MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01DC9DD4.64A4C5E0" Este documento es una página web de un solo archivo, también conocido como "archivo de almacenamiento web". Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos. ------=_NextPart_01DC9DD4.64A4C5E0 Content-Location: file:///C:/1E433253/0082_Palacios.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5331
El Fenómeno del Reclutamiento
Forzado en Niños, Niñas y Adolescentes: Una Consecuencia de la
Violencia Urbana en el Municipio de Quibdó
The Phenomeno=
n of
Forced Recruitment of Children and Adolescents: A Consequence of Urban Viol=
ence
in the Municipality of Quibdó
Carlos Samir Palacios Moreno
https://orcid.org/0009-0002-0007-0060
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Quibdó – Colombia
Mario Andrés Zapata Molina
https://orcid.org/0009-0003-2681-0837
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Quibdó – Colombia
Diego Armando Valencia Matallana
Diarvama1720@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8311-0827
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis <=
span
class=3DSpellE>Cordoba”
Quibdó – Colombia
Artículo recibido: 10 de octubre=
de
2025. Aceptado para publicación: 14 de febrero de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El presente artículo describe el fenómeno del
Reclutamiento forzado de menores en Quibdó por bandas criminales,
facilitado por un "Estado fallido", inseguridad y pobreza extrema
(90% NBI). Se propuso como objetivo identificar
factores socioeconómicos, políticos y familiares que inciden =
en
la vinculación de menores a grupos delictivos intraurbanos. En cuant=
o a
la metodología, se empleó el enfoque cualitativo,
analítico y sintético, basado en el análisis documenta=
l de
fuentes normativas y causas situacionales. Como resultado se obtuvo que el
reclutamiento opera mediante seducción (incentivos y estatus) o
imposición (amenazas de muerte). La baja cobertura educativa (36.5% =
en
media) y la falta de centros de resocialización perpetúan la
vulnerabilidad juvenil.
Palabras clave: adolescentes, niños, reclutamiento forzado, violencia urban=
a
Abstract
This article describes the phenomenon of forced recruitment of minor=
s by
criminal gangs in Quibdó, facilitated by=
a
"failed state," insecurity, and extreme poverty (90% unmet basic
needs). The objective was to identify socioeconomic, political, and familial
factors that influence the recruitment of minors into intra-urban criminal
groups. Methodologically, a qualitative, analytical, and synthetic approach=
was
employed, based on documentary analysis of normative sources and situational
causes. The results showed that recruitment operates through seduction
(incentives and status) or coercion (death threats). Low educational covera=
ge
(36.5% in secondary school) and the lack of rehabilitation centers perpetua=
te
youth vulnerability.
Keywords: adolescents, children, forced recruitment,
urban violence
<= o:p>
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Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamerica=
na
de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está
disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
C=
ómo
citar: Palacios Moreno, C. S.,
Zapata Molina, M. A., & Valencia Matallana, D. A. (2026). El
Fenómeno del Reclutamiento Forzado en Niños, Niñas y
Adolescentes: Una Consecuencia de la Violencia Urbana en el Municipio de
Quibdó. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades 7 (1), 1157 – 1171. https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5331
INTRODUCCIÓN
En Colombia el fenómeno del reclutamien=
to
forzado ha venido creciendo de manera intensificada debido a los fallidos
acuerdos de paz celebrados con los paramilitares en el año 2005 y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejecito del Pueblo (FAR=
C-EP)
para el año 2016, ya que, en un informe realizado por Coalición contra la
vinculación de niños, niñas y jóvenes al confli=
cto
armado en Colombia (COALICO), en el año =
2020,
se pudo determinar un aumento de hasta el 113% entre los años 2018-2=
019,
especialmente para las comunidades rurales. Dado que estas poblaciones tien=
den
a fragmentarse durante la comisión de actos violentos, convirtiendo a
niños, niñas y adolescentes en combatientes. Esto resulta en
mayores violaciones a los derechos fundamentales debido al
constreñimiento y distorsión del proyecto de vida (Ibañez & Velásquez, 2008).
Debido a la escalada del conflicto armado y el
surgimiento de nuevos actores que están provocando la violencia, los
efectos del desplazamiento forzado en Colombia presentan situaciones mucho
más complicadas y problemáticas. En este caso, existen
estructuras como el Clan del Golfo, las Bandas Criminales (BACRIM) y las
disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo (FARC-EP), que están presentes en todo el
territorio nacional, particularmente en las zonas rurales que han sido foco=
, y
que actualmente alientan situaciones de desplazamiento forzado (Organizacion de Naciones Unidas, 2022).
Desde este ángulo, se establece que
actualmente existe un nuevo enfoque del conflicto armado producto de un
ineficaz proceso de transición, que ha consistido en la falta de
reparación integral a las víctimas; en este caso, quienes han
sufrido situaciones forzadas, como el desplazamiento, han sentido la necesi=
dad
de instalarse en cualquier lugar que asegure la satisfacción de
necesidades insatisfechas, diseñando un modelo organizativo diferent=
e al
que estaban acostumbrados. En este sentido, la violencia urbana es resultado
del conflicto armado porque muchas víctimas no reciben condiciones de
vida adecuadas y no tienen acceso a procesos de desarrollo humano como
vivienda, alimentación y educación para desarrollar habilidad=
es
que puedan utilizarse en las zonas urbanas. Como resultado, se convierten en
presa del crimen común porque deben sobrevivir en estas
geografías y sistemas sociales (Perea, 2020).
Hay aproximadamente 600.000 personas viviendo =
en
el departamento de Chocó, de las cuales el municipio de Quibdó
(la capital del departamento) representa el 30% con una población de
180.000 habitantes. Según el informe de la Defensoría del Pue=
blo,
se estima que el departamento del Chocó ha reportado más de
52.000 denuncias en los últimos diez años (Defensoría =
del
Pueblo, 2020).
En cuanto a la violencia juvenil intraurbana se
establece que se ha generado un nuevo fenómeno denominado
“urbanización del conflicto a través de la
tercerización que adelantan las Autodefensas Ga=
itanistas
de Colombia, en adelante (ACG), y el Ejé=
rcito
de Liberación Nacional, en adelante (ELN), mediante bandas
delincuenciales, quienes estarían instrumentalizando jóvenes =
del
casco urbano como bahía solano y Quibdó. Para el año 2=
021,
se registraron alrededor de 250 denuncias por desplazamiento intraurbano en=
el
municipio de Quibdó como consecuencia de las presiones ejercidas por
bandas delincuenciales, situación está que ha aumentado los
índices de inseguridad y violencia.
Existen diversos factores que influy=
en
en el proceso de vinculación
y retención de los
niños y jóvenes en la conducta delictiva =
en
la ciudad de Quibdó, en donde usualmente los líderes
utilizan el origen social, las relaciones familiares,
su carácter aventurero y la impunidad para
los delitos cometidos por los menores.
=
Por
otro lado, las alianzas entre grupos al margen de la Ley como las FARC-EP, =
los
paramilitares - Urabeños, el Ejér=
cito
de Liberación Nacional – ELN y pandillas locales entre estos, =
los
mexicanos, los zetas, los palmeños, entre
otros, ejercen presión social en aquellos jóvenes en
situación de pobreza o desocupación para que cometan delitos =
bajo
un riesgo mínimo judicial debido a su minoría de edad,
convirtiéndose en un mecanismo para burlar la dureza de la ley penal=
(El
Espectador, 2021).
Las estructuras criminales de la ciu=
dad
han utilizado a los menores para cometer diversos delit=
os,
tales como asesinato, extorsión, transmisión informació=
;n
en otras condiciones y varios tipos de robo. Todo lo anterior se encuentra
aunado a la inexistencia en el medio de un centro de recepción,
observación y reeducación que ofrezca las condiciones necesar=
ias
para una adecuada resocialización en su propio medio familiar como lo
establece la normatividad vigente y de una manera especial el código=
del
menor en Colombia.
Desde el punto de vista social encontramos que=
el
Municipio de Quibdó, en la actualidad cuenta con una infraestructura
educativa de 18 colegios, donde aproximadamente la mitad de estos requiere =
de
una reestructuración. En cuanto a la tasa de cobertura estudiantil, =
se
tiene registrado lo siguiente: en transición el 78.1 %, para primari=
a el
94.9 %, para secundaria el 70.2 % y la cobertura para la media es de 36.5 %=
y
en el año 2013, solo el 35 % de la totalidad de los graduados ingres=
a a
la educación superior, quedando vislumbrado el tema de la
deserción estudiantil y la desocupación juvenil (Rodriguez, et al, 2019).
Desde la perspectiva de la permanencia estudia=
ntil
se observa que los adolescentes desertan y no culminan la formación
secundaria, ello impidiendo contar con las calidades necesarias para encont=
rar
opciones sostenibles en el mercado laboral. Así, se hace conveniente
valorar la implementación de apoyo y seguimiento a estos jóve=
nes,
especialmente aquellos que están en un alto grado de vulnerabilidad =
como
las comunidades víctimas del conflicto armado.
En cuanto a la calidad de vida se precisa entonces que el Municip=
io de
Quibdó, presenta una de las mayores tasas de Necesidades Bási=
cas
Insatisfechas (NBI), siendo la de esta regi&oac=
ute;n
del 90 % en relación con la del país que es del 27.8 %; de es=
ta
manera se comprende que el 90 % de los habitantes del municipio de
Quibdó no cuenta con oportunidades de acceso a diferentes actividades
relevantes para el desarrollo, tales como la salud, la educación,
condiciones de vivienda, acceso a los servicios públicos domiciliari=
os,
generación de ingresos, etc. A partir de allí, estos
fenómenos traen como consecuencia que en esta región del
país se generen tasas de pobreza en un 49.9 % y de extrema pobreza de
17.5 %, siendo los indicadores más altos del país (Chavéz, 2018).
Lo anterior evidencia que en efecto muchos
jóvenes desertan porque no cuentan con los recursos mínimos p=
ara
realizar las actividades académicas, deportivas, culturales y, a
contrario sensu, es este el panorama que impulsa a que estos jóvenes
ingresen a las bandas criminales en el municipio de Quibdó.
Mientras que en el tema de seguridad y convive=
ncia
el Municipio de Quibdó, presenta unos índices bastante
preocupantes, teniendo en cuenta que en el estudio del Ministerio de Defensa
del año (2014), esta región del país, tiene una tasa a=
nual
de 55.6 de homicidios por cada 1000 habitantes, y 348.7 robos por cada 100 =
mil
habitantes al año, esto como consecuencia de la presencia de 365
policías para una población de aproximadamente 115.000 habita=
ntes
(Gómez, Baldrich, Martinez, Murillo, &am=
p;
Arias, 2020).
Cabe señalar que el municipio de
Quibdó para el año 2022, registró una tasa de 169
homicidios por cada 1.000 habitantes, siendo la ciudad capital más
violenta de Colombia, cuyo registro nacional fue de 127 homicidios por cada
1.000 habitantes. En lo que va del año 2023, se han reportado (34)
homicidios, de acuerdo con los reportes de la veeduría local
El comportamiento del índice GINI, refl=
eja
entonces el abandono estatal existente en departamentos como el Chocó=
;,
debido a la distribución del presupuesto la cual se ha enfocado en
promover prosperidad en territorios sostenibles que, en equiparar las
condiciones de territorios vulnerables, ocasionando que las condiciones sean
cada vez más graves y mucho más complejas de resolver desde l=
a institucionalidad.
Teniendo en consideración la pobreza y =
la
desigualdad como factores socioeconómicos totalmente adversos al
propósito de estas poblaciones víctimas de desplazamiento for=
zado
asentadas en el municipio de Quibdó, de recuperar las condiciones
mínimas de subsistencia pérdidas por causa de la violencia en=
el
marco del conflicto interno armado en Colombia, siendo estos actores social=
es
claves para las organizaciones delincuenciales como consecuencia de su esta=
do
de vulnerabilidad (Mosquera & Romaña, 2016).
Como objetivo general se propone identificar l=
os
factores económicos, sociales, políticos y familiares que inc=
iden
en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por
grupos delictivos intraurbanos del municipio de Quibdó. Para dar cum=
plimiento
a este propósito se desarrollaron los siguientes capítulos:
El primero se basó en la
identificación de las causas situacionales que permitieron la
conformación de grupos delictivos intraurbanos. Complementariamente =
se
hizo un análisis sobre los mecanismos de violencia utilizados por ba=
ndas
intraurbanas del municipio de Quibdó contra niños, niñ=
as y
adolescentes que son reclutados forzosamente por grupos delictivos
intraurbanos.
METODOLOGÍA
Para el presente estudio se ha estimado como e=
nfoque
de investigación cualitativa, teniendo en cuenta que se dio cuenta s=
obre
las causas generadoras de violencia y reclutamiento forzado en relaci&oacut=
e;n
al cumplimiento de las regulaciones internacionales y nacionales que supone=
n el
desarrollo de acciones administrativas por parte del Estado Colombiano en e=
ste
caso el municipio de Quibdó para la mitigación de este
fenómeno en zonas urbanas.
En cuanto al diseño de investigaci&oacu=
te;n
se propone un estudio de tipo analítico y sintético que permi=
ta
el análisis de los factores políticos, sociales, familiares y
económicos que producen el fenómeno de reclutamiento forzado
intraurbanos en menores del municipio de Quibdó, por parte de grupos
delictivos locales.
Para llevar a cabo la recolección y
análisis de los datos, se estima en principio el análisis
documental, identificar fuentes normativas nacionales e internacionales que
regulen la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes respecto al conflicto armado y organizaciones intraurbanas que
surgen como secuelas de estas organizaciones reconocidas por el derecho
internacional humanitario y analizar hasta qué punto Colombia como
Estado parte de estas convenciones y garante de la seguridad de esta
población especial han avanzado para evitar la vulneración de
derechos humanos.
DESARROLLO: CAUSAS SITUACIONALES QUE
FACILITARON A LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DELICTIVOS INTRAURBANOS EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDÓ
El conflicto armado interno es una
problemática social que vive el Estado Colombiano hace más de
sesenta años como consecuencia de la desigualdad social existente, d=
onde
la falta de garantías laborales a la clase obrera del país,
origina la conformación de grupos y su alza en armas con la finalida=
d de
formar guerrillas, obstaculizando la gobernabilidad del Estado y ocasionando
consigo desesperanza, incertidumbre y pobreza, por la marginación
ocurrida en las geografías de las comunidades abandonadas por el
Gobierno Nacional.
Este flagelo ha propiciado un desencadenamient=
o de
factores importantes en la estabilidad social colombiana, ya que dicho
enfrentamiento militarizado que en su momento fue por causas justas, pero q=
ue
la sed de poder y egocentrismo desnaturalizo la filosofía de las luc=
has
por las desigualdades sociales, convirtiéndose en una lucha por el p=
oder
territorial, económico que se traduce en la ejecución de actos
atroces contra los incautos e inocentes incursos en este conflicto de
intereses, siendo los secuestros, las masacres, el desplazamiento, el
narcotráfico, violaciones sexuales y reclutamiento forzado, las
consecuencias del conflicto interno armado en Colombia (Galindo, et al, 200=
6)
También conocidos como el Conflicto no
internacional, el Conflicto interno armado, es aquel que comprende las acci=
ones
armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas
contra el gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un
mínimo de organización.
Por su parte la Agencia de la ONU para los refugiados, señala que para la existencia de un conflicto interno armado es necesario la consecucion se varios elementos, e= ntre los cuales se tiene: (i) el uso de fuerzas militares y no policiales por pa= rte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto; (ii) Los grupos insurrectos deben estar organizados de= forma militar, con una estructura de mando; (iii) Con= trol territorial y operaciones militares por el grupo insurrecto (ACNUR, 2018).<= o:p>
Para el Centro Nacional de Memoria
Histórica, en adelante (CNMH), el Confli=
cto
Armado en Colombia data desde 1958, que se originó con el enfrentami=
ento
bipartidista y se extendió con el alza en armas de los campesinos,
quienes posteriormente conformaron, las guerrillas y los grupos paramilitar=
es
con la finalidad de hacer resistencia a las políticas excluyentes del
Estado que se concentraban en las zonas urbanas, abandonando las necesidade=
s de
las zonas rurales que históricamente han sido la punta de lanza en la
economía Colombiana (Centro Nacional de Memoria Histórica, 20=
13).
De acuerdo con la definición del CNMH, se establece que el Conflicto Armado en Colombi=
a es
una consecuencia de la mala administración del Estado respecto de los
recursos económicos, que produce pobreza, desempleo y condiciones de
vida precarias, especialmente para las comunidades rurales, situación
que obligó el alce en armas por parte de los campesinos, constituyen=
do
las guerrillas, reconocidas hoy como grupos al margen de la ley, bajo este
entendido la visión de estas estructuras era meramente de
reivindicación de derechos para las comunidades vulnerables, es deci=
r,
ejercían como una fuerza opositora y de resistencia frente a las
políticas públicas excluyentes que el Estado Colombiano
desarrolla para la distribución de los recursos, la cual no daban
crédito a la justicia social.
Con estas diferentes concepciones y posturas se
puede señalar que el Conflicto Armado en Colombia desde las esferas
internacionales y con fundamento al pacto de Ginebra, es concebida debido a=
la
existencia de grupos insurgentes con un poder militar, territorial y
económico, con la capacidad de generar oposición en el orden
social, de quien es garante el Estado, en otras palabras señalamos q=
ue
la existencia de Guerrillas como las FARC-EP (Fuerza Armado Revolucionaria de
Colombia y el ELN (Ejército de Liberación Militar), surgidas =
en
su momento por las desigualdades sociales que se presentaron por las malas
decisiones gubernamentales en el territorio Colombiano, afectando
progresivamente a la clase campesina y productiva a través de
políticas públicas clientelistas y contraproducentes a la ind=
ustria
nacional (Fajardo, 2014)
El Conflicto Interno Armado en Colombia trajo
consigo un desencadenamiento de masacres, desplazamientos y violaciones sob=
re
los derechos humanos a las víctimas de este flagelo, generando
transformaciones sociales que agudizan la desigualdad entre las comunidades=
.
Debemos decir que en definitiva el conflicto
interno armado en Colombia existió, desde la perspectiva del Derecho
Internacional con las características contextuales allí
especificadas, abriendo el debate sobre las estrategias que debe dise&ntild=
e;ar
el Estado para reparar integralmente a las víctimas.
Como consecuencia preponderante de esta
problemática el desplazamiento forzado como fenómeno social q=
ue
atenta contra la integridad de las personas y sus derechos humanos, se ha
presentado en diferentes regiones de Colombia y afectado a una alta tasa
poblacional del país; situación a la cual no es ajeno el
departamento del Chocó, región que ha experimentado los estra=
gos
de la violencia, como lo fue =
la
masacre del 02 de mayo de 2002, en el municipio de Bojayá, en el cual
murieron 119 personas, a causa de la detonación de un cilindro bomba
arrojado por la FARC-EP, que se encontraba en combate con grupos paramilita=
res,
esta situación se ha hecho extensiva en la geografía chocona,
donde se han venido presentando secuestros masivos, muertes selectivas,
extorsiones, tomas guerrilleras a centros poblados rurales, generando a su vez el desplazamiento forzado
individual y de comunidades enteras. (Revista Semana, 2014)
La existencia de estos flagelos en las diferen=
tes
poblaciones del Departamento del Chocó, obligan a los habitantes a
desplazarse a otras comunidades para resguardarse y mitigar la incertidumbre
que genera la violencia, dejando atrás, sus tierras, sus oficios
laborales, familiares, amigos, y la idiosincrasia cultural, constituyendo e=
sto
una clara violación a los derechos humanos y fundamentales de estos
habitantes, siendo el Estado Colombiano el garante de la protección,
preservación y fomento de dichos derechos. (Per=
iodico
El Espectador, 2018)
Se concluye que entonces que el conflicto arma=
do
en Colombia es un fenómeno social que ha impedido desde todo punto de
vista el desarrollo de las regiones, y sigue siendo una consecuencia del Es=
tado
fallido, teniendo en cuenta que los instrumentos de gobernabilidad utilizado
durante los últimos años por parte de la institucionalidad no=
han
permitido el resarcimiento de los derechos individuales y colectivos, puesto
que el conflicto aún persiste derivado de un sistema político=
–
económico que se centra en la confrontación inminente entre l=
as
fuerzas del Estado y los grupos al margen de la ley, que trae consigo,
más violencia, más víctimas, más pobreza y menos
oportunidad de crecimiento en las regiones, ya que, en la actualidad los
actores violentos han aumentado sustancialmente, ocasionando que el
fenómeno sea a un más complejo y carente de control.
Colombia durante los últimos (20)
años, se ha caracterizado por su enfoque político neoliberali=
sta,
colocando por encima del hombre los intereses económicos con el gran
flujo de capitales, estas prácticas se sintieron más, a partir
del año de 1991, con la fascinante idea del entonces presidente Cesar
Gaviria de la Apertura Económica, situación que generó=
una
desaceleración económica en nuestro país, por la llega=
da
de grandes empresas con gran envergadura tecnológica y financiera, c=
on
precios demasiados competitivos para el mercado, a partir de este escenario
muchas empresas colombianas cerraron y liquidaron, siendo un golpe
durísimo a la economía colombiana por el desempleo, que
aumentó sistemáticamente, especialmente en las regiones menos
favorecidas (Agualimpia, 2022).
Es a partir como estas decisiones improductivas
llevaron al país a un estado de depresión, apuntando y
revictimizando a la clase media y baja del país, con la
imposición de tributos como estrategia de nivelar los recursos
públicos que no se obtenían por la falta de empleo. A partir =
de
esta necesidad de supervivencia el sector privado ha degenerado las condici=
ones
socioeconómicas de los empleados, con salarios deplorables y sin la
esperanza de mejora, ya que el enfoque laboral hoy en día se apuesta=
en
la cantidad y no en la calidad, es decir, más empleados con el peor =
pago
posible (Riascos, 2020).
En los años sesenta (60), años de
intensidad de la guerra, agrupaba a diferentes actores que establecen
diferentes relaciones, entre el gobierno y las guerrillas, que propon&iacut=
e;an
una guerra abierta como mecanismo para hacerse con el poder político=
en
Colombia, por otro lado, se coincide también con la relación
entre las FARC-EP y los paramilitares que compartían una relaci&oacu=
te;n
en el marco del narcotráfico como mecanismo para financiar sus empre=
sas
delictivas (Calderón, 2016).
En el año 2016, en el acuerdo de paz
firmado entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, dio paso a la dejaci&oacu=
te;n
de armas de al menos 13.000 armas, sometiéndose a un proceso de
reinserción a la vida civil, surgiendo con ello la creación d=
el
partido político FARC, que posteriormente se cambió a Comunes=
. Se
pudo registrar que, hasta el año de 2018, hasta la salida del presid=
ente
artífice de este acuerdo, Juan Manuel Santos Calderón. Con la
llegada del Presidente Iván Duque
Márquez quien no brindó garantías para que el acuerdo =
se
ejecutará durante los próximos años, alias Timochenko =
en
el año 2019, expresó a la opinión pública que l=
as
bases de las FARC-EP, regresaban de nuevo a las armas, situación que
también originó una disputa interna en la que se crean las
llamadas disidencias de las FARC (Alvarez, 2017=
).
Las disidencias de las FARC-EP, se encuentran =
asentadas
en caseríos nuevamente, de las regiones del Norte de Santander,
Nariño, Arauca, Chocó y Meta, quienes recrudecieron la violen=
cia
en estas regiones del país, con el desplazamiento forzado, asesinato=
s,
narcotráfico, entre otras. El más reconocido frente de las
disidencias de las FARC, es el No. 33, “Ivan
Mordisco”, quienes ejercen operaciones narcoterroristas para propicia=
r un
fortalecimiento de este nuevo grupo (Arcos, 2020).
El fenómeno de violencia intraurbana ti=
ene
sus bases en la poca intervención que se ha garantizado a las
comunidades víctimas del conflicto armado que basados en sus necesid=
ades
ven en las bandas criminales una salida desesperada a la falta de empleo y
condiciones dignas, siendo necesario arrebatarles esos recursos aquellas pe=
rsonas
que, sí tienen cómo subsistir, ocasionando al final del ejerc=
icio
una pobreza generalizada.
La Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, establece los derech=
os
fundamentales de todos los niños, incluidos los adolescentes. Entre
estos derechos se encuentra el derecho a la protección contra el
reclutamiento forzado y la participación en conflictos armados. En e=
ste
ensayo, exploramos los mecanismos de protección que la Convenci&oacu=
te;n
proporciona a los adolescentes para prevenir su reclutamiento forzado,
así como los desafíos y las medidas adicionales necesarias pa=
ra
garantizar su pleno cumplimiento.
Uno de los mecanismos clave de protecció=
;n
es el artículo 38 de la Convención, que establece que los Est=
ados
Partes deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que los
niños no participen directamente en hostilidades y protegerlos de ser
reclutados ilegalmente en las fuerzas armadas. Esto implica la adopci&oacut=
e;n
de leyes y políticas que prohíban el reclutamiento de menores=
de
edad y la implementación de medidas efectivas para hacer cumplir esta
prohibición.
Además, la Convención insta a los
Estados Partes a tomar medidas para desmovilizar y reintegrar a los
niños que hayan sido reclutados ilegalmente en conflictos armados,
proporcionándoles apoyo psicosocial, educativo y económico pa=
ra
su rehabilitación y reintegración en la sociedad. Esto incluye
acceso a servicios de salud mental, educación adecuada y oportunidad=
es
de empleo o capacitación vocacional.
Asimismo, se encuentra el Convenio C-182 sobre=
las
peores formas de trabajo infantil, creado por la Organización
Internacional del Trabajo en 1999, la cual establece en su artículo =
3,
que en efecto el reclutamiento forzado constituye un escenario inadecuado p=
ara
la formación de estos jóvenes y deberán adoptar los
instrumentos de gobernanza necesarios para su regulación.
De igual forma se revisará la
Convención Internacional sobre los derechos de los niños que
establece la protección de los derechos humanos en los niños y
deben ser cumplidos o garantizados por los Estados partes de la misma media=
nte
la implementación de políticas públicas, planes, progr=
amas
y proyectos de prevención.
Desde un contexto nacional, se tendrá en
cuenta la Constitución Política de Colombia en su artí=
culo
44, que habla sobre los derechos fundamentales de los niños y que se=
ven
afectados a partir del flagelo del reclutamiento forzado. Y por supuesto la=
ley
1098 de 2006, que hace referencia a las garantías que gozan los ni&n=
tilde;os,
niñas y adolescentes que son obligados a pertenecer a estos grupos
delincuenciales.
En temas de seguridad, para el año 2009=
, el
municipio de Quibdó, padeció el flagelo del desplazamiento
forzado con una recepción de (21.739) habitantes sobre las (42.257)
desplazadas alrededor de todo el departamento, situación que ha
promovido el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolesce=
ntes
por parte de grupos armados. En temas urbanos, para el año 2014, el
promedio de homicidios representó un total de (55,6) homicidios por =
cada
(1.000) habitantes y (348,7) robos por cada (100) mil habitantes (Municipio=
de
Quibdó, 2016).
Condiciones de Seguridad en el Municipio de Quibdó-2015
|
Homicidios |
55,6/1000 habitantes |
|
Hurtos |
348,7/100.000 habitantes |
Fuente: Municipio de Quibdó, 2016.
En el contexto del conflicto armado, el munici=
pio
de Quibdó tiene presencia de grupos reconocidos por el Derecho
Internacional Humanitario y no reconocidos, como las FARC, el ELN,
águilas negras, rastrojos y el grupo renacer, quienes disputaban el
control territorial, explotación y exploración de oro, madera,
cultivos ilícitos y comercialización de drogas y armas (Munic=
ipio
de Quibdó, 2016).
Esta situación relacionada con los nive=
les
de calidad de vida está fundamentada en las Necesidades Básic=
as
Insatisfechas (NBI) con un (90%), a diferencia =
del
país con un (27,8%), esto significa que para los niños,
niñas y jóvenes las oportunidades son muy escasas en dicha
población. En términos de pobreza, el índice para el m=
unicipio
de Quibdó, corresponde al (73%), pobreza extrema (17,5%), teniendo un
promedio en las capitales del país en un (19,1%) y (3,4%),
respectivamente. Desde la perspectiva económica, Quibdó
representó para el año 2015, el (53,4%) del PIB, departamenta=
l,
el cual contribuye con el (0,4%) a nivel nacional, en cuanto a empleabilidad
entre 2013 a 2015, se redujo de (18,3%) a (15,1%), siendo la tercera ciudad=
con
mayor tasa de desempleo, superada por Cúcuta y Armenia (Municipio de
Quibdó, 2016).
Fuente de Empleo en el Municipio de Quibd&oacu=
te;
- 2015

Fuente: DANE, 2015.
El municipio de Quibdó, ofrece a la
comunidad un total de (42,7%) de trabajos formales, mientras que el (57,3%),
brinda ocupaciones informales como el rebusque, las ventas ambulantes y la =
rapimoto, son formas de soportar las condiciones de p=
obreza
y extrema pobreza en las que ha vivido esta región
históricamente, pues los niveles de inseguridad impiden la
recepción de inversiones y creación de nuevas empresas. Es de=
anotar
que las acciones administrativas de la capital chocoana dependen de las
transferencias nacionales y del sistema general de regalías en la qu=
e se
estimó una dependencia de hasta el (87,7%) para el año 2012, =
es
decir, no produce recursos propios y no tiene capacidad de endeudamiento pa=
ra
apalancar proyectos de gran impacto social (Municipio de Quibdó, 201=
6).
Entre los años 2015 a 2018, se
reportó que al menos (1.238) jóvenes habían sido
víctimas de conflicto armado, según la Unidad de Atenci&oacut=
e;n
a las Victimas – AURIV, la mayor afectaci=
ón
se presentó en 2015 con (410) casos, 2016, con (368) casos, 2017 con
(257) casos y 2018 con (203) casos (Alcaldia de
Quibdó, 2020).
Mecanismos de Violencia Utilizados por Bandas
Intraurbanas del Municipio de Quibdó para el Reclutamiento Forzado d=
e Niños,
Niñas y Adolescentes
Teniendo en cuenta que las condiciones sociale=
s,
económicas y educativas de los niños, niñas y adolesce=
ntes
que han sido objeto de reclutamiento forzado por grupos intraurbanos en el
municipio de Quibdó, son desalentadoras y algunas de ellas generador=
as
de violencia e inseguridad, se hace conveniente entender cuáles fuer=
on
los hechos victimizantes que han ejercido los
diferentes grupos que actualmente tienen incidencia en el municipio de
Quibdó y cómo esto ha vulnerado los derechos humanos de esta
juventud que requiere soluciones sostenibles desde la institucionalidad.
Actualmente el municipio de Quibdó se
encuentra sitiado por estructuras delincuenciales que nacen de la guerra po=
r el
territorio de los rastrojos, el clan del golfo y el grupo renacer, los cual=
es
están representados en (4) grupos como: i) los mexicanos; ii) Locos Yam; iii) RPS y iv)
los zetas, fortalecidas a partir del asentamiento de comunidades desplazadas
que llegaron al municipio de Quibdó y que la falta de una
intervención institucional seria ocasionó la integració=
;n
de jóvenes a estos grupos ocasionando una revictimización en
dicha población. Es de anotar que estas estructuras tienen influenci=
a en
todo el municipio de Quibdó, excepto en zonas rurales. El financiami=
ento
de estas estructuras está asociado a la comercialización ileg=
al
del oro, el microtráfico y extorsión (La Silla Vacia, 2024).
La Fiscalía General=
de la Nación, seccional – Chocó, dio un parte sobre los
menores que han sido asociados con las estructuras delincuenciales y captur=
ados
por la comisión de delitos por esta entidad en operativos para lo qu=
e se
indicó que:
Participación de Adolescentes en
Comisión de Delitos en el Municipio de Quibdó 2018 – 20=
23
|
Reclutamiento
Ilícito |
295
investigaciones |
141
investigaciones Inactivas |
|
154
investigaciones Activas |
Fuente: Fiscalía Ge=
neral
de la Nación Seccional – Chocó, 2024.
Respecto al ejercicio de violencia que ejercen
actualmente las estructuras intraurbanas del municipio de Quibdó para
reclutar a niños, niñas y adolescentes se encuentran dos form=
as
muy marcadas por los grupos reconocidos por el Derecho Internacional Humani=
tario
como las FARC, el ELN y las AUC, que ahora son
recreados por los mexicanos, los locos Yam, los=
RPS y los zetas, relacionados con la estrategia de
seducción y la de imposición, la primera es una invitaci&oacu=
te;n
voluntaria mediante incentivos y la segunda bajo amenaza generalmente para =
que
apoyen labores como el sicariato, inteligencia, vigilancia y entrega de
estupefacientes (Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, 2022).
El hecho victimizante de
seducción, implica desplegar un trabajo psicológico en el que=
se
hace un perfilamiento del joven, básicamente se estudia con quien vi=
ve,
como vive, si estudia, sí trabaja, que hace con su tiempo libre, qui=
enes
son sus amigos cercanos y su forma de pensar, teniendo en cuenta esta infor=
mación
envían emisarios para que se relacionen con estos y a su vez brindar=
les
incentivos siempre y cuando integren sus estructuras, indicándoles q=
ue
el trabajo de ellos no es peligroso porque no deben manejar armas en princi=
pio.
La manipulación psicológica es o=
tra
herramienta fundamental. Los reclutadores utilizan tácticas de
persuasión y coerción, explotando las inseguridades y los mie=
dos
de los adolescentes. Les hacen creer que su valor personal está liga=
do a
su capacidad para contribuir al grupo, lo que crea una dependencia emociona=
l y
psicológica. Además, los reclutadores pueden utilizar amenaza=
s y
violencia para mantener el control sobre los jóvenes,
asegurándose de que no abandonen el grupo una vez que han sido
reclutados (Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, 2022).
La cultura de la glorificación de la
violencia y el poder también es un componente importante en la
estrategia de seducción. A través de la exposición a
historias y mitos sobre la vida delictiva, los adolescentes son atraí=
;dos
por la idea de obtener poder, respeto y una reputación dentro de su
comunidad. Los medios de comunicación y la música a menudo ju=
egan
un papel en esta glorificación, presentando una imagen glamorosa de =
la
vida en el crimen que distorsiona la realidad y atrae a los jóvenes
(Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, 2022).
El uso de incentivos materiales es otra
táctica eficaz. Los reclutadores ofrecen regalos, dinero, ropa de ma=
rca
y otros bienes materiales para atraer a los adolescentes. Estos incentivos =
no
solo satisfacen necesidades inmediatas, sino que también sirven como
símbolos de estatus y éxito, reforzando la idea de que unirse=
al
grupo delincuencial es una forma de mejorar su vida (Observatorio Colombian=
o de
Crimen Organizado, 2022).
Por otro lado, el mecanismo más
común es el de imposición o amenaza, puesto que en caso de
renuencia y una alta necesidad de vincular personal a los grupos, estos dec=
iden
el uso de la fuerza o el miedo como mecanismo para incluir a esta
población de especial protección, básicamente les indi=
can
que si no se unen al grupo ellos y sus familias son objetivo militar y que
teniendo en cuentas las condiciones socioeconómicas en las que se
encuentran se ven en la obligación de aceptar el reclutamiento,
situación que evidencia una clara violación contra la liberta=
d,
el libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, derecho a la
igualdad y un ambiente sano (Observatorio Colombiano de Crimen Organizado,
2022).
La estrategia de imposición o amenaza p=
ara
reclutar adolescentes a grupos delincuenciales urbanos es un método
coercitivo y violento que utiliza la intimidación y el miedo para fo=
rzar
a los jóvenes a unirse a estas organizaciones. A diferencia de la
seducción, esta estrategia se basa en la explotación de la
vulnerabilidad a través del uso de amenazas directas, violencia
física y psicológica, y el control territorial (Observatorio
Colombiano de Crimen Organizado, 2022).
DISCUSIÓN
El fenómeno del reclutamiento forzado de
niños, niñas y adolescentes (NNA)=
en el
municipio de Quibdó representa una de las evidencias más
críticas de la falla del servicio de seguridad y de las debilidades
administrativas del Estado Colombiano. Esta problemática no es un he=
cho
aislado, sino la consecuencia de un "Estado fallido" en la
región, donde los instrumentos de gobernabilidad no han logrado
garantizar el resarcimiento de derechos individuales y colectivos. La
administración estatal ha mostrado una incapacidad histórica =
para
proteger a esta población especial, permitiendo que el conflicto se
"urbanice" a través de la tercerización de bandas
delincuenciales como los mexicanos, Locos Yam, =
RPS y los Zetas.
Una de las debilidades administrativas m&aacut=
e;s
notables es la distribución inequitativa del presupuesto nacional, el
cual se ha enfocado en promover la prosperidad en territorios ya sostenible=
s en
lugar de equiparar las condiciones en zonas vulnerables como el Chocó=
;.
Esta negligencia ha profundizado la brecha social, reflejada en un
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
del 90% en Quibdó, frente al 27.8% del promedio nacional. El Estado =
ha
fallado en proveer servicios esenciales como salud, vivienda y,
fundamentalmente, educación; la cobertura para la educación m=
edia
es de apenas el 36.5%, lo que genera una deserción estudiantil y
desocupación juvenil que las bandas criminales aprovechan para su
reclutamiento.
En términos de seguridad ciudadana, la
respuesta institucional es insuficiente. Para una población de
aproximadamente 115.000 habitantes, solo se contaba con 365 policías=
en
el año 2014, una cifra irrisoria frente a la magnitud de la violencia
urbana. Además, Quibdó carece de una infraestructura adecuada
para la infancia vulnerable, destacándose la inexistencia de centros=
de
recepción, observación y reeducación que ofrezcan
condiciones para una resocialización efectiva, tal como lo exige el
Código del Menor en Colombia. Esta carencia deja a los jóvenes
capturados en un limbo judicial y social, revictimizándolos en lugar=
de
protegerlos.
La dependencia administrativa de Quibdó
respecto a las transferencias nacionales, que representaba el 87.7% de sus
recursos en 2012, limita su capacidad de endeudamiento y de ejecució=
n de
proyectos de gran impacto social. Esta falta de autonomía financiera,
sumada a un ineficaz proceso de transición y falta de reparaci&oacut=
e;n
integral tras los acuerdos de paz de 2005 y 2016, ha permitido que nuevas
estructuras como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC llenen los
vacíos de poder. Los reclutadores utilizan tanto la seducción
mediante incentivos materiales como la imposición bajo amenaza de mu=
erte
para vincular a los menores, aprovechando que el Estado no garantiza un ent=
orno
seguro ni opciones laborales sostenibles.
CONCLUSIONES
La crisis de seguridad en Quibdó es
inseparable de sus condiciones socioeconómicas críticas,
caracterizadas por un índice de Necesidades Básicas Insatisfe=
chas
(NBI) del 90%, cifra que triplica el promedio
nacional. La falta de infraestructura educativa y una alarmante
deserción escolar donde la cobertura para la educación media =
es
de apenas el 36.5%, dejan a los jóvenes en un estado de
desocupación y vulnerabilidad extrema. Esta precariedad, sumada a una
economía predominantemente informal (57.3%) y una dependencia casi t=
otal
de las transferencias nacionales (87.7%), impide que el municipio ofrezca
alternativas de vida sostenibles, convirtiendo a las bandas criminales en la
única opción aparente para la supervivencia económica =
de
los menores ante la ausencia de un Estado garante.
Los grupos delincuenciales urbanos en
Quibdó como los mexicanos, RPS y Locos <=
span
class=3DSpellE>Yam emplean una estrategia sofisticada que oscila ent=
re la
seducción psicológica y la imposición mediante el terr=
or.
El mecanismo de seducción se basa en un perfilamiento previo del men=
or,
analizando sus carencias y círculos sociales para ofrecer incentivos
como dinero, ropa de marca y una falsa sensación de poder y estatus =
que
es glorificada por la cultura del crimen. Por otro lado, cuando la
persuasión falla, las bandas recurren a la imposición forzosa,
utilizando amenazas de muerte directas contra el adolescente o su familia y
aprovechando el férreo control territorial que ejercen para obligarl=
os a
cumplir labores de sicariato, vigilancia o microtráfico.
El reclutamiento forzado en Quibdó es el
resultado de un abandono estatal sistemático que se manifiesta en la
falta de garantías mínimas de subsistencia y una
protección policial deficiente. Mientras el Estado no trascienda su
enfoque de confrontación militar y no aborde las causas estructurales
como la pobreza extrema (17.5%) y la falta de infraestructura educativa, las
bandas criminales continuarán instrumentalizando a la niñez c=
omo
un mecanismo para burlar la ley penal y controlar el territorio urbano.
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Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea:
2789-3855, febrero, 2026, Volumen VII, Número 1 p 1156.