev=
ela
problemas fundamentales entre las garantías establecidas en el
artículo 76 de la Constitución y su materialización
práctica en el ámbito administrativo municipal, sugiriendo que
las deficiencias no se limitan a aspectos operativos, sino que reflejan
problemas más profundos en la articulación entre el marco
constitucional y su desarrollo normativo específico.
El segundo hallazgo revela un consenso
extraordinario sobre la necesidad de fortalecer el marco normativo, donde el
84% considera necesario fortalecer las disposiciones del Código
Orgánico Administrativo. Esta demanda mayoritaria trasciende las
diferencias entre grupos participantes, evidenciando que tanto expertos
jurídicos como funcionarios públicos y administrados perciben
deficiencias significativas en el diseño y efectividad de las
disposiciones vigentes. La magnitud de este consenso sugiere que las
limitaciones del marco normativo actual no constituyen problemas menores de
ajuste técnico, sino deficiencias estructurales que comprometen la
capacidad del sistema administrativo para cumplir efectivamente con sus
objetivos de protección de derechos fundamentales.
Los resultados revelan problemas graves en la
aplicación de causales de nulidad procedimental, donde solo el 30%
considera que se aplican correctamente estos mecanismos de control de
legalidad. El 70% percibe deficiencias significativas, evidenciando fallas
sistemáticas en mecanismos fundamentales para garantizar la integrid=
ad
de los procedimientos administrativos establecidos en el artículo 105
del COA.
El cuarto conjunto evidencia problemas graves =
en
la identificación y resolución de vulneraciones de derechos
fundamentales, donde el 76% percibe deficiencias significativas en el
análisis y resolución de casos donde se comprometen
garantías procesales esenciales. Esta alta proporción confirm=
a la
existencia de problemas estructurales en la capacidad institucional para
detectar, analizar y corregir situaciones donde se vulneren derechos
fundamentales, comprometiendo la legitimidad de las actuaciones administrat=
ivas
y la confianza ciudadana.
Finalmente, el 92% considera necesario impleme=
ntar
mecanismos específicos de mejora alineados con estándares
internacionales de buen gobierno, estableciendo un consenso
prácticamente unánime que trasciende las diferencias entre gr=
upos
participantes y proporciona una base sólida para la implementaci&oac=
ute;n
de reformas estructurales. El análisis transversal confirma patrones
sistemáticos que validan las hipótesis sobre la inadecuada
aplicación del debido proceso administrativo, proporcionando
validación empírica sólida para las propuestas de refo=
rma.
DISCUSIÓN
Los resultados confirman deficiencias
sistemáticas en la aplicación del debido proceso administrati=
vo
en el GAD Municipal de Loja, validando las hipótesis planteadas. El
hallazgo más significativo corresponde a que el 64% de encuestados
considera inadecuado el marco constitucional y legal vigente, resultado que
corrobora los planteamientos de Silva Andrade (2025) sobre la brecha
crítica entre teoría normativa y práctica administrati=
va.
Esta percepción coincide con las observaciones de la Corte Constituc=
ional
del Ecuador (2022), que ha señalado deficiencias en la
materialización de disposiciones constitucionales en el ámbito
administrativo local.
La demanda del 84% por fortalecer el marco
normativo del COA refleja las limitaciones identificadas por Cornejo Aguiar
(2025), quien destaca que aunque el COA
sistematizó las reglas procedimentales, persisten desafíos
operativos en su implementación práctica. Este resultado es
consistente con los análisis de Díaz Fernández (2025)
sobre los desafíos operativos en instituciones con recursos limitado=
s,
evidenciando que las disposiciones del COA requieren mejoras sustanciales p=
ara
garantizar efectividad en el ámbito municipal.
Particularmente preocupante resulta que el 70%
perciba deficiencias en la aplicación de causales de nulidad
procedimental, validando los argumentos de Barba Tamayo et al. (2025) sobre=
los
mecanismos de control de legalidad. La percepción crítica
confirma las observaciones de Zambrano (2025) sobre criterios de aplicaci&o=
acute;n
inadecuados en el ámbito municipal. Esta situación genera
preocupación dado que las causales de nulidad del artículo 105
del COA incluyen aspectos fundamentales como falta de competencia, vicios e=
n la
voluntad y violación del debido proceso.
El 76% que identifica deficiencias en
resolución de vulneraciones de derechos corrobora los planteamientos=
de
Orellana Roldán (2025) sobre limitaciones en la estructura del
procedimiento sancionador. Este resultado es consistente con Silva Conde et=
al.
(2025), quienes identifican problemas en la aplicación de principios=
de
legalidad, tipicidad, proporcionalidad y non bis in id=
em.
La alta proporción evidencia que los procedimientos municipales no
cumplen adecuadamente con estándares de protección de derecho=
s.
El consenso del 92% sobre implementar mecanism=
os
específicos de mejora encuentra sustento en las propuestas de Torres
García (2025) sobre modernización administrativa post-pandémica. Este resultado se alinea con
recomendaciones de la OECD (2025) sobre buenas
prácticas internacionales y lineamientos de la Secretaría
Nacional de Planificación (2025) para gestión pública
eficiente, indicando demanda generalizada por reformas que incorporen
estándares internacionales de buen gobierno.
Implicaciones
teóricas y prácticas: Los hallazgos confirman que la brecha e=
ntre
marco normativo constitucional y aplicación práctica constitu=
ye
un problema estructural que trasciende limitaciones de recursos. Los result=
ados
evidencian necesidad de reformas inmediatas que aborden aspectos normativos,
capacitación, supervisión y control para garantizar
materialización efectiva de garantías constitucionales.
Limitaciones: El enfoque
específico en el GAD Municipal de Loja puede limitar la
generalización a otros contextos municipales. El tamaño de
muestra, aunque representativo localmente, podría beneficiarse de
ampliación en futuras investigaciones. Se recomienda desarrollar
estudios comparativos entre diferentes GADs e
investigaciones longitudinales que evalúen la efectividad de reformas
propuestas.
CONCLUSIÓN
El análisis del marco constitucional
reveló una significativa brecha entre las garantías del
artículo 76 de la Constitución y su aplicación en el G=
AD
Municipal de Loja. El 64% considera inadecuado el marco vigente, confirmando
deficiencias en la materialización de principios constitucionales de
legalidad, debido proceso e imparcialidad, requiriendo intervención
inmediata.
El estudio demostró vulneraciones
sistemáticas donde el 70% identificó deficiencias en causales=
de
nulidad procedimental y el 76% percibió problemas en resolució=
;n
de vulneraciones de derechos fundamentales. Estos hallazgos confirman
irregularidades que comprometen la seguridad jurídica, evidenciando =
la
necesidad urgente de fortalecer mecanismos de control procedimental.
La propuesta encuentra respaldo en el consenso
casi unánime (92%) sobre mejoras estructurales con estándares
internacionales. Se identificaron áreas críticas: criterios
uniformes para nulidad, mejoramiento del acceso a impugnación y
fortalecimiento de transparencia procedimental. Estas propuestas se alinean=
con
principios internacionales y el ODS 16, garantizando una gestión
administrativa eficiente.
Los resultados confirman la hipótesis s=
obre
inadecuada aplicación de garantías del debido proceso que gen=
era
irregularidades constitutivas de nulidad, vulnerando derechos fundamentales=
. El
estudio valida reformas estructurales que mejoren acceso a impugnació=
;n y
fortalezcan la transparencia administrativa, contribuyendo al fortalecimien=
to
del Estado de derecho municipal.
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