DOI: https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5332
Control Político y
soberanía popular: Remoción de dignatarios como expresi&oacut=
e;n
de las tensiones entre legalidad y legitimidad
Political con=
trol
and popular sovereignty: Removal of dignitaries as an expression of tensions
between legality and legitimacy
Darwin S=
alas
León
darwinsalas1221@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-9969-7684
Universidad Est=
atal
Península de Santa Elena
Santa Elena =
211;
Ecuador
Brenda R=
eyes
Tomalá
breyes@upse.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6815-8507
Universidad Est=
atal
Península de Santa Elena
Santa Elena =
211;
Ecuador
Artículo recibido: 10 de octubre=
de
2025. Aceptado para publicación: 14 de febrero de 2026.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.
Resumen
El estudio analizó el ejercicio del control político a
través de la remoción de autoridades de elección popul=
ar
especialmente en el ámbito de Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) con el objetivo de examinar su aplicación
conforme a la legalidad y legitimidad democrática, para su
investigación se aplicó un enfoque cualitativo a través
del análisis de entrevistas aplicadas a los actores que formaron par=
te
fundamental del proceso y un grupo focal integrado por profesionales del de=
recho,
asimismo, se analizó el expediente administrativo y el contenido de
fuentes normativas como la Constitución de la República del
Ecuador y el COOTAD. La revisión
facilitó constatar que el procedimiento de remoción fue activ=
ado
mediante la petición de un ciudadano; no obstante, su tramitaci&oacu=
te;n
tuvo deficiencias en el procedimiento, saltándose etapas importantes
para su aplicación práctica. De igual forma, se verific&oacut=
e;
que, pese a que su tramitación concluyó con el archivo del
expediente, se identificaron un sinnúmero de irregularidades que
llevaron a una instrumentalización del mecanismo de control
político. Finalmente, =
el
estudio revela que la aplicación del procedimiento de remoción
genera tensión entre legalidad y legitimidad, lo que permite adverti=
r el
requerimiento de optimizar prácticas jurídicas e instituciona=
les
que protejan el debido proceso y el respeto al mandato designado por
votación popular.
Palabras clave: remoción, control político, autoridades, procedimient=
o,
legalidad
Abstract
The study analyzed the exercise of political control through the rem=
oval
of elected officials, especially in the context of Decentralized Autonomous
Governments (GAD), with the aim of examining its application in accordance =
with
legality and democratic legitimacy. For the research, a qualitative approach
was applied through the analysis of interviews with actors who played a
fundamental role in the process and a focus group composed of legal
professionals. the administrative file and the content of regulatory sources
such as the Constitution of the Republic of Ecuador and the COOTAD
were analyzed. The review made it possible to verify that the removal proce=
dure
was activated by a citizen's request; however, there were deficiencies in t=
he
procedure, with important stages for its practical application being skippe=
d.
Similarly, it was verified that, although the procedure concluded with the
filing of the case, a number of irregularities were identified that led to =
the
instrumentalization of the political control mechanism. Finally, the study
reveals that the application of the removal procedure creates tension betwe=
en
legality and legitimacy, highlighting the need to optimize legal and
institutional practices that safeguard the integrity of the process and uph=
old
respect for the mandate conferred by the Will of the people.
Keywords: removal, political control, authorities,
procedure, legality
<= o:p>
<= o:p>
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<= o:p>
<= o:p>
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<= o:p>
Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamerica=
na
de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está
disponibles bajo Licencia Creative Commons.=
C=
ómo
citar: Salas León
, D., & Reyes Tomalá, B. (2026). Control Político y
soberanía popular: Remoción de dignatarios como expresi&oacut=
e;n
de las tensiones entre legalidad y legitimidad. LATAM Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 7 (1), 1172 – 1183.
https://doi.org/10.56712/latam.v7i1.5332
INTRODUCCIÓN
Este trabajo parte de la hipótesis de q=
ue
la remoción de autoridades, a pesar de estar jurídicamente
regulada, existen tensiones no esclarecidas entre legalidad formal y
legitimidad democrática.
En el marco de la teoría política
actual, el sistema democrático y social habita sustancialmente desde=
el
poder popular, en este sentido los organismos públicos no surgen des=
de
la autoridad como tal, sino de, un acuerdo colectivo que encomienda durante
periodos de tiempo a quien desempeña la función de ejecutivo.
Este pensamiento se sujeta a la teoría del pacto social, Daros (2005)
sostiene que, si bien la ciudadanía delega el ejercicio del poder
político a los gobernantes, dicha delegación no implica la
renuncia a los derechos naturales que permanecen en el pueblo como fundamen=
to
de la soberanía (p.16). Los electores le=
jos de
renunciar a su poder político, utilizan mecanismos de control
tipificados legalmente con el fin de generar responsabilidad en su gobernan=
te.
En este sentido, la democracia se expresa a
través de diversas dimensiones, no se limita a la democracia
representativa, es decir, a la elección de autoridades, sino que,
incorpora la democracia participativa que juega un rol importante en la
política facilitando a la ciudadanía involucrarse de manera
activa en temas públicos, un ejemplo claro de la democracia
participativa es la remoción de dignatarios, siempre y cuando parta =
de
la legalidad.
Por «democracia representativa» su=
ele
aludir a aquel modelo en el que las decisiones colectivas son adoptadas por
personas elegidas y reconocidas por los ciudadanos como sus representantes.=
La
«democracia participativa» es, por su parte, un modelo
político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse de =
modo
que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas
mediante mecanismos de participación directa que el Estado habilita a
tal fin (Pérez, 2010, pp.13-14).
Desde la teoría democrática, aun
cuando la democracia representativa ha sido el elemento más importan=
te
de la legitimidad y conocido a nivel global en el modelo de gobierno se ve
tensionada por la democracia participativa.
En el ámbito descrito, como aspecto
fundamental se encuentra considerado como una facultad y garantía
política los derechos de participación, control y
fiscalización con el propósito de salvaguardar la legitimidad=
del
uso del poder. El proceso de participación ciudadana en el Ecuador
requiere ser fortalecido desde la propia ciudadanía, en tanto consti=
tuye
un mecanismo para la exigibilidad de derechos y el ejercicio de
responsabilidades dentro de la gobernanza democrática. No obstante, =
uno
de los principales obstáculos para su consolidación radica en=
la
limitada formación cívica y el acceso insuficiente a
información, lo cual dificulta el establecimiento de un diálo=
go
efectivo y constructivo entre la ciudadanía y las autoridades
públicas (Torres, 2020).
Esta postura revela que, la democracia no exis=
te
sin participación ciudadana, no es la autoridad o el estado quien de=
cide
si permiten la participación o no, sino que, la ciudadanía
participa porque el poder nace del pueblo y la soberanía los pertene=
ce.
Existen desafíos al ejercer los derechos de participación
ciudadana, uno de ellos se expresa a través del control polít=
ico,
es aquí en donde se pone en juego la estabilidad de las autoridades
electas en su periodo, dentro de ello se presenta como una herramienta
principal la remoción de dignatarios, es aquí donde act&uacut=
e;a
la soberanía popular abarcando la posibilidad de separar del cargo
atribuido, tomando en cuenta que para ejercer este derecho debe ser dentro =
de
un marco legal garantizando el cumplimiento del debido proceso consagrado e=
n la
Constitución de la República del Ecuador como norma suprema. =
En
este sentido, “en todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso” (Constitución de la República del Ecuador, 200=
8, art.
76).
En este escenario, La Constitución del
Ecuador establecida en 2008 juega un rol fundamental en el país al
nombrarlo como una república descentralizada y a la vez unitaria.
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, socia=
l,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobier=
na
de manera descentralizada” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008, art.1). Es así como se
encuentra organizada territorialmente en un orden jerárquico como es=
de;
regiones, provincias, cantones y parroquias. En el caso de Ecuador, el
país cuenta con 4 regiones, 24 provincias, 221 cantones y 1.499
parroquias rurales y urbanas.
El estado se considera una organización
jurídica y política que surge de la asociación de vari=
os
individuos que buscan fines comunes, de esa asociación resulta una
unidad indivisible, pues el perseguimiento unánime de esos fines com=
unes
transforma a la sociedad organizada en una persona jurídica distinta=
a
la de sus conformantes (Noboa, 2013, p. 6).
Al hablar de Organización Territorial d=
el
Estado y la existencia de una descentralización política, ha
desarrollado escenarios específicos en donde las tensiones existente=
s en
el sistema democrático cada vez se intensifican más y aparecen
con frecuencia.
La descentralización administrativa no
modifica el carácter unitario de un estado, así como tampoco,
cambia las relaciones entre los órganos que forman parte del estado,=
es
decir, sigue existiendo una subordinación, ello pues los poderes
entregados o delegados están supeditados a los poderes de control qu=
e se
ejercen desde el estado central (Noboa, 2013, p.8).
Es decir, a pesar de que la
descentralización favorece a la autonomía de los gobiernos, al
ejercerla se puede ver que no solo se transfiere el poder a los territorios,
sino que, al hacerlo, también se transfieren los conflictos, los cua=
les
en gran medida se visualizan en el entorno local. Si bien es cierto, en la
descentralización la ciudadanía tiene mayor cercanía c=
on
las autoridades a diferencia de con el Gobierno Central en donde se dificul=
ta
más tener contacto directo para ejercer los mecanismos de
participación.
Es así que, en los últimos
años se ha visto que los mecanismos de control político, como=
es
la remoción de dignatarios, se hacen presente de manera significativ=
a en
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pues son ellos quienes tie=
nen
de cerca el ejercicio del poder por el pueblo.
En este sentido, es indispensable para esta
investigación, analizar lo que la Constitución plantea como
modelo de autogobierno; tal como en el artículo doscientos treinta y
ocho “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán =
de
autonomía política, administrativa y financiera”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 238).
La función esencial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD), es tomar decisiones propias con el=
fin
de lograr una administración pública eficaz dentro de sus ter=
ritorios.
Buendía (2011) sostiene:
A
través de la descentralización obligatoria, progresiva y
definitiva de las competencias del gobierno central a los gobiernos
descentralizados se fomenta alcanzar la mayor autonomía posible a fi=
n de
que las regiones y territorios puedan impulsar sus proyectos de desarrollo =
para
el Buen Vivir y puedan llegar a convertirse en una suerte de régimen
autonómico. (p.117).
Conforme a la postura del autor, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados generan un espacio para que la ciudadan&i=
acute;a
ejerza su derecho de participación ciudadana de forma más
directa, sin embargo, esa participación directa puede provocar tensi=
ones
a la hora de controlar o cuestionar a las autoridades de turno.
En este contexto, El Código Orgá=
nico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralizaci&oacut=
e;n
(COOTAD) es claro a la hora de establecer
lineamientos con el propósito de que exista un control que de paso a=
la
participación y fiscalización de la ciudadanía permiti=
endo
que las autoridades practiquen dicha autonomía sin extralimitarse en=
sus
atribuciones.
Erraez et al. (2025) afirman:
El
COOTAD constituye el principal referente normat=
ivo
para la gestión de los GADs. Este
código establece los principios fundamentales de la
descentralización, como la autonomía política,
administrativa y financiera de los GADs.
Además, define las competencias exclusivas, concurrentes y
complementarias de cada nivel de gobierno, garantizando así una
distribución equitativa de las responsabilidades. Según el
Es decir, para que la gestión local sea
responsable y ordenada es necesario que una base legal lo regule en el caso=
de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el CO=
OTAD
estableciendo competencias para que la ciudadanía y las autoridades
trabajen conjuntamente en el desarrollo de sus localidades.
Dentro del COOTAD =
se
visualiza uno de los mecanismos de control político con mayor releva=
ncia
en los GADs, tal es el artículo trescien=
tos
treinta y dos, El COOTAD regula la remoci&oacut=
e;n de
autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como un
mecanismo excepcional de control político, el cual debe tramitarse
conforme a un procedimiento previamente establecido y con respeto a las
garantías del debido proceso (COOTAD, 20=
10,
art. 332).
Es así como, la remoción de
autoridades busca evitar el abuso de poder de las mismas, se comprende que =
los
ciudadanos tienen mayor participación dentro de este proceso, pues s=
on
ellos los afectados al momento en que la autoridad electa evada sus
responsabilidades con la colectividad y su desarrollo. La remoción de
autoridades de elección popular debe desarrollarse bajo
parámetros rigurosos de legalidad, transparencia y garantía de
los derechos políticos, ya que solo a través de este equilibr=
io
es posible fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones
públicas y promover una democracia participativa efectiva (Arguello
& Del Salto, 2025).
Continuando con lo mencionado anteriormente,
así como la remoción de autoridades es un mecanismo de control
político esencial para los ciudadanos, es indispensable que su derec=
ho
de participación ciudadana se ejerza correctamente, es decir se ajus=
te
al cumplimiento del debido proceso y no se convierta en un motivo de
persecución política, ya que, en los últimos añ=
os
se ha visto varias irregularidades en los procesos de remoción de
dignatarios.
Pese a ello, al momento de la práctica =
de
estos mecanismos de control político surgen dudas y problemas, respe=
cto
a, la legalidad de los procesos de remoción y su legitimidad
democrática, en otras palabras, a pesar de que un proceso de
remoción vaya acorde a la ley, es posible que no responda o represen=
te
la voluntad ciudadana o principios democráticos, aun así, hay=
que
evidenciar que dentro de los procesos de remoción existen varios
vacíos legales que causan violaciones al debido proceso.
La legitimidad del poder se sustenta en el res=
peto
al principio de legalidad, en la medida en que el ejercicio de la autoridad
sólo puede considerarse válido cuando se desarrolla conforme =
a la
ley y asegura su aplicación efectiva; en este sentido, la legalidad
constituye un criterio determinante para distinguir entre un ejercicio
legítimo e ilegítimo del poder político (López,
2010).
Con base a lo expuesto, las autoridades de
elección popular ostentan una dignidad en razón del mandato
ciudadano el cual de forma democrática los ha elegido para estar en =
el
poder y ser sus representantes a fin de velar por el bienestar colectivo, l=
os
mandatarios a pesar de tener su origen legal y estar en un puesto de poder
deben cumplir sus funciones atribuidas plasmadas en la normativa que rigen =
cada
una de las instituciones del Estado para que esto sea legal, caso contrario=
al
contravenir y faltar los parámetros legales se vuelven
ilegítimos.
En ciertas ocasiones, existen dos escenarios
críticos en el ejercicio de los procesos de remoción, por un
lado, pese a que los procedimientos cumplan conforme a la ley los mecanismo=
s de
control político más que ser usados para ello, existe la
posibilidad de que lo usen como una herramienta para desestabilizar a la
institución o generar presión en una autoridad, por otro lado=
, la
ciudadanía tiene motivos para ejercer el control, sin embargo, en va=
rias
ocasiones han fracasado por errores procedimentales, esto genera tensi&oacu=
te;n
entre legalidad y legitimidad al ser utilizado como una herramienta
política y no jurídica afectando a los derechos fundamentales=
.
Si bien es cierto, La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha reafirmado en varias ocasiones que los derechos
políticos, son derechos humanos, por lo que se encuentran protegidos=
,
La Convención Americana sobre Derechos
Humanos expresa, desde su preámbulo, el compromiso de los Estados de
proteger y reconocer jurídicamente los derechos humanos, incluidos l=
os
derechos políticos, como pilares fundamentales para el fortalecimien=
to
de la libertad individual, la justicia social y el funcionamiento de las in=
stituciones
democráticas (Dalla, 2011).
Para mayor claridad, es cierto que la
ciudadanía puede controlar y remover autoridades, sin embargo, al
hacerlo deben ser cuidadosos y respetar la ley, tomando en cuenta que este
control se puede interpretar como una toma de decisiones arbitrarias que
conlleven a la violación de los derechos políticos.
En atención a lo expuesto, este estudio=
se
enfoca en analizar la remoción de dignatarios como una expresi&oacut=
e;n
de las tensiones entre legalidad y legitimidad en el ejercicio del control =
político,
particularmente en el ámbito de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
Para la elaboración de este estudio, se=
ha
optado por la aplicación del método de investigación
cualitativo, en virtud de que se encamina al análisis e
interpretación jurídico aplicable en la remoción de
dignatarios como mecanismo de control político, es decir los
procedimientos jurídicos, principios constitucionales y qué
tensiones genera respecto a la legalidad y legitimidad. El alcance utilizado
fue analítico-descriptivo, que permitió identificar tensiones
entre legalidad y legitimidad, examinar normas, principios y procedimientos=
en
lo que concierne a la remoción de dignatarios, además identif=
icar
competencias de los GADs y plantear el marco
normativo y el ejercicio del control político dentro de los mismos. =
El diseño de investigación aplic=
ado
es no experimental, transversal, ya que el estudio se realiza a partir de un
momento determinado, sin manipular variables, además la
investigación opta por un diseño jurídico-dogmá=
tico
conducido a la revisión de principios, normas y procedimientos
jurídicos.
La investigación se empleó bajo =
un
muestreo no probabilístico de tipo intencional, se seleccionó
informantes clave directamente vinculados con el
proceso, en este caso, el estudio se centró en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Pujil&iacut=
e;,
provincia de Cotopaxi. Los participantes fueron seleccionados de acuerdo a =
la
participación directa, conocimientos especializados y papel
institucional, en este sentido, para la investigación, se eligi&oacu=
te;
al alcalde del GAD Pujilí, una concejala que cumplía como
presidenta de la comisión de mesa y el ciudadano que impulsó =
el
proceso de remoción, además se incluyó el criterio de
abogados con conocimientos en derecho.
Para la recolección de informació=
;n
como técnicas de investigación se aplicó entrevistas s=
emiestructuradas;
análisis documental y grupo focal que permitieron obtener criterios,
revisar la doctrina y un intercambio argumentativo de ideas referentes al c=
aso
de estudio.
Como instrumentos de investigación,
inicialmente se aplicó tres cuestionarios diferentes de entrevista
semiestructurada, mismos que fueron dirigidos, al alcalde del cantón
Pujilí a quién se le planteó el proceso de
remoción, a una concejala quien cumplía como miembro de la
comisión de mesa y por último al ciudadano que planteó=
la
remoción, en donde se obtuvo información relevante para la
investigación, posterior a ello, se utilizó la ficha de
análisis documental la cual se basó en la revisión del
expediente de la remoción planteada, el COOTAD<=
/span>
como norma reguladora de los GAD y la Constitución como carta magna.
Asimismo, se elaboró una guía de discusión para los
profesionales en derecho con conocimiento del caso, en donde los principales
ejes temáticos fueron el control político, la soberanía
popular, la remoción de dignatarios y garantías
constitucionales.
El procedimiento del estudio se desarroll&oacu=
te;,
inicialmente con las entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas de
forma virtual y presencial una vez que los entrevistados tenían
conocimiento del objetivo de la investigación, el alcalde, la concej=
ala
y un ciudadano que impulsó el proceso de remoción expresaron =
su
criterio y percepciones de acuerdo a su propia experiencia, al ejercicio de=
la
participación ciudadana al igual que la remoción de dignatari=
os
como mecanismo de control político, por otro lado, para el
análisis documental se empleó una ficha de análisis de
contenido de documentos jurídicos claves para la investigación
como es la Constitución de la República del Ecuador, el
expediente administrativo del proceso de remoción y el Código
Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, e=
n la
ficha se estableció categorías, indicadores, evidencias y
observaciones con el fin de identificar los artículos, temas, proces=
os y
elementos normativos en cuestión del control político y el de=
bido
proceso.
Por último, con la guía de
discusión dirigida a los profesionales de derecho, se organizó=
; un
grupo focal con los mismos de manera presencial, en la cual se discuti&oacu=
te;
criterios y conocimientos jurídicos con respecto al caso, que aporta=
ron
significativamente a los temas fundamentales de la investigación.
La investigación actual se efectu&oacut=
e;
con las respectivas consideraciones éticas de los estudios cualitati=
vos,
en el caso de las entrevistas semiestructuradas se actuó con la
participación voluntaria de las personas vinculadas en el caso, quie=
nes
dieron su consentimiento para el uso de la académico de la
información emitida por los mismos, además se usó pala=
bras
como cargos, funciones y más no sus datos personales, por otro lado =
en
cuanto al grupo focal de la misma manera se hizo uso de la informació=
;n
con respecto confidencialidad de la información y con fines
académicos, los profesionales de derecho hicieron su
participación voluntaria para brindar información que
aportó a la investigación, finalmente, con respecto al
análisis documental, la información proveniente de los docume=
ntos
es de conocimiento público, como el expediente de remoción y =
las
normas jurídicas.
RESULTADOS
Los resultados parten de las entrevistas
semiestructuradas, el análisis documental y el grupo focal, esto de
acuerdo a las observaciones principales sobre la remoción de
dignatarios, el control político, el debido proceso y las tensiones
entre legalidad y legitimidad.
Percepción del alcalde del GAD
Pujilí sobre el procedimiento de remoción
De la entrevista practicada al alcalde de
Pujilí se observó que en las elecciones del 05 de febrero del
2023 tras ser elegido como el segundo alcalde más votado del
país, toma posesión de sus funciones como autoridad el 14 de =
mayo
del mismo año, en donde iniciaron sus labores, sin embargo, al
año y algunos meses de su gestión se interpuso la denuncia de
remoción en su contra planteada por un ciudadano que indicaba que no
había subido la información del avance de cumplimiento de met=
as
al Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (SIGAD). Asimismo, enfatiz&oac=
ute;
que en la remoción planteada se encontró un sinnúmero =
de
deficiencias procedimentales, ya que respondía a una actuació=
n de
carácter político por parte del vicealcalde, quien posterior =
a su
remoción ocuparía el cargo de alcalde titular, destacó=
que
un ciudadano se habría prestado para realizar la denuncia en su cont=
ra
sin existir una causal debidamente fundamentada.
De igual forma, se observó que el entre=
vistado
identificó irregularidades en la aplicación de la normativa s=
in
cumplir con lo establecido en el COOTAD y La
Constitución de la República del Ecuador violentado el derecho
del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Se
constató que, los pasos del procedimiento en actos esenciales afecta=
n la
validez y coherencia del proceso administrativo generando anomalías
concurrentes en su tramitación.&nbs=
p;
No obstante, el análisis de la entrevis=
ta a
la autoridad municipal evidencia que la remoción como un instrumento=
de
control político responde a la necesidad de mantener en vigilia al
mandante con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos lo
cual es correcto, sin embargo en su caso no fue así, la autoridad revela que la denunci=
a no
se plantea con el fin de evaluar su gestión sino que, existieron
conflictos de interés político, lo que valida la existencia de
las tensiones entre legalidad y legitimidad.
Percepción institucional del
procedimiento, concejal del GAD Pujilí
La entrevista a la concejal permitió
identificar que la remoción no siempre obedece a un factor legal de
incumplimiento por parte de la autoridad, sino que hoy en día se uti=
liza
como una herramienta política que busca desconocer la voluntad ciuda=
dana
plasmada en las urnas como soberano y ubicarse en un sitial para el cual no=
fue
elegido.
Desde esta perspectiva, se consideró que, el inicio=
de la
remoción para que surta efecto sin afectar la democracia debe cumplir
requisitos formales y legales contemplados en la Constitución de la
República del Ecuador (CRE) y
Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD y
la existencia de causales robustas que concuerden con el debido proceso que
interrumpan la voluntad ciudadana, si no es así se violentaba el
principio de soberanía popular, lo cual conlleva a un sometimiento a
factores políticos y partidistas de una minoría que busca
desconocer a una mayoría que eligió a su gobernante.
Los resultados de la entrevista permiten adver=
tir
que la remoción en el GAD de Pujilí no se plantea de forma le=
gal
y conforme a los mecanismos y causales que la norma exige, sino que, este
instrumento atenta convenientemente a la democracia y legitimidad de los
mandatarios lo cual termina en desestabilizar la institucionalidad a la que
pertenecen.
Control político como iniciativa ciudad=
ana
De la entrevista al ciudadano que realiz&oacut=
e;
la solicitud de remoción de la autoridad del GAD de Pujilí se
deduce que el control político efectivamente es un mecanismo para qu=
e la
ciudadanía ejerza el derecho a la participación ciudadana cua=
ndo
considera que la autoridad electa no es responsable con el cumplimiento de =
las
funciones del cargo para el cual ha sido elegido, el ciudadano sostuvo que
nadie puede quitarles el derecho a demandar, sobre todo si la autoridad no
actúa conforme al órgano que regula los =
GAD’S
como es el COOTAD, enfatizando que el
desempeño de las funciones públicas principalmente debe centr=
arse
en los intereses colectivos y evitando que los recursos del pueblo se utili=
cen
para intereses particulares.
En apoyo a lo expuesto, se realizó el
análisis documental de las normativas y documentos administrativos. =
Del
análisis de La
Constitución de la República del Ecuador se constató q=
ue,
todo procedimiento civil, penal administrativo, etc., debe amparar el
legítimo derecho a la defensa como garantía básica del
debido proceso, sobre todo en autoridades de elección popular que ba=
jo
el derecho a ser elegido son posesionados en su cargo por voluntad popular,
sobre este principio de legalidad, se identifica además que pueden s=
er
apartados de sus funciones por falta de confianza de sus electores, es deci=
r,
se deslegitima su actuación por no representar el interés de =
sus
electores, se denota que, toda actuación debe ser motivada y en base=
a
las competencias atribuidas para este ejercicio.
Por su parte del análisis del Có=
digo
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización se verificó que, el procedimiento de
remoción se encuentra contemplado siendo una norma que rige a los
Gobiernos Autónomo Descentralizados GADs=
, del
mismo se desprendió que la competencia para resolver estas denuncias=
de
remoción son exclusivas del órgano legislativo, quienes deben
revisar el cumplimiento de formalidades y calificarla para ser puesta en
conocimiento del denunciado y de este modo ejerza su legítimo derech=
o a
la defensa, de igual forma, después de ello la comisión de me=
sa
debe emitir su resolución y poner en conocimiento del concejo munici=
pal
y una vez analizada sea sometida a votación, siendo necesaria para
cualquier decisión el voto de las dos terceras partes de sus
integrantes.
Finalmente, del análisis del expediente
administrativo se constató que, un ciudadano ejerció su derec=
ho
al solicitar la remoción de la autoridad, a pesar de ello, en el
instante en el que pasó a la Comisión de mesa, su
tramitación no fue la ideal, existieron irregularidades en el
procedimiento y la estructura del mismo. De igual forma, no se evidenci&oac=
ute;
el cumplimiento de las garantías constitucionales como el derecho a =
la
contradicción, la notificación oportuna y la participaci&oacu=
te;n
directa de la autoridad afectada.
Además, se comprobó que, como
resolución final se dispuso el archivo del trámite, no
existió motivación suficiente y el procedimiento se
desarrolló de forma acelerada activándose una alerta
institucional innecesaria que conlleva a una intencionalidad política
detrás, esto refuerza la percepción de una
instrumentalización del procedimiento más que como un uso de =
mecanismo
de control político, pese a que no se haya concretado, no quita que =
sea
una consecuencia jurídica al cargo.
De manera complementaria, se realizó el
grupo focal a profesionales del derecho, de este análisis los
participantes coinciden en que el proceso administrativo de remoción=
del
GAD de Pujilí tiene falencias significativas tanto en la
aplicación de la normativa jurídica, como en la aplicaci&oacu=
te;n
práctica del proceso, se identificó una postura común =
con
respecto a que el proceso se manejó de forma irregular, dejando a un
lado el respeto a las garantías legales, ni la justificación
necesaria con respecto a una decisión que afectaba directamente a la
autoridad electa y principalmente saltándose acciones esenciales par=
a el
cumplimiento legal de proceso como es la notificación adecuada, la
conformación de instancias y el respeto al cumplimiento de los
términos, sin observar detenidamente el proceso a pesar de que la ley
exige una explicación más clara cuando se trata de remover
autoridades electas por voto popular y no por designación.
Adicionalmente, se evidenció que, desde=
la
perspectiva jurídica de los abogados, las irregularidades encontrada=
s en
el proceso, configuran vicios sustanciales que repercuten con efecto inmedi=
ato
en la validez del procedimiento, se observó que las garantías
esenciales del debido proceso y la competencia de los miembros actuantes han
sido vulneradas.
Por ende, el análisis de los abogados
resalta que la aplicación de la remoción como mecanismo de
control político en el GAD de Pujilí habría sido usado=
con
fines de confrontación política y no estrictamente con el fin
para el que fue establecido en la normativa, dejando en tela de duda una
tensión entre la legalidad del mecanismo y su legitimidad
democrática.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos permiten analizar
cómo los procesos de remoción de dignatarios, en el marco del
control político, generan las tensiones entre legalidad procedimenta=
l y
legitimidad democrática en cuanto a que su aplicación sin una
adecuada ponderación del principio de buena fe, lealtad procesal y s=
oberanía
popular, puede dar lugar al uso del mecanismo con fines políticos. E=
ste
hallazgo coincide con Muñoz (2017) la tensión entre legalidad=
y
legitimidad permite comprender el poder político como un espacio de
disputa y confrontación, y no únicamente como una forma de
dominación basada en la obediencia. Mientras el poder supone conflic=
to y
pluralidad, la dominación se consolida cuando la autoridad es acepta=
da
sin cuestionamientos como un mandato único.
En concordancia con Alvarado (2024) “Para
que sean legítimos los procesos de control político es
fundamental que cuenten con reglas previas y claras sobre todas las etapas =
del
procedimiento, desde la denuncia, la calificación, trámite y =
la
resolución del órgano” (p.11) en
este estudio se evidenció que es vital la aplicación del
procedimiento debidamente apegado a la ley, con los pasos y requerimientos
necesarios para materializar el mismo, no obstante, aun cuando debe ajustar=
se
rigurosamente a la ley, en este caso no se desarrolló conforme a los
parámetros legalmente establecidos, dejando en evidencia la
vulneración de los derechos establecidos en la norma suprema.
En línea con lo señalado por
Calderón (citado en, Lalangui 2022):
La
designación de las autoridades locales, como es el caso de los
ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados, se realiza a
través de elección popular y un proceso democrático en=
el
que la ciudadanía elige a sus representantes; por lo tanto, los efec=
tos
jurídicos desprendidos de los procesos de remoción afectan la
decisión de la ciudadanía, por lo que es necesario identificar
los efectos que se generen de la inobservancia al debido proceso en los
procedimientos administrativos de remoción de las Autoridades de los=
GADs, siendo esto el objetivo de estudio. (p. 6)
Los resultados confirman que, al existir un
procedimiento de remoción deficiente, no solo pone en riesgo su vali=
dez
jurídica, sino que afecta a la voluntad popular expresada en las urn=
as y
desestabiliza la institución lo cual compromete directamente el
desarrollo progresivo de la ciudadanía.
Los resultados de este estudio han confirmado =
que
a pesar de que la remoción de autoridades se configure legalmente co=
mo
un mecanismo de control político, en varias ocasiones han hecho uso =
del
mismo como una herramienta de confrontación política. Este
hallazgo coincide con los planteamientos de Alvarado (2024):
El
acto de remoción de autoridades de elección popular de los GAD
tiene una naturaleza política. A pesar de que cuenta con
características jurídicas, no puede ser considerado un acto
administrativo. Las características políticas priman y dotan =
al
acto de remoción una naturaleza política, pues para que se
dé este acto se necesita de una voluntad política, que obedec=
e a
un criterio de discrecionalidad de los miembros del cuerpo colegiado, quien=
es
deciden remover o absolver a la autoridad denunciada. (p.23).
El estudio se enmarca en el análisis de=
un
caso en el ámbito del GAD municipal, lo que limita generalizar los
resultados, de igual forma, el enfoque se basa en el análisis de
documentos y percepciones lo que implica un análisis no objetivo en =
su
totalidad.
Se recomienda que futuras investigaciones real=
icen
estudios comparativos de otros casos de remoción de autoridades de l=
os
GAD, con el fin de evidenciar patrones comunes de la aplicación de la
remoción como mecanismo de control político y no como uso de
instrumentalización política.
CONCLUSIÓN
El presente estudio tuvo como finalidad analiz=
ar
las tensiones existentes entre legalidad y legitimidad en procesos de remoc=
ión
de autoridades de elección popular, bajo este precepto se
demostró que el ejercicio del control político otorgado a la
ciudadanía en varias ocasiones obedece a intereses partidistas y de
grupos opuestos a las autoridades electas, asimismo, se verificó que=
a
pesar de la existencia de legitimidad del mandato, los intereses particular=
es
buscan deslegitimar su designación estableciendo este mecanismo para
remover del cargo a las autoridades
Los resultados integrales de las entrevistas, =
del
análisis de las normativas y del expediente administrativo permitier=
on
identificar que el procedimiento no culminó con todas sus etapas ya =
que
se desarrolló en un ambiente de confrontación política=
y
desde su inicio afectó las garantías del debido proceso, esto
generó impactó directamente en la confiabilidad de su
tramitación, sobre todo en la autoridad denunciada, misma que
percibió que más que un tema jurídico ilegal se
configuró en un tema netamente político.
En este contexto, se concluye que, la
remoción de autoridades tiene un tinte político más que
administrativo, porque está supeditado a la voluntad de una
mayoría del concejo municipal y un criterio político y no
jurídico, se observó que, la existencia de intereses
políticos pone en riesgo la gobernabilidad de una institución=
y
de sus administrados quienes brindan su confianza en la autoridad electa por
los mismos, no obstante, es importante que las instituciones municipales
actúen en estricto apego a la normativa vigente, y que las decisione=
s tomadas
por el cuerpo legislativo sean en función del interés de toda=
la
ciudadanía.
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LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades, Asunción, Paraguay.
ISSN en línea:
2789-3855, febrero, 2026, Volumen VII, Número 1 p 1171.
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