DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.5128
Avances en la Implementación d=
el
acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el
Gobierno Nacional en Chocó
Progress in t=
he
Implementation of the Peace Agreement between the Revolutionary Armed Force=
s of
Colombia and the National Government in Chocó
Hugo Ferley Cordoba Agualimpia
https://orcid.org/0009-0000-8044-2711
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Colombia
Placido Palomeque Serna
https://orcid.org/0009-0001-4148-0130
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Colombia
Gilbert Stein Vergara Mosquera
http://orcid.org/0000-0002-7818-129X
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Colombia
Artículo recibido: 01 de septiem=
bre
de 2025. Aceptado para publicación: 02 de enero de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El presente estudio aborda la pregunta ¿Cuáles han si=
do
los avances en la Implementación del Sistema Integral para la Paz (S=
IP)
en el Departamento del Chocó en el Marco del Acuerdo de Paz entre las
FARC-EP y el Gobierno Nacional? El objetivo general de la investigaci&oacut=
e;n
fue determinar los progresos en la Implementación del SIP en
Chocó bajo el marco del Acuerdo de Paz. La metodología se
enmarcó en un tipo descriptivo con un enfoque cualitativo
(análisis jurídico), utilizando una técnica documental=
que
recolectó información de diversas fuentes, incluyendo
normatividad nacional e internacional y jurisprudencia, para evaluar si el
modelo de justicia restaurativa adoptado en el SIP logra garantizar los
derechos de las víctimas de reclutamiento a la verdad, justicia,
reparación y no repetición. Los resultados destacan que la
región del Chocó, caracterizada por la marginalidad y el
ausentismo estatal, se convirtió en un foco geoestratégico pa=
ra
los actores armados, afectando al menos 22 de sus municipios por el recluta=
miento
forzado de niños, niñas y adolescentes (=
NNA)
por parte de las FARC-EP entre 1996 y 2016. Si bien el SIP ha logrado avanc=
es,
como la creación de espacios de diálogo y participación
para que las víctimas sean escuchadas, la implementación enfr=
enta
serios desafíos: la persistencia de la violencia por nuevos grupos
armados dificulta la estabilidad requerida para la justicia restaurativa, la
escasez de recursos humanos y materiales limita la capacidad de los program=
as,
y las barreras logísticas y estructurales, como la falta de
infraestructura básica y vías de acceso, impiden la llegada
efectiva del SIP a las comunidades más apartadas.
Palabras clave: acuerdo de paz, conflicto armado, victimas y sistema integral de p=
az
Abstract
This study addresses the question: What progress has been made in
implementing the Comprehensive System for Peace (SIP) in the Department of
Chocó within the framework of the Peace Agreement between the FARC-EP
and the National Government? The overall objective of the research was to
determine the progress made in implementing the SIP in Chocó under t=
he
Peace Agreement. The methodology was descriptive with a qualitative approach
(legal analysis), using a documentary technique that collected information =
from
various sources, including national and international regulations and
jurisprudence, to evaluate whether the restorative justice model adopted in=
the
SIP guarantees the rights of recruitment victims to truth, justice, reparat=
ion,
and non-repetition. The results highlight that the Chocó region,
characterized by marginalization and state absence, became a geostrategic f=
ocus
for armed actors, affecting at least 22 of its municipalities through the
forced recruitment of children and adolescents by the FARC-EP between 1996 =
and
2016. While the Comprehensive Peace System (SIP) has made progress, such as
creating spaces for dialogue and participation so that victims can be heard,
its implementation faces serious challenges: the persistence of violence by=
new
armed groups hinders the stability required for restorative justice, the
scarcity of human and material resources limits the capacity of the program=
s,
and logistical and structural barriers, such as the lack of basic
infrastructure and access roads, prevent the SIP from effectively reaching =
the
most remote communities.
Keywords: peace agreement, armed conflict, victims, a=
nd
comprehensive peace system
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
<= o:p>
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamerica=
na
de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está dis=
ponibles
bajo Licencia Creative Commons.=
![](3D"1664_FerleyCordoba_archivos/image004.jpg")
<=
o:p>
C=
ómo
citar: C=
ordoba
Agualimpia, H. F., Palomeque Serna, P., & V=
ergara
Mosquera, G. S. (2025). Avances en la Implementación del acuerdo de =
Paz
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Naciona=
l en
Chocó. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades 6 (6), 3209 – 3220. https://doi.org/10.56712/latam.v6i6.5128
INTRODUCCIÓN
En Colombia alrededor de 18.677 niños,
niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento, usados,
instrumentalizados, o utilizados en la guerra por parte de la antigua guerr=
illa
de las FARC-EP; tomado como cifra aproximativa entre el 01 de enero del
año 1996 al 01 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado=
no
internacional según el reporte preliminar emitido por la JEP mediante auto 159 del 4 de agosto de 2021 (Acosta=
&
Espitia, 2021).
Por su parte, la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -
Sin embargo, tal y como lo ha establecido el
órgano judicial – JEP – la
determinación exacta del número de hechos de reclutamiento
ilícito cometidos por las FARC-EP uno de los actores armados d=
entro
del conflicto interno y firmante del Acuerdo, es una labor compleja y que
enfrenta diferentes dificultades, pues estos datos pueden subestimar la
magnitud del fenómeno por problemas asociados con el subregistro
derivado de situaciones como la limitada presencia institucional en los
territorios, condiciones de seguridad u otros factores que pudieron incidir=
en
un bajo registro de los casos . En la Séptima Conferencia de las FAR=
C-EP,
la guerrilla tomó decisiones que incluyen el reclutamiento y la
utilización de niñas y niños como parte de su estrateg=
ia
para alcanzar sus objetivos de expansión (Comisión de la Verd=
ad,
2022).
Del mismo modo, lo ha identificado el Centro
Nacional de Memoria histórica (CNMH, 201=
7, p.15) al abordar este fenómeno, por cuanto se presentan muchas
limitantes tanto normativas como de enfoques no comprehensivos, hechos victimizantes inexplorados, perspectivas analí=
ticas
limitadas, invisibilización de aristas i=
ndispensables
para entender la magnitud de su impacto y, por sobre todo, concurre una
limitación sobre la línea de tiempo para determinar el princi=
pio,
desarrollo y persistencia de esta violación a los DDHH
sobre los NNA, sus familias y comunidades que,
además, se agrava por el hecho de carecer de información
sistemática. Lo que ha valido para ocultar la diversidad de
víctimas, sus heterogéneas implicaciones y sus transformacion=
es
inherentes a la dinámica propia del prolongado conflicto armado inte=
rno
que ha experimentado el país.
Esta es una problemática que no se puede
desconocer, desde luego, como tampoco la de la preexistencia del
fenómeno aun después de la implementación del Acuerdo
Final, según los informes de Naciones Unidas, alertas tempranas de la
defensoría del pueblo, informes de Organizaciones de la Sociedad Civ=
il,
y en particular del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la
Coalición (ONCA) quien afirma que entre =
el
año 2016 y el primer semestre de 2021 se han registrado 269 hechos de
reclutamiento de NNA en el país (Bernal =
&
Lezcano, 2021).
A pesar de los bastos instrumentos internacion=
ales
y sin adelantarnos en detallar los mecanismos que posee Colombia desde ante=
s de
la Constitución de 1991 en torno a los NNA
como sujetos de especial protección por parte no solo del Estado a
través de sus instituciones, como es la familia, la iglesia, entre
otras, sino además de la sociedad adulta en conjunto; se observa com=
o en
la actualidad aún se sigue presentando el fenómeno del
reclutamiento (Arias, 2020).
Es por ello que, la problemática parte =
de
la esencia de entender qué ha pasado en el país para omitir l=
os
mandatos legales y permitir ya sea por acción o por omisión q=
ue
el fenómeno criminal aún persista por parte de distintos acto=
res
armados, más allá de las extintas FARC-EP; analizar cuá=
;les
fueron las falencias que se identificaron con los anteriores acuerdos de paz
que indudablemente no cumplieron las expectativas de las víctimas y =
por
demás se continuó la guerra que hoy el pueblo colombiano lame=
nta profundamente.
Las esperanzas aún están puestas=
en
la implementación del Acuerdo Final puesto que este cuenta con un
Ahora bien, es relevante después de señalar un contexto general en relación con el hecho victimizante del reclutamiento, uso y utilizaci&oacut= e;n de niños, niñas y adolescentes en el conflicto; aterrizar este a= la realidad del conflicto armado vivido en el departamento del Chocó. <= o:p>
Para nadie es un secreto que el conflicto arma=
do
ha tenido unos efectos devastadores en esta parte del país, el ausen=
tismo
del Estado, la crisis de las instituciones y la inestabilidad de los gobier=
nos
locales han socavado a la sociedad del departamento. Todas estas condiciones
han contribuido además de otras, como ser una región
geoestratégica que ha puesto al departamento del Chocó como un
lugar foco para los actores armados (en especial las Farc) y con ellos se ha
desarrollado una atmósfera que involucra a la población civil=
y
en especial el uso de NNA para el desarrollo de
actividades delictivas convirtiéndolos en víctimas inocentes =
y a
su vez en perpetradores de crímenes en contra de la sociedad (Alvarez, 2019).
Hay que mencionar, además que el delito=
del
reclutamiento es un fenómeno que continúa acechando a la
niñez aun después de la terminación del conflicto con
algunos grupos armados, como fue el caso de las FARC-EP, pese a ello la
defensoría del pueblo durante el 2020 reportó al menos 54 ale=
rtas
tempranas de estas por lo menos 23 estaban destinadas a alertar sobre los
riesgos de reclutamiento, uso y utilización de =
NNA
en por lo menos 20 departamentos del país. Teniendo en cuenta lo
anterior, para el caso del departamento del Chocó se registraron uno=
s 10
eventos en relación con el reclutamiento (Ubert=
i,
2022).
De acuerdo con lo anterior se pregunta
¿Cuáles han sido los avances en la implementación del
Sistema Integral para la Paz en el Departamento del Chocó en el Marco
del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional?
Para dar respuesta a este interrogante se prop=
uso
como objetivo general determinar los avances sobre la Implementación=
del
Sistema Integral para la Paz en el Departamento del Chocó en el Marco
del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, los cuales se
desarrollaron en (2) capítulos específicos que fueron:
En primera instancia se hizo un análisis
sobre las características del modelo restaurativo propuesto por el
Acuerdo Final de Paz a través del Sistema Integral para la Paz, y su
forma de implementación normativa en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Por último, se hizo una evaluació=
;n
de los avances y logros obtenidos frente a la implementación del mod=
elo
de justicia restaurativa en favor de las víctimas de reclutamiento, =
uso
y utilización de la niñez y adolescentes en el Chocó p=
or
parte de las FARC-EP dentro de los 4 componentes del SIP.
METODOLOGÍA
La presente investigación se enmarca en=
un
tipo descriptivo, ya que, se busca analizar los avances de la
implementación del modelo de justicia restaurativa aplicable a las
víctimas del conflicto armado, establecido en el acuerdo de paz entr=
e el
Gobierno Nacional y las FARC-EP, para el año 2016, sobre los grupos
subversivos que ejercen su autoridad territorial en el departamento del
Chocó.
Por otro lado, el estudio tuvo un enfoque
cualitativo (análisis jurídico), a partir del análisis=
de dos
categorías para entender si el modelo de justicia restaurativa adopt=
ados
en el SIP cumple con las finalidades de garantizar los derechos de las
víctimas de reclutamiento a la verdad, la justicia, la reparaci&oacu=
te;n
y garantías de no repetición.
Finalmente, la investigación se
desarrolló mediante la utilización de una técnica
documental en donde se recolectó información de distintas fue=
ntes
primarias y otras documentales como: normatividad nacional e internacional,=
la
jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte
Interamericana de DDHH, de la Corte Penal
Intencional, libros, artículos, tesis magistrales, investigaciones,
informes.
RESULTADOS
El modelo restaurativo y el ordenamiento
jurídico colombiano
El proceso de paz en Colombia tiene una ardua
historia, puesto que como se evidenciaba años de antigüedad en
cuanto a problemas en temas de conflicto armado, por otro lado, tambi&eacut=
e;n
se pensaba en la protección de derechos humanos, en la Sentencia C- =
303
de 2005:
La vinculación de menores en los confli=
ctos
armados supone para ellos una amenaza cierta a sus derechos a la vida,
integridad, libertad y educación, entre otros. Los niños y las
niñas reclutados y utilizados para la guerra, además de ser
separados prontamente de sus familias, se ven expuestos al manejo de armas y
explosivos; a la práctica de homicidios y secuestros; al abuso sexua=
l,
la tortura y el maltrato, así como a todos los demás aspectos
perversos de las hostilidades” (Sentencia C-303 de 2005).
Esta situación, por tanto, no est&aacut=
e;
subordinada al tipo de conflicto ni depende del grupo armado que practique =
el
reclutamiento, pues la afectación de los derechos de los menores se
produce por el hecho mismo del reclutamiento ilícito y en razó=
;n
de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estos suje=
tos
de especial protección.
En relación con lo anterior se evidencia
que, en Colombia, los niños han sido uno de los grupos más
vulnerables y afectados por el conflicto armado que ha azotado el paí=
;s
durante décadas. La guerra ha tenido un impacto devastador en la
infancia, exponiéndolos a múltiples violaciones de sus derech=
os
fundamentales. Reclutamiento forzado, desplazamiento, violencia sexual y la
falta de acceso a la educación y servicios básicos son solo
algunas de las atrocidades que estos niños han tenido que enfrentar
(Correa & Martín, 2020).
El reclutamiento de menores por grupos armados
ilegales ha sido una de las prácticas más condenadas a nivel
nacional e internacional. Niños y niñas a menudo desde muy
temprana edad, han sido obligados a unirse a las filas de guerrillas y
paramilitares, donde se les asignan tareas que van desde el combate directo
hasta labores de inteligencia y logística. Esta situación no =
solo
priva a los niños de su derecho a una infancia segura y educaci&oacu=
te;n,
sino que también los expone a traumas psicológicos y
físicos que pueden marcarles de por vida (Unicef, 2018).
El desplazamiento forzado es otra consecuencia
devastadora del conflicto armado que ha afectado a miles de niños en
Colombia. La violencia y las amenazas obligan a las familias a abandonar sus
hogares, lo que resulta en la interrupción de la educación y =
la
separación de los niños de sus comunidades y entornos familia=
res.
Este desarraigo afecta su desarrollo emocional y social, dejándolos =
en
situaciones de vulnerabilidad extrema (García, 2023).
A pesar de diferentes desafíos que se h=
an
evidenciado a lo largo de la historia de Colombia, se han hecho esfuerzos
significativos para proteger los derechos de los niños en el contexto
del conflicto armado en Colombia. Organizaciones nacionales e internacional=
es
han trabajado arduamente para implementar programas de reintegración
para niños excombatientes, proporcionando apoyo psicológico,
educación y formación vacacional para ayudarles a reconstruir=
sus
vidas. La legislación colombiana también ha avanzado, con la
adopción de leyes y políticas específicas dirigidas a =
la
protección en los derechos de los niños afectados por el
conflicto.
Siendo entonces el tema de “La Paz”=
;.
Ésta se evidencia desde la década de los años 1980, en
donde el presidente colombiano Belisario Betancur inició diál=
ogos
de paz con las principales guerrillas del país, logrando acuerdos
temporales. Sin embargo, a pesar de estos avances iniciales, los
diálogos eventualmente fracasaron y no lograron alcanzar acuerdos
finales de paz que pusieran fin definitivo al conflicto armado, debido a las
importantes diferencias y desconfianzas entre las partes. Este intento de
Betancur sentó las bases para futuros esfuerzos de diálogo (L=
ey
1448 de 2011).
Continuando con la línea temporal, se d=
a un
nuevo intento en el país en la década de 1990 en donde los
presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana volvieron a inten=
tar
llegar a acuerdos de paz. Por un lado, Gaviria busca las negociaciones que
había iniciado Belisario. Sin embargo, nuevamente estos no llegan a
resultados concretos, fracasando en lograr acuerdos definitivos que pusieran
fin al conflicto armado. Por otro lado, está Pastrana, quien siete
años más tarde emprende un nuevo proceso de paz más
extenso y ambicioso, el cual incluye desmovilización de una amplia z=
ona
del territorio colombiano, no obstante, todo el esfuerzo terminó
nuevamente fracasando (De Grieff, 2011).
Por último, se evidencia el año =
2012
donde el presidente Juan Manuel Santos inició un nuevo proceso de
diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, llevando las negociaci=
ones
a la ciudad de La Habana, Cuba. A diferencia de intentos previos, este proc=
eso
se caracterizó por ser prolongado y exhaustivo, con las partes abord=
ando
un amplio espectro de temas clave como la reforma agraria, la
participación política de las FARC, el fin del conflicto arma=
do y
la reintegración de los combatientes. Tras cuatro años de
intensas negociaciones, el gobierno colombiano y las FARC lograron finalmen=
te
alcanzar un acuerdo de Paz definitivo en el año 2016.
Por otro lado, es necesario hablar de la Justi=
cia
Transicional dentro del contexto histórico del Conflicto Armado
Colombiano, siendo este uno de los conflictos más prolongados del mu=
ndo,
y millones de víctimas durante su desarrollo. El proceso de paz
comenzó con las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FAR=
C,
culminando en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016, dentro de este acuerdo =
se incluyó:
(i) el reconocimiento y reparación de víctimas, (ii) garantizar justica para crímenes graves, (=
iii) fomentar la verdad y la reconciliación, (=
iv) no repetición. Así mismo, como
componentes de la justicia transicional se presentó, la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),=
que
es un tribunal especial para investigar y juzgar los crímenes graves
cometidos durante el conflicto (Ferrajoli, 2015).
La Comisión para el Esclarecimiento de =
la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición, su papel es documentar las
historias de las víctimas y los eventos del conflicto para construir=
un
relato histórico integral que promueva la reconciliación. La Unidad de Búsqueda de Pe=
rsonas
Dadas por Desaparecidas, se encarga de localizar a los desaparecidos durant=
e el
conflicto y devolver al menos los restos a sus familias, proporcionando un
cierre a esa dura etapa (Comisión de la Verdad, 2022).
A su vez, las Medidas de Reparación
Integral, implementadas por políticas del gobierno para reparar
económicamente las víctimas, con apoyo Psicosocial y
restitución de tierras. Finalmente, se incluyeron disposiciones
específicas para la protección de los niños, 1 de los
compromisos fue la liberación de todos los menores de edad reclutados
por las FARC y su reintegración en la sociedad a través de
programas especiales de atención y apoyo. Además, la
creación de la comisión de la verdad y la jurisdicción
especial para la paz (JEP) ha permitido visibil=
izar y
abordar los crímenes cometidos contra los niños durante el
conflicto buscando justicia y reparación para las víctimas
(Comisión de la Verdad, 2022).
La implementación de esta justicia
transicional representa un esfuerzo por abordar las cicatrices de un confli=
cto
prolongado en el tiempo, busca no solo la justicia para las víctimas,
sino también establecer bases para una paz estable y duradera en el
país. El éxito de ello depende de la continua voluntad
política, compromiso de todos los ciudadanos, una ruta hacia la paz =
y la
justicia, con muchos percances y baches en el camino pero que puede realiza=
rse
de la mejor manera, en una sociedad equitativa y reconciliada (Rios et al, 2018).
A pesar de los diferentes avances mencionados =
la
implementación de acuerdos y programas enfrenta desafíos
significativos día a día. La persistencia de otros grupos arm=
ados
y el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones continúa
poniendo en riesgo no solo a los niños sino también a adultos=
y
familias de todo el país. Es esencial que el Estado colombiano y la
comunidad internacional mantengan su compromiso con la protección de=
los
derechos tanto a niños, a jóvenes y adultos, garantizando
recursos y apoyo constante para las iniciativas de paz y rehabilitaci&oacut=
e;n.
Avances en la Justicia Restaurativa para
víctimas de las FARC-EP en el Departamento del Chocó
El Chocó ha sido históricamente =
una
región marginada en Colombia, caracterizada por su diversidad
étnica y cultual, pero también por la pobreza y la falta de
oportunidades. Su población, mayoritariamente afrodescendiente e
indígena, ha sufrido exclusión social y económica, lo =
que
ha profundizado las desigualdades en el acceso a derechos fundamentales com=
o la
educación, la salud, la infraestructura entre otros, y la precarieda=
d de
las condiciones de vida. Esta vulnerabilidad, e ha visto exacerbada por la =
limitada
presencia estatal, creando un vacío de poder que ha sido aprovechado=
por
actores armados ilegales, especialmente las FARC (Macc=
hia
& Rodriguez, 2022).
Desde la década de 1990, el conflicto
armado colombiano se recrudeció en esta región, donde la pres=
encia
de insurgentes y otros actores ilegales se convirtieron en una constante. El
reclutamiento de menores se convirtió en una estrategia común=
y
constante empleada por las FARC, utilizada para fortalecer sus filas, perpe=
tuar
el conflicto y asegurar su control territorial (Ramire=
z,
2010).
Los jóvenes y niños de la
región, enfrentados a la falta de acceso a la educación, empl=
eo y
servicios básicos, se volvieron blancos fáciles para los grup=
os
armados. La vulnerabilidad de los jóvenes, sumada a la escasa presen=
cia
del Estado, facilitó el fenómeno del reclutamiento.
Además, el control territorial que ejercían los actores armad=
os
les permitía imponer su autoridad sobre comunidades enteras, recluta=
ndo
a la fuerza a niños y adolescentes para que sirvieran como combatien=
tes,
cargadores, cocineros (etc.), exponiendo así a los menores a condici=
ones
de violencia extrema, privándolos de su infancia y derechos
fundamentales. Es pertinente que para lo anterior hay que tener en cuenta q=
ue
el abandono estatal también contribuyó a que cantidades de
menores de edad fueran vulnerables a ser reclutados por la fuerza o incluso=
a
unirse al grupo armado como única opción para sobrevivir
(Ramírez, 2010).
Por otro lado, los niños y adolescentes=
que
han sido reclutados por las FARC sufren un impacto psicosocial significativ=
o.
Muchos de ellos experimentan traumas severos que afectan su desarrollo
emocional y social. La desintegración familiar, la pérdida de=
la
infancia y la exposición a la violencia son solo algunos de los efec=
tos
adversos. Estos jóvenes no solo han sido testigos de actos de violen=
cia
extrema, sino que, en muchos casos, han sido obligados a participar en ello=
s,
lo que crea un profundo conflicto interno sobre su identidad y moralidad.
Para establecer la efectividad de las bases
implementadas para la aplicación de la justicia restaurativa en el
departamento del Chocó en lo que concierne al reclutamiento forzado =
de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)=
, por
los diferentes frentes de las FARC-EP, que asumen autoridad territorial a lo
largo y ancho de la región, se propone un análisis comparativo
sobre el registro único de víctimas (RUV=
)
que evidencie una radiografía cronológica sobre el comportami=
ento
de este hecho victimizante antes de los
diálogos de paz, durante los debates del acuerdo de paz y hasta la f=
irma
del acuerdo de paz en el año 2016.
De acuerdo con el comunicado 086 del 10 de ago=
sto
de 2021, expedido por la Jurisdicción Especial para la Paz, se pudo
establecer que luego de un sinnúmero de investigaciones y toma de de=
claraciones
a 247 Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes (NNAJ), se estableció que entre los años=
1996
a 2016, se reportaron alrededor de 18.667 NNAJ
reclutados solamente por las FARC-EP, a nivel nacional (Uberti,
2022).
En cuanto a la situación del departamen=
to
del Chocó, vale decir que de los (30) municipios para aquel entonces=
que
integraban la región, al menos (22) de ellos se encontraron afectados
por el reclutamiento forzado, los cuales son: (Carmen de Atrato, Unguia, Bojayá, Riosucio, Acandí, Carme=
n del
Darién, Istmina, Bagadó, San José del Palmar,
Quibdó, Novita, Medio Atrato, Alto Baudó, Atrato, Bahía
Solano, Bajo Baudó, Condoto, Juradó,
Litoral del San Juan, Lloró y Medio Baudó), esto de acuerdo c=
on
las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo
identificadas con el No. AT066-18 y AT043-18 de San José del Palmar y Pueblo Rico =
para
el año 2020. De lo anterior se estableció que (14) municipios=
se
encontraban en alto riesgo, (6) en riesgo (1) Alta vulnerabilidad y (1) en
Vulnerabilidad.
El departamento del Chocó en sus (30)
municipios evidencia que se encuentran en riesgo medio (25) municipios y el
resto de los municipios en riesgo alto, en total (5), lo que supone una
preocupación importante para esta región que se ve truncada e=
n su
necesidad de mejorar sus condiciones de vida por una violencia estructural =
que
representa marginalidad y desesperanza (Instituto Colombiano de Bienestar
Familia, 2023).
A pesar de la firma del acuerdo de paz en 2016,
nuevos grupos armados han surgido, perpetuando la violencia y dificultando =
la
implementación de los programas de Justicia Restaurativa. La presenc=
ia
de estas organizaciones criminales crea un clima de inseguridad que afecta =
a la
reintegración de los jóvenes.
El SIP ha presentado avances significativos en=
el
Chocó, aunque también enfrenta desafíos considerables.=
Uno
de los logros más notables ha sido la creación de espacios de
diálogo y participación para las víctimas, lo que ha
permitido que sus voces sean escuchadas y que reconozcan sus experiencias. =
La
persistencia de la violencia, con la presencia de nuevos grupos armados, ha
dificultado la estabilidad y la seguridad necesaria para que los programas =
de
reparación y justicia restaurativa sean efectivos. Muchos jóv=
enes
que han sido víctimas de reclutamiento continúan viviendo en
condiciones de vulnerabilidad, lo que limita su acceso a oportunidades
educativas y laborales. Esta situación genera un ciclo de desconfian=
za
hacia las instituciones y pone en riesgo los avances logrados en la promoci=
ón
de la paz y la reconciliación.
La falta de recursos es un obstáculo
significativo para la implementación efectiva de las iniciativas de
Justicia Restaurativa. Muchos programas dependen de la financiación
internacional, lo que puede ser inestable. La escasez de recursos humanos y
materiales limita la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios=
de
calidad a las víctimas y sus familias.
Por lo tanto, para que los avances sean
sostenibles, es fundamental que se fortalezca la presencia del Estado en la
región, se garantice la protección de los derechos de los
jóvenes y se implementen políticas que aborden las causas
estructurales de la violencia y la exclusión. Esto implica no solo un aumento en=
la
inversión de infraestructura y servicios básicos, como
educación y salud, sino también la creación de program=
as
específicos que promueven la inclusión social y económ=
ica
de las poblaciones más vulnerables. Además, es crucial foment=
ar
la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones,=
asegurando
que sus voces sean escuchadas en la formulación de políticas
públicas que impactan directamente en sus vidas.
DISCUSIÓN
La implementación del Sistema Integral =
para
la Paz (SIP) en el Chocó, tal como se describe en el documento, pres=
enta
una paradoja crucial entre el ambicioso paradigma de Justicia Restaurativa =
(JR) y las crudas realidades estructurales y de seguri=
dad
del territorio. El Acuerdo Final se basa en un modelo transicional que
privilegia la reparación a las víctimas y el reconocimiento de
responsabilidades, con la esperanza de poner fin a una problemática =
que
ha convertido a los NNA en uno de los grupos
más vulnerables del conflicto. Sin embargo, el análisis revela
que la magnitud del problema y las fallas en la implementación
comprometen seriamente la efectividad y la promesa de no repetición.=
Una de las críticas fundamentales se ce=
ntra
en el abismo entre la verdad que busca el SIP y el subregistro
sistemático de las víctimas. Aunque la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) y la Comisión=
para
el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) han estim=
ado
que el universo de NNA víctimas de
reclutamiento podría ascender a 30,000, la determinación exac=
ta
de los hechos es compleja y se enfrenta a dificultades asociadas con el
subregistro. Este problema se deriva directamente de la limitada presencia
institucional en los territorios y de la falta de información
sistemática, que invisibiliza la diversidad de víctimas y la
magnitud real del impacto. Esta limitación factual dificulta la
aplicación integral de la Justicia Restaurativa, pues la
reparación y la verdad no pueden ser completas si la dimensión
total de las violaciones permanece oculta.
Adicionalmente, el documento subraya que, a pe=
sar
de los esfuerzos del SIP, el reclutamiento sigue persistiendo aún
después de la firma del Acuerdo Final, impulsado por nuevos grupos
armados. Entre 2016 y 2021, se registraron 269 hechos de reclutamiento a ni=
vel
nacional. Esta realidad pone en entredicho el componente de "No
Repetición" del SIP. Si bien se han logrado avances, como la
creación de espacios de diálogo, estos esfuerzos puntuales de
reparación son socavados por un ciclo de violencia continuo que gene=
ra
inseguridad y perpetúa la desconfianza hacia las instituciones por p=
arte
de las víctimas. La presencia de grupos criminales afecta la
reintegración de los jóvenes, que siguen viviendo en condicio=
nes
de extrema vulnerabilidad, limitando su acceso a oportunidades educativas y
laborales.
La crítica más profunda se dirig=
e a
las causas estructurales en el Chocó. La región es descrita c=
omo
históricamente marginada, caracterizada por la pobreza, la
exclusión social, y la precariedad en el acceso a servicios
básicos. El ausentismo estatal y la crisis institucional crearon un
vacío de poder que fue aprovechado por las FARC, y ahora por otros
actores armados, convirtiendo a los jóvenes en blancos fácile=
s o
forzándolos a unirse por supervivencia. La violencia en Chocó=
es
estructural, representando marginalidad y desesperanza. Es fundamental que =
la
implementación del SIP trascienda las intervenciones reactivas para
abordar estas causas profundas. Si el Estado no fortalece su presencia,
invierte en infraestructura, educación y salud, y promueve la
inclusión social y económica de las poblaciones vulnerables, =
la
Justicia Restaurativa será insostenible.
Finalmente, existen desafíos
logísticos directos que impiden que los mecanismos de justicia llegu=
en a
quienes más los necesitan. La falta de infraestructura básica,
vías de acceso y servicios de comunicación han limitado la
llegada efectiva del SIP a las comunidades más apartadas del
Chocó. En un contexto donde la JR exige =
un
compromiso sostenido y la participación comunitaria, la incapacidad =
del
Estado para garantizar la logística esencial se convierte en una bar=
rera
insuperable para lograr una paz estable y duradera.
El éxito del SIP en el Chocó, po=
r lo
tanto, no depende solo de la voluntad política o del reconocimiento =
de
responsabilidades por parte de los excombatientes, sino de la capacidad del
Estado para desmantelar la marginalidad y la exclusión que sirvieron
como caldo de cultivo para la guerra
CONCLUSIONES
La Justicia Restaurativa en el Sistema Integral
para la Paz (SIP) debe priorizar a las víctimas, que se tengan como =
eje
central de los procesos de verdad, justicia, reparación y no
repetición. En el Chocó, como daño colateral de los
ataques y enfrentamientos por el conflicto armado, se hace necesario buscar
dignificar a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos como el
desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y la violencia sexual.
Comunidades fracturadas, históricamente marginadas que merecen ser
escuchadas y obtener reconocimiento de los daños sufridos.
En el caso del Chocó, estos procesos han
tenido un impacto transformador en comunidades donde la dinámica de
violencia y desarraigo debilita las relaciones sociales. Ello requiere un
compromiso sostenido que supere las intervenciones puntuales, asegurando que
los proyectos de reconciliación se traduzcan en cambios estructurale=
s,
como el fortalecimiento de la participación comunitaria y el acceso
equitativo a los recursos.
Así mismo, como elemento clave y
fundamental de la Justicia Restaurativa es el reconocimiento de responsabil=
idad
por parte de los Excombatientes, lo cual incluye tanto a los altos mandos c=
omo
a los combatientes rasos de las FARC-EP. En la zona del Chocó, este
aspecto adquiere particular relevancia debido a crímenes como el
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, las
masacres y la explotación de los recursos naturales de las comunidad=
es
indígenas y afrodescendientes.
Es de vital importancia, la implementaci&oacut=
e;n
de la Justicia Restaurativa en una región tan compleja como el
Chocó, la cual ha enfrentado numerosos desafíos logíst=
icos
y estructurales. La falta de infraestructura básica como las v&iacut=
e;as
de acceso y servicios de comunicación, ha limitado de alguna forma la
llegada efectiva de los mecanismos del SIP a las comunidades más
apartadas.
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