La revocatoria de permisos de operación como sanción administrativa en el transporte comercial intracantonal del Cantón Loja
Revocation of operating permits as an administrative sanction for intracantonal commercial transport in the Canton of Loja
DOI:
https://doi.org/10.56712/latam.v7i4.6412Palabras clave:
permiso de operación, revocatoria, potestad sancionadora, proporcionalidad, debido proceso, transporte comercial intracantonalResumen
El presente artículo analiza la revocatoria del permiso de operación como sanción administrativa en el transporte comercial intracantonal del cantón Loja, con el propósito de examinar el régimen jurídico aplicable para su imposición, las garantías del debido proceso y los criterios que la administración pública debe valorar para aplicar esta medida excepcional conforme al principio de proporcionalidad. La investigación se desarrolló mediante la utilización de métodos científicos como el analítico, dogmático, exegético complementados con la revisión documental de tres permisos de operación otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Durante la revisión documental, no se identificaron procedimientos administrativos sancionatorios sustanciados conforme al procedimiento previsto en el Código Orgánico Administrativo que hubieran concluido con la revocatoria del permiso de operación; por lo que, la investigación tuvo un alcance eminentemente normativo y documental. Los resultados evidencian que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la revocatoria del permiso de operación es una medida de última ratio y, por ende, debe ser impuesta mediante el procedimiento administrativo sancionador legalmente previsto, observando las garantías básicas del debido proceso, el principio de proporcionalidad y los criterios de graduación e individualización de la sanción, la insuficiencia de otras medidas menos rigurosas y la respectiva motivación de la sanción. Además, el análisis normativo permitió identificar una falta de claridad en la articulación de las competencias municipales con el procedimiento sancionatorio establecido en el Código Orgánico Administrativo, lo que evidencia la necesidad de precisar dicha articulación normativa para garantizar el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica.
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