![](3D"1478_MenaBlandon_archivos/image002.jpg")
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.4900
Las víctimas y la educaci&oacu=
te;n
en Colombia: retos y limitaciones del fondo de reparación
The Victims a=
nd
Education in Colombia, Challenges and Limitations of the Reparations Fund
Orlando Mena Blandón
https://orcid.org/0009-0009-4351-8612
Universidad Tecnológica del Chocó
Quibdó – Colombia
Dioselina
Dioselinamartinez75@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-3326-8593
Universidad Tecnológica del Chocó
Artículo recibido: 26 de julio de
2025. Aceptado para publicación: 26 de noviembre de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El conflicto armado ha afectado a la sociedad colombiana por m&aacu=
te;s
de medio siglo, siendo uno de los episodios más largos y complejos e=
n la
historia de América Latina, originando profundas desigualdades socia=
les,
económicas y políticas que involucran al Estado, grupos guerr=
illeros,
paramilitares, bandas criminales y población civil, generando millon=
es
de víctimas; de allí que el propósito sea analizar los
desafíos del fondo de reparación para el acceso, permanencia y
graduación en la educación superior de las víctimas del
conflicto armado interno; apoyándose en una investigación soc=
io
jurídica, donde se revisarán textos normativos y
jurisprudenciales, especialmente la Ley 1448 de 2011; obteniendo como aspectos relevantes de la normativa en
mención el beneficio otorgado en materia de educación superio=
r.
Es de anotar que, entre los desafíos de la Ley 1448 de 2011 se
encontró el reconocimiento de la diversidad de las víctimas y=
sus
necesidades específicas, pues no se trata solamente de brindar a un
grupo de víctimas el acceso a la educación superior, sino de
identificar de manera aquellas personas con sus respectivas historias y
particularidades, buscando que las mismas participen en la toma de decision=
es a
través del conocimiento y experiencia real de las situaciones vivida=
s.
Palabras
clave:
fondo de reparación, permanencia, graduación, educación
superior y víctimas
Abstract
The armed conflict has affected Colombian society for more than half=
a
century, being one of the longest and most complex episodes in the history =
of Latin
America, giving rise to deep social, economic and political inequalities
involving the State, guerrilla groups, paramilitaries, criminal gangs and
civilian population, generating millions of victims. To analyze the challen=
ges
of the reparation fund for access, permanence and graduation in higher
education for victims of the armed conflict. It is based on a
socio-legal research, where normative and jurisprudential texts and =
Law
1448 of 2011 were analyzed. Among the relevant aspects of the aforementioned
regulations is the benefit granted in terms of higher education. Among the
challenges of Law 1448 of 2011 is to truly recognize the diversity of victi=
ms
and their specific needs, since it is not only about providing a group of
affected victims with access to higher education, but also about identifying
those people with their respective stories and particularities, seeking that
they participate in decision-making, through knowledge and real experience =
of
the situations lived.
Keywords: reparation fund, permanence, graduation, hi=
gher
education and victims
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamerica=
na
de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está
disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
![](3D"1478_MenaBlandon_archivos/image004.jpg")
<=
o:p>
C=
ómo
citar: Mena Blandón, O=
.,
& Martínez Rentería, D. (2025). Las víctimas y la
educación en Colombia: retos y limitaciones del fondo de reparaci&oa=
cute;n.
LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (6), =
393
– 406. https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.4900<=
/span>
INTRODUCCIÓN
La situación conflictiva por la que ha =
atravesado
el Estado colombiano desde hace varias décadas se ha convertido en un
evento mundial que lo ha definido, “como un Estado caracterizado por
eventos donde predominan hechos victimizantes c=
omo:
los asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzadas y los secuestros
afectando a la sociedad en general, especialmente a niños, niñ=
;as,
adolescentes y población adulta, a quienes les ha tocado vivir estos
acontecimientos” (Comisión Histórica del Conflicto y su=
s Víctimas,
2015), generando en ellos, daños y traumas que han sido difíc=
iles
de superar.
Entiéndase por víctimas a las
personas que han sufrido daños a causa del conflicto armado interno,
esto incluye a quienes han sido objeto de violaciones a los derechos humano=
s e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Ley 1448 de 2011)=
, a
lo que Viloria (2014) señala:
El Estado colombiano ha sido reconocido
internacionalmente como una de las Naciones que por más años =
se
ha enfrentado a un escenario de violencia, generando una crisis humanitaria=
de
grandes proporciones, quienes han enfrentado problemas sociales entre los q=
ue
se destacan: el aumento de la pobreza, el desplazamiento forzado, las
desapariciones forzadas, las violaciones sistemáticas a los Derechos
Humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario,
generándose con ello la descomposición del tejido social y las
condiciones de pobreza extrema de aquellas personas que han sido
víctimas del conflicto armado interno.
Dicha situación, se ha traducido a lo l=
argo
de estos años en un llamado para el Estado Colombiano y todos los
organismos que lo conforman, a fin de que éstos logren proporcionar
garantías que permitan brindar el bienestar y el mejoramiento de las
condiciones de vida de quienes han sido víctimas del conflicto armad=
o;
de modo que el proceso de reparación integral sea exitoso y se empre=
nda
un camino hacia la restitución de derechos de las poblaciones con ma=
yor
vulnerabilidad, tal y como lo afirma Baretto (2=
013),
al destacar que:
Colombia representa uno de los países
latinoamericanos que ha tenido que confrontar un conflicto por más d=
e 50
años, en el cual diferentes actores armados han estado inmersos, dej=
ando
como resultado una estela de violencia que ha afectado en mayor o menor gra=
do a
toda la población, causando muertes, desapariciones, desplazamiento
forzado, violaciones a los Derechos Humanos, graves daños
medioambientales y una crisis humanitaria de proporciones inmensas. (p. 91)=
.
Como consecuencia de lo anotado, el Estado
colombiano ha considerado que la educación es una de las salidas
fundamentales para mejorar los efectos negativos sufridos por el conflicto
armado vivido en esta Nación, tal y como se plasma en el Artí=
culo
67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde =
se
evidencia que la educación es un derecho que cumple una funció=
;n
social, aunado a la formación en el respeto de los derechos humanos,=
a
la paz y la democracia. (MEN, 2015, p. 17).
=
En
relación con lo mencionado, la Corte Constitucional colombiana ha
señalado, a través de su sentencia T-214 de 2019 el papel
fundamental que tiene la educación en la promoción del desarr=
ollo
humano y la erradicación de la pobreza. Afirmando lo establecido en =
la
norma de normas, a través de esta sentencia se da respuesta al
establecer que, el derecho a la educación es un servicio públ=
ico
que tiene una función social. Es decir, “representa un instrum=
ento
de movilidad social que hace posible que las poblaciones accedan a todos
aquellos derechos que vayan en procura de su proyecto de vida y
bienestar” (Constitución Política de Colombia,
Artículo 67). En coher=
encia
con este postulado, el Ministerio de Educación Nacional sostiene que=
:
El derecho a la educación goza de
naturaleza fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta =
un
factor de desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirig=
e a
la realización de la dignidad humana, en tanto permite la
concreción de un plan de vida y el desarrollo pleno del individuo en
sociedad. (Informe Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 36).
En virtud de esta normativa, es primordial que
tanto el Estado como sus distintos organismos e instituciones, brindan a las
distintas comunidades colombianas las garantías suficientes para el
alcance del bienestar y del mejoramiento de las condiciones de vida, en
especial de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto
armado; de modo que el proceso de reparación integral sea exitoso y =
se
emprenda un camino hacia la restitución de derechos en función
del marco legal existente en Colombia.
Conforme a lo establecido en la norma
constitucional, el Congreso de la República promulgó la Ley 9=
75
de 2005 más conocida como Ley de Justicia y Paz en la cual fue
señalado el marco de justicia transicional, donde se consagraban los
derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas,
posteriormente se expide la Ley de Víctimas 1448 de 2011, la cual
constituyó un “Importante avance en materia normativa para las
personas y familias afectadas por el conflicto armado. (Centro Nacional de
Memoria Histórica CNMH 2014:115).
Fundamentándose en los hechos ocurridos
durante décadas como se expresó anteriormente, en al añ=
;o
2011 se crea la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448=
, en
esta el Gobierno colombiano dispone de medidas para la atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno, siendo una de esas disposiciones, la que se enfoca en el
derecho a la educación básica y media para esta poblaci&oacut=
e;n,
consignando en el artículo 51 además que:
En educación superior, las instituciones
técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituci=
ones
universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza
pública, en el marco de su autonomía, establecerán los
procesos de selección, admisión y matrícula que
posibiliten que las víctimas en los términos de la presente L=
ey,
puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas
instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y
población en condición de discapacidad...
Tal y como se observa el objetivo del presente
artículo, va más allá de garantizar a las personas que=
han
sido víctimas del conflicto la posibilidad de acceder a las aulas, ya
que se fundamenta en la
búsqueda de la reconstrucción integral de aquellas familias
afectadas por la violencia que se vive en Colombia, brindándoles a l=
as
mismas oportunidades de estudio donde se les garantice el acceso al conocimiento, el crecimiento perso=
nal y
la reincorporación activa en la sociedad, demostrándose con e=
llo
que, la educación representa un puente hacia un futuro de oportunida=
des
y una herramienta fundamental para sanar traumas sociales.
No obstante, se debe tener presente que la
atención a las víctimas del conflicto en Colombia no só=
;lo
se encuentra establecida en la Ley de Víctimas y Restitución =
de
Tierras 1448 de 2011, pues existe
un entramado complejo de Leyes, Decretos, que permiten a las Entidad=
es
Públicas y Programas que trabajan de forma articulada siendo su obje=
tivo
central, lograr una reparación integral que vaya más all&aacu=
te;
de lo económico y busque la restauración de la dignidad, la
reconstrucción de los proyectos de vida, la sanación de las
heridas emocionales, el acceso a la verdad y la justicia, y la garant&iacut=
e;a
de no repetición de los hechos victimizantes.
Entre las mismas se pueden mencionar aquellas Leyes Complementarias y Modificatorias de la Ley 1448 de 2011, como lo es p= or ejemplo, la Ley 2078 de 2021, la cual es crucial debido a que prorrog&oacut= e; la vigencia de la norma jurídica en mención y de los Decretos= Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 para pueblos indígenas, pueblo Rrom o gitanos, y comunidades NA= RP por DIEZ 10 años más, es decir hasta el 10 de junio de 2031, = los cuales complementan la Ley en mención; garantizándose con ell= o la continuidad de las medidas de atención, asistencia y reparació= ;n integral a las víctimas, lo que es vital para la seguridad jurídica y la esperanza de quienes aún esperan ser reparados,= lo que representa un compromiso y beneficio nacional que se da a largo plazo.<= o:p>
De igual forma, se encuentra la Ley 2421 de 20=
24,
siendo esta muy reciente, pero aunque se está implementando en la
actualidad, es de gran importancia puesto que modifica la Ley 1448 de 2011 =
en
varios aspectos, entre ellos, el que pretende reafirmar los derechos de las
víctimas desde un enfoque de exigibilidad como derechos humanos,
garantizándoles a estas personas sus condiciones dignas y humanas,
realizando una serie de ajustes, destacándose entre ellos el concept=
o de
víctima, lo que refiere a la atención humanitaria, al acceso =
a la
justicia y las reparaciones, lo que en su efecto se traduce en una modifica=
ción
dirigida a hacer el proceso más eficiente y cercano a las necesidade=
s de
las personas.
Señalamientos éstos que se ven
amparados por Programas que buscan garantizar a la sociedad colombiana la
efectividad de las Leyes, entre los cuales se puede señalar la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas =
(UARIV), representando ésta una entidad central=
del Estado dirigida a liderar la
implementación de la Ley 1448 de 2011; desarrollándose para su
efectividad programas de atención humanitaria, asistencia, y medidas=
de
reparación individual (como las indemnizaciones administrativas), qu=
e se
le añade, la función de coordinar las acciones de las
demás entidades, siendo su rol fundamental el acompañamiento =
y la
materialización de los derechos de todas aquellas personas que hayan
sido víctimas del conflicto.
A ello, se debe sumar el Fondo de Educaci&oacu=
te;n
para las Víctimas; programa dirigido a promover el acceso y permanen=
cia
en la educación superior, ofreciendo a estas personas crédito=
s condonables y apoyo para su sostenimiento, lo que per=
mite
que esta iniciativa legal representa una inversión en el futuro de t=
odas
aquellas personas afectadas por la violencia padecida, favoreciendo as&iacu=
te;
la apertura a nuevas oportunidades y a la reconstrucción de proyecto=
s de
vida.
Por todo lo antes señalado se logra
establecer que la Ley 1448 de 2011 artículo 51, incluye a las
Instituciones de Educación Superior- IES, teniendo estas el deber de
definir el proceso de admisión que permita a las víctimas del
conflicto armado colombiano en los términos consagrados y bajo su
autonomía, acceder a los programas académicos ofrecidos por l=
as
IES, destacándose en todo momento que, mediante esta Ley el Minister=
io
de Educación Nacional, debe vincular a las víctimas vali&eacu=
te;ndose
de las diferentes estrategias de atención, al igual que debe adelant=
ar
las correspondientes gestiones para que puedan acceder a las líneas
especiales de crédito y subsidios del ICETEX.
Dichos argumentos permiten establecer la importancia del presente artículo, el cual tiene como propósi= to analizar el acceso de las víctimas al fondo de reparación y la educación en Colombia, lo que constituye unos retos y limitaciones.<= o:p>
METODOLOGÍA
Para toda investigación, “el marco
metodológico representa el conjunto de pasos, técnicas y
procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (Va=
n D.
y Meyer (1984)). Este espacio brinda al lector los aspectos relacionados co=
n el
camino metodológico a seguir en la investigación,
“describiendo de forma precisa informaciones relacionadas con el tipo,
diseño, nivel, técnicas y métodos de análisis
empleados en el desarrollo del estudio” (Wright, 1979, p. 281).
En el mismo orden, el estudio se enmarca dentr=
o de
una investigación de carácter descriptivo. Para Norton (2010)=
los
estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (p. 78). En definitiva, las investigaciones descript=
ivas
permiten medir la información recolectada para luego describir, anal=
izar
e interpretar sistemáticamente las características del
fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado (=
Selltiz, and Jahoda, 2010=
, p.
73).
Para el análisis se aplicó un
método de Inducción – Deducción, el cual
según Reynolds (2013) “facilita la construcción de
descripciones y fundamentos teóricos desde análisis particula=
res
para llegar a generalizaciones y conclusiones” (p. 296). Para el mism=
o,
se realizó una búsqueda en la sección de Google
Académico; también se recurrió a bases de datos de
revistas como Scielo / Scielo España es una biblioteca virtual.
Según Matheson (2011), las técni=
cas
de recolección como el resumen, el subrayado y el uso de fichas son =
las
encargadas de ofrecer al investigador la visión o pasos que debe cum=
plir
durante su ejercicio, cada una de ellas debe estar en correspondencia con el
nivel a emplear” (p. 299). Esto indica que, para llevar a cabo el
procesamiento de los datos obtenidos, a través de técnicas de
recolección de datos, tales como: fichas de resumen, textual, regist=
ros
descriptivos entre otros, se deben “ajustar los referentes
teóricos investigados, al nivel que ha sido seleccionado, el cual se
basa en la descripción de los resultados encontrados” (Norpoth, 2012, p. 317).
En efecto, fue realizado un registro descripti=
vo
con el cual se llevó a cabo una revisión bibliográfica=
y
normativa entendida por Norpoth (2012), “=
como
la interpretación, de todos aquellos libros, revistas, artícu=
los
y documentos que tengan relación con el objeto a estudiar” (p.
301). Según lo reseñado el propósito de este proceso se
basa en desarrollar un estudio de tipo descriptivo, documental,
entendiéndose, artículos científicos, textos
bibliográficos y normativa jurídica que permita establecer la
forma en que el Estado colombiano apoya en materia de educación supe=
rior
a las víctimas en cuanto al acceso, permanencia y graduación;=
sin
embargo, es indispensable identificar los límites y desafíos =
del
que reviste este tema.
RESULTADOS
Como se estableció en la
metodología, toda investigación parte de la intención =
de
buscar respuestas a situaciones, indagar, reflexionar y profundizar en el
análisis del contexto en el que se desarrolla el fenómeno
estudiado. En tal sentido, se=
logra
establecer que este apartado permitirá ampliar todos los horizontes =
que
conforman el presente artículo permitiendo así, sustentar el =
tema
objeto de estudio, así:
Garantías que brinda el fondo de
víctimas de la educación superior para el acceso, permanencia=
y
titulación
El Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (SNAR=
IV),
a través del Ministerio de Educación Nacional ha buscado orie=
ntar
las Instituciones de Educación Superior (IES) en el desarrollo de
políticas que favorezcan el acceso, permanencia y titulación =
de
las y los estudiantes, y en particular de aquellas personas que han sido
históricamente excluidas del sistema educativo o cuyos derechos han =
sido
vulnerados en el marco del conflicto social y armado colombiano.
En razón de ello, el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) se ha dado a la=
tarea
de implementar, apoyar y crear políticas educativas que sean inclusi=
vas,
las cuales se encuentren basadas en un enfoque de derechos y de respeto por=
la
diversidad, buscando con ello minimizar los obstáculos que existen p=
ara
acceder a la educación, destacándose entre los mismos: las
barreras de índole social, económico, político, cultur=
al,
lingüístico, físico y geográfico que imposibilita=
n a
los estudiantes suscribir, permanecer y/o graduarse en la educación
superior (SNARIV, 2015).
Es de entender entonces que, con la
implementación de estas políticas se busca reivindicar a la
sociedad víctima del conflicto armado un cúmulo de derechos q=
ue
permitan el mejoramiento de su calidad de vida, por esta razón con l=
as
políticas implementadas se busca garantizar el acceso a la
educación superior, generando en muchas ocasiones dificultades en la
permanencia y graduación; no se trata únicamente de
matrículas, es definir también estrategias que redunden en la
obtención de la titulación profesional.
Desafíos del Fondo de Reparación
para el acceso, permanencia y graduación en educación superior
para víctimas del conflicto armado en Colombia
Es de carácter obligatorio, que las
naciones víctimas de conflictos armados implementen políticas
públicas que permitan garantizar el derecho a la educación,
siendo estas, el organismo que tienen los pueblos de formar
académicamente, a fin de estructurar en los ciudadanos proyectos de =
vida
que les permitan optar a oportunidades laborales y acceder a condiciones de
vida digna. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través=
de
su Informe de seguimiento de la Educación para todos (EPT) en el mundo (2011) señaló:
El conflicto armado interno “que se vive=
en
algunas Naciones, no sólo destruye las estructuras físicas de=
los
centros educativos de todo tipo, sino que destruye, la vida, los sueñ=
;os,
aspiraciones, ambiciones educativas y laborales de miles de niños y
jóvenes”. (p. 13).
En virtud de esto, la nación colombiana=
ha
implementado un conjunto de medidas con las cuales busca contribuir con el
acceso a la educación superior para las personas víctimas del
conflicto armado, con el propósito de construir una sociedad incluye=
nte
e igualitaria “en materia de oportunidades y garantías de
derechos, a partir de la construcción mancomunada de contextos y
ambientes de paz, desde la ciudadanía hasta el Estado, promoviendo y
ejecutando leyes que empoderen a los menos favorecidos del conflicto
armado” (Villa, 2013, <=
span
class=3DSpellE>p.23) .
Entre estas medidas se establece de manera pun=
tual
el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, Seguidamente, se identifica el
Fondo de Reparación, Acceso, Permanencia y Graduación en
Educación Superior para la reparación a las víctimas d=
el
conflicto armado. Sucesivamente, para el año 2014 el Ministerio de
Educación presentó el programa Educar para Reparar sustentando
“que mil víctimas del conflicto armado en el país tendr=
ían
la posibilidad de acceder a programas académicos de alta calidad en =
los
niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Universitario̶=
1;.
Es así, como el Ministerio de
Educación de Colombia en el 2015 a través de un crédit=
o condonable inicia la implementación de este
programa, el cual buscaba vincular a las víctimas dentro de las
estrategias de atención a la población diversa y adelantar las
gestiones para que éstas sean incluidas dentro de las líneas
especiales de crédito y subsidios del ICETEX, que tienen como destin=
atarios
a bachilleres que estén en el Registro Único de Víctim=
as o
que, reconocidos como tales en los fallos de Justicia y Paz, les sean otorg=
ados
para garantizar la permanencia y graduación en educación
superior. Según el Departamento Nacional de Planeación 2021,
estableció que,
El Fondo de Reparación para el acceso,
permanencia y graduación en educación superior para la
población víctima del conflicto armado en Colombia (FRVES), es una medida de asistencia, atención y
reparación integral, que fomenta el acceso, la permanencia y la
graduación en educación superior (ES) de la población
víctima del conflicto armado desde el segundo semestre de 2013. El F=
ondo
está conformado a nivel nacional por el Ministerio de Educació=
;n
Nacional (MEN), el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)=
, y
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparació=
;n
Integral a las Víctimas (UARIV); a nivel
Bogotá también lo conforman la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá y la Alta Consejería para
los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
(ICETEX, 2021).
En efecto, la Ley 1448 de 2011, Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras “constituye para el
país un marco legal sin precedentes, pues está dirigida a
recomponer el tejido social, mediante la adopción de medidas efectiv=
as
que vayan en favor de las personas que han sufrido las consecuencias del
conflicto armado, para lo cual sólo serán beneficiarios o
consideradas víctimas aquellas personas que individual o colectivame=
nte
hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir d=
el 1
de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior
(Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011).
De igual forma serán consideradas
víctimas el cónyuge, compañero o compañera
permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguin=
idad
o de crianza, primero civil de la víctima directa en el momento de l=
os
hechos y, cuando a esta se le hubiere dado muerte, estuviere desaparecida,
hubiese sido secuestrada o hubiese sufrido un daño como consecuencia=
de
crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho
internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humano=
s.
(Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011).
Asimismo, se establecen los miembros de la Fue=
rza
Pública que en cumplimiento de su deber legal sufren vulneraciones a=
sus
derechos por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, y sus familias en los términos
del presente artículo, estableciéndose con ello que, entre los
fines o desafíos que busca alcanzar el (FRVES),
no sólo está el brindar el acceso a la educación, sino
“garantizar de manera efectiva el cumplimiento de uno de los principa=
les
derechos humanos del hombre” (Uprimny y Guzmán, 2010, p. 240).=
Como se puede observar se busca garantizar el
acceso para todas aquellas personas víctimas del conflicto armado
interno, independiente de toda condición o razón social en lo
referente a sexo, raza, religión, partido político y dem&aacu=
te;s
limitantes que pueden convertirse en barreras al momento de acceder a los
subsidios que otorga el gobierno nacional.
DISCUSIÓN
El análisis realizado permite establecer
que: los lineamientos estratégicos implementados por el Estado
Colombiano, otorgados por el Fondo de reparación para el acceso,
permanencia y graduación en Educación Superior en personas que
hayan sido víctimas del conflicto, se han ajustado a las
características de cada población y objetivos que encierra es=
te
programa, demostrándose con ello que los efectos positivos generados=
por
este programa en la población colombiana han sido múltiples. =
Se
considera que este crédito condonable ha
actuado como un incentivo para que las personas víctimas del conflic=
to
puedan terminar sus estudios superiores, aumentando así, la tasa de
graduación dentro del país.
No obstante, el análisis realizado perm=
ite
establecer que la efectividad de este Fondo ha presentado una serie de
barreras, las cuales han debilitado la efectividad de su misión, ent=
re
las múltiples barreras a las que se enfrentan los estudiantes
colombianos para acceder a la educación superior se encuentran, por
ejemplo: Los jóvenes víctimas presentan afectaciones persiste=
ntes
de trauma (depresión, ansiedad estrés postraumático) q=
ue
reducen su autoestima, su capacidad de concentración y su
adaptación a entornos evaluativos. A esto se suma una desconfianza h=
acia
instituciones públicas (miedo a estigmatización,
revictimización o a no ser atendidos adecuadamente), lo que limita su
búsqueda de información, su participación en procesos =
de
inscripción y su permanencia en la universidad.
A razón de esto, sería pertinente y de mucha
utilidad apoyar la permanencia y graduación de dichos beneficiarios,=
a
través de un acompañamiento y apoyo constante que permita sup=
erar
traumas y afectaciones psicológicas, esto mitigaría la
deserción académica por parte de los beneficiarios y a futuro
podrían superar las barreras psicológicas generadas por el
conflicto armado, como también, la poca cobertura del fondo en cuant=
o a
los cupos por universidades, ya que son muchas las víctimas que se
inscriben pero pocos los aceptados, lo que produce un descontento y
desmotivación en quienes tienen el anhelo de recibir dicho apoyo.
De igual manera, ha faltado evolución d= el fondo en cuanto a la oferta de los Posgrados, dado que, una víctima = del conflicto armado es una persona o familia en pobreza extrema, la herramienta más eficiente para superar esos límites, es la educació= ;n, siendo necesario tener la posibilidad de acceder a recursos económic= os para realizar un posgrado para cualificarse y aumentar sus competencias en el mercado laboral que es tan competitivo, resulta difícil para una víctima, costear un posgrado bien sea una especialización, maestría o doctorado.<= o:p>
En virtud de esto, es necesario otorgar todas =
las
herramientas a las víctimas para que puedan cambiar su realidad nega=
tiva
y la de sus familias. Sin embargo, y tomando como referencia el estudio
realizado por el Departamento Nacional de Planeación (2021), en el c=
ual
se presentan “datos estadísticos que muestran que el Fondo ha
tenido un impacto positivo en la mejora del desempeño académi=
co y
la tasa de graduación de los beneficiarios”. En efecto, dicho
informe detalla que, además de la financiación, el programa b=
usca
"fomentar el acceso, la permanencia y la graduación en
educación superior (ES) de la población víctima del
conflicto armado" (Departamento Nacional de Planeación, 2021, p.
5), lo que se evidencia en el incremento de la población víct=
ima
que accede a la educación superior en el país.
También existen una serie de barreras
económicas y geográficas que enfrentan las víctimas del
conflicto para poder acceder a la educación superior en Colombia, en=
tre
las cuales se encuentra:
El aislamiento geográfico, el cual se d=
ebe
a que muchas víctimas del conflicto viven en zonas rurales o apartad=
as,
lejos de las grandes ciudades donde se concentran las principales instituci=
ones
de educación superior; situación ésta que debilita el
acceso físico de los mismos, pues se elevan los costos de transporte=
y
vivienda. Asimismo, el autor refiere la ausencia de información:
originada por el aislamiento geográfico, lo que en consecuencia limi=
ta
el acceso de estas personas a las informaciones relacionadas con las becas,
convocatorias y procesos de inscripción, permitiendo con ello, que
muchas de las víctimas no se postulen a estos beneficios, minimizando
sus oportunidades de estudio. Y, por último: se plantea la
situación de pobreza que obliga a priorizar el trabajo sobre el estu=
dio.
Dicho señalamiento, se traduce en
limitaciones de carácter integral, por cuanto se evidencia, existe u=
na
ausencia de información mínima, la cual debe estar orientada =
al
acceso a los cupos de la educación superior, la mejora de condicione=
s de
acceso y el conocimiento sobre las condiciones económicas que implic=
an
el emplearse antes que estudiar para ayudar en el sostenimiento de la famil=
ia.
CONCLUSIÓN
El artículo 51 de la Ley 1448 de 2011
ordena medidas en materia de educación. El mismo, establece que el
Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctim=
as
en los términos de la Ley, a través del Fondo de
Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en
Educación Superior de las víctimas del conflicto armado inter=
no,
teniendo como finalidad otorgar créditos educativos condonables
de pregrado, no solo para resarcir a las personas afectadas sino tambi&eacu=
te;n
generar oportunidades para reconstruir sus vidas y acceder a mejores
condiciones socioeconómicas.
Los logros para alcanzar, a través de e=
ste
programa incluyen el poder brindar a las poblaciones afectadas o
víctimas del conflicto armado interno, una herramienta positiva, con=
la
que logren mejorar sus condiciones de vida permitiéndose con ello la
superación de los hechos victimizantes, =
la
posibilidad de tener una vida digna y gozar de los derechos humanos que
contribuyan a procesos académicos que les permitirá ser
profesionales y, por ende, miembros activos de una sociedad que así =
lo
reclama.
Por consiguiente, revierte importancia destacar
que la Ley 1448 de 2011, trasciende la mera reparación individual pa=
ra
convertirse en una herramienta de profundo alcance social, pues tiene como
propósito reconstituir los derechos humanos de las personas
víctimas de conflicto y, con ello reestablecer el tejido social de la
nación colombiana, pues representa un documento o garantía le=
gal
que busca promover la justicia y la dignidad de cada una de estas personas,
fortaleciendo así, la confianza del ciudadano hacia las institucione=
s,
garantizándose con ello, la legitimidad del sistema democráti=
co.
Conforme a esto, se logra establecer que entre=
los
desafíos a los que se enfrenta la Ley 1448 de 2011 se encuentra
reconocer de manera real la
diversidad de las víctimas y sus necesidades específicas, pue=
s no
se trata solamente de brindar a un grupo de afectados el acceso a la
educación superior, sino de identificar, aquellas personas con sus
respectivas historias y particularidades, buscándose que las mismas
participen en la toma de decisiones, a través del conocimiento y
experiencia real de las situaciones vividas, fomentándose con ello q=
ue
la sociedad se una para apoyar a quienes más lo necesitan, fortaleci=
endo
los lazos de cohesión social y construyendo una comunidad más
justa e inclusiva.
No obstante, este Programa de acceso a la
educación presenta una serie de debilidades, las cuales reflejan
desafíos estructurales relacionados con la persistencia del conflict=
o,
entre otras que afectan la posibilidad de garantizar que la Ley trascienda =
su
función reparadora y contribuya de manera efectiva a la recomposici&=
oacute;n
del tejido social y la construcción de paz, entre las cuales se pued=
en
mencionar las siguientes:
El acceso limitado a la educación al qu=
e se
enfrentan aquellos estudiantes a los que no llega esta información;
aunado a la insuficiencia de cupos o problemas de ingreso que éstos
presentan debido a que no cumplen con los requisitos exigidos por esta Ley,=
lo
que, en su efecto, limita su inclusión.
Asimismo, se deben señalar las barreras
económicas que son generadas debido a la falta de recursos que compr=
ende
este Fondo de acceso a la educación superior y los problemas de
permanencia generados por las condiciones de vida de muchas de estas
víctimas. Del mismo modo se debe hacer referencia a que muchas de es=
tas
víctimas no cuentan con un verdadero apoyo psicosocial, siendo este
necesario, reflejándose así una falta de articulación
institucional generada por la mala gestión desarrollada por algunas
instituciones del Estado y la falta de eficacia del Fondo, lo que en su efe=
cto
limita la efectividad de la implementación de programas de apoyo.
De igual forma, se considera de gran relevancia
sean instauradas normas que beneficien la permanencia de estos beneficiario=
s,
considerándose para ello que muchos de ellos residen en lugares leja=
nos,
lo que en consecuencia no favorece el éxito de este Programa de estu=
dio,
por lo que se recomienda se amplíe para subsidio de alimentaci&oacut=
e;n
y de vivienda. Por otra parte, se vuelve necesario considerar que existe una
especie de variable que limita la efectividad para dar cumplimiento a la Le=
y 1448
de 2011, considerándose para ello que todavía persiste el
conflicto en los territorios colombianos; destacándose por ejemplo
aquellos Municipios y Departamentos donde la violencia, el delito, los
secuestros, el uso ilícito de armas, entre otros, subrayan la necesi=
dad
de analizar la capacidad real que tiene el Estado para cumplir con estas
ordenanzas.
Cabe resaltar que, el acceso a ser beneficiari=
o de
este Programa Nacional debe ser mediado, tras el análisis exhaustivo=
de
aquellos requisitos de acceso y permanencia que lo regulan, los cuales
son:
Condición de Víctima:=
El solicitante
debe estar incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Criterios Académicos: Los aspirantes
deben haber presentado las Pruebas Saber 11 y haber obtenido un puntaje
mínimo requerido.
Admisión a una Institución: Es indispensab=
le
que el estudiante haya sido admitido o esté cursando un programa
académico en una institución de educación superior que
esté debidamente acreditada por el Ministerio de Educación de
Colombia.
Requisitos de permanencia, el estudiante debe
cumplir con ciertas condiciones para mantener el beneficio y evitar la
deserción
No haber recibido otro apoyo: No se puede tene=
r al
mismo tiempo otro beneficio de crédito condonab=
le
o subsidio del Estado para el mismo fin de estudio.
No haber incurrido en causas de terminaci&oacu=
te;n
anticipada del beneficio según lo establecido en el reglamento (por
ejemplo, abandono del programa sin justificación, cambio de programa=
sin
autorización, incumplimiento grave).
En virtud de estos señalamientos, se
considera de gran relevancia sean instauradas normas o políticas que
beneficien la permanencia de estos beneficiarios, considerándose para
ello que muchos de ellos residen en lugares lejanos, lo que en consecuencia=
no
favorece el éxito de esta Programa de estudio, siendo indispensable
considerar que existe una especie de variable que limita la efectividad para
dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011.
Dejando a los beneficiarios a mitad de camino,
atendiendo a que en un país como Colombia donde los profesionales ca=
da
día obtienen mayor preparación y las entidades públicas
para acceder a un cargo profesional establecen más y más
requisitos de títulos académicos, se hace indispensable que se
amplíe este beneficio también a este tipo de educación
posgradual.
REFERENCIAS
(PAD) 2020 – 2024” Julio de 2020. =
https://observatorio.victimasbogota.gov.co/sites/defau=
lt/files/documentos/PAD%202020%20-%202024%20FINAL
Alta Consejería de Paz, Víctimas=
y
Reconciliación (ACPVR); “Plan de
Acción Distrital
Baretto, S. (2013) Caridad y beneficencia. El
tratamiento de la pobreza en Colombia 1870-1930. Universidad Externad=
o de
Colombia.
Centro Nacional de Memoria Histórica
Comisión Histórica del Conflicto=
y
sus Víctimas. (2015) Centro Nacional de Memoria Histórica
Constitución política de Colombia
(CUATRO de SEPTIEMBRE de 2017). CONSTITUCION
Constitución Política de Colombi=
a,
Artículo 67 <=
span
style=3D'font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Roboto;mso-fareast-f=
ont-family:
Roboto;mso-bidi-font-family:Roboto;color:windowtext;text-decoration:none;
text-underline:none'>https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011=
).
El enfoque ético desde la acción sin daño. Módu=
lo
2. Acción sin daño construcción de paz. Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 17.
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1998) Obtenido de Reseña histórica del socorro nacio=
nal,
http://web.cruzrojacolombiana.org=
/socorro/Socorro4.html
Departamento Nacional de Planeación 2021
Evaluación de impacto del Fondo de reparación para el acceso,
permanencia y graduación en educación superior para la
población víctima del conflicto armado en Colombia. Calle 26
13-19 PBX: 3815000 Bogotá D.C., Colombia. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documento=
s/Publicable_Evaluaci%C3%B3n_Fondo%20reparaci%C3%B3n_2021_VF.pdf=
Departamento Nacional de Planeación.
(2021). Evaluación de impacto del Fondo de reparación para el
acceso, permanencia y graduación en educación superior para la
población víctima del conflicto armado en Colombia. Departame=
nto
Nacional de Planeación - Dirección de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas - Subdirección=
de
Evaluación.
Fondo de reparación para el acceso,
permanencia y graduación en educación superior para la
población víctima del conflicto armado (2015), Proceso de
gestión, asistencia y reparación. =
=
https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2=
015/10/2.-Procedimiento-Fondo-de-Reparacion-para-el-Acceso-Permanencia-y-Gr=
aduacion-en-la-Educacion-Superior-para-laPoblacion-Victima-del-Conflicto-Ar=
mado-v3.pdf
ICETEX. (2017) Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior–
ICETEX. Obtenido de https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/esco/fondos/programa=
sespeciales/fondoparav%C3%ADctimasdelconflictoarmado.aspx=
ICETEX. (2021). Reglamento Operativo: Fondo de
Reparación para el acceso, permanencia y graduación en
educación superior para la población víctima del confl=
icto
armado en Colombia. www.icetex.gov.co
Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medida=
s de
atención, asistencia y reparación integral a las vícti=
mas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Art. 51
Matheson, E. (2011) Data collection techniq=
ues.
Nueva York: Longman. Tercera edición.
Mesa Nacional de Víctimas (2011).
¿Qué es Reparación? Obtenido de http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com.co/2011/06/=
que-es-reparacion.html
Mineducación. (2013).
Lineamientos, política de educación superior inclusiva. Colom=
bia:
Ministerio de Educación Nacional.
MinInterior. (2011). Ley de Victimas y
Restitución de Tierras "Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las vícti=
mas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones". Colombi=
a.
Ministerio de Educación de Colombia. (2=
0 de
Noviembre de 2015). Ministerio de Educació=
;n de
Colombia. Obtenido de Ministerio de Educación de Colombia:
Ministerio de Educación Nacional (2013)
“Lineamientos de política de educación superior
inclusiva”; Página 41, <=
span
style=3D'font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:Roboto;mso-fareast-f=
ont-family:
Roboto;mso-bidi-font-family:Roboto;color:windowtext;text-decoration:none;
text-underline:none'>https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso.pdf
Ministerio de Educación Nacional
(2015). Informe de seguimiento. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196477.html
Ministerio de Salud y Protección Social.
(2011). Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de Program=
a de
atención psicosocial y salud integral a víctimas -PAPSIVI: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/V=
ictimas_PAPSIVI.aspx
Norpoth<=
/span>, R. (2012) Met=
hods
and techniques for collecting and selecting information. Oxford: Pergamon
Press, p. 317.
Norton, C (2010) Descriptive studies. Ameri=
can
Sociological Review, vol. 30, pp. 97-103
Organización de las Naciones Unidas par=
a la
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. (2011). Informe de
seguimiento de la Educación Para Todos en el mundo. https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-06f7e3d8-2=
6c2-4024-a41a-d4b8beb3a1b0
Programa de Iniciativas Universitarias para la=
Paz
y la Convivencia. (2010). Iniciativas para el trabajo desde la
investigación, la docencia y la extensión universitarias con
comunidades afectadas por situaciones de pobreza y de conflicto armado. Bog=
otá:
Universidad Nacional
Reparar en Colombia, los dilemas en contextos =
de
conflicto, pobreza y exclusión. (2009). Centro Internacional para la
Justicia Transicional (ICTJ) y Centro de Estudi=
os de
Derecho, De Justicia.
Reynolds, W. (2013) Research method, approa=
ch
and paradigm. University of Illinois Press.
Selltiz<=
/span>, and Jahoda,
(2010) Mechanisms and processes for scientific inquiry. Serie
‘Quantitative Applications in the Social Sciences”. P. 73
Uprimny<=
/span>, R. y Gúzman, D. (2010). En búsqueda de un concepto
transformador y participativo para las reparaciones en contextos
transicionales. Revista colombiana de derecho Internacional, Bogotá,=
p.
240.
Van D, and Meyer, W. (1984). Manual of
educational research techniques. Mexico, D.E: Edit=
orial
Paidós Mexicana. Second reprint.
Villa Gómez, J. D. (2013). Memoria,
historias de vida y papel de la escucha en la transformación subjeti=
va
de víctimas / sobrevivientes del conflicto armado colombiano. El
Ágora, pp. 22-45
Viloria, W. (2014). Percepción de la
garantía del derecho a la educación en población
víctima del desplazamiento forzado. Bogotá: Universidad Pedagógica.
Wright, R. (1979). Quantitative methods
Todo el contenido
de LATAM Revista Latinoameric=
ana de
Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está
disponibles bajo Licencia Creative Commons ![3D"https://revistacientifica.uamericana.edu.py/public/site/images/aduar=](3D"1478_MenaBlandon_archivos/image005.jpg")
. &=
nbsp;
L= ATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.<= o:p>
ISSN en línea: 2789-385= 5, noviembre, 2025, Volumen VI, Número 6 p 379.