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DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.5080
Militarización de la seguridad
pública en México: implicaciones constitucionales, riesgos
democráticos y desafíos para los derechos humanos
Militarizatio=
n of
public security in Mexico: constitutional implications, democratic risks and
challenges to human rights
Humberto Gutiérrez Hernández
gu435123@uaeh.edu.mx
https://orcid.org=
/0009-0008-8337-1304
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
Artículo
recibido: 25 de agosto de 2025. Aceptado para publicación: 26 de
diciembre de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El presente artículo analiza el proceso de militarizaci&oacu=
te;n
de la seguridad pública en México, con énfasis en sus
implicaciones constitucionales, sus efectos en el régimen
democrático y los riesgos que supone para los derechos humanos. El
objetivo central es examinar cómo la creciente participación =
de
las Fuerzas Armadas en tareas tradicionalmente civiles incluyendo patrullaj=
es,
detenciones, vigilancia, control territorial y operaciones de seguridad
ciudadana ha transformado el sistema de seguridad y ha generado tensiones
respecto del artículo 21 constitucional y de los estándares
internacionales en materia de uso de la fuerza. La investigación se
desarrolló mediante una metodología cualitativa y documental,
basada en la revisión de reformas constitucionales, resoluciones de =
la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, informes de organismos nacio=
nales
e internacionales, estudios académicos y estadísticas de
seguridad pública. Los hallazgos evidencian que la
militarización, lejos de disminuir la violencia, ha producido mayor
opacidad, riesgos de violaciones de derechos humanos, debilitamiento del
control civil y una expansión inédita del poder castrense en =
la
vida pública. Se concluye que México requiere una polí=
tica
de seguridad democrática centrada en instituciones civiles, mecanism=
os
de rendición de cuentas y límites claros a la intervenci&oacu=
te;n
militar.
Palabras clave: militarización, seguridad pública, Guardia Nacional,
derechos humanos, constitucionalidad
Abstract
The present art=
icle
analyzes the process of militarization of public security in Mexico, with
emphasis on its constitutional implications, its effects on the democratic
regime, and the risks it poses to human rights. The main objective is to
examine how the growing participation of the Armed Forces in tasks
traditionally assigned to civilian authorities including patrols, arrests,
surveillance, territorial control, and citizen-security operations has
transformed the security system and generated tensions with Article 21 of t=
he
Mexican Constitution and with international standards on the use of force. =
The
research was conducted through a qualitative and documentary methodology, b=
ased
on the review of constitutional reforms, decisions of the Supreme Court of
Justice of the Nation, reports from national and international organization=
s,
academic studies, and public-security statistics. The findings show that
militarization, far from reducing violence, has produced greater opacity,
increased risks of human-rights violations, weakened civilian oversight, and
led to an unprecedented expansion of military power in public life. It is
concluded that Mexico requires a democratic security policy centered on
civilian institutions, accountability mechanisms, and clear limits on milit=
ary
intervention.
Keywords: militarization, public security, National
Guard, human rights, constitutionality
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o:p>
C=
ómo
citar: Gutiérrez
Hernández, H. (2025). Militarización de la seguridad
pública en México: implicaciones constitucionales, riesgos
democráticos y desafíos para los derechos humanos. LATAM
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 6 (6), 2645 R=
11; 2652.
https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.5080
INTRODUCCIÓN
La participación de las Fuerzas Armadas=
en
tareas de seguridad pública se ha convertido en uno de los temas
más controvertidos del debate jurídico y político
contemporáneo en México. Desde mediados de la década d=
el
2000, con el inicio de la llamada “guerra contra el
narcotráfico”, el Ejército y la Marina han asumido
funciones tradicionalmente reservadas a autoridades civiles, como la
prevención del delito, la vigilancia territorial y la realizaci&oacu=
te;n
de operativos urbanos. Esta tendencia, lejos de ser temporal, se ha consoli=
dado
a lo largo de tres administraciones federales, generando un modelo de segur=
idad
basado en capacidades militares y en estrategias de combate, en lugar del
fortalecimiento policial y la investigación criminal.
En este escenario, el problema central radica =
en
determinar hasta qué punto este involucramiento militar resulta
compatible con la Constitución mexicana, la cual establece que la
seguridad pública es una función a cargo de instituciones
civiles, así como con los estándares internacionales de derec=
hos
humanos que exigen excepcionalidad, supervisión civil y temporalidad
estricta en cualquier despliegue castrense. Diversos organismos internacion=
ales
como la ONU-DH, la CIDH y Amnistía
Internacional han advertido que la militarización sostenida no solo
incrementa la probabilidad de violaciones de derechos humanos, sino que
también debilita el control democrático, aumenta la opacidad
institucional y genera tensiones en el equilibrio de poderes.
La relevancia social de este fenómeno es
aún mayor si se considera el contexto estructural de México,
caracterizado por altos índices de violencia homicida, desaparicione=
s,
impunidad y graves deficiencias policiales. En lugar de corregir estas fall=
as,
la estrategia de militarización ha normalizado la intervención
castrense, profundizando un modelo que desplaza a las instituciones civiles=
y
que configura la arquitectura constitucional de la seguridad. Este
artículo analiza estas transformaciones en su complejidad, integrando
evidencia normativa, empírica, jurisprudencial y comparada, con el f=
in
de comprender los riesgos que implica la ampliación del poder milita=
r en
un Estado democrático.
Por último, se busca contribuir al deba=
te
académico y público sobre la necesidad de fortalecer un model=
o de
seguridad ciudadana basado en la profesionalización policial, el con=
trol
civil, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es=
te
análisis ofrece elementos críticos para evaluar las medidas
adoptadas en los últimos años, sus implicaciones en el
diseño institucional y las alternativas posibles hacia la
desmilitarización progresiva del sector.
METODOLOGÍA
La
investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo,
descriptivo y analítico, integrando análisis jurídico,
revisión documental, estudios de organismos internacionales y datos
públicos. Se analizó el marco constitucional, reformas legale=
s,
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sentencias=
de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se revisaron in=
formes
de CNDH, ONU-DH y CIDH, así como datos d=
el
Secretariado Ejecutivo, INEGI, SEDENA y SEMAR. La triangulación
permitió identificar patrones, tensiones constitucionales y efectos =
de
la militarización en derechos humanos.
DESARROLLO
Contexto
histórico y surgimiento de la participación militar
La crisis de seguridad que estalló en 2=
006
provocó que el Estado mexicano recurriera de forma creciente a las
Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. A lo largo de tres
administraciones federales, los gobiernos ampliaron su despliegue territori=
al y
funcional, reemplazando en muchos casos a corporaciones policiales debilita=
das
o infiltradas. Este proceso ha generado un modelo de seguridad basado en
capacidades militares en vez de fortalecer los cuerpos civiles encargados d=
e la
prevención y la investigación.
Relevancia soci=
al y
política del fenómeno
La discusión sobre la militarizaci&oacu=
te;n
es especialmente significativa en un país que enfrenta altos
índices de violencia homicida, desapariciones y delitos de alto impa=
cto.
Pese al creciente protagonismo de las fuerzas castrenses, los resultados en
materia de seguridad no han mostrado mejoras sostenidas. Organismos naciona=
les
e internacionales han advertido que el uso prolongado del Ejército en
funciones civiles puede no solo fracasar en la reducción del delito,
sino también generar riesgos democráticos como la
concentración del poder, la disminución de la transparencia y=
la
normalización del uso de la fuerza letal.
Advertencias y
riesgos señalados por organismos nacionales e internacionales
Instituciones como la Comisión Nacional=
de
los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado q=
ue la
militarización incrementa la probabilidad de violaciones graves como
detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales. Asimismo, han señalado que la capacitación
militar orientada al combate es incompatible con el enfoque de seguridad
ciudadana que exigen los estándares internacionales.
Perspectiva
teórica y marcos de análisis
Este artículo se sustenta en un marco
teórico que articula la seguridad democrática, la responsabil=
idad
civil sobre las fuerzas armadas y los enfoques constitucionales sobre
límites al poder coercitivo del Estado. Se integran también
estándares internacionales sobre uso de la fuerza y control civil,
así como postulados de autores como López Ayllón, Acke=
rman,
Human Rights Watch =
y la
Comisión Interamericana. Estos marcos permiten comprender cóm=
o la
participación militar en tareas civiles puede generar opacidad,
debilitar el control democrático y desplazar la función polic=
ial
hacia un modelo bélico.
Evidencia
empírica: denuncias y consecuencias documentadas
Diversos estudios han registrado un aumento de
violaciones de derechos humanos cuando participan cuerpos castrenses en
funciones de seguridad. Entre las prácticas documentadas destacan ca=
teos
ilegales, detenciones sin orden judicial, desapariciones, tortura y uso
excesivo de la fuerza. Casos emblemáticos en informes nacionales e
internacionales muestran un patrón de abusos sistemáticos
asociado a la falta de supervisión civil, la jurisdicción mil=
itar
y la limitada rendición de cuentas.
Transformaciones
legislativas recientes y consolidación del modelo militar
La reforma constitucional de 2019 que cre&oacu=
te;
la Guardia Nacional, inicialmente concebida como un cuerpo civil,
representó un punto de inflexión al incorporar elementos
militares en su estructura. Posteriormente, en 2022, su adscripción
operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional consolidó la
presencia castrense en la seguridad pública. Estas decisiones han si=
do
interpretadas por diversos especialistas como una expresión de
“militarización permanente”, al normalizar la
intervención militar en el ámbito civil.
Contexto
estructural de México: violencia, impunidad y crisis policial
El escenario mexicano está marcado por =
la
debilidad institucional, altos niveles de impunidad y una profunda crisis en
las policías estatales y municipales. La falta de
profesionalización, corrupción, insuficiencia de recursos y
desconfianza ciudadana han contribuido a la dependencia del Ejército.
Sin embargo, esta dependencia ha impedido el fortalecimiento de capacidades
civiles, generando un círculo vicioso que perpetúa el desplie=
gue
militar como solución inmediata pero no sostenible.
Críticas
académicas al modelo de seguridad militarizado
Diversos especialistas han señalado que= la intervención militar debe ser extraordinaria, subordinada, fiscaliza= da y temporal, conforme lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en México el despliegue castrense se ha vuelto normal y permanente. Investigadores como Trejo, Aguilar Rivera y Flores Pérez= han demostrado que la participación del Ejército en tareas polici= ales tiende a aumentar la letalidad institucional, al privilegiar táctica= s de combate sobre estrategias de contención o deses= calamiento. Ello se refleja en indicadores como la elevada proporción de civiles muertos frente a civiles heridos en enfrentamientos con fuerzas federales.<= o:p>
Debilitamiento =
del
diseño constitucional de seguridad pública
El artículo 21 constitucional establece=
que
la seguridad pública es una función a cargo de instituciones
civiles. No obstante, la ampliación del papel militar ha erosionado =
este
principio, generando una tensión entre el texto constitucional y la
práctica gubernamental. Esta contradicción se ha agravado por
reformas, decretos y decisiones administrativas que, si bien otorgan legali=
dad
formal a la intervención militar, han sido cuestionadas por su dudosa
constitucionalidad y por su incompatibilidad con el principio de control ci=
vil
sobre las fuerzas armadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los hallazgos derivados del análisis
documental, jurídico y empírico permiten identificar una seri=
e de
transformaciones estructurales en el modelo de seguridad pública
mexicano, las cuales tienen implicaciones profundas en el orden constitucio=
nal,
el funcionamiento democrático y la protección de los derechos
humanos. A continuación, se presentan los principales resultados y su
discusión analítica.
Transformaci&oa=
cute;n
constitucional del concepto de seguridad pública
El estudio muestra que en México se ha
producido una modificación sustantiva, aunque no siempre
explícita del concepto constitucional de seguridad pública. Si
bien el artículo 21 establece claramente que esta función
corresponde a instituciones civiles, la reforma de 2019 que creó la
Guardia Nacional, junto con su adscripción operativa a la
Secretaría de la Defensa Nacional en 2022, consolidó un modelo
que desplaza el carácter civil hacia uno predominantemente militar. =
Este
viraje contraviene interpretaciones previas del artículo 129
constitucional, cuyo propósito era limitar la actuación milit=
ar
en tiempos de paz.
La investigación evidencia que esta
transformación no surge de una reinterpretación constitucional
profunda, sino de decisiones legislativas y administrativas que, mediante
reformas parciales y decretos, han permitido la permanencia cotidiana de
fuerzas castrenses en tareas policiales. De esta manera, se normalizan
prácticas que históricamente estaban reservadas a situaciones
extraordinarias, lo cual implica un cambio de paradigma en la arquitectura
institucional de la seguridad.
Opacidad y falt=
a de
control democrático
Otro hallazgo central es la consolidació=
;n
de un régimen de opacidad alrededor de las Fuerzas Armadas. A difere=
ncia
de las instituciones civiles, los cuerpos militares operan bajo excepciones
legales en materia de transparencia que dificultan la supervisión
pública y especializada.
La revisión de informes institucionales=
y
solicitudes de acceso a la información revela que datos clave como
reportes de operativos, protocolos de actuación, estadísticas=
de
uso de la fuerza o resultados de investigaciones internas se clasifican de
manera sistemática por razones de seguridad nacional. Esta prá=
;ctica
limita la rendición de cuentas y reduce la capacidad ciudadana,
académica y judicial de evaluar la actuación militar.
El debilitamiento del control democráti=
co
es particularmente preocupante en un contexto donde los poderes Ejecutivo y
Legislativo han otorgado facultades amplias sin establecer mecanismos de
supervisión civil efectivos. La falta de contrapesos no solo increme=
nta
el riesgo de abuso, sino que también genera un desequilibrio
institucional que afecta la calidad del Estado de derecho.
Riesgos para los
derechos humanos
La revisión de informes de la CNDH, ONU=
-DH, CIDH y organizaciones civiles confirma patrones
consistentes de violaciones de derechos humanos en operativos donde partici=
pan
cuerpos militares. Estos patrones comprenden uso excesivo de la fuerza,
detenciones arbitrarias, cateos ilegales, desapariciones forzadas, ejecucio=
nes
extrajudiciales y violaciones al debido proceso.
Un hallazgo relevante es la relación en=
tre
la doctrina militar y estos riesgos. Las Fuerzas Armadas están
entrenadas para neutralizar al enemigo, no para interactuar con
población civil bajo principios de proporcionalidad, mínima
intervención y desescalamiento; elementos
indispensables en la seguridad ciudadana. Esa diferencia doctrinal se tradu=
ce
en prácticas que resultan incompatibles con el enfoque de derechos
humanos exigido por estándares internacionales.
La persistencia de la jurisdicción mili=
tar
aun con limitaciones normativas recientes continúa afectando la
investigación imparcial de violaciones cometidas por personal castre=
nse,
generando una percepción de impunidad que debilita la confianza
ciudadana y la legitimidad del Estado.
Ineficacia en la
reducción de la violencia
Contrario al argumento central que justifica el
despliegue militar la necesidad de reducir los niveles de violencia, los da=
tos
revisados muestran que la militarización no ha producido mejoras
sostenidas en la seguridad pública.
Las estadísticas del homicidio doloso, delitos de alto impacto y enfrentamientos con fuerzas federales indican que= , en varios estados, los niveles de violencia se mantuvieron o incluso aumentaron pese a la intensificación de operativos militares. Este hallazgo coincide con estudios académicos que señalan que la presencia castrense no reduce la actividad criminal de largo plazo y puede generar desplazamientos geográficos del delito, aumentó de confrontaciones letales y mayor fragmentación de grupos delictivos.<= o:p>
CONCLUSIONES
El análisis realizado demuestra que la
militarización de la seguridad pública en México
constituye un fenómeno complejo, persistente y con profundas
implicaciones para el sistema democrático y el orden constitucional.
Aunque su expansión se ha justificado bajo un contexto de emergencia,
altos niveles de violencia y crisis policial, su normalización contr=
adice
principios fundamentales establecidos en la Constitución, especialme=
nte
aquellos que reservan las funciones de seguridad pública a instituci=
ones
civiles. La evidencia revisada indica que la participación prolongad=
a de
las Fuerzas Armadas no ha logrado reducir de manera sostenida la criminalid=
ad
y, por el contrario, ha generado mayores riesgos en materia de derechos
humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y
prácticas violatorias del debido proceso. Además, la opacidad=
inherente
al fuero castrense y a los regímenes especiales de información
dificulta la rendición de cuentas y debilita el control
democrático sobre las instituciones armadas. A ello se suma una
expansión institucional sin precedentes, mediante la cual el
Ejército y la Marina han adquirido control sobre áreas
estratégicas del Estado y funciones administrativas que tradicionalm=
ente
correspondían a autoridades civiles, lo cual plantea desafíos
significativos para el equilibrio de poderes y la gobernanza
democrática.
Frente a este panorama, resulta imprescindible
avanzar hacia un modelo de seguridad ciudadana centrado en cuerpos policial=
es
civiles, profesionalizados, con controles internos y externos efectivos, y =
con
mecanismos de supervisión pública robustos. La construcci&oac=
ute;n
de un sistema de seguridad democrático requiere no solo el
fortalecimiento de capacidades institucionales, sino también el
establecimiento de límites claros y temporales a la intervenci&oacut=
e;n
militar, en concordancia con estándares internacionales y con el pri=
ncipio
de excepcionalidad. De igual manera, el Estado debe garantizar procesos
transparentes de evaluación de impacto y rendición de cuentas
sobre las políticas de seguridad implementadas. Finalmente, futuras
investigaciones pueden profundizar en estudios comparados, en anális=
is
cuantitativos que correlacionen despliegue militar y fluctuaciones de
violencia, y en evaluaciones de políticas públicas que permit=
an
determinar alternativas viables para la desmilitarización progresiva=
y el
fortalecimiento de la seguridad civil.
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L= ATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Asunción, Paraguay.<= o:p>
ISSN en línea: 2789-3855, diciembre, 2025,
Volumen VI, Número 6 p 2644.